Sentencia 2001-01155 de marzo 18 de 2010 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2001-01155-02

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Autoridades nacionales

Actora: Aéreo Transcolombiana de Carga S.A.

Bogotá, D.C., dieciocho de marzo de dos mil diez.

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la DIAN contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Sección Primera, Subsección A) de 25 de noviembre de 2004, que declaró probada la excepción de inaplicación por inconstitucionalidad del artículo 567 del Decreto 2685 de 1999, declaró la nulidad de los actos acusados, ordenó declarar fallado el recurso de reconsideración a favor del recurrente y negó las demás pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1. la demanda.

Aéreo Transcolombiana de Carga S.A., por medio de apoderada y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó el 12 de octubre de 2001 la siguiente demanda:

1.1. Pretensiones.

1.1.1. Que se declare nula la Resolución 1921 de 1º de marzo de 2001, por la cual el jefe de la división de investigaciones especiales, subdirección de fiscalización aduanera de la DIAN, impuso a Aéreo Transcolombiana de Carga S.A. una sanción por valor de mil trescientos veinticinco millones sesenta y ocho mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos ($ 1.325.068.854), correspondiente al 200% del valor de la mercancía que no fue puesta a disposición de la DIAN, de conformidad con el artículo 503 del Decreto 2685 de 1999.

1.1.2. Que se declare nula la Resolución 5450 de 15 de junio de 2001, por la cual el jefe de la división normativa y doctrina aduanera de la DIAN al resolver el recurso de reconsideración, confirmó la anterior.

1.1.3. Que a título de restablecimiento del derecho se levanten las medidas cautelares y se decrete la devolución y cancelación de las cauciones otorgadas; y dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

1.2. Hechos.

Mediante autos 633 (mayo.10), 644 (mayo.11), 689 (mayo.19) y 111 (ago.26) de 1999 suscritos por el subdirector de fiscalización aduanera se comisionó a unos funcionarios para practicar diligencia de inspección, fiscalización y control aduanero en las instalaciones de la empresa Transcolombiana de Carga S.A., con el fin de verificar el cumplimiento de las normas aduaneras por parte de dicha empresa.

Asimismo, mediante resoluciones 3642 (mayo.10) y 0708 (ago. 26) de 1999 proferidas por la misma subdirección, se ordenó la inspección de fiscalización aduanera y el registro de las instalaciones de la empresa con el fin de verificar el cumplimiento de las normas aduaneras sobre mercancías de procedencia extranjera introducidas al territorio nacional.

Una vez efectuada la diligencia de inspección y fiscalización, se tomaron fotocopias de unas guías aéreas correspondientes al año 1998 y se enviaron requerimientos a diferentes depósitos aduaneros con el fin de establecer si la mercancía descrita en dichos documentos había sido recibida por estos.

mediante Requerimiento Ordinario 0244 de 10 de abril de 2000, la DIAN solicitó a la actora poner a su disposición la mercancía relacionada en las guías aéreas correspondientes al año 1998 que son objeto de investigación, en razón a que las mercancías allí descritas no fueron declaradas ante las autoridades aduaneras, según lo afirman los depósitos Almacenar y Alminter en la respuesta dada por ellos a los requerimientos ordinarios.

La actora dio respuesta al requerimiento anterior y sostuvo que entregó a la división de investigaciones especiales toda la documentación que acredita que la mercancía relacionada en las guías aéreas fue entregada a los depósitos autorizados de aduana a los cuales venía consignada y, por ese motivo no es posible entregar una carga que ya no está bajo su custodia.

La DIAN, mediante Auto 0037 de 25 de octubre de 2000, profirió pliego de cargos contra la actora, proponiendo una sanción por valor de mil trescientos veinticinco millones sesenta y ocho mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos ($ 1.325.068.854) equivalente al 200% del valor de la mercancía, por no haberla puesto a disposición de la DIAN.

Mediante Resolución 1921 de 1º de marzo de 2001, el jefe de la división de investigaciones especiales, subdirección de fiscalización aduanera de la DIAN, impuso a Aéreo Transcolombiana de Carga S.A. una sanción por valor de mil trescientos veinticinco millones sesenta y ocho mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos ($ 1.325.068.854), correspondiente al 200% del valor de la mercancía que no fue puesta a disposición de la DIAN, de conformidad con el artículo 503 del Decreto 2685 de 1999.

