Sentencia 2001-01207 de mayo 29 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Exp.: 25000-23-26-000-2001-01207-01 (29.462)

Actor: Alfredo Camelo Luengas y otros

Demandada: Nación - Fiscalía General de la Nación

Acción: Reparación directa

Bogotá, D.C, veintinueve de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

La Sala es competente desde el punto de vista funcional para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, el 28 de septiembre de 2004, en proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación(19).

2. Ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto-Ley 1 de 1984(20), la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble por causa de trabajos públicos.

En los casos en los cuales se ejerce la acción de reparación directa con fundamento en la privación injusta de la libertad, el término de caducidad se cuenta desde el momento en el cual el sindicado recupera la libertad y la providencia absolutoria queda ejecutoriada —lo último que ocurra—. Al respecto, ha manifestado la Sala:

“Dicha acción cuando se fundamente en la privación de la libertad o en el error judicial puede promoverse sólo dentro del término de dos (2) años (salvo que se haya acudido previamente a la conciliación prejudicial que resultó frustrada) contados a partir del acaecimiento del hecho que causó o que evidenció el daño, es decir a partir de la eficacia de la providencia judicial que determinó la inexistencia del fundamento jurídico que justificaba la detención preventiva o la decisión judicial, pues solo a partir de este momento se hace antijurídica la situación del privado de la libertad o se concreta la ocurrencia del error judicial.

Para la Sala no hay lugar a plantear ningún cuestionamiento en relación con el momento a partir del cual se debe empezar a contar el término de caducidad de la acción de reparación directa, cuando lo que se persigue es la reparación del perjuicio causado con la privación injusta de la libertad. En este evento, tal como lo señala el apelante, el conteo de ese término sólo puede empezar cuando está en firme la providencia de la justicia penal...”.(21) (destacado fuera del texto)

Con fundamento en lo anterior es dable insistir en que la caducidad de la acción de reparación directa en los casos en los cuales se invoca la privación injusta de la libertad, se cuenta a partir de la ejecutoria de la providencia en la cual se determina la absolución o preclusión de la investigación en favor del procesado(22).

Ahora bien, en el sub examine la responsabilidad administrativa que se impetra en la demanda se origina en los daños sufridos por los demandantes con la “privación de la libertad” y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia de que fue objeto Alfredo Camelo Luengas, quien, se reconoció expresamente, evadió la acción de la justicia y nunca fue detenido, por lo que ha de tenerse como referente el 1º de febrero de 2000(23), fecha de ejecutoria de la sentencia proferida el 16 de diciembre de 1999, mediante la cual, entre otros aspectos, se le absolvió de los cargos formulados por el punible de secuestro simple agravado.

Lo anterior significa que los actores tenían hasta el día 2 de febrero de 2002 para presentar oportunamente su demanda y, como ello se hizo el 30 de mayo de 2001(24), resulta evidente que la acción se ejercitó dentro del término previsto para ello.

3. El régimen de responsabilidad.

Previamente al análisis de los supuestos de responsabilidad aplicables al caso concreto, en relación con la imputación jurídica del daño, debe decirse que la Sala Plena de la Sección, en sentencia de 19 de abril de 2012(25), unificó su posición para señalar que, al no existir consagración constitucional de ningún régimen de responsabilidad en especial, corresponde al juez encontrar los fundamentos jurídicos de sus fallos, por lo que los títulos de imputación hacen parte de los elementos argumentativos de la motivación de la sentencia. En este sentido se expuso:

“En lo que refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a la adopción de diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta providencia”.

En consonancia con lo anterior, resulta acertado precisar que el proceso penal al que se dice fue sometido Alfredo Camelo Luengas, se adelantó presuntamente entre el 28 de agosto de 1995 —fecha del secuestro— y el 1º de febrero de 2000 —fecha de ejecutoria de la providencia absolutoria del 16 de diciembre de 1999—, de manera tal que se evidencia que la actuación judicial que se somete a conocimiento de la Sala también se desplegó en vigencia de la Ley 270 de 1996(26) y el Código de Procedimiento penal contenido en el Decreto-Ley 2700 de 1991.

En este sentido, debe tenerse presente el texto del artículo 65 de la Ley 270 de 1996, cuyo tenor literal es el siguiente:

“ART. 65.—De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad”.

Respecto de la norma legal transcrita, la Sala ha considerado que su interpretación no se agota con la declaración de la responsabilidad del Estado por detención injusta cuando ésta sea ilegal o arbitraria(27), sino que se ha determinado que las hipótesis de responsabilidad objetiva, también por detención injusta, mantienen vigencia para resolver, de la misma forma, la responsabilidad del Estado derivada de privaciones de la libertad. Es decir que después de la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, cuando una persona privada de la libertad sea absuelta, se configura un evento de detención injusta(28). Lo anterior en virtud de la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado, prevista en el artículo 90 de la Constitución Política; en ese sentido, la Sala, mediante sentencia del 2 de mayo de 2007, precisó:

“Como corolario de lo anterior, ha de entenderse que la hipótesis precisada por el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en la cual procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado por detención injusta, en los términos en que dicho carácter injusto ha sido también concretado por la Corte Constitucional en el aparte de la Sentencia C-03[7] de 1996 en el que se analiza la exequibilidad del proyecto del aludido artículo 68 y que se traduce en una de las diversas modalidades o eventualidades que pueden generar responsabilidad del Estado por falla del servicio de administración de justicia, esa hipótesis así precisada no excluye la posibilidad de que tenga lugar el reconocimiento de otros casos en los que el Estado deba ser declarado responsable por el hecho de haber dispuesto la privación de la libertad de un individuo dentro del curso de una investigación penal, siempre que en ellos se haya producido un daño antijurídico en los términos del artículo 90 de la Constitución Política.

“Tal es la interpretación a la que conducen no solo las incuestionables superioridad y preeminencia que le corresponden al citado canon constitucional, sino también una hermenéutica armónica y sistemática de los comentados preceptos de la misma Ley 270 de 1996, así como los razonamientos plasmados por la propia Corte Constitucional en la Sentencia C-037 de 1997, mediante la cual los encontró ajustados a la Carta Fundamental. En consecuencia, los demás supuestos en los cuales el juez de lo contencioso administrativo ha encontrado que la privación de la libertad ordenada por autoridad competente ha conducido a la producción de daños antijurídicos, con arraigo directamente en el artículo 90 de la Carta, tienen igualmente asidero tanto en la regulación que de este ámbito de la responsabilidad estatal efectúa la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con este asunto. De manera que aquellas hipótesis en las cuales la evolución de la jurisprudencia del Consejo de Estado —a la que se hizo referencia en apartado precedente— ha determinado que concurren las exigencias del artículo 90 de la Constitución para declarar la responsabilidad estatal por el hecho de la Administración de Justicia al proferir medidas de aseguramiento privativas de la libertad, mantienen su aplicabilidad tras la entrada en vigor de la Ley 270 de 1996”(29).

Ahora bien, ciertamente la Sala en relación con la responsabilidad del Estado derivada de la privación de la libertad de las personas, dispuesta como medida de aseguramiento dentro de un proceso penal, ha evolucionado en la interpretación y aplicación del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal contenido en el Decreto-Ley 2700 de 1991(30). En efecto, la jurisprudencia se ha desarrollado en cuatro distintas direcciones, como en anteriores oportunidades se ha puesto de presente(31).

En una primera etapa la Sala sostuvo que la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de las personas se fundamentaba en el error judicial que se produce como consecuencia de la violación del deber que tiene toda autoridad judicial de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso y sin que resultare relevante el estudio de la conducta del juez o magistrado a efecto de establecer si la misma estuvo caracterizada por la culpa o el dolo(32). Bajo este criterio, la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva se tenía como una carga que todas las personas tenían el deber de soportar(33).

Posteriormente, una segunda postura indicó que la carga procesal de demostrar el carácter injusto de la detención con el fin de obtener la indemnización de los correspondientes perjuicios —carga consistente en la necesidad de probar la existencia de un error de la autoridad jurisdiccional al ordenar la medida privativa de la libertad— fue reducida solamente a aquellos casos diferentes de los contemplados en el citado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal(34), pues en relación con los tres eventos señalados en esa norma legal se estimó que la ley había calificado de antemano que se estaba en presencia de una detención injusta(35), lo cual se equiparaba a un tipo de responsabilidad objetiva, en la medida en que no era necesario acreditar la existencia de una falla del servicio(36).

En un tercer momento, tras reiterar el carácter injusto atribuido por la ley a aquellos casos enmarcados dentro de los tres supuestos previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, se agregó la precisión de acuerdo con la cual el fundamento del compromiso para la responsabilidad del Estado en estos tres supuestos no es la antijuridicidad de la conducta del agente del Estado, sino la antijuridicidad del daño sufrido por la víctima, en tanto que ésta no tiene la obligación jurídica de soportarlo(37), reiterando que ello es así independientemente de la legalidad o ilegalidad del acto o de la actuación estatal o de que la conducta del agente del Estado causante del daño hubiere sido dolosa o culposa(38).

Finalmente, en una cuarta etapa, se amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente, a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio in dubio pro reo, de manera tal que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que éste no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos, cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima hubiera dado lugar a que se profiriera, en su contra, la medida de aseguramiento(39).

