Sentencia 2001-01210 de noviembre 12 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad.: 520012331000200101210 01 (29.139)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Nieves Solís y otros

Demandados: Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional y otros

Asunto: acción de reparación directa (sentencia)

Bogotá, D.C., doce (12) de noviembre del dos mil catorce (2014)

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Aspectos previos.

1.1. Competencia.

En atención a lo previsto en los artículos 120 del Código Contencioso Administrativo y 1º del Acuerdo 55 de 2003, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de 30 de julio de 2004 proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Nariño(31).

Adicionalmente, como quiera que la sentencia de primera instancia y el recurso de apelación tuvieron lugar para el año 2004, la norma aplicable, a efectos de determinar la segunda instancia, es el Decreto 597 de 1988, el cual señalaba que para el año 2001, fecha de presentación de la demanda, la cuantía mínima para que un proceso en acción de reparación directa fuere susceptible del recurso de apelación era de $26.390.000, la cual se determina por el valor de las pretensiones sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad al libelo introductorio. En el caso concreto la pretensión mayor equivale a $200.000.000 por concepto de lucro cesante para cada uno de los demandantes, cuantía esta que supera la exigida para el recurso de apelación.

1.2. Sustento fáctico y objeto del recurso de apelación.

Resulta necesario precisar, ab initio, que el recurso de apelación interpuesto por la parte actora centra sus inconformidades en el reconocimiento y liquidación de los perjuicios derivados del daño antijurídico consistente en la muerte de Junior Solís Angulo(32), y que la apelación adhesiva se dirigió concretamente a solicitar la revisión de la legitimación en la causa por activa. De manera que en esta instancia procesal no se debate la configuración de los presupuestos de la responsabilidad (daño antijurídico e imputación).

Ahora bien, respecto al marco de competencia del juez de segunda instancia, debe preverse que este está limitado por el sustento fáctico y al objeto del recurso de apelación, por cuanto el principio de congruencia y principio dispositivo(33) así lo exigen.

“para el juez de segunda instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo”, razón por la cual se ha sostenido que “las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: ‘tantum devolutum quantum appellatum’”(34).

Lo anterior obliga a destacar que el recurso de apelación se encuentra limitado a los aspectos indicados por la apelante, por lo cual, en principio, los demás asuntos, diversos a los planteados por el recurrente, están llamados a excluirse del debate en la instancia superior, sin perjuicio de los casos previstos o autorizados por la Constitución Política o por la ley, toda vez que, como ya se dijo, en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia(35) de la sentencia como el principio dispositivo(36)-(37).

En este sentido la Sala Plena de la corporación, en reciente pronunciamiento reiteró que mediante el recurso de apelación se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial —en este caso la que contiene una sentencia—, por lo cual corresponde al recurrente confrontar los argumentos que el juez de primera instancia consideró para tomar su decisión, con sus propias consideraciones o apreciaciones, para efectos de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se plantean ante la segunda instancia. Lo anterior lo sostuvo de conformidad con lo establecido en la parte inicial del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil(38).

Dicho lo anterior, la Sala reitera que la parte actora concreta los motivos de su inconformidad en: (i) El reconocimiento de los perjuicios a favor de quien demanda en calidad de padre de la víctima, esto es, de Nieves Solís, (ii) El quatum del perjuicio moral reconocido a favor de quienes acudieron a la acción de reparación directa en calidad de hermanos de la víctima, (iii) El reconocimiento y liquidación del lucro cesante peticionado en $200.000.000 para cada uno de los demandantes.

Asimismo, observa la Sala que el Ministerio Público presentó apelación adhesiva en la cual solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por activa, por cuanto no se acreditó mediante documento idóneo el vínculo de parentesco entre Junior Solís Angulo y quienes demandaron en calidad de padre y hermanos.

Así las cosas, la Sala despachará las razones objeto de apelación en el siguiente orden: (i) Legitimación en la causa por activa. (ii) Reconocimiento y liquidación de perjuicios morales (iii) Negativa del perjuicio material denominado lucro cesante.

2. Legitimación en la causa por activa.

En atención a los motivos de la apelación la Sala procede a analizar la legitimación en la causa para determinar si le asistía o no la razón al Tribunal Contencioso Administrativo de Nariño para negar las pretensiones respecto del demandante Nieves Solís o al Ministerio Público para solicitar que la sentencia proferida por el a quo sea revocada en su integridad y en su lugar se declare la falta de legitimación en la causa por activa.

Ahora bien, en cuanto a la legitimación en la causa la Sala recuerda que la jurisprudencia constitucional ha referido su naturaleza jurídica en sentido amplio, como la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”(39), de forma tal que cuando una de las partes carece de dicha calidad o condición, no puede el juez adoptar una decisión favorable a las pretensiones demandadas(40).

Dentro del concepto de legitimación en la causa, se vislumbra la legitimación de hecho, originada en la simple alegación de esa calidad en la demanda, como lo prevé el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, al señalar “la persona interesada podrá”, siendo entonces ese interés mínimo, suficiente para accionar y para proponerlo en la instancia procesal de inicio del juicio(41). Por su parte, la legitimación material se concreta en el evento en que se pruebe realmente la calidad alegada para obtener una sentencia favorable a las pretensiones de la demanda(42).

Un concepto más reciente ha establecido que

“(...) se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado, de manera que quien cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la acción, está legitimado de hecho por activa y aquel a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión, resulta legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda (...) la legitimación material en la causa, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño (...)”(43).

Es así que la jurisprudencia de la Sala reconoce la legitimación en la causa sustantiva para actuar como demandante dentro del proceso de reparación directa cuando, además del daño antijurídico(44), el actor demuestra que ha sufrido un perjuicio cierto(45) y personal.

Para el asunto que llama la atención de la Sala en este momento interesa resaltar el carácter personal(46) del perjuicio, lo que significa que para que este exista y pueda ser indemnizado es necesario que quien demande reparación sea la persona que lo sufrió. En consecuencia, “(...) [E]l daño es personal cuando se deriva de los derechos que tiene el demandante sobre el bien que sufrió menoscabo, debiendo establecerse la titularidad jurídica sobre el derecho que tiene respecto de ese bien menguado”(47). Así las cosas, el carácter personal del perjuicio supone que este puede ser sufrido por toda persona, quien quedará en la posibilidad de formular una petición para que le sean indemnizados todos los perjuicios que sufrió directamente.

Así las cosas, es claro que la posición de la Sala de Sección ha sido admitir que las personas lesionadas o perjudicadas en sus derechos e intereses, ya sean éstos de carácter material o moral, asumen la condición de víctimas y están legitimadas en la causa por activa para iniciar un proceso de responsabilidad civil a fin de que sean reparadas integralmente. Es decir que la legitimación en la causa por activa, en sentido material, se presenta cuando quien acude al proceso tiene relación con los intereses inmiscuidos en el mismo y guarda una conexión con los hechos que motivaron el litigio, en otras palabras, es titular de un interés jurídico susceptible de ser resarcido(48).

Del mismo modo, cuando el demandante ha sufrido un daño como consecuencia de la acción u omisión del Estado acude al proceso en calidad de víctima directa o víctima inicial; en cambio, quienes pretenden la reparación de los perjuicios personales derivados del daño sufrido por otra persona (generalmente lesiones o muerte) están legitimados para demandar en calidad de víctimas indirectas o damnificados, dado que han sufrido un daño por rebote(49) que en todo caso es independiente y autónomo del daño inicial.