Por Resolución 5450 de 15 de junio de 2001, el jefe de la división normativa y doctrina aduanera de la DIAN al resolver el recurso de reconsideración, confirmó la anterior.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación.

Primer cargo, violación directa de la ley por falta de aplicación de los artículos 14 del Decreto 1750 de 1991 en concordancia con el artículo 41 de la Ley 153 de 1887, artículos 2512, 2517, 2535, 2359 del Código Civil; 13, 29 y 209 de la Constitución Política; 2 del Código de Régimen Político y Municipal y 829 del Código de Comercio.

La actora sostuvo que la acción administrativa sancionatoria se encuentra prescrita, pues los hechos ocurrieron en mayo de 1998 y los actos acusados se profirieron en marzo y junio de 2001, es decir, por fuera de los dos años establecidos en el artículo 14 del Decreto 1750 de 1991.

Los hechos y las pruebas allegadas al proceso demuestran que la mercancía ingresó legalmente al país, pues se dio aviso de llegada, entrega y recibo de documentos, descargue en el territorio nacional con pleno conocimiento de las autoridades aduaneras.

Sostener que el término de prescripción se cuenta a partir del conocimiento de la autoridad aduanera, viola el principio de la eficacia que rige las actuaciones administrativas, que deben perfeccionarse dentro del término que señala la ley, pues la función administrativa está al servicio de los intereses generales y es principio protector de los administrados.

Así las cosas, si la administración se pronuncia con posterioridad al término que le otorga la ley, como fue el caso de los actos acusados, está actuando sin competencia incurriendo en una de las causales de nulidad de los actos administrativos.

Segundo cargo, violación directa de la ley por falta de aplicación de los artículos 515 y 519 del Decreto 2685 de 1999, 84 del Código Contencioso Administrativo, 62 del Código de Régimen Político y Municipal, y 29 y 209 de la Constitución Política.

Según el artículo 519 del Decreto 2685 de 1999, transcurrido el plazo para resolver el recurso de reconsideración, sin que se haya notificado decisión expresa, se entenderá fallado a favor del recurrente, en cuyo caso la autoridad competente de oficio o a petición de parte así lo declarará.

En efecto, el 15 de junio de 2001 aún no había sido notificada la Resolución 2327 de 15 de marzo de 2001, pues a pesar de haber sido introducida al correo en esa misma fecha, esta no puede tomarse como fecha de notificación, ya que la Corte Constitucional mediante Sentencia C-096/2001 declaró inexequible la expresión “y se entenderá surtida en la fecha de introducción al correo” descrita en el artículo 566 del Decreto 624 de 1989, norma de igual tenor que el artículo 567 del Decreto 2685 de 1999, por lo cual es aplicable la excepción de inconstitucionalidad, en consecuencia no puede tenerse el 15 de marzo de 2001 como fecha de notificación.

Por lo anterior, la actora procedió a la protocolización del silencio administrativo positivo mediante escritura pública 1365 de 15 de agosto de 2001 de la Notaría 39 del Circuito de Bogotá.

El 17 de agosto de 2001, la actora presentó derecho de petición ante la DIAN solicitando la aplicación del inciso 4º del artículo 519 del Decreto 2685 de 1999, esto es el silencio administrativo positivo, como resultado de no haber resuelto de fondo y notificado el acto administrativo mediante el cual se decidía el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución 1921 de 1º de marzo de 2001.

Mediante Resolución 7935 de 7 de septiembre de 2001, el jefe de la división normativa y doctrina aduanera de la oficina jurídica de la DIAN decidió la anterior solicitud, negando la aplicación del silencio administrativo positivo.

Tercer cargo, violación de derecho de defensa establecido en el artículo 29 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 34 del Código Contencioso Administrativo, 193, 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil

En el caso presente, la DIAN incorporó al expediente administrativo unos certificados del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América y determinó el valor de la mercancía y de la multa, sin permitir su contradicción. Según la administración, estas pruebas pueden incorporarse al expediente sin los formalismos establecidos en el artículo 260 del Código de Procedimiento Civil.

El argumento de que dichas pruebas son trasladadas en desarrollo de un convenio internacional, no las exime del cumplimiento de las formalidades respectivas. Lo anterior significa que la certificación de procedencia extranjera fue una prueba irregularmente incorporada al expediente.