De acuerdo con la posición mayoritariamente asumida por la Sección, aun cuando la absolución o exoneración de responsabilidad del imputado que ha estado privado de la libertad no se produzca en aplicación de alguno de los tres supuestos previstos en el artículo 414 del antes referido Decreto-Ley 2700 de 1991, sino como consecuencia de la operatividad del citado principio “in dubio pro reo”, este no puede proveer de justo título a la privación de la libertad a la cual fue sometida por el Estado la persona penalmente procesada, como quiera que aquel nunca pudo desvirtuar que se trataba de una persona inocente —presunción constitucional de inocencia cuya intangibilidad determina la antijuridicidad del daño desde la perspectiva de la víctima, quien no está en el deber jurídico de soportarlo dado que se trata de una víctima inocente—, más allá de que resultaría manifiestamente desproporcionado exigir de un particular que soportase inerme y sin derecho a ningún tipo de compensación —como si se tratase de una carga pública que todos los coasociados debieran asumir en condiciones de igualdad-, el verse privado de la libertad en aras de salvaguardar la eficacia de una eventual sentencia condenatoria si, una vez instruido el proceso penal y excluida de manera definitiva la responsabilidad del sindicado cautelarmente privado de la libertad, el propio Estado no logra desvirtuar la presunción constitucional de inocencia que siempre lo amparó, en cuanto la condena cuyo cumplimiento buscaba garantizarse a través de la medida de aseguramiento no se produjo, todo lo cual determina que ante tal tipo de casos los afectados no deban “acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la declaración de responsabilidad: actuación del Estado, daños irrogados y nexo de causalidad entre aquella y estos”(40).

Estas últimas tesis han encontrado fundamento en la primacía de los derechos fundamentales, en la consecuente obligación estatal de garantizar el amparo efectivo de los mismos y en la inviolabilidad de los derechos de los ciudadanos entre los cuales se cuenta, con sumo grado de importancia, el derecho a la libertad.

En este orden de ideas, el ordenamiento jurídico colombiano está orientado por la necesidad de garantizar, de manera real y efectiva los derechos fundamentales de los ciudadanos, por lo que no se puede entender que los administrados estén obligados a soportar como una carga pública la privación de la libertad y, en consecuencia, se hallen sujetos a aceptar como un beneficio gracioso o una especie de suerte el que posteriormente la medida sea revocada. No, en los eventos en que ello ocurra y se configuren causales como las previstas en el citado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, o incluso cuando se absuelva al detenido por “in dubio pro reo” —sin que opere como eximente de responsabilidad la culpa de la víctima— el Estado está llamado a indemnizar los perjuicios que hubiere causado por razón de la imposición de una medida de detención preventiva que lo hubiere privado del ejercicio del derecho fundamental a la libertad, pues esa es una carga que ningún ciudadano está obligado a soportar por el solo hecho de vivir en sociedad.

3.1. Responsabilidad del Estado por otras afectaciones al derecho a la libertad personal en virtud de una medida cautelar proferida dentro de un proceso penal.

Ahora bien, teniendo en consideración las particularidades del presente caso, resulta pertinente reiterar el criterio expuesto por la Sala, según el cual existen otros supuestos en los cuales, si bien la persona objeto de la medida de aseguramiento no hubiese sido detenida físicamente o intramuros, lo cierto es que la sola imposición de dicha medida implica, per se, una limitación al mencionado derecho fundamental de la libertad, circunstancia que genera un daño antijurídico cuando se hubiere establecido, entre otras hipótesis, que la conducta por la cual se lo investigó no constituía hecho punible, en tanto esa decisión judicial revela el daño anormal que se habría hecho padecer al sindicado(41).

Ciertamente, la decisión en firme que decreta la imposición de dicha medida de aseguramiento conlleva una limitación a la libertad, específicamente respecto de la libertad de circulación, la libertad de fijar domicilio, y libertad de escoger profesión u oficio —artículos 24 y 26 de la Carta Política—, amén de la afectación que la aludida medida de aseguramiento representa necesariamente para el propio derecho a la libertad en el plano del mundo jurídico, independientemente de que la detención correspondiente no se haga efectiva en el plano real.

Agréguese a lo anterior que el artículo 24 constitucional prevé dos expresiones de la libertad personal en cabeza de los colombianos, que revisten el carácter de derechos fundamentales: i) la libertad de locomoción o circulación que comprende el sentido más elemental de la libertad inherente a la condición humana, esto es, la facultad de desplazarse y de transitar por todo el territorio nacional, incluyendo la posibilidad de entrar y de salir del país sin que para su ejercicio sea menester permiso de autoridad alguna; éste derecho fundamental se encuentra amparado internacionalmente por múltiples convenios y tratados en su dimensión negativa o defensiva, vale decir, en tanto limita el ejercicio del poder del Estado en defensa de la libertad del individuo —artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948(42), artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Ley 74 de 1968(43), artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada mediante la Ley 16 de 1972(44), entre otros convenios—; y ii) la libertad de fijar domicilio, dimensión que entraña la facultad autónoma e inalienable de toda persona(45) para definir el sitio donde desea vivir, expresión de la libertad que constituye también manifestación del derecho constitucional fundamental a la personalidad jurídica —artículo 14 de la Carta Política—, libertad de escoger trabajo u oficio —artículo 26 ídem— y del libre desarrollo de la personalidad previsto en el artículo 16 eiusdem, por cuya virtud se excluyen las imposiciones externas e injustificadas respecto de decisiones relativas a la esfera particular y al rumbo de la vida de cada persona(46).

En relación con el derecho a la libertad de circulación y residencia, tal como está contenido en la Carta Política, así como en los diferentes instrumentos internacionales, implica entonces que una persona no sólo no pueda ser desplazada y trasladada contra su voluntad de un lugar a otro, dentro o fuera del territorio nacional, sino que no se le impida, por cualquier medio, hacerlo cuando así lo desee. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que

“El derecho de circulación se trata del derecho de toda persona a trasladarse libremente de un lugar a otro y establecerse libremente en el lugar de su elección. El disfrute de este derecho no debe depender de ningún objetivo o motivo en particular de la persona que desea circular o permanecer en un lugar. Se trata de una condición indispensable para el libre desarrollo de la persona”(47).

Ahora bien, de conformidad con las consideraciones antes expuestas, estima la Sala que, aun cuando el legislador estableció en el artículo 414 del entonces Código de Procedimiento Penal, algunos eventos en los cuales objetivamente se entiende la injusticia de la detención frente a quien hubiere resultado exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente i) porque el hecho no existió, ii) el sindicado no lo cometió, iii) o la conducta no constituía hecho punible, eventos en los cuales se tendrá derecho a ser indemnizado, ello no puede significar que en otro tipo de situaciones, independientemente de que no se subsuman en alguno de estos tres eventos, no hubiere lugar a declarar la responsabilidad del Estado, cuando quiera que una decisión judicial que hubiera limitado, restringido o afectado la libertad de un individuo fuera, a su vez, la causante de un daño antijurídico.

En efecto, cuando el artículo 90 Superior prescribe que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas, establece sin ambages la obligación reparatoria a cargo de la Administración Pública, cuando se determine que la víctima no lo debía soportar, independientemente de si el proceder del agente estatal —por acción u omisión— haya sido lícito o no.

De manera tal que la imposición de la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, aunque la misma no se llegue a hacer efectiva —v. gr. por el otorgamiento del beneficio de libertad provisional—, dará lugar a comprometer la responsabilidad patrimonial del Estado, en cuanto a la finalización del respectivo proceso penal se hubiere concluido con exoneración a favor del imputado, pues resulta desde todo punto de vista desproporcionado exigirle a un particular que soporte pasiblemente y sin derecho a tipo alguno de compensación —como si se tratase de una carga pública que todos los coasociados debieran asumir en condiciones de igualdad—, el verse limitado en su libertad, incluyendo la libertad de circulación, libertad de escoger domicilio, así como la libertad de escoger libremente profesión u oficio, en aras de salvaguardar la eficacia de las decisiones del Estado prestador del servicio público de administración de justicia si, una vez desplegada su actividad, esta Rama del Poder Público concluye que no se desvirtuó la presunción de inocencia del inculpado.

De igual forma, cabe reiterar que si bien el legislador dio un tratamiento normativo especial a unas situaciones que consideró reprochables y que cobijó bajo la genérica denominación de “detención injusta” (título de imputación privilegiado), ello no impide que otro tipo de afectaciones del derecho a la libertad, como es el caso de sus manifestaciones referidas a la locomoción y el domicilio, entre otras, sean susceptibles de reproche ante esta jurisdicción, en orden a que se declare la responsabilidad de la administración, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 90 Superior(48).

Para la Sala resulta claro que si se exonera a un sindicado bajo el supuesto de que no cometió el hecho punible, la restricción a la libertad en el plano jurídico a la cual se le sometió le produjo un daño antijurídico que no estaba obligado a soportar y, por consiguiente, habrá lugar a indemnizarlo. Así pues, en estos eventos considera la Sala que el elemento que compromete la responsabilidad del Estado radica en la antijuridicidad del daño padecido por la víctima, comoquiera que ésta no tiene el deber de padecerlo.

Por manera que —reitera la Sala—, las obligaciones derivadas de la medida cautelar consistente en detención preventiva, aunque no se hubiere hecho efectiva, conllevan necesariamente una afectación a los derechos de libertad de circulación, libertad de escoger domicilio y libertad de escoger libremente profesión u oficio, amén de que constituyen un daño antijurídico cuando se establezca, entre otras hipótesis, que el sindicado no cometió el hecho punible, en tanto esa decisión judicial revela el daño anormal que se le hizo padecer.