Así las cosas, las víctimas indirectas -también llamadas damnificados- son todas aquellas que han sufrido perjuicios, tanto morales como materiales, derivados del daño padecido por una víctima directa con ocasión de la acción u omisión de las autoridades públicas y que, en consecuencia, están legitimadas para acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para obtener la respectiva indemnización.

Sin embargo, el derecho a la reparación de las víctimas indirectas o de los damnificados está condicionado, entre otras cosas, a la existencia del carácter personal del perjuicio, toda vez que este solo se reconoce en la medida en que prueben que el hecho dañino les ocasionó un perjuicio, ya sea por la especial relación afectiva o por la dependencia económica que mantenían con la víctima directa o inicial.

A la sazón, en el caso concreto la Sala observa que los demandantes derivaron los perjuicios cuya indemnización se pretende en sede de reparación directa, de una relación afectiva propia de los vínculos de parentesco; por su parte, el señor Nieves Solís adujo ser el padre de la víctima, entre tanto que frente a los demás demandantes argumentó la calidad de hermanos.

Entonces, primeramente debe revisarse la progenitura alegada por Nieves Solís respecto de Junior Solís Angulo, para luego establecer el parentesco de este último con quienes demandan en calidad de hermanos paternos, esto es, de Jhon Jairo, María Nataly y Omar Solís Núñez, por cuanto no puede persistirse en el error cometido por el Tribunal de Nariño, que equivocadamente encontró legitimados para reclamar los perjuicios a “los medios hermanos paternos del occiso”, pero negó la legitimación del padre, es decir, de Nieves Solís.

Nótese, entonces, el garrafal error de a quo. Pues en la acreditación del vínculo de parentesco por consanguinidad, siempre, el primer aspecto a probar será el parentesco con el tronco común, esto es, con quien demandó como padre, relación de la cual se deriva el parentesco con los colaterales, es decir, con los hermanos. De manera que si la primera relación de parentesco, esto es, la de padre a hijo no está acreditada, mucho menos lo estará aquella que de aquí se derivó. Entonces, se itera, no probar el parentesco entre la víctima y su padre conllevaría la imposibilidad de acreditarlo respecto de los demás demandantes.

Sobre el tema, vale decir que el registro del estado civil, el cual comprende, entre otros, los nacimientos, matrimonios y defunciones, como función del Estado, se estableció en 1883, con la expedición del Código Civil. Posteriormente, con la expedición la Ley 57 de 1887, sobre adopción de códigos y unificación de la legislación nacional, en el artículo 22, se estableció tener y admitir como pruebas principales del estado civil, respecto de nacimientos, matrimonios o defunciones de personas bautizadas, casadas, o muertas en el seno de la iglesia católica, las certificaciones que con las formalidades legales expidieran los respectivos sacerdotes párrocos, insertando las actas o partidas existentes en los libros parroquiales.

A partir de la vigencia de la Ley 92 de 15 de junio de 1938, los documentos referidos pasaron a ser supletorios y se determinó en el artículo 18 ibídem que solo tendrían el carácter de pruebas principales del estado civil respecto de los nacimientos, matrimonios, defunciones, reconocimientos y adopciones, que se verifiquen con posterioridad a la señalada ley, las copias auténticas de las partidas del registro del estado civil, expedidas por los notarios, el alcalde municipal, los funcionarios consulares de Colombia en el exterior y los corregidores e inspectores de policía, quienes quedaron encargados de llevar el registro del estado civil de las personas. Finalmente con el Decreto Ley 1260 de 1970, se estableció como prueba única del estado civil, para los nacimientos, matrimonios y defunciones ocurridos después de su vigencia, las copias auténticas de los registros civiles.

Así las cosas, la prueba del estado civil y la acreditación del parentesco deberá hacerse con el documento que corresponda.

En este sentido el precedente de la Sala ha sostenido:

“En vigencia del artículo 347 del Código Civil, y la Ley 57 de 1887, el estado civil respecto de personas bautizadas, casadas o fallecidas en el seno de la Iglesia, se acreditaba con los documentos tomados del registro del estado civil, o con las certificaciones expedidas por los curas párrocos, pruebas que, en todo caso, tenían el carácter de principales. Para aquellas personas que no pertenecían a la Iglesia católica, la única prueba principal era la tomada del registro del estado civil. Con la entrada en vigencia de la Ley 92 de 1938 se estableció la posibilidad de suplir la falta de las pruebas principales por supletorias. Para acudir a estas últimas, era necesario demostrar la falta de las primeras. Esta demostración consistía en una certificación sobre la inexistencia de la prueba principal, expedida por el funcionario encargado del registro civil, que lo era el notario, y a falta de este, el alcalde. Por su parte, el Decreto 1260 de 1970 estableció como prueba única para acreditar el estado civil de las personas, el registro civil de nacimiento”(50).

Aun en reciente jurisprudencia la Sala dijo:

“Sobre el particular, al ocuparse de regular los asuntos atinentes a las ‘pruebas del Estado civil’, el Decreto-Ley 1260 de 1970, en su artículo 105, determina: ‘ART. 105.—Los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas, ocurridos con posterioridad a la vigencia de la Ley 92 de 1938, se probarán con copia de la correspondiente partida o folio, o con certificados expedidos con base en los mismos. En caso de pérdida o destrucción de ellos, los hechos y actos se probarán con las actas o los folios reconstruidos o con el folio resultante de la nueva inscripción, conforme a lo dispuesto en el artículo 100’. Para eliminar cualquier duda en relación con el alcance y el carácter imperativo de la norma transcrita, el mismo estatuto en cita determina, a la altura de su artículo 106: ‘ART. 106.—Ninguno de los hechos, actos y providencias relativos al estado civil y la capacidad de las personas, sujetos a registro, hace fe en proceso ni ante ninguna autoridad, empleado o funcionario público, si no ha sido inscrito o registrado en la respectiva oficina, conforme a lo dispuesto en la presente ordenación, salvo en cuanto a los hechos para cuya demostración no se requiera legalmente la formalidad del registro’. Sobre el punto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación, en sentencia del 22 de enero del 2008, señaló: ‘Así pues, cuando el estado civil se aduce como fuente de derechos y de obligaciones (art. 1º, D. 1260/70) es necesario acudir a su régimen probatorio establecido en los artículos 101 y siguientes del Decreto 1260 de 1970’. Con fundamento en lo anterior puede concluirse entonces que el registro civil de nacimiento constituye el documento idóneo para acreditar de manera idónea, eficaz y suficiente la relación de parentesco con los progenitores de una persona, comoquiera que la información consignada en dicho documento público ha sido previamente suministrada por las personas autorizadas y con el procedimiento establecido para tal efecto”(51).

Ahora bien, el Decreto-Ley 1260 de 1970 - estatuto del registro del estado civil de las personas, determinó que el estado civil de una persona es su situación jurídica en la familia y la sociedad, de donde se desprende su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones, es indivisible, indisponible e imprescriptible, y su asignación corresponde a la ley(52). En relación con su origen, dijo la normatividad ibídem, que esta situación se deriva de los hechos(53), actos y providencias que lo determinan y de la calificación legal que de ellos se haga(54), todo lo cual, debe constar en el registro del estado civil(55), para cuyo efecto, mediante el citado estatuto, el legislador reglamentó lo concerniente al registro del estado civil de los colombianos y a las inscripciones que allí deben efectuarse; así, previó que están sujetos a registro los hechos y los actos relativos al estado civil de las personas, dentro de los cuales incluyó de manera especial los nacimientos, los matrimonios y las defunciones(56), inscripciones que solo son válidas cuando cumplen con el lleno de los requisitos legales(57).

