Sentencia 2001-01167/30943 de agosto 29 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Rad.: 20001233100020010116701 (30943)

Consejera ponente:

Dr. Stella Conto Díaz del Castillo

Proceso: acción de reparación directa

Actor: Enrique Luis Orozco Martínez

Demandado: Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público-DIAN

Bogotá, D.C., veintinueve de agosto de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1. Competencia

Esta Corporación es competente para conocer del asunto de la referencia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en proceso de doble instancia(2), seguido ante la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar, tal como lo dispone el artículo 129 del CCA.

3.2. Asunto que la Sala debe resolver

Corresponde a la Sala analizar los argumentos del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia del 29 de octubre de 2004, proferida por la Sala de Descongestión para los Tribunales Administrativos de Santander, Norte de Santander y Cesar con sede en el municipio de San Gil, en aras de establecer si existe responsabilidad de la entidad demandada por los daños ocasionados al actor, como consecuencia i) del decomiso de un vehículo de su propiedad y ii) de la inejecución de la sentencia.

3.2.1. El caso concreto

La parte actora concreta el daño a partir de los perjuicios sufridos como consecuencia de la ausencia en la entrega, ordenada en sentencia judicial del vehículo de placa DWX-072 a manos de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Conforme lo expuesto, pasa la Sala a establecer el daño, su antijuridicidad y a determinar, previo estudio de una posible cosa juzgada, si el mismo le resulta imputable a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales; porque, de ser ello así será menester revocar la sentencia de primera instancia que declaró probada por la caducidad de la acción y como consecuencia se inhibió para emitir pronunciamiento de fondo.

3.2.2. Hechos probados

Serán tenidos en cuenta los elementos probatorios aportados por las partes en las oportunidades legales, al igual que los allegados al plenario por disposición del a quo que acreditan los siguientes hechos:

3.2.2.1. Según licencia de tránsito número 94-1091627, expedida el 8 de octubre de 1996, el señor Luis Enrique Orozco Martínez, es el propietario del vehículo de placa DWX-072, marca Volkswagen, modelo 1974, color azul, de servicio particular, carrocería tipo coupe, con número de motor AESO6522, serie Nº 1342599414, con capacidad para cinco (5) pasajeros (fl. 3 cdno. ppal.).

3.2.2.2. El señor Enrique Orozco Martínez, suscribió contrato con la empresa Fumigaciones Aéreas de Codazzi S.A. para desempeñar el oficio de piloto de fumigación aérea, en el eje bananero de Urabá, por valor de quinientos mil pesos ($ 500.000) mensuales. Se convino, además auxilios de vivienda de setecientos mil pesos ($ 700.000) mensuales y de transporte por ochocientos mil ($ 800.000) mensuales. El tiempo de duración del contrato fue de cinco (5) años a partir de 1º de enero de 1996 (fl. 34 cdno. ppal.).

3.2.2.3. El 29 de septiembre de 1998, el Tribunal Administrativo del Cesar, profirió sentencia, en el marco de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho impetrada por el señor Enrique Luis Orozco Martínez, contra la DIAN en la que entre otros aspectos, se resolvió:

“SEGUNDO: Declarar la nulidad de la Resolución 85 del 28 de mayo de 1997, proferida por la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Valledupar, mediante la cual se ordenó el decomiso a favor de la Nación del vehículo automotor cuyas características, se encuentran descritas en la parte motiva de esta providencia.

Así mismo, se declara la nulidad de la Resolución 1 del 9 de enero de 1998, mediante la cual se resolvió el recurso de reconsideración.

TERCERO: Ordenar a la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Valledupar la entrega del referido automotor al señor Enrique Luis Orozco Martínez, previo cumplimiento de los requisitos del parágrafo 2º del artículo 5º del Decreto 2817 de 1991”.