Así las cosas, esa limitación de la libertad no constituye una carga que todos los ciudadanos deban soportar por igual y, por ende, cuando se demuestre que el ciudadano no cometió el hecho que sirvió de base a la medida cautelar y acredite los perjuicios que la misma le ocasionó, habrá lugar a declarar la responsabilidad del Estado por haber causado a una persona un daño antijurídico, de todo lo cual se deriva la responsabilidad del Estado.

Y es que la garantía a los derechos de libertad consignada tanto en la Carta Política como en tratados internacionales de los cuales el Estado colombiano hace parte, no puede verse reducida a la efectiva privación física de la libertad, pues ello implicaría que muchas situaciones fuente de responsabilidad estatal quedarían excluidas de indemnización, en abierto desconocimiento del artículo 90 superior.

En otros términos, la regulación prevista en el citado artículo 414 del entonces vigente Código de Procedimiento Penal, dirigida a normativizar los casos de detención injusta, sirve también para definir la injusticia de otras medidas de cautela adoptadas dentro del juicio penal, en cuanto desencadenen la causación de un daño que se revela antijurídico ante la falta de responsabilidad del implicado, porque no hubiere cometido el hecho, o porque el hecho no era delito, o porque el hecho no existió, daños que merecen la tutela jurídica del ordenamiento, tal y como lo ordena el artículo 90 Constitucional(49).

La Sala ha considerado necesario reiterar en estas reflexiones respecto del régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto y las normas que rigen la materia, las cuales serán tenidas en cuenta para valorar la prueba obrante en el proceso, con el fin de establecer si está demostrada en este caso la responsabilidad de la entidad demandada(50).

4. La determinación de la responsabilidad estatal en el caso concreto.

En atención al material probatorio obrante en el expediente, recaudado oportunamente y con el lleno de los requisitos legales, se tienen debidamente acreditados los siguientes hechos:

• Que el señor Alfredo Camelo Luengas fue vinculado a una investigación penal, como presunto coautor del delito de secuestro simple agravado, por lo cual, la Unidad Especializada Antisecuestro de la Fiscalía General de la Nación, mediante Resolución de 6 de diciembre de 1995, entre otros ordenamientos, resolvió su situación jurídica y decretó en su contra medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva. Para hacer efectiva la medida de aseguramiento, se dispuso oficiar al Hospital del Guavio ESE, y a la Secretaría de Salud del Distrito, en aras de que se procediera a la suspensión del implicado en el ejercicio de su cargo como servidor público; además, se le impuso la prohibición de salir del país y se ordenaron medidas de vigilancia mientras se hacía efectiva la suspensión en el cargo(51).

• Que a través de la Resolución 548 de 11 de diciembre de 1995, el Director General del Hospital del Guavio ESE, suspendió al señor Alfredo Camelo de su cargo como Profesional Especializado - Médico Especialista categoría 23, código 321520, adscrito al Departamento de Pediatría del mencionado hospital, en cumplimiento de lo ordenado en resolución de 6 de diciembre de 1995 proferida por la Unidad Antisecuestro de la Fiscalía General de la Nación(52).

• Que la Fiscalía General de la Nación, mediante resolución de 14 de marzo de 1996, calificó el mérito del sumario y profirió acusación en contra de Esperanza Molina Rojas y Alfredo Camelo Luengas, como presuntos coautores del delito de secuestro simple agravado. En esta oportunidad, el ente acusador reiteró la orden de captura que pesaba en contra del señor Alfredo Camelo Luengas, con el fin de dar cumplimiento a la medida de aseguramiento antes decretada(53).

• Que mediante Sentencia de 16 de diciembre de 1999, el Juzgado 33 Penal del Circuito de Bogotá, entre otras cosas, resolvió absolver al señor Alfredo Camelo Luengas y cancelar las órdenes de captura que se encontraran vigentes en su contra(54).

Como fundamento de la decisión se expuso lo siguiente:

“Razón tienen Fiscalía, Ministerio Público y defensa al manifestar que la fuente incriminatoria no ofrece credibilidad. El interés o beneficio personal que obtenía María Trinidad de la incriminación, la convierte en parcializada, por ende digna de reproche moral.

Si a lo anterior agregamos la total orfandad de respaldo probatorio en las diferentes fases del recorrido criminal, en sana lógica debe concluirse que la actividad que atribuyó a sus compañeros de causa jamás existió.

Efectivamente, fue el azar, estar en el sitio y momento equivocado, merced al dicho de una persona ávida de defensa lo que motivó la acusación a Alfredo Camelo Luengas...

(...).

Así las cosas, prosperando los planteamientos dirigidos a probar que María Trinidad no se desplazó al Materno Infantil en ambulancia, ni pudo pernoctar en el mismo, presentados por los señores defensores, la prueba de responsabilidad no se debilita por la duda, sino que se cae ante la certeza de la mendacidad de su fuente, imponiéndose el fallo absolutorio en favor de los acusados Alfredo Camelo Luengas y María Esperanza Molina Rojas”.

Valorado en conjunto el material probatorio que antecede, ha de decirse que se encuentra suficientemente acreditado en el presente caso que Alfredo Camelo Luengas fue procesado penalmente y, como consecuencia de ello, afectado con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, la cual nunca se hizo efectiva, tal como se afirmó en la demanda y se reconoció por parte de la demandada como parte de sus argumentos defensivos.

Así pues, las circunstancias descritas evidencian que el señor Camelo Luengas fue objeto de restricción a su libertad en el plano jurídico por haber sido sindicado del delito de secuestro simple agravado y afectado con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva; sin embargo, el juzgado de conocimiento, después de valorar el material probatorio allegado al proceso penal, concluyó acerca de la inocencia del sindicado, comoquiera que, en palabras del propio juzgador, la prueba de su responsabilidad no se vio debilitada por la duda, sino que se desplomó ante la certeza de la mendacidad de su fuente.

De igual forma, las consiguientes consecuencias restrictivas de la libertad de locomoción y de fijación de residencia, de las cuales fue objeto el señor Camelo Luengas, no se produjeron entonces como consecuencia de un hecho anterior que fuere atribuible al sindicado, pues no se acreditó en este asunto causa alguna que permitiere establecer que esa medida restrictiva de su libertad se hubiere adoptado con fundamento en una actuación directa y exclusiva de aquél.

Ciertamente, el señor Alfredo Camelo Luengas fue absuelto de responsabilidad penal mediante sentencia, porque en el proceso finalmente se demostró que no tuvo ninguna participación en el delito investigado, circunstancia que constituye, a todas luces, un daño antijurídico, puesto que antes, durante y después del proceso penal al cual fue vinculado el ahora demandante, siempre mantuvo intacta la presunción de inocencia que lo ampara y que el Estado jamás le desvirtuó.

Ahora, si bien el señor Alfredo Camelo Luengas no fue privado efectivamente de su libertad física —intramuros—, pues decidió evadirse para evitar ser capturado, lo cierto es que sobre él pesaba una orden de captura que estuvo vigente hasta el 16 de diciembre de 1999 —fecha en la que se dictó fallo absolutorio y se ordenó la cancelación de las órdenes de captura vigentes en su contra—, razón por la cual entiende la Sala que esa medida comportó la restricción de su derecho de libertad en el plano jurídico, amén de haberse traducido en una vulneración real, concreta y efectiva, respecto de sus derechos de libre circulación, de la posibilidad de fijar residencia, libertad de escoger profesión u oficio, el libre desarrollo de su personalidad y de la unidad familiar, entre otros(55).

En consecuencia, no es posible considerar que el señor Alfredo Camelo Luengas hubiere estado en la obligación de soportar las consecuencias de la medida cautelar restrictiva de su libertad, en los términos en que en ese entonces le impuso la justicia penal.

Bajo las circunstancias anteriores, resulta desde todo punto de vista desproporcionado pretender que se le pueda exigir al hoy demandante que aceptara de forma impasible y como si se tratase de una carga pública que todos los coasociados debieran asumir en condiciones de igualdad, durante cuatro años y diez días(56), la privación tanto en el plano físico como jurídico de su derecho a la libertad y la afectación física, real, efectiva, de sus derechos a la libre circulación, libre fijación de residencia, libertad de escoger trabajo u oficio, entre otros, en aras de salvaguardar la eficacia de las decisiones del Estado, a pesar de que la misma administración de justicia que le limitó tales garantías del derecho a la libertad, concluyó que no tuvo participación en el delito endilgado.

Teniendo en cuenta las circunstancias fácticas descritas se impone concluir que no estaba el señor Alfredo Camelo Luengas en la obligación de soportar el daño que el Estado les irrogó y que, por tanto, debe calificarse como antijurídico, calificación que determina la consecuente obligación para la administración de resarcir al demandante.

En casos similares al que ocupa hoy la atención de la Sala, en los cuales se ha discutido la responsabilidad del Estado por la imposición de una medida de aseguramiento que hubiere implicado la afectación del derecho de circulación y residencia, la jurisprudencia de esta Sección ha manifestado:

“En tales condiciones, quedó establecido en el plenario que como consecuencia del proceso penal adelantado en su contra, el demandante fue objeto de una medida de aseguramiento que entrañaba una limitación a la libertad de locomoción y de residencia. Asimismo logró establecerse que en fallo de segunda instancia, el actor fue absuelto porque no cometió el hecho.