Entonces, la señalada normatividad, que reglamentó todo lo relacionado al registro del estado civil de las personas, en su título VI consagró lo relacionado al registro civil de nacimiento, expuso los hechos y actos que deben inscribirse y quienes deben efectuar la inscripción, entre los cuales se encuentran: 1. El padre, 2. La madre, 3. Los demás ascendientes, 4. Los parientes mayores más próximos, 5. El director o administrador del establecimiento público o privado en que haya ocurrido, 6. La persona que haya recogido al recién nacido abandonado, 7. El director o administrador del establecimiento que se haya hecho cargo del recién nacido expósito y 8. El propio interesado mayor de diez y ocho años(58). Asimismo se determinó la circunscripción territorial para el efecto(59).

En este sentido, el funcionario encargado de llevar el registro del estado civil de las personas, es quien verifica el cumplimiento de los requisitos y solemnidades legales, contenidas en el aludido régimen, y formaliza la inscripción de los nacimientos, razón de más para que el ordenamiento haya previsto como prueba idónea de este hecho, la copia auténtica del folio contentivo de la inscripción o la certificación que estos funcionarios expidan con fundamento en dicho folio, documentos que, por lo anterior, gozan de la presunción de autenticidad y pureza de las inscripciones allí contenidas(60).

En resumen, en el ordenamiento civil colombiano la prueba del nacimiento y de las situaciones que emanen de él, tales como la paternidad, están circunscritas a la copia auténtica del correspondiente folio o al certificado que con base en él expidan(61) los funcionarios encargados de llevar el registro del estado civil y la oficina central(62), es más, el mismo estatuto previó que ninguno de los hechos, actos y providencias relativos al estado civil y la capacidad de las personas, sujetos a registro, se itera como ocurre con el nacimiento y las situaciones que de él se desprenden, hagan fe en proceso ni ante ninguna autoridad, empleado a funcionario público, si no ha sido inscrito o registrado en la respectiva oficina, conforme a lo dispuesto en la descrita normatividad(63).

Ahora bien, como ya se ha dicho antes, en el caso de autos, la Sala encuentra que los demandantes acudieron al plenario aduciendo ser el padre y los hermanos de Junior Solís Angulo, quien falleció víctima de la incursión efectuada por grupos armados al margen de la ley contra la población de “Bocas de Santinga” en el municipio Olaya Herrera (Nariño), llevada a cabo el día 16 de marzo de 2001(64), y de quien obra la copia auténtica del certificado expedido por la Registraduría Municipal del Estado Civil de Olaya Herrera - Nariño, en el que consta que a folio Nº 29326353 se encuentra inscrito el nacimiento de Junior Solís Angulo, ocurrido el día 13 de enero de 1970, hijo de Aurora Angulo y “José Solís”(sic)(65). Inscripción que fue realizada por el mismo Junior Solís Angulo cuando contaba con la mayoría de edad.

Adviértase que este ha sido el hecho objeto de discordancia entre la situación alegada en la demanda, esto es, entre la calidad de padre aducida por Nieves Solís, la decisión del Tribunal de Nariño y la ratio expuesta por el Ministerio Público para solicitar la declaratoria de falta de legitimación en la causa. Pues, evidentemente, la prueba allegada no acredita el parentesco entre la víctima y el demandante por cuanto en el registro civil de nacimiento - casilla correspondiente a los “datos del padre – apellidos y nombres completos” se inscribió “José Solís” y no Nieves Solís o José Nieves Solís, como lo señaló el demandante; situación que a priori conlleva afirmar que se trata de dos personas diferentes, más aún si se tiene en cuenta que no se registró la clase y número del documento de identificación para corroborar que se trata de la misma persona.

En vista de lo anterior y con el fin de esclarecer la identidad de Nieves Solís, la Sala de oficio efectuó inspección judicial al archivo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, de la cual se destaca(66):

“En conclusión, se observa que en ninguno de los documentos inspeccionados aparece inscrito el nombre de José Nieves Solís, por el contrario, en todos ellos el demandante se identifica como Nieves Solís.

Por otro lado, teniendo en cuenta que el objeto de la diligencia está dado por la necesidad de ‘esclarecer la información suministrada por los testigos que acudieron en compañía del señor Solís Angulo a fin de realizar su propia inscripción de nacimiento y en donde la víctima señaló el nombre de sus padres, sin otorgar el número de cédula de los mismos’, la magistrada comisionada inspecciona la tarjeta decadactilar correspondiente a Junior Solís Angulo, identificado con cédula de ciudadanía número 12.796.975 expedida en Olaya Herrera (Nariño), donde se observa que fue solicitada en julio de 1989, con base en el registro civil de nacimiento que obra a folio 118 del libro de 1970 de la alcaldía municipal de Olaya Herrera, donde figura ‘hijo de: José Solís y de: Aurora Angulo’”.

Así las cosas, ni siquiera mediante inspección judicial al archivo de la entidad responsable del sistema de identificación de los colombianos, la Sala pudo establecer que fuera cierto el dicho del apelante, en el sentido de afirmar que “(...) si bien podemos anotar que en el registro civil de nacimiento del occiso aparece una pequeña deficiencia en el sentido de que como padre figura el sr. José Solís, ello se debió al hecho de que el nombre inicial con que era conocida dicha persona era José Nieves Solís, habiéndosele suprimido el nombre de Nieves en ese registro, y al gestionar su cédula de ciudadanía involuntariamente se le suprimió el nombre de José, siendo conocido finalmente como Nieves Solís, identidad esta con que lo refieren todos los testigos dentro del proceso”. Se reitera, esta afirmación no está probada, ni siquiera en los registros documentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

En conclusión, la Sala encuentra que en el caso de autos no se encuentra acreditada la existencia del vínculo de parentesco por consanguinidad entre Nieves Solís y Junior Solís Angulo, corolario de lo cual, tampoco puede tenerse por cierta la consanguinidad entre la víctima y quienes dijeron ser sus hermanos paternos. Se insiste, porque el registro civil allegado al plenario no demostró el parentesco.

En consecuencia, la Sala no puede afirmar que los demandantes están legitimados materialmente porque acreditaron el vínculo de consanguinidad para reclamar los perjuicios derivados de la muerte de Junior Solís Angulo, lo cual, de haber sido posible, habría permitido construir la cadena de inferencias, que en atención a dicha consanguinidad ha elaborado la jurisprudencia, ya que cuando la consanguinidad se encuentra acreditada, especialmente en los niveles más cercanos, la Sala ha inferido, por una parte, la condición de damnificado o damnificada; y en segundo lugar, de dicha condición ha presumido el dolor, la aflicción y el sufrimiento derivados del daño sufrido por la víctima directa, para traducirlo en un perjuicio moral, aun cuando dicha presunción pueda ser desvirtuada por tratarse de una presunción de facto o de hombre (praesumptio facti o praesumptio hominis)(67).

No obstante lo anterior, la Sala advierte que la legitimación en la causa material no se deriva de la mera relación de consanguinidad, sino que ella se funda en la relación afectiva que en dicho vínculo se origina(68), y admite que es indiscutible que el ser humano, en cuanto a ser social y familiar, puede crear lazos afectivos propios de la familiaridad aun cuando la consanguinidad no esté acreditada, como ocurre con los lazos de crianza que se originan en atención a la cercanía, solidaridad y afecto que existe entre quienes conviven hasta conformar una relación propia del núcleo familiar directo, además, porque como núcleo básico de la sociedad(69) la familia juega un papel fundamental en el desarrollo de la personalidad del individuo.

