Sentencia 2001-01049 de junio 27 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Radicación: 250002326000200101049 02

Expediente: 30.302

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Rosa María Aguirre Garzón y otros

Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec

Referencia: Apelación sentencia - Reparación directa

Bogotá, D.C., veintisiete de junio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia de la Sala.

La Sala es competente para conocer del asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferido el 10 de noviembre de 2004, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como quiera que la demanda se presentó el día 18 de mayo de 2001 y la pretensión mayor se estimó, en la suma de 3.000 gramos de oro, equivalentes a $ 62'420.550 por concepto de perjuicio moral a favor de cada uno de los demandantes, la cual supera el momo exigido para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia ante esta corporación para aquella época, esto es $ 26'390.000(15).

2. Ejercicio oportuno de la acción.

De otra parte, en cuanto a la oportunidad para formular la presente acción indemnizatoria, advierte la Sala que la misma se interpuso dentro de los dos (2) años que establece el numeral 8º del artículo 36 del Código Contencioso Administrativo, toda vez que el daño por cuya indemnización se demandó, esto es la muerte del señor José Nibardo Fajardo Bustos, se produjo el 21 de mayo de 1999, razón por la cual, por haberse interpuesto la demanda el día 18 de mayo de 2001, se impone concluir que se formuló oportunamente.

3. El objeto del recurso de apelación.

Previo a abordar el análisis de fondo resulta necesario señalar que el recurso de apelación interpuesto por la parte actora está encaminado a obtener la indemnización por perjuicios morales a favor de los hermanos mayores del señor José Nibardo Fajardo Bustos, así como del perjuicio material, en la modalidad de lucro cesante, a favor de la compañera permanente de la víctima.

Lo anterior obliga a destacar que el recurso que promueve el apelante único, cuya situación no puede desmejorarse en virtud del principio constitucional de la no reformatio in pejus, se encuentra limitado a los aspectos indicados, consideración que cobra mayor significado en el sub lite si se tiene presente que la ocurrencia del hecho dañoso, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedió, así como la imputación de responsabilidad patrimonial no fueron controvertidas por la parte recurrente, de manera que ninguna precisión efectuará la Sala en relación con el régimen de responsabilidad y el daño antijurídico, puesto que los referidos son puntos de la litis que han quedado fijados con la decisión que profirió el tribunal a quo(16).

Así las cosas, la Sala, en condición de juez de la segunda instancia, se contraerá al estudio de los motivos de inconformidad planteados en el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.

4. El caso concreto.

4.1. Indemnización por perjuicios morales a favor de los hermanos mayores.

La parte demandante hizo consistir su inconformidad en el hecho de que el tribunal de primera instancia negó el reconocimiento del perjuicio moral causado o los hermanos mayores de la víctima, conclusión a la que arribó al haber desestimado los testimonios rendidos en el proceso administrativo, por entender que en el proceso disciplinario adelantado por el Inpec, la señora Nubia Inés Fajardo Bustos —demandante— había rendido declaración en la que habría manifestado que durante el término de la reclusión de su hermano —6 meses— lo había visitado por una sola vez, debido a que los compromisos laborales le impedían hacer visitas en forma periódica.

En relación con el perjuicio moral ha reiterado la jurisprudencia de la corporación que la indemnización que se reconoce a quienes sufran un daño antijurídico tiene una función básicamente satisfactoria(17) y no reparatoria del daño causado y que los medios de prueba que para el efecto se alleguen al proceso pueden demostrar su existencia pero no una medida patrimonial exacta frente al dolor, por lo que corresponde al juez tasar discrecionalmente la cuantía de su reparación, teniendo en cuenta la gravedad del daño causado al demandante y las circunstancias en que tal hecho se produjo. La magnitud del dolor puede ser apreciada por sus manifestaciones externas y por esto se admite para su demostración cualquier tipo de prueba(18).

Igualmente se ha definido en diversos pronunciamientos que la condición personal de la que pende la demostración del daño es la de “damnificado”, puesto que “tanto el parentesco dentro de ciertos grados (padres, hijos y hermanos), como el vínculo matrimonial, hacen presumir tal condición y por consiguiente la legitimación”(19). Se ha explicado, igualmente, que en el proceso de reparación directa no interesa la demostración de la calidad de heredero sino la de damnificado(20) y que esta se puede probar a lo largo del proceso(21).

De igual manera se ha precisado que no se puede confundir la prueba del estado civil con la prueba de la legitimación material en la causa y que cuando la jurisprudencia partió de la prueba del parentesco para deducir, judicialmente, que una persona se halla legitimada materialmente, por activa, lo ha hecho porque infiere de la prueba del estado civil —contenido en el registro o en la copia de este—, su estado de damnificado. Es por ello que cuando el demandante no acredita el parentesco —relación jurídica civil—, debe demostrar la existencia de este para probar su estado de damnificado.

Puede concluirse de lo que se deja visto que con la demostración del estado civil se infiere el daño —presunción de damnificado—, y probando el daño, se demuestra el estado de damnificado.

