Sentencia 2001-011195 de agosto 29 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Proceso: 2500023260002001011195-01 (28170)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Actor: María Noralba Sáenz y otros

Demandado: Inpec

Acción: Reparación directa

Bogotá, D.C., veintinueve de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia.

Esta corporación es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en contra de la sentencia que accedió parcialmente a las pretensiones, dado que la cuantía de la demanda alcanza la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988(4), para que esta Sala conozca de la acción de reparación directa en segunda instancia.

2.2. Asunto que la Sala debe resolver.

Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad pública, contra la sentencia de 3 de junio de 2004, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con miras a determinar la responsabilidad de la administración accionada en los hechos en los que resultó muerto el señor José Lizardo Mejía Benavides, dentro de las instalaciones de la cárcel La Modelo de la ciudad de Bogotá, habida cuenta de que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —Inpec— insiste en que, por tratarse del hecho de un tercero, el daño no le resulta imputable.

Debe en consecuencia la Sala entrar a analizar el daño y los hechos probados, con miras a establecer la responsabilidad endilgada a la acción u omisión de la entidad pública accionada, pues, de ser ello así, la sentencia habrá de confirmarse.

2.2.1. Hechos probados.

Serán tenidos en cuenta los documentos aportados por la parte actora en las oportunidades legales(5), los remitidos por la entidad pública demandada, las respuestas de diversas autoridades a los requerimientos del tribunal y los testimonios recibidos en el curso del presente asunto, pues se trata de pruebas decretadas y practicadas dentro de las oportunidades procesales.

De conformidad con el acervo probatorio que reposa en la actuación, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:

2.2.1.1. El 31 de mayo de 1999 murió el señor José Lizardo Mejía Benavides por múltiples heridas causadas por arma de fuego. De ello da cuenta el registro civil en el que consta la inscripción de su defunción(6) (copia auténtica, fl. 12, cdno. 2) y el protocolo de necropsia Nº 02411-1999, a cuyo tenor se lee:

“Nombre: Mejía Benavides Lisandro Edad: 40 Sexo: M

Fecha de ingreso: 31/05/1999 Hora: 03 Acta de Levantamiento Nº 3910-1508

Procedencia del cadáver: Cárcel Nacional Modelo

Necropsia solicitada por fiscal: 303 Fecha muerte: 31/05/1999

Fecha necropsia: 31/05/1999 Hora: 11 Causa muerte: arma de fuego

(...).

Resumen de los hechos y datos de la escena

No se realiza descripción de la escena. No se practica la inspección en el patio por seguridad del personal. El occiso se encontró sobre una camilla, al igual que un fragmento de plomo.

Según dragoneante del Inpec, se escucharon unas detonaciones de arma de fuego y a los diez minutos aproximadamente bajaron a la parte superior a un interno al parecer herido. ‘... opera la voz del silencio (...) escuché entre 8 y 10 disparos’.

Examen externo

Descripción del cadáver

Se recibe en bolsa plástica negra, el cadáver de un hombre vestido, con heridas por proyectil de arma de fuego en tórax, dorso y extremidades.

(...).

Estudios solicitados

Hemoclasificación

Toxicología: sangre y orina en reserva.

Balística: un proyectil en plomo y uno blindado recuperados en la necropsia. Prendas. Según informe de balística los disparos sobre el tórax fueron efectuados a corta distancia y los del miembro inferior izquierdo a larga distancia. Ver informes.

Absorción atómica.

Identificación: fue identificado fehacientemente mediante cotejo dactiloscópico positivo como Lisardo (sic) Mejía Benavides, con c.c. 12.187.414(7) de Garzón Huila”.

Según el acta de necropsia, los médicos legistas encontraron cinco orificios de entrada por proyectil de arma de fuego en la región pectoral, piernas y pies. Concluyeron que la muerte de José Lizardo Mejía Benavides fue el resultado de un “... shock hipovolémico secundario a hemotórax bilateral masivo como consecuencia de heridas pulmonares, esofágica, aórtica y osteomusculares producidas por proyectil de arma de fuego. Probable manera de muerte: Homicidio” (documento remitido por Instituto de Medicina Legal, mediante oficio 2722-2002 GTF.COR, fls. 26-48 cuaderno 2).