Así las cosas, quienes no logran probar el vínculo de parentesco mediante el registro civil, enfrentan la dificultad de probar que hacen parte del núcleo familiar directo de la víctima y la especial relación de afecto que mantenían con ella, al punto que el daño antijurídico padecido por la víctima le generaron unos perjuicios, que pueden ser tanto morales como materiales, los cuales serán el objeto de las pretensiones indemnizatorias.

Ahora bien, cuando la relación afectiva deriva de los vínculos de crianza los demandantes afrontan la carga de probar esta situación de hecho para poder acceder a su reconocimiento, para lo cual son admisibles todos los medios de prueba (declaración de parte, testimonio de terceros, dictamen pericial, documentos, indicios) pertinentes y útiles que lleven al juez al convencimiento sobre la configuración de esta especial relación de afecto, por cuanto la legitimación en la causa material proviene de las relaciones de cercanía y afecto existentes entre el lesionado (víctima directa) y el demandante (perjudicado, víctima indirecta o de rebote), caso en el cual la prueba de tales relaciones no está sujeta a una tarifa legal(70).

Al respecto, la corporación ha traído a colación la doctrina de los autores Mazeaud y Tunc para fundamentar sus decisiones:

“320. Personas que pueden pedir reparación de un atentado contra los sentimientos afectivos. Por estar admitida en materia delictual y cuasidelictual la reparación del perjuicio no pecuniario, se suscita, en una esfera particular, una cuestión delicada y muy discutida: la del atentado contra los sentimientos afectivos. Se trata de determinar quiénes son los que pueden alegar tales ultrajes, los que están en su derecho para pedir reclamación del perjuicio moral experimentado por el hecho de la desaparición de un ser que les era querido o también del hecho de los sufrimientos o de la enfermedad que alcancen a esa persona.

La misma cuestión se ha presentado sobre el terreno del daño material. Ha sido resuelta decidiendo que toda puede demandar la reparación con la condición de que justifique, por una parte, un perjuicio cierto; y, de otra, un ‘interés legítimo’; es lo que suele expresarse al exigir un ‘atentado contra un derecho adquirido’.

¿Conviene aplicar la misma regla en materia de daño moral?

(...).

323. Necesidad de un perjuicio cierto: parientes consanguíneos y afines; personas que no poseen ningún vínculo de parentesco por consanguinidad ni por afinidad. Se ha admitido que el carácter de certeza del daño material puede existir no solo si la persona que se queja no está unida al difunto por ningún vínculo de obligación alimentaria, sino también si no posee con él lazo alguno de parentesco consanguíneo o de afinidad.

Está claro que, en esto, queda fuera de la cuestión la obligación alimentaria. El demandante no alega los socorros que se le podrían haber abonado por el difunto, sino el afecto que aquel experimentaba con respecto a este, el pesar que padece por su desaparición. Con mucha más razón no se plantea la cuestión de exigirle al demandante que el difunto haya subvenido a sus necesidades.

Por consiguiente, no hay que plantear más que una cuestión: ¿experimenta el demandante, sí o no, un verdadero pesar? En la afirmativa, ese pesar debe ser reparado, sea quien sea el que lo sufra: pariente cercano, pariente lejano o, incluso, sencillamente un amigo. En la negativa, no se debe ninguna reparación.

324. No cabe entonces sino rechazar las teorías restrictivas; todas ellas proceden de una confusión entre el perjuicio material y el daño moral. Así como no cabe reservarle la acción de indemnización tan solo a los parientes consanguíneos y afines que sean acreedores de alimentos, no se podría reservarla para los parientes consanguíneos y por afinidad muy próximos (cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos y hermanas, suegros y suegras, yernos y nueras, cuñados y cuñadas), a los parientes en grado de suceder, o también a los que tengan un vínculo de parentesco consanguíneo o por afinidad reconocido por la ley. El pesar experimentado, cuya reparación se asegura, no se limita a unas u otras de esas categorías, rebasa el círculo mismo de la familia, y es susceptible de afectar a cualquier persona.

(...).

325-2. El único límite a la multiplicación de las acciones debe buscarse, por lo tanto, en la exigencia de un pesar real y suficientemente profundo.

Corresponderá a los tribunales, en cada caso, averiguar si se ha cumplido con ese requisito(71)(72).

Sobre el particular, la Subsección resalta la sentencia del 18 de febrero de 1999, en la que esta Sección señaló que “si bien no está acreditado el parentesco entre la víctima y los demandantes, si lo está su calidad de damnificados y por lo tanto se condenará a la entidad demandada a pagar a los padres del actor, por concepto de perjuicios morales el equivalente a 1000 gramos oro y para el hermano de la víctima el equivalente a 500 gramos oro(73).

Entonces, nótese que esta posición ha llevado al reconocimiento y pago de los perjuicios, no en atención a la relación de consanguinidad sino en atención a las relaciones afectivas derivadas de la crianza.

Al respecto, la Sala considera lo dicho por la honorable Corte Constitucional en Sentencia T-495 de 1997, en la que después de analizar las declaraciones allegadas al proceso sobre la relación que unía un soldado con sus padres de crianza, concluye que:

“Surgió así de esa relación, una familia que para propios y extraños no era diferente a la surgida de la adopción o, incluso, a la originada por vínculos de consanguinidad, en la que la solidaridad afianzó los lazos de afecto, respeto y asistencia entre los tres miembros, realidad material de la que dan fe los testimonios de las personas que les conocieron (...)”.

Esta Sección también se ha pronunciado en favor del reconocimiento de los derechos que le asisten a los padres de crianza cuando la relación de afecto se encuentra probada, accediendo a reconocer un valor igual al admitido en favor de los padres biológicos;

“de allí que se puedan yuxtaponer las mismas como ‘tertium comparatio’, en atención a que se trataría de una lógica igual para las dos situaciones(74).

Así, entonces, la postura reiterada de la jurisprudencia, constitucional y contenciosa, ha permitido que acreditada por cualquiera de los medios probatorios la circunstancia o relación de especial afecto y protección que se adjetiva como “hijo de crianza”, se infieran los padecimientos y perjuicios que les legitiman para comparecer ante el juez y solicitar la indemnización de tales perjuicios, esto es, se infiera la legitimación material para actuar en acción de reparación directa.

Ahora bien, en atención a los rigores legales establecidos por el ordenamiento civil para la acreditación del parentesco por consanguinidad y civil, cuyos requisitos quedaron ampliamente explicados en el acápite anterior, la Sala considera que debe, igualmente, ser rigurosa en cuanto a la prueba de la relación de crianza en legitimación de su interés dentro del sub lite y para cuya acreditación se remite a lo establecido por el Código Civil Colombiano sobre la prueba de la posesión notoria del estado civil.

Al efecto, el artículo 399 del Código Civil, previó que la posesión notoria del estado civil se probara con testimonios fidedignos “particularmente en el caso de no explicarse y probarse satisfactoriamente la falta de la respectiva partida, o la pérdida o extravió del libro o registro en que debiera encontrarse”. Se considera, entonces, que la regla aquí contenida puede aplicarse por analogía en la acreditación de una circunstancia fáctica como la aducida por los demandantes, anotando, que esto no obsta para que se haga uso de los demás medios probatorios.

Respecto a la posesión notoria del estado de hijo, ya sea legítimo o de crianza, se recogen los criterios expuestos por la Corte Suprema de Justicia al prever como elementos configurativos de dicho estado, el trato, la fama y el tiempo(75).

El primero de estos elementos, es decir el trato, es entendido como la actitud del padre frente al hijo y de este frente al padre. La fama, consistente en la exteriorización de la condición que suscite y la conciencia del vínculo paterno-filial en los demás familiares, amigos o vecinos, y el tiempo, que exige que tanto el trato como la fama hayan perdurado durante un periodo considerable, que de conformidad con el artículo 398 del Código Civil consiste en el término de 5 años, mínimo.

