Sentencia 2001-01145 de marzo 6 de 2014

CONSEO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación: 080012331000200101145-01

Número interno: 18804

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Asunto: Acción de nulidad contra el artículo 6º del Acuerdo 11 del 27 de diciembre de 2000, expedido por el Concejo Municipal de Soledad-Atlántico

Demandante: Transelca S.A. ESP

Demandado: Municipio de Soledad Atlántico

Bogotá, D.C., seis de marzo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «2. Consideraciones de la Sala

La Sala decidirá el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del municipio de Soledad-Atlántico contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico, que declaró la nulidad del artículo 6º del Acuerdo 11 de 2000, expedido por el Concejo Municipal de Soledad.

No obstante, previo el análisis de fondo, la Sala considera necesario analizar si en el presente caso se configuró la excepción de cosa juzgada.

De si se configuró la cosa juzgada

Como en reiteradas oportunidades ha dicho esta Sala(2), la cosa juzgada opera cuando, mediante decisión de fondo, debidamente ejecutoriada, la jurisdicción ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la causa petendi juzgada en un proceso anterior. Como tal, dicha figura impide que se expidan pronunciamientos futuros sobre el mismo asunto, dada su previa definición o juzgamiento a través de providencias en firme, en clara salvaguarda de la seguridad jurídica.

El artículo 175 del Código Contencioso Administrativo reguló el efecto de las decisiones judiciales en firme, proferidas en los procesos de que conoce esta jurisdicción, en los siguientes términos:

“La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tendrá fuerza de cosa juzgada “erga omnes”.

La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada “erga omnes” pero solo en relación con la “causa petendi” juzgada.

La sentencia dictada en procesos relativos a contratos y de reparación directa y cumplimiento, producirá cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo objeto y la misma causa y siempre que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes; la proferida en procesos de restablecimiento del derecho aprovechará a quien hubiere intervenido en el proceso y obtenido esta declaración a su favor. Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de un acuerdo intendencial, comisarial, distrital o municipal, en todo o en parte, quedarán sin efectos en lo pertinente los decretos reglamentarios”.

La anterior disposición desarrolla tanto la cosa juzgada absoluta(3), como la cosa juzgada relativa(4), esta última, únicamente, en aquellos casos en que se niega la nulidad del acto acusado, en razón a que no se ejerce un control integral de legalidad, sino un control rogado y limitado a la causa petendi de la demanda.

La causa petendi en las acciones de nulidad simple hace alusión a las normas que se citan como violadas y al concepto de la violación. Por eso, para determinar si respecto de una causa ya operó la cosa juzgada es necesario cotejar las normas que fueron objeto de demanda en procesos ya fallados y el correspondiente concepto de la violación.

En el expediente reposa la copia de la sentencia del 6 de agosto de 2009(5), proferida por esta Sección, que, en segunda instancia, revocó la decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico que anuló los artículos 5º y 6º del Acuerdo 11 de 2000, demandado en esta oportunidad(6).

En el presente asunto, la sociedad actora pidió la nulidad de la totalidad del Acuerdo 11 de 2000 y del artículo 6º del mismo.

Se advierte, entonces, que entre la demanda que culminó con la sentencia del 6 de agosto de 2009 y la nulidad pretendida ahora por la demandante, existe identidad parcial de objeto.

En la sentencia citada se observa que los demandantes invocaron la violación de los artículos 13, inciso 1º, 287, numerales 1º y 3º, 313, numeral 4º y 338, inciso 2º de la Constitución Política; 32, numeral 7º de la Ley 136 de 1994 y, 24.1 de la Ley 142 de 1994.

En el asunto que ocupa la atención de la Sala, la demandante invocó como violados los artículos 13, inciso 1º, 287, numeral 1º y numeral 3º, 313, numeral 4º, 338, inciso 2º y 368(7) (sic) de la Constitución Política; 32 numeral 7º de la Ley 136 de 1994 y, 24.1 de la Ley 142 de 1994.

Es decir que entre el presente proceso y el que culminó con la sentencia del 6 de agosto de 2009, existe identidad en cuanto a las normas que se citaron como violadas. Solo discrepan en la citación del artículo 363 de la Carta Política.

