Sentencia 2001-01000 de mayo 20 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Ref.: Apelación sentencia - reparación directa

Rad. 660012331000200101000 01

Expediente: 28.867

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Ezequiel Londoño Cárdenas y otros

Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec

Bogotá, D.C., veinte de mayo de dos mil trece.

II. Consideraciones

2.1. Competencia de la Sala.

2.1.1. La Sala es competente para conocer del asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por las partes en contra de la sentencia proferida el 5 de agosto de 2004, por el Tribunal Administrativo de Risaralda, comoquiera que la demanda se presentó el día 21 de septiembre de 2001 y la pretensión mayor se estimó en la suma de 4.000 gramos de oro, equivalentes a $ 81.141.440 por concepto de lucro cesante a favor del señor Ezequiel Londoño Cárdenas, la cual supera el monto exigido para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia ante esta corporación para aquella época, esto es $26.390.000(14).

2.1.2. De otra parte, en cuanto a la oportunidad para formular la presente acción indemnizatoria, advierte la Sala que la misma se interpuso dentro de los dos (2) años que establece el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, toda vez que el daño por cuya indemnización se demandó, esto es las lesiones de carácter permanente padecidas por el señor Ezequiel Londoño Cárdenas, se produjeron el 22 de septiembre de 1999, razón por la cual, por haberse interpuesto la demanda el día 21 de septiembre de 2001, se impone concluir que se formuló oportunamente.

2.2. Régimen de responsabilidad en materia de personas recluidas en centros carcelarios o de detención(15). 

En relación con las personas que se encuentran privadas de la libertad, quienes deben soportar tanto la limitación en el ejercicio de sus derechos y libertades como, igualmente, la reducción o eliminación de las posibilidades de ejercer su propia defensa con miras a repeler las agresiones de agentes estatales o de terceros respecto de quienes puedan ser víctimas al interior del establecimiento carcelario, el Estado debe garantizar la seguridad de los internos y asumir los riesgos que lleguen a presentarse en virtud de dicha circunstancia, razón por la cual la Sala que integra esta Sección del Consejo de Estado ha precisado que en estos casos, entre las personas presas o detenidas y el Estado existen o se configuran “relaciones especiales de sujeción”(16).

Al respecto, la Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia ha definido el contenido y alcance de tales relaciones; así por ejemplo, mediante Sentencia T-687 del 8 de agosto de 2003, señaló:

“Doctrina constitucional acerca de las relaciones de especial sujeción.

De la existencia, identificación y régimen de las llamadas relaciones especiales de sujeción(17) entre los reclusos y el Estado (las autoridades penitenciarias), la Corte ha extraído importantes consecuencias jurídicas que la Sala procederá a reiterar en función de la ilustración del caso bajo estudio.

De la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Sala identifica seis elementos característicos que procederá a relacionar así: las relaciones de especial sujeción implican (i) la subordinación(18) de una parte (el recluso), a la otra (el Estado); (ii) esta subordinación se concreta en el sometimiento del interno a un régimen jurídico especial(19) (controles disciplinarios(20) y administrativos(21) especiales y posibilidad de limitar(22) el ejercicio de derechos, incluso fundamentales). (iii) Este régimen en cuanto al ejercicio de la potestad disciplinaria especial y a la limitación de los derechos fundamentales debe estar autorizado(23) por la Constitución y la ley. (iv) La finalidad(24) del ejercicio de la potestad disciplinaria y de la limitación de los derechos fundamentales, es la de garantizar los medios para el ejercicio de los demás derechos de los internos (mediante medidas dirigidas a garantizar disciplina, seguridad y salubridad) y lograr el cometido principal de la pena (la resocialización). (v) Como consecuencia de la subordinación, surgen ciertos derechos especiales(25) (relacionados con las condiciones materiales de existencia: alimentación, habitación, servicios públicos, salud) en cabeza de los reclusos, los cuales deben ser(26) especialmente garantizados por el Estado. (vi) Simultáneamente el Estado debe garantizar(27) de manera especial el principio de eficacia de los derechos fundamentales de los reclusos (sobre todo con el desarrollo de conductas activas).

Como lo puede apreciar la Sala, entre las consecuencias jurídicas más importantes de la existencia de las relaciones especiales de sujeción, están: (i) la posibilidad de limitar el ejercicio de algunos derechos fundamentales de los reclusos (intimidad, reunión, trabajo, educación). (ii) La imposibilidad de limitar el ejercicio de algunos derechos fundamentales (vida, dignidad humana, libertad de cultos, debido proceso, habeas data, entre otros). (iii) El deber positivo(28) en cabeza del Estado de asegurar el goce efectivo tanto de los derechos no fundamentales como de los fundamentales, en la parte que no sea objeto de limitación cuando la misma procede, y en su integridad frente a los demás, debido a la especial situación de indefensión o de debilidad manifiesta en la que se encuentran los reclusos. (iv) El deber positivo(29) en cabeza del Estado de asegurar todas las condiciones necesarias(30) que permitan a su vez condiciones adecuadas para la efectiva resocialización(31) de los reclusos.

“En este sentido, del perfeccionamiento de la relación de especial sujeción entre los reclusos y el Estado, surgen verdaderos deberes jurídicos positivos del Estado. Tales deberes se encuentran estrechamente ligados a la garantía de lafuncionalidad del sistema penal, que viene dada por la posibilidad real de la resocialización de los reclusos, a partir del aislamiento en condiciones cualificadas de seguridad y de existencia vital de la población carcelaria. Deberes positivos de cuyo cumplimiento depende la legitimidad del sistema penal y, ante cuya inadvertencia, este último resulta convertido en una mera sombra de los valores y principios propios del Estado social de derecho(32)(33).

En ese mismo sentido, la Corte Constitucional, en Sentencia T-1190 de 4 de diciembre de 2003, respecto del deber de protección del derecho a la vida de las personas privadas de la libertad, señaló:

“... La privación de la libertad de una persona la coloca en una situación de indefensión, que genera obligaciones de protección por parte de quien adopta la medida o acción restrictiva de la libertad. No importa que se trate de particulares o del Estado, y que la restricción sea lícita o ilícita.

Esta particular condición de indefensión, en la medida en que impide por completo la satisfacción de las necesidades del privado de libertad por los medios a su disposición en condiciones de generalidad, implica que las obligaciones de protección no necesariamente son de medio(34). En este sentido, la responsabilidad no se deriva de una relación causal naturalística entre la privación de la libertad y los daños o peligros a los que se ve sometida la persona, sino que tiene como base el mero deber de custodia y protección que se desprende de colocar a la persona en una situación restrictiva de su libertad.

Lo anterior implica que el custodio tiene la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el mayor disfrute posible de los derechos constitucionales de la persona privada de la libertad. Tratándose del Estado, supone la obligación de garantizar condiciones de dignidad del recluso. Garantía que únicamente se cumple si tales condiciones son efectivamente realizadas; es decir, no basta la adopción de medidas programáticas, sino que han de traducirse enrealidad. Así, tal como lo ha señalado esta corporación, no pueden aducirse problemas presupuestales, sino que el Estado tiene la obligación de realizar el trato digno. Se trata pues, de una obligación de respeto.

(...).

En relación con el derecho a la vida del recluso, el Estado tiene la obligación de impedir que otros reclusos o terceros particulares (obligación de protección), así como el personal estatal —sea personal penitenciario o de otra naturaleza— (obligación de respeto) amenacen contra la vida del interno(35). Dicha obligación apareja la de verificar y, si es del caso, enfrentar efectivamente las amenazas contra la vida de los reclusos(36). Esto apareja la obligación de adoptar medidas generales de seguridad interna dentro del centro de reclusión, así como la de trasladar a los internos cuando resulta imprescindible para proteger su vida. Empero, cuandoquiera que se supera el umbral de riesgo ordinario para el derecho a la vida de los reclusos y se presentan situaciones de amenaza contra determinados grupos de reclusos, el Estado tiene el deber de adoptar las medidas necesarias que aseguren que dichas amenazas no se hagan efectivas. Se trata, por lo tanto, de obligaciones de resultado(37) (Se ha subrayado y destacado).

El anterior criterio jurisprudencial resulta coincidente con lo que al respecto ha sostenido la Sala al ocuparse de explicar el fundamento de la responsabilidad patrimonial de la administración, cuando se trata de daños causados a personas detenidas:

“En determinados eventos, sin embargo, el Estado asume una obligación específica de protección y seguridad, en virtud de la cual se hace responsable de los perjuicios que sufren las personas. Es el caso de los retenidos, quienes por encontrarse en una situación de particular sujeción frente al Estado en virtud de la cual ven limitados sus derechos y libertades y la autonomía para responder por su propia integridad, deben gozar del pleno amparo de las autoridades frente a los posibles daños y peligros que los amenacen.

Las obligaciones que asumen las autoridades de la República frente a los retenidos son de dos clases: 1) de hacer, esto es, de prever y controlar los peligros que pueda sufrir una persona retenida desde el momento mismo en que se produce la privación material de la libertad, hasta el momento en que ella es devuelta a la sociedad y 2) de no hacer, referida a la abstención de cualquier conducta que pueda vulnerar o poner en peligro los derechos que no hayan sido limitados con la medida cautelar.