El criterio anterior, es concordante con lo dispuesto por el artículo 397 del Código Civil(76) y comporta que los medios probatorios deben demostrar que el padre, durante el término mínimo de 5 años, se haya comportado como tal, proveyendo para la subsistencia, educación, manutención o establecimiento del hijo (trato) presentándolo con este carácter ante la familia y la sociedad, que a su vez le reputará y reconocerá el carácter de hijo, y así el hijo le reconozca y se comporte frente al padre.

Hechas las anteriores consideraciones, en el caso concreto la Sala encuentra que obran las siguientes pruebas testimoniales:

— Testimonio de Soriano Hinestroza Perlaza, rendido el día 31 de octubre de 2002, quien aseguró conocer a Junior Solís Angulo hace aproximadamente quince (15) años ya que eran amigos. Al respecto manifestó:

“(...) Si conocía de vista, trato y comunicación al finado al finado Junior desde hacía unos 15 años, éramos amigos, andábamos juntos, viajábamos a su finca al Patía, conozco también a sus padres de vista, trato y comunicación hace más de 15 años, a la mamá doña Aurora Angulo la conocí en rio Patía en la vereda Yalte, yo subía a comprar zapotes, a [don] Nieves Solís y Aurora Angulo tenían su hogar formado y convivían en una sola casa con su hijo Junior. (...) Ellos vivían muy bien, compartían todo entre la familia, eran muy unidos, se entendían en sus relaciones como familia (...)”.

— Testimonio de Bolívar Paredes Estupiñán, rendido el día 31 de octubre de 2002, quien aseguró conocer a Junior Solís Angulo hace aproximadamente diez (10). Al respecto manifestó(77):

“(...) Sí conocí al finado Junior de vista, trato y comunicación desde hace 10 años, aquí en bocas de Satinga, le ayudaba a trabajar a la mamá vendiendo picadillo, conozco a su padre Nieves Solís y sus hermanos John Jairo, María Nathaly y Omar, desde hace unos 7 años, porque vivían aquí en Satinga. (...) Pues entre la familia, padres y hermanos, vivían bien, existía mutua colaboración, eran armoniosos (...)”.

— Testimonio de Elda Estupiñán Paredes, rendido el día 31 de octubre de 2002, quien aseguró conocer a Junior Solís Angulo hace aproximadamente diez (10) años. Al respecto manifestó(78):

“(...) Sí lo conocí a Junior Solís Angulo, desde hacía unos 10 años, aquí en bocas de Satinga, también a su padre Nieves Solís y sus hermanos Omar, John Jairo y María Natali (sic), el padre hace 10 años, hermanos hace unos 7 años, en esta misma localidad, Junior ayudaba a trabajar a su mamá vendiendo picadillos, me consta del parentesco, porque esta población es muy pequeña y todos nos conocemos. (...) Ellos vivían muy unidos, armoniosos, se ayudaban mutuamente, compartían (...)”.

Vistos los testimonios que anteceden, la Sala considera que los elementos configurativos de la posesión notoria del estado civil quedan plenamente evidenciados. Así el trato se halla acreditado por cuanto si los testimonios aseveran que Nieves Solís era el padre de Junior Solís, viable es inferir que ello obedece a que el padre y el hijo se comportaban como tal; del mismo modo que se acreditó la fama, ya que padre e hijo eran conocidos como tal porque exteriorización el vínculo paterno-filial en los demás familiares, amigos y vecinos, por lo que en la población fueron conocidos como padre e hijo durante un tiempo considerable, tiempo que los testigos refieren entre 10 y 15 años, al igual que son claros en señalar a los demás demandantes, esto es, a los menores John Jairo Solís Núñez, María Nataly (sic) Solís Núñez y Omar Solís Núñez, como hermanos de la víctima.

Así las cosas, ha quedado acreditada en el plenario la legitimación material para actuar de los demandantes, en calidad de padre y hermanos de crianza, por lo que la Sala procederá a revisar los siguientes argumentos objeto de apelación.

3. Reconocimiento y liquidación de perjuicios morales.

La Sala Plena de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la corporación, mediante sentencias de 28 de agosto de 2014(79), sintetizó el concepto de daño moral en aquel que se encuentra compuesto por el dolor, la aflicción y en general los sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra, etc., que invaden a la víctima directa o indirecta de un daño antijurídico, individual o colectivo.

Ahora bien, para la reparación del daño moral en caso de muerte, también la Sala Plena de la Sección Tercera ha diseñado cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados o víctimas indirectas, a saber los siguientes:

Nivel 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno- filiales, o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables), dentro de los cuales se encuentran las relaciones de crianza. A este nivel corresponde el tope indemnizatorio (100 SMLMV).

Nivel 2. Donde se ubica la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos), dentro de los cuales se encuentran las relaciones de crianza. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 50% del tope indemnizatorio.

Nivel 3. Está comprendido por la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 35% del tope indemnizatorio.

Nivel 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 25% del tope indemnizatorio.

Nivel 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 15% del tope indemnizatorio.

Para los niveles 1 y 2 se requerirá la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros. Para los niveles 3 y 4, además, se requerirá la prueba de la relación afectiva. Para el nivel 5 deberá ser probada la relación afectiva.

3.1. Reconocimiento y liquidación del daño moral en el caso concreto.

Como lo señaló en el acápite anterior, en el sub judice la Sala encuentra acreditada la relación de crianza que ubica a los demandantes en los niveles 1 y 2 de cercanía afectiva y, adicionalmente, encuentra el siguiente material probatorio por medio del cual se acredita el perjuicio moral:

— Testimonio de Soriano Hinestroza Perlaza, quien con relación al perjuicio moral manifestó:

“(...) se les notaba el sufrimiento a sus padres y hermanos, porque andaban muy tristes por haber perdido a ese ser querido (...)”.

— Testimonio de Bolívar Paredes Estupiñán, quien con relación al perjuicio moral manifestó(80):

“(...) por la muerte sufrieron mucho, se miraba su tristeza y aún viven tristes, porque perder un ser querido y en esas circunstancias es muy cruel y doloroso (...)”.

— Testimonio de Elda Estupiñán Paredes, quien con relación al perjuicio moral manifestó(81):

“(...) se les miraba muy tristes al morir Junior, se los miraba muy tristes por el sufrimiento (...)”.

Así las cosas, la Sala reconoce la existencia del perjuicio moral en los demandantes, derivado de la muerte de Junior Solís Angulo, ocurrida el día 16 de marzo de 2001, dentro de la incursión subversiva de que fue víctima la población Bocas de Satinga, concretamente la estación de policía, en el municipio Olaya Herrera (Nariño)(82) y procede a su liquidación, con fundamento en los parámetros señalados por la Sala de Sección Tercera, así:

NivelDemandanteMonto indemnizatorio
Nº 1Nieves Solís (padre de crianza)100 SMLMV
Nº 2John Jairo Solís Núñez (Hno. de crianza)50 SMLMV
Nº 2María Nataly Solís Núñez (Hna. de crianza)50 SMLMV
Nº 2Omar Solís Núñez (Hno. de crianza)50 SMLMV

4. Negativa del perjuicio denominado lucro cesante.

En cuanto al lucro cesante esta corporación ha sostenido reiteradamente, que se trata de la ganancia frustrada o el provecho económico que deja de reportarse y que, de no producirse el daño, habría ingresado ya o en el futuro al patrimonio de los perjudicados o víctimas indirectas. Pero que como todo perjuicio, para que proceda su indemnización, debe ser cierto, como quiera que el perjuicio eventual no otorga derecho a reparación alguna(83). Así las cosas, este perjuicio, como cualquier otro, si se prueba, deben indemnizarse en lo causado.

