Sentencia 2001-01159/44302 de agosto 3 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Rad.: 700012331000200101159 01 (44302)

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Actor: Ángela Teresa Flórez Mendoza y otros

Demandados: La Nación - Ministerio de Defensa - Armada Nacional - Policía Nacional

Naturaleza: Acción de reparación directa (apelación de sentencia)

Descriptores: i) Responsabilidad del Estado por actos violentos de terceros; ii) el contexto como factor de previsibilidad del daño; iii) test de vulnerabilidad; iv) niveles de contexto: contexto distal, contexto proximal y contexto situacional.

Bogotá, D. C., tres de agosto de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «III. Consideraciones de la Sala

1. Presupuestos procesales.

1.1. Jurisdicción, competencia y acción procedente. Se trata de un asunto de naturaleza pública debatible en segunda instancia, comoquiera que la sentencia recurrida proviene de un tribunal administrativo. Asimismo, atendiendo la cuantía la sentencia era susceptible de apelación(8). De otro lado las pretensiones son pasibles de estudio a través de la acción de reparación directa establecida en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo.

1.2. La legitimación en la causa. Teniendo en cuenta que la legitimación comporta una condición anterior y necesaria para proferir sentencia(9), la Sala examinará este presupuesto procesal en su aspecto material, esto es, conforme a la participación real de las personas en el hecho que da lugar a la demanda(10).

De esta forma, por activa se encuentra demostrada la legitimación de los demandantes, en su calidad de familiares del fallecido William Romero Ribón, como se acredita con los respectivos registros civiles de nacimiento(11), así como también, con el registro civil de defunción de la persona de la cual derivan el interés para acudir en reparación (fl. 10, c. 1), con excepción del señor William Rodrigo Romero Guerra de quien no se allegó ninguna prueba que acredite el interés que lo vincula con los hechos de la demanda.

Por pasiva, se encuentra legitimada la Nación - Ministerio de Defensa - Armada Nacional y Policía Nacional, si se tiene en cuenta que es de quien se predica la presunta omisión en el deber de brindar protección y seguridad a la víctima.

1.3. La caducidad. Tratándose de la acción de reparación directa, conforme lo prescribe el artículo 136 Nº 8 del C.C.A. el término para demandar es de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la ocurrencia del hecho lesivo.

En el presente caso, que se reclama por los daños ocasionados por la muerte del señor William Romero Ribón, se sabe que este falleció el 20 de febrero de 2001, tal como consta en el registro civil de defunción (fl. 10, c. 1). De otro lado se sabe que la demanda de reparación fue interpuesta el 13 de julio de 2001, de lo cual se colige el ejercicio oportuno del derecho de acción.

2. Hechos probados.

2.1. Presupuestos de valoración de los medios de prueba.

i) El valor de las copias simples. Corolario del estado actual de la jurisprudencia de la Corporación(12), es posible sostener que los documentos obrantes en copia simple tienen mérito probatorio cuando se constate alguna de las siguientes hipótesis: a) que la parte contra quien se aducen, habiendo tenido la oportunidad de controvertirlos, los de por ciertos, no los desconozca ni los tache de falsos; b) que la parte contra quien se aducen los alegue igualmente como prueba; c) que la parte contra quien se aducen conserve el original; d) cuando se trate del trámite de reconstrucción de expedientes y e) cuando habiéndose convocado a reconocer el documento se obre con renuencia y evasivas(13). Lo anterior, con fundamento en la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, el acceso a la administración de justicia y el principio de la buena fe, entre otros, que vienen a constituir una especie de interdicción al exceso de rigor procesal que no pocas veces lacera el ejercicio y el acceso efectivo a las garantías constitucionales y de justicia.

En el expediente obran algunos documentos que fueron aportados en copia simple pero, a su vez, se encuentran amparados por las reglas de valoración expuestas, habida cuenta que fueron incorporados debidamente al expediente(14), que estuvieron disponibles para el ejercicio de contradicción de las partes y que sobre ellos no se esbozó tacha alguna, por lo que serán tenidos en cuenta con pleno valor de prueba.

ii) El valor de las pruebas trasladadas - declaraciones. La regla general para su valoración cuando provienen de otro proceso es que se convaliden por medio de la ratificación; no obstante, esta exigencia se torna innecesaria en tres eventos, tal como jurisprudencialmente se ha señalado:

(i) [C]uando en el libelo introductorio se solicita que se allegue al trámite contencioso copia de los procesos en los que reposan declaraciones juramentadas y la contraparte solicita la misma prueba en la contestación de la demanda, o (ii) de manera expresa manifiesta que está de acuerdo con la práctica de las pruebas solicitadas por la parte actora, dicha situación implica que ya no es necesaria la ratificación de los testimonios. (…) (iii) cuando un testimonio practicado en otro proceso sin audiencia de alguna de las partes –o de ambas–, ha sido trasladado al trámite contencioso administrativo por solicitud de una de las partes, y la otra utiliza en su defensa lo consignado en la aludida declaración juramentada, ello suple el trámite de ratificación de que habla el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil”(15).

Al presente caso se allegó con fines probatorios el expediente penal que se adelantó por la muerte del señor William Romero Ribón, el cual, junto con los testimonios que en él se contienen, serán valorados por cuanto su decreto obedeció a la petición coincidente de ambas partes, como se puede comprobar en el auto de pruebas visible a fls. 73-77, c. 1.

A la sazón de las anteriores consideraciones, se tienen como probados los siguientes hechos relevantes(16):

2.2. Se encuentra debidamente demostrado que el señor William Romero Ribón falleció, de manera violenta, el 20 de febrero de 2001, tal como consta en el acta de levantamiento de cadáver (fl. 266, c. 1) y el protocolo de necropsia Nº 015/2001 (fls. 103-105, c. 1).

2.3. Sobre las circunstancias en que ocurrió la muerte, se conoce que el 20 de febrero del 2001 el señor William Romero Ribón se encontraba en su lugar de residencia, ubicada dentro de un hotel, contiguo a la estación de combustible Terpel en el Barrio Bomba del municipio de Ovejas - Sucre y que, siendo aproximadamente las 11:30 p.m. llegaron cuatro sujetos armados y vestidos de camuflado, obligaron a un trabajador de la bomba a tocar a la puerta de William Romero, sin mediar palabra le ocasionaron la muerte y, antes de abandonar el sitio arrojaron un artefacto explosivo en el almacén de la bomba. De estos hechos se conoce, por los testimonios contestes de las tres personas que presenciaron los acontecimientos(17):

2.3.1. Así por ejemplo, en versión rendida ante la Inspección de Policía de Ovejas el día 21 de febrero de 2001, Oscar Julio García Buelvas, celador de la bomba de gasolina, en versión rendida al respecto dijo:

A eso de las 11:30 de la noche nosotros vimos cuatro sujetos vestidos de camuflado (…) llegaron hasta donde estábamos y me dijeron que entregaro (sic) el arma yo les dije que lo único que tenía era un foco, (…) de allí ellos hiban (sic) a poner un petardo a la casa de William, cuando le preguntaron a Nicolás Barrios que si allí habían niños, él dijo que si, uno de los sujetos dijo que a ese (tal por cual) lo venimos es a matar, eso no lo vamos a poner allí, lo vamos a poner en el almacén, cuando él dice así ellos se quedan con el petardo, uno de ellos me pulla (sic) con el fusil y me dice vamos para allá y él me dijo que dijera que lo buscaron unos paisanos para unas piezas, yo le dije a William lo que los sujetos me obligaron a decir, William me dice estando él dentro de su casa ya voy, entonces uno de los manes dice pilas que él tiene teléfono allá dentro, William les dijo que qué querían, dijeron que eran de la Sijín, que llegaron hasta donde ellos, William le dijo que le dijeron que qué querían, cuando William trató de dar la vuelta le dispararon un tiro, cuando él cae, el otro dijo dale otro para que se muera, antes de eso los tipos nos tenían alejados como unos veinte metros, sonaron como seis disparos, uno de los tipos cruzó solo hacia el almacén con el petardo que venía en un galón rojo de aceite rimula lo colocó en el almacén y nos dijeron piérdanse (…)(18).

2.3.2. En el mismo sentido, Gabriel Enrique Rivero, sostuvo:

Bueno en eso estaba Oscar García, Nicolás Barrios y yo, charlando los tres, cuando se presentaron cuatro tipos vestidos de camuflado, portando fusil, se dirigieron hacia nosotros preguntando que quien era el celador, contestando Oscar García que era él, el sujeto le dijo eme su arma, él le contestó que no tenía arma, y también pedían dinero que les diéramos toda la plata, al señor Nicolás le dijeron lo mismo (…) después preguntaron los sujetos dónde está el dueño de esto, diciendo que ellos lo venían a matar que ellos eran de la SIJÍN, que les hiban (sic) a meter una bomba, y preguntando que si en la casa vivían niños contestándoles que sí vivían algunos niños, y de allí obligaron a Oscar García, a llevarlos donde vivía William, de allí llamaron a William diciendo que unos paisanos necesitaban pieza, a nosotros nos dijeron que no nos hiba (sic) a pasar nada, váyanse ustedes de aquí que vamos a meter una bomba, de allí dos de los sujetos colocaron un artefacto a las oficinas de la bomba de gasolina, ya (…) habían matado a William, dispararon, cuando eso se oieron (sic) seis disparos, los sujetos después de explotar la bomba se fueron por el mismo sitio donde vinieron(19).

2.3.3. El tercero de los testigos, Nicolás Antonio Barrios Rivero, en consonancia con lo anterior, hizo un relato semejante (fl. 251, c. 1). En el mismo sentido, reposan los testimonios de la señora Ángela Teresa Flórez, compañera permanente de William Romero (fl. 277, c. 1) y, Nafer Rodrigo Romero Flórez (hijo), quienes se encontraban en ese momento durmiendo en el lugar donde se perpetraron los hechos (fl. 258, c. 1).

2.4. El día siguiente a los hechos (22 de febrero de 2001), el señor Nafer Rodrigo Romero Flórez, hijo de la víctima, acudió ante la Policía de Sucre y formuló la respectiva denuncia, en la cual sostuvo:

Yo estaba durmiendo, cuando escuché el primer disparo, me tiré al suelo, escuché otros dos disparos, pensaba que estaban disparando hacia la casa, se calmó la situación, salí del cuarto, me dirigí con mi mamá, mi hermano y la señora de mi hermano, cuando íbamos la puerta mi papá estaba tirado en el suelo ya estaba muerto, cuando íbamos a recogerlo, nos gritaron los tipos que nos metiéramos e hicieron unos tiros al aire, llamé Al Comando de la Policía de Ovejas, no me salió la llamada, cogí hacia el cuarto y de inmediato se escuchó la detonación de la bomba, nos llenamos de pánico porque se escuchó como si hubiera sido en la casa, salimos hacia la puerta del patio, calleron (sic) escombros sobre el techo, pensamos que iban para la casa a rematarnos, nos escondimos en el cuarto hasta que el celador Oscar García nos llamó, salimos, llegaron todos los vecinos, fuimos a buscar a la Inspectora y al momento llegó la Policía Nacional a realizar el levantamiento, lo hicieron y la necropsia la hicieron al día siguiente(20).