3.2.2.4. El 13 de octubre de 1998, el señor Enrique Luis Orozco Martínez, se dirigió al Administrador de Impuestos y Aduanas Nacionales de Valledupar, con miras a que se ordene la liquidación de los impuestos a su cargo así (fl. 5 cdno. ppal.):

“(…) solicito a usted o a quien corresponda, se me liquiden los impuestos DE MI CARRO, AMPARADO LEGALMENTE CON LA PLACA DWX-072 DE T/T BOSCONIA, correspondientes al régimen ordinario de despacho para consumo, para así dar cumplimiento a lo ordenado (…) según sentencia (…) del 29 de septiembre de 1998. (…). Esperando que usted ordene a la mayor brevedad la liquidación de los impuestos correspondientes, para de inmediato proceder a consignarlos; quedo atento a la espera del acto administrativo que ordene la entrega del vehículo (…)”.

3.2.2.5. El 26 de octubre de 1998, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Valledupar, mediante Oficio 216 dio respuesta a la solicitud anterior en los siguientes términos (fl. 6 cdno. ppal.):

“(…) es necesario indicarle que la obligación de realizar las diligencias necesarias con las cuales la mercancía queda definitivamente en territorio aduanero colombiano, en libre disposición; corresponden en principio al importador de la misma, ya que es su deber presentar la liquidación y en ella liquidar los atributos aduaneros vigentes en la fecha de despacho, descontando el impuesto pagado en dichas zonas, (parágrafo 2º del artículo 5º del Decreto 2817 de 1991).

A manera de información es conveniente señalar según se desprende de la partida 87.03 del arancel de aduanas, dentro de la cual se encuentran los coches de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas, que el gravamen arancelario oscila entre el veinte y el treinta y cinco por ciento (20% y 35%), dependiendo de la subpartida arancelaria en la que aparezca ubicada la mercancía, sin perjuicio del impuesto sobre las ventas que se cause.

Por último, queremos reiterarle, que este despacho se encuentra a la espera de que usted aporte el documento con el cual se demuestre el cumplimiento de los requisitos del régimen ordinario de despacho para consumo y el pago de los derechos aduaneros e impuestos vigentes, tal como aparece ordenado en el artículo 3º de la parte resolutiva de la sentencia de septiembre 29 de 1998, emanada del honorable Tribunal Administrativo del Cesar, para luego hacer entrega del vehículo de su propiedad”.

3.2.2.6. Mediante Resolución 24 del 5 de marzo de 1999, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Bucaramanga resolvió el recurso de reconsideración contra la Resolución 169 del 9 de octubre de 1998, por medio de la cual la división de liquidación de la administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Bucaramanga, impuso una sanción por infracción administrativa de contrabando por valor de $ 1.250.000 al señor Enrique Luis Orozco Martínez. La Resolución 24 resolvió “DEJAR SIN EFECTOS LEGALES la Resolución 169 del 9 de octubre de 1998”, en razón a la declaratoria de nulidad del acto administrativo del decomiso y de las resoluciones 85 del 28 de mayo de 1997 y 1 del 9 de enero de 1998, mediante sentencia del Tribunal Administrativo del Cesar (fls. 18-21 cdno. ppal.).

3.2.2.7. El 23 de junio de 1999, nuevamente el señor Enrique Luis Orozco Martínez, dirigió comunicación al administrador de Impuestos y Aduanas Nacionales de Valledupar. Sostuvo (fl. 7 cdno. ppal.):

“(…) me dirijo a usted (…) para exigirle la información correcta y precisa y dar respuesta a su oficio 216 de octubre 26 de 1998; donde me permito hacerle sobre el particular las siguientes precisiones:

1. Debido a la contestación vaga e imprecisa dada por ustedes en el oficio antes mencionado, en donde se me despista y mal informa con el ánimo de seguir perjudicándome, dilatándome el procedimiento a seguir para dar cumplimiento al parágrafo dos (2) del artículo quinto (5) del Decreto 2817 de 1991 ordenado (…) en sentencia del 29 de diciembre de 1998 (…). Me vi en la obligación de acudir a otras instancias judiciales, que estoy seguro fallarán nuevamente basándose en principios de equidad y justicia.

2. Para su información e ilustración el parágrafo dos (2) del artículo 5º del Decreto 2817 de 1991 se refiere únicamente a los propietarios de vehículos y no se nombran o mencionan, ni se refiere a importadores de vehículos, como trataron de hacerme creer ustedes para así confundirme en el procedimiento.

3. (…) solicito (…) por tercera vez la información correcta y precisa para saber cuántos son los impuestos de mi carro (…) y así proceder a consignarlos, dando cumplimento a lo exigido en dicho parágrafo dos (2).