En cuanto al concepto de violación, en cada uno de los procesos se dijo lo siguiente:

Expediente 2001-00569Expediente 2001-01145
“Los concejos municipales se encuentran sujetos a la Constitución Política y a la ley en materia tributaria. Por lo tanto, su actividad es derivada y, en consecuencia, carecen de soberanía impositiva.
El tributo a que se refiere el acuerdo cuyos artículos se demandan corresponde a una tasa(8) porque según se desprende de los considerandos del mismo, pretende cubrir el costo que implica la prestación del servicio de alumbrado público.
La Ley 97 de 1913 no estableció los elementos esenciales del tributo por el citado servicio. Así que el municipio, al fijar esos elementos, desconoció en las normas acusadas los parámetros constitucionales a que debió sujetarse, además de que, la tasa excede el costo real del servicio.
Cada una de las normas acusadas contempla bases gravables distintas y ajenas al servicio de alumbrado público, como en el caso de los artículos 5ֻº y 6º acusados, que se fundamentan en la potencia de las máquinas generadoras de energía y el uso del espacio aéreo con las líneas de transmisión de energía.
La parte actora dice que el acuerdo es discriminatorio en relación con la base gravable aplicable a aquellas empresas que desarrollan actividades industriales o comerciales, a las que se les tiene en cuenta el consumo de energía y no la potencia de las máquinas generadoras”.
“Lo anterior nos permite concluir que los artículos 1º y 2º del Acuerdo 11 de 2000, acusados, desconocen los parámetros constitucionales consignados en los artículos 287 inciso 1º y numeral 3º, 313 numeral 4º, 338 inciso 2º y 32 numeral 7º de la Ley 136 de 1994 y que deben regir la tasa con la cual pretende el municipio cubrir el costo y mantenimiento del servicio de alumbrado público, en la medida en que no consultan con los reales costos del servicio, ni implican, por tanto, el balance de contraprestaciones que es propio de este tipo de tributos.
La evidente disparidad de criterios para fijar la base gravable en cada una de las normas acusadas es reveladora de esta omisión, por cuanto el municipio no evaluó técnica ni financieramente el costo del servicio, asignando arbitrariamente tanto las bases como las tarifas del gravamen.
La anterior afirmación se puede corroborar comparando los montos recaudados por Electricaribe S.A. ESP y el concesionario por recaudo de la tasa de alumbrado público, frente al costo de la energía suministrada para este servicio.
(...).
La causa a que alude la doctrina transcritas es, precisamente en nuestro caso, el costo del servicio; al no haber sido tenido en cuenta, las tarifas impuesta por el Concejo Municipal de Soledad en las disposiciones acusadas violan de manera directa y ostensible lo dispuesto en las normas superiores antes mencionadas, en particular el artículo 338 inciso 2º constitucional según el cual la tasa debe reflejar el costo del servicio prestado a los contribuyentes, así como las demás disposiciones que sujetan la actividad tributaria de las entidades territoriales a los límites que impongan la Constitución misma y la ley.
(...).
2.1. Cada una de las normas acusadas contempla bases gravables distintas para un mismo hecho generador del tributo para alumbrado público y con diferente carga económica, sin que se observe justificación técnica o financiera alguna ni se guarde proporción con el costo de servicio, el cual debe ser el parámetro básico para establecer el mencionado gravamen. También se echa de menos esa compatibilidad que debe tener la base gravable con la naturaleza jurídica del tributo de que se trata de la cual habla el Consejo de Estado en sentencia ya citada, y que “debe ser fijada en referencia a una dimensión ínsita en el hecho imponible, que se derive de él, o que se relacione con este”.
(...).
En el caso que nos ocupa, el hecho generador de la tasa es la recepción del servicio de alumbrado público; por tanto, la base gravable, esto es, “aquella magnitud del hecho gravado o de alguna de sus características que sirve para soportar la tarifa del tributo y determinar así la cuantía de este”, debe guardar relación con aquel, sin perjuicio de los principios de equidad tributaria. Así, frente al hecho del servicio de alumbrado público, no constituye un factor de medición alguna el poseer “subestaciones de energía eléctrica”; más bien constituyen bases alejadas de la naturaleza del gravamen, instauradas en forma arbitraria y discriminatoria para este tipo de contribuyentes frente a la generalidad de los que conforman el sector industrial o comercial del municipio.
Al señalar este tipo de bases distintas y ajenas al hecho gravado para contribuyentes que también pertenecen al sector industrial o comercial del municipio, se está violando el principio de igualdad ante las cargas públicas consignando en la Constitución Política. De hecho, al utilizar el criterio de “actividad” (subestaciones de energía eléctrica) desarrollada por el sujeto pasivo, estaríamos en terreno de un impuesto completamente diferente, el cual es el impuesto de industria y comercio, configurándose una doble tributación por el mismo concepto.
3. Los artículos 1º y 2º del Acuerdo 11 de 2000 del Concejo Municipal de Soledad son violatorios, en forma directa, de lo dispuesto en el artículo 363, inciso 1º de la Constitución Política, que expresa: “el sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad...”.
No son necesarios profundos análisis para concluir que el Acuerdo 11 de 2000 expedido por el Concejo Municipal de Soledad, consagra un tratamiento inequitativo para los sujetos pasivos previstos en él, ya que como se dijo anteriormente, con el fin de señalar las tarifas correspondientes al impuesto de alumbrado público, para los sectores residencial oficial, comercial e industrial, se establecieron porcentajes específicos a partir del consumo, mientras que para las “subestaciones de energía eléctrica”, conformado por empresas perfectamente asimilables dentro del grupo industrial o comercial, se establecieron sin criterio legal ni técnico, pero sobre todo, alejándose del hecho gravable, sumas de dinero específicas y exorbitantes, que responden aparentemente a un mero capricho de quienes aprobaron dicho acuerdo.
(...).
Es evidente que el Acuerdo 11, es violatorio de este principio constitucional, pues a sujetos con igual actividad —comercial e industrial— asigna cargas tributarias no equivalentes, por lo cual, unos pocos contribuyentes han tenido que asumir una carga que es a todas luces exagerada e indebida.
(...).
4. Los artículos 1º y 2º del Acuerdo 11 de 2000 del Concejo Municipal de Soledad son violatorios en forma directa de lo dispuesto en el artículo 24.1 de la Ley 142 de 1994.
(...).
(...) los artículos 1º y 2º acusados les señala una base gravable para efectos de la tasa de servicio de alumbrado público que resulta discriminatoria frente a la señalada para el sector comercial e industrial del municipio de Soledad, ya que mientras a estos les asigna como base el consumo de energía eléctrica, a aquellos propietarios de “subestaciones de energía eléctrica” les señala como base la posesión o tenencia de tales subestaciones, lo cual es un hecho nuevo: la ocupación de un espacio aéreo terrestre en el municipio.
Luego, es patente el rompimiento del principio de igualdad ante las cargas públicas que se deriva del artículo 13 constitucional y, en particular del artículo 24.1 de la Ley 142 de 1994.
Adicionalmente, es de tener en cuenta que la base gravable así fijada, no solo no constituye en modo alguno una magnitud del hecho gravado ya que no guarda relación alguna con el servicio cuyo costo se trata de cubrir ni tampoco existe criterio alguno distinto del arbitrio del concejo municipal para fijar una tarifa como la indicada. Por tanto, reitero que la base así fijada es caprichosa y carece de todo fundamento técnico y jurídico”.

