Sentencia 2001-01221 de julio 10 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Rad.: 130012331000200101221

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Autoridades Distritales

Actor: Héctor Blanco Portacio

Bogotá, D.C., diez de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

Procede la Sala a examinar las argumentaciones expuestas por la entidad demandada en el recurso de apelación, y de conformidad el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil se limitará a conocer solamente de los puntos o cuestiones a los cuales se contrae dicho recurso, pues los mismos, en el caso de apelante único, definen el marco de la decisión que ha de adoptarse en esta instancia.

La recurrente manifiesta que tribunal reconoció al demandante los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir por no haber ejercido su cargo como Gerente de la sociedad Vehitrans S.A., condenando a la Cámara de Comercio de Cartagena al pago de veintitrés millones novecientos treinta y dos mil setecientos cincuenta y siete pesos M/CTE ($23.932.757); pero la Cámara de Comercio no quitó u otorgó la calidad de gerente o representante legal al demandante, puesto que estas calidades solo devienen de los estatutos de la sociedad y solo pueden ser establecidos o modificados por decisión de la asamblea de socios de la misma.

Los actos de registro de las cámaras de comercio, son de contenido netamente declarativo mas no constitutivo, lo cual supone que el solo acto de revocatoria directa no le quitó al demandante la condición de gerente de la empresa Vehitrans S.A., por lo tanto no le fueron violados al mismo, los derechos que este consideró, debían restablecérsele.

El acto acusado es del siguiente tenor:

“Resolución 4

(4 de abril de 2001)

Por la cual se decide una revocatoria de la inscripción en un registro mercantil del fallo del Tribunal Superior del Distrito de Cartagena, sobre el recurso de anulación en el laudo arbitral de Transportes Ballestas S.A. y Eduardo Bárcenas Vergara contra H.B. y Cía. Ltda. y Hernando Sierra Porto.

El presidente de la junta directiva y la directora jurídica de la Cámara de Comercio de Cartagena,

en uso de sus facultades legales y estatutarias y

Considerando

Primero: Que el día 26 de enero de 2001, se inscribió en el registro mercantil bajo el número 31844 del libro IX de designación del gerente principal y suplente de la firma Vehitrans S.A. contenida en el laudo proferido en conciencia por el Tribunal arbitral convocado para dirimir las diferencias entre Transportes Ballestas S.A. Y Eduardo Bárcenas Vergara contra H.B. y Cía. Ltda. y Hernando Sierra Porto.

Segundo: Que con posterioridad, el día 14 de marzo de 2001 se inscribió en el registro mercantil , bajo el número 32.234 del libro IX, la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, que declara la prosperidad del recurso de anulación promovido contra el laudo arbitral en el caso Transportes Ballestas S.A. y Eduardo Bárcenas Vergara contra H.B. y Cía. Ltda. y Hernando Sierra Porto.

Tercero: Que en la mencionada providencia se resolvió que como consecuencia de ello ‘se ordena la corrección en su integridad del laudo recurrido quedando la designación y funciones de los gerentes conforme a los estatutos de la sociedad y en lo que estos guarden silencio, las leyes colombianas o a falta de estas a la costumbre mercantil, teniendo presente la consonancia que debe existir entre las pretensiones debatidas en el proceso y lo que se resuelva.

Cuarto: En desarrollo de lo anterior, se entendió que las cosas volvían al estado anterior y en consonancia con ello la Cámara de Comercio de Cartagena corrigió el certificado de existencia y representación legal de la referida sociedad, incluyendo como representantes legales y gerente principal y suplente, a las personas que figuraban como tales con anterioridad a la expedición del laudo del tribunal arbitral encargado de solucionar las diferencias entre Transportes Ballestas S.A. y Eduardo Bárcenas Vergara contra H.B. y Cía. Ltda. y Hernando Sierra Porto.

Quinto: Que la decisión de la Cámara de Comercio de Cartagena de inscribir el fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena no se ajusta a derecho, por cuanto dicha providencia no ordenó revocar los nombramientos inscritos en el registro mercantil en virtud del laudo en cuestión, ni mucho menos ordenó su inscripción en este registro.