Desde el 13 de octubre de 1993 he estado listo y pendiente a pagar los impuestos que me corresponden sobre el particular y su brillante administración no me dice cuánto es, precisa y correctamente, para así quedar a la espera del acto administrativo que ordena la entrega de mi vehículo.

(…)”.

3.2.2.8. El 12 de julio de 1999, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Valledupar, además de insistir en que la obligación aduanera es del importador, el propietario o el tenedor, le informa que (fls. 9-10 cdno. ppal.):

“(…) la obligación aduanera comprende la presentación de la declaración de importación, el pago de los tributos aduaneros y las sanciones a que haya lugar, así como la obligación de conservar los documentos que soportan la operación, atender las solicitudes de información y pruebas y en general cumplir con las exigencias, requisitos y condiciones establecidas en las normas correspondientes.

(…).

(…) y si del resultado de esa liquidación que el importador o propietario hiciera, se encuentra que no se ajusta a la normatividad vigente en la fecha de presentación de la respectiva declaración, podrá la autoridad aduanera liquidar esos tributos, previo el agotamiento de un proceso de liquidación.

Para su información podríamos señalar algunos factores (…) a tener en cuenta para la liquidación de los tributos aduaneros en tratándose de vehículos como son:

El cilindraje del motor (…)

El valor aduanero del vehículo (…)

El IVA (…)

Además se debe tener en cuenta lo que hubiese pagado en impuestos para efecto de descontarlo en dicha liquidación.

No se debe perder de vista que la importación de vehículo usado requiere de licencia previa.

(…).

3.2.2.9. El 20 de septiembre de 1999, el actor dirige comunicación al administrador de Impuestos y Aduanas Nacionales de Valledupar, solicitando nuevamente la liquidación de los impuestos o tributos aduaneros del vehículo en mención (fl. 11 cdno. ppal.). La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Valledupar, el 14 de octubre del mismo año, le reitera a cargo de quién está la obligación aduanera a efectos de proceder con la entrega. Finalmente le recomienda dirigirse a una sociedad de intermediación aduanera o a un agente aduanero quienes estarían dispuestos a adelantar los trámites pertinentes (fls. 12-13 cdno. ppal.).

3.2.2.10. El 26 de abril de 2000, el actor, solicita ante el administrador delegado de aduanas de Turbo, resolver la situación ordenada en la sentencia del Tribunal Administrativo del Cesar (fl. 14 cdno. ppal.). La administración delegada de Aduanas de Turbo dio respuesta a la solicitud, el 10 de mayo de 2000, indicando que, “es pertinente que tramite la licencia previa, ante el Incomex - Ministerio de Comercio Exterior. Para esto se le sugiere anexar como soporte la providencia del Tribunal Administrativo del Cesar en donde se le ordena a la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Valledupar la entrega del automotor. Una vez obtenida la licencia se puede presentar ante la DIAN de Valledupar para diligenciar los demás aspectos y proceder a pagar los derechos e impuestos vigentes a la fecha, descontando el impuesto pagado inicialmente y así recuperar el vehículo objeto de decomiso” (fl. 15 cdno. ppal.).

3.2.2.11. El 3 de octubre de 2000, el señor Orozco Martínez, se dirigió al Incomex - Ministerio de Comercio Exterior, Bogotá, para solicitar la licencia previa de importación para el vehículo en cuestión. El Ministerio de Comercio Exterior respondió que no puede autorizar la importación ordinaria del vehículo modelo 1974, pues “de acuerdo con el Convenio de Complementación Automotor, firmado el primero de ellos en 1993, y el segundo en 1999, Colombia no puede importar vehículos usados ni de modelos anteriores al de la solicitud (fl. 17 cdno. ppal.).

3.2.2.12. Obra en el expediente la sentencia proferida por la Sala de Descongestión de los Tribunales Administrativos de Santander, Norte de Santander y Cesar, el día 29 de diciembre de 2000, en el marco de la acción de reparación directa impetrada por el señor Enrique Luis Orozco Martínez en contra de la Nación-Ministerio de Hacienda-DIAN que resolvió denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto consideró que en dicho proceso “se demanda la declaración de una obligación resarcitoria de los perjuicios que por causa del depósito de su automotor, ha sufrido el actor. Empero como ya se expresó el depósito no ha concluido aún, entonces, no ha llegado el momento de determinar las responsabilidades que de tal situación hubieren podido surgir. En efecto, el actor no ha satisfecho los requisitos previos para que se surta la entrega del vehículo, a términos de la parte resolutiva de la sentencia judicial que la ordenó” (fls. 110-119 cdno. ppal.).