2.4.1. La denuncia fue remitida por la Seccional de Policía Judicial de Sincelejo a la Fiscalía, mediante oficio 0075 del 26 de febrero de 2001 (fl. 256, c. 1).

2.5. Asimismo, mediante oficio 112 (fl. 249, c. 1), el comandante de la Estación de Policía de Ovejas, informó de la novedad a la Fiscalía, en los siguientes términos:

[L]os hechos sucedidos el día de ayer, a eso de las 23:30 horas aproximadamente, en el sector Barrio La Bomba (vía Troncal) de este municipio, momentos en que cuatro sujetos vistiendo prendas de uso privativo de las Fuerzas Armadas (camuflados) y portando armamento de largo alcance (fusil), los cuales procedieron a asesinar sin mediar palabra al señor quien en vida respondiera al nombre de William Antonio Romero Ribón (…), de igual forma los citados sujetos procedieron a colocar un artefacto explosivo al almacén donde funcionaba la administración de la Estación de Gasolina Terpel (propiedad del occiso), dejando las instalaciones semidestruidas.

2.6. A su turno, el Segundo Comandante del Batallón de Fusileros de I.M. 14, el 6 de abril de 2001, mediante oficio 031 CBAFIM5-ODEHU – 725 (fls. 233-234, c. 1) formuló denuncia ante la Fiscalía Seccional de Sincelejo, en los siguientes términos:

[M]e permito presentar denuncia por los delitos de homicidio con fines terroristas, Concierto para Delinquir, Rebelión, violación a las normas del Derecho Internacional Humanitario, en contra de los integrantes del Frente 35 de las FARC al mando de Manuel Consuegra Pérez Alias “Duber”, “S” NN, Alias “James Luis”, NN Alias “Jader o Manguera”, NN Alias “Jaime Canaguaro”, NN Alias Davinson Aldana”, Humberto Sepúlveda Sepúlveda Alias “Albeiro Restrepo (…) Rafael Ospino Alias “Pedro Parada”, Víctor Sierra o Jair Guillermo Hincapié Hawasli y el “S” NN Alias “Cachucha”, como autores intelectuales y materiales de los hechos sucedidos el día 20 de febrero de 2001, en el barrio la Bomba del municipio de Ovejas (Sucre), teniendo en cuenta para ello la siguiente información:

El día 20 de febrero de 2001 sujetos pertenecientes al 35 frente de las FARC vistiendo prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares asesinaron con tres impactos de arma de fuego al señor William Antonio Romero Ribón, en hechos ocurridos en su residencia ubicada al lado de la estación de combustible Terpel en el barrio la Bomba del municipio de Ovejas (Sucre).

De igual forma a la víctima le hurtaron la suma de $40.000.000 y un reloj de pulso; estos últimos sujetos pusieron un petardo al lado del almacén que queda ubicado en la estación de gasolina destruyéndola parcialmente.

2.7. Se sabe que el 5 de marzo de 2001, la Fiscalía Décima Seccional de Corozal, dio inicio a la investigación previa Nº 15644 (fl. 255, c. 1), misma que concluyó el 22 de octubre de 2002, con decisión de no ordenar la apertura y práctica de la instrucción por absoluta indeterminación de la identificación de los presuntos autores o partícipes del violento suceso (fls. 290-293, c. 1).

2.8. Se conoce que el señor William Romero Ribón no había sido objeto de amenazas de ninguna índole y, por lo mismo, no había solicitado protección especial de la autoridad, tal como se demuestra con la declaración jurada de la señora Ángela Teresa Flórez y, de los señores Nafer Rodrigo Romero Flórez y William Francisco Romero Flórez.

2.8.1. En efecto, al ser preguntado sobre tal aspecto, Nafer Romero Flórez, respondió:

Amenazas no tenía de ninguna clase, en estos días él recibió una llamada telefónica donde le exigían medicina, la persona que llamó se identificó como Autodefensa, mi papá les dijo que si ellos venían a recibir la medicina él la entregaba, pero no volvieron a llamar más. PREGUNTADO: Diga el denunciante si es de su conocimiento que su padre tuviera enemigos. CONTESTÓ: No. (…) PREGUNTADO. Diga el denunciante qué manifestaron los sujetos al momento de llegar a la residencia de su señor padre. CONTESTÓ: Los sujetos obligaron al celador a que llamara a mi papá, ellos le dijeron al celador que le dijera a mi papá que se levantara a alquilar una piesa (sic) de las residencias, como él no tenía problemas con nadie pues él salió y fue así como lo asesinaron. PREGUNTADO: Diga el denunciante si su padre anteriormente había sido objeto de extorsión, amenazas o secuestro. CONTESTÓ: Extorsión ni secuestro lo único fue que una vez atracaron la bomba inclusive lo balearon, los tipos no los cogieron (…)(21).

2.8.2. Sobre el mismo punto, William Francisco Romero Flórez dijo:

El me comentó que le habían hecho llamada unas personas que se habían hecho pasar por las autodefensas y le dijeron que debido a los combates que sostuvieron con la guerrilla en esos días, habían paramilitares heridos y que necesitaban su colaboración, ya que él estaba en condición de apoyar económicamente ese organismo, y les dijo que investigaran bien porque él era un simple comerciante y de inmediato se cortó la conversación. PREGUNTADO. Dígale al Despacho si su padre era colaborador de las AUC. CONTESTÓ: No (…) PREGUNTADO: Le comentó su padre a usted algún día, de extorsiones: CONTESTÓ: Lo único que me comentó fue lo de la llamada y nada más(22).

2.8.3. Por su parte, la señora Ángela Teresa Flórez Mendoza, a la pregunta de la Fiscalía respecto de si William Ribón le había comentado sobre amenazas, contestó: “Nunca, lo único que me comentó fue de una llamada telefónica que le hicieron unos tipos pidiéndole medicina o plata en efectivo porque tenían muchos heridos. REGUNTADO Dígale al Despacho si su esposo era colaborador de algún grupo armado al margen de la ley CONTESTÓ: No nunca (…) PREGUNTADO. Le conoció usted enemigos a su esposo. CONTESTÓ: No nunca (…)”(23).

2.8.4. Asimismo, mediante oficio 0463 COMAN GRUDI DESUC, del 24 de Julio de 2003, la Policía Nacional, Comandante de Sucre, informó que: “revisados los archivos que se llevan en la Seccional de Policía Judicial, Seccional de Inteligencia, de la coordinación del grupo de seguridad, y los archivos de este comando, no se encontró registro alguno de solicitud escrita por parte del señor William Romero Ribón, como tampoco lo hizo de manera verbal para protección especial o poniendo en conocimiento amenazas públicas o privadas” (fl. 124, c. 1).

2.8.5. En el mismo sentido, la Primera Brigada de Infantería de Marina de las Fuerzas Militares informó que tras haber buscado en los archivos de la Unidad Militar, no se había encontrado ninguna solicitud de protección especial por parte de William Romero Ribón (fl. 128, c. 1).

2.9. Se sabe que para la fecha de su muerte, el señor William Antonio Romero Ribón se encontraba inscrito en el registro de comerciantes de la Cámara de Comercio como propietario del establecimiento de comercio denominado: Estación de Servicio Terpel Ovejas (fls. 125-127, c. 1). Si bien, el procurador judicial de los demandantes en el escrito de apelación sostuvo que el fallecido William Romero Ribón era un servidor público que se desempeñaba como concejal, lo que resultó probado fue que se trataba de un comerciante dedicado a la actividad de almacenamiento y venta de combustibles y lubricantes y demás productos derivados del petróleo (fl. 126, c. 1).

2.9.1. Obra a fl. 30, c. 1, certificación del contador Clodomiro González, de fecha 13 de julio de 2001, en la cual certifica que: “el señor William Antonio Romero Ribón identificado con la cédula de ciudadanía 3.918.451 de Ovejas (Sucre), obtenía Ingresos promedio netos de cinco millones de pesos M/L ($5.000.000.oo), por concepto de compra y venta de combustibles y lubricantes en su estación de servicios Terpel ubicada en el municipio de Ovejas (Sucre)”.

2.9.2. Obra a fl. 173, c. 1 oficio Nº 8323001-0153 de la DIAN del 29 d abril de 2004, en el cual se hace constar que “el contribuyente William Antonio Romero Ribón, con Nit. 3.918.451, inscrito ante esta administración de impuestos nacionales, como responsable del impuesto sobre la renta desde 1994, a la fecha no ha presentado ningún denuncio rentístico”.

2.10. Se conoce que para la fecha en que se sucedieron los hechos, el municipio de Ovejas Sucre, geográficamente ubicado en la región de los Montes de María, experimentaba una violencia generalizada a causa del enfrentamiento de grupos al margen de la ley y del ataque indiscriminado por parte de éstos a la población civil.

2.10.1. Esto es así, si se tiene en cuenta que un mes antes de la muerte de William Romero, el 17 de enero de 2001 se había perpetrado la masacre de Chengue - corregimiento del municipio de Ovejas por parte de grupos paramilitares, en la cual perdieron la vida 28 personas, episodio que ha sido ampliamente conocido, documentado y que, desde el sublite, se encuentra evidenciado con el informe de la Personería Municipal de Ovejas, contentivo, además, de las actas de los consejos de seguridad (fls. 110-123, c. 1) que se realizaron por la época(24). En dicho informe, denominado “Informe parcial relación de homicidios ocurridos por orden público en la jurisdicción de ovejas en los meses de enero y febrero de 2001, en el cual consta:

Enero 17 2001 - Masacre - Enero 17 de 2001

En el corregimiento de Chengue - Ovejas, paramilitares de las AUC, acometen una masacre con saldo de 28 personas muertas violentamente, (…).

Feb. 18/01: Homicidio

Víctima: (…)

Victimarios: Protagonistas del conflicto armado interno.

Lugar de los hechos: Bajo de la Europa.

Feb. 25/01: Desplazamiento masivo.

25 familias desplazadas de la vereda La Europa.

Martes 20 de Feb. /01: Homicidio.

Víctima: William Romero

Victimarios: Presuntos protagonistas del conflicto armado interno.

Lugar de los hechos: Barrio La Bomba, zona urbana(25).

2.11. Se sabe que para el momento de su muerte, el señor William Antonio Romero Ribón tenía 50 años de edad, tal como se desprende del registro civil de nacimiento que constata como fecha de nacimiento el 11 de diciembre de 1950 (fl. 11, c. 1).

3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala analizar si conforme a los hechos y pruebas existentes, se cumplen los presupuestos necesarios para imputarle responsabilidad al Estado por la muerte del señor William Antonio Romero Ribón, ocurrida el 20 de febrero de 2001 en Ovejas Sucre; así como también, por los destrozos materiales causados con la explosión de un artefacto detonado por los perpetradores del crimen en los momentos en que se disponían a abandonar el lugar de los hechos.

Para tal efecto, la Sala deberá establecer si como lo alega la parte actora, las entidades demandadas, habida cuenta los hechos de violencia contra la población civil que para la época se venían presentando en esa región, fallaron en la prevención del fatal suceso al no efectuar controles y retenes que hubieran impedido el desplazamiento de los victimarios o, si por el contrario, comoquiera que el demandante no había solicitado ningún tipo de protección especial, ni había denunciado amenazas, la actuación de los terceros era imprevisible y, por tanto, imposible de imputar a las accionadas.