Sexto: Que se estableció equivocadamente una relación de causalidad entre el acta del 26 de enero de 2001 y el acto del 14 de marzo del mismo año, por cuanto el primero incluye en el artículo segundo del laudo arbitral, la designación de Eduardo Bárcenas Vergara y de Hernando Ballestas Campo, como representantes legales y gerentes principal y suplente en el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2001 y ordena en él su inscripción en el registro mercantil, mientras que el segundo ordena su corrección de forma indeterminada, no siendo la Cámara de Comercio competente para corregirlo.

Séptimo: Que como consecuencia de lo anterior resulta aplicable la revocación directa prevista en el numeral 1º del artículo 69 del Código Contencioso Administrativo por tratarse de manifiesta oposición a la letra de la ley.

Octavo: Que teniendo en cuenta los considerandos anteriores,

RESUELVE

“ART. PRIMERO.—REVOCAR la inscripción número 32239 del libro IX del 14 de marzo de 2001 por la cual se inscribió la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, que declara la prosperidad del recurso de anulación promovido contra el laudo arbitral en el caso Transportes Ballestas S.A. y Eduardo Bárcenas Vergara contra H.B. y Cía. Ltda.

“ART. SEGUNDO.—INSCRIBIR la presente resolución en el registro mercantil de esta entidad y proceder a la modificación de los nombres de los representantes legales o gerentes principal o suplente de la sociedad Vehitrans S.A.

“ART. TERCERO.—INFORMAR a la junta directiva de esta entidad el contenido de la presente resolución.

“ART. CUARTO.—Contra esta resolución no procede recurso alguno y queda agotada la vía gubernativa.

Dada en Cartagena de Indicas a los (04) cuatro días del mes de abril de 2001”.

De lo manifestado por el recurrente en su escrito de apelación infiere la Sala que su inconformidad con la providencia de primera instancia, radica en la decisión del a quo contenida en el numeral quinto por medio de la cual concedió a título de indemnización pagar al actor la suma de $23´932.757, liquidación del perjuicio resultante de los salarios y demás prestaciones dejadas de percibir al dejar de ser gerente de la empresa Vehitrans S.A., como consecuencia de la expedición del acto administrativo acusado.

Por lo anterior la Sala se referirá exclusivamente a la condena impuesta por el tribunal, ya que el apelante no ataca o contradice de ninguna manera las consideraciones del Tribunal en lo referente a la nulidad del acto acusado.

La parte resolutiva de la providencia recurrida es la siguiente:

“Primero: Declarase la nulidad de la Resolución 4 de abril 4 de 2001 proferida por la Cámara de Comercio de Cartagena, mediante la cual revocó la inscripción número 32239 del libro IX del 14 de marzo de 2001 por la cual se inscribió la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, que declara la prosperidad del recurso de anulación promovido contra el laudo arbitral en el caso Transportes Ballestas S.A. y Eduardo Bárcenas Vergara contra H.B. y Cía. Ltda.

Segundo: Como consecuencia de lo anterior, se decreta la nulidad de la inscripción Nº 32434 efectuada en el libro IX del registro mercantil, mediante la cual se inscribió la precitada Resolución 4 de 2001 emanada de la Cámara de Comercio de Cartagena.

Tercera: Como consecuencia de la nulidad y a título de restablecimiento del derecho, se declara que para todos los efectos de ley, que se encuentra vigente la inscripción número 32239 del libro IX del 14 de marzo de 2001, referente a la sentencia de fecha febrero 15 del año 2001 proferida por el Tribunal Superior Distrito Judicial de Cartagena, por el cual declara la prosperidad del recurso de anulación promovido contra el laudo arbitral de fecha septiembre 14 del año 2000 a través de los señores Transportes Ballestas S.A. y Eduardo Bárcenas Vergara contra H.B. y Cía. Ltda. y Hernando Sierra Porto.

Cuarta: La pretensión cuarta de la demanda inicial se deniega, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

Quinta: La pretensión, quinta y sexta de la demanda adicional, se concede a título de indemnización. En consecuencia se ordena pagar la Cámara de Comercio al señor Héctor Blanco Portacio, la suma de diez y ocho millones setecientos cincuenta mil pesos M/CTE., conforme a la liquidación de los perjuicios realizada en la parte motiva y actualizada conforme a la siguiente fórmula matemática:

VA =Índice final x VH (sic)
VA =161.16 (diciembre 20081 x
18.750.000 126.26 (julio 2001) (sic)
VA =$ 23.932.757

Séptimo: Désele cumplimiento la demanda a los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo”.

