Sentencia 2001-01218/37070 de marzo 14 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Radicación: 760012331000200101218 01 (37.070)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Belia Mena Caicedo y otros

Demandado: La Nación - Rama Judicial - y Fiscalía General de la Nación

Proceso: Acción de reparación directa

Asunto: Recurso de apelación

Contenido: Descriptor: Se revoca la sentencia que concedió las pretensiones de la demanda por encontrarse acreditada culpa exclusiva de la víctima, como hecho exoneratorio de responsabilidad del Estado. / Restrictor: La responsabilidad patrimonial del Estado derivada de actos ejecutados por la administración de justicia - Los presupuestos generales para configurar la responsabilidad estatal.

Bogotá, D.C., catorce de marzo de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «II. CONSIDERACIONES

Previo a decidir, debe precisarse que el recurso de alzada contra la sentencia de primera instancia, elevado por la parte demandada —Fiscalía General de la Nación— advirtió que la hoy accionante, no impugnó la providencia que la acusó como coautora del delito de concusión y que dispuso la medida de aseguramiento de fecha 30 de diciembre de 1997(13), lo que a la luz del artículo 70 de la Ley 270 de 1996(14), Estatutaria de la Administración de Justicia, configuraría una culpa exclusiva de la víctima, y por ende excluiría al Estado de su responsabilidad de indemnizar.

Sin embargo, del acervo probatorio allegado al plenario, la Sala evidencia que la defensa de la señora Belia Mena Caicedo en el proceso penal, si impugnó dicha decisión(15), perdiendo valor lo afirmado por el recurrente.

No obstante a lo anterior, la Sala pone de presente la configuración de una causal de eximente de responsabilidad del Estado, pero bajo el supuesto, de que la señora Mena Caicedo actuó con culpa grave dentro de los hechos investigados por la Fiscalía 92 Seccional de Cali, por el delito de concusión, de la que también se refirió el Ministerio Público en su concepto ya referido.

Por lo tanto, la Subsección previo a analizar los demás argumentos esgrimidos por el apelante en su recurso, pasará a analizar dicha situación advertida.

Así las cosas, la Sala examinará: i) Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado, ii) El derecho a la libertad individual, y iii) Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad; de igual forma se reseñaran las pruebas; y finalmente, con base en todo lo anterior se hará el análisis del caso concreto a fin de establecer si existe o no culpa exclusiva de la víctima.

1. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado.

En relación con la responsabilidad del Estado, la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización” al erigirla como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación o interés.

De lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, se desprende que esta tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión, ya sea atendiendo a los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro.

En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.

El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable,” sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración”(16).

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.

Finalmente, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede ser concebida simplemente como una herramienta destinada a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo(17) que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

2. El derecho a la libertad individual.

Dentro del catálogo de derechos contenido en la Constitución Nacional, la garantía de la libertad ocupa un especial e importantísimo lugar, esto es, la posición de derecho fundamental cuya eficacia emerge como el hilo conductor de todo el ordenamiento democrático y vincula a todas las manifestaciones del poder público y, fundamentalmente, al juez de responsabilidad extracontractual del Estado a quien se le impone el velar por la reparación integral de los perjuicios.

Es por esto que la limitación o restricción al derecho de libertad lleva consigo la configuración de un daño antijurídico que, en principio, el ciudadano no está obligado a soportar, en tanto no haya una razón jurídica que imponga tal carga, como es la comisión de una conducta punible, caso en el cual el particular puede ser restringido o privado del ejercicio de la libertad.

3. Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad.

La responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad en su construcción normativa y jurisprudencial ha pasado por las siguientes etapas:

En la primera etapa se consideró que debía aplicarse la teoría subjetiva o restrictiva, según la cual, esa responsabilidad estaba condicionada a que la decisión judicial de privación de la libertad fuera abiertamente ilegal o arbitraria, es decir, que debía demostrarse el error judicial(18).

También se sostuvo que dicho error debía ser producto “de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso”(19).

Así las cosas, tal declaratoria de responsabilidad procedía porque la privación de la libertad fue ilegal porque la captura se produjo sin que la persona se encontrara en situación de flagrancia o porque se realizó sin orden judicial previa.