El compromiso al que fue sometido el demandante el día 25 de enero de 1994, conllevó la prohibición de salir del país y de cambiar de domicilio sin previa autorización, vulneró el desarrollo íntegro de su derecho fundamental a la libertad de locomoción y residencia, daño que se tornó en antijurídico habida consideración que después en fallo definitivo se determinó que la víctima no cometió el hecho, de donde resulta evidente que no tenía por qué soportarlo y por tanto compromete la responsabilidad patrimonial del Estado en los términos del artículo 90 Superior.

En este orden de ideas, el daño sufrido por el demandante como consecuencia de la afectación de una de las facetas de la libertad es imputable a las entidades demandadas, por ser éstas quienes intervinieron en la adopción de las decisiones dentro del proceso penal que comportaron el sacrificio de su libertad, cuando finalmente fue absuelto por no cometer el hecho punible.

Está, pues, demostrado que el daño infligido al demandante, vale decir, su limitación a la libertad de locomoción y residencia reviste el carácter de antijurídico en tanto injusto por cuanto la víctima no estaba en la obligación de soportarlo, dado que Delgado Cruz fue objeto de una medida de aseguramiento que entrañaba limitantes a su libertad por motivo de la sindicación del delito de prevaricato por omisión, cuando posteriormente el Tribunal Superior de Ibagué decidió absolverlo en tanto no cometió el hecho endilgado en su contra”(57).

Ahora bien, en cuanto a la decisión del señor Alfredo Camelo Luengas, en punto a evadir la orden de captura, debe precisarse que este, en su calidad de víctima de la afectación de su derecho a la libertad personal, no incurrió en culpa imputable que le hiciera atribuible total o parcialmente el daño sufrido, en la medida en que la renuencia a comparecer ante la autoridad competente no puede ser entendida, en términos de la atribución fáctica, el hecho determinante a la hora de la producción de la privación de la libertad del sindicado. En efecto, en aquellos eventos en que la persona considera ilegítima la existencia en sí misma del proceso penal es posible que su renuencia a comparecer no pueda ser entendida como la causante del daño, máxime si está acreditado que la investigación, como ocurrió en el caso concreto, estaba fundamentada en la comisión de un punible que no cometió. Así pues, la actitud del señor Camelo Luengas al abstenerse de comparecer ante la autoridad para que hiciera efectiva la orden de captura en su contra se basó, precisamente, en lo infundado que encontraba el proceso penal que se le seguía por la supuesta comisión del delito de secuestro simple agravado.

En consecuencia, no puede reprochársele a una persona que obró de manera legítima frente a lo que se cataloga como una consecuencia injusta, que se adecúe y obre conforme a la misma; una postura contraria supondría atribuirle el daño a quien precisamente lo padeció, pues es indiscutible que el obrar del sindicado no fue determinante en la producción del daño antijurídico(58), y tampoco puede calificarse su actitud como negligente puesto que adelantó su defensa técnica a través de un profesional del derecho.

Con fundamento en los argumentos expuestos, la Sala revocará la sentencia apelada, para declarar la responsabilidad administrativa de la entidad demandada y disponer las condenas que correspondan, en atención al petitum planteado en la demanda.

5. Liquidación de perjuicios.

5.1. Perjuicios morales.

Se solicitó en la demanda que se acceda a la condena por concepto de perjuicios morales, en la suma equivalente en pesos a mil (1.000) gramos de oro para cada uno de los demandantes.

En relación con el perjuicio moral ha reiterado la jurisprudencia de la corporación que la indemnización que se reconoce a quienes sufran un daño antijurídico, tiene una función básicamente satisfactoria(59) y no reparatoria del daño causado y que los medios de prueba que para el efecto se alleguen al proceso pueden demostrar su existencia pero no una medida patrimonial exacta frente al dolor, por lo tanto, corresponde al juez tasar discrecionalmente la cuantía de su reparación, teniendo en cuenta la gravedad del daño causado al demandante en virtud del principio de arbitrio iuris. La magnitud del dolor puede ser apreciada por sus manifestaciones externas y por esto se admite para su demostración cualquier tipo de prueba(60).

Igualmente se ha definido en diversos pronunciamientos que la condición personal de la que pende la demostración del daño es la de “damnificado”, puesto que: “tanto el parentesco dentro de ciertos grados (padres, hijos y hermanos), como el vínculo matrimonial, hacen presumir tal condición y por consiguiente la legitimación”(61). Se ha explicado igualmente que “en el proceso de reparación directa no interesa la calidad de heredero sino de damnificado y esta se demuestra a lo largo del proceso”(62).

Las diferencias existentes entre esas dos calidades, fueron precisadas por la Sección en sentencia proferida el 1º de noviembre de 1991; así:

“Ha dicho la jurisprudencia, en forma reiterada, que en estos procesos de responsabilidad la indemnización de perjuicios la piden o solicitan los damnificados de la persona fallecida o herida por causa de la falla del servicio, no en su carácter de herederos de ésta, sino por el perjuicio que les causó esa muerte o esas lesiones, con prescindencia del mismo vínculo parental que gobierna el régimen sucesoral. En otras palabras, la parte demanda porque fue damnificada y no porque es heredera.

Tan cierto es esto que con alguna frecuencia se niega en estos procesos indemnización al padre, al cónyuge, a los hijos o hermanos, pese a la demostración del parentesco, porque por otros medios se acredita que no sufrieron daño alguno. El caso, por ejemplo, del padre o madre que abandona a sus hijos desde chicos; o del hijo que abandona a sus padres estando estos enfermos o en condiciones de no subsistir por sus propios medios.

En otros términos, lo que se debe probar siempre es el hecho de ser damnificada la persona (porque el hecho perjudicial afectó sus condiciones normales de subsistencia, bien en su esfera patrimonial o moral) y no su carácter de heredera.

El equívoco se creó cuando la jurisprudencia aceptó, para facilitar un tanto las cosas, que el interés de la persona damnificada resultaba demostrado con la prueba del vínculo de parentesco existente entre la víctima y el presunto damnificado.

Esta idea, de por sí bastante clara, creó el equívoco, hasta el punto de que se confundió el interés del damnificado con el del heredero.

Lo anterior hizo que los demandantes se contentaran simplemente con acompañar al proceso las pruebas del parentesco. Y esto, en la mayoría de los casos es suficiente porque la jurisprudencia, por contera, terminó aceptando la presunción de hombre o judicial de que entre padres e hijos o cónyuges entre sí se presume el perjuicio por el sólo hecho del parentesco.

Pero fuera de que se han limitado a esas pruebas del estado civil, las han practicado mal o en forma incompleta, lo que ha impedido en muchos eventos reconocer el derecho pretendido porque no se acreditó bien el interés en la pretensión”(63).

Posteriormente, en providencia proferida el día 17 de mayo de 2001(64), se explicó que la ley —artículo 86 del Código Contencioso Administrativo—, en materia de la acción de reparación directa, otorga el derecho de acción a la persona interesada —legitimación de hecho, por activa—, y no condiciona su ejercicio a la demostración, con la demanda, de la condición que se alega en ésta, precisamente, porque el real interés es objeto de probanza en juicio —legitimación material por activa—.

De esta manera se precisó —y ahora se reitera— que no se puede confundir la prueba del estado civil con la prueba de la legitimación material en la causa. Cuando la jurisprudencia partió de la prueba del parentesco para deducir, judicialmente, que una persona se halle legitimada materialmente por activa, lo ha hecho porque infiere de la prueba del estado civil —contenida en el registro o en la copia de éste—, su estado de damnificado, porque de ese registro infiere el dolor moral. Es por ello que cuando el demandante no acredita el parentesco —relación jurídica civil— y, por tanto, no se puede inferir el dolor, debe demostrar la existencia de éste para probar su estado de damnificado y con ello su legitimación material en la causa — situación jurídica de hecho.

Puede concluirse de lo que se deja visto que con la demostración del estado civil se infiere el daño —presunción de damnificado—, y probando el daño, se demuestra el estado de damnificado(65).

Este entendimiento es congruente con la posición recientemente reiterada por la Sala Plena de la Sección Tercera(66), en el sentido de señalar la necesidad de acreditación probatoria del perjuicio moral que se pretende reclamar, sin perjuicio de que, en ausencia de otro tipo de pruebas, pueda reconocerse con base en las presunciones derivadas del parentesco, las cuales podrán ser desvirtuadas total o parcialmente por las entidades demandadas, demostrando la inexistencia o debilidad de la relación familiar en que se sustentan.

Es así como la Sala acude a la regla de la experiencia(67) que señala que el núcleo familiar cercano se aflige o acongoja con los daños irrogados a uno de sus miembros, lo cual es constitutivo de un perjuicio moral, por lo que en tratándose de la privación injusta de la libertad de una persona(68) es igualmente claro que el dolor moral se proyecta en los miembros de dicho núcleo familiar, tal como la Sala lo ha reconocido en diferentes oportunidades(69), siendo claro, según tales reglas, que el dolor de los padres de la víctima directa del daño es, cuando menos, tan grande como el de sus hijos(70).

Ahora bien, descendiendo al caso concreto, está acreditado, con las copias auténticas de los registros civiles de nacimiento y de matrimonio que obran en el expediente, que XXX es hija de los esposos Alfredo Camelo Luengas y Vilma Consuelo Vega Rivas(71), elementos de juicio que permiten tenerlas como damnificadas, en tanto su parentesco permite presumir que la detención de su padre y esposo comportó para ellas, al igual que para la víctima directa, aflicción, pena, dolor y angustia, quedando por sentada la afectación moral por la restricción de la libertad de que fue objeto Alfredo Camelo Luengas.