En efecto el tribunal consideró que si bien es cierto, que el actor no ha tenido una relación laboral con la demandada, sino más bien una relación de carácter registral comercial también es un hecho cierto, que la revocatoria de la inscripción de la sentencia del Tribunal Superior de Bolívar le ocasionó un perjuicio económico, consistente en que fue privado de los salarios y demás emolumentos que le venía pagando la sociedad Vehitrans S.A., al dejar de ser gerente, causándole un daño directo al demandante.

Problema jurídico.

Cierto es que de conformidad con el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; y también podrá solicitar que se le repare el daño.

Para la Sala el problema jurídico consiste en determinar la viabilidad de la indemnización en, primer lugar, acreditando la existencia del daño o perjuicio que en este caso, según el actor es su retiro del cargo de gerente por insubsistencia, lo cual se deduce del texto de la pretensión quinta, y consecuentemente los dineros dejados de percibir por salarios y prestaciones y, en segundo lugar, su relación con la revocatoria del acto de inscripción contenido en la Resolución 4 de 4 de abril de 2001 acusada.

Material probatorio.

Para el caso concreto se allegan al expediente, entre otros, los siguientes documentos:

A folios 24 a 49 del expediente se encuentra copia del laudo arbitral de 14 de septiembre de 2000, el que resuelve:

“Primero: Declárase que a partir del primero de enero de 2001, y hasta el 31 de diciembre de 2002 la representación legal o gerencia de la sociedad Vehitrans S.A., será ejercida por los socios Eduardo Bárcenas Vergara y Hernando Ballestas Campo.

Segundo: Desígnense representantes legales o gerentes principal y suplente de la sociedad Vehitrans S.A., en su orden a los señores Eduardo Bárcenas Vergara y Hernando Ballestas Campo, para el período de un año a partir del primero (1º) de enero del 2001 hasta el 31 de diciembre del mismo año.

(...).

Octavo: Ordénase el registro o inscripción de este laudo en la Cámara de Comercio de Cartagena en la matrícula respectiva para los fines pertinentes y su posterior protocolización del expediente en una Notaria del Círculo de Cartagena. (...)”.

A folios 28 a 71 del cuaderno principal del expediente, se encuentra copia de la providencia proferida por Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena Sala Civil - Familia, el 15 de febrero de 2001, en la que en su parte resolutiva señala:

“1. Declarar la prosperidad del recurso de anulación contra laudo arbitral proferido el 14 de septiembre de 2000 por el Tribunal de Arbitramento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Cartagena dentro del proceso arbitral promovido por Transportes Ballestas S.A. y Eduardo Bárcenas Vergara contra H.B. y Cía. Ltda. y Hernando Sierra Porto.

2. Como consecuencia de lo anterior se ordena la corrección, en su integridad, del laudo recurrido, quedando, la designación y funciones de gerentes conforme a los estatutos de la sociedad y en lo que estos guarden silencio, las leyes colombianas o a falta de estas la costumbre comercial, teniendo presente la consonancia que debe existir entre las pretensiones debatidas en el proceso y lo que se resuelva. (...)”.

A folio 79 del expediente, dentro del certificado de existencia y representación legal de la sociedad Vehitrans, expedido el 23 de abril de 2001 por la Cámara de Comercio de Cartagena se lee:

“(...) Certifica:

Que según acta Nº 12 del 4 de agosto de 1997, correspondiente a la Junta Directiva en Cartagena de la Sociedad: cuya parte pertinente se inscribió en esta Cámara de Comercio, el 20 de agosto de 1997 bajo el Nº 22.058 del libro respectivo, fueron hechos los siguientes nombramientos:

CargoNombreIdentificación
Representante legal gerenteHéctor R. Blanco PortacioC.****9,053,854
Representante legal suplenteEduardo Bárcenas Vergara****************

Que los anteriores nombramientos se certifican nuevamente en virtud de la providencia del 15 de febrero de 2001, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena dentro del recurso de anulación interpuesto contra el laudo del 14 de septiembre de 2000, mediante el cual ordenan la corrección, en su integridad del lauto recurrido, quedando la designación y funciones de los gerentes conforme a los estatutos de la sociedad, y en los que estos guarden silencio, las leyes colombianas o a falta de estas la costumbre comercial (...)”.