(...).

En este orden de ideas, considera la Sala que las obligaciones de abstenerse de causar cualquier limitación a los derechos de las personas que no estén implicados dentro de la medida cautelar, así como las de prever y controlar cualquier acto que redunde en perjuicio de los retenidos son de resultado, pues la probabilidad de lograr la eficacia en el cumplimiento de la obligación es alta.

Lo anterior significa que si el Estado no devuelve al ciudadano en las mismas condiciones en que lo retuvo, debe responder patrimonialmente por los perjuicios que este haya sufrido durante el tiempo de la retención, aunque haya puesto en funcionamiento todos los recursos de que dispone para proteger al retenido y evitarle la causación de cualquier daño, salvo que haya intervenido una causa extraña, pues frente al retenido la obligación del Estado no es un comportamiento sino la realización efectiva de un resultado determinado”(38) (destacado fuera de texto).

La misma consideración ha realizado la Sala al señalar la absoluta compatibilidad entre la jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto de las llamadas relaciones de especial sujeción entre el Estado y las personas privadas de la libertad. Así, en sentencia del 20 de febrero de 2008, se precisó:

“De acuerdo con lo dicho hasta el momento, las relaciones de especial sujeción que nacen entre las personas privadas de la libertad y el Estado, implican que algunos de sus derechos queden sometidos a ciertas restricciones. Sin embargo, otros derechos fundamentales no pueden ser limitados ni suspendidos; el total sometimiento al Estado, que la Corte Constitucional ha identificado como un estado de indefensión o debilidad manifiesto, implica que el Estado tiene el deber de respetarlos y garantizarlos plenamente; es decir, que todo agente estatal debe abstenerse de conducta alguna que los vulnere y debe prevenir o evitar que terceros ajenos a dicha relación lo hagan.

En efecto, el carácter particular de esta situación implica que corresponde al Estado garantizar la seguridad de las personas privadas de la libertad y la asunción de todos los riesgos que, en esa precisa materia, se creen como consecuencia de tal circunstancia. Bajo esta óptica, demostrada la existencia de un daño antijurídico causado, en su vida o en su integridad corporal, a quien se encuentra privado de la libertad puede concluirse que aquel es imputable al Estado”(39) (destacado fuera de texto). 

Con fundamento en lo anterior, se concluye que la privación de la libertad de una persona conlleva, de manera necesaria, una subordinación del recluso frente al Estado, amén de que lo pone en una condición de vulnerabilidad o debilidad manifiesta, razón por la cual se genera entre tales sujetos una relación jurídica especial y, en virtud de ello, el Estado tiene la facultad constitucional y legal de restringirles, limitarles o modularles algunos derechos fundamentales, de acuerdo con los fines de resocialización de los internos y con las necesidades de orden y seguridad propias de los centros de reclusión; sin embargo, tal relación implica también que otros derechos fundamentales de los reclusos como la vida e integridad personal no puedan ser limitados o suspendidos de forma alguna, sino que los mismos deben serles respetados y garantizados plenamente por las autoridades, pues —según se consideró anteriormente—, la seguridad de los internos depende de la administración pública.

Así pues, cuando se encuentre acreditado un daño antijurídico causado en la integridad psicofísica del recluso y/o detenido, la Sala ha manifestado que el mismo resulta imputable al Estado, bajo un régimen objetivo de responsabilidad, teniendo en cuenta las condiciones especiales en las cuales se encuentra y con fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política; sin embargo, lo anterior no obsta para que la Sala declare, si hay lugar a ello, la configuración de una falla, en el caso de encontrarla probada luego de valorar las pruebas obrantes en el proceso y, siempre que no se configure como eximente de responsabilidad una causa extraña, siendo procedente aplicar el régimen de falla del servicio y probados los hechos que la configurarían, la Sala habrá de declarar la responsabilidad de la administración de manera preferente con fundamento en la referida falla del servicio(40) y no el régimen objetivo.

Asimismo, debe precisarse que en materia de daños causados a detenidos y/o reclusos, la causa extraña tiene plena operancia en sus diversas modalidades como causal exonerativa de responsabilidad, casos en los cuales, como resulta apenas natural, la acreditación de la eximente deberá fundarse en la demostración de todos y cada uno de los elementos constitutivos de la que en cada caso se alegue: fuerza mayor, hecho exclusivo de la víctima o hecho exclusivo de un tercero, según corresponda; por consiguiente, no es procedente afirmar de manera simple y llana que la sola constatación de la existencia de una aparente causa extraña como origen o fuente material o fenomenológica respecto de los daños ocasionados a reclusos, resulte suficiente para que estos puedan considerarse como no atribuibles —por acción u omisión(41)— a la administración pública(42).

Así pues, en cada caso concreto, en el cual se invoque la existencia de una causa extraña por parte de la entidad demandada, deberán analizarse las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales se hubiere producido el daño, por cuanto es posible que el Estado haya contribuido causalmente a la generación del mismo.

En ese orden de ideas, resulta dable concluir que para que tales eximentes de responsabilidad tengan plenos efectos liberadores respecto de la responsabilidad estatal, resulta necesario que la causa extraña sea la causa exclusiva, esto es única, del daño y que, por tanto, constituya la raíz determinante del mismo.

Bajo dicha perspectiva, la Sala procederá a estudiar, de acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso, si la entidad demandada es responsable por las lesiones causadas al señor Ezequiel Londoño Cárdenas.

2.3. El hecho exclusivo de la víctima como eximente de responsabilidad o causal excluyente de imputación.

Las tradicionalmente denominadas causales eximentes de responsabilidad —fuerza mayor, caso fortuito, hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima— constituyen diversos eventos que dan lugar a que devenga jurídicamente imposible imputar, desde el punto de vista jurídico, la responsabilidad por los daños cuya causación da lugar a la iniciación del litigio, a la persona o entidad que obra como demandada dentro del mismo. En relación con todas ellas, tres son los elementos cuya concurrencia tradicionalmente se ha señalado como necesaria para que sea procedente admitir su configuración: (i) su irresistibilidad; (ii) su imprevisibilidad y (iii) su exterioridad respecto del demandado, extremos en relación con los cuales la jurisprudencia de esta sección ha sostenido lo siguiente:

“En cuanto tiene que ver con (i) la irresistibilidad como elemento de la causa extraña, la misma consiste en la imposibilidad del obligado a determinado comportamiento o actividad para desplegarlo o para llevarla a cabo; en otros términos, el daño debe resultar inevitable para que pueda sostenerse la ocurrencia de una causa extraña, teniendo en cuenta que lo irresistible o inevitable deben ser los efectos del fenómeno y no el fenómeno mismo —pues el demandado podría, en determinadas circunstancias, llegar a evitar o impedir los efectos dañinos del fenómeno, aunque este sea, en sí mismo, irresistible, caso de un terremoto o de un huracán (C.C. art. 64) algunos de cuyos efectos nocivos, en ciertos supuestos o bajo determinadas condiciones, podrían ser evitados—.

Por lo demás, si bien la mera dificultad no puede constituirse en verdadera imposibilidad, ello tampoco debe conducir al entendimiento de acuerdo con el cual la imposibilidad siempre debe revestir un carácter sobrehumano; basta con que la misma, de acuerdo con la valoración que de ella efectúe el juez en el caso concreto, aparezca razonable, como lo indica la doctrina:

“La imposibilidad de ejecución debe interpretarse de una manera humana y teniendo en cuenta todas las circunstancias: basta que la imposibilidad sea normalmente insuperable teniendo en cuenta las condiciones de la vida”(43).

En lo referente a (ii) la imprevisibilidad, suele entenderse por tal aquella circunstancia respecto de la cual no sea posible contemplar por anticipado su ocurrencia(44), toda vez que [P]rever, en el lenguaje usual, significa ver con anticipación’(45), entendimiento de acuerdo con el cual el agente causante del daño solo podría invocar la configuración de la causa extraña cuando el hecho alegado no resulte imaginable antes de su ocurrencia, cuestión de suyo improbable si se tiene en cuenta que el demandado podría prefigurarse, aunque fuese de manera completamente eventual, la gran mayoría de eventos catalogables como causa extraña antes de su ocurrencia, más allá de que se sostenga que la imposibilidad de imaginar el hecho aluda a que el mismo jamás hubiera podido pasar por la mente del demandado o a que este deba prever la ocurrencia de las circunstancias que resulten de más o menos probable configuración o a que se entienda que lo imprevisible está relacionado con el conocimiento previo de un hecho de acaecimiento cierto.

Sin embargo, el carácter imprevisible de la causa extraña también puede ser entendido como la condición de ‘imprevisto’ de la misma, esto es, de acontecimiento súbito o repentino, tal y como lo expresan tanto el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, como el artículo 64 del Código Civil(46) y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con la cual “[I]mprevisible será cuando se trate de un acontecimiento súbito, sorpresivo, excepcional, de rara ocurrencia(47). La recién referida acepción del vocablo “imprevisible” evita la consecuencia a la cual conduce el entendimiento del mismo en el sentido de que se trata de aquello que no es imaginable con anticipación a su ocurrencia, toda vez que esta última comprensión conllevaría a que la causa extraña en realidad nunca operase, si se tiene en cuenta que prácticamente todos los sucesos que ocurren a diario ya han sido imaginados por el hombre.