3.2.2.13. El 29 de octubre de 2002, la Sociedad Fumigaciones Aéreas de Codazzi S.A. certificó que el señor Enrique Luis Orozco Martínez “laboró en la empresa hasta noviembre 09 de 1996 fecha en la cual se terminaba una licencia autorizada (…) y debía presentarse a laborar el 10 de noviembre de 1996, día en el cual no se presentó, razón esta que motivó a dársele por terminado el contrato de trabajo el día 12 de noviembre de 1996 y dicho señor solo se reportó en enero/97 reclamando la liquidación de prestaciones sociales” (fl. 62 cdno. ppal.). Así mismo certificó que el señor Orozco Martínez se desempeñó como piloto eficiente y con buena conducta (fl. 63 cdno. ppal.).

3.2.2.14. Obra dictamen sobre el vehículo de placa BWX-072. Se resalta que se encuentra totalmente deteriorado y que el valor del mismo, para la época del decomiso ascendía a la suma de tres millones de pesos ($ 3.000.000). Así mismo, contiene informe de los salarios y prestaciones del señor Orozco Martínez desde el año 1996 hasta el 2001 por un valor de ciento noventa y dos millones ciento veintidós mil ochocientos sesenta pesos ($ 192.122.860). Finalmente, liquida lo correspondiente al reconocimiento por transporte por un valor de cinco millones setecientos mil pesos ($ 5.700.000) y concluye que por concepto de perjuicios morales y materiales, la indemnización asciende a trecientos setenta y cuatro millones treinta y dos mil quinientos setenta y siete pesos ($ 374.032.577) sin perjuicio de la indemnización moral (fls. 66-78 cdno. ppal.).

3.2.2.15. Del proceso 1999-0321-00 se trasladaron los testimonios rendidos por los señores Miguel Ángel Cuello Orozco, José Manuel Baute Redondo y Rafael Osio Baute, quienes manifestaron conocer del decomiso del vehículo y del buen estado en que se encontraba antes de la medida, así como del contrato laboral del señor Orozco Martínez con la empresa Fumigaciones de Codazzi S.A. (fls. 96-103 cdno. ppal.).

Del mismo modo, se trasladó el dictamen pericial en el que se resumen los perjuicios relacionados con los gastos para poner en funcionamiento el vehículo y el valor dejado de percibir por auxilio de trasportes, para un total de cuarenta y dos millones setecientos treinta y tres mil doscientos cuarenta pesos ($ 42.733.240) (fls. 104-108 cdno. ppal.).

3.2.3 Cuestión previa: de la posible configuración de la excepción de cosa juzgada.

Como se mencionó en el aparte respectivo, la entidad demandada formuló la excepción de cosa juzgada. Sostuvo que el actor interpuso una acción de reparación directa por los mismos hechos, resuelta mediante sentencia del 29 de diciembre del año 2000, por la Sala de Descongestión de los Tribunales Administrativos de Santander, Norte de Santander y Cesar. En el sentido de negar las pretensiones de la demanda. Aunado a lo expuesto se tiene otro pronunciamiento judicial, este dirigido a declarar la nulidad y el restablecimiento del derecho del actor, por el decomiso del vehículo. De suerte que habrá de considerarse si ya se resolvió sobre el restablecimiento en razón del acto administrativo que dispuso el decomiso, de una parte y de otra si igualmente se juzgó la responsabilidad de la administración por la inejecución de la sentencia que dispuso la entrega del automotor.

El artículo 175 del Decreto 01 de 1984 establece:

“La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes.

La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero sólo en relación con la causa petendi juzgada.

La sentencia dictada en procesos relativos a contratos y de reparación directa y cumplimiento, producirá cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo objeto y la misma causa y siempre que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes; la proferida en procesos de restablecimiento del derecho aprovechará a quien hubiere intervenido en el proceso y obtenido esta declaración a su favor.