A folio 79 del expediente, dentro del certificado de existencia y representación legal de la sociedad Vehitrans, expedido el 13 de julio de 2001 por la Cámara de Comercio de Cartagena se lee:

“(...) Certifica:

Que según acta Nº 13 del 14 de septiembre de 2000, correspondiente al laudo arbitral emanado del tribunal de arbitramento instaurado para dirimir controversias entre: Transporte Ballestas S.A. y Eduardo Bárcenas Vengara contra H.B. y Cía. Ltda. y Hernando Sierra Porto, cuya parte pertinente se inscribió en esta Cámara de Comercio del 26 de enero 2001 bajo el Nº 31844 del libro respectivo, fueron hechos los siguientes nombramientos en la sociedad Vehitrans S.A; representante legal gerente: Eduardo Bárcenas Vergara (...) representante legal suplente: Hernando Ballestas Campo.

Certifica:

Que los anteriores nombramientos se certifican en virtud de la inscripción Nº 32434 del libro IX, correspondiente a la Resolución 4 del 5 de abril de 2001 de la Cámara de Comercio de Cartagena por la cual se decidió la revocatoria directa de la inscripción Nº 32239 del libro IX del registro mercantil, correspondiente al fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena sobre el recurso de anulación del laudo arbitral instaurado para dirimir controversias entre: Transporte Ballestas S.A. y Eduardo Bárcenas Vergara contra H.B. y Cía. Ltda. y Hernando Sierra Porto (...)”.

De lo anterior y del contenido de la demanda y su contestación, establece la Sala que la empresa Vehitrans sometió a arbitramento la controversia propuesta por Transporte Ballestas S.A. y Eduardo Bárcenas Vergara contra H.B. y Cía. Ltda. y Hernando Sierra Porto (cláusula compromisoria de los estatutos de la sociedad – art. 30), demandando los primeros su derecho a ejercer el cargo de gerente de la empresa Vehitrans, en forma rotativa y por el mismo término que la han ejercido los demandados.

Las decisiones del tribunal de arbitramento de septiembre 14 de 2000, entre otras, fueron las de designar a los señores Eduardo Bárcenas Vergara y Hernando Ballestas Campo representantes legales o gerentes, principal y suplente, de la sociedad para el periodo de un año a partir del 1º de enero de 2001 y ordenar el registro o inscripción del laudo en la Cámara de Comercio de Cartagena. El 26 de enero de 2001, la Cámara de Comercio en cumplimiento del laudo arbitral inscribió la parte resolutiva del laudo arbitral en el registro mercantil.

El actor presentó recurso de anulación contra el laudo arbitral de 14 de septiembre de 2000, el cual fue decidido en sentencia de 15 de febrero de 2001 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, resolviendo la anulación del laudo y básicamente ordenando que quede “la designación y funciones de los gerentes conforme a los estatutos de la sociedad”, devolviéndole entonces al actor, su estatus de gerente y representante legal de la sociedad Vehitrans.

La Cámara de Comercio, a solicitud del actor, el 14 de marzo de 2001 procedió a inscribir el fallo del Tribunal Superior, señalando como se observa en el la certificado de existencia y representación legal ya transcrito que el cargo de representante legal - gerente de Héctor Blanco Portacio y representante legal - suplente de Eduardo Bárcenas Vergara, “(...) se certifican nuevamente en virtud de la providencia del 15 de febrero de 2001, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena”. Finalmente el 4 de abril de 2001 la Cámara de Comercio por resolución ahora demandada resuelve revocar su propio acto de inscripción de 14 de marzo de 2001.

Caso concreto.