La Sala considera necesario advertir que la restricción de la libertad a la cual fue sometido el señor Alfredo Camelo Luengas no fue intramuros, pues —bueno es reiterarlo—, este decidió evadirse para evitar su captura, lo cual sin duda reduce las condiciones de severidad de una medida de esa naturaleza —medida de aseguramiento consistente en detención preventiva-; no obstante, la sola circunstancia de estar privado del goce de un derecho fundamental como lo es la libertad en el plano jurídico —libertad de circulación, libertad de fijación de residencia, libertad de escoger profesión u oficio etc.—, por un espacio de cuatro años y diez días, además de abandonar su trabajo, sí causa, como en efecto ocurrió en este caso, con base en las máximas de la experiencia, una afección moral que debe ser indemnizada.

Así mismo, debe reiterarse que el comportamiento de la víctima en el caso sub examine, en términos de la atribución fáctica y jurídica, no resulta relevante para tornar inimputable el daño en cabeza de la Administración Pública, pero sí —como resulta apenas natural— es un factor a considerar para tasar la correspondiente indemnización por concepto de perjuicios morales, habida cuenta de las consecuencias menos severas de la restricción jurídica de la libertad frente al procesado y su falta de colaboración con la justicia.

En estas condiciones, se impone conceder la indemnización solicitada pero fijándola en salarios mínimos legales mensuales vigentes, ya que de acuerdo con lo expresado en sentencia del 2001(72), la sección abandonó el criterio según el cual se consideraba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980 para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicios morales.

Se ha considerado, en efecto, que la valoración de dichos perjuicios debe ser hecha por el juzgador, en cada caso, según su prudente juicio y se ha sugerido la imposición de condenas en salarios mínimos legales mensuales por la suma de dinero equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquél se presente en su mayor grado(73), por lo que resulta pertinente reconocer por concepto de indemnización por el daño moral padecido con los hechos a que se refiere la demanda las siguientes sumas, a favor de cada uno de estos demandantes:

• Para Alfredo Camelo Luengas, la suma equivalente a ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

• Para Vilma Consuelo Vega Rivas, en su condición de esposa de la víctima, la suma equivalente a ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

• Para XXX, en su condición de hija de la víctima, la suma equivalente a ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

5.2. Perjuicios materiales.

5.2.1. Perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

Se solicitó en la demanda, a título de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, a favor de Alfredo Camelo Luengas, la suma de $254.151.424, por concepto de las sumas dejadas de devengar durante la vigencia de la detención preventiva como médico especialista en el hospital del Guavio ESE, y en el hospital clínica San Rafael.

En orden a resolver sobre la pretensión formulada, debe recordar la Sala que, según aparece probado en el expediente, el señor Camelo Luengas ostentaba el carácter de servidor Público, tal como se desprende de lo consignado en la mencionada Resolución 548 de 11 de diciembre de 1995, por la cual el Director General del Hospital del Guavio ESE, suspendió al señor Alfredo Camelo de su cargo como Profesional Especializado - Médico Especialista categoría 23, Código 321520, adscrito al Departamento de Pediatría del mencionado hospital(74).

Igualmente, es del caso hacer referencia a la certificación suscrita por la coordinadora de talento humano del hospital Centro Oriente(75), según la cual, en virtud de la ejecutoria del fallo absolutorio, el señor Alfredo Camelo Luengas, mediante Resolución 28 del 3 de marzo de 2000, fue reintegrado al cargo de “Médico especialista, Pediatra 8 horas, código 301 grado 089, Hospital El Guavio”, por lo que es del caso analizar cuáles son los efectos jurídicos del levantamiento de la suspensión que soportó el demandante y su incidencia en la pretensión formulada por concepto de lucro cesante.

En punto al análisis propuesto, debe señalar la Sala, con apoyo en la jurisprudencia de la Sección Segunda de esta corporación, que la medida de suspensión en el cargo, en virtud de una orden judicial proferida para investigar a un servidor público, no extingue el vínculo laboral, razón por la cual, al levantarse la suspensión como consecuencia de la absolución del servidor investigado, es procedente el reintegro, aparejado del derecho a percibir los emolumentos que se derivan de la relación laboral por el lapso que duró la suspensión.

En este sentido, la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en Sentencia de 25 de enero de 2007(76), al recoger la posición sentada en la sentencia proferida dentro del proceso radicado con el número 730012331000199613147-01 (IJ-004)(77) señaló:

“El levantamiento de la suspensión - Efectos.

En el momento en que la medida judicial se levante, decisión que la autoridad judicial debe comunicar a la respectiva autoridad administrativa, cesan los efectos de la suspensión.

Ahora en eventos como el de autos, en el que el funcionario suspendido no fue condenado, debe ser restablecido en la totalidad de los derechos de los cuales se vio privado durante dicha etapa, retrotrayéndose la situación al momento en que fue suspendido del cargo, es decir como si nunca hubiera sido separado del servicio, y por ende tiene derecho al pago de los salarios y prestaciones sociales durante el tiempo que cesó en el ejercicio de sus funciones; es decir como si el trabajador efectivamente hubiera prestado el servicio por efectos de la función legal. En otras palabras vuelven las cosas al estado anterior.

Esta Sección, en sentencia de 30 de mayo de 2002, expediente IJ-004, actor: Oscar Armando Sánchez, con ponencia del doctor Alberto Arango Mantilla, se pronunció en el sentido de que, en el campo laboral administrativo del orden municipal, la acción pertinente para obtener el resarcimiento de los perjuicios causados por decisión judicial es la de reparación directa y no la de nulidad y restablecimiento del derecho.

No obstante lo anterior, la Sala reestudiando el tema advierte que la acción ejercitada es la procedente y que el conocimiento de la controversia no le corresponde a la Sección Tercera, porque el reconocimiento de salarios y prestaciones es materia eminentemente laboral, así comprenda el lapso en que el servidor público estuvo suspendido del ejercicio del cargo por orden judicial.

A la Sección Segunda de esta corporación le corresponde dirimir controversias como la planteada, obviamente, en los procesos instaurados en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, contra el acto administrativo negativo de la entidad con la cual se tenía el vínculo laboral. De ninguna manera está asumiendo el conocimiento de materia diferente a la especialidad de la Sección Segunda, es decir, laboral administrativo, como es el tema salarial y prestacional del servidor público.

Desde el mismo momento en que se revoca la medida adoptada por la justicia penal, queda sin sustento legal la suspensión administrativa del actor en el cargo y sin efecto la suspensión del derecho a percibir los emolumentos económicos que se derivan de la relación laboral por el lapso de la suspensión.

La administración debió reconocer y pagar los salarios y prestaciones sociales correspondientes al término en cuestión, no siendo de recibo el argumento esgrimido por ella en el sentido de que no hubo prestación del servicio, pues ese era el efecto lógico y jurídico del acto de suspensión que expidió y con el cual autorizó, en forma implícita, la no prestación del servicio.

Con el levantamiento de la medida penal las cosas se retrotraen al estado anterior, como si nunca se hubiera expedido el acto de suspensión, de manera que así como se dispuso el reintegro del actor al servicio debieron reconocérsele los derechos salariales y prestacionales, por tal período.

Si bien es cierto que la suspensión del actor no fue iniciativa del ente territorial con el que estaba vinculado laboralmente, tal circunstancia no lo releva de su condición de empleador y por ende no lo exonera del reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir como consecuencia del acto de suspensión.

En cuanto al restablecimiento del derecho de carácter laboral, la entidad a la cual estaba vinculado el actor es la que debe asumir tal carga como consecuencia de que por la orden judicial se retrotrae la situación al estado anterior, como si el funcionario jamás hubiera sido separado del servicio, lo que explica la obligación de pagarle los salarios y prestaciones dejados de percibir. Otra cosa es que el nominador pueda repetir contra la Fiscalía General de la Nación en obedecimiento de cuyo mandato se profirió el acto de suspensión.

Como sustento adicional de esta tesis se recuerda que en los casos de suspensión disciplinaria el pago de las acreencias laborales le corresponde al nominador aunque la orden haya sido proferida en acatamiento de lo dispuesto por la Procuraduría General de la Nación.

Finalmente advierte la Sala que de subsistir alguna duda deben aplicarse los principios fundamentales consagrados en el artículo 53 de la Constitución Nacional conforme a los cuales debe acudirse a la situación más favorable al trabajador en caso de duda en aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho”.

Este principio debe aplicarse en este caso porque si bien es cierto el nominador no profirió la orden de suspensión que afectó al trabajador, este tampoco tiene que correr con la carga que por la decisión de autoridad afectó su situación laboral”. (se destaca)

Este criterio fue reiterado recientemente, en sentencia de 22 de marzo de 2012, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación, en los siguientes términos:(78)

“De otra parte, advierte la Sala que la jurisprudencia del Consejo de Estado(79) ha sostenido que la decisión judicial de suspender del cargo y en consecuencia el pago de salarios y prestaciones, no implica que la relación laboral haya finalizado, dicho acto contiene por una parte una condición resolutoria respecto de la vinculación laboral (CCA, art. 66 num. 4), que depende del resultado del proceso y de otra parte una condición suspensiva en relación con el derecho a percibir la remuneración.