Cuarto cargo, violación directa de la ley por falta de aplicación de los artículos 72 y 73 del Decreto 1909 de 1992.

La actora cumplió con las formalidades legales de llegada, entrega de los documentos de transporte a la aduana, registro de los documentos de transporte ante las autoridades aduaneras etc. La responsabilidad de entregar la declaración de importación y el pago de los tributos aduaneros no recae directamente en el transportador, por lo tanto no es procedente la aplicación del inciso 1º del artículo 72 del Decreto 1909 de 1992 y, no puede extenderse esta obligación a este, argumentando que la mercancía se encontraba bajo su custodia.

Las pruebas allegadas al proceso administrativo demuestran que la operación del transportador había culminado con la entrega de la mercancía a los depósitos aduaneros correspondientes.

Las sanciones aduaneras son taxativas y diseñadas por el legislador para que cada uno de los intervinientes en la operación aduanera, sin que pueda válidamente extenderlas a otros sujetos mediante deducciones o inferencias, sin la certeza probatoria que la ley exige como parte del debido proceso.

Quinto cargo, violación directa de la ley por  falta de competencia para imponer la sanción por infracción administrativa de contrabando.

En el caso presente se trata de una mercancía que según la DIAN tiene un valor comercial superior a los cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes en el momento de la ocurrencia de los hechos, luego la competencia estaría asignada al juez penal para aplicar la multa correspondiente, como lo establece el artículo 503 del Decreto 2685 de 1999.

De otra parte, el legislador con la expedición del artículo 67 de la Ley 488 de 1998 unificó el tratamiento del contrabando como delito y también como infracción administrativa, deslindando las competencias entre las autoridades administrativas y las judiciales penales, sin perjuicio de las sanciones administrativas.

Sexto cargo.- violación directa de la ley por falta de aplicación de los artículos 67 del Decreto 1909 de 1992, 515 del Decreto 2685 de 1999 en concordancia con los artículos 34 y 267 del Código Contencioso Administrativo, 170 del Código de Procedimiento Civil y 29 de la Constitución Política.

Obran en el expediente los documentos que prueban la entrega de la mercancía a los depósitos aduaneros, cuyos presuntos hechos punibles se encuentran en conocimiento de la Fiscalía por su cuantía, el cual se tramitaba simultáneamente con el proceso administrativo, que si bien es independiente, no puede desconocerse como lo hizo la administración, por su incidencia esencial en la decisión administrativa, lo que forzosamente obligaba a la administración a esperar las resultas del proceso penal para determinar la autoría de los supuestos delitos cometidos, es decir, implicaba la aplicación de la prejudicialidad del proceso penal.

En el proceso administrativo debe establecerse la imputabilidad de las conductas investigadas por la Fiscalía General de la Nación, cuando estas coinciden, las mismas que le son endilgadas al administrado en el proceso gubernativo, de forma tal que se establezca la responsabilidad de la persona jurídica o natural encartada.

2. La contestación.

La DIAN sostuvo que el término de dos (2) años de prescripción de la acción sancionatoria, establecido en el artículo 14 del Decreto 1750 de 1991, se cuenta a partir del 3 de mayo de 2000 cuando la actora dio respuesta al Requerimiento 244 de 10 de abril de 2000, por el cual la DIAN le solicitó poner a su disposición la mercancía que se encontraba en estado de ilegalidad para que posteriormente pudiera ser aprehendida y definirle la situación jurídica.

Manifestó que no es cierto como lo afirma la actora, que con ocasión del recurso de reconsideración impetrado hubiera ocurrido el fenómeno del silencio administrativo positivo conforme al artículo 519 del Decreto 2685 de 1999, pues la administración profirió y notificó en debida forma la Resolución 5450 de 15 de junio de 2001 que confirmó en todas sus partes la Resolución 1921 de 1º de junio de 2001.

La actuación de la administración que la llevó a proferir los actos acusados se ajustó a las normas aduaneras pertinentes, garantizando el derecho de defensa y el debido proceso. En primer lugar, se efectuó una inspección en la que se determinaron algunas inconsistencias o irregularidades en el manejo de las obligaciones inherentes a su calidad de empresa transportadora, luego se hizo el respectivo requerimiento para que se diera respuesta e interpusiera los recursos pertinentes, los cuales fueron decididos oportunamente.