Dijo entonces el Consejo de Estado:

“Ella [la sindicada] fue retenida en el curso de la investigación relacionada con el aludido secuestro; y del hecho de que hubiera sido absuelta al final no puede inferirse que fue indebida su retención. La justificación de la medida aparece plausible y nada hace pensar que en ella mediarán circunstancias extralegales o deseos de simple venganza.

“La investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra la persona sindicada, es una carga que todas las personas deben soportar por igual. Y la absolución final que puedan estas obtener no prueba, per se, que hubo algo indebido en la retención. Este extremo, de tan delicado manejo, requería pruebas robustas y serias y no meras inferencias o conjeturas”(20).

En una segunda etapa, el Consejo de Estado consideró que la privación injusta de la libertad por “error judicial” comprendía casos diferentes a los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal(21)-(22), eventos aquellos en los cuales la víctima debe demostrar lo injusto de su detención toda vez que en los del artículo 414 se presumen:

“En este orden de ideas, fuera de los casos señalados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, en los cuales la ley presume que se presenta la privación injusta de la libertad, cuando se pretenda obtener indemnización de perjuicios por esta causa, el demandante debe demostrar que la detención preventiva que se dispuso en su contra fue injusta; y, en tales eventos, habiéndose producido la detención preventiva por una providencia judicial, la fuente de la responsabilidad no será otra que el error jurisdiccional”(23).

En la tercera, que es la que prohíja la Sala actualmente, sostiene que se puede derivar la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad, cuando el proceso penal termina con sentencia absolutoria (o preclusión de la investigación), incluyendo el evento del in dubio pro reo, aunque para la privación se hayan cumplido todas las exigencias legales ya que se entiende que es desproporcionado, inequitativo y rompe con las cargas públicas soportables que una persona en el Estado Social de Derecho vea limitado su derecho a la libertad para luego resultar absuelto del cargo imputado.

Y es que en un Estado Social de Derecho la privación de la libertad solo debería ser consecuencia de una sentencia condenatoria, con el fin de proteger el principio universal de la presunción de inocencia establecido en el artículo 29 de la Constitución.

En consecuencia, se reitera que una vez que el juez de lo contencioso administrativo encuentre probado que el derecho fundamental a la libertad de una persona ha sido vulnerado como consecuencia de una decisión judicial, lo que constituye un daño antijurídico a la luz del artículo 90 de la C.P., debe ordenar su reparación.

En síntesis, la privación injusta de la libertad no se limita a las hipótesis previstas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 y además no interesa que ella sea intramural, domiciliaria, o consista en restricciones para salir del país o para cambiar de domicilio.

Esta idea vertebral se encuentra expresada como postulado en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 al disponer que “[q]uien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”, sin perder de vista que el artículo 70 de esa misma Ley prevé que “[e]l daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando esta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”.

Bajo la anterior óptica la Sala estudiará el asunto, previo análisis del material probatorio.

4. Caso concreto.

En el sub lite, los demandantes pretenden la declaratoria de responsabilidad patrimonial de la Nación - Rama Judicial y - Fiscalía General de la Nación, por los perjuicios a ellos causados como consecuencia de la privación injusta de la libertad de la que fue víctima la señora Belia Mena Caicedo, producto de la medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta por la Fiscalía 92 Seccional Cali el 30 de diciembre de 1997(24) a través resolución de acusación y la sentencia condenatoria de fecha 2 de diciembre de 1998(25) proferida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cali al considerarla coautora del delito de concusión; decisión que fue revocada por el Tribunal Superior del Valle del Cauca - Sala Penal el 29 de octubre de 1999.

Así las cosas, le corresponde a la Sala determinar si hay lugar a imputarle responsabilidad a los entes demandados por la privación de que fue objeto la señora Belia Mena Caicedo, o si por el contrario, se debe revocar la decisión del a quo que condenó a la Fiscalía General de la Nación.

En consecuencia, se encuentra demostrado que la señora Belia Mena Caicedo fue privada de su libertad el 15 de enero de 1998(26) en virtud de la resolución de acusación emitida por la Fiscalía 92 Seccional Cali de fecha 30 de diciembre de 1997(27), por ser presunta coautora del delito de concusión, otorgándole el beneficio de detención domiciliaria.