4. Análisis de la Sala.

4.1. La responsabilidad del Estado por actos violentos de terceros. Ab initio, un argumento por exclusión llevaría a pensar que si se habla de actos de terceros, ninguna responsabilidad le cabría al Estado por el acto dañoso. Es decir, que desde el plano fáctico no hay una relación de causalidad entre el daño y una actividad o acción desplegada por el Estado a través de sus agentes. No obstante, esa comprobación ontológica no resuelve de inmediato el quid de la imputación, si se tiene en cuenta que también en la inexistencia de actividad –cuando esta es debida–, o en la permisividad del accionar del tercero se genera un fundamento normativo de la responsabilidad, claro está, ya no desde los presupuestos de una relación causal sino de un imperativo jurídico capaz de vincular obligacionalmente a la administración no porque ésta haya producido el daño sino porque –debiendo y pudiendo– no hizo nada para evitarlo; o porque con su lícita actividad generó un riesgo superior. Es decir, la responsabilidad se estructura sobre la base de “contrastar el contenido obligacional que, en abstracto, fijan las normas específicas a la entidad demanda con el grado de cumplimiento en el caso concreto(26).

Ahora bien, partiendo del ineludible deber que le asiste al Estado de garantizar la protección de todas las personas residentes en el país; es menester señalar que por vía de esa obligación genérica “no le son imputables todos los daños a la vida, a la integridad física o a los bienes de las personas causados por terceros, porque las obligaciones del Estado son relativas, en la medida que se circunscriben a sus capacidades en cada caso concreto (…) aunque la relatividad de las obligaciones del Estado no excusa su incumplimiento, sino que debe indagarse en cada caso si, en efecto, fue imposible cumplir aquéllas que en relación con el caso concreto le correspondían(27)”.

En ese orden de ideas, para que el daño proveniente de actuaciones exógenas le sea imputable al Estado se requiere que existan razones de derecho que lo vinculen con la garantía de “estándares normativos funcionales fijados por el orden interno e internacional”(28); de tal manera que el incumplimiento y desatención de los mismos acarree el deber de responder ya sea porque se pudo comprobar una falla del servicio o, en ausencia de esta, la administración con su legítima actividad haya generado un riesgo anormal y excesivo.

En tal sentido, conforme al más reciente pronunciamiento de la Sala Plena de la Sección Tercera(29), la responsabilidad del Estado por actos violentos perpetrados por terceros, procede ya sea a título de falla del servicio o riesgo excepcional, según se desprenda de los hechos en que se geste el caso.

Sin desconocer que el estudio de la falla del servicio tiene un lugar prelativo en el análisis que debe acometer el juez de daños(30), lo cierto es que en el sublite, de acuerdo con el escenario fáctico que lo antecede, queda descartada la configuración de una hipótesis de riesgo excepcional(31); por tanto, la Sala deberá exhaustivar el estudio sobre la base de una posible falla del servicio.

4.2. La falla del servicio como presupuesto de responsabilidad por daños causados por actos violentos de terceros. Sobre cuándo se considera que la falla del servicio opera como fundamento de la reparación en este tipo de eventos, la Sección Tercera del Consejo de Estado, ha establecido los siguientes supuestos:

i) en la producción del daño estuvo suficientemente presente la complicidad por acción u omisión de agentes estatales; ii) se acredita que las víctimas contra quienes se dirigió de modo indiscriminado el ataque habían previamente solicitado medidas de protección a las autoridades y estas, siendo competentes y teniendo la capacidad para ello, no se las brindaron o las mismas fueron insuficientes o tardías, de tal manera que su omisión es objeto de reproche jurídico (infracción a la posición de garante); iii) la población, blanco del ataque, no solicitó las medidas referidas; no obstante, el acto terrorista era previsible, en razón a las especiales circunstancias fácticas que se vivían en el momento, pero el Estado no realizó ninguna actuación encaminada a evitar de forma eficiente y oportuna el ataque; y iv) el Estado omitió adoptar medidas de prevención y seguridad para evitar o atender adecuadamente una situación de riesgo objetivamente creada por este”.(32)

En términos generales, cuando se trate de actos violentos de terceros, el Estado responde a título de falla del servicio, porque: “i) haya participado directa o indirectamente en la producción del hecho dañoso, o ii) no hubiere intervenido en el acto o hecho generador del daño, pero este le era previsible y resistible, y no adoptó las medidas necesarias e idóneas encaminadas a anticipar, evitar o mitigar el resultado dañoso, pudiendo y debiendo hacerlo”.(33) Sobre este último aspecto, esto es, la previsibilidad del daño, la jurisprudencia de la Corporación ha tenido en cuenta la variable del contexto, para evaluar el conocimiento anticipado que las autoridades pueden tener de determinado hecho, razón por la cual, la Sala hará un análisis de incidencia del contexto como factor para determinar la actuación o inactuación constitutiva de falla.

4.2.1. Análisis del contexto como factor de previsibilidad del daño ocasionado por el tercero. A efectos de establecer la previsibilidad del hecho(34), cuando la víctima no puso en conocimiento de la autoridad amenazas ni solicitó previamente protección y, tampoco es una persona que por la naturaleza de las funciones ejercidas deba ser objeto de protección o resguardo especial(35); esta Subsección ha tenido en consideración el contexto en que se suceden los hechos, de tal suerte que si estos se desarrollan en zonas de conflicto armado donde la asechanza de los grupos ilegales contra la población civil es evidente, persistente y escalada, ha encontrado fundada la obligación de responder, en aquellos casos en que a partir de las mentadas condiciones se pueden establecer o identificar deberes de protección especial que el Estado debía cumplir y no lo hizo.

No se trata de imponerle al Estado obligaciones de augur ni de hacerle exigencias sobre la base de pronósticos improbables y remotos, como tampoco, de reclamarle lo que solo un Estado ideal estaría en condiciones de cumplir, inclusive, “la Corte IDH aplica una especie de self-restraint cuando acepta la tesis de la “protección imposible” como medio de defensa del Estado caso por caso(36). De lo que se trata es que, cuando exista una cadena de sucesos previos, debidamente conocidos y comprobados, con base en los cuales se haya estimado un riesgo exponencial que haga previsible la vulnerabilidad de la población y, por ende, la necesidad de emprender acciones de protección acordes a la situación evidenciada, si estas no se promueven; es decir, si no se adoptan las medidas procedentes y pertinentes, se configura la falla por omisión en los deberes especiales de asegurar las condiciones en tan particular escenario.

De esta forma, la responsabilidad no se erige per se en la situación de contexto sino que el entorno sirve para develar la inactividad del Estado, o si se prefiere, “la variable del contexto no define la responsabilidad pero si la vulnerabilidad” y esta a su vez, la previsibilidad de los hechos a partir de la cual se realiza el análisis de la posible inadvertencia, descuido, negligencia u omisión en la implementación y realización de los deberes de protección. En otras palabras, el contexto no es el fundamento de la falla del servicio sino el vector de descubrimiento de la inactuación estatal.

Ahora bien, podría suponerse que el contexto incube la responsabilidad del Estado, sí y solo sí, superamos la noción cimera de lo que se concibe por contexto, es decir, el lato “reenvío a las circunstancias históricas, políticas y sociales”(37), ya que estas no son más que datos de una realidad crónica determinada que, aunque se entienden como “causas subyacentes” no definen, por sí solas, en un caso concreto las condiciones de “vulnerabilidad jurídica” ni de atención o desatención del Estado y, por ende, tampoco las condiciones de previsibilidad o imprevisibilidad de un daño.

Definir las condiciones de vulnerabilidad jurídica, que es a la vez, definir las condiciones de previsibilidad del daño en un contexto de alteración del orden público o de conflicto armado es algo más complejo, requiere de un ejercicio que trascienda lo meramente circunstancial (contextual) e involucre elementos de lo consubstancial (jurídicos). Atendiendo esa complejidad, Estupiñán Silva, por ejemplo, ha propuesto un “test de vulnerabilidad jurídica” a partir de los insumos jurisprudenciales de la CIDH que, en nuestro caso, puede tener una doble aplicación, es decir, que así como sirve para identificar condiciones de fragilidad social de personas o grupos, también puede utilizarse para evaluar las condiciones de previsibilidad del daño y, su utilidad se resume en que aplica de igual manera tanto para individuos como para grupos o colectivos(38).

El test pondera tres factores, a partir de los cuales la Sala establecerá tres dimensiones del contexto; dichos factores son: i) las causas subyacentes (circunstancias históricas, políticas y sociales), que como ya se dijo, aunque necesarias no son suficientes para edificar un supuesto de falla y por esta vía la responsabilidad del Estado(39); ii) la exposición a presiones variables, a partir de las cuales la vulnerabilidad entra en una espiral de progresión, que se inicia en las causas subyacentes pero va tomando fuerza hasta alcanzar condiciones de riesgo o inseguridad(40). Por el lado de las omisiones, se toma en cuenta la ausencia institucional o lagunas de protección que ejercen presión sobre otras variables pero, por sobre todo, en el factor “riesgo o inseguridad”. Por el lado de la acción aparecen los “peligros aleatorios de diversa índole, entre ellos, “las macro - fuerzas” de naturaleza política, entre las que se encuentran los conflictos armados internos que se conciben como “factores de exacerbación de la exposición a la amenaza de violación de los derechos humanos para algunas personas o grupos de personas”(41)

Hasta aquí, se han abordado dos elementos de vulnerabilidad que se equivalen a dos elementos del contexto: las causas de una realidad dada y la forma como el Estado debe intervenir en esa realidad. Sin embargo, como ya se dijo, estos elementos no son suficientes, ya que aun cuando son útiles para determinar deberes de protección y peligros aleatorios, los datos que arrojan siguen dando reportes de una realidad ampliada, indispensable pero deficitaria al momento de determinar la vulnerabilidad o exposición de un individuo o un colectivo específico (micro realidad) a un riesgo mayor, del cual pueda predicarse, por un lado, la previsibilidad del hecho dañoso y, por otro, la necesidad de acentuar y reforzar la protección y la adopción de medidas. En otras palabras:

[La] hipótesis de una vulnerabilidad inherente a los seres humanos nacida de contextos estatales más o menos expuestos a la amenaza de violación de los derechos humanos no es suficiente. Además de las causas y las presiones variables que exponen más o menos a un sujeto de derecho frente a una amenaza, la Corte IDH ha estimado que es necesario abordar la cuestión del grado de sensibilidad del individuo o del grupo en sí mismo vis - à - vis las mencionadas causas y presiones para determinar si su grado de vulnerabilidad supone (o no) la existencia de obligaciones positivas reforzadas por parte del Estado en virtud de los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana. Sólo los sujetos que presenten un alto grado combinado de afectación por las causas de la vulnerabilidad, de sensibilidad a la amenaza de violación de sus derechos y de exposición a la amenaza en sí misma, serán calificados por la Corte IDH como sujetos vulnerables(42)[y, para lo que aquí interesa, sujetos expuestos a un riesgo previsible y resistible].