2.2.1.2. El acervo probatorio que reposa en el plenario permite establecer que el señor José Lizardo Mejía Benavides murió estando detenido en la cárcel del distrito judicial La Modelo de la ciudad de Bogotá, a órdenes de la justicia regional, porque así lo acreditan el protocolo de necropsia al que atrás se hizo mención y el registro de defunción. Esto último, así en el acta el nombre del occiso figure escrito con “S” o aparezca como “Lisandro”, aspecto este sin trascendencia, si se considera que, según las boletas de visita Nº 42414 de 12 de enero de 1996, “válida por 3 meses”, expedida por la secretaria común de la dirección regional de fiscalías con destino a la cárcel La Modelo de la ciudad de Bogotá, para permitir el ingreso de la señora Lucyney Mejía Sáenz —hija de la víctima—, “para visitar en horas reglamentarias al inculpado Lizardo Mejía, actualmente detenido por cuenta de esta jurisdicción dentro del proceso radicado bajo el número 7635” y la expedida el 12 de diciembre de 1997, “válida por 3 meses”, a favor de la señora Blanca Myriam Mejía Benavides, “para que visite a José Lizardo Mejía, recluido en ese establecimiento carcelario por cuenta de estos juzgados, dentro del proceso 3803”; demuestran que el padre y allegado a los demandantes de nombre José Lizardo Mejía Benavides, se encontraba recluido en la cárcel La Modelo.

Igual circunstancia demuestra la autorización del fiscal regional, ante las unidades investigativas de Neiva, fechada el 27 de febrero de 1998, a la señora Lucyney Mejía Sáenz, “para visitar al interno José Lizardo Mejía, durante el periodo correspondiente del 27 de febrero al 27 de abril de 1998” (originales, fls. 15-17, cdno. 2).

2.2.1.3. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario dio cuenta de haber iniciado investigación por la muerte del interno José Lizardo Mejía Benavides, radicada bajo el número 05-F-35/99, aunque no allegó la documentación que al respecto le fue solicitada.

La Procuraduría General de la Nación, por su parte, puso de presente que “... a la fecha no hay registro de investigación disciplinaria alguna relacionada con los hechos ocurridos en mayo 31 de 1999, en la cárcel Modelo de esta ciudad, en donde murió Lisandro (sic) Mejía Benavides” (originales, fls. 69 cdno. 1 y 49-50 cdno. 2).

De conformidad con lo anterior, la Sala comparte la apreciación del a quo cuando estableció que el nombre de la víctima es José Lizardo Mejía Benavides, como se desprende de su registro civil de nacimiento y de matrimonio con la señora María Noralba Sáenz Reyes, de las boletas de visita a la cárcel y de la prueba testimonial que reposa en el plenario. Además, el número de cédula que aparece en el registro de defunción coincide con el que figura en el protocolo de necropsia y en los registros civiles de nacimiento de los menores Edinson Javier y Karol Viviana Mejía Sáenz.

2.2.1.4. Por razón de la muerte del señor José Lizardo Mejía Benavides su cónyuge, hijos, madre y hermanos resultaron afectados moralmente.

Esto es así, porque los registros civiles que reposan en el plenario demuestran que los menores —para la fecha de presentación de la demanda— Edinson Javier, Karol Viviana y Tania Smith fueron hijos de José Lizardo Mejía Benavides y María Noralba Sáenz Reyes, así como lo fue Lucyney Mejía Sáenz (copias auténticas, fls. 2-5, cdno. 1). De igual forma, la señora María Noralba acreditó su calidad de cónyuge, con el registro de matrimonio correspondiente, en el que aparece casada con el señor Lizardo Mejía Benavides (copia auténtica, fl. 1, cdno. 2).

En relación con los demás demandantes, la Sala comparte la decisión del a quo, en el sentido de tener como damnificados a la señora Elcira Benavides Vargas y a los señores Blanca Myriam, María Ismeda, Luz Dari, Héctor Garrid, Yesith y Manuel Antonio Mejía Benavides, quienes alegaron su condición de madre, la primera y de hermanos de la víctima, los segundos, pues, si bien el registro de nacimiento del occiso José Lizardo Mejía Benavides no da cuenta del nombre de sus padres (copia auténtica, fl. 13, cdno. 2), la prueba testimonial hace referencia a la relación cercana entre los accionantes y la víctima, al punto que en el registro de defunción figuran como padres de la víctima los señores Manuel Mejía Carmona(8) y Elcira Benavides Vargas (copia auténtica, fl. 14, cdno. 2), mismos que ostentan igual condición, en los registros civiles de nacimiento de quienes comparecieron en calidad de hermanos (copia auténtica, fls. 7-12, cdno. 2). Relación cercana que los testigos confirmaron.