 

En la sentencia del 6 de agosto de 2009, la Sección se pronunció respecto de las causales de nulidad propuestas en la demanda (Exp. 2001-00569) en los siguientes términos:

La sentencia reiteró la posición de la Sala en cuanto a la potestad impositiva de los concejos municipales para fijar, por medio de acuerdos municipales, los elementos del impuesto de alumbrado público cuya creación autorizó el literal d) del artículo 1º de la Ley 97 de 1913.

Precisó que los artículos 5º y 6º del Acuerdo 11 de 2000 no tuvieron como fin crear el impuesto de alumbrado público, sino modificar un elemento del mismo que, además, ya estaba fijado en el Acuerdo 8 del 15 de mayo de 1998.

Argumentó que el Acuerdo 11 de 2000 fue proferido por el Concejo Municipal de Soledad en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 311, 313, 317, 338 y 365 de la Constitución Política.

Con base en la sentencia de la Corte Constitucional C-713 de 2008, y a partir de la definición de servicio de alumbrado público prevista en la Resolución 43 del 23 de octubre de 1995 de la CREG, en la sentencia se concluyó que el tributo derivado del servicio de alumbrado público es un impuesto, mas no una tasa.

Consideró que: “como la carga impositiva que se deriva del hecho generador “servicio de alumbrado público” es propiamente un impuesto, no es necesario que en la ley, ni en el acuerdo municipal, la tarifa del impuesto se fije con fundamento en un sistema y un método para definir los costos y beneficios que se derivan de tal servicio, ni mucho menos la forma de hacer su reparto, (...).