Observa la Sala que la pretensión quinta de la demanda es la siguiente:

“Quinto: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se ordene reconocer y pagar al actor o a quien represente sus derechos, todas las sumas correspondientes a sueldos, primas, bonificaciones, vacaciones y demás emolumentos dejados de percibir inherentes a su cargo de gerente de la entidad Vehitrans S.A. con efectividad a la fecha de la insubsistencia hasta cuando sea reincorporado al servicio, incluyendo el valor de los aumentos que se hubieren decretado con posterioridad a la insubsistencia”.

La única prueba existente del retiro del actor como gerente, es una certificación “en original” expedida por la empresa Vehitrans S.A., suscrita por la contadora Delfina Sinning Carcamo que obra a folio 142 cuaderno principal del expediente y que fuera allegada por el propio actor con el escrito de adición a la demanda presentada ante el tribunal de primera instancia el 29 de agosto de 2001. En ella se lee:

“Certifica:

Que el doctor Héctor Rafael Banco Portacio identificado con la cédula de ciudadanía Nº 9.053.854 de Cartagena (Bol.). Prestó sus servicios a esta empresa en el cargo de gerente desde el día 1º de febrero de 1997 hasta el 1º de febrero de 2001 y su último salario mensual fue por la suma de dos millones quinientos mil pesos ml ($2.500.000).

Dada en Cartagena a los veinticinco días del mes de julio de 2001”.

De lo anterior infiere la Sala que al señor Héctor Blanco Portacio fue retirado con declaración de insubsistencia a partir del 2 de febrero de 2001 fecha en la que según la certificación de la empresa Vehitrans dejó de ser su gerente.

Se puede deducir entonces, que a pesar de que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, luego de declarar la prosperidad del recurso de anulación del laudo arbitral en sentencia de 15 de febrero de 2001 y ordenar que la designación y funciones de los gerentes quedaba conforme a los estatutos de la sociedad, la empresa Vehitrans S.A no siguió reconociendo al señor Blanco Portacio como su gerente y tampoco le pagó su sueldo, al menos no hasta la fecha en que fue presentada ante el Tribunal de primera instancia la certificación transcrita.

Ahora bien, volviendo a la pretensión del actor de indemnización por parte de la Cámara de Comercio de Cartagena, respecto a los requisitos para establecer dicha indemnización del perjuicio por el daño causado, esta Sala(1) ha considerado que los elementos facticos que la produzcan deben estar probados dentro del proceso, al respecto indicó:

“Sobre el particular es menester precisar que una cosa es el restablecimiento del derecho, que en muchos casos puede resultar automático, esto es, como consecuencia directa a inmediata de la sola declaración del nulidad del acto acusado; y otra muy distinta es la indemnización de perjuicios causados por el acto administrativo anulado. De allí que el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo se detenga en preverlos de manera individualizada al señalar que ‘Que toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño’. En ese orden, cuando se trate de perseguir la reparación del daño, se debe tener en cuenta que este se encuentra sujeto a que se den todos los elementos y características del mismo, las cuales, por tratarse de circunstancias fácticas, requieren ser probadas o demostradas en el proceso, debiéndose aplicar la regla de que la prueba de los hechos la tiene quien los alegue en su favor. Lo primero que se ha de probar es la ocurrencia o existencia del daño o perjuicio causado; con ello se debe acreditar el hecho o acto generador del perjuicio y, en tercer lugar, la relación de causalidad entre uno y otro. En cuanto hace al daño, ha de ser real y actual y, se debe acreditar su quantum en la oportunidad debida, esto es, en el proceso o, en su defecto, en el incidente a que hubiere lugar cuando se trate de condena in generi”.

En consecuencia, para determinar la viabilidad de la indemnización debe estar acreditada la existencia del daño o perjuicio que en este caso, según el actor es su retiro del cargo de gerente por insubsistencia y consecuentemente los dineros dejados de percibir por salarios y prestaciones y su relación con la revocatoria del acto de inscripción contenido en la Resolución 4 de 4 de abril de 2001 acusada.

Es importante, antes de establecer la existencia de un nexo causal entre el hecho generador y el daño, determinar cuál es la función del registro mercantil de donde deviene, en este caso, supuestamente, el hecho generador del daño, es decir, la revocatoria directa de la inscripción de 14 de marzo de 2001.

