Sentencia 2001-01234 de febrero 20 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 25000-23-26-000-2001-01234-01

Expediente: 26 990

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Carmen Aliria Moreno

Demandado: La Nación - dirección ejecutiva de administración judicial y otros

Referencia: Reparación directa

Bogotá, D. C., veinte de febrero de dos mil catorce.

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de fecha 29 de enero de 2004, proferida por la Sección Tercera —Subsección A— del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda. La sentencia será confirmada.

Síntesis del caso

El 16 de abril de 1996, la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca abrió investigación disciplinaria contra la abogada Carmen Aliria Moreno, con base en un conjunto de pruebas que la señalaban de haber proferido acusaciones injuriosas y temerarias contra los fiscales de la Unidad de Fiscalías Delegadas ante los tribunales superiores de Santafé de Bogotá y Cundinamarca. La sentencia de primera instancia, proferida el 24 de julio de 1998, impuso a la abogada sanción de censura al hallarla responsable de faltas contra la debida diligencia profesional. El 3 de diciembre de 1998, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura desató el recurso de apelación interpuesto contra la anterior decisión, en el sentido de denegar la solicitud de nulidad impetrada por la defensa y señalar que “la sanción de censura impuesta en primera instancia a la doctora Carmen Aliria Moreno Zambrano se contrae a las injurias (D. 196/71, art. 50) a que se alude en el parte motiva de esta providencia”.

Antecedentes

I. Lo que se demanda

1. Mediante escrito presentado el 30 de enero de 2001 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la abogada Carmen Aliria Moreno Zambrano, actuando en nombre propio, interpuso demanda de reparación directa contra la Nación - dirección ejecutiva de administración judicial, Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, Consejo Superior de la Judicatura —Sala Jurisdiccional Disciplinaria—, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas (fls. 1-16 c. 2):

PRIMERA: Declárese que la Nación, dirección ejecutiva de administración judicial, Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y Consejo Superior de la Judicatura - Sala Jurisdiccional Disciplinaria, son responsables solidaria y administrativamente de los daños antijurídicos de todo orden, causados a Carmen Aliria Moreno Z., en su condición de abogada en ejercicio, ocasionados por la sanción impuesta por error judicial o falla del servicio, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se reseñarán en el acápite de “hechos” de esta demanda.

SEGUNDA: Que en consecuencia con la anterior declaración se condene a las entidades de derecho público: la Nación, dirección ejecutiva de administración judicial, Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y Consejo Superior de la Judicatura - Sala Jurisdiccional Disciplinaria, a pagar a la doctora Carmen Aliria Moreno Zambrano los perjuicios morales por la suma de un mil gramos oro; sin que se entienda limitada a tal valor, si para la época del fallo la jurisprudencia aceptare un mayor número de gramoso oro, en el momento de ejecutoria de la sentencia.

TERCERA: Que se condene a la Nación, dirección ejecutiva de administración judicial, Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y Consejo Superior de la Judicatura - Sala Jurisdiccional Disciplinaria, a pagar a favor de Carmen Aliria Moreno Zambrano el daño emergente ocasionado con el desprestigio, cuestionamiento del buen nombre en el ejercicio de su profesión de abogada; conculcamiento de su dignidad profesional, ocasionados con la censura impuesta en las sentencias cuestionadas. El daño material se tasará al tenor del artículo 107 del Código Penal: artículo 107: “… indemnización por daño material no valorable pecuniariamente. Si el daño moral derivado del hecho punible no pudiere avaluarse pecuniariamente debido a que no existe dentro del proceso base suficiente para fijarlo por medio de perito, el juez podrá señalar pridencialmente (sic), como indemnización, una suma equivalente, en moneda nacional, hasta cuatro mil gramos oro.

“Esta tasación se hará teniendo en cuenta factores como la naturaleza del hecho, la ocupación habitual del ofendido, la supresión o merma de su capacidad productiva y los gastos ocasionados por razón del hecho punible…”.

CUARTA: Que la determinación favorable que se asuma se ordene comunicar, en la misma forma que la sanción, a todas las partes que se hizo, con la trascendencia social que ello implicó.

QUINTA: Que las entidades públicas deberán dar cumplimiento a la sentencia dentro de los términos establecidos en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.

SEXTA: Que se condene a las entidades públicas demandadas al pago de las costas y costos del proceso a favor de la demandante.

1.1. En respaldo de sus pretensiones, la parte actora expuso, en síntesis, los siguientes hechos: (i) la abogada Carmen Aliria Moreno asumió la representación judicial de la parte civil, integrada por el señor Luis H. Osorio, en el proceso por falso testimonio tramitado contra la señora Clara Suárez de Gómez ante la Fiscalía 250 de Bogotá; (ii) la secretaria de la abogada se enteró tardíamente de que el proceso había salido del despacho el 14 de diciembre de 1994 debido a que los funcionarios de la secretaría le suministraron una información equivocada cuando ella se acercó a preguntar por el expediente; (iii) esta circunstancia motivó la ira de la secretaria y provocó que el secretario administrativo de la Unidad de Fiscalías Delegadas ante los Tribunales Superiores de Bogotá y Cundinamarca presentara una queja disciplinaria contra la abogada ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, pese a que ella no había tenido ninguna participación en el incidente; (iv) la abogada no fue notificada oportunamente de la investigación disciplinaria iniciada en su contra, pese a que toda la papelería que ella utiliza en su memoriales contiene sus teléfonos y dirección de correspondencia, y esta omisión impidió a la investigada contrainterrogar a los testigos; (v) en el memorial de descargos que presentó ante el Consejo Seccional de la Judicatura, la abogada formuló una solicitud de pruebas que no obtuvo ninguna respuesta, por lo que se violó su derecho de defensa; (vi) en el fallo de primera instancia se sancionó a la demandante por la comisión de una falta contra la debida diligencia profesional, pese a que la investigación se originó en una falta de respeto a la administración de justicia; (vii) la decisión anterior fue confirmada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, pero no lo fue por unanimidad, ya que los magistrados que salvaron su voto pusieron de presente las irregularidades cometidas durante el proceso y la ausencia de mérito probatorio para la imposición de la sanción.

II. Trámite procesal

2. Surtida la notificación del auto admisorio de la demanda (fl. 21 c. 2), la Nación - rama judicial presentó escrito de contestación mediante el cual se opuso a las pretensiones de la parte actora aduciendo que no le constan los hechos que les sirven de fundamento. Con todo, indicó que ni el Consejo Seccional de la Judicatura ni la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura incurrieron en error judicial al sancionar disciplinariamente a la actora pues la decisión de denegar las solicitudes que ella formuló para que se decretara la nulidad del proceso y se practicaran un conjunto de testimonios fueron debidamente atendidas y motivadas (fls. 31-36 c. 2).

