Sentencia 2001-00984 de agosto 29 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Rad.: 250002326000-2001-00984-01 (27908)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Proceso: Acción de reparación directa

Actor: Daveiva Conde Saavedra y otros

Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec

Bogotá, D.C., veintinueve de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Problemas jurídicos.

Corresponde a esta Sala determinar si hay lugar a declarar la responsabilidad estatal y proceder a la indemnización de los perjuicios materiales e inmateriales, causados a los demandantes con la muerte del señor Pedro Méndez Molano, en hechos ocurridos el día 26 de diciembre de 2000, en las instalaciones de la cárcel nacional La Modelo de Bogotá, D.C.

Para este fin, se habrá de reiterar la jurisprudencia de la corporación en la materia, sin perjuicio de los planteamientos de la demandada, tanto en lo que tiene que ver con la exoneración por el hecho de la víctima y de un tercero, como en lo relativo a la prueba del daño y su cuantificación, último aspecto en que la parte activa sustenta el recurso(3).

2. Análisis del caso.

2.1. Hechos probados.

De acuerdo con la tarjeta de control de reclusos, el día 30 de enero de 1997, el señor Pedro Méndez Molano ingresó a la cárcel nacional La Modelo de Bogotá, D.C., en razón de una medida de aseguramiento de detención preventiva por el delito de homicidio(4) (fl. 68, cdno. 2 - documento remitido por la parte demandada).

Se conoce que a las 3:15 p.m. del 26 de diciembre de 1999, el antes nombrado murió al interior del penal a consecuencia de un impacto de arma de fuego. El protocolo de necropsia 2000-5565 sobre la causa del deceso concluyó:

“Hombre adulto, preso en la cárcel modelo, quien fallece en (sic) insuficiencia respiratoria aguda producto de bronco aspiración hemática masiva por herida con proyectil de arma de fuego.

Posible manera de muerte homicidio” (fl. 75, cdno. 2 - documento remitido por la parte demandada).

Sobre las circunstancias que rodearon la muerte del señor Pedro Méndez Molano, únicamente, se conoce que a la hora y fecha indicadas anteriormente, en el pabellón cuatro de la cárcel La Modelo se escucharon detonaciones de arma de fuego y que varios internos, encapuchados, desde los pisos superiores llevaron a un recluso herido envuelto en una sábana, a la sección de sanidad, lugar al que llegó sin signos vitales. Esta información fue reportada por los dragoneantes de guardia de los pabellones 4 y 5 al director del centro carcelario(5) (fls. 173 y 174, cdno. 2, documentos remitidos por la parte demandada).

Está acreditado que el señor Pedro Méndez Molano formaba una unidad familiar con la señora Daveiva Conde Saavedra y los niños Jefferson Dhian (sic) Méndez Conde y Nikol Estefan Conde Saavedra, quienes tenían con él relaciones de afecto y dependencia económica, así lo hicieron saber las personas que el 15 de noviembre de 2002 atestiguaron ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca:

La señora Ana Daveiva Valencia Forero, sobre el particular manifestó:

“(...) hace aproximadamente nueve años que lo conocí a él cuando yo lo conocí era como maestro de una carpintería, con la muerte de él la perjudicada era (sic) la esposa y los niños (...) ella tuvo que ir a trabajar los niños han decaído mucho porque no tienen quien los cuide el señor tiene dos niños Jefferson Damian (sic) Méndez Molano de 8 años y la niña Nikol Estefan Conde Saavedra que tiene seis años de edad,... los niños están regular en el colegio porque no hay una persona que les dedique tiempo en el estudio, la mamá de los niños se la pasa trabajando, ella actualmente trabaja en un restaurante como empleada del servicio, antes del ingreso del señor Molando a la cárcel no sé cuánto recibía pero sé que económicamente pagaban arriendo y estaban bien. Moralmente la esposa y los niños están destrozados porque dependían económicamente del señor Molano (...) A continuación se le concede el uso de la palabra al apoderado de la parte actora. Preguntado: ¿cuántas personas componían el hogar del señor Pedro Méndez? De cuatro, la esposa, el niño Jefferson, la niña Nikol y el papá Pedro. Preguntado: ¿Quién sostenía el hogar? Contestó: Pedro. Preguntado: ¿los niños se sintieron afectados lo mismo que la madre moralmente? Contestó: el niño físicamente, en el estudio, él tiene como traumas (sic) en el colegio la niña y la esposa pues por salir a trabajar no puede dedicarle tiempo a los niños (fls. 85 y 86, cdno. 2).