Igualmente está demostrado que mediante sentencia de fecha 2 de diciembre de 1998(28), el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cali, condenó a la señora Mena Caicedo a seis (6) años de prisión, como coautora del hecho punible de concusión en “concurso homogéneo, tipificado en el artículo 21 de la Ley 190 de 1995”, en la que se analizó la conducta de la señora Mena Caicedo, así:

“Toma aquí importancia el manuscrito obrante en xerocopia a folio 5 del cuaderno original dirigido a Belia, elaborado y suscrito por Róbinson (sic) Machado, de lo cual se tiene toda la seguridad porque en el dictamen grafotécnico se estableció que tales grafías corresponden al puño y letra del Robinsón Machado.

Cuando se le pone de presente este escrito a Róbinson (sic) Machado niega su autoría, argumentando que el mismo contiene determinados errores que él jamás plasma en sus escritos, es decir, está faltando a la verdad, lo que no es criticable porque está en todo el derecho de defenderse, pero que jamás puede servir de argumento para restar crédito a un dictamen de la naturaleza del mencionado, lo que se erige como indicio grave en su contra, pues si está diciendo que nunca participó, si se le entregaron platas, y en él se habla precisamente de una división dineraria por dos tabulados pendientes, lógico es que la afirmación que se hace en él manuscrito lo coloque al descubierto.

Igual análisis podemos hacer frente a Belia Mena en lo que respecta al documento en mención; esta afirma que el original del mentado documento lo encontró en su escritorio en los mismos días en que Róbinson (sic) Machado viajó a Cuba; inicialmente afirma que como él nunca le pasaba nada por escrito no reconoce la letra, pero que la firma se parece, que ella no le dio importancia y que como nadie trajo ninguna plata no pensó más en eso, lo guardó en su escritorio y días después cuando la cambiaron de puesto lo destruyó; una razón de tal magnitud no podía pasar desapercibida en una persona que nada tenía que ver, pues en una oficina pública que se habla de repartición de dinero, en empleado de cualquier rango llama la atención y lo pone a la expectativa y a poner en conocimiento la situación anómala, por lo menos de un compañero si uno no está involucrado en ello. El contenido del documento es bien disiente y no podía ir dirigido a persona que estuviera ajena a la situación, corriendo el riesgo del autor de que esta por más que fuera su secretaria lo descubriera, lo que allí se dice solamente se puede dirigir a persona que estuviera al tanto de lo ilegal que se estaba realizando, pues se le estaba encomendando nada más y nada menos que la misión de repartir la plata que se iba a recibir.

Del documento en mención previamente analizado se desprende indicio grave que compromete a los aquí procesados y que permite aseverar que la afirmación hecha por Robert Tulio García no es fruto de su imaginación, que es la realidad de lo acontecido”(29).

Contra la anterior providencia, se alzó en recurso de apelación la defensa de la señora Belia Mena Caicedo, el cual fue resuelto por el Tribunal Superior del Distrito de Cali el 29 de octubre de 1999(30), a través de sentencia que revocó lo concerniente a la responsabilidad de la procesada, decretando la absolución de todos los cargos que le habían sido imputados y ordenando su libertad inmediata, acción que se ejecutó el 3 de noviembre de 1999(31). Para sustentar su decisión, el colegiado sostuvo lo siguiente:

“La Sala piensa que no hay plena prueba de la culpabilidad de esta secretaria, básicamente, porque no estaba investida de capacidad funcional y de jerarquía, para intervenir en actor que no podía proyectar, especialmente porque carecía de autonomía decisoria en las ilegales Resoluciones administrativas. Con ella nadie habló para recibir dineros o tabulados. Lo más relievante (sic), ningún usuario la acusa de haber servido intereses personales, como si aconteció con respecto al convicto ROBERT TULIO, y al imputado ROBINSON MACHADO.