En ese orden, cuando la condición resolutoria desaparece su efecto es retroactivo, esto es, desde la fecha en la que se dispuso la suspensión, en consecuencia queda sin sustento el acto que impuso la suspensión del derecho a percibir los emolumentos económicos aunque no se haya prestado el servicio. En el momento en que la medida judicial se levante, cesan sus efectos.

En casos en los que el funcionario suspendido no fue condenado, el efecto lógico es que debe ser restablecido en la totalidad de los derechos de los cuales se vio privado durante el retiro temporal del cargo, su situación debe restablecerse a la que tenía al momento en que fue suspendido, es decir como si no hubiera sido separado del servicio, y en consecuencia tiene derecho al pago de los salarios y prestaciones sociales durante el tiempo que cesó en el ejercicio de sus funciones; es decir que vuelven las cosas al estado anterior.

Con el levantamiento de la medida penal las cosas se retrotraen al estado anterior, como si nunca se hubiera expedido el acto de suspensión, de manera que así como se dispuso el reintegro del actor al servicio debieron reconocérsele los derechos salariales y prestacionales, por tal período.

Si bien la suspensión del actor no obedeció a la voluntad de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, entidad a la que estaba vinculado laboralmente, tal circunstancia no la releva de su condición de empleadora y por ende no está exonerada del reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir como consecuencia del acto de suspensión.

En cuanto al restablecimiento del derecho de carácter laboral, la entidad a la cual estaba vinculado el actor debe asumir tal carga, sin embargo el nominador tiene la posibilidad de repetir contra la Fiscalía General de la Nación, entidad que impartió la orden de suspensión del cargo. (se destaca)

Teniendo en cuenta lo anterior, considera la Sala que la aspiración indemnizatoria formulada por concepto de los emolumentos dejados de percibir por el señor Alfredo Camelo Luengas, en calidad de servidor público vinculado con el Hospital El Guavio ESE, no tiene vocación de prosperidad, toda vez que, en su carácter de derechos derivados de una relación laboral administrativa que no tuvo solución de continuidad, pues como quedó acreditado en el expediente fue efectivamente reintegrado mediante Resolución 28 del 3 de marzo de 2000, no pueden ser reclamados con fundamento en la responsabilidad extracontractual deprecada en la demanda, comoquiera que la entidad nominadora es la obligada a su pago, habida cuenta, se repite, de su naturaleza eminentemente laboral.

Ahora bien, respecto de la vinculación que tenía el señor Camelo Luengas con el hospital clínica San Rafael, obra en el expediente certificación expedida por el departamento de recursos humanos del citado centro asistencial(80), en la cual consta que el demandante desempeñó el cargo de Pediatra desde el 3 de marzo de 1995 y hasta el 13 de febrero de 1996, por lo cual devengaba un salario total de $491.337. Igualmente, se allegó la copia con firma de recibido, del oficio fechado el 12 de febrero de 1996, mediante el cual el señor Camelo Luengas presentó su renuncia al cargo de médico pediatra que desempeñaba en el hospital clínica San Rafael(81).

Teniendo en cuenta que mediante la Resolución de 6 de diciembre de 1995, se resolvió su situación jurídica y se decretó en su contra medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, la cual, obviamente, le impedía continuar con el mencionado vínculo laboral, estima la Sala que hay lugar a reconocer el lucro cesante reclamado, pues se acreditó que el demandante ejercía una actividad económica que se vio truncada con ocasión de la medida de aseguramiento decretada en su contra, por lo que se tendrá como referente el salario que devengaba por sus servicios como médico pediatra, el cual fue certificado en la suma de $491.337.

Así mismo, debe destacarse que en la demanda se solicitó, de manera expresa, que la indemnización por este rubro cubriera el tiempo durante el cual estuvo vigente la medida de aseguramiento, no obstante, quedó demostrado que el actor se desvinculó del hospital clínica San Rafael, en virtud de su renuncia, desde el 13 de febrero de 1996, por lo que es a partir de ese momento en que se vio privado de la remuneración.

Cabe anotar que, si bien en la carta de renuncia el actor hizo referencia a una licencia que, dijo, le fue otorgada, en el certificado expedido por el hospital clínica San Rafael no se determina si en efecto esto ocurrió, como tampoco que tuviera carácter remunerado o no, por lo que se reafirma entonces el período a indemnizar a partir del 13 de febrero de 1996 y hasta el 16 de diciembre de 1999, fecha en la que se profirió el fallo absolutorio, es decir, un lapso de 3 años, 10 meses y 3 días (46.1 meses).

Así las cosas, para actualizar la renta se dará aplicación a la fórmula que se presenta a continuación, tomando como índice inicial el correspondiente al 13 de febrero de 1996, y como índice final, el vigente a la fecha de esta providencia:

 

2001-01207 a.JPG
 

 

Dicha suma se tomará como base para el cálculo, incrementada en un 25%, por concepto de prestaciones sociales ($417.289), para un total de $2.086.448.

Para la liquidación del lucro cesante vencido se aplicará la fórmula actuarial adoptada por la corporación:

 

2001-01207 b.JPG
 

 

Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta o base de liquidación que equivale a $2.086.448

i = Interés puro o técnico: 0.004867.

n = Número de meses que comprende el período indemnizable, esto es 46.1 meses.

Reemplazando tenemos:

 

2001-01207 c.JPG
 

 

5.2.2. Perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente.

Se solicitó en la demanda por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, a favor de Alfredo Camelo Luengas, la suma de $4.000.000, por concepto de honorarios de abogado.

Ahora bien, con el fin de acreditar tales gastos asumidos por el sindicado, se aportó el “contrato de asistencia profesional” suscrito el 18 de marzo de 1996 con el abogado Diego E. Corredor Beltrán(82), en donde se pactó la suma de $4.000.00 como honorarios profesionales, pagaderos así:

“al momento de suscribir el presente documento la cantidad de Un (sic) millón de pesos, que se declaran recibidos a satisfacción. En el evento que la actuación llegue a la etapa del juicio se hará exigible la cantidad restante de la siguiente manera: Un (sic) millón de pesos al momento de presentar el escrito donde se solicite la práctica de pruebas; un millón de pesos al momento en que se fije fecha y hora para la audiencia pública y el saldo, es decir Un (sic) millón de pesos cuando se pronuncie la sentencia correspondiente”.

El documento anterior fue aportado en original con la demanda por la parte actora y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó tenerlo como prueba mediante auto proferido el 19 de junio de 2002(83), sin que el mismo hubiere sido tachado de falso por la entidad demandada; además, la actuación del profesional del derecho, según lo estipulado en el contrato, aparece debidamente realizada en la copia auténtica del proceso penal(84), por lo que la Sala estima suficientemente acreditado el desembolso efectivo de la suma pactada a título de honorarios.

Así las cosas, para actualizar dicha suma se dará aplicación a la fórmula que se presenta a continuación, tomando como índice inicial el correspondiente al 16 de diciembre de 1999, fecha en la que se profirió la sentencia absolutoria y en los términos del contrato se debía cumplir con el pago del saldo pactado en el “contrato de asistencia profesional” y, como índice final, el vigente a la fecha de esta providencia:

 

2001-01207 d.JPG
 

 

6. No hay lugar a condena en costas.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto-Ley 1 de 1984, como fuera modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia recurrida, esto es, la proferida el 28 de septiembre de 2004, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión.

2. En su lugar, SE DECLARA administrativa y solidariamente responsable a la Nación - Fiscalía General de la Nación, por los perjuicios causados a los demandantes, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

3.Como consecuencia de la declaración anterior, SE CONDENA a la Nación - Fiscalía General de la Nación, a pagar las siguientes indemnizaciones:

Por concepto de perjuicios morales:

Para Alfredo Camelo Luengas, la suma equivalente a ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Para Vilma Consuelo Vega Rivas, en su condición de esposa de la víctima, la suma equivalente a ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Para Ana María Camelo Vega, en su condición de hija de la víctima, la suma equivalente a ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante:

Para Alfredo Camelo Luengas, la suma de ciento siete millones quinientos treinta y ocho mil doscientos diez pesos m/cte ($107.538.210).

Por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente:

Para Alfredo Camelo Luengas, la suma de siete millones novecientos cuarenta y un mil cincuenta y dos pesos m/cte ($ 7.941.052).

4. SE NIEGAN las demás pretensiones de la demanda.

5. Sin condena en costas.

6. La Nación - Fiscalía General de la Nación, dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, dentro de los términos indicados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo (D.L. 1/84).

7. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

8. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

Magistrados: Hernán Andrade Rincón—Mauricio Fajardo Gómez—Carlos Alberto Zambrano Barrera, con aclaración de voto.

(19) La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y fijó la competencia funcional para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los tribunales administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía. Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

(20) Normatividad aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

(21) Sentencia del 14 de febrero de 2002. Expediente 13.622, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(22) Criterio reiterado por la Subsección en sentencia de 11 de agosto de 2011, exp. 21801, C.P. Hernán Andrade Rincón, así como por la Sección enauto de 19 de julio de 2010, radicación 25000-23-26-000-2009-00236-01(37410), C.P. (E) Mauricio Fajardo Gómez.

(23) Según constancia expedida por el Juzgado 33 Penal del Circuito de Bogotá, obrante a folio 6 del cuaderno de pruebas 2.

(24) Tal como consta a folio 26 vto. del cuaderno principal 1.

(25) Expediente 21.515, C.P. Hernán Andrade Rincón.

(26) Publicada en el Diario Oficial 42.745 de 15 de marzo de 1996.