De esta forma aparece, por extensión, el tercer elemento, que aun cuando en estricto sentido no pertenece al contexto, emana de éste; se trata de, iii) el grado de sensibilidad del individuo o del grupo a las causas subyacentes y las presiones existentes en un contexto dado, en este caso, un contexto de conflicto armado. Ello implica establecer en “cuestión de grado”, la sensibilidad del sujeto a los dos primeros factores (causas subyacentes y presiones) y “si su grado de vulnerabilidad supone (o no) la existencia [de un riesgo extraordinario que genere] obligaciones positivas reforzadas por parte del Estado”(43), de cara a las exigencias constitucionales y convencionales. De esta manera, se llega a la determinación del “sujeto vulnerable” (expuesto a un riesgo previsible), entendida así:

Sólo los sujetos que presenten un alto grado combinado de afectación por las causas de la vulnerabilidad, de sensibilidad a la amenaza de violación de sus derechos y de exposición a la amenaza en sí misma, serán calificados (…) como sujetos vulnerables. (…).

El sujeto vulnerable (…) está, en consecuencia, afectado por fragilidad superior a la fragilidad promedio de otros sujetos en el seno del mismo Estado y esta fragilidad provoca un grado mayor de exposición a la violación convencional. Cuando se combina el análisis del contexto y del grado de sensibilidad a este último, el sujeto vulnerable puede ser estudiado por el juez interamericano a partir de un conjunto de tipos para facilitar el estudio de sus realidades complejas”(44).

Este tercer elemento que resulta definitorio debe, en todo caso, identificarse a partir de datos objetivos y verificables, implica analizar la sensibilidad a la amenaza, entendida como la situación de evidente debilidad o desventaja derivada, entre otros, de circunstancias de distinta índole como las que debe afrontar la población civil en el marco de un conflicto armado. En tal sentido, la amenaza se asocia con un nivel exacerbado de riesgo, intimidación o peligro y no con el acto concreto de haber recibido una coacción personal(45).

Recapitulando, para determinar la vulnerabilidad jurídica específica de un individuo o grupo y, por vía de esta, el mayor riesgo de sufrir daños y afectaciones (previsibilidad) en el marco de la responsabilidad del Estado por actos violentos provocados por terceros, se debe identificar claramente el contexto en sus tres dimensiones: i) contexto distal(46) que refiere a la existencia de unas causas subyacentes y estructurales; ii) contexto proximal(47), entendido como el nivel de exposición a presiones variables provenientes de la primera dimensión contextual y, iii) contexto situacional(48), relacionado con el grado de sensibilidad al riesgo o fragilidad evidente. Estas tres dimensiones, en conjunto, hacen previsible la exposición a un riesgo exponencial o extraordinario(49), a partir del cual se debe analizar la diligencia debida o, en su defecto, la negligencia u omisión constitutiva de la falla del servicio.

En consecuencia, la lectura del contexto (conflicto armado) y la influencia de este en el desencadenamiento de los hechos (sensibilidad a la intimidación o peligro) debe superar el umbral de los riesgos ordinarios que se ciernen de manera general sobre los habitantes del país o de una zona determinada, para que pueda exigirse del Estado un nivel de protección especial, bajo el entendido que el daño –en tales condiciones – se hace previsible. Siendo así, la relatividad de las obligaciones no excusa su incumplimiento y, en caso de comprobarse una omisión a los deberes de protección especial, la responsabilidad del Estado por los hechos violentos de terceros, se consolida a título de falla del servicio.

De esta forma, así como existen casos donde los factores y condiciones de violencia han develado las fallas del servicio ante la previsibilidad de los hechos y la falta o descuido en la adopción de medidas especiales, en cuyo caso la corporación ha declarado la responsabilidad del Estado(50); también existen otros, en los que luego de sopesar las circunstancias se ha llegado a la conclusión que el Estado no estaba al tanto de anticipar los hechos y de evitar los daños y, en consecuencia, ante la ausencia de falla se le ha exonerado(51). En últimas, lo que se ha comprobado en estos casos (de no responsabilidad) es que aun cuando las circunstancias del contexto distal y proximal se encuentran acreditadas no así las que atañen al contexto situacional que define los deberes de protección reforzada y la adopción de medidas específicas o que, inclusive, estando demostrado este último, el Estado no incurrió en omisión de sus deberes.

Con todo esto se quiere significar que el asunto de la previsibilidad o la imprevisibilidad de los hechos, depende por exclusivo de los supuestos fácticos de cada caso y que, de conformidad con lo expuesto, el contexto (en sus tres dimensiones) es relevante para afirmar el nivel de previsibilidad y los deberes de protección especial, a partir de los cuales debe comprobarse la omisión del Estado, so pena de que el caso se atribuya por exclusivo al hecho del tercero. En otras palabras, a partir de una visión integral del contexto se verifica lo que el Estado estaba obligado a hacer pero, además, debe verificarse que no lo hizo (omisión); por tanto, una vez explorado el contexto, el paso a seguir es analizar si el Estado incurrió o no en falla.

4.3. El caso concreto. Debate la Sala la responsabilidad del Estado por la muerte del señor William Antonio Romero Ribón acaecida el 20 de febrero de 2001 en zona urbana del municipio de Ovejas - Sucre y, perpetrada por cuatro individuos que portaban armas de largo alcance y material detonante(52).

4.3.1. Acreditación del daño y su antijuridicidad. Para la Sala es claro y se encuentra debidamente probado el daño antijurídico que se alega, comoquiera que por distintos medios se demostró la muerte violenta del señor William Antonio Romero Ribón (registro civil de defunción (fl.10, c. 1), protocolo de necropsia (fls. 103-106, c. 1) y, la afectación a bienes materiales (almacén) producto de la detonación de un artefacto explosivo por parte de los criminales que llevaron a cabo el cometido ominoso(53).

Asimismo, el daño en su aspecto material también aparece evidenciado ya que se sabe que para el momento de su muerte William Antonio Romero Ribón ejercía una actividad económica productiva, toda vez que se dedicaba a la compra venta de combustibles, conforme se deduce de su inscripción en el registro de comerciantes de la Cámara de Comercio (fls. 125-127, c. 1).

De su antijuridicidad tampoco hay duda, ya que siendo la vida el prior de los bienes que alguien pueda tener, resulta impensable que una pérdida semejante pueda estar dentro de la esfera de lo que es disponible o de lo que alguien bajo cualquier circunstancia deba soportar. Se trata por tanto, del bien por excelencia tutelable y de mayor relevancia constitucional(54) y convencional(55), a partir del cual cobra sentido la existencia de otros derechos, como en este caso, el de la seguridad y la integridad personal. En ese mismo orden de ideas, la afectación a los bienes y/o cosas materiales, con ocasión de los hechos que constituyen el presente caso, también resulta antijurídica.

4.3.2. Los presupuestos de imputación del daño. Conforme a los hechos debidamente probados, para efectos de la imputación, la Sala establece como premisas básicas: i) la víctima no había sido objeto de amenazas ni había solicitado protección especial de las autoridades; ii) aun cuando se desconoce la identidad de los autores materiales del hecho, se infiere que se trató de integrantes de algún grupo armado de los que operaban en la zona y, III) los hechos sucedieron en zona urbana del municipio de Ovejas Sucre, región de los Montes de María y, por entonces, zona de disputa territorial entre distintos grupos de al margen de la ley.

Como metodología para acometer el análisis de imputación, la Sala establecerá, en primer lugar, la previsibilidad de los hechos a partir de la identificación del contexto en que se sucedieron; posteriormente, los deberes de protección exigibles a las autoridades en consideración a ese contexto (contenido obligacional) y, finalmente, la identificación de las actuaciones o, contrario sensu, las omisiones del Estado frente al contenido obligacional exigible.

4.3.2.1. Previsibilidad de los hechos a partir de una lectura integral del contexto. Sin mayores detenimientos ni holismos históricos, es innegable que Colombia ha vivido desde hace más de cinco décadas inmersa en un conflicto armado interno, no solamente porque se trata de hechos irrebatibles, sino porque jurídicamente así ha quedado reconocido(56). En tal sentido, es evidente que, en términos de establecer la previsibilidad de actos violentos de terceros, el contexto distal se encuentra acreditado.

Ahora bien, aun cuando para el presente caso se desconoce la identidad de los autores materiales del hecho, todo indica que no se trató de un evento aislado de la delincuencia común sino que la muerte del señor Willian Antonio Romero Ribón y la activación de un artefacto en las instalaciones del almacén de su propiedad provino del actuar de grupos armados que operaban en el contexto del conflicto armado imperante en el país y, concretamente, en la zona donde ocurrieron los hechos en la cual venían perpetuando ataques indiscriminados contra la población civil. En este punto, resulta relevante que, inclusive, el Segundo Comandante del Batallón de Fusileros I.M. No. 5 al formular la denuncia ante la Fiscalía por la muerte de Romero Ribón (fls. 233-234, c. 1), atribuyó el hecho a integrantes del frente 45 de las FARC y la Personería Municipal de Ovejas relacionó el homicidio con el actuar de los protagonistas del conflicto armado interno (fl. 110, c. 1), razón de más para entender que el hecho no se suscitó en el marco de la violencia común.

Por esta razón, el contexto proximal también resulta indiscutible, si a ello se añade que el municipio de Ovejas (Sucre) pertenece a la región conocida como “Montes de María”, donde para el momento de los hechos y desde antes, se venían enfrentando en disputa por el control de la zona facciones paramilitares con los bloques de las FARC y, en medio de este accionar violento e ilegal la población civil venía siendo blanco constante de ataques, como se desprende de las actas de los consejos de seguridad allegadas al expediente (fls. 110-123 y 178-225, c. 1)(57). Es decir, los pobladores de la región venían siendo sometidos a las distintas variables de presión que una confrontación de esa naturaleza ejerce sobre quienes inermes se depositan en la seguridad que el Estado les debe ofrecer(58).

A efectos de determinar el contexto situacional, es decir, qué o cuáles circunstancias en concreto podían hacer presumible la ocurrencia de un hecho como el que le aconteció al señor Romero Ribón, resulta relevante señalar que un mes antes del suceso (17 de enero de 2001), a escasos cuarenta minutos del casco urbano de Ovejas, en el corregimiento de “Chengue”, los grupos de autodefensas habían masacrado a 28 personas e incinerado el 70% de las casas, provocando un desplazamiento masivo de quienes sobrevivieron al atroz crimen, a la cabecera municipal de Ovejas y de municipios circunvecinos (fl. 196, c. 1)(59).

En términos de previsibilidad resulta evidente que la población civil del municipio de Ovejas y sus alrededores, entre los que se contaba Romero Ribón, estaba expuesta al accionar deliberado de los grupos armados ilegales(60). Más aún, conforme a las evidencias, es posible sostener que el nivel de riesgo o grado de exposición de la población civil frente al accionar de los grupos irregulares se acrecentaba bajo ciertas circunstancias que las autoridades ya tenían detectadas. Así por ejemplo, en la masacre de Chengue los perpetradores habían llegado al corregimiento valiéndose de la noche, lo que hacía suponer a las autoridades que se debían extremar las medidas y controles de tránsito de personal extraño en ciertos horarios.

Tan es así, que en el Consejo de Seguridad celebrado el 17 de enero de 2001 el Coronel a cargo de la Primera Brigada de Infantería de Marina, refiriéndose a la masacre de Chengue, expuso que “los presuntos autores utilizaron la noche y la madrugada para ingresar a la zona sin llamar la atención” (fl. 181, c. 1), lo que sin duda viene a comprobar que el nivel de vulnerabilidad de la población civil se agravaba no solamente por estar inmersos en el teatro de las retaliaciones sino porque estratégicamente los grupos ilegales tenían identificadas unas condiciones que favorecían su delictivo actuar. Siendo así, se debe recordar que los hechos del presente caso se sucedieron en avanzadas horas de la noche (11.30 p.m.), en una estación de servicio (gasolinería) en el casco urbano del municipio de Ovejas.

