Sentencia 2001-01156 de enero 30 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad. 25000-23-26-000-2001-01156-01 (25573)

Consejera Ponente:

Dr. Olga Melida Valle de De la Hoz

Actor: Rosana Gil de Serna

Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

Referencia: Apelación sentencia - acción de reparación directa

Bogotá, D.C., treinta de enero dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Esta Sala es competente de conformidad con lo establecido en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 del Consejo de Estado para decidir el recurso de apelación formulado por la parte demandante, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 9 de julio de 2003, en proceso con vocación de segunda instancia ante esta corporación, por razón de la cuantía(1).

El artículo 90 constitucional dispone que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Esta norma, que se erige como el punto de partida en la estructura de la responsabilidad estatal en Colombia, afinca sus raíces en los pilares fundamentales de la conformación del Estado colombiano, contenidos en el artículo 1º superior, a saber, la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

La responsabilidad del Estado se hace patente cuando se configura un daño, el cual deriva su calificación de antijurídico atendiendo a que el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el daño, tal como ha sido definido por la jurisprudencia de esta corporación(2).

Verificada la ocurrencia de un daño, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad ante las cargas públicas, resarcimiento que debe ser proporcional al daño sufrido.

Los elementos que sirven de fundamento a la responsabilidad son esencialmente el daño antijurídico y su imputación a la administración entendiendo por tal, el componente que “permite atribuir jurídicamente un daño a un sujeto determinado. En la responsabilidad del Estado, la imputación no se identifica con la causalidad material, pues la atribución de la responsabilidad puede darse también en razón de criterios normativos o jurídicos. Una vez se define que se está frente a una obligación que incumbe al Estado, se determina el título en razón del cual se atribuye el daño causado por el agente a la entidad a la cual pertenece, esto es, se define el factor de atribución (la falla del servicio, el riesgo creado, la igualdad de las personas frente a las cargas públicas). Atribuir el daño causado por un agente al servicio del Estado significa que este se hace responsable de su reparación, pero esta atribución solo es posible cuando el daño ha tenido vínculo con el servicio. Es decir, que las actuaciones de los funcionarios solo comprometen el patrimonio de las entidades públicas cuando las mismas tienen algún nexo o vínculo con el servicio público”(3).

5. Caso concreto.

El señor Abelardo Antonio Serna Gil quien estaba recluido en la cárcel La Picota de la ciudad de Bogotá resultó muerto el día 22 de octubre de 1999, hecho que se prueba con el registro de defunción y el protocolo de necropsia que fueron allegados al proceso.

6. Las pruebas obrantes en el proceso.

1. Copia autenticada del registro civil de Ana Carlina Serna Gil, Esthercilia Serna Gil, Aurelina Serna Gil, Libardo Antonio Serna Gil, con las cuales se acredita la condición hermanos de la víctima y registro de Noralba Serna Gil, hija de la víctima (fls. 3-4, 6-8, cdno. pruebas).

2. Copia de la partida de bautismo de Isaura Serna Gil, nacida el 1º de mayo de 1933, quien también era hermana de la víctima (fl. 8, cdno. pruebas).

3. Certificación expedida por el cura párroco de la Inmaculada de Versalles (Valle), donde consta que se buscó cuidadosamente la partida de bautismo de Rosana Gil Galeano, con resultados negativos y tampoco apareció registrado su nacimiento en la localidad de El Cairo (Valle) y copia de la partida de matrimonio católico de Félix Serna y Rosana Gil, celebrado el 4 de enero de 1932 (fls. 9 y 10, cdno. pruebas).

4. Copia del registro civil de nacimiento y del registro de defunción de Abelardo Antonio Serna Gil (fls. 1-2 y 11, cdno. pruebas).

5. Factura a nombre de Funerales Gámez, con fecha noviembre 28 de 1999, por valor de $ 1.245.000, en la cual consta que fueron cancelados por la señora Noralba Serna Gil (fl. 13, cdno. pruebas).