En consecuencia, como la nulidad declarada por el a quo de los artículos 5º y 6º del Acuerdo 11 de 2000 del municipio de Soledad se determinó bajo el supuesto de que fijaban un hecho generador distinto al determinado en la ley, cuando en realidad lo que hacen es fijar una tarifa para unos sujetos determinados, procede la revocatoria de la sentencia impugnada.

Ahora bien, se discute si los parámetros que se utilizan para fijar la tarifa son acordes con el principio de equidad tributaria, teniendo en cuenta que, a juicio del demandante, de los antecedentes del acuerdo no se derivan aspectos técnicos que se hayan tenido en cuenta para el efecto.

Sobre el particular se precisa que tal como lo precisó el Consejo de Estado en la sentencia del año 1994 que se retomó en la sentencia del 9 de julio del presente año, el valor que se determine por el impuesto debe corresponder a “(...) una dimensión ínsita en el hecho imponible, que se derive de él, o que se relacione con este (...)”.

Los artículos 5º y 6º del acuerdo demandado toman como parámetros la capacidad de generación de energía y la capacidad en voltajes de las líneas de transmisión. La Sala considera que los factores a que aluden estos artículos sí corresponden a una dimensión propia o ínsita en el hecho imponible habida cuenta de que, finalmente, el hecho imponible lo constituye el servicio de “iluminación de las vías públicas, parques públicos, y demás espacios de libre circulación que no se encuentren a cargo de ninguna persona natural o jurídica de derecho privado o público, diferente del municipio, con el objeto de proporcionar la visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las actividades tanto vehiculares como peatonales”. También pertenece a la categoría de dimensiones propias del hecho imponible la capacidad de generación de energía y la capacidad de las líneas de transmisión porque ambos aspectos están directamente relacionados con “(...) los sistemas de semaforización y relojes electrónicos instalados por el municipio. Por vías públicas se entienden los senderos peatonales y públicos, calles y avenidas de tránsito vehicular.

La Sala considera que si bien la capacidad de generación de energía eléctrica y la capacidad en voltajes de las líneas de transmisión tienen relación en general con la energía eléctrica y no particularmente con el servicio público de alumbrado, es lo cierto que esos factores son referentes idóneos para determinar la tarifa del impuesto.

Ahora bien, como en el presente asunto no se discute si el sujeto pasivo se beneficia o no del servicio en la medida que los artículos del acuerdo demandado se circunscriben a modificar la tarifa del impuesto a cargo de unos sujetos previamente determinados en otro acuerdo, la Sala no se pronunciará sobre el particular, limitándose a precisar que, en lo que corresponde a las tarifas establecidas, estas se ajustan a las normas invocadas como violadas con fundamento en los argumentos expuestos”.

La comparación de las normas constitucionales y legales invocadas, así como el concepto de violación de las mismas, con las que en esta oportunidad la parte actora invocó para soportar la pretensión de nulidad de los artículos acusados, permite inferir que existe identidad en cuanto a la violación de los artículos 287, inciso 1º y numeral 3º, 313, numeral 4º, 338, inciso 2º de la Constitución Política; 32 numeral 7º de la Ley 136 de 1994 y, 24.1 de la Ley 142 de 1994, frente a la naturaleza del impuesto de alumbrado público, la potestad tributaria del Concejo Municipal de Soledad para adoptar el impuesto de alumbrado público en esa jurisdicción y la falta de criterios de orden técnico que permitan determinar los costos del servicio, al momento de fijar las tarifas del impuesto.

En consecuencia, el fallo proferido el 6 de agosto de 2009, que decidió no declarar la nulidad de los artículos 5º y 6º del Acuerdo 11 de 2000, surte efectos de cosa juzgada en el presente proceso, en cuanto atañe a la pretensión de nulidad de artículo 6º del acuerdo, frente a la violación de los artículos citados.

De la violación de los artículos 13 y 363 de la Constitución Política. Pretensión subsidiaria.

Resta, entonces, por definir la pretensión subsidiaria propuesta en la demanda en el sentido de decidir si es nulo el artículo 6º del Acuerdo 11 de 2000, por violación de los artículos 13 y 363 de la Carta Política, por el hecho de que en esa disposición se fijaron tarifas y bases a cargo de las empresas que tengan situadas líneas de transmisión de energía eléctrica en la jurisdicción del municipio de Soledad, distintas a las establecidas en el artículo 2º del mismo acuerdo para cualquier empresa que pertenece al sector industrial y comercial. La demandante consideró que esa discriminación es arbitraria.