Ahora bien, en relación con el caso que ocupa la atención de la Sala, se tiene que como sustento de la legitimación en la aspiración indemnizatoria, obra dentro del expediente la copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor José Nibardo Fajardo Bustos(22), documento que acredita que la señora Ubaldina Bustos es su madre. Igualmente, con la respectiva copia auténtica de su registro civil de nacimiento, aparece acreditado el vínculo de parentesco en calidad de hermanos de la víctima respecto de los señores Norberto Ignacio Osorio Bustos(23), Margarita Bustos(24), Nubia Inés Fajardo Bustos(25) y Edilson Bustos(26).

Resulta necesario dejar claro que en relación con los hermanos mayores, la Sala Plena de la corporación sostuvo en alguna época que resultaba necesario probarse el dolor moral, a partir de la acreditación de la relación afectiva que existiera entre estos y la víctima, porque este daño no se infería de la sola existencia del vínculo de consanguinidad(27), criterio que fue abandonado por la Sección(28), al considerar que no había ninguna razón para inferir que no se dispensara afecto entre los hermanos, circunstancia que resulta natural(29).

Además de la prueba documental antes relacionada reposan en el expediente las declaraciones rendidas por los señores Luis Alfonso Jiménez Benito y Florinda Vargas Arias(30), las que considera la Sala no pueden ser desvirtuadas por efecto de la manifestación hecha por la demandante Nubia Inés Fajardo Bustos en el proceso disciplinario, quien, en esa oportunidad, dijera que no le había sido posible visitar a su hermano más de una vez durante el tiempo en que estuvo recluido en el centro carcelario —6 meses— porque sus compromisos laborales se lo habían impedido, manifestación que no tiene el alcance deducido por el a quo en el sentido de indicar que entre los hermanos no se dispensaron amor filial o que sus relaciones estuviesen rotas o que entre ellos existiese enemistad, máxime si se tiene. en cuenta que fue la misma Nubia Inés quien se acercó a la oficina de identificación de personal del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses(31) a reclamar el cuerpo de su hermano muerto en hechos ocurridos dentro del centro de reclusión en donde se encontraba.

Además de la manifestación realizada por la señora Nubia Inés Fajardo Bustos, en el sentido de serle imposible visitar con frecuencia a su hermano que —como se ha dicho— no tiene el alcance que le otorgó el a quo, no se encuentra otra prueba que permita deducir que las relaciones entre los hermanos José Nibardo Fajardo Bustos, Norberto Ignacio Osorio Bustos, Margarita Bustos, Nubia Inés Fajardo Bustos y Edilson Bustos, fuera de enemistad o desafecto, por el contrario, los testigos manifestaron que era una familia unida, que se dispensaban amor filial y que la muerte de José Nibardo Fajardo Bustos les causó un profundo dolor.

Siguiendo los criterios jurisprudenciales enunciados, considera la Sala que en el sub judice el dolor moral y la aflicción que padecieron los demandantes por la muerte de su hermano José Nibardo Fajardo Bustos se infiere a partir de la existencia del vínculo de consanguinidad y no ha sido desvirtuado por ninguno prueba, razón por la que en esta oportunidad se ordenará pagar, en moneda nacional, a monto indemnizatorio reconocido de acuerdo con los lineamientos trazados por la Sala a partir de la sentencia de 6 de septiembre de 2001(32), mediante la cual la Sección abandonó el criterio en el que se consideraba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980 para establecer el valor de la condena por concepto de indemnización de perjuicios morales.

Así las cosas, resulta pertinente reconocer por concepto de indemnización por el daño moral padecido con los hechos a los que se refiere la demanda, las siguientes sumas a favor de cada uno de los siguientes demandantes:

• Para Norberto Ignacio Osorio Bustos, Margarita Bustos, Nubia Inés Fajardo Bustos y Edilson Bustos, en calidad de hermanos de la víctima, la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno.

4.2. Indemnización por perjuicios materiales - lucro cesante.

El otro motivo de inconformidad de la parte demandante consiste en la negativa al reconocimiento del perjuicio material en la modalidad de lucro cesante a favor de la señora Rosa María Aguirre Garzón, compañera permanente del señor José Nibardo Fajardo Bustos, reconocimiento que le fue negado por considerar el a quo que no existía prueba en el proceso que permitiera deducir que el señor Fajardo Bustos, antes de ser privado de la libertad, desempeñara alguna labor por la que percibiera remuneración, ni tampoco de que, una vez fue recluido en el centro carcelario, realizara alguna labor que le significara ingresos periódicos. Para controvertir tal visión, señaló que reposa en el expediente copia de la cartilla biográfica del señor José Nibardo Fajardo Bustos, en la que se lee que el interno laboraba en el taller de ebanistería, de lo cual concluye que la vida del señor Fajardo dentro del penal no era ociosa.

Se encuentra copia auténtica de la reseña que le realizó el Inpec al interno José Nibardo Fajardo Bustos, al momento en el que ingresó al centro penitenciario en donde se dejó consignada como fecha de ingreso el 30 de noviembre de 1998, para cumplir una pena de 28 años de prisión correspondiente a la condena impuesta por el Juzgado 14 Penal del Circuito de Bogotá(33).