6. Copia del acta de conciliación prejudicial adelantada entre la Procuraduría Sexta Judicial de Bogotá, celebrada el 12 de julio de 2000, la cual fue aplazada (fls. 15 y 16, cdno. pruebas).

7. Copias autenticadas de la investigación 7989-2962 por la muerte del señor Abelardo Antonio Serna Gil, la cual concluyó con resolución inhibitoria por atipicidad, proferida el 22 de marzo de 2000, por la fiscalía 28 delegada ante los juzgados penales del circuito (fls. 24-62, cdno. pruebas).

8. Copia autenticada de la historia clínica del interno Abelardo Serna Gil, en la cárcel La Picota, donde se registra la primera consulta el 3 de julio de 1998 y respecto del examen físico se consigna que padece de asma y tiene crisis leves, se le prescriben inhaladores. Luego aparece una anotación el 10 de julio y otro el 16 de julio de 1998, donde se registra que el paciente tiene asma crónica y a menudo sufre crisis fuertes, sobre todo por el frío ya que no tiene colchón y duerme en el piso, se le recetan inhaladores y se hacen micronebulizaciones 3 veces al día.

A partir de ese momento, en la historia clínica aparece que el paciente fue remitido en varias oportunidades al hospital para ser atendido por especialistas (neumología) e igualmente fue valorado y se le brindó atención médica en la sección de sanidad del establecimiento carcelario en múltiples oportunidades para tratar sus crisis asmáticas.

Llama la atención que el 2 de marzo de 1999, en el Hospital Santa Clara se le prescribe oxígeno domiciliario a necesidad, pero no consta que el paciente haya recibido la medicación (fls. 64-144, cdno. pruebas).

9. Copia del protocolo de necropsia 1999-04890 del señor Abelardo Antonio Serna Gil, en la que se anota como conclusión:

“Se trata de un hombre adulto que fallece en la penitenciaría de La Picota. Como antecedente de importancia el occiso tiene múltiples hospitalizaciones por crisis asmática.

A la autopsia se documento congestión visceral generalizada hiperinsuflación pulmonar y tapones de moco bronquiales. Otros hallazgos son hipertrofia ventricular secundario a un cor pulmonale.

La manera de muerte y la causa se encuentran en estudio hasta el resultado histológico, de electrolitos y estupefacientes”.

Dicha necropsia fue complementada con exámenes de estupefacientes y análisis microscópico de pulmones y se concluyó:

“Con los datos disponibles hasta el momento de historia clínica y hallazgos de autopsia, la probable causa de muerte seriea[sic] seguramente a (sic) una insuficiencia respiratoria por un status asmático.

Probable manera de muerte: natural” (fls. 145-150 y 160-167, cdno. pruebas).

10. Informe de novedad, calendado el 22 de octubre de 1999, suscrito por el Dg. Tirado Puentes Luis Alberto, comandante del pabellón 5, donde se consignó:

“... siendo la 1.30 horas de hoy 22 de octubre del presente año, y encontrándome de servicio en el pabellón 05, en el momento en que me encontra (sic) pasando una revista por los pasillos del mismo pabellón me informó el interno Suárez Gustavo que el interno Serna Gil Abelardo, se encontraba enfermo por lo tanto yo abrí el colectivo o dormitorio y luego sacado y llevado (sic) a la sección de sanidad para que el médico de turno lo atendiera en compañía del Dg. Flolrido Vargas Miguel, minutos más tarde el médico reportó que este ya no tenía signos vitales y que no era necesario sacarlo a un centro asistencial. De lo anterior tubo (sic) conocimiento el sr. (sic) oficial de servicio I.J. Quintero Torres José Vicente quien ordenó pasar el respectivo informe” (fl. 153, cdno. pruebas).

11. Copia de la cartilla biográfica del señor Abelardo Antonio Serna Gil, donde consta que el Juzgado Primero Penal del Circuito de Facatativá lo condenó a la pena de 42 años y tres meses de prisión por homicidio agravado y fue capturado desde el 12 de junio de 1997, ingresó a La Picota el 3 de junio de 1998 trasladado de Facatativá (fl. 158, cdno. pruebas).