No está de más señalar, en cualquier caso, que la catalogación de un determinado fenómeno como imprevisible excluye, de suyo, la posibilidad de que en el supuesto concreto concurra la culpa del demandado, pues si este se encontraba en la obligación de prever la ocurrencia del acontecimiento al cual se pretende atribuir eficacia liberatoria de responsabilidad y además disponía de la posibilidad real y razonable de hacerlo, entonces los efectos dañinos del fenómeno correspondiente resultarán atribuibles a su comportamiento culposo y no al advenimiento del anotado suceso. Culpa e imprevisibilidad, por tanto, en un mismo supuesto fáctico, se excluyen tajantemente.

Así pues, resulta mucho más razonable entender por imprevisible aquello que, pese a que pueda haber sido imaginado con anticipación, resulta súbito o repentino o aquello que no obstante la diligencia y cuidado que se tuvo para evitarlo, de todas maneras acaeció, con independencia de que hubiese sido mentalmente figurado, o no, previamente a su ocurrencia. En la dirección señalada marcha, por lo demás, la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la cual ha matizado la rigurosidad de las exigencias que, en punto a lo “inimaginable” de la causa extraña, había formulado en otras ocasiones:

(...).

Y, por otra parte, en lo relacionado con (iii) la exterioridad de la causa extraña, si bien se ha señalado que dicho rasgo característico se contrae a determinar que aquella no puede ser imputable a la culpa del agente que causa el daño o que el evento correspondiente ha de ser externo o exterior a su actividad, quizás sea lo más acertado sostener que la referida exterioridad se concreta en que el acontecimiento y circunstancia que el demandado invoca como causa extraña debe resultarle ajeno jurídicamente, pues más allá de sostener que la causa extraña no debe poder imputarse a la culpa del agente resulta, hasta cierto punto, tautológico en la medida en que si hay culpa del citado agente mal podría predicarse la configuración —al menos con efecto liberatorio pleno— de causal de exoneración alguna, tampoco puede perderse de vista que existen supuestos en los cuales, a pesar de no existir culpa por parte del agente o del ente estatal demandado, tal consideración no es suficiente para eximirle de responsabilidad, como ocurre en los casos en los cuales el régimen de responsabilidad aplicable es de naturaleza objetiva, razón por la cual la exterioridad que se exige de la causa del daño para que pueda ser considerada extraña a la entidad demandada es una exterioridad jurídica, en el sentido de que ha de tratarse de un suceso o acaecimiento por el cual no tenga el deber jurídico de responder la accionada”(48).

Por otra parte, a efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, es necesario aclarar, en cada caso concreto, si el proceder —activo u omisivo— de aquella tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño. En ese orden de ideas, resulta dable concluir que para que el hecho de la víctima tenga plenos efectos liberadores de la responsabilidad estatal, es necesario que la conducta desplegada por la víctima sea tanto causa del daño, como la raíz determinante del mismo, es decir, que se trate de la causa adecuada, pues en el evento de resultar catalogable como una concausa en la producción del daño no eximirá al demandado de su responsabilidad y, por ende, del deber de indemnizar, aunque, eso sí, habrá lugar a rebajar su reparación en proporción a la participación de la víctima(49).

2.4. El material probatorio recaudado en el expediente.

La Sala procederá a estudiar, de acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso, si la entidad demandada es responsable por los hechos narrados en la demanda.

Dentro de la respectiva etapa procesal y con el lleno de los requisitos legales se recaudaron en el proceso, los siguientes elementos de convicción:

— Copia auténtica del acta del dictamen médico legal realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el 31 de enero de 2000, practicado con el fin de determinar la incapacidad laboral del señor Ezequiel Londoño Cárdenas; en dicho documento se consignó la siguiente información:

“Enfermedad actual: Refiere que el pasado 22 de septiembre de 1999 sufrió caída de una altura de 7 metros, sufriendo trauma directo a nivel de región lumbosacra contra el pavimento mientras desempeñaba labores dentro del penal de construcción. Desde entonces refiere dolor lumbar continuo que le dificulta para la movilización y dormir, empeora cuando se sienta y ya no le permite trabajar. No refiere ninguna otra sintomatología.

Resumen de la historia clínica: Según refiere la historia clínica de la Cárcel del Distrito Judicial de Pereira, sufrió una caída desde aproximadamente 5 metros al estar trabajando en el techo del patio 1 con diagnóstico de politraumatismo y trauma lumbar siendo remitido al Hospital Universitario San Jorge. El 23-09-99 se practica TAC de columna lumbar encontrándose fractura de cuerpo vertical de L1 sin compromiso del canal medular. El 21-01-00 se realiza radiografía de columna dorso lumbar en el Centro Radiólogos Asociados con diagnóstico de fractura de cuerpo vertebral L1 con deformidad en cuña.

Análisis del caso: Se trata de un paciente joven con una fractura de cuerpo vertebral de L1 cuyo manejo es médico. Dicha lesión no representa ningún riesgo para su vida en el momento de la valoración y la sintomatología dolorosa referida por el paciente paulatinamente mejorará.

Conclusión: La patología que presenta el paciente Ezequiel Londoño Cárdenas no reúne criterios para considerarla como ‘grave enfermedad’. Negativo para grave enfermedad”(50) (destacado adicional).

— Copia auténtica del acta de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda Médica elaborada el 13 de diciembre de 2002, en la cual respecto de la incapacidad médico laboral del señor Ezequiel Londoño Cárdenas, se manifestó lo siguiente:

“En la historia clínica obran los siguientes paraclínicos:

— TAC de columna lumbar (sep. 23/99): aplastamiento sin compromiso de canal.

— Rx columna dorsolumbar (ene. 21/2000): fractura de cuerpo vertebral L1 con deformidad de cuña.

— Rx columna lumbosacra - julio 18 de 2002: acuñamiento vertebral anterior L1, fractura antigua por aplastamiento consolidada y sin signos de inestabilidad vertebral; no patología discal; no canal estrecho; no espondiolisis; no espondililistesis[sic].

Examen físico: En el momento de la evaluación se encuentra paciente que refiere dolor lumbar no irradiado, el cual aumenta con ejercicio y levantamiento de cargas; mejoría transitoria y parcialmente con ingesta de Aines.

No hay alteración de los amas de columna dorsolumbar, laségue bilateral negativo, reflejos osteotendinosos de MMI normales. Fuerza y sensibilidad normales.

Diagnóstico:

Trauma dorsal antiguo.

Fractura antigua L1 consolidada y no comprensiva.

(...).

Por consiguiente la pérdida de la capacidad laboral (PCL) del señor Ezequiel Londoño Cárdenas es cero por ciento (0%) no es inválido”(51) (Se ha destacado y subrayado).

— Obra también en el proceso el dictamen médico legal por lesiones practicado al señor Ezequiel Londoño Cárdenas el 27 de marzo de 2003, por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el cual se concluyó lo siguiente:

“Anamnesis: (...). Dolor lumbar crónico post fractura en cuña de L1.

Concepto: Los traumatismos dorsolumbares con fracturas en cuña, no representan riesgos para la estabilidad de la columna; sin embargo producen dolor lumbar crónico, por trastorno de la biomecánica sugiriendo de 10 a 20 sesiones de fisioterapia de fortalecimiento abdominal y de espalda y mejorar postura.

Nota: El paciente no realizó la fisioterapia”(52) (énfasis añadido).

— A folios 15 a 35 del cuaderno 2 obra copia auténtica de la historia clínica de la atención médica brindada al señor Ezequiel Londoño Cárdenas en el Hospital San Jorge de Pereira, la cual en su gran mayoría resulta ilegible.

— Oficio 216 de fecha 19 de abril de 2002, a través del cual el director de la Cárcel del Distrito Judicial de Pereira suministró la siguiente información:

“El señor Ezequiel Londoño Cárdenas efectivamente sufrió un accidente el 22 de septiembre de 1999, por caída de aproximadamente 5 metros al estar trabajando en el techo del patio 1, tiempo en el cual se desempeñaba en el área de locativas a cargo del dragoneante Israel Zapata Garzón.

Desde su ingreso al establecimiento se le brindó la posibilidad de laborar para acceder a la rebaja de pena y a los beneficios administrativos desempeñándose en varias áreas, su trabajo fue continuo desde agosto de 1998 hasta la fecha de su libertad en julio de 2001”(53).

