Sentencia 2001-01021 de noviembre 28 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 050012331000200101021 01 (18539)

Consejera Ponente:

Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

Demandante: Organización Coninsa y Ramón Hache S.A.

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN

Asunto: Devolución del impuesto sobre las ventas pagado en la adquisición de materiales de que trata el numeral 4º del artículo 424-5 del Estatuto Tributario

Bogotá, D. C. veintiocho de noviembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, la Sala decidirá si son nulos los actos administrativos por medio de los cuales la Administración de Impuestos Nacionales de Medellín rechazó la solicitud de devolución de las sumas pagadas en la adquisición de equipos y elementos, necesarios para la construcción de planta de tratamiento de aguas residuales San Fernando, excluidos del impuesto sobre las ventas, por el numeral 4º del artículo 424-5 del Estatuto Tributario.

Antes de iniciar el correspondiente análisis, es conveniente precisar en qué casos procede la exclusión del impuesto sobre las ventas al amparo del numeral 4º del artículo 424-5 del Estatuto Tributario.

El artículo 424-5, numeral 4º, del Estatuto Tributario, establece que los equipos y elementos nacionales o importados que se destinen a la construcción, instalación, montaje y operación de sistemas de control y monitoreo, necesarios para el cumplimiento de las disposiciones, regulaciones y estándares ambientales vigentes, están excluidos del impuesto sobre las ventas para lo cual deberá acreditarse tal condición ante el Ministerio del Medio Ambiente. Al efecto dispone:

“ART. 424-5.—Bienes excluidos del impuesto. Quedan excluidos del impuesto sobre las ventas los siguientes bienes:

(...)

4. Los equipos y elementos nacionales o importados que se destinen a la construcción, instalación, montaje y operación de sistemas de control y monitoreo, necesarios para el cumplimiento de las disposiciones, regulaciones y estándares ambientales vigentes, para lo cual deberá acreditarse tal condición ante el Ministerio del Medio Ambiente.

De conformidad con la norma transcrita, el legislador estableció, para la exclusión del impuesto sobre las ventas, las siguientes condiciones:

1. Que se trate de equipos y elementos nacionales o importados destinados a la construcción, montaje y operación de sistemas de control y monitoreo ambiental.

2. Que sean necesarios para el cumplimiento de las disposiciones, regulaciones y estándares ambientales vigentes.

3. Que se acredite su destinación mediante la certificación expedida por el Ministerio del Medio Ambiente.

Esta corporación, en sentencia del 25 de noviembre de 2004,(19) que en esta oportunidad se reitera, dijo que no se deduce de precepto legal alguno que la certificación que debe expedir el Ministerio del Medio Ambiente no pueda ser presentada y, a su vez, recibida en una etapa posterior.

Al respecto, precisó: “(...) Se tiene entonces que tanto de la normatividad tributaria como de la aduanera surge la condición específica para que se reconozca el beneficio de la exclusión del IVA en la importación de elementos y equipos destinados al desarrollo de programas del medio ambiente, consistente en la acreditación de su destinación mediante la certificación expedida por el Ministerio del Medio Ambiente en el momento de presentación y aceptación de la declaración de importación, tal como se indica en el inciso cuarto del aparte del concepto acusado. Pero lo que si no se infiere de norma alguna, es que la misma certificación no pueda ser “de recibo en una etapa posterior, cuando el importador que por cualquier circunstancia no la haya obtenido previamente y por la misma razón tampoco haya solicitado en la declaración de importación el beneficio de la exclusión del IVA, decida reclamar con posterioridad al derecho que le otorgaba la ley vigente al momento de realizar la importación, acudiendo a los procedimientos aduaneros establecidos para hacer viable tal reconocimiento. (...)”.

Advierte la Sala que aunque en la sentencia que antecede se centró el análisis en la procedencia de la exclusión del impuesto sobre las ventas en un caso en que la certificación del Ministerio del Medio Ambiente fue expedida con posterioridad a la importación de los elementos y equipos de que trata el numeral 4º del artículo 424-5 del Estatuto Tributario, esta misma conclusión es aplicable a los casos en los que las compras se realicen en el territorio nacional en la medida en que el soporte jurídico es el mismo.