La señora María Eugenia García Bocanegra afirmó haber conocido al señor José Lizardo Mejía Benavides y su familia “hace muchos años”. Al respecto, señaló:

“... su esposa se llama María Noralba Sáenz, sus hijos son cuatro de los cuales 2 fueron concebidos en la cárcel, sus nombres son LuzInei (sic), Edinson Javier, Carol Viviana y Tania Smith, que fue la última niña que nació de esta relación”.

La testigo se refirió a la actividad productiva de la víctima al interior del penal y a la ayuda que proveía con ella para el sostenimiento de su familia, así como del impacto económico que produjo su muerte en los demandantes —se destaca—:

“... yo puedo aportar que lo conocí a él como trabajador cuando estaba libre, él trabajaba sacando el almidón de la yuca para venderlo. Lo vendía en Neiva y aquí en Bogotá, él estuvo preso, él cayó en Neiva en el 92 y trabajó allá en carpintería, aquí lo trasladaron a Bogotá en el 93 a la cárcel Modelo, él trabajaba también, él tenía cenerias (sic) que son como casetas de comida y movía empleados y sostenía a la familia con el producto de eso, moralmente los apoyaba también a sus hermanos, a su madre anciana la sostenía, yo lo conocí como trabajador y responsable de su familia y toda su parentela era como el eje central de su familia, sus hijos quedaron desamparados, hay dos niños que son como retardados mentales a la edad que ellos tienen su mente es como de niños y a (sic) sido difícil la subsistencia de ellos, a partir de la muerte del asesinato (sic) de su papá tanto moral como económico”.

La deponente dio cuenta, además, de que José Lizardo murió el 31 de mayo de 1999 en la cárcel La Modelo, causando dolor moral en los demandantes, con quienes la víctima tenía buenas relaciones afectivas. Sobre el particular, la deponente afirmó:

“Preguntado: Dígale al despacho la señora declarante como era la relación de José Lisardo (sic) Mejía, con su familia, con su señora, con sus hijos, con sus demás familiares, si se querían mucho y si estos lo visitaban en la cárcel. Contestó: La relación que yo observé en el tiempo que me relacioné con ellos fue una relación cariñosa, de apoyo de él hacia ellos moral y económico para su madre especialmente doña Elcira Benavides, había mucha unión y ellos lo visitaban con frecuencia, sus hijos y hermanos y su esposa ellos iban todos juntos a visitarlo y había mucho amor de él hacía con los hijos ya era costumbre la visita era un estímulo para él sentirse bien en el sitio que estaba, nosotros también lo visitábamos. Preguntado: Dígale al despacho cómo ha sido el dolor hacia (sic) ahora de la familia, a raíz de la muerte del señor Lisardo (sic) Mejía Benavides. Contestó: Ha sido fatal porque es un ser querido que mataron porque lo asesinaron vilmente, tanto para la familia, el hogar, como para los hermanos, su madre por ser el centro de la familia el apoyo que les daba económico y moral los más afectados son los niños se encuentran totalmente desequilibrados, los pequeños más que todo extrañan a su padre, a (sic) sufrido mucho, el pequeño es un niño rebelde necesita ayuda profesional” (negrillas fuera de texto, declaración recibida en primera instancia, fls. 19-20, cdno. 2).

El señor Teodoro Molano Barrios, por su parte, dio cuenta de la afectación moral y económica de los demandantes, a raíz de la muerte del señor José Lizardo Mejía Benavides, recluido en la cárcel La Modelo y del hogar que conformaba con la señora Noralba, “en donde el esposo trabajaba en labores de un rayadero (sic) de yuca y ella se desempeñaba en el hogar”. Del contenido de la declaración se transcriben los siguientes apartes:

“Después de la muerte de José Lisardo (sic), violentamente en la cárcel, su familia ha quedado destrozada moralmente y desamparada económicamente, porque a pesar de él haber llevado varios años en prisión siempre desde allí de su lugar de reclusión veló por su esposa [el testigo se refirió a Noralba] suministrándole lo necesario para la manutención y educación de sus hijos, hecho que los dejó desamparados porque ya no tienen quien les dé un sustento ni un apoyo moral ni educativo para salir adelante, cabe resaltar que Edinson Javier es un niño retardado que a pesar de su edad biológica de unos 18 años, su actuación es el de un niño de cinco o seis años, la hija mayor Luci tuvo también fracaso en la unión que emprendió y también quedó desamparada al faltar su padre, la niña menor de esa unión quien inclusive nació él estando en prisión, perdió a ese padre proveedor (...) Noralba quedó desamparada porque su hogar quedó sin la provisión y sin el apoyo moral para poder seguir con la crianza de estos jóvenes y que más decir de doña Elcira, madre de José Lisardo (sic), a quien este la mantenía y así fuera con una llamada o con una carta la animaba a seguir viviendo en su ya avanzada edad y puedo afirmar que después de la muerte de José Lisardo (sic), esta anciana ha venido sufriendo de pena moral y desmotivada totalmente porque no acepta que su hijo esté muerto, pero si siente la ausencia de él al no tener la suficiente provisión y el vacío que deja la pérdida de un ser querido máxime si se trata de su progenitora, de sus hermanos Héctor, Juan Manuel, Yesid, Luz Dary, Blanca y María Sneda, también han sentido en el a causa de su desaparición el dolor de la desprovisión, por la muerte de José Lisardo (sic), ya que eran muy unidos y él los protegía económicamente desde su encierro y además los orientaba para que ellos salieran adelante” (negrillas fuera de texto).

En relación con las labores que desarrollaba el occiso en el establecimiento carcelario, el testigo señaló que “... en la Cárcel Modelo él tenía negocios de restaurantes llamados así Cenerias (sic) en donde obtenía los suficientes ingresos para mantener su hogar, para mantener su madre y colaborarles a sus hermanos, yo siempre iba regularmente a visitarlo y me daba cuenta de que él estaba allí laborioso con la única ilusión de recuperar su libertad”.

El testigo puso de presente, además, que las hermanas de la víctima se turnaban cada ocho días para visitarlo y que “Héctor y Yesid lo hacían con menos frecuencia”, pues vivían en otra ciudad (declaración recibida en primera instancia, fls. 21-22, cdno. 2). En similares términos declaró el señor José Domingo Vieda Montealegre (testimonio recibido en primera instancia, fls. 23-24, cdno. 2).

En consecuencia, demostrada la relación de familiaridad, convivencia y colaboración mutua, así como la afectación moral, la Sala tendrá como damnificados a la señora Elcira Benavides Vargas y a los señores Blanca Myriam, María Ismeda, Luz Dari, Héctor Garrid, Yesith y Manuel Antonio Mejía Benavides.

2.2.3. Análisis del caso. Responsabilidad del Estado por daños causados a reclusos.

Esta corporación ha precisado que las personas recluidas en establecimientos carcelarios o de detención se encuentran en una situación de indefensión y vulnerabilidad manifiesta, que implica la existencia de una relación de especial sujeción al Estado(9). Dicha sujeción, sostiene la jurisprudencia, se deriva de la limitación legítima de algunos derechos y libertades de los presos y de la reducción o eliminación de las posibilidades que tienen estos “... de ejercer su propia defensa frente a las agresiones de agentes estatales o de terceros de que puedan ser víctimas al interior del establecimiento carcelario”(10).

De esta manera, el Estado tiene el deber de asumir la reparación por los daños antijurídicos causados a las personas privadas de la libertad en dichas instituciones penitenciarias. Esto, porque a la relación de especial sujeción subyace la responsabilidad por la lesión de los bienes jurídicos que no son susceptibles de limitación durante la reclusión, como la vida, la integridad y seguridad personales. Así, los reclusos no están obligados a soportar cargas diferentes a las que se desprenden de las propias condiciones de su privación de la libertad y, por tanto, la administración debe responder por los perjuicios que excedan dichas condiciones.

En el presente caso, está acreditado que el señor José Lizardo Mejía Benavides se encontraba recluido en la cárcel del distrito judicial La Modelo de la ciudad de Bogotá para la fecha de los hechos, por orden de la justicia regional. Así mismo, el acervo probatorio da cuenta de que el antes nombrado murió el 31 de mayo de 1999, por múltiples heridas causadas con arma de fuego en la región pectoral y en las extremidades inferiores, en hechos ocurridos al interior del establecimiento penitenciario, mientras se encontraba bajo la custodia y vigilancia de los directivos y el personal de oficiales, suboficiales y guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —Inpec—.