3. Dentro del término para alegar de conclusión en primera instancia intervinieron las dos partes así:

3.1. La parte actora insistió en que las decisiones adoptadas por los consejos seccional y superior de la judicatura son el resultado de un error judicial porque no existe congruencia entre su parte motiva y su parte resolutiva en tanto los hechos que motivaron el inicio de la investigación se relacionaban con faltas contra el debido respeto a la administración de justicia y a la abogada se la sancionó por una falta contra la debida diligencia profesional. Adicionalmente, indicó que los testimonios que sirvieron a los demandados para sancionarla disciplinariamente no fueron valorados de conformidad con las reglas de la sana crítica pues se los consideró veraces pese a que resultaban a todas luces sospechosos y amañados (fls. 55-60 c. 2).

3.2. Por su parte, la Nación - rama judicial reiteró los argumentos expuestos en el escrito de contestación en cuanto a que “la actuación de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca como de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura se ajustaron (sic) a derecho (…)” (fl. 61-62 c. 2).

4. Surtido el trámite de rigor y practicadas las pruebas decretadas, la Sección Tercera —Subsección A— del Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia de primera instancia el 29 de enero de 2004, mediante la cual denegó las pretensiones de la demanda con fundamento en las siguientes razones (fls. 64-75 c. ppal.):

(…) la parte actora olvidó por completo demostrar los supuestos fácticos en que se funda la demanda, incumpliendo en forma evidente la carga procesal consagrada en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil. (…).

En efecto, según la parte actora el error judicial o la falla en la prestación del servicio que se imputa y que a su juicio compromete la responsabilidad de la entidad demandada se encuentra materializado en las providencias de fecha 24 de julio y de 3 de diciembre de 1998, emitidas por el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y el Consejo Superior de la Judicatura, respectivamente, como consecuencia de una investigación disciplinaria que se adelantó en su contra y que culminó con decisión sancionatoria consistente en censura. Siendo ello así, resulta lógico que debía acreditar siquiera la existencia de tales providencias con el único medio idóneo para ello, es decir, copia autenticada de las sentencias con la respectiva constancia de ejecutoria (…).

Sin embargo, la parte actora incumplió dicha carga probatoria pues sólo aportó copia inauténtica de las piezas procesales sub-judice, las cuales carecen por completo de valor probatorio en los términos de los artículos 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil (…) (resaltado del texto).

5. Contra la sentencia de primera instancia, la demandante interpuso y sustentó en tiempo recurso de apelación con el fin de que se revoque y, en su lugar, se acceda a sus pretensiones. Para el efecto adujo que las copias aportadas junto con la demanda no fueron tachadas de falsas por la entidad demandada, por lo que debió reconocérseles mérito probatorio. En cualquier caso, indicó que el a quo, como director del proceso, estaba en el deber legal de solicitar oficiosamente copia auténtica de las sentencias cuestionadas en orden a “verificar los hechos y evitar nulidades y providencias inhibitorias (…)”. Finalmente, reiteró los argumentos expuestos en las etapas procesales anteriores, en punto a que (i) se violó su derecho de defensa porque no se le permitió contrainterrogar a los testigos; (ii) no existe congruencia entre la parte motiva de las sentencias que la sancionaron y su parte resolutiva; (iii) y se la sancionó injustamente porque la persona que protagonizó el incidente que originó la investigación disciplinaria no fue la demandante sino su secretaria (fls. 77-80 c. ppal.).

6. El 18 de junio de 2004, el despacho del entonces magistrado ponente resolvió inadmitir el recurso de apelación por considerar que el negocio no tenía vocación de doble instancia por razón de la cuantía (fl. 87 c. ppal.). Sin embargo, esta decisión fue revocada mediante auto de 16 de julio de 2004 (fl. 95 c. ppal.), al resolver el recurso de reposición interpuesto en su contra por la parte actora (fl. 91 c. ppal.).

7. Dentro del término para alegar de conclusión en segunda instancia, la demandante reiteró los argumentos expuestos a lo largo del proceso a fin de que se acceda a sus pretensiones (fls. 147-152 c. ppal.).

Consideraciones

I. Competencia

8. El Consejo de Estado es competente para decidir el asunto por tratarse del recurso de apelación interpuesto en vigencia de la Ley 270 de 1996 contra la sentencia proferida en primera instancia por la Sección Tercera —Subsección A— del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro de un proceso de reparación directa derivado de hechos de la administración de justicia(1).

II. Validez de los medios de prueba

9. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que la parte actora había incumplido con la obligación de probar los supuestos de hecho en los que sustentaba sus pretensiones porque los documentos que aportó para demostrar el error judicial atribuido a las salas disciplinarias del Consejo Seccional de la Judicatura y del Consejo Superior de la Judicatura obraban en copia simple.

10. Al observar los mencionados documentos, la Sala encuentra que es cierto que carecen de constancia de autenticación. Sin embargo, en aplicación de la regla de decisión contendida en la sentencia proferida por el pleno de la Sección Tercera el 28 de agosto de 2013(2), considera que este hecho no les resta valor probatorio comoquiera que los mismos estuvieron a disposición de la parte demandada durante el todo el proceso, surtiendo el principio de contradicción, sin que en ningún momento ésta llegara a cuestionar su veracidad. Aceptar lo contrario, esto es, negar las pretensiones en un proceso en el cual los documentos en copia simple aportados por las partes han obrado a lo largo de toda la actuación, “implicaría afectar —de modo significativo e injustificado— el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo a la administración de justicia (C.P., arts. 228 y 229)”(3).

11. Por las razones anteriores, la Sala tendrá como pruebas válidas los documentos aportados junto con la demanda por la parte demandante, que consisten en las copias simples de las decisiones y de algunas de las actuaciones adelantadas en el marco del proceso disciplinario seguido contra la abogada Carmen Aliria Moreno.

III. Hechos probados

12. De conformidad con las pruebas válida y oportunamente allegadas al proceso, se tienen por probados los siguientes hechos relevantes:

12.1. El 30 de diciembre de 1994, el secretario administrativo de la Unidad de Fiscalías Delegadas ante los Tribunales Superiores de Santafé de Bogotá y Cundinamarca, señor Edgar Ramírez Velosa, elaboró un informe que señalaba a la abogada Carmen Aliria Moreno de hacer acusaciones irrespetuosas contra los fiscales que hacían parte de esa unidad, al señalarlos de “prevaricadores” y aducir que sus decisiones eran “vulgaridades jurídicas” (copia simple de la sentencia de 3 de diciembre de 1998, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura —fls. 16-27 c. 2—).

12.2. Con fundamento en este informe y en un conjunto de testimonios, el 10 de abril de 1996 la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca resolvió abrir investigación disciplinaria contra la abogada Moreno Zambrano por la presunta comisión de faltas al respeto debido a la administración de justicia (copia simple de la providencia —fls. 61-66 c. 2—).