Por su parte, la señora Nixen Karina Trujillo Molano señaló:

“(...) Mientras Pedro Méndez estuvo vivo en lo económico nunca les faltaba nada, pero a raíz de su muerte ella tuvo que cargar con toda la responsabilidad (sic) sacar sus hijos adelante que no ha sido nada fácil ella tiene dos hijos Jeferson Damian (sic) Méndez y Nikole Estefan Conde Saavedra la niña no tiene el apellido de él porque cuando cayó preso no la habían registrado, sentimentalmente el niño mayor ha sido afectado pues su papá era todo para él, él ha tenido un cambio psicológico, es agresivo, él es el que más se ha visto afectado, la niña era muy pequeña pero lo extraña y lo pregunta mucho, está muy pequeña para entender todo eso, ella tiene seis años de edad, la esposa efectivamente ella sufre al saber que todos los días se levanta y no está ahí para ayudarla, económicamente antes el señor Méndez Molano trabajaba en una carpintería vivían cómodamente a raíz del fallecimiento del señor Méndez Molano ella tuvo que hacerse cargo del arriendo, de los servicios, del sostenimiento de la familia que quedaron sin papá, actualmente ella trabaja en un restaurante como empleada (...) A continuación se le concede el uso de la palabra al apoderado de la parte actora. Preguntado: ¿Cuántas personas integraban el hogar del señor Méndez hasta el día de su muerte? Contestó: cuatro: Jeferson Damian (sic) Méndez, Nikole Estefan Conde, Daveiva Saavedra y Pedro Méndez. Preguntado. ¿Quién aportaba o quién sostenía el hogar del señor Méndez? Contestó: el señor Pedro Méndez. Preguntado: en lo que a usted le consta cuánto tiempo llevaban conformando el hogar Daveiva Conde con Pedro Méndez. Contestó: yo los distingue (sic) a ellos dos en el 93 y los poquitos meses de haberlos conocido se fueron a vivir juntos y después nació el niño (fls. 87 y 88, cdno. 2).

Igualmente, rindió declaración la señora Argenis Molano Cardona, quien sostuvo:

“Yo hace 20 años conocí a Pedro y a ella Daveiva la conocía hace diez años, ella quedó muy mal por la muerte del señor Méndez, el niño más grande Jeferson Damian (sic) Méndez los extraña mucho, mantienen mal económicamente ahora porque él era el que los mantenía (sic) ella le toca trabajar para mantenerse, los niños permanecen solos porque ella no puede estar con ellos, el señor Méndez Molano antes de ingresar a la cárcel era maestro de carpintería no sé cuánto devengaba, sé que ganaba bien porque pagaba su arriendo (sic) el apartamento, actualmente la esposa trabaja en un restaurante, los niños están muy mal por no tenerla a ella pues ella no mantiene con ellos por estar trabajando (...) A continuación se concede el uso de la palabra al apoderado de la parte actora. Preguntado: ¿desde qué tiempo tenía Pedro Méndez conformado el hogar con Daveiva y cuántas personas componían el hogar de esta pareja? Contestó: Daveiva y los dos niños y ellos conformaban el hogar hace siete años. Preguntado. ¿Quién sostenía económicamente el hogar de Pedro, Daveiva y cómo vivían? Contestó: los niños vivían bien vestidos ella no trabajaba, pagaba un buen arriendo, el señor Pedro era quien sostenía el hogar (fl. 89, cdno. 2).

Revisadas las pruebas allegadas al proceso, en adelante la Sala procederá a abordar de manera general el contexto jurídico que regula la relación Estado-recluso, la existencia de un Estado de cosas inconstitucional en el tema carcelario de cara al sistema de responsabilidad extracontractual del Estado, para luego, detenerse en el caso concreto.

2.2.1 Consideraciones generales.

2.1.1.1. Sobre la responsabilidad estatal por la vida e integridad de las personas recluidas en centros carcelarios.

2.2.1.1.1. El carácter incondicional de las exigencias de la dignidad humana y su proyección frente al estado de especial sujeción de los reclusos.

El Estado Colombiano, de clara inspiración humanista y sello personalista, se cimenta sobre el principio absoluto e incondicional de respeto de la dignidad del hombre, así como en el imperativo inexcusable de garantía y promoción progresiva de los derechos imprescriptibles e inalienables que de ella se derivan.

La afirmación de que la dignidad es principio fundante, fin y valor absoluto del ordenamiento colombiano, significa que el Estado reconoce la eminencia del ser humano, sin condicionamientos, y que, por lo tanto, esta no se puede perder ni decrecer en su exigencia. Ante el derecho, la persona tiene una valía inestimable, no dependiente y en cuanto al reconocimiento de los derechos fundamentales, ninguno asociado es menor que otros.

Consecuencia directa de esta concepción humanista, en el campo del derecho y la política criminal, es el total destierro de la equiparación de la retribución con la venganza y la confusión de los fines de prevención con la anulación de quien se considera “enemigo” de la sociedad. En efecto, a la luz de los principios constitucionales que inspiran todo el sistema jurídico colombiano, no cuentan los actos de “enemigos” sino la conducta de los “infractores” y su fin no está en excluir a estos últimos de la sociedad sino, por el contrario, en permitir su resocialización.

Así pues, la persona en situación de reclusión, no se puede considerar como un paria social, ni los establecimientos carcelarios “agujeros negros” en los que las garantías constitucionales dejan de generar exigencias verdaderas en cabeza del Estado. Cierto es que el cumplimiento de los fines de protección y resocialización de la pena exigen cierta modulación del disfrute de algunos de los derechos fundamentales de quienes se encuentran en situación de reclusión, pero también lo es que tal modulación no se equipara ni podrá serlo a una capitis diminutio ius fundamental porque, como ya se dijo anteriormente, el status personae, así como no se adquiere, no se pierde.