Igualmente, está acreditada la imputación jurídica del daño a la entidad pública accionada, en la medida en que, en los términos del artículo 16 de la Ley 65 de 1993, el Inpec tiene a su cargo la creación, dirección, administración, sostenimiento y vigilancia de los establecimientos carcelarios de orden nacional, como la cárcel La Modelo de la ciudad de Bogotá, en la cual se encontraba recluida la víctima el día de su deceso, así como los deberes de cuidado, protección y seguridad respecto de los reclusos.

Ahora, si bien no se tiene certeza sobre la autoría de la muerte ni las circunstancias en que ello ocurrió, lo cierto es que, sin perjuicio de ello, los establecimientos carcelarios asumen la obligación de seguridad y protección y deben contar con los medios para cumplirla, en todo caso, se hacen responsables de reintegrar a los internos a la sociedad en las mismas condiciones físicas y psíquicas del ingreso.

En relación con los alegatos de la defensa, sobre el hecho de un tercero, la jurisprudencia ha señalado que la administración no se exime de responsabilidad porque fue un tercero el autor de la muerte de un recluso, en la medida que la custodia comprende guarda, vigilancia y seguridad en todos los casos y cualquiera fueren las circunstancias.

Lo anterior, teniendo en cuenta que las personas que se encuentran privadas de la libertad soportan no solo la limitación en el ejercicio de sus derechos y libertades, sino la reducción o eliminación de las posibilidades de ejercer su propia defensa, frente a las agresiones de que puedan ser víctimas al interior del centro de reclusión(11).

Bajo el mismo lineamiento, la Sala ha precisado que cuando se trata de lesiones o muertes causadas por los propios reclusos a otros que ostentan igual condición, en principio, no tendrá cabida la causal de exclusión de responsabilidad, consistente en el hecho de un tercero. Es más, en estos casos, ni siquiera podría hablarse de una concurrencia de causas, puesto que el carácter particular de la relación de especial sujeción implica que el Estado debe proteger al interno de atentados contra su vida e integridad personal cometidos por el personal de custodia o vigilancia estatal, por terceros ajenos a la administración e, incluso, por otros detenidos(12).

No debe olvidarse que la finalidad última de los centros penitenciarios o de reclusión es la rehabilitación y reinserción de quienes por incurrir en conductas delictivas, deben soportar la privación de su libertad, sin que ello comporte la pérdida de su dignidad. El Estado no podría abandonar al recluido a su suerte, por el contrario, está en la obligación constitucional y legal de velar por su integridad personal —en todos los órdenes—. Es por ello que la administración cuenta con las herramientas constitucionales y legales para controlar el ingreso de armas a los establecimientos carcelarios, no solo porque su uso es restringido, sino, además, para garantizar la seguridad de quienes se encuentran bajo su custodia y cuidado.

Aunque no exista certeza de una falla en el servicio, en las actuaciones específicas de la administración en el día de los hechos (en el sentido de lo hecho o dejado de hacer), el sistema carcelario afronta una desestructuración sistemática y una negligencia prolongada, en las que mal podría excusarse la administración, cuando, como en el sub lite, producto de ellas, un interno es agredido en el interior de un penal.

En otras palabras, no puede dejar de reconocer esta corporación que en las cárceles del país, entre las que se encuentra la cárcel La Modelo de la ciudad de Bogotá, existe un estado de cosas inconstitucional, cuyas consecuencias sería injusto atribuir exclusivamente al Inpec, pero que indudable comprometen al Estado en su totalidad. A este respecto vale citar lo señalado por la Corte Constitucional —se destaca—:

“Las cárceles colombianas se caracterizan por el hacinamiento, las graves deficiencias en materia de servicios públicos y asistenciales, el imperio de la violencia, la extorsión y la corrupción, y la carencia de oportunidades y medios para la resocialización de los reclusos. Esta situación se ajusta plenamente a la definición del estado de cosas inconstitucional. Y de allí se deduce una flagrante violación de un abanico de derechos fundamentales de los internos en los centros penitenciarios colombianos, tales como la dignidad, la vida e integridad personal, los derechos a la familia, a la salud, al trabajo y a la presunción de inocencia, etc. Durante muchos años, la sociedad y el Estado se han cruzado de brazos frente a esta situación, observando con indiferencia la tragedia diaria de las cárceles, a pesar de que ella representaba día a día la transgresión de la Constitución y de las leyes. Las circunstancias en las que transcurre la vida en las cárceles exigen una pronta solución. En realidad, el problema carcelario representa no solo un delicado asunto de orden público, como se percibe actualmente, sino una situación de extrema gravedad social que no puede dejarse desatendida”. Pero el remedio de los males que azotan al sistema penitenciario no está únicamente en las manos del Inpec o del Ministerio de Justicia, los demandados en los procesos bajo estudio. Por eso, la Corte tiene que pasar a requerir a distintas ramas y órganos del poder público para que tomen las medidas adecuadas en dirección a la solución de este problema”(13).