Esa incapacidad para despertar temor en los usuarios, no estuvo encubierta, a través de amenazas veladas, pero además carecía de competencia, para intervenir en tipo tan especial. La mayor prueba de ello se observa, cuando creyéndole a su jefe, proyectó Resoluciones con su sola firma, en la convicción, que STELLA RAMÍREZ, le había delegado telefónicamente competencia, para ganar en eficiencia y celeridad en los trámites, ocasionadas por la congestión de su despacho.

No es que se dude, que ROBERT TULIO le hubiere entregado los $ 40.000,00 sino que no quedó debidamente establecido, si el convicto lo hizo por desprendimiento o generosidad, por la colaboración que había prestado, sin saber desde luego que estaba desarrollando un acto ilegal, y menos fruto de una distribución de trabajos antijurídicos” (Subrayado fuera de texto).

En efecto, en dicha providencia fue valorada la declaración rendida por el señor Robert Tulio García, llevada a cabo el 20 de marzo de 1997(32) ante la Fiscalía 92 Seccional, la cual tuvo una gran incidencia en la búsqueda de la verdad de los hechos, tanto así, que es tenida en cuenta por el Tribunal de segunda instancia, para confirmar la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cali en contra del señor Robinson Machado y para absolver a la aquí demandante del delito que le era imputado; declaración donde se resalta lo siguiente:

“PREGUNTADO: Se dice que el dinero entregado por los usuarios era para rebaja de multa por no revisión y sin embargo la resolución decretaba la exoneración, quiere decir que el dinero entregado por el usuario era el que se repartían entre BELIA MENA, MACHADO y Usted? CONTESTÓ: Manifiesto al despacho que el dinero entregado por los usuarios era para cancelar la totalidad del tabulado, es decir, que una vez rebajaba la multa por no revisión había que entregar la parte correspondiente a los impuestos, a la señora MENA recuerdo una sola vez haberle dado dinero $ 40.000,oo y al señor MACHADO aproximadamente en tres ocasiones le di sumas de dinero entre 100 y 120 mil pesos, porque le manifesté de antemano que tenía unos amigos que necesitaban de la colaboración (...)” (Subrayado fuera de texto).

En ese mismo sentido en ampliación de su indagatoria del 27 de mayo de 1997 ante la Fiscalía 92 Seccional de Cali(33), afirmó el motivo por el cual entregó a la señora Belia Mena Caicedo dicha suma de dinero:

“PREGUNTADO: Diga en qué casos entregó dinero a BELIA MENA y porqué (sic) motivo? CONTESTÓ: Del dinero de las personas que me denunciaron, y el motivo fue tal vez buscando un trámite rápido”.

De igual manera, en la sentencia absolutoria fue valorado el documento consistente en un manuscrito(34), cuya autoría se le atribuyó al señor Robinson Machado(35), dirigido expresamente a la señora Mena Caicedo y en donde se le instruyó acerca de la distribución a compañeros de la misma Secretaría, de los dineros captados a diferentes usuarios por concepto de rebaja de multas.

Los anteriores medios de prueba y lo manifestado por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en sentencia del 29 de octubre de 1999(36), en la que afirmó, que no se dudaba del dinero recibido por la acusada, sino de la motivación con que esta actuó frente a dicha retribución, le indican a la Subsección que el comportamiento desplegado por la señora Belia Mena Caicedo fue irregular, provocando así que se iniciara una investigación en su contra para poder esclarecer los hechos denunciados por la Secretaría de Tránsito de Cali.

Por tanto, para la Subsección es claro que fue el proceder de la propia investigada la que dio lugar al proceso penal que se adelantó en su contra, con base en los siguientes comportamientos:

1. Primero, por no haber puesto en conocimiento la situación (repartición de dinero entre funcionarios, de acuerdo con la nota que le dejó Robinson Machado) a la Secretaría de Tránsito, o en su defecto haberle puesto de presente el manuscrito a su jefe inmediato, con el propósito de que este le aclarara el origen y la motivación de este; sin embargo, contrario a lo esperado, la funcionaria(37) decidió esperar hasta el final del día para ver si lo que decía el manuscrito era cierto;

2. Y Segundo, por haber recibido la suma de cuarenta mil pesos ($ 40.000,oo) por parte de un compañero de trabajo, tal y como quedó dilucidado en la declaración de Robert Tulio García para obtener favores, el cual fue valorado dentro del trámite del proceso penal, tanto en la sentencia de primera como en la de segunda instancia.