Las normas pertinentes del Código de Comercio respecto de la función registral son las siguientes:

“Del registro mercantil

“ART. 26.—Registro mercantil - Objeto - Calidad. El registro mercantil tendrá por objeto llevar la matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de comercio, así como la inscripción de todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exigiere esa formalidad.

El registro mercantil será público. Cualquier persona podrá examinar los libros y archivos en que fuere llevado, tomar anotaciones de sus asientos o actos y obtener copias de los mismos.

“ART. 27.—Competencia de las cámaras de comercio para llevar el registro mercantil - Competencias de la Superintendencia de Industria y Comercio. El registro mercantil se llevará por las cámaras de comercio, pero la Superintendencia de Industria y Comercio determinará los libros necesarios para cumplir esa finalidad, la forma de hacer las inscripciones y dará las instrucciones que tiendan al perfeccionamiento de la institución.

“ART. 28.—Personas, actos y documentos que deben inscribirse en el registro mercantil. Deberán inscribirse en el registro mercantil:

1) Las personas que ejerzan profesionalmente el comercio y sus auxiliares, tales como los comisionistas, corredores, agentes, representantes de firmas nacionales o extranjeras, quienes lo harán dentro del mes siguiente a la fecha en que inicien actividades;

2) Las capitulaciones matrimoniales y las liquidaciones de sociedades conyugales, cuando el marido y la mujer o alguno de ellos sea comerciante;

3) La interdicción judicial pronunciada contra comerciantes; las providencias en que se imponga a estos la prohibición de ejercer el comercio; los concordatos preventivos y los celebrados dentro del proceso de quiebra; la declaración de quiebra y el nombramiento de síndico de esta y su remoción; la posesión de cargos públicos que inhabiliten para el ejercicio del comercio, y en general, las incapacidades o inhabilidades previstas en la ley para ser comerciante;

4) Las autorizaciones que, conforme a la ley, se otorguen a los menores para ejercer el comercio, y la revocación de las mismas;

5) Todo acto en virtud del cual se confiera, modifique o revoque la administración parcial o general de bienes o negocios del comerciante;

6) La apertura de establecimientos de comercio y de sucursales, y los actos que modifiquen o afecten la propiedad de los mismos o su administración;

7) Los libros de contabilidad, los de registro de accionistas, los de actas de asambleas y juntas de socios, así como los de juntas directivas de sociedades mercantiles;

8) Los embargos y demandas civiles relacionados con derechos cuya mutación esté sujeta a registro mercantil;

9) La constitución, adiciones o reformas estatutarias y la liquidación de sociedades comerciales, así como la designación de representantes legales y liquidadores, y su remoción. Las compañías vigiladas por la Superintendencia de Sociedades deberán cumplir, además de la formalidad del registro, los requisitos previstos en las disposiciones legales que regulan dicha vigilancia, y

10) Los demás actos y documentos cuyo registro mercantil ordene la ley.

“ART. 29.—Reglas para llevar el registro mercantil. El registro mercantil se llevará con sujeción a las siguientes reglas, sin perjuicio de las especiales que establezcan la ley o decretos reglamentarios:

1) Los actos, contratos y documentos serán inscritos en la cámara de comercio con jurisdicción en el lugar donde fueren celebrados u otorgados; si hubieren de realizarse fuera de dicha jurisdicción, se inscribirán también en la cámara correspondiente al lugar de su ejecución o cumplimiento;

2) La matrícula de los comerciantes y las inscripciones no previstas en el ordinal anterior, se harán en la cámara de comercio con jurisdicción en el domicilio de la persona interesada o afectada con ellos;

3) La inscripción se hará en libros separados, según la materia, en forma de extracto que dé razón de lo sustancial del acto, documento o hecho que se inscriba, salvo que la ley o los interesados exijan la inserción del texto completo, y

4) La inscripción podrá solicitarse en cualquier tiempo, si la ley no fija un término especial para ello; pero los actos y documentos sujetos a registro no producirán efectos respecto de terceros sino a partir de la fecha de su inscripción.

“ART. 30.—Prueba de inscripción en el registro mercantil.