12. Declaración del señor José Ramírez quien manifestó que el señor Serna Gil le hace falta a su mamá ya que era él quien la sostenía (fls. 225 y 226, cdno. pruebas).

13. Testimonio de los señores Jesús Arbey Narváez, Nelly Cano de Cardona y Carmen Irene Bedoya quienes fueron contestes en manifestar que la familia se vio muy afectada por la muerte del señor Serna Gil, ya que ellos eran muy unidos sobre todo la mamá porque ella vivía con él y la sostenía económicamente con lo que ganaba como agricultor (fls. 226-230, cdno. pruebas).

14. Copia de la inspección de cadáver 7989-2962, donde se consigna el informe suscrito por el oficial de servicio quien informó que el interno fue trasladado a la sección de sanidad para ser atendido pero llegó allí sin signos vitales; se deja constancia que se solicitó al médico de turno que certificara la muerte del interno pero él alegó que no era su paciente asiduo y que como llegó sin signos vitales no podía establecer qué pasó (fls. 28-29, cdno. pruebas).

Respecto de la valoración de las pruebas trasladadas, es necesario precisar que al proceso se trajo copia autenticada de la investigación penal adelantada por la muerte del interno Serna Gil, destacándose que la mayoría del acervo probatorio está conformado por documentos y no obran declaraciones que hubieran tenido que ser ratificadas en el sub lite, de modo que esta Sala les otorgará mérito probatorio y efectuará su valoración conjunta con el resto de las pruebas allegadas.

7. El daño.

En el presente proceso el daño lo constituye la muerte del señor Abelardo Antonio Serna Gil, lo cual se acreditó probatoriamente con el registro civil de defunción y el protocolo de necropsia, todos estos documentos públicos que, valorados conjuntamente, permiten tener por cierta la muerte del señor Serna Gil mientras se encontraba recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, el 22 de octubre de 1999.

8. La imputación.

Ahora bien, acreditado el daño, debe abordarse el análisis del otro elemento de la responsabilidad, es decir, desde el plano de la imputación, corresponde determinar si la muerte causada, es atribuible a la entidad demandada.

En los eventos en que se produce la muerte de un recluso al interior de un centro carcelario, ha considerado la jurisprudencia, que el análisis de responsabilidad que debe efectuarse es el correspondiente al régimen objetivo, teniendo en cuenta que el sujeto está retenido por orden de autoridad competente y al quedar a disposición de las autoridades, surge para el individuo una relación especial de sujeción ya que no ingresa voluntariamente al centro de detención, razón por la cual sus derechos sufren importantes limitaciones pero también nace el deber correlativo de la entidad de garantizar su seguridad personal y también otros derechos como el de la salud y en especial el derecho a la vida y la integridad personal, teniendo en cuenta la indefensión a la cual están sometidas las personas privadas de la libertad.

Así lo ha dicho la Sala:

“... razón por la cual la jurisprudencia de la Sala ha considerado que el régimen de responsabilidad que procede es el objetivo, en el cual dicha responsabilidad surge independientemente de la conducta de la entidad demandada, por el solo hecho de que una persona confinada en un establecimiento carcelario por cuenta del Estado, pierda la vida o sufra lesiones en su integridad física, de tal manera que la administración no podrá eximirse de responsabilidad mediante la aportación de pruebas tendientes a acreditar que cumplió las obligaciones a su cargo y que no incurrió en falla del servicio; solo podría desvirtuar tal responsabilidad, mediante la comprobación de una causa extraña. No obstante lo anterior, la Sala considera que, además de operar la responsabilidad objetiva como título de imputación general en esta clase de eventos, cuando surja comprobada dentro del proceso una falla del servicio como causante del hecho dañoso por el cual se reclama —lesiones físicas o deceso de una persona detenida o privada de su libertad—, es necesario evidenciarla en la sentencia que profiera esta jurisdicción, para efectos de que la administración tome nota de sus falencias y adopte los correctivos que considere necesarios, por cuanto para deducir la responsabilidad de la administración, basta que el daño se haya producido respecto de una persona privada de la libertad y puesta bajo su tutela y cuidado. Es claro entonces, que mientras en la generalidad de los casos en los que se comprueba la falla del servicio, la administración puede eximirse de responsabilidad mediante la comprobación, no solo de una causa extraña, como sería la fuerza mayor, la culpa de la víctima o el hecho también exclusivo y determinante de un tercero, sino también a través de la prueba de su obrar prudente y diligente en el exacto cumplimiento de las obligaciones y deberes a su cargo, en estos casos específicos de daños a personas privadas de la libertad, por tratarse de eventos de responsabilidad objetiva, la única forma en que la administración se puede liberar de la responsabilidad que surge a su cargo, es precisamente a través de la comprobación de una causa extraña”(4).

La misma jurisprudencia de la corporación ha decantado que cuando se aplica la responsabilidad objetiva, la entidad se exonera probando una causa extraña, es decir, fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima o hecho de un tercero.

El Inpec adujo en su defensa, que la muerte del recluso fue producto de una enfermedad que padecía antes de ingresar al centro carcelario y que en el penal recibió tratamiento adecuado pero falleció por complicaciones propias de su patología.

Pues bien, el análisis de la historia clínica allegada al proceso permite establecer que si bien no aparece un examen físico al ingresar, en la primera oportunidad en que es valorado por la sección de sanidad de la cárcel La Picota se consignó que el señor Serna Gil sufría de asma crónica y más adelante se registró que el paciente a menudo presentaba crisis asmáticas fuertes sobre todo por el frío debido a que tenía que dormir en el piso, porque no tenía colchón.

De igual manera consta en la historia clínica que en repetidas oportunidades el señor Serna fue atendido en el centro de reclusión y también hospitalizado varias veces, pero de lo allí consignado no es posible deducir si recibió un tratamiento médico integral, con seguimiento continuo de la enfermedad que le permitiera controlar su evolución o por lo menos morigerar su sintomatología, teniendo en cuenta que la atención médica constituye una obligación a cargo de la administración, de la cual no puede sustraerse, por cuenta de las relaciones especiales de sujeción que gobiernan el vínculo existente entre los reclusos y las autoridades carcelarias.

Lo que si resulta evidente es que en el sub judice, la actuación de las autoridades se limitó a prestar el servicio médico (al parecer para solucionar las urgencias en momentos de crisis) pero no se buscaron soluciones adecuadas a su problema, ya que si clínicamente se conocía que el clima era un factor con alta incidencia en el manejo de la enfermedad, ha debido solicitarse su traslado a otra ciudad y en caso de no ser esto posible, implementar medidas alternas —dentro de las limitaciones que se viven al interior de los centros carcelarios— tendientes a aliviar su precaria condición médica, tales como proveerle lo necesario para que no tuviera que dormir en el piso o suministrarle el oxígeno ordenado para mejorar su respiración, pero nada de esto ocurrió, con lo cual se desconocieron las normas del Código Penitenciario y Carcelario que permiten el traslado del interno y también establecen que la dirección de sanidad debe velar por la salud de los internos.

Al respecto en reciente pronunciamiento de esta Sala se afirmó:

“En ese sentido, el Código Penitenciario y Carcelario (L. 65/93), en materia de asistencia médica, establece ciertas obligaciones para los centros de reclusión, como lo son el examen médico de ingreso(5), el traslado originado en el estado de salud del recluso o ante la falta de elementos para su debido tratamiento(6), así mismo consagra que es deber del servicio de sanidad velar por la salud de los internos(7), aspectos que fueron omitidos frente al señor Carlos Mario Gómez.