En ese contexto, la Sala procede a analizar el caso concreto:

— Las Empresas Públicas de Medellín, dentro del programa “plan de saneamiento del río Medellín”, inició el proceso de licitación pública internacional PS-PO-14 para la construcción de las obras civiles generales de la planta de tratamiento de aguas residuales San Fernando.

— La referida licitación fue adjudicada al Consorcio Coninsa S.A. - Construcoes e Comercio Camargo Correa S.A. mediante la Resolución 58321 del 30 de septiembre de 1996(20).

— La adjudicación se materializó mediante el contrato 2/DJ/2183/43 que tenía una duración de 840 días calendario(21).

— El 24 de octubre de 1996, mediante Oficio 7-884, la actora presentó a la secretaría general del Ministerio del Medio Ambiente, solicitud de acreditación de la obra civil aludida como excluida del impuesto sobre las ventas, en relación con los elementos y equipos destinados a la construcción.

— Mediante el Oficio DAS-11-80-3036/96, del 25 de noviembre de 1996, la Dirección Ambiental Sectorial del Ministerio del Medio Ambiente le informó a la demandante cuáles eran los documentos necesarios para la evaluación técnico jurídica para la obtención de la acreditación, entre los cuales exigió una comunicación de las Empresas Públicas de Medellín en la que certificara que iba a ser la destinataria final de los equipos y la destinación de los mismos(22).

— El 10 de enero de 1997, la sociedad actora radicó, ante el aludido ministerio, la solicitud formal de acreditación, con los documentos exigidos en el oficio antes mencionado(23).

— El 29 de diciembre de 1997, el Viceministro del Medio Ambiente expidió la certificación 195 en la que manifestó que eran acreditables como bienes excluidos del impuesto sobre las ventas los elementos para el proyecto planta de tratamiento de aguas residuales San Fernando(24).

— El 30 de septiembre de 1998, la sociedad actora radicó, ante el aludido ministerio, la solicitud de acreditación de otros bienes para el desarrollo de la construcción de la planta de tratamiento San Fernando.

— El 4 de diciembre de 1998, el mismo viceministro expidió la certificación 482,(25) en la que dijo que son acreditables como bienes excluidos del impuesto sobre las ventas los elementos para la construcción, instalación, montaje y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales San Fernando; redes internas de acueducto y alcantarillado en diferentes diámetros; urbanismo y vías; sistema de comunicaciones interno para la operación y comunicación de la planta; estructuras en concreto para edificios, puente y tanques; elementos para el acabado arquitectónico de los diferentes edificios; y red eléctrica para conducir la energía y operar la planta e iluminación.

— En las mencionadas certificaciones, el ministerio precisó que las expedía, exclusivamente, para los efectos del beneficio tributario contemplado en el artículo 4º numeral 4º de la Ley 223 de 1995.

— Que, en virtud de la relación contractual antedicha, previo a la expedición de las aludidas certificaciones, la actora tuvo que adquirir los elementos y equipos necesarios para el cumplimiento del contrato 2/DJ/2183/43, cuyos proveedores le cobraron el impuesto sobre las ventas.

De lo anterior, advierte la Sala que el Ministerio del Medio Ambiente expidió la certificación 195, en relación con los bienes adquiridos en los años 1996 y 1997, el 29 de diciembre de 1997.

Así mismo, expidió la certificación 482, para los bienes adquiridos en el año 1998, el 4 de diciembre de 1998.