Hasta aquí se tiene acreditado, conforme al contexto, que la población civil de la región de los Montes de María venía siendo azotada por la violencia y, estaban sometidos a un grado de riesgo mayúsculo. Además, que el contexto situacional de los pobladores de Ovejas (Sucre) en su zona rural y urbana para el momento de los hechos, hacía presumir que los grupos ilegales continuarían con su escalada de terror. Ciertamente, con esto lo único que resulta evidente es que al ser el riesgo razonablemente previsible, se hacían necesarias y urgentes medidas especiales por parte de las autoridades para la protección efectiva de los habitantes.

4.3.2.2. Los deberes de protección exigibles a las autoridades en consideración al contexto del caso. Más allá de las obligaciones que el Estado Colombiano tiene en el marco convencional(61) e interno de garantizar la vida, la integridad y la seguridad personal(62), de lo que se trata es de establecer las medidas exigibles conforme a la situación de violencia que en su momento enfrentaba la población civil, que como ya se ha establecido, debían ser medidas positivas de prevención y protección bajo el entendido de un deber acentuado(63), sin perder de vista, en todo caso, que “la obligación de seguridad que corresponda cumplir al Estado en un evento determinado, debe establecerse en consideración a su capacidad real de prestar ese servicio, atendidas las circunstancias concretas, bajo el criterio de que “nadie está obligado a lo imposible”. Por ello, debe indagarse en cada caso lo que podía razonablemente esperarse del servicio, teniendo en cuenta las circunstancias del momento y los recursos humanos y materiales disponibles”(64).

De esta forma, se sabe que para ese momento, conforme se indicó por parte del Comandante de la Primera Brigada de IM Nº 1 en Sucre (Acta 010 del 23 de enero de 2001) existían en la zona 81 municipios(65) amenazados por los grupos generadores de violencia y la Primera Brigada contaba únicamente con 11 unidades fundamentales para cubrir la jurisdicción” (fls. 184-192). Las deficiencias de personal eran tales, que días antes (17 de enero de 2001) con ocasión del consejo de seguridad celebrado tras la masacre de Chengue, el capitán Parra Rivera informó que no había suficiente personal para contrarrestar todas las amenazas, por tanto, solicitó refuerzos para cubrir la zona en su totalidad y se estaba a la espera de la creación de una brigada móvil. (fls. 180-183 y 188, c. 1). En tales circunstancias, resultaba imposible la protección vis a vis de todos los habitantes de los municipios expuestos, entre ellos el de Ovejas donde fue ultimado el señor Romero Ribón, si se tiene en cuenta que las propias autoridades encargadas del orden público venían solicitando un aumento del pie de fuerza y que, inclusive, en el municipio de Chalán colindante con Ovejas, para esa fecha ni siquiera contaba con puesto de Policía(66).

No obstante, que la fuerza pública careciera del suficiente personal para repeler todos los actos de violencia que venían perpetuando los grupos armados ilegales, llámese autodefensa o guerrilla, no impedía la adopción de medidas estratégicas acordes a esa capacidad, como en efecto se dijo se venían tomando.

Así por ejemplo, en el consejo de seguridad realizado el 23 de enero de 2001 tras haber hecho una exposición de las acciones tomadas con posterioridad al consejo de seguridad celebrado el 18 de diciembre de 2000, se puso de presente que se habían dispuesto Compañías para cubrir “los puntos críticos (…) las entradas y salidas de los municipios más vulnerables” (fl. 186, c. 1) y, que se requería la intervención de las autoridades civiles, ya que “en ambientes de gravedad es necesario la implementación de medidas restrictivas (fl. 188, c. 1). Asimismo, en el consejo de seguridad del 17 de enero hogaño, el coronel Norman Arango propuso trasladarse a la zona de Ovejas, propuesta que fue aceptada por el gobernador para, de esta manera, “tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar sorpresas” (fl. 181, c. 1).

En ese orden de ideas, queda claro que las autoridades, a partir de los consejos de seguridad que se venían realizando y en los cuales tomaron participación activa los integrantes de la fuerza pública (Ejército, Armada y Policía) venían tomado medidas de control para cubrir los que consideraban puntos críticos, entre ellos, la entrada y salida a los cascos urbanos de los municipios y, habían considerado la implementación de medidas restrictivas dada la gravedad de los hechos que venían sucediendo.

4.3.2.3. Concreción de las fallas del servicio frente al contenido obligacional exigible. Se sabe que el señor William Romero Ribón fue asesinado siendo aproximadamente las 11.30 p.m., momentos en que, cuatro personas que según afirman los testigos, vestían prendas de uso privativo de la fuerza pública y portaban armas de fuego de largo alcance (según se dijo fusiles)(67) y un artefacto explosivo, llegaron hasta la Estación de gasolina Terpel en el Barrio Bomba del municipio de Ovejas - Sucre e, intimidando a uno de los trabajadores para que le hiciera un llamado a la puerta de la residencia contigua donde habitaba el señor William Antonio Romero y su familia, lograron que éste abriera y de inmediato le propinaron varios disparos causándole la muerte y arrojando el explosivo en el almacén de la gasolinería, antes de emprender su huida.

También se sabe, porque así fue calificada por la Personería Municipal de Ovejas (fl. 110, c. 1) y por las Fuerzas Militares (fls. 233-234, c. 1), que los victimarios eran protagonistas del conflicto armado interno, al parecer miembros de la guerrilla según la denuncia que entabló el Ejército.

Atendiendo la situación fáctica debidamente probada, Para la Sala no hay duda que los hechos del 20 de febrero de 2001 en los cuales perdió la vida el señor Romero Ribón, fueron posibles porque las demandadas incurrieron en fallas del servicio, consistentes en no haber advertido el ingreso y circulación de las cuatro personas armadas al caso urbano del municipio de Ovejas Sucre, siendo que portaban armas de largo alcance y, siendo que, según se había manifestado en consejos de seguridad realizados un mes antes de los hechos, se habían instalado controles en las entradas y salidas de los municipios vulnerables, entre los que se encontraba Ovejas.

Es claro, que la noche de los hechos, los anunciados controles y las medidas restrictivas fallaron, ya que en las condiciones en que arribaron los victimarios era difícil que pasaran desapercibidos si tales controles hubiesen existido o de existir hubieran funcionado debidamente, los cuales se esperaría operaran con mayor eficiencia en las horas de la noche, no solamente porque en ese horario la población circulante se reduce ostensiblemente, sino porque ya las autoridades habían detectado que los grupos ilegales aprovechaban estas horas para sorprender a la población y a la misma fuerza pública.

La omisión evidenciada se predica tanto de la Armada Nacional, como de la Policía, ya que una y otra tenían a cargo la protección de los habitantes de Ovejas y, una y otra habían participado de los consejos de seguridad en los que se suscribieron compromisos en torno a las medidas que ameritaba la gravedad de la situación a la que venían siendo expuestos los habitantes de la zona.

Por estas razones, la Sala estima que, dadas las circunstancias en que se sucedió la muerte del señor William Antonio Romero Ribón, la misma es imputable el Estado a título de falla del servicio. En tal virtud, declarará la responsabilidad de las entidades demandadas, comoquiera que el daño antijurídico es consecuencia de la omisión conjunta de estas, lo que las hace merecedoras del régimen de solidaridad pasiva de que trata el art. 2344 del Código Civil, mismo que por su carácter dispositivo es irrenunciable y que conlleva la posibilidad de reclamar la totalidad de la deuda de cualquiera de las obligadas o de ambas y, en el evento que una de las deudoras solidarias haya pagado la totalidad de la deuda podrá reclamarle a la otra la cuota parte que debía asumir y, que para el presente caso se trata de cuota partes iguales.

En consecuencia, se revocará la sentencia de primer grado y en su lugar, se declarará la responsabilidad de la Nación - Ministerio de Defensa - Armada Nacional y Policía Nacional y se condenará al pago de perjuicios conforme la liquidación que a continuación procede.

5. Perjuicios.

5.1. Perjuicios morales.

Con relación a los perjuicios morales por la muerte de un ser querido, la jurisprudencia de esta Corporación ha dicho que estos se infieren del grado de parentesco(68) y, se predica de los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil.

En la demanda se solicitó por este concepto el equivalente a 2000 gramos oro para cada uno de los demandantes. Al respecto, la corporación recuerda que “la jurisprudencia de esta Sección abandonó el criterio de remisión al oro, de manera que en la actualidad las indemnizaciones se fijan en moneda legal”(69). De otro lado, la Sala Plena de la Sección Tercera unificó los topes indemnizatorios en materia de reparación de perjuicios morales por muerte, teniendo en cuenta los niveles de cercanía entre la víctima directa y quienes reclaman perjuicios, estableciendo un tope de hasta 100 SMLMV en casos de muerte(70) que, excepcionalmente, puede ser modificado atendiendo las circunstancias especiales de cada caso.

Comoquiera que se encuentra debidamente demostrado el parentesco entre el señor William Antonio Romero Ribón y quienes en el presente caso concurrieron en demanda(71) y solicitaron perjuicios morales, la Sala otorgará, a cada uno de los demandantes los siguientes reconocimientos a título de perjuicio moral:

A Ángela Teresa Flórez Mendoza en calidad de compañera permanente, a Carmen Yesenia Romero Flórez; Ruth Marina Romero Flórez, Nafer Rodrigo Romero Flórez y William Francisco Romero Flórez en calidad de hijos, y Carmen Ribón Salcedo, Francisco José Romero Gamarra en calidad de padres, todos ellos pertenecientes al primer nivel de afectación, el equivalente a cien (100) s.m.l.m.v. para cada uno de ellos.

A Yolanda Marina Romero Ribón, Orlando de Jesús Romero Ribón, Rodrigo Rafael Romero Ribón, Hereida Isabel Romero Ribón, Berta Candelaria Romero Rivón, Marta Cecilia Romero Ribón, Iris del Carmen Romero Ribón y Ana Yuli Romero Ribón, en calidad de hermanos de la víctima, el equivalente a cincuenta (50) s.m.l.m.v. para cada uno de ellos.