12.3. El 24 de julio de 1998, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca profirió sentencia de primera instancia, mediante la cual le impuso a la actora la sanción de censura por la comisión de faltas contra la debida diligencia profesional “que describe el artículo 50 (sic) del Decreto 196 de 1971”(4) (copia simple de la sentencia —fls. 1-15 c. 2—).

12.4. Contra la anterior decisión, la demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura mediante sentencia del 3 de diciembre de 1998. En el fallo se adoptaron las siguientes determinaciones (copia simple de la sentencia —fls. 16-28 c. 2—):

DENIÉGASE la declaratoria de NULIDAD PROCESAL impetrada.

MODIFÍCASE la sentencia de fecha y origen conocidos en el sentido de indicar que la sanción de CENSURA impuesta en primera instancia a la doctora Carmen Aliria Moreno Zambrano se contrae a las injurias (D. 196/71, art. 50) a que se alude en la parte motiva de esta providencia.

SE ABSUELVE a la citada profesional (…) de los cargos que a título de ACUSACIONES TEMERARIAS se le formularon en el presente diligenciamiento.

12.5. La magistrada Myriam Donato presentó salvamento parcial de voto a la sentencia con fundamento en que la sanción impuesta a la abogada resultaba exagerada al confrontar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la comisión de la conducta que se le atribuyó (copia simple del salvamento de voto —fls. 29-31 c. 2—). Por su parte, los magistrados Leovigildo Bernal Andrade y Enrique Camilo Noguera se apartaron completamente de la decisión por considerar, respectivamente, que “debió resolverse sobre la nulidad planteada y luego sí producirse el pronunciamiento de fondo”; y que la prueba testimonial recaudada no era idónea ni suficiente para sostener la acusación formulada contra la abogada (copia simple de los respectivos salvamentos de voto —fls. 32-34 c. 2—):

(…) los declarantes, distintos del secretario administrativo de la Unidad de Fiscalías, por una parte, no identificaron a la abogada como la persona que profirió los denuestos a que hicieron referencia, y por otra, aquél solo refirió “haber verificado” que el día de los hechos se encontraba presente Carmen Aliria Moreno, “quien dijo ser abogada”, y que escuchó una discusión en la baranda pero que no la presenció, lo que hacía preciso profundizar críticamente la apreciación de esta prueba (…).

12.6. La decisión anterior se notificó personalmente a la abogada Carmen Aliria Moreno el 5 de febrero de 1999, y la misma quedó ejecutoriada el 11 de febrero del mismo año (copia simple de las constancias de ejecutoria y de notificación —fls. 36-37 c. 2—).

III. Problema jurídico

13. En el caso concreto, la demandante acusa a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de incurrir en error judicial al imponerle la sanción de censura con fundamento en una equivocada valoración de las pruebas y con violación de su derecho al debido proceso. Empero, habida cuenta de que la primera de estas decisiones no puso fin al proceso en tanto fue apelada por la parte actora, la Sala se abstendrá de analizarla ya que el error judicial solo puede predicarse de aquélla que resuelve definitivamente la controversia, según lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 270 de 1996.

14. En estas condiciones, el problema jurídico se contrae a determinar si la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura incurrió en error judicial al confirmar la sanción de censura que se impuso a la abogada Carmen Aliria Moreno. Para el efecto, será necesario establecer, en primer término, si las decisiones adoptadas por las altas corporaciones judiciales pueden comprometer la responsabilidad extracontractual del Estado con fundamento en este título de imputación y, luego, si se cumplen los presupuestos necesarios para que pueda predicarse en este caso la existencia de un error jurisdiccional.

IV. Análisis de la Sala

IV.1. La responsabilidad extracontractual del Estado por el error jurisdiccional de las altas cortes

15. El artículo 65 de la Ley 270 de 1996, vigente al momento en que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura profirió la sentencia que motiva esta acción de reparación directa, establece que la responsabilidad patrimonial del Estado puede resultar comprometida por el llamado “error jurisdiccional”(5), el cual fue definido en el artículo 66 ibídem como “aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley”.

16. Al revisar la constitucionalidad de este artículo, la Corte Constitucional consideró que no es posible reclamar por la actuación de las altas corporaciones de la rama judicial, a menos de que se configure una vía de hecho judicial, por lo que condicionó su exequibilidad:

Sentadas las precedentes consideraciones, conviene preguntarse: ¿Respecto de las providencias proferidas por las altas corporaciones que hacen parte de la rama judicial, cuál es la autoridad llamada a definir los casos en que existe un error jurisdiccional? Sobre el particular, entiende la Corte que la Constitución ha determinado un órgano límite o una autoridad máxima dentro de cada jurisdicción; así, para la jurisdicción constitucional se ha previsto a la Corte Constitucional (C.P., art. 241), para la ordinaria a la Corte Suprema de Justicia (C.P., art. 234), para la contencioso administrativa al Consejo de Estado (C.P., art. 237) y para la jurisdiccional disciplinaria a la correspondiente Sala del Consejo Superior de la Judicatura (C.P., art. 257). Dentro de las atribuciones que la Carta le confiere a cada una de esas corporaciones, quizás la característica más importante es que sus providencias, a través de las cuales se resuelve en última instancia el asunto bajo examen, se unifica la jurisprudencia y se definen los criterios jurídicos aplicables frente a casos similares. En otras palabras, dichas decisiones, una vez agotados todos los procedimientos y recursos que la ley contempla para cada proceso judicial, se tornan en autónomas, independientes, definitivas, determinantes y, además, se convierten en el último pronunciamiento dentro de la respectiva jurisdicción. Lo anterior, por lo demás, no obedece a razón distinta que la de garantizar la seguridad jurídica a los asociados mediante la certeza de que los procesos judiciales han llegado a su etapa final y no pueden ser revividos jurídicamente por cualquier otra autoridad de la rama judicial o de otra rama del poder público.

En virtud de lo anterior, la Corte juzga que la exequibilidad del presente artículo debe condicionarse a que no es posible reclamar por la actuación de las altas corporaciones de la rama judicial, una responsabilidad del Estado a propósito del error jurisdiccional, pues ello equivaldría a reconocer que por encima de los órganos límite se encuentran otros órganos superiores, con lo cual, se insiste, se comprometería en forma grave uno de los pilares esenciales de todo Estado de derecho, cual es la seguridad jurídica. Por lo demás, cabe anotar que es materia de ley ordinaria la definición del órgano competente y del procedimiento a seguir respecto de la responsabilidad proveniente del error en que incurran las demás autoridades judiciales pertenecientes a esta rama del poder público.