De otro lado, revisado el expediente no se encuentra prueba que permita deducir que —como afirma la demanda— el interno laborara en la ebanistería. Tampoco se trajo al proceso prueba sobre la actividad productiva que hubiera desarrollado el señor Fajardo Bustos antes de ser recluido en el centro penitenciario.

Así las cosas y como quiera que en el momento del hecho el señor José Nibardo Fajardo Bustos no estaba desarrollando ninguna actividad productiva, se negará la solicitud de indemnización de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, solicitada(34).

5. Condena en costas.

Comoquiera que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICAR la sentencia apelada, esto es la proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 10 de noviembre de 2004, la cual quedará así:

1. Declarar administrativa y patrimonialmente responsable al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, por los perjuicios ocasionados a los demandantes con la muerte del señor José Nibardo Fajardo Bustos.

2. Condenar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, a título de perjuicios morales a pagar a Norberto Ignacio Osorio Bustos, Margarita Bustos, Nubia Inés Fajardo Bustos y Edilson Bustos, en calidad de hermanos de la víctima, la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno.

3. Negar las demás pretensiones de la demanda.

4. Expedir copias con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995 y serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

5. Sin condena en costas.

6. Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(15) Decreto 597 de 1988.

(16) Este criterio fue expuesto por la Sala en sentencia de 26 de enero de 2011, expediente 20.955, Consejero Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez y reiterado en sentencias de 11 de abril de 2012, expediente 27.106, y de 9 de mayo de 2012, expedientes 23.631 y 23.770, Consejero Ponente: Dr. Hernán Andrade Rincón.

(17) En tratándose del perjuicio o daño moral por la muerte o las lesiones de un ser querido, la indemnización tiene un carácter satisfactorio, toda vez que —por regla general— no es posible realizar una restitución in natura, por lo que es procedente señalar una medida de satisfacción de reemplazo, consistente en una indemnización por equivalencia dineraria. Al respecto puede consultarse el criterio doctrinal expuesto por el Dr. Renato Scognamiglio, en su obra El daño moral. Contribución a la teoría del daño extracontractual, traducción de Fernando Hinestrosa, Bogotá, Edit. Antares, 1962, pág. 46.

(18) Ver, por ejemplo, sentencia de 2 de junio de 2004, expediente: 14.950. En el mismo sentido, se ha determinado que es razonable que el juez ejerza su prudente arbitrio al estimar el monto de la compensación por el perjuicio moral y que para el efecto han de tenerse en consideración los lineamientos expresados en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, en virtud de los cuales, dentro de los procesos contencioso administrativos: “la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad”.

(19) Sentencia de 26 de octubre de 1993, expediente 7793.

(20) Sobre las diferencias existentes entre esas dos calidades, puede consultarse la sentencia proferida por la Sección el 1º de noviembre de 1991, expediente 6469, criterio que fue igualmente reiterado en sentencia de 24 de mayo de 2001, expediente 12.819, Consejera Ponente: Dra. María Elena Giraldo y más recientemente por la Sala en sentencias de 27 de enero de 2012, expediente 19.983; 21 de marzo de 2012, expediente 21.398, sentencia de 9 de mayo de 2012, expediente 22.265, con ponencia del Dr. Hernán Andrade Rincón.

(21) Sentencia de 1º de octubre de 1993, expediente 6657.

(22) Folio 2 del cuaderno 2.

(23) Folio 3 del cuaderno 2.

(24) Folio 4 del cuaderno 2.

(25) Folio 6 del cuaderno 2.

(26) Folio 8 del cuaderno 2,

(27) En relación, con el tema se pueden consultar las siguientes sentencias: de noviembre 5 de 1997, expediente S-259; de marzo 25 de 1993, expediente S-064; de mayo 18 de 1990, expediente S-121. Criterio que fue sostenido por la Sección, entre otros, en la sentencia de 13 de septiembre de 1999, expediente 15.504.

(28) Se abandonó la tesis anterior en sentencia del 17 de julio de 1992, Actor Luis María Calderón, M.P. Daniel Suárez Hernández.

(29) Ver entre otras la sentencia de julio 17 de 1992, expediente 6750.

(30) Visibles a folios 67 a 69, 150 y 151 del(sic).

(31) Así consta en certificación expedida por la fiscal treinta y dos adscrita a la unidad tercera de vida, en el informe de identificación presentado por el Instituto Colombiano de Medicina Legal y en la autorización de entrega de cadáver, visibles a folios 126, 140 y 54 del cuaderno 4.

(32) Expedientes acumulados 13.232 y 15.646.

(33) La reseña fue enviada por el Inpec mediante Oficio 2041 del 3 de marzo de 2004, visible a folios 155 a 158 del cuaderno 2.

(34) En tal sentido, puede consultarse la sentencia dictada el día 9 de junio de 2010 dentro del expediente 19.849, M.P. Enrique Gil Botero, en la cual se indicó: <<Respecto del perjuicio material solicitado, no se reconocerá lucro cesante solicitado en favor de José William Rico Mendoza, como quiera que al momento del hecho no estaba desarrollando ninguna actividad productiva, pues se encontraba cumpliendo una pena de prisión de 40 años».