5.2. Daño a la salud. En la demanda se solicita el reconocimiento de perjuicios por daños a la vida en relación para la compañera permanente y los hijos del señor William Antonio Romero Ribón. Al respecto, la Sala se permite recordar que a raíz de la multiplicidad de perjuicios que se asociaban con este tipo de daño, la jurisprudencia concretó lo que es objeto de reconocimiento, ya no del daño a la vida en relación sino del daño a la salud como una categoría omnicomprensiva. Sobre el particular, así se pronunció la corporación:

[E]l “daño a la salud” –esto es el que se reconoce como proveniente de una afectación a la integridad psiocofísica– ha permitido solucionar o aliviar la discusión, toda vez reduce a una categoría los ámbitos físico, psicológico, sexual, etc., de tal forma que siempre que el daño consista en una lesión a la salud, será procedente establecer el grado de afectación del derecho constitucional y fundamental (art. 49 C.P.) para determinar una indemnización por ese aspecto, sin que sea procedente el reconocimiento de otro tipo de daños (v.gr. la alteración de las condiciones de existencia), en esta clase o naturaleza de supuestos. Se reconoce de este modo una valoración del daño a la persona estructurado sobre la idea del daño corporal, sin tener en cuenta categorías abiertas que distorsionen el modelo de reparación integral. Es decir, cuando la víctima sufra un daño a la integridad psicofísica sólo podrá reclamar los daños materiales que se generen de esa situación y que estén probados, los perjuicios morales de conformidad con los parámetros jurisprudenciales de la Sala y, por último, el daño a la salud por la afectación de este derecho constitucional. Lo anterior, refuerza aún más la necesidad de readoptar la noción de daño a la salud, fisiológico o biológico, como lo hace ahora la Sala, pero con su contenido y alcance primigenio, esto es, referido a la afectación o limitación a la integridad psicofísica de la persona, como quiera que al haberlo subsumido en unas categorías o denominaciones que sirven para identificar perjuicios autónomos y que han sido reconocidos en diferentes latitudes, como por ejemplo la alteración a las condiciones de existencia (v.gr. Francia), se modificó su propósito que era delimitar un daño común (lesión a la integridad corporal) que pudiera ser tasado, en mayor o menor medida, a partir de parámetros objetivos y equitativos, con apego irrestricto a los principios constitucionales de dignidad humana e igualdad38[38] . En otros términos, un daño a la salud desplaza por completo a las demás categorías de daño inmaterial como lo son la alteración grave a las condiciones de existencia –antes denominado daño a la vida de relación– precisamente porque cuando la lesión antijurídica tiene su génesis en una afectación negativa del estado de salud, los únicos perjuicios inmateriales que hay lugar a reconocer son el daño moral y el daño a la salud.(72)

Como en el presente caso, no existe ninguna prueba que acredite el perjuicio reclamado, en consecuencia será negado.

5.3. Perjuicios materiales.

5.3.1. Daño emergente. En la demanda se solicitó un daño emergente estimado en suma superior a $102.000.000.oo (fl. 4, c. 1). Entiende la Sala que la pretensión estaba dirigida a obtener la compensación económica por los daños generados por el artefacto explosivo en el almacén de la gasolinería. Para la Sala no hay duda de que el día del asesinato del señor William Romero Ribón, los victimarios antes de abandonar el lugar tal como lo refirieron los testigos y las autoridades de Policía Judicial (fl. 256, c. 1)(73), detonaron un artefacto explosivo en las instalaciones del almacén.

Asimismo, a fl. 28, c1 aparece una promesa de compraventa en la cual figura como prometiente comprador William Antonio Ribón, suscrita el 28 de diciembre de 1998 para adquirir de parte de Inversiones Eduardo A. Ricardo y Cia. Ltda. una estación de gasolina Terpel ubicada en Ovejas, sobre la carretera troncal que comunica a Carmen de Bolivar - Ovejas - Sincelejo, por un precio de venta fijado en $40.000.000.oo. Sin embargo, este documento por sí mismo no prueba el perjuicio, si se tiene en cuenta que los testigos indicaron que el artefacto afectó la parte del almacén u oficina, es decir que se trató de una afectación parcial con pérdida de algunos elementos (neumáticos, filtros, tornillería) sin que ninguno de los documentos allegados como prueba indique, precise o aproxime la magnitud del perjuicio, mucho menos su estimación.

Por ser así, la Sala encuentra que los demandantes no realizaron el más mínimo esfuerzo probatorio encaminado a demostrar el perjuicio alegado, es decir, abandonaron la carga impuesta por el art. 177 del C.P.C. para acreditar la existencia real de las pérdidas y, en tales condiciones no es posible acceder a lo pedido.

5.3.2. Lucro cesante. En la demanda se pidió por este concepto lo dejado de percibir por el señor William Antonio Romero Ribón sobre la base de un ingreso de $ 5.000.000.oo. Observa la Sala que a fl. 30, c. 1 aparece la certificación del Contador Clodomiro González en la que hace constar que William Antonio Romero Ribón percibía ingresos mensuales aproximados por valor de $ 5.000.000.oo derivados de la compra y venta de combustibles y lubricantes y, aun cuando no fue ratificada dentro del proceso, tampoco fue controvertida por la contra parte. No obstante, la misma no será tenida en cuenta como plena prueba del ingreso, comoquiera que, según la certificación expedida por la Cámara de Comercio (fl. 125, c. 1), aun cuando el señor William Antonio Romero Ribón figuraba inscrito en el registro de comerciantes, lo cierto es que no tenía registrados libros de contabilidad.

De esta manera y, sin perjuicio de la fe pública atribuida a los contadores (as), la Corporación ya de antes ha sostenido que los certificados de dichos profesionales sobre el estado contable de los comerciantes deberán apoyarse en otros medios de prueba, como por ejemplo, los estados financieros o los libros de contabilidad(74). Como en el presente caso de manera expresa la Cámara de Comercio certificó el incumplimiento de la obligación de registro de libros de contabilidad, se desvanece la presunción según la cual la atestación de la firma del contador(75) da prueba de la fidelidad de los datos conforme a las normas contables y, por lo mismo, la mentada prueba no será tenida en cuenta.

En todo caso, como de lo que si no hay duda es que para el momento de su muerte, el señor William Antonio Romero Ribón desempeñaba una actividad productiva que le significaba ingresos superiores al salario mínimo, como lo era la comercialización de gasolina, máxime, cuando tenía empleados a su servicio. Por esta razón y ante la certeza del perjuicio ocasionado, la Sala acude a lo dispuesto en el artículo 172 del C.C.A., para proferir condena en abstracto en lo que refiere al lucro cesante.

El perjuicio deberá concretarse y liquidarse mediante el trámite incidental previsto en el artículo 137 del C.P.C., dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia. Para tal fin, podrá practicarse un dictamen pericial debidamente sustentado, que determine las utilidades mensuales que para el año 2001 dejaba la comercialización de combustibles en la estación de servicios del señor William Romero Ribón, apoyándose, en lo posible, en la información tributaria de la época y, de la cual disponga la parte actora, como por ejemplo, formularios de declaración de IVA o de impuesto de industria y comercio, entre otros. En caso de que en la actualidad se encuentre operando la estación de servicio que en aquél momento le pertenecía a la víctima, dicha información se tomará como referente para determinar la utilidad mensual del año 2001. En ningún caso el dictamen podrá arrojar una suma superior a $5.000.000, mensuales. Una vez se establezca el monto de los ingresos mensuales del señor Ribón para el año 2001, dicha cifra se traerá a valor presente.

Determinada la base de liquidación del lucro cesante, el Tribunal de origen hará la respectiva distribución de lo que ha de corresponder como lucro cesante consolidado y lucro cesante fututo, teniendo en cuenta el factor de acrecimiento, así:

El lucro cesante consolidado, por el tiempo transcurrido entre el 20 de febrero de 2001 y la fecha en que éste sea liquidado.

Para el lucro cesante futuro, se tendrá en cuenta que Willam Antonio Romero Ribón para la fecha de su fallecimiento tenía 50 años de edad(76) y que conforme a la resolución 0497 del 20 de mayo 1997, la vida probable restante era de 27.70 años, los cuales representan en meses un total de 332.40 meses, a los que se les resta el tiempo del lucro consolidado.

Para la distribución entre los beneficiarios con derecho se tendrá en cuenta que para la fecha de fallecimiento del señor William Romero Ribón, sus hijos William Francisco Romero Flórez(77) y Carmen Yesenia Romero Flórez(78), aún no habían cumplido 25 años de edad, razón por la cual, conforme a la jurisprudencia de unificación(79), tan pronto los hijos cumplan los 25 años de edad, esto es cuando la línea temporal va extinguiendo el derecho para unos, la indemnización que deja de corresponderles se revierte o acrece al resto de los beneficiarios.

De esta forma, el tiempo máximo a liquidar es de 332.40 meses (Tmax), entre los cuales se deberá distribuir lo que corresponda al lucro cesante consolidado y al lucro cesante futuro.

6. Costas.

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B” administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR la sentencia de fecha 15 de diciembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, y en su lugar:

1. DECLARAR administrativa, patrimonialmente y solidariamente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Armada Nacional y Policía Nacional por la muerte del señor William Antonio Romero Ribón, conforme a los razonamientos expuestos en esta sentencia.

2. CONDENAR de manera solidaria a la Nación - Ministerio de Defensa - Armada Nacional y Policía Nacional al pago de perjuicios morales en favor de:

Ángela Teresa Flórez Mendoza, Carmen Yesenia Romero Flórez; Ruth Marina Romero Flórez, Nafer Rodrigo Romero Flórez, William Francisco Romero Flórez, Carmen Ribón Salcedo y Francisco José Romero Gamarra, el equivalente a cien (100) s.m.l.m.v. para cada uno de ellos.

Yolanda Marina Romero Ribón, Orlando de Jesús Romero Ribón, Rodrigo Rafael Romero Ribón, Hereida Isabel Romero Ribón, Berta Candelaria Romero Rivón, Marta Cecilia Romero Ribón, Iris del Carmen Romero Ribón y Ana Yuli Romero Ribón, el equivalente a cincuenta (50) s.m.l.m.v. para cada uno de ellos.

3. CONDENAR –en abstracto– de manera solidaria a la Nación - Ministerio de Defensa - Armada Nacional y Policía Nacional al pago de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante en favor de Ángela Teresa Flórez Mendoza; Carmen Yesenia Romero Flórez y William Francisco Romero Flórez, el cual deberá liquidarse conforme a lo estipulado en la parte considerativa y mediante trámite incidental que deberá promover la parte interesada dentro del término de sesenta (60) días contados desde la ejecutoria de esta sentencia y resolverse con sujeción a las pautas indicadas en la parte motiva de este proveído.

4. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

5. Sin condena en costas.

6. Cúmplase lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

7. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

En firme este proveído, devuélvase al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese, devuélvase y cúmplase».

8 Para el momento de interposición del recurso (26 de enero de 201) la cuantía en asuntos de reparación directa estaba fijada en: $ 283.350.000.oo. En la demanda lo pretendido por perjuicios materiales se fijó en suma muy superior a $ 302.000.oo (fl. 4, c. 1), de lo cual se infiere que la demanda tenía vocación de doble instancia.

9 Ver entre otros, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de septiembre de 2001, Exp. 10973, C. P. María Elena Giraldo Gómez.

10 En este aspecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha “diferenciado entre la legitimación de hecho y la legitimación material en la causa. La primera se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado, (…). Por su parte, la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas en el hecho que origina la presentación de la demanda, independientemente de que dichas personas no hayan demandado o que hayan sido demandadas. (…). En consecuencia, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe, o no, relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que ésta fórmula o la defensa que aquella realiza, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una o a otra”. Consejo de Estado, Sección Tercera; sentencia del 31 de octubre de 2007, Exp. 13503, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.