Por otra parte, conviene aclarar que la argumentación expuesta no significa que el juez de tutela y la Corte Constitucional, en ejercicio de la atribución contenida en el artículo 86 superior, no pueda revisar las providencias proferidas por cualquier autoridad judicial, en aquellos casos en que al presentarse una “vía de hecho”, en los términos que han sido definidos en la Sentencia C-543 de 1992 y demás jurisprudencia de esta corporación, se amenace o se vulnere un derecho constitucional fundamental. Nótese que en este caso se trata de una facultad de origen constitucional, que no implica la resolución de fondo del conflicto jurídico contenido en la providencia bajo revisión , ni se enmarca dentro del análisis de la responsabilidad patrimonial del Estado —como es el caso del artículo que se examina—. Se trata simplemente del reconocimiento de que el juez, al igual que cualquier otra autoridad pública, se encuentra comprometido con el respeto y la protección de los derechos fundamentales de los asociados dentro de la órbita constitucional; por ende, en caso de que una actuación judicial, incluso aquellas contenidas en una providencia, vulnere un derecho, será posible su amparo a través de la acción de tutela, sin perjuicio de la definición de las demás responsabilidades en los términos que han sido descritos en esta sentencia.

En estas condiciones el artículo será declarado exequible.

17. No obstante, en la sentencia del 4 de septiembre de 1997(6), la Sección Tercera del Consejo de Estado se apartó de la determinación adoptada por la Corte Constitucional con fundamento en que los principios y valores que rigen la función jurisdiccional no se vulneran con la posibilidad de que el Estado responda por los errores en que incurran las altas cortes. Esta posición fue reiterada en sentencia del 5 de diciembre de 2007, en los siguientes términos(7):

De conformidad con lo expuesto, la Sala concluye que el Estado, a través de las acciones y omisiones de sus altas cortes, también incurre en error judicial determinante de su responsabilidad patrimonial del Estado, por varias razones:

— Porque el artículo 90 de la Constitución no hace distinciones

Como se indicó precedentemente, la constitución establece que todas las autoridades que ejercen función pública, pueden determinar con sus acciones u omisiones la responsabilidad del Estado.

— Porque no atenta contra el principio de seguridad jurídica.

El juicio es el de la responsabilidad del Estado y no comporta la reapertura del proceso definido en la providencia cuestionada. Tiene por objeto la verificación del derecho o interés lesionado y de la imputación del mismo al Estado, con fundamento en lo cual habrá de declararse la misma y de disponerse la reparación de los perjuicios causados. El juicio de responsabilidad recae sobre la actuación del juez en ejercicio de sus funciones y sobre la configuración del daño; no comporta el renacimiento de un proceso ya terminado. Así también porque la decisión del juez contencioso administrativo no comprende la modificación o alteración de lo dispuesto en el juicio materia de la providencia acusada.

— Porque las altas cortes no son infalibles

Así se deduce de la consagración legal de recursos extraordinarios y de lo expuesto por la Corte Constitucional al conocer de las tutelas contra providencias judiciales proferidas por las altas cortes.

— Porque el Consejo de Estado es el tribunal supremo de lo contencioso administrativo(8) y como corporación judicial competente para juzgar la responsabilidad del Estado, no está limitado por la investidura del juez que incurre en error judicial.

No obstante todo lo anterior la Sala precisa que en la sentencia proferida en 1997 se consideró procedente calificar el error judicial determinante de esta responsabilidad, con fundamento en que “que sólo excepcionalmente será admisible la responsabilidad patrimonial del Estado derivada del error judicial cometido por las altas corporaciones de justicia y demás tribunales y juzgados en los eventos en que este sea absolutamente evidente y no se requiera realizar ninguna labor hermenéutica para hallarlo configurado”.

Ahora bien, la Sala advierte que la referida postura de la Corte Constitucional respecto de la procedencia de un juicio de responsabilidad del Estado por las acciones u omisiones de sus altos dignatarios fue, en la realidad, modificada en Sentencia C-038 del 1º de febrero de 2006 por medio de la cual se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 86 del Código Contencioso Administrativo modificado por la Ley 446 de 1998. En esta oportunidad, al revisar los cargos que propuso el accionante con fundamento en que dicha norma no comprendía la responsabilidad del Estado por el hecho del legislador, afirmó:

“(…) tal como lo ha entendido el Consejo de Estado, la disposición constitucional que regula la materia establece la obligación de reparar los daños antijurídicos provenientes de cualquier autoridad pública. En efecto, como se ha reiterado el precepto simplemente establece dos requisitos para que opere la responsabilidad patrimonial estatal, a saber, que haya un daño antijurídico y que éste sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública, sin hacer distingos en cuanto al causante del daño”.

Señaló además que pretender que la responsabilidad patrimonial del Estado sólo se predica respecto de las acciones y omisiones de algunos de sus poderes, “sería abiertamente inconstitucional desde la perspectiva del Estado social de derecho y de los principios y valores que rigen nuestro ordenamiento constitucional tales como la solidaridad, la igualdad, la justicia material y la supremacía de la Constitución. Principios que cristalizaron en el ordenamiento jurídico colombiano y que encontraron una de sus expresiones en la disposición constitucional en comento”(9) (negrillas originales).

18. En conclusión, la Sala reitera que nada se opone a que la responsabilidad patrimonial del Estado pueda declararse con fundamento en el error jurisdiccional de las altas corporaciones de la rama judicial.

IV.2. Los presupuestos del error jurisdiccional

19. Los presupuestos que deben reunirse en cada caso concreto para que pueda predicarse la existencia de un error jurisdiccional, se encuentran establecidos en el artículo 67 de la Ley 270 de 1996:

ART. 67.—Presupuestos del error jurisdiccional. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos:

1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial.

2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme.

20. En relación con el primer presupuesto, la Sección Tercera de Consejo de Estado ha precisado, de una parte, que el error judicial solo se configura si el interesado ha ejercido los “recursos de ley” pues si no agota los medios de defensa judicial que tiene a su alcance el perjuicio sería ocasionado por su negligencia y no por el error judicial; “en estos eventos se presenta una culpa exclusiva de la víctima que excluye la responsabilidad del Estado”(10). Y de otra parte, que los “recursos de ley” deben entenderse como “los medios ordinarios de impugnación de las providencias, es decir, aquellos que no sólo permiten el examen limitado de la decisión con el objeto de corregir los errores de toda clase, tanto de hecho como jurídicos, sino que pueden interponerse sin sujeción a las rígidas causales que operan para los extraordinarios, los que adicionalmente requieren para su trámite la presentación de una demanda”(11).

21. En segundo término, la norma exige que el error se encuentre contenido en una providencia judicial que esté en firme, esto es, que haya puesto fin de manera normal o anormal al proceso, lo cual tiene pleno sentido ya que si la misma todavía puede ser impugnada a través de los recursos ordinarios, no se configura el error judicial.