Ahora bien, tanto en los supuestos en los que exista una modulación de iure en el ejercicio de derechos fundamentales o un especial riesgo de facto para su disfrute, se impone la adopción de un régimen especial para su protección y garantía de efectividad, que puede dar lugar a consideraciones particulares sobre la responsabilidad de la administración, fundadas en la especial situación de sujeción, en que se encuentran quienes sufren pena de reclusión.

En primer lugar, porque la modulación legítima de la libertad de locomoción —y de otras libertades—, a la que los internos se encuentran sujetos tiene como consecuencia directa la disminución de sus posibilidades de resistir a las eventuales amenazas al goce de los derechos y a la evasión de las mismas. En efecto, quien no tiene posibilidad de abandonar un lugar se ve en especial riesgo en caso de que el mismo no presente condiciones adecuadas de seguridad. Por esta razón, se afirma que el recluso, es puesto en especial situación de vulnerabilidad o sujeción y que, por ende, se hace titular de un especial derecho de protección que el Estado debe asumir, pues lo contrario sería abandonarlo a su suerte y someterlo a una situación de facto, sin derechos, la que incluso lo obligaría a enfrentarse inerme al riesgo de perder su vida e integridad personal. Esto último significaría una aceptación “eventual” de la pena de muerte, lo cual contradice, de modo directo, el artículo 11 constitucional, es decir, el compromiso estatal incondicional con la inviolabilidad de la vida.

2.2.1.1.2. Proyección del estado de especial sujeción de los reclusos en la responsabilidad aplicable por el daño causado en los establecimientos carcelarios.

En ese orden y dado que el derecho sigue al hecho, es razonable sostener que el supuesto cuya solución ocupa a la Sala, esto es la muerte de un recluso en el interior de un penal, no difiera de manera ostensible de aquellos casos que se suceden en el marco de situaciones de indefensión legalmente impuestas. Justamente esto explica que la responsabilidad estatal frente a los daños causados a quienes se ha puesto en estado de no poder resistir ante la agresión (así sea legítimamente) aboque por motivaciones al margen de la responsabilidad subjetiva, para adentrarse en los campos de valoraciones objetivas. En efecto, tal como lo ha estimado reiteradamente la jurisprudencia de esta corporación:

“En relación con las personas que se encuentran privadas de la libertad, quienes deben soportar tanto la limitación en el ejercicio de sus derechos y libertades como, igualmente, la reducción o eliminación de las posibilidades de ejercer su propia defensa frente a las agresiones de agentes estatales o de terceros respecto de quienes puedan ser víctimas al interior del establecimiento carcelario, el Estado debe garantizar por completo la seguridad de los internos y asumir todos los riesgos que lleguen a presentarse en virtud de dicha circunstancia, razón por la cual esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el régimen de responsabilidad aplicable a los daños causados a las personas privadas de la libertad, en sitios de reclusión oficiales, es objetivo, teniendo en cuenta las condiciones especiales en las cuales se encuentran y con fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política. Así pues, ha puesto de presente que en estos casos, entre las personas presas o detenidas y el Estado existen “relaciones especiales de sujeción”(6).

En igual sentido en sentencia de 14 de abril de 2011:

“En cuanto al régimen de responsabilidad aplicable por daños causados a personas recluidas en establecimientos carcelarios o centros de detención, el Consejo de Estado ha señalado que es de carácter objetivo, teniendo en cuenta que estas personas se encuentran bajo la vigilancia, custodia y protección del Estado y que, por razón del encarcelamiento, no están en capacidad plena de repeler por sí mismos las agresiones o ataques perpetrados por agentes estatales, por otros reclusos o por terceros particulares.

Siendo ello así, se ha declarado la responsabilidad patrimonial del Estado, por los daños causados a quienes se encuentran recluidos en establecimientos carcelarios o centros de reclusión, aunque no exista en el caso concreto una falla del servicio o un incumplimiento de las obligaciones de respeto y protección a cargo de las autoridades penitenciarias. En estos eventos, la responsabilidad surge de la aplicación de la teoría del daño especial, pues se parte de la premisa de que las afectaciones a la vida o a la integridad personal de los reclusos, sin que medie el incumplimiento de una obligación administrativa, no puede considerarse un efecto esperado de la detención, es decir, una carga soportable por quienes se encuentran privados de la libertad.

Con todo, nada obsta para que en este tipo de situaciones opere la causa extraña como eximente de responsabilidad, siempre que se encuentren demostrados todos y cada uno de sus elementos constitutivos. Sin embargo, es preciso puntualizar que cuando se trata de lesiones o muertes causadas por los propios reclusos a otros reclusos, en principio, no tendrá cabida la causal de exclusión de responsabilidad, consistente en el hecho de un tercero. Es más, en estos casos, ni siquiera podría hablarse de una concurrencia de causas, puesto que el carácter particular de la relación de especial sujeción implica que el Estado debe proteger al interno de atentados contra su vida e integridad personal cometidos por el personal de custodia o vigilancia estatal, por terceros ajenos a la administración e, incluso, por otros detenidos”(7).

