Sentencia 2001-01075 de julio 30 de 2009

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2001-01075-01

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Autoridades Nacionales

Actora: C.I. Confecciones Jolly S.A.

Bogotá, D.C., treinta de julio de dos mil nueve.

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la DIAN contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia de 29 de abril de 2004, que accedió a las pretensiones de la demanda.

EXTRACTOS:«VI. Consideraciones de la Sala

El jefe de la división de liquidación de la DIAN-Administración Medellín profirió la Resolución 2927 de 28 de septiembre de 2000, por medio de la cual sancionó a la actora con multa de $ 209’438.456, por no poner a disposición la mercancía de la cual no se demostró el cumplimiento total de exportación dentro del programa M.P. 1575, según el artículo 503 del Decreto 2685 de 1999.

Por Resolución 4020 de 18 de diciembre de 2000, el jefe de la división jurídica de la DIAN decidió el recurso de reconsideración interpuesto por la actora contra la decisión anterior, confirmando la decisión sancionatoria y modificando el monto de la sanción, cuyo valor final quedó en $ 209.347.112.

Corresponde a la Sala determinar si la multa impuesta a C.I. Confecciones Jolly S.A. por no poner a disposición de la DIAN la mercancía a la luz del artículo 503 del Decreto 2685 de 1999 se ajusta a derecho, ya que para la actora, dicha norma no estaba vigente en el momento de ocurrencia de los hechos.

La citada norma establece:

“ART. 503.—Sanción a aplicar cuando no sea posible aprehender la mercancía.

Cuando no sea posible aprehender la mercancía por haber sido consumida, destruida, transformada o porque no se haya puesto a disposición de la autoridad aduanera, procederá la aplicación de una sanción equivalente al doscientos por ciento (200%) del valor en aduana de la misma, que se impondrá al importador o declarante, según sea el caso.

También se podrá imponer la sanción prevista en el inciso anterior, al propietario, tenedor o poseedor, o a quien se haya beneficiado de la operación, o a quien tuvo derecho o disposición sobre las mercancías, o a quien de alguna manera intervino en dicha operación, salvo que se trate de un adquirente con factura de compraventa de los bienes expedida con todos los requisitos legales. Si se trata de un comerciante, la operación deberá estar debidamente registrada en su contabilidad.

En aquellos casos en que no se cuente con elementos suficientes para determinar el valor en aduana de la mercancía que no se haya podido aprehender, para el cálculo de la sanción mencionada se tomará como base el valor comercial, disminuido en el monto de los elementos extraños al valor en aduana, tales como el porcentaje de los tributos aduaneros que correspondan a dicha clase de mercancía.

La imposición de la sanción prevista en este artículo no subsana la situación irregular en que se encuentre la mercancía, y en consecuencia, la autoridad aduanera podrá disponer en cualquier tiempo su aprehensión y decomiso”.

Para analizar la validez y rigurosidad del trámite aduanero que se adelantó en el caso sub-iudice, es preciso aclarar como primera medida, que según el decreto Ley 444 de 1967 “sobre régimen de cambios internacionales y de comercio exterior”, el plan Vallejo es un régimen especial de importaciones-exportaciones consistente en que quien importa materias primas e insumos para ser utilizados en la producción de bienes con destino a ser vendidos en el exterior, obtiene, de una parte, beneficios tributarios y aduaneros, y, de la otra, la obligación de reexportar los bienes producidos en un plazo determinado debiendo acreditar ante la entidad respectiva (Incomex) la exportación de los productos en la cantidad y calidad acordada.

Está probado en el expediente que a la actora le fue autorizado el programa Plan Vallejo MP 1575 (feb. 5/95) e importó materias primas para utilizarlas en productos que debían ser exportados; sin embargo, según se lee a folio 11 del cuaderno de antecedentes, incumplió las obligaciones adquiridas al no demostrar ante el Incomex de manera oportuna, esto es el 12 de agosto de 1998, la exportación de los bienes producidos con los importados temporalmente.

El Incomex, mediante Resolución 0090 de 26 de octubre de 1998 (fl. 25, cdno de antecedentes) declaró el incumplimiento de la obligación adquirida, dispuso la efectividad de la garantía y comunicó a la DIAN para lo de su competencia, al verificar que al vencimiento del plazo del régimen especial, la actora no había demostrado la exportación de los productos elaborados con las materias primas introducidas al país bajo el régimen del plan Vallejo.

Ante el incumplimiento advertido por el Incomex, la DIAN procedió a declarar responsable a la actora por no poner a disposición de la Administración la mercancía de la cual no se demostró el cumplimiento total de exportación del programa MP 1575, conforme lo establecido en el artículo 503 del Decreto 2685 de 1999 (fl. 15, cdno antecedentes).

De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala los hechos objeto de cuestionamiento por parte de la administración se presentaron el 26 de octubre de 1998, fecha en que el Incomex, mediante Resolución 090, declaró el incumplimiento de la obligación por parte de la actora y comunicó a la DIAN para lo de su competencia, época para la cual, la norma vigente en materia de importaciones y exportaciones era el Decreto 1909 de 1992.

En consecuencia, si la actora no pudo demostrar ante el Incomex el cumplimiento de la obligación de exportar los bienes producidos con las materias primas introducidas al país, lo lógico era considerar que las mercancías que debieron exportarse y no lo fueron, en principio, se encontraban de manera ilegal en el país; y ante la imposibilidad de su decomiso, que es la medida procedente por dicha causa, se debió imponer la exigencia del pago del 200% del valor de la mercancía, al tenor de lo dispuesto en el artículo 73 del Decreto 1909 de 1992, que reza:

ART. 73.—Sanción a aplicar cuando no sea posible aprehender la mercancía. Modificado por el artículo 12 del Decreto 1800 de 1004. Cuando la mercancía no se haya podido aprehender por haber sido consumida, destruida, transformada, porque no se haya puesto a disposición de la autoridad aduanera o por cualquier otra circunstancia, procederá la aplicación de una sanción equivalente al 200% del valor de la misma.

La sanción prevista en el inciso anterior se impondrá a quien se haya beneficiado de la operación, a quien tuvo derecho o disposición sobre las mercancías o a quien de alguna manera intervino en dicha operación. Esta sanción se podrá aplicar de manera solidaria a los responsables por la infracción.

En aquellos casos en que no se cuente con elementos suficientes para determinar el valor de la mercancía que no se ha podido aprehender, para el cálculo de la sanción mencionada se tomará como base el valor comercial, disminuido en el monto de los elementos extraños al valor en aduana, tales como el porcentaje de los tributos aduaneros que correspondan a dicha clase de mercancías” (negrilla fuera de texto).

Para la Sala, no había lugar a que la demandada aplicara el Decreto 2685 de 1999, ya que este entró a regir el 1º de julio de 2000 (1) , mientras que el acto que declaró el incumplimiento (Res. 090), había sido proferido el 26 de octubre de 1998, en vigencia del artículo 73 del Decreto 1909 de 1992.

Fuerza es entonces, confirmar la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. CONFÍRMASE la sentencia apelada de 29 de abril de 2004 del Tribunal Administrativo de Antioquia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y, en firme esta providencia, devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala el 30 de julio de 2009».

(1) Publicado en el Diario Oficial 43.834 de 30 de diciembre de 1999.

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