La Sala precisa:

El principio de equidad tributaria es la manifestación del derecho fundamental de igualdad en esa materia. Conforme con ese principio están proscritas las formulaciones legales que establezcan tratamientos tributarios diferenciados e injustificados tanto por desconocer el mandato de igual regulación legal cuando no hay razones para un tratamiento desigual, como por desconocer el mandato de regulación diferenciada cuando no hay razones para un tratamiento igual(9).

La Corte Constitucional, al precisar el alcance del principio de igualdad en materia tributaria, esto es, de la equidad, en la Sentencia C-183 de 1998 dijo:

“(...) el principio de igualdad constituye un claro límite formal y material del poder tributario estatal y, por consiguiente las reglas que en él se inspiran se orientan decididamente a poner coto a la arbitrariedad y la desmesura. No se trata de establecer una igualdad aritmética. La tributación tiene que reparar en las diferencias de renta y riqueza existentes en la sociedad, de modo que el deber fiscal, expresión de la solidaridad social, tome en cuenta la capacidad contributiva de los sujetos y grupos y, conforme a ella, determine la carga fiscal, la que ha de asignar con criterio de progresividad, a fin de alcanzar grados cada vez mayores de redistribución del ingreso nacional”.

Para la Corte Constitucional, la igualdad tributaria está ligada a los conceptos de capacidad económica y progresividad. El primero, se materializa en la teoría de que frente a dos situaciones idénticas se debe otorgar el mismo tratamiento tributario y, el segundo, se traduce en la posibilidad de tratar de manera desigual situaciones que aparentemente merecerían el mismo tratamiento.

En el caso sub examine, el artículo 6º del acuerdo demandado fijó la tarifa del impuesto de alumbrado público para las empresas cuyas líneas de transmisión se encuentran ubicadas en el municipio de Soledad, de acuerdo a la capacidad de las líneas de transmisión, en una suma determinada de dinero. Literalmente, el artículo dispone:

“ART. 6º—Establézcase (sic) el siguiente rango tarifario para empresas cuyas líneas de transmisión estén situadas en jurisdicción del municipio de Soledad así:

Líneas de transmisión a 220 kv $ 5.000.000

Líneas de transmisión a 110 kv 5.000.000

(...)”.

De su parte, el artículo segundo del Acuerdo 11 de 2000 fijó la tarifa del impuesto de alumbrado para las empresas del sector industrial y comercial en un porcentaje fijo del 14% del valor del consumo de energía, con un tope máximo de $ 1.800.000(10).

La Sala considera que el artículo 6º del Acuerdo 11 de 2000 no es violatorio del principio de igualdad o de equidad tributaria, por el hecho de haber fijado tarifas diferenciales a cargo de las empresas que tienen situadas en la jurisdicción del municipio de Soledad líneas de transmisión.

Las líneas de transmisión de energía eléctrica son dispositivos que transmiten potencia eléctrica entre dos puntos(11). También se han definido como un “conjunto de conductores o cables que transmiten bloques de energía desde un centro de producción hasta un centro de consumo. Los conductores se soportan en altas estructuras (torres o postes) que las separan la distancia necesaria con respecto a la tierra, los edificios y cualquier otro objeto. La altura de estas estructuras garantiza que el flujo de electricidad a través de los conductores sea continuo y asegura que no se producirá interferencia con ningún otro elemento presente en el medio”(12).

En la legislación colombiana(13), las líneas de transmisión eléctrica forman parte de los sistemas de distribución local y regional, operadas por uno o varios operadores de red, que pueden ser, a su vez, los propietarios de las líneas de transmisión.

En ese contexto, debe entenderse que el artículo 6º del Acuerdo 11 de 2000 alude a las empresas propietarias de las líneas de transmisión como sujetos pasivos del impuesto de alumbrado público. Tales sujetos no necesariamente pueden ser consumidores del servicio de energía eléctrica que se presta en el municipio.

En esas condiciones, es razonable el trato diferencial previsto en el artículo 6º del Acuerdo 11 de 2000, pues las empresas cuyas líneas de transmisión están situadas en jurisdicción del municipio de Soledad no están en la misma situación de las empresas industriales y comerciales que en calidad de usuarios regulados del servicio de energía eléctrica(14), también fungen como sujetos pasivos del impuesto, al tenor del artículo 2º del acuerdo.

Ya en otra oportunidad la Sala precisó que “Teniendo en cuenta que el servicio de alumbrado público es de carácter colectivo, resulta procedente que se le imponga la calidad de sujeto pasivo del tributo a los propietarios y usufructuarios de subestaciones de energía eléctrica y, propietarios, arrendatarios u operadores de líneas de transmisión de energía eléctrica, (...)(15).