2.2.1.1.3. El estado de cosas inconstitucional existente en las cárceles del país.

En su escrito de defensa, el Inpec pone de presente la situación de inseguridad de los centros penitenciarios del país, argumentando que, en la práctica, le resulta imposible a la entidad garantizar los derechos de la población carcelaria.

Frente a la mentada alegación se estima que, independientemente, de que en el caso concreto se hayan adelantado acciones en orden a evitar el hecho en que perdió la vida el señor Pedro Méndez Molano, lo cierto es que el resultado obedece a la desorganización prolongada y generalizada del sistema penitenciario del país, no solamente atribuible a la demandada, sino a todas las instancias encargadas de la configuración de la política criminal y carcelaria en el país. En este sentido se puede decir que, aunque no exista certeza de una falla en el servicio, es decir, no resulten reprochables las actuaciones específicas de la administración en razón de los hechos (en el sentido de lo hecho o dejado de hacer), el sistema carcelario en sí mismo afronta una desestructuración sistemática y una negligencia prolongada, en las que mal podría excusarse la administración argumentando, como sucede en este caso, que concurren factores externos y la intervención de la propia víctima.

En otras palabras, no se puede dejar de reconocer que en las cárceles del país existe un estado de cosas inconstitucional, cuyas consecuencias sería injusto atribuir exclusivamente al Inpec, pero que indudable comprometen al Estado en su totalidad. A este respecto vale citar lo señalado por la Corte Constitucional:

“Las cárceles colombianas se caracterizan por el hacinamiento, las graves deficiencias en materia de servicios públicos y asistenciales, el imperio de la violencia, la extorsión y la corrupción, y la carencia de oportunidades y medios para la resocialización de los reclusos. Esta situación se ajusta plenamente a la definición del estado de cosas inconstitucional. Y de allí se deduce una flagrante violación de un abanico de derechos fundamentales de los internos en los centros penitenciarios colombianos, tales como la dignidad, la vida e integridad personal, los derechos a la familia, a la salud, al trabajo y a la presunción de inocencia, etc. Durante muchos años, la sociedad y el Estado se han cruzado de brazos frente a esta situación, observando con indiferencia la tragedia diaria de las cárceles, a pesar de que ella representaba día a día la transgresión de la Constitución y de las leyes. Las circunstancias en las que transcurre la vida en las cárceles exigen una pronta solución. En realidad, el problema carcelario representa no solo un delicado asunto de orden público, como se percibe actualmente, sino una situación de extrema gravedad social que no puede dejarse desatendida”. Pero el remedio de los males que azotan al sistema penitenciario no está únicamente en las manos del Inpec o del Ministerio de Justicia, los demandados en los procesos bajo estudio. Por eso, la Corte tiene que pasar a requerir a distintas ramas y órganos del poder público para que tomen las medidas adecuadas en dirección a la solución de este problema”(8).

2.2.1.1.4. El concepto de falla del sistema.

A pesar de haber sido expresado en el acápite anterior, la Sala considera conveniente reiterar, de modo más general, que en el terreno de la responsabilidad estatal es posible predicar dos clases de falla en el servicio, igualmente generadoras del deber de indemnizar.

En efecto, así como existen fallas consistentes en no haber hecho todo lo posible para evitar el resultado desafortunado en el caso concreto, otras, se derivan de un estado de desorganización de tal índole que imposibilitan a las autoridades actuar, en cada caso, con diligencia.

En este sentido, para la Sala a este tipo se puede llamar falla del sistema. En este sentido, es claro que, así las entidades y los servidores, individualmente considerados, realicen esfuerzos para garantizar los derechos fundamentales de los internos, dadas las circunstancias irregulares imperantes el esfuerzo no se consolida, de modo que cabe predicar la responsabilidad de la persona jurídica a cargo de la prestación del servicio en cuanto lo contrario significaría renunciar a las garantías, es decir a la institucionalidad misma.

La falla del sistema, como elemento configurador de responsabilidad estatal se sustenta en que, a diferencia de lo penal o disciplinario, predicable de los funcionarios individualmente considerados, la obligación de reparar se radica en la Nación, en cuanto está a cargo de la prestación de los sistemas organizativos tales como el carcelario, el de salud, el educativo, entre otros.

Ahora bien, es preciso aclarar que la falla del sistema o del servicio, derivada del estado de cosas inconstitucional, no se presenta de manera aislada sino que responde al defectuoso funcionamiento de más de una entidad e incluso ser consecuencia de una inadecuada política, atribuible a los mismos responsables de diseñarla o de elaborar los modelos de destinación presupuestal. Sin embargo, es patente que tiene que existir un centro de imputación, frente al cual el asociado pueda reclamar las consecuencias que el daño sistemático que genere, sin generalizaciones que diluyan al extremo de hacer imposible los reclamos. Por esta razón, frente al fallo del sistema, ha de entenderse que el principal centro de imputación radica siempre en la entidad directamente responsable por la prestación del servicio, esto es, el órgano al que legal y reglamentariamente se ha atribuido la función en este caso, el Inpec. Esto se debe, por lo demás, a que, en estricto sentido, en la falla del servicio sistemático se distinguen dos instancias de incumplimiento: la primera la del órgano público directamente encargado de la prestación del servicio y la segunda la del conjunto de instituciones públicas obligadas a concurrir a la prestación. Así pues, cuando el órgano directamente responsable incumple sus obligaciones con el asociado, responde, pues, las consecuencias de errores de diseño e implementación de las políticas públicas no pueden trasladarse a las víctimas, sino que deben ser objeto de solución y discusión intraestatal.