Por esa misma razón, se equivoca el a quo al señalar que la enfermedad que padecía el recluso la venía sufriendo desde hacía cinco años, lo cual por demás no está acreditado, pues si bien había sido intervenido en esa pierna ello tuvo un origen diferente(8), y ese solo hecho no facultaba al centro carcelario a negar la atención médica requerida, máxime cuando el señor Gómez no podía ni caminar, es decir, la antigüedad de una lesión no es óbice para una debida prestación en materia de salud y por un trato acorde a su condición de ser humano.

Es importante destacar que el señor Carlos Mario Gómez estaba bajo la absoluta seguridad y protección del Inpec, dada la relación de especial sujeción entre el recluso y el Estado”(9).

Así las cosas, comprobados los elementos que dan lugar a la aplicación de responsabilidad objetiva, a saber, que se produjo un daño y que este fue respecto de una persona privada de la libertad y puesta bajo tutela y cuidado del establecimiento carcelario, procede entonces la atribución de responsabilidad a la entidad demandada.

9. Los perjuicios.

9.1. Perjuicios morales.

Se entiende por perjuicio moral la aflicción, dolor, angustia y los otros padecimientos que sufre la persona con ocasión del evento dañoso y que deben ser indemnizados en aplicación del principio general de reparación integral.

De tiempo atrás el Consejo de Estado ha establecido que tratándose de los padres, hermanos, hijos y abuelos basta la acreditación del parentesco para que se presuma el perjuicio moral, por cuanto las reglas de la experiencia hacen presumir que la muerte de un pariente cercano causa un profundo dolor y angustia en quienes conforman su núcleo familiar, por las relaciones de cercanía, solidaridad y afecto, surgidas en el ámbito de la familia.

En efecto, aunque inicialmente se exigía prueba del perjuicio moral cuando se trataba de hermanos mayores de edad, esta corporación modificó su posición para extender la presunción hasta los parientes en segundo grado de consanguinidad y primero civil, ya sean ascendientes, descendientes o colaterales, señalando que la administración tiene la oportunidad de demostrar el debilitamiento de las relaciones familiares cuando estime que ello es procedente(10).

Por ello, la corporación ha aceptado que con la simple acreditación de la relación de parentesco existente se presuma el dolor sufrido por los parientes(11), de modo que al allegarse al proceso las partidas de bautismo en el caso de la madre y una de las hermanas nacida en 1933 y los registros civiles de los hermanos y la hija de la víctima, eso es suficiente para que se ordene el reconocimiento de perjuicios morales.

En el sub judice se probó el parentesco existente entre los demandantes y la víctima, y además, los testimonios rendidos en el proceso son contestes en afirmar que existían lazos de cercanía y unión familiar entre ellos y por otra parte, la entidad no desvirtuó la presunción de la aflicción, por lo que se concederán los perjuicios morales solicitados por los hermanos de la víctima, los cuales se fijarán en 100 salarios mínimos mensuales vigentes, para la señoras Rosana Gil de Serna y 100 SMMLV para Noralba Serna Gil y 50 SMMLV, para cada uno de los hermanos.

9.2. Perjuicios materiales.

En relación con los perjuicios materiales por daño emergente, los cuales fueron solicitados para la señora Noralba Serna Gil, por concepto de gastos funerarios, en prueba de lo cual se aportó la factura correspondiente, documento respecto del cual la entidad demandada no solicitó su ratificación y obrando desde el primer momento en el proceso no fue tachado de falso ni controvertido sino en los alegatos de conclusión en segunda instancia, por lo tanto puede ser valorado en el presente proceso.

En la factura consta que el pago se realizó por valor de $ 1.245.000, suma que deberá ser actualizada con la fórmula utilizada por esta corporación, así:

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En relación con los perjuicios materiales en su modalidad de lucro cesante, por la ayuda dejada de percibir, se precisa que ellos fueron solicitados solo para su madre, puesto que al momento de los hechos la hija tenía 35 años, teniendo en cuenta que al momento de su muerte el señor Abelardo Antonio Serna Gil tenía 56 años de edad, pero según las declaraciones obrantes en el proceso antes de ser detenido vivía con ella y le ayudaba a su sostenimiento.