En consecuencia, la Sala negará la pretensión subsidiaria propuesta en la demanda en el sentido de que se declare la nulidad del artículo 6º del acuerdo demandado, por violación de los artículos 13 y 363 de la Constitución Política.

En atención a las anteriores consideraciones, la Sala modificará el numeral segundo de la sentencia apelada y, en su lugar, declarará estarse a lo resuelto en la sentencia proferida por esta Sección el día 6 de agosto de 2009, Expediente 080012331000200100569-01 (16315), en cuanto negó la pretensión de nulidad del artículo 6º del Acuerdo 11 de 2000. Y, negará las pretensiones de nulidad de ese mismo artículo, por las razones que ahora se exponen en esta sentencia.

Se confirma, en lo demás, la sentencia apelada, teniendo en cuenta que dichos aspectos no fueron objeto de apelación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFÍCASE el numeral segundo de la sentencia apelada, el que quedará así:

2. ESTÉSE a lo resuelto por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en la sentencia del 6 de agosto de 2009, Expediente 080012331000200100569-01 (16315), en cuanto negó la pretensión de nulidad del artículo 6º del Acuerdo 11 de 2000, frente a la violación de los artículos 287, inciso 1º y numeral 3º, 313, numeral 4º y 338, inciso 2º de la Constitución Política; 32 numeral 7º de la Ley 136 de 1994 y, 24.1 de la Ley 142 de 1994.

3. NIÉGASE la pretensión subsidiaria de nulidad del artículo 6º del Acuerdo 11 de 2000, por no hallarse configurada la causal por violación de los artículos 13 y 363 de la Carta Política, en los términos precisados en esta sentencia.

4. En lo demás, CONFÍRMASE la sentencia apelada.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase».

(2) Entre otras, la sentencia de este despacho del 4 de agosto de 2011, Expediente 470012331000200100534-02, número interno 17854.

(3) Para la Corte Constitucional, habida cuenta de que sí ejerce un control integral de constitucionalidad, la cosa juzgada absoluta “(...) es aquella que opera a plenitud, precluyendo por completo la posibilidad de interponer, con posterioridad a la sentencia, nuevas demandas de inconstitucionalidad contra las normas que han sido objeto de estudio, siempre que en la providencia no se indique lo contrario, y mientras subsistan las disposiciones constitucionales que fundamentaron la decisión” (A. 189 de 2006 Corte Constitucional).

(4) En el mismo auto citado anteriormente, la Corte Constitucional precisa que la cosa juzgada relativa admite que, en el futuro, se formulen nuevos cargos contra la norma que ha sido objeto de examen, distintos a los que la corporación ya ha analizado.

(5) Consejo de Estado, Sección Cuarta, Expediente 080012331000200100569-01 (16315), C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(6) Folios 263 a 283.

(7) Aunque en las normas citadas como violadas citó el artículo 368 de la Carta Política, en el concepto de la violación sustentó la causal de nulidad por violación del artículo 363.

(8) Cita la siguiente definición: ‘es la contraprestación que percibe el Estado por los servicios que presta a los administrados’. Arango Mejía, Álvaro, Los tributos en derecho tributario, edición 1999.

(9) Corte Constitucional, Sentencia C-032/2005.

(10) “ART. 2º—Sector industrial y comercial: Modifíquense las tarifas de alumbrado público para las categorías comerciales e industriales, las cuales será de un catorce por ciento (14%) del valor del consumo de energía, con un topo (sic) máximo de un millón ochocientos mil pesos m.l. ($ 1.800.000) por usuario (...)”.

(11) http://www.slideshare.net/NachoE3TyahooSnchez/conceptos-1-27531249.

(12) http://www.fime.uanl.mx/~omeza/pro/LTD/LTD.pdf.

(13) Artículo 24 de la Ley 142 de 1994, Resolución CREG 70 de 1998.

(14) El artículo 3º del Acuerdo 11 de 2000 dispone que para el cobro del impuesto de alumbrado público a los sujetos previstos en el artículo 2º, la Electrificadora del Caribe, la concesionaria, la fiduciaria y las demás comercializadoras de energía rendirán cuenta mensual al municipio de Soledad a través de la secretaría de impuesto o quien haga sus veces demostrando los valores facturados, recaudados y transferidos de dicho impuesto.