3.3. Consideraciones respecto del caso concreto.

Hechas las consideraciones contenidas ad supra es necesario examinar si en el caso concreto se encuentran acreditados los daños reclamados por los demandantes y si la parte demandada logró demostrar la configuración de una causa extraña.

3.3.1. El daño.

En el sub lite se encuentra acreditada la muerte del señor Pedro Méndez Molano, al igual que la afectación moral de los demandantes, es decir, de la señora Daveiva Conde Saavedra y de los niños Jefferson Dahian Méndez Conde y Nikol Estefan Conde Saavedra, la primera en su condición de compañera permanente, el menor por su calidad de hijo y la pequeña Nilkol, en razón de su condición de hija de la primera. Esto último dado el trato que le prodigó la víctima, al punto que los testigos afirman que la reconocía como su hija y que si no la reconoció ante las autoridades como corresponde, ello obedeció a su estado de reclusión.

También es patente que la muerte del señor Pedro Méndez Molano ocasionó un daño económico a los antes nombrados, por cuanto, como ordinariamente sucede y no se probó lo contrario atendía las necesidades básicas en su hogar.

3.3.2. Sobre la imputabilidad de los daños al Inpec y la ausencia de causales eximentes de responsabilidad.

Partiendo de la premisa de que la muerte de Pedro Méndez Molano, al interior de la cárcel La Modelo de Bogotá, D.C. ha ocasionado perjuicios de orden material e inmaterial a los demandantes y que, cuando este evento ocurre la sola existencia del daño se reputa antijurídica, corresponde a la Sala determinar si es posible afirmar que en el sub examine se presentó caso fortuito, fuerza mayor, hecho exclusivo y excluyente de un tercero o el hecho de la víctima.

Es de notar que la parte pasiva aduce que la muerte del señor Méndez Molano se debió a factores externos que no individualiza, al igual que a la participación del occiso en una riña, al punto que invoca la exoneración de la entidad o cuando menos la reducción de las condenas.

No obstante, en supuestos como el que se estudia, es decir, frente a especiales deberes de cuidado y seguridad la aplicación de causales de exoneración de la responsabilidad,(9) se revisten de particular restricción, por cuanto, como mínimo los centros de reclusión deben garantizar la integridad física y vida de los internos, de donde, bien puede afirmarse que, en principio, todo debe preveerse y ningún peligro tendría que ser irresistible.

Sobre la estructuración de dichas causales, el Inpec sostiene, a partir del informe rendido por el coordinador del Programa de alternatividad penal de la cárcel La Modelo y del examen de medicina legal —necrodactilia— practicado al cuerpo del señor Méndez Molano que es dable la participación de la víctima en la riña y así mismo en su propia muerte.

Sin embargo, revisado el aludido informe, calendado el 4 de enero de 2001, se observa que fue elaborado a partir de la información suministrada por los dragoneantes que prestaban sus servicios al momento del suceso, a los que esta Sala se refirió de manera precedente y que solo dan cuenta, de haber escuchado unas detonaciones y sobre la posterior aparición del cuerpo de Pedro Méndez Molano y de otro recluso. El mentado documento en el aparte que hace referencia a la supuesta riña, expresa:

“Al parecer en la madrugada del día 26 de Diciembre del pasado año, en el patio 5 de este centro reclusorio, se presentó una riña entre dos internos que se encontraban ebrios, uno de los cuales pertenecía al patío o pabellón 4, donde uno de ellos utilizando un arma de fuego (sin identificar calibre y clase) le disparó al otro quitándole la vida.

De inmediato un compañero (sin identificar) del fallecido con arma de fuego disparó contra el homicida quien también perdió la vida” (fl. 153, cdno. 2).

De lo anterior se desprende que del documento no se colige la participación de la víctima, particularmente si se considera que el autor del informe —coordinador del Programa de alternatividad penal de la cárcel La Modelo— simplemente supone el hecho, pues no fue testigo del mismo al igual que de las circunstancias en que perdieron la vida los internos, al punto de dejar la información en el plano de la incertidumbre.

Ahora bien, se debe señalar que la sección criminalística de la Fiscalía General de la Nación, luego de realizar la inspección del cadáver, ante la necesidad de establecer la procedencia del disparo y la causa de la muerte del señor Pedro Méndez solicitó, entre otras pruebas científicas la de absorción atómica, sin que se conozcan los resultados (fls. 109 a 112, cdno. 2). Lo cual implica que no se tenga evidencia alguna sobre la participación de la víctima en su propia muerte.