En los antecedentes del proceso, folios 2346 a 2499 del cuaderno 9 y 2500 a 2706 del cuaderno 10 del expediente, lo que no fue controvertido por la entidad demandada, se observan las facturas de compraventa con fechas correspondientes a los años 1996, 1997 y 1998 y los certificados de contador expedidos por los siguientes proveedores:

Sika Andina S.A., Metalmega S. de H., Triturados Medellín Ltda., Ingeniería de Concreto Ltda., Bombas y Montajes Ltda., Impac S.A., Distrinare Ltda. Suelos y Pavimentos Ltda. Agencias Nacionales Ltda., Energía y Potencia S.A., Compañía de Molduras y Lazos, Mangueras y Bandas S.A., Siderúrgica de Boyacá S.A., Compaques S.A., Compañía Pintuco S.A., Servicios de Montacargas Ltda., Arrendaequipos Ltda., Distrigrulla Nacional S.A., Colombiana de Bloques Ltda., Depósito Si Si, Eterna S.A.

Así mismo, en los folios 2101 a 2345 del cuaderno 8 y 1934 a 2100 del cuaderno 7, obran las facturas, expedidas por los siguiente proveedores: Euroequipos S.A., Casa Ferretera S.A., Equipress, Cementos El Cairo S.A., Conconcreto S.A., Carpintería Metálica Ltda., Metálicas El Túnel Ltda., Walter Bridge y Cía. Ltda., Disprotec, Soldaseg Ltda., Unicor S.A., Coninsa S.A., Indural S.A., Equipos y Construcciones S.A., Andamios y Encofrados S.A., Estaco Ltda.

Obran también en el expediente facturas de los proveedores, Siderúrgica de Medellín S.A.,(26) Manufacturas de Cemento S.A.,(27) Unión Eléctrica Ltda.,(28) Asfaltadora Colombia Ltda.,(29) Acuacentro S.A.,(30) Guía Ltda.(31) Equipos Gleason S.A.,(32) Cimbrados S.A.,(33) Compañía de Empaques S.A.,(34) Incivilco Ltda.,(35) Construacero Ltda.(36) y Compañía de Cementos Argos S.A.(37).

La Sala reitera que las certificaciones que fueron solicitadas por la demandante con la debida antelación e indicación del objeto de las mismas, de conformidad con el artículo 424-5 del Estatuto Tributario, fueron expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente, con posterioridad a la adquisición de los bienes, pero dicha demora no puede tener como consecuencia la pérdida, para la actora, del beneficio fiscal.

En ese contexto, por cumplir la actora con la exigencia prevista en el numeral 4º del artículo 424-5 del Estatuto Tributario para la procedencia de la exclusión del IVA, y una vez obtenida la acreditación emanada del Ministerio del Medio Ambiente, sobre la destinación de los equipos y maquinaria adquiridos con destino a la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales San Fernando, tiene derecho a solicitar la DIAN la devolución del Impuesto sobre las ventas pagado en la adquisición de los materiales de construcción.

En cuanto al procedimiento para solicitar la devolución del IVA, la Sala advierte que no son los proveedores los llamados a solicitarla, porque en estos casos solo cumplen con el deber formal de declarar el impuesto recaudado, mientras que la sociedad Coninsa & Ramón Hache S.A. pagó el impuesto y, por ende, es la titular del derecho a reclamar la devolución del mismo, por cuanto quien tributa es el comprador, por lo que para la Sala procede la devolución solicitada en aplicación de los principios de prevalencia del derecho sustancial y espíritu de justicia.

Lo anterior teniendo en cuenta que el pago a los proveedores se generó con motivo de la realización de actos de comercio relativos a actividades que el legislador reconoció como excluidas del impuesto sobre las ventas que se consideran como un pago de lo no debido, y que además, se encuentran en poder de la administración tributaria, por efecto de la declaración tributaria presentada por los vendedores, razón por la cual, deben ser recuperar vía solicitud de devolución a la DIAN.

En relación con la naturaleza del pago realizado por la actora, el artículo 2313 del Código Civil, define:

“Pago de lo no debido. Si el que por error ha hecho un pago, prueba que no lo debía, tiene derecho para repetir lo pagado.

Sin embargo, cuando una persona, a consecuencia de un error suyo, ha pagado una deuda ajena, no tendrá derecho de repetición contra el que, a consecuencia del pago, ha suprimido o cancelado un título necesario para el cobro de su crédito, pero podrá intentar contra el deudor las acciones del acreedor”.