(…)”.

A su vez, el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, establece que:

“La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada, siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, y se funde en la misma causa que el anterior, y que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.

(…).”.

Ahora bien, esta Corporación, en sentencia del cuatro (4) de julio de dos mil trece (2013)(3) sostuvo:

“Es una cualidad inherente a las sentencias ejecutoriadas, por la cual aquéllas resultan inmutables, inimpugnables y obligatorias, lo que hace que el asunto sobre el cual ellas deciden no pueda volver a debatirse en el futuro, ni dentro del mismo proceso, ni dentro de otro entre las mismas partes y que persigue igual objeto”.

Así las cosas, aunque por regla general para que se configure la cosa juzgada se requiere, i) identidad de objeto, ii) identidad de las partes y iii) la existencia de un nuevo proceso con posterioridad a la ejecutoria de una sentencia que verse sobre un mismo objeto, la nulidad de los actos administrativos opera frente a todo y frente a todos.

Ahora se encuentra evidenciado que el actor interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en Valledupar. Se pretendió la declaratoria de nulidad de las resoluciones 85 del 28 de mayo de 1997, por medio de la cual la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Valledupar ordenó el decomiso del automotor de placa DWX-072 y 1 del 9 de enero de 1998, por la cual se resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra la primer resolución. Así mismo, se solicitó como consecuencia de la declaratoria de nulidad, ordenar a la entidad demandada la restitución del automotor (fls. 120-133 cdno. ppal.).

En la presente acción, que se dirige en contra de la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, se solicita la declaratoria de responsabilidad “con motivo del decomiso injusto e ilegal de que fue víctima sobre el vehículo automotor de su propiedad, distinguido con las placas DWX-072, (…)”. Así mismo, se solicita condenar al pago de “todos los daños y perjuicios, tanto morales como materiales, que se le ocasionaron con el decomiso injusto e ilegal de que fue víctima sobre el vehículo automotor de su propiedad, distinguido con las placas DWX-072 (…).

Ahora, es un hecho que el acto que dispuso el decomiso del automotor fue declarado nulo, de donde la Sala no volverá sobre el punto. Y también, lo es que el restablecimiento solicitado por el actor se limitó a la entrega del automotor, asunto que fue ordenado. Siendo así nada se habrá de ordenar sobre el decomiso del vehículo y la reparación o restablecimiento mediante la entrega.

Lo anterior es así, si se considera que el Tribunal Administrativo del Cesar, el 29 de septiembre de 1998, en el marco de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho a la que se ha hecho mención, resolvió:

“SEGUNDO: Declarar la nulidad de la Resolución 85 del 28 de mayo de 1997, proferida por la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Valledupar, mediante la cual se ordenó el decomiso a favor de la Nación del vehículo automotor cuyas características, se encuentran descritas en la parte motiva de esta providencia.

Así mismo, se declara la nulidad de la Resolución 1 del 9 de enero de 1998, mediante la cual se resolvió el recurso de reconsideración.

TERCERO: Ordenar a la Administración de Impuestos y Adunas Nacionales de Valledupar la entrega del referido automotor al señor Enrique Luis Orozco Martínez, previo cumplimiento de los requisitos del parágrafo 2º del artículo 5º del Decreto 2817 de 1991”.

Ahora bien, respecto de los defectos de la cosa juzgada de la sentencia proferida el 29 de diciembre de 2000 por la Sala de Descongestión de los Tribunales Administrativos de Santander, Norte de Santander y Cesar, se tiene que el actor interpuso acción de reparación directa, en contra de la Nación-Ministerio de Hacienda-Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Se pretendió la declaratoria de responsabilidad por los daños causados al vehículo automotor y la consecuente indemnización de perjuicios materiales (fls. 110-119 cdno. ppal.).

La denegatoria de las pretensiones se sustentó en que “se demanda la declaración de una obligación resarcitoria de los perjuicios que por causa del depósito de su automotor, ha sufrido el actor. Empero como ya se expresó el depósito no ha concluido aún, entonces, no ha llegado el momento de determinar las responsabilidades que de tal situación hubieren podido surgir. En efecto, el actor no ha satisfecho los requisitos previos para que se surta la entrega del vehículo, a términos de la parte resolutiva de la sentencia judicial que la ordenó”.