22. Finalmente, es necesario que la providencia sea contraria a derecho, lo cual no supone que la víctima de un daño causado por un error jurisdiccional tenga que demostrar que la misma es constitutiva de una vía de hecho por ser abiertamente grosera, ilegal o arbitraria. Basta, en estos casos, que la providencia judicial sea contraria a la ley, bien porque surja de una inadecuada valoración de las pruebas (error de hecho), de la falta de aplicación de la norma que corresponde al caso concreto o de la indebida aplicación de la misma (error de derecho)(12).

23. Se advierte que no es necesario que la víctima de un daño causado por un error jurisdiccional identifique en su demanda el tipo de error cometido en los términos anteriormente enunciados, ni que demuestre que el agente jurisdiccional actuó con culpa o dolo(13), ya que el régimen que fundamenta la responsabilidad extracontractual del Estado es distinto al que fundamenta el de la responsabilidad personal del funcionario judicial(14).

24. Adicionalmente, es necesario analizar con cuidado los argumentos esgrimidos por la parte actora, con el fin de detectar si lo que se cuestiona es, realmente, una actuación contraria a la ley o carente de justificación, o si el propósito del demandante es que se revise la decisión, como si el proceso en sede administrativa pudiera constituirse en una nueva instancia, desconociendo que “el juicio al que conduce el ejercicio de la acción de reparación directa tiene como presupuesto la intangibilidad de la cosa juzgada que reviste a las providencias judiciales a las cuales se endilga la causación de un daño antijurídico (…)”(15).

25. Ahora bien, determinar la existencia de un error judicial comporta en muchos casos un juicio difícil, pues si bien el parámetro para definir el error es la norma jurídica aplicable al caso, no siempre esta arroja resultados hermenéuticos unificados, con lo cual distintos operadores jurídicos pueden aplicar la misma norma a partir de entendimientos diferentes, con resultados igualmente dispares. Y ello podría trivializar la idea de que existan errores judiciales, para decir que lo constatable son simplemente interpretaciones normativas o de hechos, de modo diferentes, merced a distintos y válidos entendimientos de lo jurídico.

26. Este asunto de la banalización del error judicial adquiere un carácter superlativo si se tienen en cuenta no solo los distintos métodos de interpretación jurídica existentes —que llevan a juicios concretos distintos—, sino también la variedad de concepciones del derecho que circulan en el mundo académico y que tienen gran incidencia en cuestiones prácticas como las judiciales. Si según alguna versión del realismo jurídico el derecho es lo que diga el juez y para el iuspositivismo existen varias respuestas correctas en derecho, entonces la pregunta por el error judicial puede quedar en entredicho, pues en el primer caso no sería posible juzgar a quien estipula el derecho y en el segundo el intérprete siempre quedaría justificado porque básicamente escogió una de las posibilidades hermenéuticas de las varias que ofrece la norma.

27. Para darle sentido y justificación a una norma como el artículo 65 de la Ley 270 de 1996 que ve materializado el error judicial “a través de una providencia contraria a la ley”, la concepción del derecho que mejor explica el fenómeno es el iusnaturalismo en su versión moderna iusracionalista que apuesta por la corrección de las decisiones jurídicas sobre la base de una argumentación razonada. Como es sabido, la tesis de la única respuesta correcta desarrollada por la concepción iusracionalista del derecho, con Dworkin a la cabeza(16), tiene como su variante más influyente la propuesta de Alexy sobre la respuesta correcta como idea regulativa, la que a su turno es un desarrollo de su tesis filosófica sobre moral correcta(17). En palabras de Alexy:

En todo caso, está claro que en la realidad no existe ningún procedimiento que permita, con una seguridad intersubjetivamente necesaria llegar en cada caso a una única respuesta correcta. Esto último no obliga, sin embargo, a renunciar a la idea de única respuesta correcta sino que únicamente da ocasión para determinar su estatus con más precisión. El punto decisivo aquí es que los respectivos participantes en un discurso jurídico, si sus afirmaciones y fundamentaciones han de tener un pleno sentido, deben, independientemente de si existe o no una única respuesta correcta, elevar la pretensión de que su respuesta es la única correcta. Esto significa que deben presuponer la única respuesta correcta como idea regulativa. La idea regulativa de la única respuesta correcta no presupone que exista para cada caso una única respuesta correcta. Sólo presupone que en algunos casos se puede dar una única respuesta correcta y que no se sabe en qué casos es así, de manera que vale la pena procurar encontrar en cada caso la única respuesta correcta(18).

28. De modo que a diferencia de la corrección sustancial a la que sería capaz de llegar el juez Hércules de Dworkin, en Alexy se propone una corrección como idea regulativa y a la que es posible llegar en un escenario ideal de diálogo, a partir del cumplimiento de las reglas y formas de la argumentación jurídica, teniendo en cuenta que esta no es más de un caso especial de la argumentación general, caracterizada por la racionalidad, esto es, por el uso de la razón práctica(19).

29. En suma, mejor que otras concepciones del derecho, la iusracionalista permite justificar la existencia y sentido de normas sobre el error judicial y explicar adecuadamente las propiedades mismas de este fenómeno jurídico en el que eventualmente pueden incurrir las autoridades judiciales, independientemente de su nivel jerárquico.

IV.3. El juicio de responsabilidad

30. Para dar respaldo a sus argumentos, la parte actora presentó como un hecho relevante la existencia de posiciones encontradas al interior de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que al final motivaron que dos de los magistrados que la integran formularan salvamento de voto a la sentencia de 3 de diciembre de 1998. La existencia misma de los salvamentos de voto sería, entonces, prueba suficiente del error judicial que se aduce pues su texto —concretamente el del magistrado Camilo Noguera (ver supra párr. 12.5)— ofrece razones para afirmar que la abogada Carmen Aliria Moreno fue injustamente sancionada.

31. La Sala se aparta de la anterior apreciación. El hecho de que uno o varios magistrados puedan discrepar razonablemente de la decisión adoptada mayoritariamente por la sala o corporación judicial a la cual pertenecen, no es razón suficiente para afirmar que aquélla es contraria a derecho. Tal entendimiento es abiertamente incompatible con el principio de autonomía judicial y desconoce el sentido que tiene la expresión de opiniones disidentes en el ejercicio de la magistratura, el cual no es el de deslegitimar o descalificar la decisión adoptada por la mayoría, sino el de formular una crítica útil a la sentencia o la de expresar un punto de vista jurídico distinto, que se considera más apropiado.

32. Por ello, para que se configure el error jurisdiccional, “el demandante debe demostrar que en el caso concreto el juez no cumplió con la carga argumentativa de justificar que su respuesta era la única correcta. Esto implica demostrar que la posición recogida en la sentencia acusada de verdad carece de una justificación jurídicamente atendible, bien porque no ofrece una interpretación razonada de las normas jurídicas, o porque adolece de una apreciación probatoria debidamente sustentada por el juez de conocimiento”(20).