Por su parte, el artículo 21 del Decreto 1000 de 1997, dispone:

“Término para solicitar y efectuar la devolución de pagos de lo no debido. Habrá lugar a la devolución o compensación de los pagos efectuados a favor de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales sin que exista causa legal para hacer exigible su cumplimiento, para lo cual deberá presentarse solicitud ante la administración de impuestos y aduanas donde se efectuó el pago, dentro del término establecido en el artículo 11 del presente decreto. La administración para resolver la solicitud contará con el término establecido en el mismo artículo”.

De conformidad con las anteriores disposiciones, procede la devolución o compensación de los pagos hechos a favor de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, sin que exista causa legal para exigir su cumplimiento.

Al adquirir los materiales de construcción, la actora pagó impuesto sobre las ventas en cuantía de $ 507.719.862; posteriormente, el Ministerio del Medio Ambiente certificó que tales bienes estaban excluidos del mencionado gravamen, lo que significa que el pago realizado corresponde a un pago de lo no debido, a cuya devolución tiene derecho.

En consecuencia, la Sala declarará la nulidad de los actos administrativos demandados. A título de restablecimiento del derecho, y con el propósito de resarcir la pérdida del poder adquisitivo del dinero, la Sala considera que, previas las compensaciones a que haya lugar, como lo ordena el artículo 855 del Estatuto Tributario, se deben reconocer los intereses legales de que trata el artículo 1617 del Código Civil, desde la fecha del pago de la suma de $ 507.719.862, hasta el 20 de septiembre de 1999, fecha de presentación de la solicitud de devolución.

La tarifa de los intereses legales es la del 6%, prevista en el artículo 2232 del Código Civil y la fórmula que se deberá aplicar para su liquidación es la siguiente:

I = Vh x N x 0.5%

Donde Vh corresponde al saldo crédito a devolver y N es el periodo de liquidación.

Así mismo, estima la Sala que deben reconocerse los intereses corrientes previstos en el artículo 863 del Estatuto Tributario, desde el 3 de noviembre de 1999, fecha en la que se negó la devolución, hasta la ejecutoria de esta sentencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia del 1º de junio de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la organización Coninsa & Ramón Hache contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.

En su lugar se dispone:

1. ANÚLANSE las resoluciones 67 del 3 de noviembre de 1999, 88 del 28 de noviembre de 2000 y la modificatoria 3 del 1º de diciembre de 2000, proferidas por la Administración de Impuestos Nacionales de Medellín.

2. A título de restablecimiento del derecho ORDÉNASE a la entidad demandada devolver la suma de $ 507.719.862, junto con los intereses legales y corrientes liquidados en la forma expuesta en la parte considerativa de la presente providencia.

3. RECONÓCESE personería al abogado Julio Cesar Ruiz Muñoz como apoderado de la DIAN, en los términos del poder que aparece en el folio 237 del cuaderno principal.

Cópiese, notifíquese y comuníquese. Devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(19) Sección Cuarta, Expediente 13533, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.

(20) Folios 116 a 119 del cuaderno de anexos.

(21) Ídem.

(22) Folios 47 a 48 del cuaderno de anexos.

(23) Folios 49 a 51del cuaderno de anexos.

(24) Folios 20 a 33 del cuaderno de anexos.

(25) Folios 11 al 19 del cuaderno de anexos.

(26) Folios 1200 a 1380 del tomo 4.

(27) Folios 1703 a 1825 del tomo 6.

(28) Folios 1827 a 1933 del tomo 6.

(29) Folios 1555 a 1587 del tomo 5.

(30) Folios 1589 a 1682 del tomo 5.

(31) Folios 1684 a 1702 del tomo 5.

(32) Folios 1044 a 1076 del tomo 3.

(33) Folios 1077 a 1100 del tomo 3.

(34) Folios 1101 a 1124 del tomo 3.

(35) Folios 1126 a 1177 del tomo 3.

(36) Folios 1179 a 1199 del tomo 3.

(37) Folios 1382 a 1554 del tomo 4.