Por otra parte manifestó que, si bien es cierto que el importador es el obligado a presentar la correspondiente declaración de importación, no es menos cierto que el transportador está obligado a entregar en forma oportuna la mercancía transportada al depósito al cual venga consignada; de no hacerlo así, surge la infracción administrativa derivada de su intervención, la cual está descrita como conducta reprochable y sancionable en la legislación aduanera. Correspondía a la actora en el presente caso demostrar lo contrario, es decir, el cumplimiento de su parte en entregar la mercancía al depósito habilitado.

Para la época de ocurrencia de los hechos estaba vigente el artículo 72 del Decreto 1909 de 1992, norma que fue retomada por el artículo 232-1 del Decreto 2685 de 1999, según la cual no basta con la presentación, registro de documentos de transporte ante la autoridad aduanera, sino que también era obligatoria la nacionalización de las mercancías con el lleno de todos los requisitos legales para ello; por lo anterior, al no ser entregadas las mercancías por parte de la actora para su nacionalización, mal puede pretender que la obligación de declararlas recaiga en cabeza del importador, si de las pruebas se desprende que las mercancías quedaron en su poder y además no fueron puestas a disposición de la autoridad aduanera para su aprehensión.

II. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró probada la excepción de inaplicación por inconstitucionalidad del artículo 567 del Decreto 2685 de 1999 y declaró la nulidad de los actos acusados.

La Corte Constitucional mediante Sentencia C-096/2001 declaró inexequible la expresión “y se entenderá surtida en la fecha de introducción al correo”. contenida en el artículo 566 del Decreto 624 de 1989, por el cual se expide el estatuto tributario de los impuestos administrados por la DIAN.

El tribunal consideró que la excepción de inaplicación por inconstitucionalidad del artículo 567 del Decreto 2685 de 1999, está llamada a prosperar como quiera que se trata de la misma expresión alusiva a la forma de notificación por correo y al día en que esta se entiende surtida. De tal manera que si la Corte Constitucional encontró que la expresión contenida en el artículo 566 del Decreto 624 de 1989 era contraria a la Constitución y al Código Contencioso Administrativo y violaba el debido proceso, procede en este caso la inaplicación de la expresión contenida en el artículo 567 del Decreto 2685 de 1999 ya que contiene la misma expresión, esto es, “y se entenderá surtida en la fecha de introducción al correo”.

Como consecuencia de esta inaplicación resulta evidente que si como se acredita en el documento denominado “planilla de entrega de certificados a domicilio” emanado de Correos de Colombia –Administración Postal Nacional, la copia de la Resolución 5450 de 15 de junio de 2001 fue recibida por la actora el 20 de junio del mismo año, ello significa que la notificación de la mencionada decisión se efectuó por fuera del término previsto en el artículo 515 del estatuto aduanero, operando así el silencio administrativo positivo establecido en el artículo 519 ibidem.

Lo anterior significa que la administración había perdido competencia para pronunciarse mediante la resolución acusada.

Recurso de apelación

La DIAN insistió en la legalidad de los actos acusados, pues considera que la actuación administrativa que se adelantó garantizando el derecho de defensa y el debido proceso de la actora. Insistió en que se efectuó una inspección en la que se determinaron algunas inconsistencias o irregularidades en el manejo de las obligaciones inherentes a su calidad de empresa transportadora y que luego se hizo el respectivo requerimiento para que ella diera respuesta e interpusiera los recursos pertinentes, los cuales fueron decididos oportunamente.

Sostuvo que la norma que se encontraba vigente en la fecha de expedición de la resolución que decidió el recurso de reconsideración era el artículo 567 del Decreto 2685 de 1999, debiendo dejar claro que en su tenor literal señala que la notificación por correo se practicará mediante el envío de una copia del acto correspondiente a la dirección procesal y se entenderá surtida al día siguiente de la fecha de su introducción al correo.

En el caso presente, el recurso de reconsideración fue presentado el 16 de abril de 2001, adicionado el 18 de abril del mismo año mediante radicado 26527, y el recurso fue resuelto por Resolución 5450 de 15 de junio de 2001, la cual fue introducida al correo el mismo día de su expedición, quedando notificada el día siguiente hábil, esto es el 19 de junio de 2001.