11 Al proceso se aportaron los registro civiles de: William Romero Ribón (fl. 11, c. 1), donde figura como hijo de Francisco José Romero Gamarra y Carmen Esther Ribón Salcedo y, a partir del cual también se prueba la calidad de los hermanos; Registros civiles de los hijos: Ruth Marina Romero Flórez, Romero Flórez Nafer Rodrigo; Romero Flórez William Francisco y Romero Flórez Carmen Yesenia (fls. 13-16, c. 1), de los hermanos: Romero Ribón Yolanda Marina, Romero Ribón Orlando de Jesús, Romero Ribón Rodrigo Rafael, Romero Ribón Hereida Isabel, Romero Rivón Berta Candelaria, Romero Ribón Marta Cecilia, Romero Ribón Iris del Carmen y Romero Ribón Ana Yuli (fls. 19-26, c. 1). Con relación a Ángela Teresa Flórez Mendoza, su calidad de compañera permanente se encuentra acreditada no solamente por los hijos en común, sino porque tal hecho resulta respaldado con otras pruebas como por ejemplo: en el acta de levantamiento de cadáver de William Romero Ribón se registró como su cónyuge a Ángela Teresa Flórez y porque de los testimonios rendidos dentro de la investigación penal se sabe que Ángela Teresa para el momento de los hechos convivía con la víctima.

12 Al respecto y, entre otras, puede consultarse la sentencia de Unificación del Consejo de Estado - Sección Tercera - Sala Plena, Exp. 25.022 del 28 de agosto de 2013, C. P. Enrique Gil Botero.

13 Íbid.

14 Cfr. Auto de pruebas visible a fls. 73-77, c. 1.

15 Consejo de Estado, Sección Tercera - Sala Plena. Sentencia del 11 de septiembre de 2013, Exp. 20601, M.P. Danilo Rojas Betancourth.

16 Téngase en cuenta que la prueba testimonial decretada no fue recaudada por incomparecencia de los citados, tal como se hace constar a fls. 186-189, c. 1.

17 Estos testigos, inicialmente, rindieron versión libre y espontánea de los hechos ante la Inspección de Policía del municipio de Ovejas (fls. 250-252, c. 1). Estas versiones fueron ratificadas mediante declaraciones juramentadas el día 22 de febrero de 2001 ante la Seccional de Policía Judicial de Sucre, por parte de los testigos Oscar Julio García Vuelvas y Nicolás Antonio Barrios Rivero (fls. 259-260, c. 1) en las cuales se vierte un relato similar.

18 Folio 250, c. 1.

19 Folio 252, c. 1.

20 Folio 258, c. 1.

21 Folio 258, c. 1.

22 Folios 275-276, c. 1.

23 Folio 277, c. 1.

24 En dichas actas se documenta que la población civil venía siendo afectada desde 1999 por distintos grupos armados al margen de la ley.

25 Folio 110, c. 1.

26 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 15 de octubre de 2015, Exp. 35194, C. P. Ramiro Pazos Guerrero.

27 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 11 de noviembre de 2015, Exp. 29274. C.P. Ramiro Pasos Guerrero. En el mismo sentido, ya de antes la Corporación se había pronunciado: ver, entre otras: sentencia del 11 de octubre de 1990 (Exp. 5737), de 15 de febrero de 1996 (Exp. 9940), de 19 de junio de 1997 (Exp. 11.875), de (30 de octubre de 1997 (Exp. 10.958) y de 5 de marzo de 1998 (Exp. 10.303) y, en cuanto a la relatividad de la falla, sentencia del 10 de agosto de 2000 (Exp. 11.585).

28 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 15 de octubre de 2015, Exp. 35194, C. P. Ramiro Pazos Guerrero.

29 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 20 de junio de 2017, Exp. 18.860 C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

30 Por cuanto “el régimen subjetivo de responsabilidad no puede cohabitar conceptualmente con los regímenes objetivos de responsabilidad del Estado por daños causados por actos violentos de terceros, cuando se revela del acervo probatorio la existencia de una falla ostensible y clara a cargo de la entidad demandada”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 15 de octubre de 2015, Exp. 35194, op. cit.

31 Conforme a lo dicho por la Corporación para que el auto violento de terceros sea imputado al Estado a título de riesgo excepcional: “es menester que, (…), esté dirigido contra blancos selectivos, esto es, personas o instituciones representativas del Estado, pues si el acto violento es de carácter indiscriminado cuyo objetivo es provocar, como lo es el acto de terrorismo, pánico, temor o zozobra entre la población civil, no es posible declarar la responsabilidad del Estado con fundamento en el riesgo excepcional”. de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 20 de junio de 2017, Exp. 18.860, op. cit. párr 15.6.

32 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 20 de junio de 2017, Exp. 18.860, op. cit. párr. 14.9. Ver además, entre otras tantas, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de julio de 2011, Exp. 20112, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

33 Íbid. párr. 14.5.

34 Habida cuenta que la responsabilidad del Estado por actos violentos de terceros, opera cuando el daño era previsible y resistible, la jurisprudencia ha precisado que “Ser irresistible es la imposibilidad del obligado de llevar a cabo el comportamiento legal esperado y la imprevisibilidad ocurre cuando no es posible contemplar por anticipado su ocurrencia, esto es, el acontecimiento sucedió de manera súbita y repentina”. Íbid. párr. 14.1.

35 Como, por ejemplo, con mandatarios locales (alcaldes), personas representativas de un grupo político, entre otros. Ver al respecto: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de abril de 2005, Exp. 30374, C. P. Ramiro Pazos Guerrero.

36 Estupiñán Silva, Rosmerlin, “La vulnerabilidad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: esbozo de una tipología”, Manual Derechos Humanos y Políticas Públicas [p. 193-231], Barcelona, Universitat Pompeu Frabra, repositorio en línea, disponible en: https://www.upf.edu/dhes-alfa/materiales/res/dhpp_pdf/DHPP_Manual_v3.193-232.pdf, consultado el 22/06/017.
Para ilustrar la posición de la CIDH, dijo: “En 2006, en el caso de la Comunidad Indígena de Sawhoyamaxa v. Paraguay, la Corte recordó que: “Es claro para la Corte que un Estado no puede ser responsable por cualquier situación de riesgo al derecho a la vida. Teniendo en cuenta las dificultades que implica la planificación y adopción de políticas públicas y las elecciones de carácter operativo que deben ser tomadas en función de prioridades y recursos, las obligaciones positivas del Estado deben interpretarse de forma que no se imponga a las autoridades una carga imposible o desproporcionada”. v., Corte IDH, Comunidad Indígena de Sawhoyamaxa vs. Paraguay, precitado, párr.155. Este dictum se vio reflejado, por ejemplo, en el caso Castillo González vs. Venezuela, donde la Corte IDH aceptó como medio de defensa “la protección imposible” alegada por el Estado estimado que: “en principio, no compete a la Corte determinar la procedencia o utilidad de acciones o medidas concretas de investigación, a menos que la omisión en su realización resulte contraria a pautas objetivas, o irrazonable de modo manifiesto” Corte IDH, Castillo Gonzalez et al. vs. Venezuela, 27 noviembre 2012, párr.153, 160, 16”. Íbid.

37 Nuevamente se parafrasea a Estupiñán Silva, íbid. Se advierte, en todo caso, que las citas de la autora se incorporan en la medida que se entiendan afines a la fijación de la vulnerabilidad como determinante de obligaciones especiales de protección por parte del Estado, sin que necesariamente den alcance al sentido integral que la autora persigue en su texto. En otras palabras, se toma la metodología del test de vulnerabilidad jurídica que propone la autora, para acoplarlo a la interfaz de imputación jurídica en los eventos en que se discute la responsabilidad del Estado por actos violentos de terceros y, en esa medida, implica en algunos aspectos, introducir modificaciones que hagan posible su aplicación casuística.

38 En tal sentido, la autora refiere: “se aplica a los individuos así como a los colectivos, y esto se hace en un análisis caso por caso, ya que algunos colectivos han sido aceptados como titulares de derechos convencionales. Por lo tanto, al hablar de “sujetos vulnerables”, hacemos referencia al sujeto lógico de Aristóteles en cuanto que este es al mismo tiempo objeto del pensamiento y del conocimiento y titular de conciencia y de derechos”. Estupiñán Silva, íbid, p. 210.

39 Tan insuficientes son las consideraciones básicas del contexto, por ejemplo, frente al caso de una persona afectada por un artefacto explosivo, esta Subsección concluyó: “aunque el orden público en la ciudad de Medellín se encontraba alterado –como en diversas zonas del país que sufrieron y sufren todavía los rigores del conflicto armado y el narcotráfico–, esto no significa que las autoridades civiles o policiales tuvieran un conocimiento cierto de que en el parque San Antonio, el 10 de junio de 1995, se iba a cometer un atentado contra la población civil, de manera que surgiera para ellas el deber de desactivar ese riesgo a través del despliegue de fuerzas de seguridad. Contrario a lo sostenido por la parte demandante, el ataque que sufrió la capital antioqueña no era previsible para las autoridades, pues se trató de un acto intempestivo frente al cual la mayor precaución resultaba inerme” Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 11 de noviembre de 2015, Exp. 29274. C. P. Ramiro Pasos Guerrero.

40 En palabras de Estupiñán: “La vulnerabilidad se delimita en función de una progresión, a partir de las causas subyacentes y hacia los grados de exposición por acción o por omisión hasta abordar las condiciones de riesgo (inseguridad) cuya intensidad es variable”. Estupiñán Silva, íbid. p. 205.

41 Estupiñán Silva, íbid. p. 208. La autora, para ilustrar la inserción del análisis de las macro fuerzas en la jurisprudencia, colacionó las siguientes sentencias: Corte Constitucional de Colombia, 20 Octubre 1998, Sentencia de Tutela, T-590/98, citada por: Corte IDH, Valle Jaramillo vs. Colombia, pre-citado, párr.74, 80-81, 90; CorteIDH, García y familia vs. Guatemala, 29 noviembre 2012, párr.120-122.

42 Íbid. p. 209.

43 Íbid.

44 Íbid. p. 209-210.

45 Respecto de la distinción entre riesgo y amenaza, se puede ver: Corte Constitucional, Sentencia T-234 de 2012.

46 En el caso de Colombia, por ejemplo, este contexto se asocia con la existencia de un conflicto armado interno que afecta de una u otra manera a todos los ciudadanos. No obstante, el mismo no es suficiente para, en un caso dado, edificar el juicio de responsabilidad del Estado, justamente por la indeterminación de su alcance en una situación concreta.

47 Pese a la generalidad del conflicto interno, es inobjetable que existen zonas o regiones donde el fragor se intensifica y el grado de exposición a las diferentes variables derivadas del conflicto es mayor.

48 Más allá de la existencia de zonas expuestas a los riesgos del conflicto, son las situaciones específicas del individuo o colectivo las que cualifican la vulnerabilidad. A su turno, la vulnerabilidad se traduce en un una exposición considerable al riesgo, que resulta previsible ante las autoridades encargadas de garantizar las condiciones de seguridad.

49 Estos tres niveles del contexto toman en consideración los elementos del test, pero intentan ajustarlo al discurso de la construcción de la previsibilidad en materia de responsabilidad del Estado, a efectos de lo cual relaciona cada elemento con un tipo o nivel específico de contexto.