No obstante lo anterior, a juicio de la Sala, los perjuicios materiales no pueden ser reconocidos ya que no se probó que al interior del penal el señor Serna Gil percibiera algún tipo de ingreso y no puede aplicarse la presunción de que al salir del sitio de reclusión devengaría al menos un salario mínimo, teniendo en cuenta que fue condenado a pena de prisión de 42 años y tres meses, de los cuales había cumplido solamente dos años puesto que su captura se produjo el 12 de junio de 1997, de manera que al restarle 40 años por cumplir, dicho lapso supera ampliamente la vida probable de la señora Rosana Gil, quien a la fecha de los hechos contaba con 86 años de edad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR la sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 9 de julio de 2003 y en su lugar se dispone:

1. Declarar que el Inpec es responsable por la muerte del señor Abelardo Antonio Serna Gil, ocurrida el 22 de octubre de 1999, en la cárcel La Picota de Bogotá.

2. Como consecuencia de lo anterior, se ordena que el Inpec pague las siguientes sumas:

a) Por perjuicios morales, a las señoras Rosana Gil de Serna y Noralba Serna Gil, el equivalente a 100 SMMLV para cada una, y a los señores Esthercilia Serna Gil, Aurelina Serna Gil, Ana Carlina Serna Gil, Libardo Antonio Serna Gil, Isaura Serna Gil, el equivalente a 50 SMMLV, para cada uno.

b) Por perjuicios materiales en su concepto de daño emergente, a la señora Noralba Serna Gil, la suma de $ 2.466.944.

3. Negar las demás pretensiones de la demanda.

4. Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

5. En firme esta providencia envíese el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) La mayor pretensión es de 3.000 gramos oro, que para la fecha en que fue presentada la demanda equivalían a $ 60.851.940, mientras que según el Decreto 597 de 1988, la mayor cuantía era de $ 26.390.000

(2) Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 13 de agosto de 2008; Expediente 17042; C.P. Enrique Gil Botero.

(3) Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 16 de septiembre de 1999; Expediente 10922 C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de abril 28 de 2010, Radicado 18271, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(5) “ART. 61.—Examen de ingreso. Al momento de ingresar un sindicado al centro de reclusión, se le abrirá el correspondiente prontuario y deberá ser sometido a examen médico, con el fin de verificar su estado físico para la elaboración de la ficha médica correspondiente. Si el sindicado se encontrare herido o lesionado será informado de este hecho el funcionario de conocimiento. En caso de padecer enfermedad infectocontagiosa será aislado. Cuando se advierta anomalía psíquica se ordenará inmediatamente su ubicación en sitio especial y se comunicará de inmediato, al funcionario de conocimiento, para que ordene el examen por los médicos legistas y se proceda de conformidad”.

(6) “ART. 75.—Causales de traslado. Son causales del traslado, además de las consagradas en el Código de Procedimiento Penal:

1. Cuando así lo requiera el estado de salud, debidamente comprobado por médico oficial.

2. Falta de elementos adecuados para el tratamiento médico...”.

(7) “ART. 104.—Servicio de sanidad. En cada establecimiento se organizará un servicio de sanidad para velar por la salud de los internos, examinarlos obligatoriamente a su ingreso al centro de reclusión y cuando se decrete su libertad; además, adelantará campañas de prevención e higiene, supervisará la alimentación suministrada y las condiciones de higiene laboral y ambiental.

Los servicios de sanidad y salud podrán prestarse directamente a través del personal de planta o mediante contratos que se celebren con entidades públicas o privadas”.

(8) De conformidad con la historia clínica fue operado de una lesión vascular con excelentes resultados.

(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de marzo 14 de 2012, Radicado 21848, C.P. Enrique Gil Botero.

(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de agosto de 2007; Radicado 15.724, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(11) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de abril 25 de 2012, Radicado 22708; C.P. Olga Valle de De la Hoz.