33. El primer cargo de la demanda afirma la existencia de un error judicial, atribuible a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que consistió en haberla sancionado disciplinariamente con fundamento en un conjunto de testimonios que, por sospechosos y amañados, no eran idóneos para demostrar que la abogada Carmen Aliria Moreno había protagonizado el incidente denunciado por el secretario administrativo de la Unidad de Fiscalías Delegada ante los Tribunales Superiores de Santafé de Bogotá y Cundinamarca, en el que sus funcionarios fueron señalados de “prevaricadores”.

34. Los testimonios que, según la parte actora, fueron inadecuadamente valorados corresponden a las versiones de dos funcionarios judiciales, los señores Luis Felipe Díaz González y Edgar Ramírez Veloza, quienes en su orden manifestaron al juez disciplinario lo siguiente:

El día 28 de diciembre del año pasado me encontraba en la baranda de la unidad acompañando a la señora Faridi y al compañero Diego, quienes atendían la baranda y en las horas de la tarde se presentó la mencionada señora [se refiere a la abogada Carmen Aliria Moreno] solicitando información respecto del proceso que allí cursaba o cursa actualmente. Uno de los compañeros le dio la información de acuerdo a lo que decía en los libros de segunda instancia, Bogotá, proceso el cual pertenecía a esta instancia, de un momento a otro la señora en cuestión se exaltó y tomé el caso para atenderla a sabiendas de qué se le ofrecía y el por qué de su exaltación, entonces fue cuando la señora dijo que los libros se encontraban alterados, que en días pasado o incluso en la mañana del mismo día 28 se había acercado a la baranda del tribunal su secretaria, a quien describió como una persona de pelo blanco o mono y dijo que ella había estado en la mañana pidiendo información respecto de esa información (sic) y que le habían contestado que se encontraba al despacho, al respecto yo le contesté que no podía ser así ya que todo el día yo había acompañado a los jóvenes antes en mención, saqué nuevamente el libro buscando la radicación de su proceso y le dije o le di la información, ella dijo que no podía ser así, que nosotros habíamos cambiado o habíamos dado mal la información, de ahí que no pude más que decirle que la única información que le daba era la que se encontraba en dichos libros, incluso le dije que existía un error que a todos nos sucede en determinadas épocas, y fue el de haberse cambiado en el fechador el año pues estaba como 1993, pero a la vez le hice caer en cuenta que si el proceso se encontraba con anotación de 1994 era tan solo un error de quien hubiese colocado dicho fechador, fue allí cuando exaltada comenzó a decir que nosotros habíamos cambiado fechas, que ese era un documento de carácter público, pero que claro que como nosotros no sabíamos ninguna diferenciación sobre clase de documentos, que ella era una abogada que llevaba más de 20 años ejerciendo la profesión y que nosotros, refiriéndose a los que nos encontrábamos allí, no habíamos pisado siquiera una universidad, que en la unidad se tomaban decisiones arbitrarias, todo ello en un tono alto, y como le dije que la fecha era simplemente un error, lo cual se podía corregir con posterioridad fue cuando comenzó a decir que nosotros éramos unos prevaricadores, que se hacían unos adefesios jurídicos allí, no sé a qué se refería, si en la secretaría o en la unidad, retomando las cosas, le contesté que primero que todo la persona a quien ella esbozaba, es decir su secretaria, no había pasado por dicho despacho en el transcurso del día ya que yo me había encontrado, por órdenes de mi jefe, el secretario administrativo Edgar Ramírez Veloza, desde las ocho de la mañana ayudando a la atención del público y dando la información correspondiente, ella aseguró nuevamente que sí, a lo cual no le contesté nada más, continuó lanzando improperios contra la dependencia y los demás empleados que allí laboramos (…), a lo cual yo le contesté que no podíamos hacer nada, es decir, nosotros no podíamos dar otra información que la del libro. Continuó diciendo que se cometían adefesios jurídicos (…), tanta fue la bulla que la señora hizo que en momentos seguidos salió el secretario administrativo Edgar Ramírez Veloza a apersonarse del caso (…) (fls. 40-44 c. 2).

Los [hechos] acaecieron el día 28 de diciembre del mencionado año [1994] en las horas de la tarde (…), me encontraba en mi oficina que queda muy cerca de la baranda, cuando escuché una mujer, discutiendo con alguno de los auxiliares que atienden la baranda en esa secretaría. Ante tal situación, me trasladé a la baranda para verificar qué ocurría y me di cuenta que una señora, quien dijo llamarse Carmen Aliria Moreno y aducir ser abogada en ejercicio, estaba haciendo una serie de afirmaciones no solamente contra los empleados de la baranda sino contra los señores fiscales que integran la unidad donde laboró actualmente (…). PREGUNTADO: Personalmente usted atendió a la profesional del derecho, de haberlo hecho, qué manifestación aquella le hizo y qué le respondió usted. CONTESTÓ: Sí la atendí personalmente. Cuando yo me acerqué a la baranda se encontraba sumamente disgustada con las personas que en ese momento atendían la baranda, traté de suavizar la situación, le suministré la información que aparecía en el libro radicador y, sin embargo, era tanto su estado de exaltación que ahí, delante de quienes estaban averiguando los diferentes sumarios y las personas de la secretaría, manifestó a viva voz que las providencias de los señores fiscales eran prevaricadoras, al punto de considerarlas “vulgaridades jurídicas”, yo me limité a tomarle el nombre, a tomar la radicación del proceso y la mencionada doctora, después de sus afirmaciones salió y yo, como es mi deber, le comuniqué lo pertinente al doctor Luis Alberto Santana, coordinador de la Unidad (fls. 45-48 c. 2).

35. La razón por la cual la actora considera que los testimonios no son creíbles es porque ninguno de los testigos describió físicamente a la persona que protagonizó el incidente, de manera que se desconoce “si es bajita o alta, morena, blanca, vieja o joven (…)” y porque no existe certeza de que fuera en verdad una profesional del derecho ya que en ningún momento se le exigió que presentara un documento que la acreditara como tal. Adicionalmente, consideró sospechoso que tanto Luis Felipe Díaz González como Edgar Ramírez Veloza recordaran con exactitud la fecha en que ocurrieron los hechos, “por cuanto la memoria humana no suele ser tan fiel a hechos muy graves, menos a los del común acontecer” (fls. 55-56 c. 2).

36. Así expuestos, los argumentos planteados por la demandante están encaminados a que la jurisdicción de lo contencioso administrativo actúe como una tercera instancia de decisión y haga una nueva valoración de las pruebas aportadas al proceso disciplinario con el fin de determinar si podía o no tenerse por cierta la hipótesis fáctica según la cual era la abogada Carmen Aliria Moreno —y no su secretaria— quien protagonizó el incidente que motivó el inicio de la investigación disciplinaria.