Como ya se mencionó en la presente acción, se solicita la declaratoria de responsabilidad “con motivo del decomiso injusto e ilegal de que fue víctima sobre el vehículo automotor de su propiedad, distinguido con las placas DWX-072, (…)”. Así mismo, se solicita condenar al pago de “todos los daños y perjuicios, tanto morales como materiales, que se le ocasionaron con el decomiso injusto e ilegal de que fue víctima sobre el vehículo automotor de su propiedad, distinguido con las placas DWX-072 (…).

Así las cosas la presente acción reúne elementos que cuestionan el acto del decomiso y la consecuente responsabilidad derivada de dicho acto. En relación con lo primero, ya se dijo que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, el 29 de septiembre de 1998, constituyen cosa juzgada y por tanto la Sala no volverá sobre el punto.

En lo relacionado con la responsabilidad derivada del acto del decomiso, no obstante existir identidad de objeto, identidad de partes y ser éste el nuevo proceso frente a la acción de reparación directa que se falló mediante sentencia del 29 de diciembre de 2000 por la Sala de Descongestión de los Tribunales Administrativos de Santander, Norte de Santander y Cesar, lo cierto es que dicha decisión denegatoria de las pretensiones se fundamentó en que como no había concluido el depósito, aun no era el momento para determinar la responsabilidad de la administración.

Lo anterior constituye inhibición, pues no se falló el fondo del asunto, razón por la cual la Sala, está ante una cosa juzgada esta es meramente formal y no material, lo que permitirá abocar el conocimiento del fondo del asunto.

Al respecto, esta Corporación en sentencia del 19 de marzo de 2009(4), se pronunció en el siguiente sentido:

“En lo atinente a la connotación de cosa juzgada, la doctrina y la jurisprudencia han llegado a distinguir dos clases de la misma, denominadas cosa juzgada formal y cosa juzgada material o sustancial, las cuales, siguiendo al tratadista Eduardo J. Couture, dependen o están determinadas por las circunstancias de la impugnabilidad y de la inmutabilidad del asunto jurídico de que se trate, de suerte que habrá cosa juzgada formal cuando pese a que se han surtido o agotados los recursos, la eficacia de la decisión judicial es transitoria. “Se cumplen y son obligatorias tan sólo con relación al proceso en que se han dictado y al estado de cosas que se tuvo en cuenta en el momento de decidir; pero no obstan a que, en un procedimiento posterior, mudado el estado de cosas que se tuvo presente al decidir, la cosa juzgada pueda modificarse”, en voces del citado tratadista; quien concluye que “Existe cosa juzgada sustancial cuando a la condición de inimpugnable en el mismo proceso, se une la inmutabilidad de la sentencia aun en otro juicio posterior”.

Aunado a la configuración de la cosa juzgada formal respecto de la sentencia del 29 de diciembre de 2000, la Sala precisa que el Juez tiene un papel fundamental en eventos en que el daño aún no ha finalizado, pues precisamente, está en la obligación de hacerlo cesar. Esto especialmente, porque en el sub lite se extraña que, además de evidenciarse la existencia de un daño, mediante una decisión judicial se establezca que debe esperarse más tiempo para su reparación, hasta que se conozca sus verdaderos efectos.

Así las cosas, dicha decisión no puede configurar cosa juzgada material y debe entonces la Sala hacer el estudio de responsabilidad respectivo. Para el efecto, además del daño se analizará si el mismo resulta imputable a la administración, evento en el cual se procederá al establecimiento de la correspondiente indemnización.

3.2.4 Juicio de responsabilidad

Como lo relatan los antecedentes, la parte actora solicita declarar responsable a la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en razón de los perjuicios sufridos como consecuencia del decomiso del vehículo de su propiedad, de placa DWX-072.

En efecto se encuentra acreditado que el señor Enrique Luis Orozco Martínez es el propietario del vehículo de placa DWX-072, marca Volkswagen, modelo 1974, color azul, de servicio particular, carrocería tipo coupe, con número de motor AESO6522, serie Nº 1342599414, con capacidad para cinco (5) pasajeros y que el mismo, fue decomisado mediante Resolución 00085 del 28 de mayo de 1.997, proferida por la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Valledupar.