Ahora bien, en el caso de autos, debe tenerse en cuenta que cuando se trata del fallecimiento de los hijos, respecto de los padres, la jurisprudencia de la Corporación ha entendido que el hijo soltero contribuye al sostenimiento de su casa materna hasta la edad de 25 años, pues se presume que a partir de la misma forma su propio hogar, “realidad que normalmente impide atender las necesidades económicas de otros frentes familiares”, esa presunción puede ser desvirtuada cuando ha existido certeza de que pese a superar la edad de 25 años, el hijo prestaba auxilio económico a sus padres y se han encontrado reunidos otros elementos indiciarios como la vida modesta de la familia o “la voluntad reiterada, por actos sucesivos, de asumir el auxilio económico” y particularmente, cuando el hijo no había formado su propia familia y continuaba en la casa paterna(84).

Es así, que la Sala reiteró:

“‘En relación con el reconocimiento del lucro cesante a favor de los padres, la jurisprudencia ha dicho que se presume que los hijos ayudan a sus padres hasta la edad de veinticinco años, en consideración “al hecho social de que a esa edad es normal que los colombianos hayan formado su propio hogar, realidad que normalmente impide atender las necesidades económicas en otros frentes familiares’. Además, se ha considerado que cuando se prueba que los padres recibían ayuda económica de sus hijos antes del fallecimiento de éstos, la privación de esta tendría un carácter cierto y se ha presumido que la misma habría de prolongarse en el tiempo, más allá de la edad referida de los hijos, a condición de que se reúnan algunas circunstancias que permitieran afirmar tal presunción como la necesidad de los padres, su situación de invalidez, su condición de hijo único(85).

Entonces, forzoso es concluir que la presunción frente a la existencia del perjuicio encuentra un límite temporal, pues se tiene en cuenta el momento en el cual el hijo habría cumplido 25 años de edad, se itera, porque según las reglas de la experiencia, ese es el momento hasta el cual los padres pueden esperar ayuda económica de los hijos —salvo prueba en contrario— por estimarse que a esa edad éstos últimos se emancipan del seno familiar y conforman su propia familia(86).

No obstante, previendo que el señalado supuesto conforma una presunción de carácter jurisprudencial, frente a la cual cabe afirmar, por supuesto, que ella admite prueba en contrario, la Sala ha contemplado eventos en los cuales el límite para el reconocimiento del perjuicio material - lucro cesante no se haya en los 25 años de edad, por cuanto la víctima fallecida, al momento de la muerte, superaba tal edad y, pese a ello, el material probatorio allegado o recaudado en el plenario demuestra la existencia de una relación de dependencia económica de sus progenitores, caso en el cual la liquidación se extiende al tiempo de vida probable de los padres(87).

Así las cosas, en el sub examine la Sala prevé que Junior Solís Angulo, nació el 13 de enero de 1970, hecho del cual se infiere que para la fecha de su fallecimiento (mar. 16/2001) contaba con 31 años, 2 meses y 3 días de edad, consecuencia de lo cual, para el reconocimiento del lucro cesante a favor de Nieves Solís (padre de crianza) la Sala requiere que el perjuicio se encuentre plenamente probado.

Al respecto, obra en el plenario el siguiente material probatorio:

— Testimonio de Soriano Hinestroza Perlaza, quien con relación al lucro cesante manifestó:

“(...) Preguntado. Sabe y le consta a que actividad económica se dedicaba el señor Junior Solís Angulo, cuánto devengaba en las mismas y en qué invertía los dineros ganados. Contestó. Él trabajaba en la alcaldía, no sé qué cantidad de dinero devengaba, de eso no hablamos, con lo que se ganaba atendía las obligaciones de su hogar, sus hijos y también ayudaba a sus padres (...)”.

— Testimonio de Bolívar Paredes Estupiñán, quien con relación al lucro cesante manifestó(88):

“(...) Él trabajaba como coordinador de desarrollo comunitario de la alcaldía de esta localidad, tenía un sueldo de $720.000 pesos mensuales, los invertía en la mantención de su familia (...)”.

— Testimonio de Elda Estupiñán Paredes, quien con relación al lucro cesante manifestó(89):

“(...) Él trabajaba en la alcaldía de ese municipio, era el coordinador de desarrollo comunitario desde el mes de febrero de 2000, y tenía un sueldo de $720.000 pesos mensuales, los que invertía en los gastos de su familia (...)”.

Vistos los testimonios que anteceden, la Sala considera probado que (i) Junior Solís Angulo contaba con la edad de 31 años, 2 meses y 3 días; (ii) para el momento de los hechos tenía conformado su propio hogar y tenía hijos, a lo cual hace referencia el testigo Soriano Hinestroza Perlaza; (iii) laboraba como coordinador de desarrollo comunitario en la alcaldía de la localidad de Bocas de Satinga, en la cual devengaba un salario de $720.000.oo e (iv) invertía sus ingresos en la manutención de su familia.

Sin embargo, la Sala no tiene certeza sobre la destinación que Junior Solís Angulo hacía de sus ingresos mensuales, por cuanto aunque los testigos son unísonos en afirmar que este invertía sus ingresos en la manutención de su familia, estos no aclaran si dicha afirmación se refiere a la familia paterna (de crianza) de la víctima o a su nueva familia, por el contrario, únicamente el primer testigo aclara que la víctima “atendía las obligaciones de su hogar, sus hijos, y también ayudaba a sus padres”, pero sin señalar el quantum al que equivalía la mencionada ayuda o que esta significará un aporte para el sustento de sus hermanos, como tampoco queda claro que tal apoyo económico fuera periódico o continúo, consecuencia de lo cual la Sala considera acertada la decisión del Tribunal de Nariño al negar el lucro cesante peticionado por los demandantes y estima necesario rechazar la solicitud efectuada en este sentido por la parte apelante.

4. Costas.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna procedió de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICAR, la sentencia del 30 de julio de 2004 proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Nariño(90), por los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia. y en su lugar:

1. DECLARAR que la Nación colombiana - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, es administrativamente responsable de los perjuicios ocasionados con la muerte de Junior Solís Angulo en hechos sucedidos el 16 de marzo de 2001, en el corregimiento Bocas de Satinga, municipio de Olaya Herrera Nariño.

2. CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa con cargo al presupuesto de la Policía Nacional, a pagar por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas de dinero o su equivalente:

NivelDemandanteMonto indemnizatorio
Nº 1Nieves Solís (padre de crianza)100 SMLMV
Nº 2John Jairo Solís Núñez (Hno. de crianza)50 SMLMV
Nº 2María Nataly Solís Núñez (Hna. de crianza)50 SMLMV
Nº 2Omar Solís Núñez (Hno. de crianza)50 SMLMV

3. NIEGUENSE las demás pretensiones de la demanda.

4. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

5. CÚMPLASE lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

6. ABSTENERSE de condenar en costas.

7. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE inmediatamente el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase».

(31) Fls. 61-73, cdno. 3.

(32) Copia auténtica del certificado de defunción expedido por la Registraduría Municipal del Estado Civil de Olaya Herrera - Nariño, en el que consta que a folio Nº 1094582, se halla inscrito el fallecimiento de Junior Solís Angulo, ocurrido el día 16 de marzo de 2001, causa del deceso “violenta–insinerado” (fl. 15, cdno. 1).