Respecto de la necrodactilia, de la que sí aparecen antecedentes en el expediente, se debe señalar que sirvió para la identificación del cuerpo, pues su comparación con el documento de identificación-cédula de ciudadanía original 3080580 permitió establecer con certeza que se trataba del señor Méndez Molano, demostración que permitió entregar el cuerpo a la señora Daveiva Conde Saavedra, su compañera permanente. Esto significa, como es natural, dada la finalidad de la prueba, que está sin demostrar la participación de la víctima en la riña. Esto es así porque de ahí no se sigue que el occiso accionó un arma de fuego (fls. 116 a 120, cdno. 2).

Sin perjuicio de lo anterior, se debe advertir que en el supuesto de haberse probado la existencia de una riña, dado el manifiesto estado de inseguridad que reina las instituciones carcelarias y la imposibilidad de intervenir efectivamente en el control de los internos que ha puesto de presente la parte demandada, se pone en tela de juicio la irresistibilidad e imprevisibilidad de las circunstancias que afectan la integridad física o moral de los internos, en todo caso consecuencia apenas obvia de la falla estructural del sistema de reclusión del país que comporta el incumplimiento sistemático de los deberes estatales, hacia quienes se encuentran en situación de privación de la libertad. En este sentido, mal puede excusarse quien tiene el deber de garantizar la seguridad de los internos en que un tercero actuó en contra de un recluso y dio lugar al hecho, pues lo cierto tiene que ver con que el Estado tenía que haber controlado al supuesto tercero.

En virtud de lo anteriormente dicho, se ha de concluir que en el sub lite no se configura una causal que dé lugar a exonerar de responsabilidad a la demandada.

4. Liquidación de perjuicios.

Teniendo en cuenta que los restantes argumentos de la apelación se dirigen a controvertir la condición de damnificados de los demandantes y que estos interponen apelación adhesiva, es decir, abogan porque se resuelva en su favor el reconocimiento de los perjuicios materiales, la Sala resolverá estos aspectos.

4.1. La condición de parientes, damnificados y terceros afectados para el reconocimiento de perjuicios.

El juicio de responsabilidad extracontractual del Estado busca reparar a las víctimas, entendidas en términos generales como los afectados con la acción u omisión de las autoridades públicas. Se entiende, entonces, que no se trata de establecer el parentesco, como tampoco convalidar filiaciones, sin perjuicio, de que estas relaciones resulten válidas para demostrar vínculos de afecto y dependencia, estos si determinantes para establecer el daño, sin que ello sea óbice para considerar otros nexos debidamente probados.

Bajo esta lógica, así el parentesco no se haya probado, la misma persona puede acceder a la reparación si demuestra, en todo caso, la calidad de afectada(10).

4.1.1. Legitimación derivada de la unión marital de hecho.

La entidad pública sostiene que al a quo no le compete declarar a la señora Daveiva Conde compañera permanente del occiso, porque determinar la unión marital de hecho es asunto de los jueces de familia; y lo afirmado no se puede negar, como tampoco que, quien demuestra ante el juez contencioso la condición de damnificado, en calidad de compañera o compañero, permite inferir su relación con la víctima, en razón de la demostración, sin otra proyección.

De manera que la providencia impugnada en cuanto le reconoció a la señora Daveiva Conde perjuicios morales, por la muerte del señor Pedro Méndez Molando, en su calidad de compañera permanente, será confirmada.

4.1.2. La acreditación del estado civil.

En relación con la pequeña Nikol Estefan se debe advertir que el a quo encontró acreditada su condición de damnificada a partir de pruebas diferentes al registro civil de nacimiento, toda vez que, en este no apareció el reconocimiento expreso, libre y espontaneo por parte del presunto padre, de ahí que la menor se distingue con los apellidos de su progenitora.

De manera que así la parte demandante haya aportado, con la demanda, copia autenticada del registro civil de Nikol Estefan (fls. 7, cdno. 2), como prueba de su calidad de hija del señor Méndez Molano, la Sala habrá de concluir que el documento no demuestra lo que se pretende, pero sí resulta indicativo del vínculo existente entre la pequeña y el occiso.

Esto es así porque no se puede negar que Nikol es la hija de la señora Daveiva, compañera permanente y que el señor Méndez Molano, según lo atestiguaron las señoras Ana Daveiva Valencia Forero, Nixen Karena Trujillo y Argenis Molano mostró hacía la pequeña el afecto que se depara a los hijos, de modo que la afectación de la pequeña por la muerte del compañero de la madre y padre de su hermano, quien a ella la tenía por hija, no admite duda, pues los testimonios así lo acreditan y las reglas de la experiencia lo confirman.

Este reconocimiento, consulta el principio de equidad si se tiene en cuenta que el registro de la menor se asentó el 4 de enero de 1999, es decir, cuando el señor Pedro Méndez Molano se encontraba recluido en la cárcel La Modelo.