Adujo que la sentencia de la Corte Constitucional citada por el tribunal se refiere al artículo 566 del Decreto 624 de 1989, norma que regula un área totalmente distinta a la que tiene que ver con el caso en estudio, ya que esta se encuentra regulada taxativamente en una norma especial como es, el Decreto 2685 de 1999 que corresponde al estatuto Aduanero, razón por la cual no puede predicarse que por el hecho de que se haya declarado inexequible la mencionada expresión, esta deba ser tomada de manera general por cuanto es una norma que regula un tema específico como es el tributario.

IV. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Las partes reiteraron sus argumentos expuestos en la demanda, la contestación y el recurso de apelación.

El Ministerio Público guardó silencio.

V. Consideraciones de la Sala

El punto central consiste en dilucidar si el recurso de reconsideración fue decidido y notificado en tiempo o si, por el contrario, operó el silencio administrativo positivo.

En su recurso, la DIAN plantea que la Sentencia C-096/2001 mediante la cual la Corte Constitucional declaró inexequible la expresión “y se entenderá surtida en la fecha de introducción al correo” contenida en el artículo 566 del Decreto 624 de 1989 (estatuto tributario), no es aplicable al caso presente toda vez que se trata de una norma distinta a la del artículo 567 del Decreto 2685 de 1999 (estatuto aduanero), que regula la notificación por correo en materia aduanera y que es la que se encontraba vigente al momento de ocurrencia de los hechos.

Al respecto conviene precisar que esta sección, en reiterada jurisprudencia(1), ha sostenido que la Sentencia C-096/2001 que declaró inexequible la expresión “y se entenderá surtida en la fecha de introducción al correo” contenida en el artículo 566 del Decreto 624 de 1989, no dejó sin efecto la notificación por correo establecida en el artículo 567 del Decreto 2685 de 1999, ni está condicionando su validez y eficacia a la realización de diligencias previas tendientes a notificar personalmente.

Asimismo precisó que es necesario tener en cuenta que el artículo 567 del Decreto 2685 de 1999 (estatuto aduanero) no contiene la misma expresión declarada inexequible, sino que establece la presunción de conocimiento del acto al día siguiente de la introducción en el correo, y como toda presunción legal, admite prueba en contrario.

Este artículo señala:

“ART. 567.—Notificación por correo. “Artículo modificado por el artículo 56 del Decreto 1232 de 2001. El nuevo texto es el siguiente”: La notificación por correo se practicará, enviando copia del acto, mediante correo certificado, a la dirección que corresponda, de acuerdo con lo previsto en el artículo 562 del presente decreto y se entenderá surtida en la fecha de entrega debidamente certificada del acto en la dirección respectiva, por parte de la Administración Postal Nacional o de la entidad designada para tal fin.

Cuando el acto administrativo se envíe a una dirección errada, se podrá corregir en cualquier tiempo enviándolo a la dirección correcta. En este caso los términos empezarán a correr a partir de la notificación efectuada en debida forma.

Las actuaciones notificadas por correo que por cualquier razón sean devueltas serán notificadas mediante aviso publicado en un periódico de amplia circulación nacional. En este evento, la notificación se entiende surtida para la administración en la fecha de entrega del acto en la dirección que corresponda de conformidad con el artículo 562del presente decreto, pero el término para que el responsable responda o impugne se contará desde la publicación del aviso”.

Dijo la Sala:

“Es preciso señalar que la Corte Constitucional en sentencia de 31 de enero de 2001 (exp. C-096, M.P. Álvaro Tafur Galvis), declaró inexequible, refiriéndose a la notificación por correo, la expresión “y se entenderá surtida en la fecha de introducción al correo”, contenida en el artículo 566 del estatuto tributario (D. 0624/89), porque, a su juicio, debe entenderse que se ha dado publicidad al acto solo cuando el afectado lo recibe y ello no ocurre con la simple introducción al correo.

Pero la sentencia en mención no está dejando sin efecto la notificación por correo, ni está condicionando su validez y eficacia a la realización de diligencias previas tendientes a notificar personalmente; y admitiendo, en gracia de discusión, que tal decisión cobija al artículo 98 del Decreto 1909 de 1992, que es el que se aplica en este caso, aun cuando se entiende que sus efectos son hacia el futuro, porque no dijo que lo fueran hacia el pasado, debe tenerse en cuenta que esta disposición no contiene la misma expresión declarada inexequible, sino que consagra la presunción de conocimiento del actoal día siguiente de la introducción en el correo, y como toda presunción legal, admite prueba en contrario, que es la que se echa de menos en el evento sub lite pues, se repite, la actora en la demanda no adujo que no hubiera recibido copia del acto que resolvió el recurso de reconsideración, y solo con ocasión del recurso alega, sin ningún fundamento, que la notificación por correo no es válida porque la personal es la única eficaz siendo que, como ya se vio, la ley le reconoce a aquella plena validez y eficacia.