(33) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 1 de abril de 2009. C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Rad. 32800.“De conformidad con el principio de congruencia, al superior, cuando resuelve el recurso de apelación, solo le es permitido emitir un pronunciamiento en relación con los aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la potestad del juez en este caso se encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo impugnado en el respectivo recurso y en el evento en que exceda las facultades que posee en virtud del mismo, se configurará la causal de nulidad prevista en el numeral 2º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la falta de competencia funcional”.

(34) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 10 de febrero de 2010. C.P. Hernán Andrade Rincón. Rad. 16306. Cfr. Corte Constitucional C-583 de 1997.

(35) En relación con la aplicabilidad del principio de congruencia en lo que corresponde a la resolución del recurso de apelación puede consultarse el pronunciamiento efectuado recientemente por la Sala, mediante providencia fechada en abril 1º de 2009, dentro del expediente 32.800, con ponencia de la señora Magistrada Ruth Stella Correa Palacio, en la cual se puntualizó: “De conformidad con el principio de congruencia, al superior, cuando resuelve el recurso de apelación, solo le es permitido emitir un pronunciamiento en relación con los aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la potestad del juez en este caso se encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo impugnado en el respectivo recurso y en el evento en que exceda las facultades que posee en virtud del mismo, se configurará la causal de nulidad prevista en el numeral 2º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la falta de competencia funcional”.

(36) Dicho principio ha sido definido por la doctrina como: “La facultad exclusiva del individuo de reclamar la tutela jurídica del Estado para su derecho, y en la facultad concurrente del individuo con el órgano jurisdiccional, de aportar elementos formativos del proceso y determinarlo a darle fin”. O como dice Couture, ‘es el principio procesal que asigna a las partes y no a los órganos de la jurisdicción la iniciativa, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso’ ‘Son características de esta regla las siguientes: ‘(...). El campo de decisión del juez queda determinado especial y esencialmente por las pretensiones del demandante debido a que el juez no puede decidir sobre objeto diverso a lo en ellas contemplado’” (negrillas adicionales). López Blanco, Hernán Fabio, Instituciones de derecho procesal civil colombiano, Parte general, Tomo I, Dupré Editores, Bogotá, 2005, Pág. 106.

(37) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 9 de febrero de 2012, Exp. 21.060.

(38) Consejo de Estado, Sala Plana de Sección Tercera, sentencia de 9 de febrero de 2012, Exp. 21060.

(39) Corte Constitucional, sentencia C- 965 de 2003.

(40) Consejo de Estado, sentencia de 25 de julio de 2011, Exp. 20.146.

(41) Consejo de Estado, sentencia de 19 de agosto de 2011, Exp. 19.237.

(42) Consejo de Estado, sentencia del 10 de agosto de 2005, Exp. 13444.

(43) Consejo de Estado, sentencias de 11 de noviembre de 2009, Exp. 18163; 4 de febrero de 2010, Exp.17720.

(44) La prueba de la existencia del daño, entendido este como la alteración negativa de un estado de cosas existente, es un requisito indispensable para que surja la responsabilidad civil del Estado y, en consecuencia, el deber de repararlo de manera integral (entre otras sentencias, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 15 de julio de 2000, Exp. 15800).

(45) En este sentido consúltese, entre otros pronunciamientos los siguientes: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 15 de julio de 2000, Exp. 15800.

(46) Henao Pérez, Juan Carlos. Op., cit., págs. 85 a 117.

(47) Ibíd., pág. 128. Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 22 de junio de 2011, Exp. 19311.

(48) En este sentido véase, entre otras sentencias, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 20 de septiembre de 2001, Exp. 10973, 23 de abril de 2008, Exp. 16271 y 19 de agosto de 2011, Exp. 19237.

(49) Saavedra Becerra, Ramiro. La Responsabilidad extracontractual de la administración pública, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 2003, pág. 607. “(...) [E]s muy frecuente que el perjuicio afecte no solamente a la víctima inmediata sino también a otras personas. En la terminología jurídica francesa, los daños que sufren tales personas, como consecuencia del daño corporal o de la muerte de la víctima del daño inicial, se conocen como domagges par ricochet(861), aunque algunos autores los denominan préjudices réfléchis. Los españoles, por su parte, prefieren denominarlos “daños por rebote” o daño indirecto”.

(50) Consejo de Estado, sentencia de 22 de abril de 2009, Exp. 16.694.

(51) Consejo de Estado, sentencia de 7 de abril de 2011, Exp. 20.750.

(52) Artículo 1º ibídem.

(53) En el hecho jurídico es aquel que se realiza sin la participación de la voluntad del hombre y que provienen básicamente de la naturaleza pero generan consecuencias jurídicas, tal es el caso de la muerte o el nacimiento.

(54) Artículo 2º ibídem.

(55) Artículo 101 ibídem.

(56) Artículo 5º ibídem.

(57) Artículo 102 ibídem.

(58) Artículo 45 ibídem.

(59) “ART. 46.—Circunscripción territorial para registro de nacimientos. Los nacimientos ocurridos en el territorio nacional se inscribirán en la oficina correspondiente a la circunscripción territorial en que hayan tenido lugar. Si el nacimiento ocurre durante viaje dentro del territorio, o fuera de él, la inscripción se hará en el lugar en que aquel termine”.

(60) Artículo 103 ibídem.

(61) Artículo 105 ibídem.

(62) Artículo 110 ibídem.

(63) Artículo 106 ibídem.

(64) Además de las pruebas testimoniales, obran en el plenario diferentes documentales que acreditaron este hecho, entre ellas: oficio expedido por la Fiscalía General de la Nación, el día 9 de abril de 2001 (fl. 13, cdno. 2); informe Nº 187 del grupo de delitos varios CTI, rendido el 2 de abril de 2001, con el fin de determinar el autor o autores de la incursión armada efectuada a la localidad de Satinga (fls. 15-19, cdno. 2); Oficio 160 NDTUM expedido por el Departamento de Policía de Nariño – Cuarto Distrito, el día 19 de marzo de 2001, mediante el cual se informa la novedad presentada el día 16 de marzo de 2001 al comandante del Departamento de Policía de Nariño (fls. 108-109, cdno. 2); y se destaca el oficio expedido por la Fiscalía General de la Nación - seccional Pasto, el día 3 de agosto de 2001 (fl. 69, cdno. 2), donde se lee: “(...) me permito remitir a esa unidad diligencias adelantadas por la inspección de policía municipal de Olaya Herrera, respecto de la incursión guerrillera realizada en dicho municipio el día 16 de marzo del año en curso. Dichas diligencias corresponden a: Levantamiento de cadáver de Yerife Castro García y se respectivo registro civil de defunción; levantamiento de cadáver de Junios (sic) Solís Angulo con su respectivo registro civil de defunción (...)”.

(65) Fl. 11, cdno. 1.

(66) Fls. 143-151, cdno. 3.