El sustento del reconocimiento del fallo del sistema, como elemento configurador de responsabilidad estatal permite, a diferencia de la responsabilidad penal o disciplinaria, que con independencia de la acción y omisión individual de un servidor público y aunque todo indique que el estado de cosas impide realizar un señalamiento determinado, predicar, en todo caso, la responsabilidad del Estado como ente moral que tiene a su cargo la eficacia de los sistemas organizativos, tales como el carcelario, el de salud y el educativo, entre otros.

Ahora bien, es preciso aclarar que la falla del sistema o del servicio, derivada del estado de cosas inconstitucional resulta atribuible al defectuoso funcionamiento de más de una entidad e incluso ser consecuencia de una inadecuada política, atribuible a los mismos responsables de diseñarla o de elaborar los modelos de destinación presupuestal. Sin embargo, también es patente que tiene que existir un centro de imputación, frente al cual el asociado pueda reclamar las consecuencias que el daño sistemático genere, sin diluirla. Por esta razón, frente al fallo del sistema ha de entenderse que el principal centro de imputación radica siempre en la entidad directamente responsable, esto es, el órgano al que legal y reglamentariamente se ha atribuido la función en este caso, en el Inpec. Esto se debe, por lo demás, a que, en estricto sentido, en la prestación se distinguen dos instancias de cumplimiento: el órgano público directamente encargado y el conjunto de instituciones que directa e indirectamente le permiten al principal obligado cumplir con su misión. Así pues, si el órgano directamente responsable incumple sus obligaciones en todos los frentes, pues se encuentra en imposibilidad de asumirlas, no se puede sino reconocer su crisis, en todo caso, ajena a las víctimas.

En consecuencia, la Sala concluye que el Instituto Penitenciario y Carcelario —Inpec—, con cargo a su patrimonio, tiene el deber de asumir la reparación por los daños antijurídicos causados a los demandantes, dado que el señor José Lizardo Mejía Benavides resultó muerto cuando estaba bajo su cuidado y protección, en razón de la privación de su libertad en la Cárcel Nacional La Modelo de la ciudad de Bogotá.

2.2.4. Perjuicios.

Teniendo en cuenta que la entidad pública demandada es apelante único, la Sala no podrá hacer más gravosa su situación, en aplicación del principio de la no reformatio in pejus, por lo que resulta del caso confirmar la sentencia de primera instancia, en los términos allí resueltos.

Sin condena en costas por no aparecer causadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B.

FALLA:

CONFIRMAR la sentencia de 3 de junio de 2004, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo y 115 del Código de Procedimiento Civil. Expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia del artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando. En firme esta providencia, REMÍTASE la actuación al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(4) Para el 29 de mayo de 2001, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia era de $26.390.000 —artículos 129 y 132 del Código Contencioso Administrativo subrogados por el Decreto 597 de 1988— y la mayor de las pretensiones de la demanda fue estimada por el actor en la suma de $ 386.822.663,91 o 4000 gramos oro, por concepto de perjuicios materiales, a razón de $ 2.000.000 mensuales, por concepto de lucro cesante.