En efecto, las citadas circunstancias dieron lugar a que el Estado en el ejercicio legítimo de sus funciones iniciara las investigaciones que consideró pertinentes. Así las cosas, es claro que fue el comportamiento anómalo de la señora Belia Mena Caicedo, el que generó que el aparato judicial se pusiera en movimiento con la finalidad de esclarecer el origen de la denuncias realizadas por la Secretaría de Tránsito.

Por otra parte, es pertinente señalar que de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 190 de 1995, en concordancia con los artículos 26 y 27 del Decreto Ley 100 de 1980 —Código Penal— vigente para la época de los hechos, el servidor público incurría en concusión cuando este abusando de su cargo o de sus funciones, constreñía o inducía a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos, o los solicitara.

De manera que, era la encartada la que debía probar su diligencia, acreditando que había puesto en conocimiento de las autoridades, los hechos e irregularidades que se venían presentado al interior de la entidad, cosa que no ocurrió.

Lo anterior, no riñe con el hecho de que el Juez penal de segunda instancia en ejercicio de sus funciones y en aplicación del arbitrio judicial considerara que los medios de prueba recaudados no eran suficientes para endilgar responsabilidad a la acusada, afirmando que “La Sala piensa que no hay plena prueba de la culpabilidad de esta secretaria, básicamente, porque no estaba investida de capacidad funcional y de jerarquía, para intervenir en actos que no podía proyectar, especialmente porque carecía de autonomía decisoria en las ilegales Resoluciones administrativas (...)”.

En resumen, si bien la conducta desplegada por Mena Caicedo no era suficiente para adecuarse al tipo penal de concusión, se observa que la actuación de dicha funcionaria es reprochable, por i) no comunicar las situaciones anómalas de las cuales tuvo conocimiento, ante su superior jerárquico, y ii) por el hecho de haber recibido dinero por parte de un compañero de trabajo(38).

De lo anterior, la Sala establece que la señora Belia Mena Caicedo, actuó con culpa grave, pues su actuar fue negligente y omisivo, configurándose de esta manera lo establecido en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, que establece que en caso de responsabilidad del Estado por el actuar de sus funcionarios y empleados judiciales “el daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando esta haya actuado con culpa grave o dolo”.

En efecto, a juicio de la Sala está plenamente acreditado que la privación de la libertad de la demandante tuvo su origen sino en el comportamiento indebido que asumió la aquí accionante como servidora pública, desconociendo las diferentes normas que a ella la regían, dando lugar a que la Fiscalía actuando en el marco de la Ley, y con base en un indicio grave de responsabilidad iniciara la respectiva investigación penal.

De esta manera, queda evidenciada la configuración de una de las causales eximentes de responsabilidad como lo es la culpa exclusiva de la víctima, consagrada el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, presupuesto que como quedó dicho en párrafos anteriores se cumple en el caso objeto de análisis.

En conclusión, se revocará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por encontrarse configurados los presupuestos de la culpa exclusiva de la víctima, que da lugar a exonerar de responsabilidad patrimonial al Estado.

En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre la de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

REVOCAR la sentencia proferida el 13 de marzo de 2009 por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca y en su lugar se dispone:

1. NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en esta providencia.

2. Sin condena en costas.

3. DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

13 Fls. 752-775 del cdno. 4.

14 “El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando esta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado” (Subrayado fuera del texto).

15 Fls. 790-791 del cdno. 4. El apoderado en el proceso penal de la señora Belia Mena Caicedo, Dr. Helbert Francisco Mideros Orobio, mediante escrito del 13 de enero de 1998, impugnó la decisión del 30 de diciembre de 1997 emitida por la Fiscalía General de la Nación, en la que acusó a su cliente del delito de concusión.

16 Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.

17 “En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. PANTALEÓN, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en AFDUAM, Nº 4, 2000, p. 174.

18 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 1 de octubre de 1992, Expediente 10923.

19 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 2 de mayo de 200, Expediente 15989.

20 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 25 de julio de 1994, Expediente 8666.