4.1.3. Acreditación de perjuicios morales.

Teniendo en cuenta las consideraciones presentes y dado que se encuentran debidamente acreditadas las condiciones de compañera permanente del occiso de la señora Daveiva Conde Saavedra, de hijo del menor Yeferson Dahían Méndez Conde, y de damnificada de la pequeña Nikol Estefan Conde Savedra, amén de su afectación por la muerte del señor Méndez Molano, porque la prueba testimonial se confirma con las reglas de la experiencia, se procederá, en este aspecto, a confirmar la sentencia apelada.

4.2. Perjuicios materiales.

En atención a la interposición del recurso de apelación adhesiva, por parte de los demandantes, la Sala procederá a analizar su derecho al reconocimiento de los perjuicios materiales que reclaman.

4.2.1. Perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

La parte demandante solicitó el reconocimiento de perjuicios materiales, toda vez que el señor Pedro Méndez Molano soportaba la economía familiar, antes de su ingreso a la cárcel. Las pretensiones por este concepto se estructuraron, en los siguientes términos:

“(...) 2. Condenar solidariamente a la Nación (Ministerio de Justicia y del Derecho) y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec a pagar a favor de Daveiva Conde Saavedra, Jeferson Dahian Méndez Conde y Nikol Estefan Conde Saavedra los perjuicios materiales sufridos con motivo de la muerte violenta de su compañero permanente y padre Pedro Méndez Molano, teniendo en cuenta las siguientes bases de liquidación:

1) Un salario de trescientos mil (300.000) pesos mensuales que se ponía la víctima en sus actividades comerciales que realizaba antes de su ingreso a la cárcel o en subsidio el salario mínimo legal vigente para la fecha en que se profiera la sentencia, más el treinta por ciento (30%) de prestaciones sociales en ambos casos, (L. 50/96, art. 18, num. 2º, último inciso) de conformidad con la sentencia de julio 4 de 1997, Expediente 10098. Actor: Abraham Ávila Rondón y otros. Magistrado ponente: Ricardo Hoyos Duque.

2) La vida probable de la víctima y de su compañera permanente Daveiva Conde Saavedra y la edad de veinticinco (25) años para sus hijos: Jeferson Dahian Méndez Conde y Nikol Conde Saavedra según la tabla de supervivencia aprobada para los colombianos por la Superintendencia Bancaria.

3) Actualizada dicha cantidad según la variación porcentual del índice de precios al consumidor existente entre diciembre de 2000 y el que exista cuando se produzca el fallo de la segunda instancia, o el auto que liquide los perjuicios materiales. Teniendo presente la jurisprudencia del Consejo de Estado que dice que como mínimo se deben liquidar estos perjuicios con el salario mínimo legal vigente para la época en que se haga la liquidación de los perjuicios materiales.

4) Conforme las tablas de matemáticas financieras aceptadas por el Consejo de Estado, además teniéndose en cuenta la indemnización debida y consolidada futura.

En el proceso, las pruebas relacionadas con la anterior pretensión dan cuenta de lo siguiente:

— Se encuentra demostrado, a partir de las declaraciones de las señoras Ana Daveiva Valencia Forero, Nixen Karena Trujillo y Argenis Molano que el señor Méndez Molano, quien se desempeñaba como carpintero, aportaba como corresponde al sostenimiento del hogar.

— Igualmente, se encuentra acreditado que durante el tiempo en que el padre y compañero de los demandantes estuvo recluido —ene. 30/97 hasta el momento de su muerte, dic. 26/2000— laboró en la cafetería de la cárcel entre enero y noviembre de 2000 (fls. 17 y 183, cdno. 2); sin que la prueba documental permita establecer la remuneración que percibía por dicha actividad.

— Sobre la situación jurídica del señor Méndez Molano obra comunicación emitida por el asesor jurídico de la cárcel La Modelo a cuyo tenor el occiso purgaba una condena de 44 años, por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado:

“En atención a su oficio de la referencia me permito remitir las situaciones jurídicas de los internos que relaciono a continuación:

(...)

Nombre: Méndez Pedro

TD: 114284525

Ingreso: enero 30 / 1997

Delito: homicidio agravado y hurto calificado

AutoRD.: Sentencia de octubre 28/1998.JDO. 44 P.CTO.

Condenado: 44 años (fl. 137, cdno. 2)

Establecido entonces que el deceso del señor Pedro Méndez Molano truncó la expectativa de su compañera, su hijo y la pequeña Nikol a contar con su apoyo económico una vez pagara su pena, por este aspecto la sentencia impugnada habrá de revocarse.

Esto es así porque, se encuentra establecido que el occiso estaba condenado a pena privativa de la libertad de cuarenta y cuatro (44) años de la cual hasta la fecha de su muerte había purgado, tres (3) años, diez (10) meses y veintiséis (26) días; lo que significa que le hacían falta por pagar cuarenta (40) años, dos (2) meses y cuatro (días), y teniendo en cuenta la edad que tenía cuando fue asesinado, veintiocho (28) años, al momento de recuperar la libertad tendría 68 años de edad.

Realizadas estas precisiones se procederá a realizar la indemnización por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, no sin antes advertir que se hará únicamente a favor de la señora Daveiva Conde Saavedra, como compañera permanente, por cuanto sus hijos para el momento en que el señor Méndez Molano recuperaría la libertad serían mayores de edad.