(5) En el acápite de pruebas de la demanda, la parte actora solicitó oficiar i) a la Fiscalía 45 de la unidad cuarta de vida, con el objeto de que enviara la investigación penal adelantada por los hechos en los que resultó muerto el señor José Lizardo Mejía Benavides; ii) al Instituto de Medicina Legal, “para que remita copia auténtica del acta de levantamiento del cadáver 3910-1508 del CTI, con protocolo Nº 02411 de mayo 31 de 1999”; iii) a la Cárcel Nacional La Modelo, “para que envíe una certificación si durante la permanencia en ese centro de rehabilitación, José Lizardo Mejía Benavides, tenía un restaurante y si lo atendía él personalmente y más concretamente para la fecha del 31 de mayo de 1999”. Así mismo, para que certifique “las circunstancias en las que perdió la vida”, allegue “el resultado de la investigación administrativa” y copia auténtica de la tarjeta decadactilar de la víctima; iv) al Inpec, “para que certifique sobre si se adelantó alguna investigación (...) y en caso positivo, se informe cuál fue el resultado” y v) a la Procuraduría General de la Nación, “para que certifique qué resultado arrojó la investigación administrativa adelantada con motivo de la muerte” (fls. 10-11, cdno. 1). El tribunal negó la petición de oficios con destino a la fiscalía, con el objeto de que se allegara la investigación penal que se hubiese adelantado por los hechos y a la Cárcel Nacional La Modelo, para que se enviara la tarjeta decadactilar del occiso (fls. 32-37, cdno. 1). Mediante proveído de 16 de octubre de 2002, el a quo requirió las pruebas solicitadas a la Procuraduría y al Instituto de Medicina Legal (fls. 51-53, cdno. 1). La parte actora puso de presente al tribunal la falta de respuesta a los oficios dirigidos a la Cárcel Nacional La Modelo y al Inpec y, para ello, allegó cuatro derechos de petición solicitando la documentación decretada (fls. 56-60, cdno. 1). La entidad pública informó al a quo que las peticiones fueron trasladadas al establecimiento carcelario (fl. 61, cdno. 1) y, mediante oficio 482 dio cuenta simplemente de haberse iniciado investigación por la muerte del interno José Lizardo Mejía Benavides, sin allegar documentación alguna (fl. 69, cdno. 1). El tribunal declaró vencida la etapa probatoria el 23 de septiembre de 2003 (fl. 72, cdno. 1).

(6) En el registro de defunción la víctima figura como José Lisandro Mejía Benavides, identificado con cédula de ciudadanía 12.187.414 de Bogotá, número que coincide con el que aparece en el protocolo de necropsia y en los registros civiles de nacimiento de los menores Edinson Javier y Karol Viviana. En el registro de defunción figura que los señores Manuel Mejía Carmona y Elcira Benavides son sus padres (fl. 14, cdno. 2).

(7) Este número coincide con el que aparece en el registro de defunción de la víctima.

(8) No otorgó poder ni presentó demanda.

(9) Entre otras, se pueden consultar, las sentencias de 30 de agosto de 2006, Radicación 27581, C.P. Alier E. Hernández Enríquez; de 3 de mayo de 2007, Radicación 21511, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; de 20 de febrero de 2008, Radicación 16996, C.P. Enrique Gil Botero, posición jurisprudencial que fue reiterada en las sentencias de 29 de enero de 2009, Radicación 16975, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; y de 26 de mayo de 2010, Radicación 18800, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(10) Sentencia de 23 de abril de 2008, Radicación 16186, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(11) Sentencia de 26 de mayo de 2010, M.P. Ruth Stella Correa Palacio, Expediente 18584.

(12) Sentencia de 14 de abril de 2011, M.P. Danilo Rojas Betancourth, Expediente 20587.

(13) Corte Constitucional, Sentencia T-153 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz —expedientes acumulados T-137.001 y 143.950— (en esta providencia se acumularon varias acciones de tutela interpuestas por reclusos de la Cárcel Nacional de Bellavista de Medellín y la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá). Con posterioridad a esta decisión, la Corte se ha pronunciado sobre el estado de cosas inconstitucional de las cárceles colombianas en las sentencias T-530 de 1999 (esta sentencia hace referencia a las cárceles La Modelo, La Picota y El Buen Pastor de la ciudad de Santafé de Bogotá), T-1291 de 2000 (el peticionario se encontraba recluido en la Penitenciaría Nacional de Picaleña de la ciudad de Ibagué), T-256 de 2000 (el peticionario se encuentra detenido en la Cárcel de Bellavista), T-257 de 2000 (el actor estaba recluido en la Cárcel Distrital “Bellavista” de Medellín), T-1077 de 2001 (el peticionario se encontraba detenido en los calabozos de la —DIJIN—), C-157 de 2002 (demanda de inexequibilidad del artículo 153 de la Ley 65 de 1993 “por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario”, referido a la permanencia de menores en establecimientos de reclusión), T-1030 de 2003 (acción de tutela instaurada por los internos del Pabellón de Máxima Seguridad de Cómbita (Boyacá) contra el Inpec) y T-1096 de 2004 (el peticionario se encontraba recluido en la cárcel de Chaparral, Tolima).