(67) “(...) [L]as presunciones se fundamentan en el acontecer lógico de ciertos sucesos en relación con otros (...) en estos casos las presunciones son solo elementos que conforman una operación intelectual del juez para reconstruir un hecho pasado (...). Las presunciones solamente señalan la vía que el juzgador debe seguir para concluir a partir de hechos concretos conocidos, que no tienen función representativa, la existencia o no de hechos desconocidos como en caso de las operaciones mentales que efectúa el juzgador en las presunciones hominis o las que lleva a cabo el legislador en las legales, para imponer una conclusión apriorística al juez que la aplica”. González Quintero, Carlos Ernesto. Las presunciones en el derecho colombiano, Bogotá, Editorial Leyer, 1998, págs. 29 y ss. Así las cosas, la presunción también se puede definir como “(...) un juicio del legislador o del juez, que consiste en tener como cierto o probado un hecho, partiendo de hechos debidamente probados”. Parra Quijano, Jairo. Manual de derecho probatorio, Bogotá, Ediciones El Profesional, 2006, págs. 710 y ss. Las presunciones suelen clasificarse en tres tipos, por una parte, aquellas creadas por el legislador, que pueden ser de derecho (iuris et de iure) o legales (iuris tantum), si bien ambas tienen como fuente la ley, las presunciones de derecho producen una certeza definitiva y como consecuencia de ello no admiten prueba en contrario, mientras que las presunciones legales pueden ser desvirtuadas. Finalmente, se encuentran las presunciones de facto o de hombre, caso en el cual el juez, con base en las máximas generales de la experiencia, realiza inferencias o juicios en virtud de los cuales se considera como cierto un hecho, admitiéndose, en todo caso, pruebas contrarias al hecho presumido. Devis Echandía, Hernando. Teoría general de la prueba judicial, Bogotá, Editorial ABC, Tomo II, Quinta Edición, 1995, págs. 693 y ss.

(68) En efecto, así lo sostuvo la Sección Tercera en reciente sentencia, al considerar que si bien se encontraba debidamente acreditado el parentesco entre las demandantes y la víctima, esto es, la madre y la hermana de un conscripto que murió como consecuencia de un suicidio, lo cierto es que al valorar la nota suicida quedó plenamente demostrado que las demandantes no tenían una relación de cercanía sentimental o de afecto con la víctima directa. Todo lo contrario, en dicho núcleo familiar se verificó la ausencia de cariño, la inexistencia de lazos de solidaridad y la falta de respecto por la dignidad humana, circunstancias estas que, a juicio del alto tribunal, no permitían presumir razonadamente que efectivamente las demandantes hubiesen experimentado dolor angustia o aflicción por la muerte del soldado conscripto y, como no aportaron al proceso ninguna prueba que acreditara lo contrario, no se ordenó condena alguna por perjuicios morales (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de febrero de 2019, Exp. 25334).

(69) En este sentido véase, entre otras, las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 17 de julio de 1992, Exp. 6750; sentencia de 30 de marzo de 2004, Exp. S 736; sentencia de 30 de agosto de 2007, Exp. 15724; sentencia de 26 de febrero de 2009, Exp. 16727.

(70) Así, por ejemplo, en fallo del 25 de febrero de 2009, esta corporación indemnizó a la demandante a pesar de no acreditar la calidad de cónyuge en la que concurrió al proceso, pues la partida eclesiástica de matrimonio, sumado al hecho de que era la madre de los hijos de la víctima, constituyeron indicio suficiente para reconocerle el equivalente a 100 SMLMV por concepto de los perjuicios morales sufridos como consecuencia de la muerte del subdirector de la cárcel de Florencia (Caquetá) frente a quien la Policía Nacional omitió adoptar las medidas de seguridad requeridas para protegerle la vida (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Exp. 18.106). Un caso similar se presentó en sentencia del 22 de junio de 1995(70), en la que se declaró que la falla en el servicio del municipio de Suárez (Cauca) había contribuido en la muerte de la víctima, y se condenó a la entidad demandada al pago del equivalente a 400 gramos oro por los perjuicios ocasionados a los demandantes que acudieron al proceso en calidad de cónyuge, hijos, e hijastra, así como al pago del equivalente a 200 gramos oro a quienes lo hicieron en calidad de hermanos y nietos del occiso, pero en este caso la condena se produjo en favor terceros damnificados, pues pese a la ausencia de la prueba conducente para acreditar el parentesco o la pertenencia al núcleo familiar directo de la víctima inicial, los testimonios rendidos en el proceso sí probaban la existencia del perjuicio material y moral que ese deceso les había ocasionado.

(71) Mazeaud, Henri y León y Tunc, André. Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil delictual y contractual. Buenos Aires. Ediciones Jurídicas Europa-América. 1977. 5ª. Edición. Tomo I, Vol. I. págs. 447, 449, 450 y 459.

(72) En sentencia del 14 de mayo de 1998, el turno fue para los suegros del occiso a quienes se les reconoció, a título de terceros damnificados, una indemnización de 600 gramos oro por concepto del daño moral que les produjo la muerte de un teniente de la Fuerza Aérea, en razón a que los testimonios que obraban en el expediente acreditaron que entre ellos existía una relación fraternal y que convivían bajo el mismo techo (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Exp. 10916).

(73) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Ricardo Hoyos Duque, Exp. 10517.

(74) Consejo de Estado, sentencia de 9 de mayo de 2011, Exp. 19388. Al respecto se pueden consultar, la Corte Constitucional, sentencia de 3 de octubre de 1997, Exp. T-495; sentencia de 18 de noviembre de 1997, Exp. T-592. Consejo de Estado. sentencia de 26 de marzo de 2008, Exp. 18846 y sentencia de 28 de enero de 2009, Exp. 18073.

(75) Corte Suprema de Justicia, sentencia de mayo 8 de 2001, Exp. 5668.

(76) “ART. 397.—Posesión notoria del estado de hijo legítimo. La posesión notoria del estado de hijo legítimo consiste en que sus padres le hayan tratado como tal, proveyendo a su educación y establecimiento de un modo competente, y presentándole en ese carácter a sus deudos y amigos; y en que estos y el vecindario de su domicilio, en general, le hayan reputado y reconocido como hijo legítimo de tales padres”.

(77) Fls. 152-154, cdno. 2.

(78) Fls. 154-156, cdno. 2.

(79) Consejo de Estado sentencia de 28 de agosto de 2014, Nº 26.251, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Nº 27.709 M.P. Carlos Alberto Zambrano.

(80) Fls. 152-154, cdno. 2.

(81) Fls. 154-156, cdno. 2.

(82) Al respecto se lee en el testimonio rendido el día 22 de febrero de 2002 por Epifanio Ramos Meza rendido, comandante de la estación de policía de Bocas de Satinga (objeto del ataque), que: “fuimos atacados como a las siete y cuarenta horas aproximadamente por un grupo de bandoleros de 150 a 200 subversivos fuertemente armados, (...) con armas de largo y corto alcance, con roquer (sic), granadas, pipetas y cilindro de gas, (...) nos destruyeron todo el cuartel y la munición se agotó (...) las instalaciones que se encontraban totalmente destruidas, los subversivos al ver que no nos entregábamos quemaron toda la manzana alrededor del cuartel, (...) cabe anotar que en la mencionada incursión murieron incinerados el señor Junior Solís jefe de desarrollo comunitario de ese municipio junto con su novia Yesif Yerife (...)” (fls. 72-73, cdno. 2).

(83) Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 21 de mayo de 2007. C.P. Mauricio Fajardo, Exp. 15989 y de 1º de marzo de 2006. Exp. 17256. M.P. María Elena Gómez Giraldo.

(84) Consejo de Estado, sentencia de 20 de febrero de 2003, Exp. 14.515.

(85) Consejo de Estado, sentencia de 9 de junio de 2005, Exp. 15.129.

(86) Consejo de Estado, sentencia de 6 de junio de 2007, Exp. 16.064.

(87) Nota de relatoría: Ver entre otras, sentencias del 12 de julio de 1990, Exp. 5666 y del 19 de marzo de 1998, Exp. 10.754.

(88) Fls. 152-154, cdno. 2.

(89) Fls. 154-156, cdno. 2.

(90) Fls. 61-73, cdno. 3.