— Respecto de la forma en que ocurrieron los hechos, obra en el proceso el testimonio rendido ante el a quo por el dragoneante del Inpec Israel Zapata Garzón, del cual resulta pertinente transcribir los siguientes apartes:

“Habíamos recibido la orden del director de la cárcel de ese entonces, Marco Antonio de Moya, de construir una reja metálica en la parte superior del patio uno del establecimiento. Yo procedí a consultar con el personal de internos que tenía que mirar y a preguntar quién de todos tenía la capacidad de realizar ese trabajo y de hecho el señor Ezequiel Londoño se comprometió a realizarlo. Se pregunta sin el ánimo de presionar a nadie y solamente si tiene la capacidad se realiza y sino no. Se procedió a soldar unas cerchas de la plaza de armas de unos 7 metros y medio, más o menos, cada uno con el mismo interno en un total de cuatro cerchas. Después se subieron a la parte superior del patio 1 y se instalaron en el muro, para después proceder a soldar las varillas que iban formando la reja y que estaban pegadas de las cerchas. En la medida en que se iban soldando las varillas se iban atendiendo los requerimientos del señor Ezequiel Londoño que él mismo iba solicitando, lo que él previera para el trabajo. Entonces él empezó a soldar varias cerchas común y corriente y empezó a caminar tranquilamente por encima de las cerchas solicitando, eso si a mí, una telera para ubicarla entre cercha y cercha para poder caminar en los tramos de esas cerchas y así procedió a soldar las varillas. Era muy confiado en el trabajo, a tal punto que él decía que las cerchas aguantaban mucho peso y se solivianaba (sic) en ellas. Una vez me invitó a que me parara encima de la misma cercha e hiciera lo mismo que él estaba haciendo, lo cual no hice y el resultado de tal acción fue que la cercha cediera y él se precipitara hacia la parte de abajo, yo presencié este momento. Incluso yo le decía que no se confiara mucho porque de pronto se podía caer. (...) La altura promedio desde la que cayó es aproximadamente 5 y 6 metros. Él se encontraba subido sobre una cercha, a la cual le estaba pegando la soldadura, en esos momentos él haciendo referencia a que la cercha estaba muy fuerte brincó encima de ella y a esta se le reventaron unos travesaños cediendo la cercha y viniéndose pegada a las paredes en una caída lenta hasta más o menos tres metros porque de ahí en adelante cayó más duro porque no tenía en que sostenerse la cercha. (...). Preguntado: Qué elementos de protección suministró usted o el penal al señor Ezequiel Londoño para realizar el trabajo desde la altura que él mismo estaba efectuando. Contestó: Las que él mismo solicitó como fueron dos teleras de seis metros de largas. (...), en la obra se hacía lo que él quería para su seguridad y muchas veces asumía posiciones de terquedad y hacía lo que él quería, esas conductas de terquedad eran muy frecuentes y a mí me tocaba a veces hacerle deshacer trabajos y volver a empezarlos de nuevo. Mis actitudes frente a la terquedad de él era llamarle la atención sin ofenderlo y decirle que pusiera más cuidado. (...). Después que volvió del hospital estuvo en el patio, hasta que salió en libertad, y desde ese mismo días[sic] empezó a darme consejos sobre la construcción, es decir siguió trabajando conmigo común y corriente. Las tareas eran intelectuales no materiales, hasta más o menos tres o cuatro meses”(54) (destacado y subrayas fuera del texto original).

— Declaración del interno Jair Castaño López, en la cual manifestó:

“Él se encontraba trabajando por la parte de encima de donde estaba haciendo el tendido de la reja. Yo le hacía recomendaciones porque en verdad era un sitio peligroso, donde se descuidara se podía caer o resbalar. Concretamente en el momento del accidente, él estaba terminando unos puntos de soldadura cuando esa estructura empezaba a balancearse pero era por el peso de él y todo movimiento que él hacía. El movimiento era que como era tanta la cantidad de varillas que él estaba soldando, los movimientos que él hacía era [sic] para pasarlos de un lado a otro para pegarlas. Otros internos que laboraban con él que no tengo presentes los nombres le ayudaban a pasar las varillas para pegarlas, pero en la parte laboral él estaba solo. Lo único que yo le decía era que mucho cuidado. En cada movimiento que él hacía se falseaba más la estructura que se estaba pegando; ello por tanto espacio que tenía de pared a pared y a lo largo, porque hicieron el tendido a lo largo nada más y faltaban las varillas que había que atravesar para que resistieran más. La posición de él cuando se dio el accidente era agachado y se estaba falseando la estructura con él, porque él me estaba demostrando que estaba seguro de lo que estaba haciendo. El declarante en estos momentos se para y hace genoflexiones (sic) dice que esa era la actitud del accidentado, diciéndome mire que no pasa nada. Yo estaba en el piso del patio y desde allí tenía toda la vista para verlo. Yo lo veía caer cuando se reventó eso porque se vino al piso toda la estructura. Cuando él cayó lo primero que hice fue prestarle los primeros auxilios junto con los demás internos que estaban en el patio”(55).

— Testimonio del interno Arturo Arias Tabares:

“Yo presencié el accidente a que se ha hecho referencia, Ezequiel estaba arriba trabajando, soldando unas varillas encima de unas torres, cuando de pronto le dijo al comandante Zapata, vea esto como quedó de fino y hacía así con fuerza (el testigo se maquea) y cuando lo hizo fue que se vino abajo. Lo cogieron y lo subieron a una banca y lo llevaron para enfermería. Después del accidente yo lo volví a ver en la cárcel no recuerdo al cuanto tiempo”(56).

2.5. Conclusiones probatorias y caso concreto.

De conformidad con el material de convicción allegado al proceso se encuentra plenamente acreditado el hecho dañoso sufrido por los demandantes, en tanto “el dolor lumbar crónico” padecido por el señor Ezequiel Londoño Cárdenas, como consecuencia del accidente acaecido el 22 de septiembre de 1999 en la cárcel del Distrito Judicial de Pereira, supone, por sí mismo, una afectación a su integridad sicofísica y emocional, al tiempo que constituye una aminoración de distintos bienes jurídicos protegidos y amparados por el ordenamiento jurídico, frente a los cuales existe plena protección.

En efecto, si bien el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda del 13 de junio de 2002, señaló que el referido actor no tenía incapacidad médica laboral alguna, lo cierto es que de conformidad con ese mismo peritazgo, este sufrió una lesión en su columna vertebral consistente en “Trauma dorsal antiguo y fractura antigua L1 consolidada y no comprensiva”, lo cual le causó desde el mismo momento del accidente —22 de septiembre de 1999— “dolor lumbar crónico”, según lo concluyó el dictamen de medicina legal practicado el 27 de marzo de 2003, esto es, más de tres años después del siniestro.

Establecida la existencia del daño antijurídico, aborda la Sala el análisis de la imputación con el fin de determinar si en el caso concreto dicho daño le puede ser atribuido a la administración pública demandada y, por lo tanto, si esta se encuentra en el deber jurídico de resarcir los perjuicios que de dicho daño se derivan y, en consecuencia, si la sentencia apelada debe ser revocada o confirmada.

Con fundamento en las consideraciones expuestas respecto del régimen de responsabilidad en materia de personas recluidas y en el acervo probatorio relacionado, es posible concluir que la imputación de responsabilidad a la entidad pública demandada en el presente asunto debe realizarse bajo el título de falla del servicio(57), toda vez que dentro del proceso se encuentra acreditado el comportamiento negligente y descuidado de la entidad demandada en la atención del deber de protección y seguridad que ha de brindar a las personas que se encuentren privadas de su libertad, más aún en tratándose de labores de construcción realizadas por los internos, las cuales implican un alto riesgo sino se adoptan las correspondientes medidas para su realización.

El mandato que impone la Carta Política en el artículo 2º, referente a que: “... Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades ...”, debe entenderse dentro de lo que normalmente se le puede exigir a la administración en el cumplimiento de sus obligaciones o dentro de lo que razonablemente se espera que hubiese sido su actuación o intervención acorde con las circunstancias tales como disposición del personal, medios a su alcance, capacidad de maniobra etc., para atender eficazmente la prestación del servicio que en un momento dado se requiera. Por consiguiente, resulta exigible al Estado la utilización adecuada de todos los medios de que está provisto, en orden a cumplir el cometido constitucional en el caso concreto; si el daño se produce por su incuria en el empleo de tales medios, surgirá su obligación resarcitoria; si el daño ocurre, a pesar de su diligencia, no podrá quedar comprometida su responsabilidad(58).

Así pues, las obligaciones que están a cargo del Estado —y por lo tanto la falla del servicio que constituye su trasgresión—, deben mirarse en concreto, frente al caso particular que se juzga, teniendo en consideración las circunstancias que rodearon la producción del daño que se reclama, su mayor o menor previsibilidad y los medios de que disponían las autoridades para contrarrestarlo.

Ahora bien, para el caso sub examine, se encuentran probados los siguientes hechos:

I. Que el día 22 de septiembre el señor Ezequiel Londoño Cárdenas sufrió un accidente al caer de un andamiaje de más de cinco metros de altura, en momentos en que se encontraba realizando labores relacionadas con la instalación de una reja metálica en el techo del patio uno de la cárcel del Distrito Judicial de Pereira, y

II. Que la referida labor de construcción fue encomendada por los directivos del plantel carcelario; no obstante lo cual no se suministró al referido interno elemento de seguridad y/o protección alguno para realizar esta riesgosa labor.