De conformidad con lo anterior, la Sala procederá entonces a liquidar la respectiva indemnización teniendo en cuenta los siguientes criterios:

— Se tendrá como ingreso el salario mínimo legal mensual vigente adicionado en un 25%(11) ($ 589.500 + 25% = 736,875) y luego, se disminuirá en una proporción del 25% que se supone la víctima dedicaría a su subsistencia ($552.657). Lo anterior, teniendo en cuenta que no se encuentran acreditados los ingresos que percibía, el señor Méndez Molano antes de su deceso.

— Para efectos de la liquidación de perjuicios materiales, se tomará la menor expectativa de vida (48.16), esto es la del señor Pedro Méndez Molano que al momento de los hechos tenía 28 años, lo que significa que viviría hasta el año 2049(12).

— De acuerdo con lo anterior, el periodo a indemnizar sería desde el momento de que recuperaría la libertad, esto es, el 30 de marzo de 2041 hasta el 14 de febrero de 2049 de acuerdo con su expectativa de vida, para un total de 170.8 meses.

Y aplicando la siguiente fórmula:

S2001-00984ECU1.jpg
 

S = $ 552.675 X 75, 57954297

S = $ 41.770.924

Total perjuicios materiales: cuarenta y un millones setecientos setenta mil novecientos veinticuatro pesos ($ 41.770.924).

5. Costas procesales.

El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso, la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones de los intervinientes dentro del proceso, razón por la cual no se impondrá condena al respecto.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia del 6 de mayo de 2004, proferida por la Subsección A, Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, excepto el numeral quinto que se REVOCA. En consecuencia la condena impuesta quedará de la siguiente forma:

“1. Declárase no probadas las excepciones propuestas.

2. Declárase al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —Inpec— administrativa y patrimonialmente responsable por la muerte de Pedro Méndez Molano, ocurrida el 26 de diciembre de 2000. Dentro de las instalaciones de la Cárcel Nacional Modelo.

3. Como consecuencia de la anterior declaración, condénese al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —Inpec— a pagar las siguientes sumas de dinero:

Por concepto de perjuicios morales subjetivados:

A Daveiva Conde Saavedra, Yeferson (sic) Méndez Conde y Nikol Estefan Conde Saavedra el equivalente a cien (100) salarios mínimos mensuales legales, para cada uno de ellos, en su condición de compañera permanente e hijos de la víctima respectivamente.

El valor del salario mínimo mensual será el vigente a la fecha de ejecutoria de esta providencia.

4. Para el cumplimiento de la sentencia se dará aplicación a lo dispuesto por los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo”.

5. CONDENAR al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —Inpec— a pagar, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, a la señora Daveiva Conde Saavedra, la suma de cuarenta y un millones setecientos setenta mil novecientos veinticuatro pesos ($ 41.770.924).

2. NO CONDENAR en costas.

3. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 del Código de Procedimiento Civil y 37 del Decreto 359 de 1995, para el cumplimiento de esta sentencia EXPÍDANSE COPIAS con destino a las partes, que serán entregadas al respectivo apoderado judicial en cada caso.

4. En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(3) La apelación adhesiva formulada por la parte actora se entiende presentada en lo desfavorable.

(4) De acuerdo con comunicación emitida por el asesor jurídico de la cárcel La Modelo, el señor Pedro Méndez Molano cumplía una pena de 44 años de prisión, proferida por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá (fl. 137).

(5) Esta misma información se consignó en el protocolo de necropsia 2000-5565 y en el informe preliminar de actividades investigativas levantado por el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación (fls. 71 y 204).

(6) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 11 de agosto de 2010, Radicación 25000-23-26-000-1995-01957-01(18886), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(7) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 14 de abril de 2011, Radicación 19001233100019980500501 (20587), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(8) Corte Constitucional, Sentencia T-153 de 1998 M.P Eduardo Cifuentes Muñoz. Con posterioridad a esta decisión, la Corte se ha pronunciado sobre el estado de cosas inconstitucional de las cárceles colombianas en las sentencias T-530 de 1999, T-84 de 2000, T-1291 de 2000, T-256 de 2000, T-257 de 2000, T-1077 de 2001, C-157 de 2002 T-1030 de 2003, y T-1096 de 2004.

(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 11 de febrero del 2009. Expediente 17.145 y del 20 de mayo del mismo año, Expediente 17.405

(10) Sobre el particular se pueden consultar la sentencia de 17 de junio de 1993, Expediente 7288, M.P. Carlos Betancur Jaramillo y la sentencia de 18 de mayo de 1994, Expediente 8769, M.P. Julio César Uribe Acosta.

(11) Consultar por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia proferida el 31 de mayo de 2007, Expediente 15.170, M.P.: Dr. Enrique Gil Botero.

(12) De acuerdo con el registro civil de nacimiento de la señora Daveiva Conde Saavedra (fl. 5, cdno. 2), para el momento de los hechos contaba con 29 años y una expectativa de vida de 48, 72 años, conforme la Resolución 497 de 20 de mayo de 1997 de la Superintendencia Bancaria.