37. Esta circunstancia es incompatible con el objeto de la acción de reparación directa pues, según ya se señaló, el juez administrativo no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de valoración probatoria del juez que ordinariamente conoce del asunto pues tal actuación desconocería las reglas generales de competencia.

38. Por lo demás, la parte actora no logró demostrar que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura incurrió en una apreciación errónea de las pruebas aportadas al proceso. Del expediente surge con claridad que la decisión de sancionar disciplinariamente a la abogada Carmen Aliria Moreno estuvo razonablemente motivada y probatoriamente sustentada.

39. En efecto, al momento de resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra el fallo disciplinario de primera instancia, el Consejo Superior de la Judicatura analizó los argumentos que lo sustentaban —los cuales en lo sustancial coinciden con los que motivan esta acción de reparación directa—, solo que decidió desestimarlos con fundamento en que los testimonios de los señores Luis Felipe Díaz González y Edgar Ramírez Veloza eran creíbles en tanto ofrecían una versión clara y coherente de lo acontecido y que no existían razones para dudar de su objetividad (fl. 26 c. 2):

Ahora bien, para la Sala es notorio el sutil intento de la doctora Moreno Zambrano de querer suscitar una duda enfrentando a los testimonios de todos los empleados que coincidieron en la acusación en su contra su invariable posición —que ha mantenido a lo largo de todo el proceso— de no haber protagonizado los hechos, y aún indirectamente la de la su secretaria, quien solo admitió que se puso muy brava con el personal de la baranda de la Fiscalía.

No obstante aquella intención, son muchos los elementos de convicción que tiene esta Sala para confirmar la sanción impuesta mediante la providencia impugnada, desde luego únicamente en lo que injurias se refiere, como son, entre otros, las versiones de los empleados de la secretaría que en forma ordenada, clara y coherente ofrecen una visión creíble de lo acontecido, como bien lo apreció el a quo, ya que ciertamente sus dichos se concatenan con lo que declaró el quejoso, quien al ratificar el informe que le rindió al coordinador de la Unidad de Fiscalía aseguró bajo juramente que la persona que discutía con algunos de los auxiliares que atendían la baranda “dijo llamarse Carmen Aliria Moreno” y que su inconformidad, manifestada en la forma antes reseñada, “al parecer se suscitó con ocasión de la decisión a través de la cual se le resolvió una apelación que impetrara ante una Fiscal Seccional…”.

Así mismo, ninguna razón lógica [existe] para que no siendo cierta la conducta investigada el secretario de la Unidad de Fiscalía la haya atribuido —además de inventarla— a la doctora Moreno Zambrano, pues no afloran en el expediente elementos probatorios que obliguen a suponer estados de animadversión o que sugieran el interés premeditado de perjudicarla.

40. Lo anterior demuestra, en criterio de esta corporación, que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura no incurrió en el error que la parte actora pretende atribuirle pues tomó en consideración los cuestionamientos formulados por la interesada contra los testimonios que la incriminaban, aunque al final los rechazó por considerarlos infundados.

41. Ciertamente, ningún reproche puede hacérsele a la decisión del Consejo Superior de la Judicatura de tener por cierta la hipótesis fáctica según la cual era la actora —y no su secretaria— quien había protagonizado el incidente que motivó el inicio de la investigación disciplinaria ya que la misma se sustentó en una valoración libre y racional de los testimonios practicados dentro del proceso, los cuales no podían considerarse sospechosos porque, en criterio del juzgador de segunda instancia, no se encontraban inmersos en circunstancias que afectaran su credibilidad y, por el contrario, ofrecían una versión coherente, clara y concordante de lo sucedido.

42. Ahora, es cierto que dentro del proceso disciplinario obraba, junto con los testimonios de los funcionarios judiciales, la declaración de la secretaria de la abogada, la señora Luz Gladys Gómez Alfonso, quien negó que Carmen Aliria Moreno se hubiera hecho presente en las instalaciones de la Unidad de Fiscalías en la tarde del 28 de diciembre de 1994 y que se hubieran proferido insultos contra alguno de sus funcionarios (fls. 74-78 c. 2). Sin embargo, esta circunstancia no basta para afirmar que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura incurrió en un error de juicio valorativo porque la declaración fue objeto de análisis, solo que se consideró que, por sí misma, no ofrecía suficiente apoyo empírico a la hipótesis defendida por la actora por emanar —esta sí— de un testigo sospechoso (fl. 27 c. 2):

Igualmente, la calidad de sospechoso del testimonio de la secretaria de la implicada, por razones de la subordinación existente entre las dos en la época en que aquella lo rindió, relevan de la necesidad de exponerlas en detalle; todo lo cual sin contar con la circunstancia de no haber hecho la abogada ningún esfuerzo por localizar a su cliente para que confirmara su invocada concurrencia al despacho judicial con la secretaria Luz Gladys Gómez Alfonso, sobre todo, frente a la dificultad probatoria que representa tener por cierto que, junto con los insultos que se han reseñado, haya sido esta la que hubiera puesto de presente su experiencia de veinte años en el ejercicio profesional, y que sin embargo, se haya conformado con mirar únicamente el radicador, que no propiamente la providencia que le mereciera los epítetos lanzados contra el fiscal o los fiscales que la profirieron.

43. Al final, el Consejo Superior de la Judicatura no hizo nada distinto a emplear las reglas de la sana crítica para la apreciación de las pruebas, tal como lo dispone el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, pues luego de valorarlas individualmente y en conjunto, llegó a la conclusión de que los testimonios rendidos por los funcionarios del despacho judicial sustentaban plenamente la acusación formulada contra la abogada Carmen Aliria Moreno no sólo porque eran coincidentes y concordantes entre sí, sino porque también se conectaban de forma coherente con el informe escrito elaborado por el secretario administrativo de la Unidad de Fiscalías y con las declaraciones de otros testigos presenciales de los hechos: los señores Diego Enrique Castro Morales y María Faride Menjura López.

44. En estas condiciones, no puede afirmarse que la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura incurrió en un error por indebida apreciación de las pruebas, tal como lo sostiene la parte demandante.

45. El segundo cargo de la demanda afirma la existencia de un error judicial dado que, según la actora, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura se abstuvo de decretar la nulidad del proceso disciplinario pese a que durante el trámite del mismo en primera instancia se vulneró su derecho de defensa dado que se la notificó tardíamente de la investigación disciplinaria adelantada en su contra, lo cual la privó de la posibilidad de contrainterrogar a algunos de los testigos, y se dejó de resolver una solicitud de pruebas que ella presentó oportunamente.