Así las cosas, si bien de acuerdo con lo expresado por la entidad demandada a lo largo del trámite de la presente acción, se configuró la causal eximente de responsabilidad consistente en la culpa exclusiva de la víctima, pues el señor Ezequiel Londoño Cárdenas asumió de forma voluntaria la realización de dichas labores de construcción, amén de que habría manifestado tener experiencia en la realización de las mismas, lo cierto es que la víctima sufrió el mencionado accidente debido a la conducta asumida por los directivos del plantel carcelario, quienes omitieron adoptar medidas mínimas o elementales de precaución y seguridad para la ejecución de una maniobra de alta peligrosidad, como lo es la realización de soldadura sobre un andamiaje a más de 5 metros del suelo.

Resulta difícil creer, por resultar contrario a las reglas de la experiencia y al mero sentido común, que un “accidente” ocurrido en la ejecución de una maniobra, sin protección o seguridad alguna, a más de (5) metros de altura del piso hubiere sido imprevisible o irresistible para la entidad demandada, pues es sabido que quienes desarrollan maniobras de este tipo adoptan medidas especiales de precaución como la ubicación de cuerdas, soportes especiales, utilización de arneses e incluso trajes especiales, etc., dado que tales maniobras revisten una alta peligrosidad. Pero estas se incrementan en altísimas proporciones cuando son desempeñadas por personas que no cuentan con los suficientes elementos y equipos de seguridad, tal y como quedó acreditado en el presente asunto.

Así las cosas, no cabe duda de que sí para la realización de tal maniobra la víctima hubiera contado con las mínimas precauciones de seguridad y cuidado, los cuales resultan exigibles a los directivos de la institución carcelaria, el accidente en el cual resultó lesionado el señor Ezequiel Londoño Cárdenas no se hubiera producido o al menos sus consecuencias se habrían minimizado, dado que el mismo era desde todo punto de vista previsible.

En efecto, si bien los testimonios antes transcritos manifiestan que el señor Ezequiel Londoño Cárdenas se encontraba realizando maniobras imprudentes, tales como demostrar a los presentes el potencial de seguridad y estabilidad del andamiaje por él construido, lo cierto es que para la Sala tales maniobras no alcanzan la entidad suficiente para entender acreditada la aludida causal eximente de responsabilidad consistente en la culpa exclusiva de la víctima, comoquiera que los equipos y elementos necesarios para realizar dicha labor de construcción debieron haber sido suministrados por el Inpec, así mismo dicho ente debió adoptar todas las medidas de seguridad y protección para evitar accidentes como el acaecido en el sub lite.

Ciertamente, las maniobras desplegadas por la víctima encima de la estructura solo fueron una condición más dentro de la cadena causal que produjo el resultado jurídicamente relevante, pero al suprimirla hipotéticamente sigue siendo posible explicarlo. El asunto debe ser examinado con base en criterios de imputación y, por lo tanto, no fueron las maniobras realizadas por el interno para demostrar la estabilidad del andamiaje lo que explica el hecho, pues dicha estructura fácilmente hubiera podido venirse abajo con cualesquier otro tipo de maniobra realizada en esa estructura, dada la inseguridad de la misma.

Lo anterior permite a la Sala negar la alegada ocurrencia del hecho exclusivo de la víctima, como causa extraña, en consideración a que su proceder no fue imprevisible ni irresistible para la entidad demandada, conclusión que lleva, además, a deducir, como se indicó precedentemente, la falla en la prestación del servicio en la cual incurrió la entidad demandada por su actuar descuidado o negligente en la producción del hecho dañoso, esto es —bueno es reiterarlo—, no haber adoptado medida de seguridad y/o protección alguna para la ejecución de una tarea de alta peligrosidad como la asignada al interno Ezequiel Londoño Cárdenas.

En ese mismo sentido, resulta necesario recordar que el hecho de la víctima, como causa extraña y exclusiva, impone la prueba que evidencie que se trató de un acontecimiento que le era imprevisible e irresistible al ente demandado. De no ser así, de tratarse de un hecho o acto previsible o resistible para la entidad que lo invoca, se revela una falla del servicio en el entendido de que la entidad teniendo el deber legal, no previno o resistió el suceso, pues como lo advierte la doctrina “solo cuando el acontecimiento sobrevenido ha constituido un obstáculo insuperable para la ejecución de la obligación, deja la inejecución de comprometer la responsabilidad del deudor”(59).

Por consiguiente, la Sala modificara la sentencia apelada, en cuanto disminuyó en un 50% la condena impuesta a la demandada y, en consecuencia, analizará el monto de los perjuicios morales solicitados en la demanda sobre la base de la completa imputación jurídica del daño causado al ente público demandado.

2.6. Indemnización de perjuicios.

2.6.1. Perjuicios morales a favor de los demandantes.

Acerca de los daños causados por las afectaciones sicofísicas que sufre una persona, resulta necesario precisar que si bien estas pueden dar lugar a la indemnización de perjuicios morales, su tasación dependerá, en gran medida, de la gravedad y entidad de las mismas. Hay situaciones en las cuales estas son de tal magnitud que su ocurrencia afecta no solo a quien las sufrió directamente, sino a terceras personas, por lo cual resulta necesario, en muchos de los casos, demostrar únicamente el parentesco con la víctima, pues este se convierte en un indicio suficiente para tener por demostrado el perjuicio, siempre que no hubieren pruebas que indiquen lo contrario. En otras ocasiones, las respectivas afectaciones a la salud de una persona no alcanzan a tener una entidad suficiente para alterar el curso normal de la vida o de las labores cotidianas de una persona, de suerte que su indemnización debe ser menor, por manera que la cuantificación de los perjuicios morales que se causen en virtud de unas lesiones personales, se definirá en cada caso por el juez, en proporción al daño sufrido.

Ahora bien, con la simple acreditación de la relación de parentesco, se presume que los familiares cercanos de la víctima directa sufrieron un perjuicio de orden moral. En efecto, la simple acreditación de tal circunstancia, para los eventos de perjuicios morales reclamados por el cónyuge, abuelos, padres, hijos, hermanos y nietos cuando alguno de estos haya muerto o sufrido una afección a su salud, a partir del contenido del artículo 42 de la Carta Política(60), y de las máximas de la experiencia, es posible inferir que el peticionario ha sufrido el perjuicio solicitado.

En efecto, es lo común, lo esperable y comprensible, que los seres humanos sientan tristeza, depresión, angustia, miedo y otras afecciones cuando ven disminuidas su salud y sus facultades físicas, especialmente cuando las afectaciones a la salud ocurren como consecuencia de una falla del servicio como la acreditada en el sub examine.

Igualmente resulta claro que la tasación de este perjuicio, de carácter extrapatrimonial, dada su especial naturaleza, no puede ser sino compensatoria, por lo cual, corresponde al juzgador, quien con fundamento en su prudente juicio debe establecer, en la situación concreta, el valor que corresponda, para cuyo propósito debe tener en cuenta la naturaleza y la gravedad de la aflicción y de sus secuelas, de conformidad con lo que se encuentre demostrado en el proceso.

En este caso, tal como se demostró en el proceso, el señor Ezequiel Londoño Cárdenas resultó afectado en su salud, como consecuencia de un dolor lumbar crónico, además fue sometido a un tratamiento médico, pese a lo cual el dolor siguió manifestándose, todo lo cual le produjo, sin duda, una afección moral que debe ser indemnizada. En efecto, resulta comprensible que una persona que padezca dolor crónico, se sienta moralmente afectada al igual que su familia.

Ahora bien, para establecer el monto de dicho perjuicio moral la Sala debe tener en cuenta los siguientes tópicos: i) Que el tribunal condenó a la entidad demandada a pagar a favor de la víctima directa, su madre y su hija la cantidad de 40 smlmv para cada uno de ellos y a favor de cada uno de sus hermanos la suma equivalente a 20 smlmv; ii) Que dicha condena fue reducida en un 50% por la concurrencia de culpas entre el actuar culposo de la víctima y la falla del servicio declarada; sin embargo, dicha decisión será revocada a través de la presente sentencia, pues se imputará la totalidad del daño a la entidad demandada; iii) Que la apelación contra la sentencia de primera instancia fue formulada por ambas partes, lo cual permite a la Sala en esta oportunidad estudiar sin limitación alguna todos los puntos de la litis (CPC art. 357).

Así las cosas, en el caso que hoy ocupa a la Sala, según lo expresado, puede inferirse fácilmente que si bien tanto el señor Ezequiel Londoño Cárdenas como sus familiares sufrieron un daño moral, el mismo no fue de gran intensidad, dado que los padecimientos físicos sufridos por el lesionado no fueron especialmente graves, pues el mismo no trajo como consecuencia incapacidad médico legal alguna para el actor, razón por la cual resulta improcedente el reconocimiento de una indemnización equivalente al valor máximo de mil gramos de oro, que se concedía para la fecha de presentación de la demanda en los eventos en que el perjuicio moral se presentaba en su mayor intensidad; no obstante lo cual, debe tenerse en cuenta la intensidad y el tiempo del “dolor lumbar crónico” padecido por el señor Ezequiel Londoño Cárdenas, el cual duró más de tres años, tal y como lo revela el dictamen médico laboral expedido por el Instituto de Medicina Legal el 27 de marzo de 2003.