50 En una decisión que ejemplifica lo dicho, ésta Subsección, sostuvo: “en el caso concreto resulta claro que, contrario a lo sostenido por el a quo, la Sala encuentra que sí se configuró una falla en el servicio por omisión, dado que los hechos que afectaron ostensiblemente el patrimonio de los demandantes eran perfectamente previsibles en la medida en que la vereda Matarrala –lugar de ubicación del predio del demandante– había sido declarado como una zona en inminente riesgo de desplazamiento por el Comité Municipal de Atención Integral a la Población Desplazada (…) De las normas transcritas se puede inferir que las entidades territoriales y de fuerza pública demandadas en el sub lite, en tanto integrantes del Comité Integral de Atención a Población Desplazada (…) conocían de la situación de orden público que se vivía en la vereda Matarrala y por eso declararon el inminente riesgo de desplazamiento sobre aquella área, por medio del Decreto 157 del 09 de diciembre de 2002 (…), por lo cual debieron adoptar las acciones jurídicas y asistenciales necesarias para proteger a la población desplazada por la violencia”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 15 de octubre de 2015, Exp. 35194. op. cit. En el mismo sentido, se puede ver de la misma Subsección, la sentencia del 30 de marzo de 2017, Exp. 43367, C. P. Danilo Rojas Betancourth.

51 Entre otras, Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 11 de noviembre de 2015, Exp. 29274, op. cit. y sentencia del 20 de junio de 2017, Exp. 18.860, op. cit.

52 Tal como lo refieren los testimonios y como lo informó el comandante de la Estación de Policía de Policía de la Estación Ovejas (fl. 249, c. 1).

53 Este hecho se encuentra acreditado por los testigos presenciales y fue recogido en el informe (0075) que la Policía Judicial levantó luego de la visita al sitio de los hechos, en el que participó personal perteneciente al grupo anti explosivos, aunque en el mismo no se detallan las incidencias ni se hacen descripciones de la afectación de la detonación en el inmueble (fls. 249 y 256, c. 1).

54 ARTÍCULO 11. El derecho a la vida es inviolable. (…).

55 Artículo 4º. Derecho a la vida. 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

56 Se reconoce a la Ley 1448 de 2011 (artículo 3º) como el instrumento a partir del cual se hizo una declaratoria oficial del conflicto armado en Colombia, no obstante, existe registro de otros antecedentes normativos en los que ya se hacía tal reconocimiento (v. gr. Ley 782 de 2002, art. 6º y Ley 418 de 1997).

57 Así por ejemplo, en el acta del consejo de seguridad celebrado el 23 de enero de 2001, se expuso: “[s]e hace mención a las situaciones presentadas antes del 17 de enero/01, incluyendo el día 11 una finca dinamitada en el municipio de Córdoba, el día 11 hubo contacto de la Policía Nacional en el municipio de Zambrano (Bolívar) y el día 13 se emboscó a 06 hombres dando de baja al comandante del Puesto, el 16 enero/01 fue atacado el Puesto de Policía del Carmen de Bolívar y San Jacinto, todo esto origina desplazamiento de tropas para apoyar y cubrir los puntos críticos”. Asimismo, en ese mismo consejo de seguridad el Alcalde Colosó, habló “sobre la estigmatización de los habitantes de los Montes de María”. (fl. 186).

58 35 Tanto así que dicho contexto ya ha sido objeto de consideración para analizar la responsabilidad del Estado. Así por ejemplo, en un caso de cierta manera semejante al que aquí se debate, se dijo: “el ataque cometido contra el restaurante (…) no constituye un hecho aislado de delincuencia común, sino que se inscribe dentro de un contexto de conflicto armado caracterizado, geográfica y temporalmente, por el incremento de las acciones cometidas por los grupos armados ilegales, especialmente por las llamadas autodefensas, contra la población civil. En un contexto de este tipo, el Estado asume una posición de garante (…). Por ello, de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe adoptar todas las medidas a su alcance para evitar o conjurar situaciones que sean razonablemente previsibles y que supongan una amenaza real e inmediata para un individuo o grupo de individuos determinado”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 26 de junio de 2014, Exp. 30737, C. P. Danilo Rojas Betancourt, con salvamento de voto del ahora ponente, en el sentido de que no basta con acreditar el contexto sino que, además, se requiere acreditar la falla.

59 Refiere el oficio de la Gobernación de Sucre, adiado 24 de enero de 2001, que “el 17 de enero del presente año, entre las 3:30 - 4:00 a.m. llegaron a la cabecera de Chengue a 30 Kilómetros de Ovejas, cerca de 40 personas uniformadas, presuntamente pertenecientes a las AUC y en forma violenta sacaron de sus viviendas a los habitantes, especialmente aquellos que vivían cerca de la plaza pública, separando a los hombres adultos, a quienes procedieron a asesinas utilizando machetes, armas contundentes y de fuego. Según información de los habitantes del lugar que lograron llegar a Ovejas y la Personería Municipal, fueron asesinadas 24 personas y se desconoce la suerte de entre 7 y 9 más. Igualmente se informó sobre el presunto asesinato de por los menos dos personas más en la Vereda El Tesoro por los mismos autores. El grupo armado se retiró del lugar de los hechos a las 6:00 a.m., quemando unas 26 viviendas y todos sus enseres” (…).

60 Sin dejar de mencionar que la población civil de este municipio venía siendo objeto de constantes ataques por parte de los grupos armados ilegales desde años atrás, como se desprende del registro de homicidios suscitados en el marco del conflicto armado interno que llevaba la Personería Municipal de Ovejas para el año de 1999 (fls. 121-129, c. 1).

61 Desde luego, “[d]e conformidad con el artículo 2º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los Estados tienen una obligación a su cargo en la cual se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales internos, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos y plenamente aplicables en el orden nacional los derechos y libertades reconocidos; en otras palabras, ajustar el derecho interno a esas disposiciones del ámbito internacional”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B” sentencia del 26 de junio de 2014, Exp. 26.029, C. P. Danilo Rojas Betancourth.

62 En relación a la Policía, el artículo . De la Ley 62 de 1993, dispone: “La Policía Nacional, como parte integrante de las autoridades de la República y como cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, está instituida para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida honra bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Así mismo, para el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.
La actividad de la Policía está destinada a proteger los derechos fundamentales tal como está contenido en la Constitución Política y en pactos, tratados y convenciones internacionales de Derechos Humanos, suscritos y ratificados por Colombia. La actividad Policial está regida por la Constitución Política, la ley y los derechos humanos”.

63 Ver al respecto: CIDH, caso: masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia, sentencia del 31 de enero de 2006, párr. 134.

64 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 30 de marzo de 2017, Exp. 43.367, op. cit, párr. 12.4.

65 Se precisa, en todo caso, que se debía estar aludiendo a toda la zona de operaciones de la Brigada, pues la región conocida como “Montes de María”, está integrada por 15 municipios.

66 El Alcalde de Chalán en su intervención en el consejo de seguridad del 24 de enero de 2001, solicitó “la construcción de un nuevo puesto de policía, ya que desde la masacre de 1996 en que perdieron la vida todos los integrantes del puesto de policía, no existe el mismo”. (fl. 187, c. 1) y, tal parece que en situación similar estaba el municipio de Colosó, según se infiere de lo expuesto en el mencionado consejo de seguridad (fl. 186, c. 1).

67 Inclusive, en la necropsia en la descripción de los impactos se dice que estos fueron producidos por “arma de fuego de carga única y de gran velocidad”. Folio 283, c. 1.

68 Presunción que se viene aplicando de vieja data, como se puede ver en: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 10 de abril de 2003, Exp. 13834, C. P. Jesús María Carrillo Ballesteros; 10 de julio de 2003, Exp. 14083, C.P María Elena Giraldo Gómez; 12 de febrero de 2004, Exp. 14955, C. P. Ricardo Hoyos Duque; 24 de febrero de 2005, Exp. 14335, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; 10 de marzo de 2005, Exp. 14808; 8 de marzo de 2007, Exp. 15459, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; 23 de abril de 2008, Exp. 16186, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; 19 de noviembre de 2008, Exp. 28259, C. P. Ramiro Saavedra Becerra. De la Subsección “B”, ver entre otras, De la Subsección “B”, ver por ejemplo, sentencia del 30 de marzo de 2017, Exp. 43367, C. P. Danilo Rojas Betancourth.

69 Consejo de Estado, Sección Tercera -Sala Plena, sentencia del 28 de agosto de 2014, Exp. 32988, C. P. Ramiro Pazos Guerrero.

70 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de unificación jurisprudencial del 28 de agosto del 2014, rad. 26251, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa y Rad. 27709, M. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

71 Con excepción del señor William Rodrigo Romero Guerra como quedó expuesto ut supra.

72 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 14 de septiembre de 2011, exps. 38.222 y 19.031, C. P. Enrique Gil Botero (Sentencias gemelas).

73 En el oficio 0075 del 26 de febrero de 2001 de la Policía Judicial que dijo haber acudido al lugar de los hechos, aludió a la destrucción parcial de la oficina, con pérdida de elementos como neumáticos, filtros, tornillería, etc.

74 Ver entre otras, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 26 de junio de 2014, Exp. 30.496, C. P. Ramiro Pazos Guerrero y, de la Sección Cuarta, sentencia del 6 de marzo de 2008, Exp. 15931, C. P. Ligia López Díaz, en la cual se dijo: “ la certificación de contador público o revisor fiscal constituye prueba contable, reiterando que para que sean pertinentes y suficientes deben sujetarse a las normas que regulan el valor probatorio de la contabilidad (art. 774 E.T.) y expresar si la contabilidad se lleva de acuerdo con las prescripciones legales; si los libros se encuentran registrados en la Cámara de Comercio; si las operaciones están respaldadas por comprobantes internos y externos, y si refleja la situación financiera del ente económico. Pero principalmente, deben permitir llevar al convencimiento del hecho que se pretende probar”.

75 Conforme al artículo 10 de la Ley 43 de 1990 los contadores son fedatarios públicos, por cuanto: “La atestación o firma de un contador público en los actos propios de su profesión hará presumir, salvo prueba en contrario, que el acto respectivo se ajusta a los requisitos legales, lo mismo que a los estatutarios en casos de personas jurídicas. Tratándose de balances, se presumirá además que los saldos se han tomado fielmente de los libros, que éstos se ajustan a las normas legales y que las cifras registradas en ellos reflejan en forma fidedigna la correspondiente situación financiera en la fecha del balance. Parágrafo. (…)”.

76 Conforme al Registro civil de nacimiento, William Antonio Romero Ribón nació el 11 de diciembre de 1950 (fl. 11, c. 1 y murió 20 febrero de 2001, es decir, contaba con 50 años 2 meses, nueve días.

77 Nacido el 8 julio 1979, es decir que para el 20 de febrero de 2001 tenía 21 años, 7 meses y 12 días (fl. 15, c. 1), lo que quiere decir que para cumplir los 25 años le faltaban tres años, cuatro meses y 18 días, que en meses equivalen a 40.6 meses.

78 Nacida el 9 de diciembre de 1983, es decir que para el 20 de febrero de 2001 tenía 17 años, 2 meses y 11 días (fl. 16, c. 1) , lo que quiere decir que para cumplir los 25 años le faltaban 7 años, 9 meses, 19 días, que en meses equivalen a 93.63 meses.

79 Sentencia de unificación de jurisprudencia del 22 de abril de 2015 CE-SUJ-3-001 de 2015, Exp. 19.146, M. P. Stella Conto Díaz del Castillo.