Así mismo, se encuentra demostrado que mediante sentencia se decretó la nulidad del acto del decomiso y de la resolución mediante la cual se resolvió negativamente el recurso de reconsideración, además se ordenó la entrega del vehículo, previo el cumplimiento de ciertos requisitos.

También se encuentra acreditado que a la presente no se ha efectuado dicha entrega, en tanto que, según la demandada, no se ha cumplido con los requisitos previos, esto es la correspondiente liquidación y pago de impuestos.

Así las cosas, existe un daño sufrido por el propietario consistente en la omisión en la entrega del vehículo de su propiedad, la cual fue ordenada mediante la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, el 29 de septiembre de 1998, pues se declaró la nulidad del acto que ordenó el decomiso y aunque aduce la demandada que siempre ha estado dispuesta a entregar el automotor, empero que el actor no ha cumplido con el pago de impuestos y este señala que no se le han liquidado, lo cierto es que ni lo uno ni lo otro constituyen fundamento jurídico que soporte la falta de entrega del vehículo.

Lo anterior es así, porque la demandada persiste en la retención del automotor bajo el análisis equivocado de la falta de cumplimento requisitos previos, siendo que como acto en el que se soportaba el decomiso fue declarado nulo las cosas deben volver al estado anterior. Es decir, la entrega del vehículo no se puede condicionar al pago de impuestos, porque se estaría imponiendo, al margen del ordenamiento jurídico, una sanción para el propietario consistente en la confiscación del bien por la deuda tributaria que tiene con la administración, esto tanto como privar al actor del derecho que tiene sobre el bien mueble, por el no pago de impuestos, sin medida judicial que así lo ordene.

Así las cosas, el daño del que se duele el actor, consistente en la falta de entrega del vehículo, resulta en efecto imputable a la demandada, en tanto no ha dado cumplimiento a lo dispuesto en sentencia judicial, pues, como se ha expuesto, no resulta suficiente para su defensa, el hecho de que el actor no haya cumplido con el pago de impuestos, aunque este deba proceder en consecuencia.

Ahora bien, estructurada la responsabilidad de la demandada por los perjuicios sufridos por el actor como consecuencia del decomiso del vehículo y específicamente por la falta de entrega del mismo, a pesar de existir sentencia judicial que así lo declara, procede la Sala a establecer el monto de la indemnización a que tiene derecho el actor.

El actor pretende la indemnización de todos los daños y perjuicios, tanto morales como materiales, que se le ocasionaron con el decomiso, reclamando por concepto de lucro cesante la suma de “DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 200.000.000), (…) correspondientes a las sumas que ha dejado de recibir en razón de la terminación unilateral de su contrato de trabajo con la Empresa Fumigaciones Aéreas de Codazzi S.A. y, por todo el tiempo que ha permanecido inactivo dicho vehículo”. No obstante, la Sala no encuentra demostrado que del decomiso se derivara perjuicio por concepto de lucro cesante para el actor, pues aunque aportó prueba de un contrato de trabajo suscrito con la empresa Fumigaciones Aéreas de Cosazzi S.A. no es clara la relación entre el hecho dañino, imputable a la administración y el contrato aportado por el actor, razón por la que no habrá lugar a condena alguna por este concepto.

Así mismo, reclama perjuicios por concepto de daño emergente que en su sentir implica los “gastos generales de reparación del vehículo, gastos de parqueadero, honorarios de abogado, diligencias judiciales, y en fin, todos los gastos que le sobrevinieron y le sobrevendrán (…)”. Para efecto, aunque obra en el plenario dictamen pericial trasladado del proceso de acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que contiene el resumen los perjuicios relacionados con los gastos para poner en funcionamiento el vehículo y el valor dejado de percibir por auxilio de trasportes (fls. 104-108 cdno. ppal.), se echa de menos el valor del vehículo mismo que se deberá indemnizar, pues, trascurridos más de diecisiete años —desde el 8 de noviembre de 1996— nada se repararía si se ordena entregar el mismo vehículo. Se dispondrá, entonces reconocer el valor del bien a precio actual a tiempo de la entrega a título de daño emergente y negar otros perjuicios, porque no fueron demostrados.