Por consiguiente, la Sala confirmará en este punto la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, reconocerá la suma de 20 smlmv a favor de cada uno de los señores Ezequiel Londoño Cárdenas, su madre Evangelina Cárdenas de Londoño y su hija Valentina Londoño valencia; así como reconocerá la suma de 10 smlmv para cada uno de sus hermanos, señores Daisy, Marcelina, Boanerges, Ana Ferline, Walter Lid, Absalón y Elisabdi Londoño Cárdenas.

Finalmente, debe advertirse que obran en original y copia auténtica los respectivos registros civiles nacimiento de los demandantes, los cuales dan cuenta de la relación de parentesco existente entre el señor Ezequiel Londoño Cárdenas y quienes acudieron al proceso en calidad de su madre, hija y hermanos, respectivamente (fls. 5-15, cdno. 1).

Ahora bien, respecto de los perjuicios morales deprecados para la señora Piedad Helena Valencia Velásquez, con quien habría convivido y de cuya unión había procreado a la menor Valentina Londoño Valencia, la Sala advierte que no obra prueba alguna en el plenario que permita acreditar la relación de compañera permanente, ni mucho menos el grado de aflicción que esta habría sufrido como consecuencia del daño físico padecido por el señor Ezequiel Londoño Cárdenas.

Asimismo, si bien en el registro civil de nacimiento de la menor Valentina Londoño Valencia figuran como sus padres los señores Ezequiel Londoño Cárdenas y Piedad Helena Valencia Velásquez, dicha circunstancia no resulta suficiente para acreditar la aflicción o el sufrimiento padecido por esta última, pues lo único que dichos certificados acreditan es la procreación de una hija, pero no resultan suficientes para acreditar la relación de compañera permanente y/o damnificada que hubiere podido mantener con esa demandante, razón por la cual habrá de confirmarse la decisión adoptada por el a quo en cuanto denegó los perjuicios solicitados por esta demandante.

2.6.2. Perjuicios por daño a la salud.

En relación con el perjuicio fisiológico, hoy denominado daño a la salud, derivado de una afección a la integridad física del señor Ezequiel Londoño Cárdenas, el cual fue establecido por el tribunal a quo en 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la Sala reitera la posición acogida en las sentencias 19.031 y 38.222, ambas del 14 de septiembre 2011(61), en las cuales se precisó:

“De modo que, el daño a la salud —esto es el que se reconoce como proveniente de una afectación a la integridad psicofísica— ha permitido solucionar o aliviar la discusión, toda vez reduce a una categoría los ámbitos físico, psicológico, sexual, etc., de tal forma que siempre que el daño consista en una lesión a la salud, será procedente determinar el grado de afectación del derecho constitucional y fundamental (C.P. art. 49) para determinar una indemnización por ese aspecto, sin que sea procedente el reconocimiento de otro tipo de daños (v.gr. la alteración de las condiciones de existencia), en esta clase o naturaleza de supuestos.

Se reconoce de este modo una valoración del daño a la persona estructurado sobre la idea del daño corporal, sin tener en cuenta categorías abiertas que distorsionen el modelo de reparación integral. Es decir, cuando la víctima sufra un daño a la integridad psicofísica solo podrá reclamar los daños materiales que se generen de esa situación y que estén probados, los perjuicios morales de conformidad con los parámetros jurisprudenciales de la Sala y, por último, el daño a la salud por la afectación de este derecho constitucional.

Lo anterior, refuerza aún más la necesidad de readoptar la noción de daño a la salud, fisiológico o biológico, como lo hace ahora la Sala, pero con su contenido y alcance primigenio, esto es, referido a la afectación o limitación a la integridad psicofísica de la persona, comoquiera que al haberlo subsumido en unas categorías o denominaciones que sirven para identificar perjuicios autónomos y que han sido reconocidos en diferentes latitudes, como por ejemplo la alteración a las condiciones de existencia (v.gr. Francia), se modificó su propósito que era delimitar un daño común (lesión a la integridad corporal) que pudiera ser tasado, en mayor o menor medida, a partir de parámetros objetivos y equitativos, con apego irrestricto a los principios constitucionales de dignidad humana e igualdad(62).

En otros términos, un daño a la salud desplaza por completo a las demás categorías de daño inmaterial como lo son la alteración grave a las condiciones de existencia —antes denominado daño a la vida de relación— precisamente porque cuando la lesión antijurídica tiene su génesis en una afectación negativa del estado de salud, los únicos perjuicios inmateriales que hay lugar a reconocer son el daño moral y el daño a la salud.

“Desde esa panorámica, los daños a la vida de relación o a la alteración de las condiciones de existencia, no podrán servir de instrumento para obtener la reparación del daño a la salud, es decir, son improcedentes para reparar las lesiones a la integridad psicofísica puesto que parten de confrontar, o mejor de un parangón entre la esfera individual y la externa o social; el primero en la carga relacional del sujeto (relaciones sociales) lo que llevó a que fuera considerado en Italia como un daño subjetivo, inequitativo e desigualitario —dado que una persona puede tener una vida social o relacional más activa que otra, sin que eso suponga que deba indemnizarse diferente el daño—, y el segundo, por referirse a una alteración grave y significativa del proyecto de vida, es decir, a los planes y objetivos de la persona hacia el futuro.

“(...).

“En consecuencia, se adopta el concepto de daño a la salud, como perjuicio inmaterial diferente al moral que puede ser solicitado y decretado en los casos en que el daño provenga de una lesión corporal, puesto que el mismo no está encaminado al restablecimiento de la pérdida patrimonial, ni a la compensación por la aflicción o el padecimiento que se genera con aquel, sino que está dirigido a resarcir económicamente —como quiera que empíricamente es imposible— una lesión o alteración a la unidad corporal de la persona, esto es, la afectación del derecho a la salud del individuo” (destacado del texto original).

Así mismo, la Sala en sentencia del 28 de marzo de 2012, Expediente: 22.163, demandante: Luis Carlos González Arbeláez y otros(63), determinó, de acuerdo con el principio del arbitrio iuris, los parámetros de liquidación y valoración del daño a la salud, en cuanto a su contenidos objetivo (estático) y subjetivo (dinámico); en la providencia se estableció:

“El arbitrio iuris siempre será necesario en cualquier ordenamiento jurídico puesto que el legislador no puede contemplar todas y cada una de las hipótesis y variables que se pueden presentar en el proceso judicial, razón por la cual queda un margen de maniobra a cargo del operador judicial que, lejos de ser catalogado como arbitrariedad, constituye un campo de discreción racional en el que con fundamento en las reglas de la experiencia y la sana crítica traza derroteros para colmar esas lagunas o vacíos que están contenidos en la ley.

De allí que sí existen criterios de valoración del daño a la salud, de manera concreta, de la siguiente forma:

1. El ámbito o espectro objetivo o estático del daño a la salud se determinará a través del arbitrio iuris, para lo cual se tendrá en cuenta la edad de la víctima y la gravedad de la lesión, lo cual permitirá emplear la regla de tres, al tener en cuenta que a la mayor incapacidad corresponde un valor máximo de cuatrocientos salarios mínimos mensuales vigentes, como lo ha hecho la jurisprudencia de tiempo atrás

2. En cuanto al contenido dinámico del daño a la salud, esto es, las particularidades o especificidades que ese perjuicio significa para cada víctima en particular (v.gr. no es lo mismo la pérdida de una mano para alguien que tiene como “hobbie”[sic] ir a cine, frente a alguien cuyo esparcimiento lo obtiene de tocar el piano o pintar cuadros). En este tipo de eventos, en los que la persona logre acreditar unas consecuencias particulares que harían más gravosa su condición al resultar afectado en su integridad psicofísica, el juez podrá incrementar, con base en el arbitrio iuris, la indemnización correspondiente al factor objetivo del daño a la salud. No obstante, se itera, en principio no se podrá reconocer una suma superior a 400 smmlv, pues este es el tope —sumado el ámbito estático y dinámico— del daño a la salud.

Por consiguiente, el daño a la salud reviste una connotación bifronte, una estática u objetiva que garantiza la máxima “a igual afectación a la integridad psicofísica debe corresponder una idéntica o similar compensación del perjuicio”, y una perspectiva dinámica o subjetiva —que permite hacer realidad la igualdad material— debido a que en este componente se permite que el juez eleve en un preciso porcentaje la reparación por cuenta de las condiciones particulares de la víctima.

No se trata de reparar la vida relacional o social de quien sufre el daño (en el espectro dinámico), sino de reconocer un porcentaje adicional debido a situaciones particulares que hacen que para ese sujeto específico la afectación correspondiente sea más grave”.

Para el caso sub examine, si bien la certificación respecto del porcentaje total de invalidez padecido por el actor equivale a 0%, lo cierto es que conforme a la conclusión a la cual arribó el Instituto de Medicina Legal, el señor Ezequiel Londoño Cárdenas padece “dolor crónico lumbar post fractura en cuña de L1”, asimismo, según el acta de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, el demandante presentó “Trauma dorsal antiguo y fractura antigua L1 consolidada y no comprensiva”, que le produce fuerte dolor lumbar, el cual aumenta con el ejercicio y levantamiento de cargas. Todo lo cual, permite inferir a la Sala que el actor además de su afectación a su integridad física, quedó impedido para desarrollar las actividades que normalmente desplegaba, las cuales le producían placer y/o bienestar, como lo es realizar deporte, realizar trabajos que impliquen fuerza física, etc.