Toda inscripción se probará con certificado expedido por la respectiva cámara de comercio o mediante inspección judicial practicada en el registro mercantil”.

Es entonces el registro mercantil un instrumento de publicidad que se da a ciertos actos, libros y documentos de las sociedades mercantiles, que deben ser conocidos y puestos a disposición de la comunidad. El registro mercantil es público y cualquier persona podrá consultar y obtener certificación de lo inscrito. La función del registro mercantil no solo es la publicidad sino la oponibilidad de terceros, la garantía de autenticidad y prueba de los actos y documentos inscritos.

También establece el numeral 9º del artículo 28 transcrito que deberán inscribirse en el registro mercantil “La constitución, adiciones o reformas estatutarias y la liquidación de sociedades comerciales, así como la designación de representantes legales y liquidadores, y su remoción”.

Y, respecto de la designación y remoción de los representantes legales, en especial de las sociedades anónimas, como la sociedad Vehitrans de la cual fue gerente y representante legal el accionante los artículos 440 a 442 del Código de Comercio prevé:

“ART. 440.—Representante legal de la sociedad anónima - Representante - Remoción. La sociedad anónima tendrá por lo menos un representante legal, con uno o más suplentes, designados por la junta directiva para períodos determinados, quienes podrán ser reelegidos indefinidamente o removidos en cualquier tiempo. Los estatutos podrán deferir esta designación a la asamblea.

“ART. 441.—Inscripción del representante legal en el registro mercantil. En el registro mercantil se inscribirá la designación de representantes legales mediante copia de la parte pertinente del acta de la junta directiva o de la asamblea, en su caso, una vez aprobada, y firmada por el presidente y el secretario, o en su defecto, por el revisor fiscal.

“ART. 442.—Cancelación de registro anterior de representante legal con nuevo nombramiento. Las personas cuyos nombres figuren inscritos en el correspondiente registro mercantil como gerentes principales y suplentes serán los representantes de la sociedad para todos los efectos legales, mientras no se cancele su inscripción mediante el registro de un nuevo nombramiento”.

De todo lo anterior se determina que la junta directiva de las sociedades anónimas tiene la atribución de designar o remover su representante o sus representantes legales, y los actos de inscripción tienen la función de publicidad y oponibilidad a terceros respecto de los actos, libros y documentos de las empresas que por ley deben inscribir en el registro.

Siendo así, debe deducirse que la declaración de insubsistencia de que habla el actor en su pretensión quinta debió provenir de la junta directiva de la sociedad Vehitrans a partir del 2 de febrero de 2001.

Pues bien, si al interior de la sociedad Vehitrans, la junta directiva declaró insubsistente al representante legal y gerente, señor Héctor Blanco Portacio, y el señor Blanco no está de acuerdo con dicha declaración, debe acudir a la jurisdicción correspondiente en contra de dicha empresa, para hacer valer sus derechos laborales, ya que un registro mercantil no es constitutivo, y no tiene la virtualidad de designar o remover a una persona de un cargo, simplemente informa de las situaciones que se van presentando, respecto de los actos, libros y documentos de una sociedad que se someten a registro por ley, para ser oponible a terceros respecto del objeto social. Además debe señalarse un punto muy importante y es que según la certificación de la empresa Vehitrans, el retiro del actor se produjo a partir del 2 de febrero del año 2001 y la resolución acusada fue expedida dos meses después, el 4 de abril de 2001, luego su retiro no se produjo con motivo de la expedición del acto acusado.

De esta manera concluye la Sala que no existe un nexo causal entre el supuesto daño alegado por el actor y la resolución demandada.

Por todo lo anterior se impone revocar parcialmente la sentencia recurrida en lo que hace a la orden de indemnización a cargo de la Cámara de Comercio de Cartagena.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA

1. REVÓCASE el numeral quinto de la parte resolutiva de la sentencia de 12 de marzo de 2009 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por los motivos expuestos en esta providencia y, en consecuencia, deniégase la pretensión quinta de la demanda. CONFÍRMASE la sentencia en todo lo demás.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

(1) Sentencia de 13 de septiembre de 2007, Exp. 17001-23-31-000-1994-06015-01, C.P. Rafael Ostau de Lafont Pianeta.