(27) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias proferidas el dos de mayo de 2007, expediente: 15.463, actor: Adiela Molina Torres y otros y el 26 de marzo de 2008, expediente 16.902, actor: Jorge Gabriel Morales y otros, entre otras.

(28) Sobre el particular, consultar la sentencia de 4 de diciembre de 2006, exp. 13168, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(29) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del dos de mayo de 2001, expediente: 15.463, actor: Adiela Molina Torres y otros.

(30) El tenor literal del precepto en cuestión es el siguiente: “ART. 414.—Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.

(31) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente 13.168; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, expediente 15.463.

(32) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de junio de 1994, expediente 9734.

(33) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de julio de 1994, expediente 8.666.

(34) Otros casos de detención injusta, distintos de los tres previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrían ser, por vía de ejemplo, los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querella de parte para el ejercicio de la acción penal, etc.

(35) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de noviembre de 1995, expediente 10.056.

(36) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre de 1996, expediente 10.229.

(37) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de abril de 2002, expediente 13.606.

(38) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de septiembre de 2000, expediente 11.601; sentencia del 27 de septiembre de 2000, expediente 11.601; sentencia del 25 de enero de 2001, expediente 11.413.

(39) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del dos (2) de mayo de dos mil siete (2007); Radicación 20001-23-31-000-3423-01; Expediente 15.463; Actor: Adiela Molina Torres y otros; Demandado: Nación-Rama Judicial.

(40) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente 13.168, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. En el mismo sentido, véase Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de octubre ocho (8) de dos mil siete (2007); exp. 520012331000199607870 01; rad. 16.057; Actor: Segundo Nelson Chaves Martínez; Demandado: Fiscalía General de la Nación. En esta última providencia se efectúa una vasta referencia al Derecho Comparado, la cual ilustra que la prohijada por la Sala, en estos casos, es la postura ampliamente acogida tanto por la legislación como por la doctrina y la jurisprudencia en países cuya tradición jurídica ha tenido notable influencia en la cultura jurídica. Recientemente, la Sala reiteró los argumentos en mención en sentencia proferida el 25 de febrero de 2009, expediente 25.508.

(41) En este sentido se pueden consultar las siguientes providencias, proferidas por esta subsección, con ponencia de quien funge en el mismo carácter en esta oportunidad: sentencia del 16 de agosto de 2012, expediente 21.968; sentencias de 29 de agosto de 2012, expedientes 27.109 y 27.059.

(42) “toda persona tiene derecho a circular libremente (...) en el territorio de un Estado”.

(43) “toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él”.

(44) “1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y a residir en él con sujeción a las disposiciones legales.

“2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio”.

(45) El Código Civil prescribe que el domicilio es un atributo de la personalidad (C.C. art. 76) que consiste en la residencia acompañada, real o presuntivamente del ánimo de permanecer en ella.

(46) Corte Constitucional, Sentencia C-379 de 1998, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(47) En Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia del 31 de agosto de 2004, Caso Ricardo Canese vs. Paraguay.

(48) En este mismo sentido consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de junio de 2011, exp. 19.858, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, en el cual se declaró la responsabilidad del Estado por la imposición de una medida de aseguramiento, con beneficio de libertad provisional.

(49) En términos similares pude consultarse, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de marzo de 2008, expediente 16.075, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(50) En similares términos pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de julio de 2009, exp. 17.517, sentencia de 25 de febrero del 2009, exp. 25.508, sentencia del 15 de abril del 2010, exp. 18.284; sentencia de 25 de marzo de 2.010, exp. 17.741; sentencia de 12 de mayo de 2.011, exp. 18.902; sentencia de 26 de mayo de 2.010, exp. 17.294. Así mismo, las sentencias de 9 de mayo de 2012, exp. 25.065, y 17 de octubre de 2012, exp. 27.130, de la Subsección A, ambas con ponencia del Dr. Hernán Andrade Rincón.

(51) Folios 24 a 42 del cuaderno de pruebas 2 y 245 a 263 del cuaderno de pruebas 5.

(52) Folios 287 y 288 del cuaderno de pruebas 5.

(53) Folios 43 a 79 del cuaderno de pruebas 2 y 180 a 215 del cuaderno de pruebas 7.

(54) Folios 4 a 23 del cuaderno de pruebas 2 y 288 a 307 del cuaderno de pruebas 9.

(55) Este criterio fue acogido por la Subsección en las siguientes providencias: sentencia de 16 de agosto de 2012, expediente 21.968; sentencias 29 de agosto de 2012, expedientes 27.059 y 27.109, C.P. Hernán Andrade Rincón.

(56) La medida de aseguramiento consistente en detención preventiva se impuso en resolución de 6 de diciembre de 1995, mientras que la absolución del sindicado y la cancelación de la orden de captura que pesaba en su contra se profirió en sentencia de 16 de diciembre de 1999.

(57) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de marzo de 2008, expediente 16.075, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(58) En este mismo sentido consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de junio de 2010, expediente 19.312, con ponencia del Dr. Enrique Gil Botero.

(59) En tratándose del perjuicio o daño moral por la muerte o las lesiones de un ser querido, la indemnización tiene un carácter satisfactorio, toda vez que —por regla general— no es posible realizar una restitución in natura, por lo que es procedente señalar una medida de satisfacción de reemplazo, consistente en una indemnización por equivalencia dineraria. Al respecto puede consultarse el criterio doctrinal expuesto por el Dr. Renato Scognamiglio, en su obra El daño moral. Contribución a la teoría del daño extracontractual. Traducción de Fernando Hinestrosa, Bogotá, Edit. Antares, 1962, pág. 46.

(60) Ver, por ejemplo, sentencia de 2 de junio de 2004, expediente: 14.950. En el mismo sentido, se ha determinado que es razonable que el juez ejerza su prudente arbitrio al estimar el monto de la compensación por el perjuicio moral y que para el efecto ha de tenerse en consideración los lineamientos expresados en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, en virtud de los cuales, dentro de los procesos contencioso administrativos: “la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad”.

(61) Sentencia de 26 de octubre de 1.993, expediente 7793.

(62) Sentencia de 1° de octubre de 1993; expediente 6657.

(63) Expediente 6469; actor: Ferney Londoño Gaviria y otros, criterio que fue igualmente reiterado en sentencia de 24 de mayo de 2001, expediente 12.819, C.P. María Elena Giraldo.

(64) Expediente 12956; actor: Hernando Palacios Aroca y otros.

(65) Este criterio fue reiterado recientemente por la Sala en la sentencia de 25 de agosto de 2011, expediente 21.894, C.P. Hernán Andrade Rincón.

(66) Sentencia de 23 de agosto de 2012, exp. 1800-12-33-1000-1999-00454-01 (24392), C.P. Hernán Andrade Rincón.

(67) Sobre el carácter de la presunción bajo las reglas de la experiencia el tratadista Gustavo Humberto Rodríguez manifestó: “La presunción como regla de experiencia. — La acción humana va siempre acompañada de conocimiento. El hombre conoce la realidad en la cual actúa, por medio de dos instrumentos: la experiencia y la ciencia. Con la experiencia conoce empíricamente, objetivamente, llevando por la observación a que se ve impelido por la acción. Con la ciencia sistematiza sus conocimientos, profundiza críticamente en ellos, los verifica y los explica metódicamente. El análisis empírico lo lleva a formular juicios de experiencia; el científico lo conoce a expresar juicios científicos, que serán absolutos mientras la misma ciencia no los desvirtúe. A su vez, los juicios o reglas de la experiencia, en virtud de ese carácter meramente empírico o práctico, solo expresan un conocimiento inconcluso o de probabilidad. La experiencia es un conjunto de verdades de sentido común, dentro de las cuales hay muchos grados que lindan con el científico…” Gustavo Humberto Rodríguez. Presunciones. Pruebas Penales Colombianas Tomo II. Ed. Temis, Bogotá 1970 pág. 127 y ss. Quiceno Álvarez Fernando. Indicios y Presunciones. Compilación y Extractos. Editorial Jurídica Bolivariana. Reimpresión 2002. (negrilla de la Sala)

(68) La jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que, en casos de detención domiciliaria o en establecimientos carcelarios, se presume el dolor moral, la angustia y aflicción de la persona que fue privada injustamente de su libertad. Al respecto consultar, entre otras, la sentencia de 14 de marzo de 2002, expediente 25000-23-26-000-1993-9097-01 (12.076), C.P. Germán Rodríguez Villamizar.

(69) Sentencia de 20 de febrero de 2008, expediente 25000-23-26-000-1996-01746-01(15.980), C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(70) Este criterio fue expuesto por la Subsección en sentencia de 11 de julio de 2012, expediente 76001-23-31-000-1999-0273-01 (23.688), C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

(71) Folios 1 y 2 del cuaderno de pruebas.

(72) Consultar sentencia del 6 de septiembre de 2001, expedientes 13.232 y 15.646, C.P. Alier E. Hernández Enríquez.

(73) Ibídem.

(74) Folios 287 y 288 del cuaderno de pruebas 5.

(75) Folios 89 y 90 del cuaderno de pruebas 2. Se expresó igualmente que, por Acuerdo 11 de 22 de junio de 200(sic), se fusionaron los hospitales Guavio, Perseverancia, Samper Mendoza y Candelaria en el Hospital Centro Oriente.

(76) Radicación 5001-23-31-000-1998-00883-01 (1618-03), C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.