En consecuencia y dado que el tribunal a quo condenó a la demandada a pagar a favor del lesionado, señor Ezequiel Londoño Cárdenas, la suma equivalente en pesos a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la Sala confirmará la condena impuesta en la sentencia de primera instancia, por considerar que dicho perjuicio consistente en la afectación grave a su salud, debe ser indemnizado en la cuantía antes referida.

2.6.3. Perjuicios materiales.

— Daño emergente:

En la demanda se solicitó tales perjuicio[sic] en los siguientes términos:

“El daño emergente futuro se tasa en la suma de $ 20.000.000 y corresponde a las sumas que tendrá que desembolsar el lesionado para cubrir los pagos de diagnósticos, tratamientos de rehabilitación, intervenciones quirúrgicas, etc.”.

Ahora bien, con el fin de acreditar tales gastos se aportó certificación expedida el 24 de septiembre de 2003 por el gerente del Hospital Universitario de Pereira sobre el costo de la realización de 20 terapias de fisioterapia para fortalecimiento de abdominales y espalda; en dicho documento se consignó la siguiente información:

“Nos permitimos cotizar las 20 sesiones de fisioterapia de fortalecimiento de abdominales y espalda, discriminados así:

20 sesiones de estimulación eléctrica transcutánea. Código 2910. $ 96.000.

20 sesiones de terapia física. Código 29112. $ 170.000.

Total cotización $ 266.000 (doscientos sesenta y seis mil pesos m/cte.)”(64).

El documento anterior fue solicitado mediante oficio con la demanda y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca lo decretó como prueba mediante auto proferido el 14 de marzo de 2002 (fl. 93, cdno. 1), sin que el mismo hubiere sido tachado de falso por la entidad demandada, razón por la cual el documento en mención resulta suficiente para acreditar el monto del daño emergente solicitado en la demanda, amén de que dicho tratamiento fue recomendado en el dictamen médico legal practicado el 27 de marzo de 2003, por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses al demandante al respecto cabe precisar que se reconocerá dicho perjuicio en la modalidad de daño emergente futuro, pues no hay prueba de que el demandante hubiese recibido dichas terapias, pero comoquiera que se tiene probado el valor de las mismas, se procederá a actualizar dicho monto al valor presente.

La Sala actualizará dicha suma a la fecha de esta sentencia, así:

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Total perjuicios por daño emergente: Trescientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos ($ 399.963).

— Lucro cesante:

La Sala confirmará en este punto la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, negará la solicitud de indemnización del lucro cesante solicitada en la demanda a favor del lesionado.

En efecto, la Sala estima necesario precisar que habida cuenta de que la Junta de Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda certificó la invalidez del señor Ezequiel Londoño Cárdenas, en un porcentaje equivalente al 5%, se infiere que el demandante no se encuentra impedido —a pesar del dolor crónico—, a desarrollar cualesquier actividad productiva, comoquiera que no padece una lesión considerada como grave.

2.7. Condena en costas.

Comoquiera que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFICAR la sentencia apelada, esto es la proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda el 5 de agosto de 2004, la cual quedará así:

1. Declarar la responsabilidad administrativa y patrimonial del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec por la afectación a la salud sufrida por el demandante Ezequiel Londoño Cárdenas, en las circunstancias de modo, tiempo y lugar que han quedado descritas en la parte motiva de esta providencia.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se condena a la demandada a pagar, por concepto de perjuicios morales, el equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia en favor de cada uno de los señores Ezequiel Londoño Cárdenas (víctima), Evangelina Cárdenas Hernández (madre) y de la menor de edad Valentina Londoño Valencia (hija). Igualmente, por el mismo concepto se reconoce la cantidad de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de este fallo, en favor de cada uno de los hermanos de la víctima: Daysi, Marcelina, Boanerges, Ana Ferline, Walter Lid, Absalón y Elisabdi Londoño Cárdenas.

3. Se condena igualmente al demandado a pagar, en favor del señor Ezequiel Londoño Cárdenas, el equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la ejecutoria del presente proveído, como indemnización por concepto de daño a la salud.

4. Por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, se condena al Inpec a pagar la suma de trescientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos ($ 399.963) a favor del señor Ezequiel Londoño Cárdenas.

5. Se niegan las demás súplicas de la demanda, conforme a lo expresado en la parte considerativa de esta sentencia.

2. ABSTENERSE de condenar en costas.

3. CÚMPLASE lo dispuesto en esta providencia, en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

4. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(14) D. 597/88.

(15) En similares términos puede consultarse, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 7 de octubre del 2009, Exp. 16.990 y del 26 de mayo del 2010, Exp. 18.800, ambas con ponencia del doctor Mauricio Fajardo Gómez.

(16) Al respecto, consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 27 abril del 2006, Exp. 21138 y del 27 de noviembre de 2002, Exp. 13760, ambas con ponencia del consejero, doctor Alier Hernández Enríquez.

(17) Esta expresión en el contexto de las relaciones entre autoridades penitenciarias y personas privadas de la libertad, fue utilizada por primera vez en la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la Sentencia T-596 de 1992. Así mismo, entre los pronunciamientos más importantes al respecto, Cfr. Sentencias T-705 de 1996 y T-153 de 1998.

(18) La subordinación tiene su fundamento en la obligación especial de la persona recluida consistente en el deber de “cumplir una medida de aseguramiento, dada su vinculación a un proceso penal, o una pena debido a que es responsable de la comisión de un hecho punible”. Cfr. Sentencia T-065 de 1995. O también es vista como el resultado de la “inserción” del administrado en la organización administrativa penitenciaria por lo cual queda “sometido a un régimen jurídico especial”. Así en Sentencia T-705 de 1996.

(19) Desde los primeros pronunciamientos sobre el tema, la Corte identificó la existencia de un “régimen jurídico especial al que se encuentran sometidos los internos”, el cual incluye la suspensión y la limitación de algunos derechos fundamentales, en este sentido Cfr. Sentencia T-422 de 1992.

(20) Que se concreta por ejemplo, en la posibilidad de implantar un régimen disciplinario para los reclusos, así en Sentencia T-596 de 1992.

(21) Que se concreta por ejemplo, en la posibilidad de implantar un régimen especial de visitas, así en Sentencia T-065 de 1995.

(22) Sobre los tres regímenes de los derechos fundamentales de los reclusos, según la posibilidad de la suspensión, limitación y goce pleno, ver entre otras las sentencias T-222 de 1993, T-065 de 1995 y T-705 de 1996.

(23) En este sentido véase la Sentencia C-318 de 1995. La potestad administrativa para limitar o restringir derechos fundamentales en el contexto de las relaciones especiales de sujeción, “debe estar expresamente autorizada en la ley que regule su ejercicio”, así en la Sentencia T-705 de 1996.

(24) Sobre la finalidad de la limitación a los derechos fundamentales en el contexto de las relaciones especiales de sujeción, véase especialmente la Sentencia T-705 de 1996. Sobre su relación con la posibilidad real de la resocialización véase la Sentencia T-714 de 1996.

(25) Entre los especiales derechos de los presos y su correlato, los deberes del Estado, como consecuencia del establecimiento de una relación especial de sujeción, se encuentran “el deber de trato humano y digno, del deber de proporcionar alimentación suficiente, agua potable, vestuario, utensilios de higiene, lugar de habitación en condiciones de higiene y salud adecuadas, el deber de asistencia médica, y el derecho al descanso nocturno, entre otros”, citada de la Sentencia T-596 de 1992.

(26) Sobre los deberes especiales del Estado ver la Sentencia T-966 de 2000.

(27) Para la Corte esta garantía debe ser reforzada, ya que el recluso al estar sometido a una relación especial de sujeción, tiene limitado su derecho a escoger opciones y le es imposible autoabastecerse, en este sentido ver la Sentencia T-522 de 1992, además se encuentra en un estado de “vulnerabilidad” por lo cual la actividad del Estado en procura de la eficacia de los derechos fundamentales debe ser activa y no solo pasiva, en este sentido ver la Sentencia T-388 de 1993, y en el mismo sentido la Sentencia T-420 de 1994. Ya que el recluso está en imposibilidad de procurarse en forma autónoma los beneficios propios de las condiciones mínimas de una existencia digna, así en la Sentencia T-714 de 1995, o se encuentra en estado de indefensión frente a terceros, así en la Sentencia T-435 de 1997.

(28) Sobre el contenido de este deber positivo ver la Sentencia T-153 de 1998.

(29) Sobre el énfasis en el deber positivo en cabeza del Estado, véase las sentencias T-714 de 1996 y T-153 de 1998.

(30) Responsabilidad del Estado que se concreta en la obligación de velar por la seguridad de los reclusos en el perímetro carcelario y en la obligación de garantizar condiciones de vida adecuadas a los reclusos, así en la Sentencia T-522 de 1992.