21 Otros casos de detención injusta, distintos de los tres previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrían ser, por vía de ejemplo, los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querella de parte para el ejercicio de la acción penal, etc.

22 Decreto 2700 de 1991, artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios.
Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave.

23 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 17 de noviembre de 1995, Expediente 10056.

24 Fls. 752-776 del cdno. 4.

25 Fls. 1234-1272 del cdno. 8.

26 Diligencia de Compromiso que suscribió la señora Belia Mena Caicedo, en virtud de sustitución de detención preventiva por la detención domiciliaria en favor del mismo, de fecha 15 de enero de 1998, obrante a folio 793 del cdno. 4.

27 Fls. 752-776 del cdno. 4.

28 Fls. 1234-1272 del cdno. 8.

29 Fl. 38 del cdno. 1.

30 Fls. 1372-1439 del cdno. 8.

31 Fl. 1442 del cdno. 8.

32 Fl. 530 del cdno. 2.

33 Fl. 648 del cdno. 4.

34 Fl. 11 del cdno. 5.

35 Con relación al dictamen de medicina legal respecto del manuscrito en que Robinson Machado, le dio instrucciones a Belia Mena Caicedo, sobre repartición de dinero, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, adujo lo siguiente:
“Toda esta parafernalia con respecto al documento del folio 5, tuvo un final técnico, como fue el de someter el escrito al rigor del grafólogo forense GUSTAVO GUTIÉRREZ SALAZAR, quien concluyó en el dictamen del 12 de junio de 1997, que las grafías recepcionadas al Doctor MACHADO en el folio 653 fte., tiene identificación, con la copia fotostática del folio 5, dictamen del cual se corrió traslado el 20 de junio de 1997 (fls. 664 y 674) produciendo ejecutoria el 8 de julio de 1997 (fl. 692), sin haber sido objetado.
Pretende el Doctor LOAIZA sostener que el Instituto de Medicina Legal, no dijo que MACHADO fue el autor del documento, lo que es axiomático, pero no deja de constituir frente a la sana crítica, un medio de persuasión, de afirmación de autoría, porque es impresionante, desde el introito, el parecido de la muestra grafológica imprimida por el Doctor MACHADO (fl. 653 fte.), con la letra cursiva de la copia del folio 5, sin necesidad incluso de ser experto”. Folios 103-104 del cdno. 1.

36 Fls. 1372-1439 del cdno. 8.

37 Fl. 11 del cdno. 5. En dicha declaración la señora Belia Mena Caicedo, afirmó lo siguiente:
“PREGUNTADO: Tiene el Despacho conocimiento que usted es empleada de la Secretaría de Tránsito de este lugar y en estas funciones usted recibió un escrito en la que se habla de entrega de dinero a unos funcionarios de la misma Institución. Sobre esto que nos puede comunicar? CONTESTÓ: Yo como lo había dicho antes en la Personería, el documento no me llegó a mis manos, al otro día que yo llegué a trabajar el documento estaba sobre mi escritorio y yo leí y a mí se me hizo raro que el doctor ROBINSON MACHADO, Jefe de la Unidad Jurídica no me hubiese hecho entrega personal de ese papel, cuando lo leí me causó también risa y yo en ningún momento fui a buscar a esas personas que nombran allí, y yo me quedé esperando a ver si era cierto que iba a llegar alguien con plata, pero nadie llegó. PREGUNTADO: Recuerda usted cuál era el contenido del escrito, cómo venía escrito? CONTESTÓ: Yo me acuerdo que el escrito venía a mano con letra pegada y encabezado con mi nombre, recuerdo que decía que entregara a JESUS EFRÉN, no me recuerdo bien el nombre de él, MEQUICEDED, decía que si venían por unos tabulados que les entregara la plata, algo así decía”.

38 Ley 200 de 1995: ART. 40.—LOS DEBERES. Son deberes de los servidores públicos los siguientes (...) 8. Desempeñar su empleo, cargo o función sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones legales (...) ART. 41.—PROHIBICIONES. “1. Solicitar o recibir dádivas, o cualquier otra clase de lucro proveniente directa o indirectamente del usuario del servicio, del funcionario, empleado de su dependencia o de cualquier persona que tenga interés en el resultado de su gestión (...).