(77) En dichas providencia, fechada el 30 de mayo de 2002, la Sala Plena de la Sección Segunda estimó que el camino procesal para reclamar el pago de los salarios dejados de percibir, como consecuencia de la suspensión en el cargo por orden judicial, era la acción de reparación directa, incoada en contra de la entidad que ordenó la mencionada suspensión.

(78) Radicación 25000-23-25-000-2003-05439-01(0090-09), C.P. Alfonso Vargas Rincón. En igual sentido puede consultarse la sentencia proferida por la Sección Segunda, Subsección B el 3 de septiembre de 2009, radicación 17001-23-31-000-2002-01739-01(2391-07), C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.

(79) Sentencias de 6 de marzo de 1997, expediente 12.310, C.P. Carlos Arturo Orjuela Góngora, y de 25 de enero de 2007, expediente 1618-03, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.

(80) Folios 84 y 85 del cuaderno de pruebas 2.

(81) Folios 87 del cuaderno de pruebas 2.

(82) Folio 86 del cuaderno de pruebas 2.

(83) Folio 93 del cuaderno principal 1.

(84) En este sentido se tienen, entre otras actuaciones, la presentación del recurso de apelación en contra de la calificación del sumario —folio 249, 251 a 267 del cuaderno de pruebas 7—; y, la participación en la audiencia pública de juzgamiento —folio 222 a 239, 272 a 277 del cuaderno de pruebas 7—.

ACLARACIÓN DE VOTO

Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, me permito manifestar que, si bien acompañé la decisión mediante la cual se declaró la responsabilidad de la entidad demandada por la privación injusta de la libertad de la que fue víctima Alfredo Camelo Luengas, por el delito de secuestro, quien fue exonerado responsabilidad por el Juzgado 33 Penal del Circuito de Bogotá, por estimar que no cometió el delito por el que fue investigado, no comparto el criterio según el cual hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado no solo cuando la persona privada de la libertad es exonerada en el proceso penal porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no constituía hecho punible, sino también cuando lo es en virtud del principio del indubio pro reo.

En mi sentir, los únicos supuestos que permiten inferir objetivamente que una persona fue privada injustamente de la libertad, aún con la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, son los señalados por el derogado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, pues, en los eventos no contemplados en la citada norma, quien haya sido privado de la libertad está en la obligación de demostrar la injusticia de la medida, esto es, debe acreditar la existencia de una falla en la prestación del servicio.

El legislador fue claro y enfático en establecer únicamente esos tres eventos como aquellos en los cuales la persona que sufre una detención preventiva y luego es exonerada de responsabilidad penal tiene derecho a ser indemnizada, sin entrar a hacer calificaciones o elucubraciones de índole alguna, salvo que dicha medida obedezca a una actuación dolosa o gravemente culposa de la víctima, evento en el cual hay lugar a exonerar de responsabilidad a la demandada.

De hecho, pueden darse múltiples ejemplos de casos en los que la exoneración de responsabilidad penal se dé por razones distintas a las tres que la norma en cita consagra como generadoras de responsabilidad de la administración, como cuando opera una causal eximente de antijuricidad o de culpabilidad, o cuando la detención se produce por delitos cuya acción se encuentra prescrita, o por una conducta que la legislación haya dejado de considerar delictiva, o cuando la detención se produce en un proceso promovido de oficio frente a un delito que exija querella de parte, o cuando la medida restrictiva de la libertad se produce sin fundamento legal o razonable o ésta resulta desproporcionada en consideración al delito de que se trate, casos en que la responsabilidad que obliga a indemnizar se resuelve bajo el título de falla en la prestación del servicio y ante los cuales no se ve razón válida alguna para dar un tratamiento diferente al del indubio pro reo.

Como se sabe, a medidaque transcurre el proceso penal la exigencia de la prueba sobre la responsabilidad en la comisión de un hecho punible es mayor, de modo que, para proferir una medida de aseguramiento de detención preventiva, basta que obre en contra de la persona sindicada del hecho punible un indicio grave de responsabilidad penal, pero dicha carga cobra mayor exigencia a la hora de proferir sentencia condenatoria, pues, al efecto, se requiere plena prueba de la responsabilidad; por consiguiente, puede llegar a ocurrir que estén reunidas las condiciones objetivas para resolver la situación jurídica del procesado con medida de aseguramiento de detención preventiva y que, finalmente, la prueba recaudada resulte insuficiente para establecer la responsabilidad definitiva, caso en el cual debe prevalecer la presunción de inocencia y, por ende, la decisión debe sujetarse al principio del in dubio pro reo, situación que no implica, por sí misma, que los elementos de juicio que permitieron decretar la medida de aseguramiento hayan sido desvirtuados en el proceso penal y que la privación de la libertad fuera injusta, desproporcionada o carente de fundamento legal.

Efectivamente, unas son las circunstancias en las que a la decisión absolutoria se arriba como consecuencia de la ausencia total de pruebas en contra del sindicado, lo que afecta, sin duda, la legalidad de la orden de detención preventiva, pues no puede aceptarse de ninguna manera que la falta de actividad probatoria por parte del Estado la tengan que soportar las personas privadas de la libertad, cuando precisamente del cumplimiento a cabalidad de dicha función depende el buen éxito de la investigación; otras, en cambio, son las que tendrían lugar cuando, a pesar de haberse recaudado diligentemente la prueba necesaria para proferir medida de aseguramiento y, luego, resolución de acusación en contra del sindicado, existe duda para proferir sentencia condenatoria, evento en el cual, para que surja la responsabilidad del Estado, debe acreditarse que la privación de la libertad fue injusta, pues si hay duda de la culpabilidad es porque también la hay de la inocencia y, en este caso, a mi juicio, es claro que se deben soportar a cabalidad las consecuencias de la investigación penal, sin que esto se entienda, como pudiera pensarse, en que se parte, entonces, de la presunción de culpabilidad de la persona, pues de donde se parte es del hecho de que hubo elementos de juicio suficientes, válidos, no arbitrarios, ni errados, ni desproporcionados, ni contrarios a derecho y más bien ajustados al ordenamiento jurídico, para privarla de la libertad en forma, por ende, no injusta.

Lo acabado de expresar cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta, por otra parte, que el numeral 1 del artículo 250 de la Constitución Política obliga a la Fiscalía General de la Nación a solicitar las medidas que se requieran para asegurar que el imputado comparezca al proceso penal, que es una de las finalidades que se persigue con la detención preventiva.

A lo anterior se añade que resultaría cuando menos absurdo que el Estado tuviera que indemnizar por una privación de la libertad dispuesta, incluso, con el mencionado sustento constitucional.

El artículo 414 del anterior Código de Procedimiento Penal establece, en su parte inicial, un título de imputación genérico para la indemnización por privación injusta de la libertad, caso en el cual el interesado en la indemnización debe acreditar lo injusto de la medida, por ejemplo, demostrando su falta de proporcionalidad, su arbitrariedad, la ilegalidad o lo errado de la misma. A renglón seguido, la misma norma define o identifica unos casos en los que parte de la injusticia de la medida, con base en la absolución por uno de los supuestos señalados en la norma: el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o no es un hecho punible. Siendo ello así, es claro, a mi juicio, que no puede otorgarse el mismo efecto a ambas partes de la norma, para derivar de ellas un derecho a la reparación, con base en la simple constatación de que no se dictó sentencia condenatoria en contra del procesado.

Así las cosas, la enumeración de unos casos determinados en que el legislador (D. 2700/91, art. 414) califica a priori la detención preventiva como injusta significa que, en los demás supuestos, es decir, en los que se subsumen en la primera parte de la norma en cita, como cuando la absolución deviene como consecuencia de la aplicación del principio del indubio pro reo, para que surja la responsabilidad del Estado el demandante debe acreditar la injusticia, la falta de proporcionalidad, la arbitrariedad, la ilegalidad o lo errado de la medida de aseguramiento de detención preventiva, para lo cual no basta acreditar que no hubo condena en el proceso penal.

Así, por ejemplo, puede suceder que la duda se configure porque es la desidia o la ineficiencia del Estado lo que no permite desvirtuar la presunción de inocencia del encartado, como cuando aquél no asume con diligencia y seriedad la carga que le corresponde, en aras de establecer la responsabilidad del sindicado, caso en el cual es evidente que la privación de la libertad se torna injusta, ya que la medida restrictiva impuesta no cumple la finalidad para la cual fue diseñada y es entonces cuando emerge clara la responsabilidad del Estado, por un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

Si se considera que en todos los casos en que la sentencia absolutoria o la providencia equivalente a la misma da derecho a indemnización en favor de la persona que hubiera sido sindicada del delito y sometida a detención preventiva, sin que sea necesario establecer si la medida fue o no ilegal, desproporcionada, errada, arbitraria o, en fin, injusta, resulta necesario concluir que ningún efecto jurídico tiene el hecho de que la decisión absolutoria se produzca con fundamento en que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de hecho punible, o bien con un fundamento diferente.

En este sentido dejo expuesta mi aclaración de voto en torno a un criterio que en la sentencia no es relevante, toda vez que, en el sub júdice, la parte actora no tenía que demostrar la ilicitud de la detención preventiva que afectó al señor Alfredo Camelo Luengas, teniendo en cuenta que el Juzgado 33 Penal del Circuito de Bogotá lo exoneró de responsabilidad, por estimar que no cometió el delito por el que fue investigado.

Fecha ut supra.  

Carlos Alberto Zambrano Barrera