(31) La posibilidad de reinserción social depende en buena medida de la eficacia del derecho de los reclusos a contar con centros carcelarios adecuados, este derecho encuentra el fundamento de su validez en el derecho a la dignidad y en el principio del Estado social de derecho, así en Sentencia T-153 de 1998.

(32) Sobre la síntesis de la doctrina constitucional de las relaciones de especial sujeción, en idénticos términos Cfr., Sentencia T-881 de 2002.

(33) En el mismo sentido ver las sentencias: T-596/92, T-065/95, C-318/95, T-705/96, T-1190/2003, T-490/2004, T-881/2002 y T-134/2005.

(34) Sentencia T-590 de 1998.

(35) Sentencia T-265 de 1999.

(36) Ídem. En igual sentido T-208 de 1999.

(37) Corte Constitucional, Sentencia T-590 de 1998.

(38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 12 de febrero de 2004, Exp. 14.955. Sentencia del 24 de junio de 2004, Exp. 14.950. Sentencia del 24 de junio de 1998, Exp: 14.406. Sentencia del 20 de febrero de 2008. Exp. 16.996.

(39) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de abril de 2006, Exp. 20.125, C.P. Alier Hernández Enríquez. Sentencia de 20 de febrero de 2008. Exp. 16996. C.P. Enrique Gil Botero, posición jurisprudencial reiterada en la sentencia del 29 de enero del 2009, Exp. 16975.

(40) La Sala, de tiempo atrás ha dicho que la falla del servicio ha sido en nuestro derecho, y continua siendo, el título jurídico de imputación por excelencia para desencadenar la obligación indemnizatoria del Estado; en efecto, si al juez administrativo le compete una labor de control de la acción administrativa del Estado y si la falla del servicio tiene el contenido final del incumplimiento de una obligación a su cargo, no hay duda que es ella el mecanismo más idóneo para asentar la responsabilidad patrimonial de naturaleza extracontractual. Al respecto ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de julio de 1993, Exp. 8163 y del 16 de julio de 2008, Exp. 16423, entre muchas otras.

(41) Si se tiene en cuenta que la comprensión mayoritaria —aunque deba darse cuenta de la existencia de pareceres discrepantes— niega que las omisiones puedan ser causa, en un sentido estrictamente naturalístico u ontológico, de un resultado, como lo han señalado, por vía de ejemplo, Mir Puig y Jescheck, de la siguiente manera: “resulta imposible sostener que un resultado positivo pueda haber sido causado, en el sentido de las ciencias de la naturaleza, por un puro no hacer (ex nihilo nihil fit)” (énfasis en el texto original), sostiene aquel; “La causalidad, como categoría del ser, requiere una fuente real de energía que sea capaz de conllevar un despliegue de fuerzas, y ello falta precisamente en la omisión (“ex nihilo nihil fit)”, afirma este. Cfr. Mir Puig, Santiago, Derecho Penal. Parte General, 5ª edición, Reppertor, Barcelona, 1998, p. 318 y Jescheck, Hans-Heinrich, Tratado de Derecho Penal. Parte General, Bosch, Barcelona, 1981, pág. 852, apud Mir Puigpelat, Oriol, La responsabilidad patrimonial de la administración sanitaria, cit., pp. 241-242.

Sin embargo, la tantas veces aludida distinción categorial entre causalidad e imputación permite explicar, precisamente, de forma mucho más coherente que si no se parte de la anotada diferenciación, la naturaleza del razonamiento que está llamado a efectuar el juez de lo contencioso administrativo cuando se le llama a dilucidar si la responsabilidad del Estado debe quedar comprometida como secuela no ya de una actuación positiva, sino como consecuencia de una omisión de la entidad demandada, pues aunque se admita que dicha conducta omisiva fenomenológicamente no puede dar lugar a la producción de un resultado positivo —de un daño—, ello no significa, automáticamente, que no pueda generar responsabilidad extracontractual que deba ser asumida por el omitente. Pero esa cuestión constituirá un asunto no de causalidad, sino de imputación.

Y es que en los eventos en los cuales la conducta examinada es una acción, para que proceda la declaratoria de responsabilidad resulta menester que exista relación de causalidad entre ella y el resultado, lo cual no es suficiente porque debe añadirse que este sea jurídicamente atribuible o imputable a aquella; pero, como señala Mir Puigpelat,

“... cuando la conducta es, en cambio, una omisión, la relación de causalidad no es solo insuficiente, sino, incluso, innecesaria (...) Y existirá imputación del resultado cuando el omitente tenía el deber jurídico de evitar el resultado lesivo, poseyendo la acción —debida— omitida capacidad para evitarlo. En el momento de comprobar esta última cuestión (la capacidad evitadora de la acción omitida) se examina si existe relación de causalidad entre la acción omitida y el resultado producido. Pero obsérvese bien: no es una relación de causalidad entre la omisión y el resultado, sino entre la acción (que, a diferencia de la omisión, sí tiene eficacia causal) no realizada y el resultado; y, además, es una causalidad meramente hipotética, entre una acción imaginada que no ha llegado a producirse y un resultado efectivamente acontecido. Los problemas fundamentales que se plantean, pues, en sede de omisión (y que son problemas de imputación), son la determinación de cuándo existe el deber jurídico de evitar el resultado (en definitiva, la determinación de cuándo se encuentra la administración en posición de garante de la víctima) y la concreción del grado de capacidad evitadora del resultado que exigimos a la acción omitida, partiendo de valoraciones normativas, para imputar el resultado a la omisión”. Cfr. Mir Puigpelat, Oriol, La responsabilidad patrimonial de la administración sanitaria, cit., págs. 242-244.

(42) Cf. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de octubre de 2008. Exp. 18586, M.P. Enrique Gil Botero.

(43) Nota original en la sentencia Citada: Robert, André, Les responsabilités, Bruselas, 1981, pág. 1039, citado por Tamayo Jaramillo, Javier, Tratado de responsabilidad civil, cit., pág. 19.

(44) Nota original en la sentencia Citada: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 20 noviembre de 1989, Jurisprudencia y Doctrina, tomo XIX, Bogotá, Legis, pág. 8.

(45) Nota original en la sentencia Citada: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 26 mayo de 1936, Gaceta Judicial, tomo XLIII, pág. 581.

(46) Nota original en la sentencia Citada: Cuyo tenor literal es el siguiente: “Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”.

(47) Nota original en la sentencia citada: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 26 de enero de 1982, Gaceta Judicial, tomo CLXV, pág. 21.

(48) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 26 de marzo de 2008, Exp. 16.530.

(49) En la anotada dirección, ha sostenido la Sala: “El hecho de la víctima, al decir de los hermanos Mazeaud, solo lleva “consigo la absolución completa” cuando “el presunto responsable pruebe la imprevisibilidad y la irresistibilidad del hecho de la víctima. Si no se realiza esa prueba, el hecho de la víctima, cuando sea culposo y posea un vínculo de causalidad con el daño, produce una simple exoneración parcial: división de responsabilidad que se efectúa teniendo en cuenta la gravedad de la culpa de la víctima. Henri y León Mazeaud, Jean Mazeaud. Lecciones de Derecho Civil. Parte Segunda. Ediciones Jurídicas Europa América. Buenos Aires. 1960, págs. 332 y 333”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de mayo dos (2) de dos mil siete (2007); Exp. 190012331000199800031 01; Rad. 24.972.

(50) Fls. 119 a 120 cdno. 2.

(51) Fls. 125 a 126 cdno. 2.

(52) Fls. 117 cdno. 2.

(53) Fls. 11 y 12 cdno.2.

(54) Fls. 117 cdno. 2.

(55) Fls. 117 cdno. 2.

(56) Fls. 117 cdno. 2.

(57) La Sala, de tiempo atrás ha dicho que la falla del servicio ha sido en nuestro derecho, y continua siendo, el título jurídico de imputación por excelencia para desencadenar la obligación indemnizatoria del Estado; en efecto, si al juez administrativo le compete una labor de control de la acción administrativa del Estado y si la falla del servicio tiene el contenido final del incumplimiento de una obligación a su cargo, no hay duda que es ella el mecanismo más idóneo para asentar la responsabilidad patrimonial de naturaleza extracontractual. Al respecto ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de julio de 1993, Exp. 8163 y del 16 de julio de 2008, Exp. 16423, entre otras.

(58) Al respecto consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 8 de abril de 1998, Exp. 11837, y del 18 de octubre del 2007, Exp. 15.828.

(59) Luis Josserand, Derecho Civil, Tomo II, Vol. I; Ed. Bosh y cia, Buenos Aires, 1950, pág. 341.

(60) “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizarán la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables”.

(61) Ambas con ponencia del consejero, doctor Enrique Gil Botero.

(62) “El daño subjetivo o daño a la persona es aquel cuyos efectos recaen en el ser humano, considerado en sí mismo, en cuanto sujeto de derecho, desde la concepción hasta el final de la vida. Por la complejidad del ser humano, los daños pueden efectuar alguna o algunas de sus múltiples manifestaciones o “maneras de ser”“. Fernández Sessarego, Carlos “El daño a la persona”, Revista de la facultad de derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, pág. 71 y ss.

(63) M.P. Enrique Gil Botero.

(64) Fl. 109 cdno. 2.