Así las cosas, la condena se proferirá en abstracto, al pago de los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, consistente en el valor del vehículo al tiempo de la ejecutoria de esta providencia, previa valoración en incidente de liquidación. En la misma oportunidad la entidad demandada presentará la liquidación de impuestos, sin intereses, que podrá descontar del valor del bien. Razón por la cual la Sala declarará probada la excepción de compensación.

Así mismo, reclama el actor “el equivalente en moneda nacional de 1.000 salarios mínimos legales mensuales por concepto de perjuicios morales o “pretium doloris”, consistentes en el profundo trauma psíquico que produce el hecho de saberse víctima de un acto ilegal, pero sobre todo, injusto, nacido en la falta de responsabilidad de la administración, en aplicación del artículo 97 del Código Penal, máxime cuando el hecho se causa a raíz de una ostensible arbitrariedad por parte de la entidad demandada quien tiene el deber constitucional de velar por la vida, honra y bienes de los asociados y, con él, se ha causado un grave e injustificado perjuicio al actor, inclusive, quien tuvo que soportar la sindicación que le hiciera la DIAN de contrabandista, tal y como consta en la Resolución 169 del 9 de octubre de 1.998, dejada sin efectos a través de la Resolución 24 del 5 de marzo de 1999”.

Se aprecia entonces que el actor pretende que se lo indemnice por el daño moral que según dice le causó el decomiso. La que tendría que haberla solicitado conjuntamente con la nulidad y, como no lo hizo, no queda sino declarar la indebida escogencia de la acción. Ahora bien, aunque el actor aduce haber sufrido un “profundo trauma psíquico” por sentirse víctima de un acto ilegal, lo cierto es que no se encuentra demostrado, razón por la que no habrá lugar a reconocimiento alguno por este concepto.

Finalmente, no se condenará en costas puesto que, de conformidad con el artículo 55 de la ley 446 de 1998, hay lugar a su imposición cuando la conducta de alguna de las partes así lo amerite y, en el sub lite, no se encuentra elemento que permita deducir tal aspecto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B.

RESUELVE:

REVOCAR, la sentencia proferida el 29 de octubre de 2004, por la Sala de Descongestión para los Tribunales Administrativos de Santander, Norte de Santander y Cesar con sede en el municipio de San Gil y en su lugar se dispone:

1. DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación-Ministerio de Hacienda-Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de los daños y perjuicios ocasionados al demandante con ocasión de la indebida retención sin perjuicio de sentencia condenatoria, del vehículo de placa DWX-072 marca Volkswagen, modelo 1974, color azul, de servicio particular, carrocería tipo coupe, con número de motor AESO6522, serie No. 1342599414, con capacidad para cinco (5) pasajeros.

2. CONDENAR conforme lo anterior, a la Nación-Ministerio de Hacienda- Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a pagar por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, a favor del señor Enrique Luis Orozco Martínez, la suma que resultare probada en el incidente de reparación, menos el valor que corresponde pagar al actor por concepto de impuestos del vehículo. Suma esta que será liquidada y presentada por la demandada con sus respectivos soportes.

3. DECLARAR probada la excepción de compensación.

4. DECLARAR la indebida escogencia de la acción para reclamar los daños morales causados por el decomiso.

5. NO CONCEDER las demás pretensiones de la demanda.

6. El presente fallo se cumplirá en los términos de los artículos 176 y 177 del CCA, para lo cual se expedirán copias de esta providencia, con constancia de ejecutoria, con destino a las partes y por intermedio de los apoderados que venían actuando en el proceso.

7. SIN COSTAS por no aparecer causadas.

En firme esta providencia, DEVUÉLVASE la actuación al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

2 El 10 de septiembre de 2001, fecha en que se presentó la demanda, la cuantía para que en un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa fuera conocido en segunda instancia por esta Corporación era de $ 2 6.390.000 —artículos 129 y 132 del CCA subrogados por el Decreto 597 de 1988— y la mayor de las pretensiones de la demanda fue estimada en la suma de $ 200.000.000, por concepto de lucro cesante.

3 Expediente 1440-12. M.P. Gerardo Arenas Monsalve.

4 M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, expediente 2004-00203.