De tal manera que lo que la Corte Constitucional pretende dejar a salvo, es el derecho que tiene el interesado de probar que no recibió copia del acto acusado, lo que no aconteció en este caso”.

Por lo anterior, el hecho de que la Corte Constitucional haya declarado inexequible la expresión “y se entenderá surtida en la fecha de introducción al correo” contendida en el artículo 566 del estatuto tributario, no significa que dicha declaratoria se extienda al artículo 567 del estatuto aduanero, pues como se anotó anteriormente, esta disposición no contiene la misma expresión declarada inexequible, sino que consagra la presunción de conocimiento del acto al día siguiente de la introducción en el correo, y como toda presunción legal, admite prueba en contrario.

Cabe advertir que de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 1º del Código Contencioso Administrativo, las normas de la parte general de este código no son aplicables a los procedimientos regulados por leyes especiales, como ocurre con la notificación de las decisiones administrativas en materia aduanera, pues existe norma especial según la cual dichas notificaciones pueden hacerse en forma personal o por correo.

En efecto, el artículo 563 del Decreto 2685 de 1999 dispone:

“ART. 563.—Formas de notificación. Los requerimientos especiales aduaneros, los actos administrativos que deciden de fondo la imposición de una sanción, el decomiso de una mercancía, o la formulación de una liquidación oficial y, en general, los actos administrativos que pongan fin a una actuación administrativa, deberán notificarse personalmente o por correo (...)”.

En cuanto a la configuración del silencio administrativo positivo el inciso 4º del artículo 519 del Decreto 2685 de 1999 señala que transcurrido el término de tres (3) meses, previsto para resolver el recurso de reconsideración sin que se haya notificado la decisión correspondiente, se entenderá fallado a favor del recurrente.

En el caso objeto de estudio se encuentra probado lo siguiente:

Copia de la Resolución 1921 de 1º de marzo de 2001, mediante la cual se impuso a la actora una sanción del 200% del valor de la mercancía, por no haberla puesto a disposición de la DIAN. (fl. 184, cdno.1)

A vuelto del folio 97 consta que dicha resolución fue notificada por correo postal el 26 de marzo de 2001.

Contra la Resolución 1921, la actora interpuso recurso de reconsideración el día 16 de abril de 2001 (fl. 97, cdno. 1), el cual fue decidido mediante Resolución 5450 de 15 de junio de 2001 (fl. 126, cdno. 1), la cual fue notificada por correo certificado el 20 de junio de 2001 (fl. 142, cdno. 1 reverso).

Es claro entonces que al haberse interpuesto el recurso de reconsideración el 16 de abril de 2001, la DIAN tenía plazo para resolverlo y notificarlo hasta el 16 de julio de 2001. Como quedó visto, la Resolución 5450 de 15 de junio de 2001 que decidió confirmando la resolución sancionatoria, se notificó por correo enviado el 20 de junio de 2001 y recibido por su destinatario en la misma fecha, esto es, dentro del término indicado por la ley para el efecto.

Por lo tanto, el argumento según el cual se configuró el silencio administrativo positivo a favor de la actora no tiene vocación de prosperidad.

En razón de lo anterior, se procederá a revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, a negar las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASEla sentencia proferida el 25 de noviembre de 2004 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Sección Primera, Subsección A).

En su lugar, DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese y, en firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 18 de marzo de 2010.

Magistrados: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Presidente—María Claudia Rojas Lasso—Marco Antonio Veilla Moreno.

(1) Sentencia de 9 de mayo de 2002, expediente 7123, M.P. Gabriel E. Mendoza Martelo. Sentencia de 31 de octubre de 2002, expediente 7346, M.P. Gabriel E. Mendoza Martelo. Sentencia de 6 de agosto de 2004, expediente(sic): Dra. Olga Inés Navarrete Barrero.