46. Este cargo tampoco está llamado a prosperar porque, aunque es cierto que el Consejo Superior de la Judicatura rechazó la solicitud de nulidad impetrada por la actora, lo hizo con fundamento en que no se había configurado tal violación porque la decisión adoptada por el Consejo Seccional de la Judicatura, consistente en omitir el decreto y la práctica de todos los testimonios solicitados por la demandante, estaba razonablemente motivada (fls. 23-24 c. 2):

Obviamente, lo primero será dilucidar lo relativo al vicio procesal invocado por la doctora Carmen Aliria Moreno Zambrano, con base en una supuesta violación de su derecho de defensa y al debido proceso, según dijo; siendo pertinente resaltar a este propósito la sinrazón de tales cargos si se tiene en cuenta que ellos se apoyan en la omisión de no haberse recepcionado los testimonios de dos exfuncionarios judiciales y de la “empleada antigua de la rama judicial”, antes mencionados, así como de su poderdante, el señor Luis H. Osorio.

En efecto, pues los tres primeros que eran para atestiguar sobre su conducta como abogada en ejercicio se denegaron con argumentos claramente leales (CPP, art. 250), referidos a su manifiesta ineficacia toda vez que aquí no se trataba de evaluar el comportamiento que hubiera observar la profesional en épocas anteriores, sino la verdad y autoría de los hechos investigados en esta oportunidad.

Y si tal como se reclama no se recepcionó el testimonio del señor Luis H. Osorio, mandante de la implicada, fue porque al solicitar su práctica esta dijo desconocer su dirección; y aunque prometió aportarla al proceso en cuanto “lo hallara”, nunca, según los autos, procedió de conformidad.

47. Según se ve, no es cierto lo dicho en la demanda en el sentido de que la solicitud de pruebas presentada por la defensa dejó de resolverse. Lo que emana del expediente es que la solicitud sí se resolvió, solo que no de forma completamente favorable a la actora por razones que resultan admisibles desde el punto de vista jurídico, cuales son la impertinencia de los testimonios solicitados para controvertir los hechos que servían de base a la acusación, y el incumplimiento por parte de la demandante de la carga de suministrar la información necesaria para obtener la comparecencia al proceso del señor Luis H. Osorio.

48. La Sala considera, entonces, que ningún error judicial surge de la decisión de rechazar la solicitud de nulidad impetrada ya que, ciertamente, no se configuró una violación del derecho de defensa de la actora por el hecho de que el juez disciplinario denegara el decreto y la práctica de todas las pruebas que ella solicitó. No debe perderse de vista que en materia probatoria opera el principio de relevancia, de manera que el juez no está obligado a admitir la incorporación de todas las pruebas solicitadas por el sujeto investigado, sino solamente aquellas que “mantienen una conexión lógica con los hechos en litigio, de manera que pueda sustentarse en ellos una conclusión acerca de la verdad de tales hechos”(21).

49. En este caso, se reitera, las pruebas que le fueron rechazadas a la actora —las cuales consistían en los testimonios de tres personas que, según la demandante, atestiguarían sobre su desempeño profesional— no resultaban pertinentes ni conducentes para desvirtuar los hechos que sustentaban la acusación, de manera que no puede cuestionarse la decisión del Consejo Superior de la Judicatura de avalar la legalidad de la actuación adelantada por el juez de primera instancia, máxime si se tiene en cuenta que la actora pudo haber apelado el auto de decreto de pruebas y no lo hizo, o al menos no existe constancia de lo opuesto dentro del expediente.

50. Por otra parte, el argumento según el cual la nulidad ha debido decretarse por el hecho de que las pruebas que sirvieron, primero al Consejo Seccional de la judicatura para sancionar disciplinariamente la demandante, y luego el Consejo Superior de la Judicatura para confirmar esta decisión, se practicaron antes de que esta fuera notificada del inicio de la investigación, tampoco es admisible.

51. El Decreto 196 de 1971 o estatuto del ejercicio de la abogacía, vigente al momento de los hechos, establece que la decisión de abrir investigación disciplinaria debe estar motivada, lo cual supone que deben existir elementos de juicio que justifiquen adoptar tal determinación. La regla de remisión normativa establecida en el artículo 90 del mencionado decreto, permite afirmar que el inicio del proceso disciplinario debe estar antecedido de una investigación previa, que se rige por los artículos 319 y siguientes del antiguo Código de Procedimiento Penal, y que busca —según lo dicho por la Corte Constitucional(22)— que el funcionario investigador recopile la información necesaria para determinar si es procedente o no dar inicio formal a la actuación.

52. En estas condiciones, la Sala considera que la práctica de testimonios previo al inicio de la investigación disciplinaria no supone una vulneración del derecho de defensa del sujeto investigado, a menos de que con posterioridad a este hecho se pretermitan las oportunidades previstas en la ley para solicitar la práctica de nuevas pruebas y para controvertir las existentes.

53. En el caso sub- examine, se conoce que la decisión de dar inicio a la actuación disciplinaria se adoptó el 10 de abril de 1996 (fl. 61 c. 2), luego de que la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura recopiló los elementos de prueba necesarios para adoptar tal determinación. Igualmente se conoce que dicha decisión fue notificada personalmente a la demandante, y que se surtió el traslado de la denuncia y de las evidencias que la acompañaban (fl. 67 c. 2), conforme a lo previsto en el artículo 74 del Decreto 196 de 1971, con el fin de que esta ejerciera su derecho a solicitar pruebas y a presentar sus alegatos de defensa.

54. Siendo ello así, no puede afirmarse que a la actora se desconoció su derecho de defensa durante el trámite disciplinario. Al contrario, existe evidencia de que ella tuvo la posibilidad de conocer y controvertir los testimonios que la inculpaban, solo que el camino que escogió no fue el más afortunado pues, según ya señaló, las pruebas que solicitó para desvirtuar la acusación fueron denegadas por inconducentes e impertinentes.

55. El tercer y último cargo formulado contra la sentencia de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, se sustenta en una violación del derecho al debido proceso. En concreto, la actora afirma que no existe congruencia entre la parte motiva del fallo y su parte resolutiva porque se la investigó por una falta disciplinaria y se la sancionó por otra.

56. Al contrastar el auto de 10 de abril de 1996, por medio del cual se ordenó la apertura del proceso disciplinario (fls. 61-66 c. 2), con la sentencia de 3 de diciembre de 1998 que modificó la sentencia proferida en primera instancia por el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca (fls. 16-27 c. 2), se advierte con facilidad que no existe tal incongruencia, pues la conducta que motivó el inicio de la actuación fue la misma que motivó la imposición de la sanción: falta contra el debido respeto a la administración de justicia, la cual está tipificada en el artículo 50 del Decreto 196 de 1971 en los siguientes términos:

ART. 50.—Constituyen faltas contra el respeto debido a la administración de justicia, las injurias y las acusaciones temerarias contra los funcionarios, abogados y demás personas que intervengan en los asuntos profesionales, sin perjuicio del derecho de reprochar o denunciar comedidamente, por los medios competentes, las faltas cometidas por dichas personas.

El responsable de una de estas faltas incurrirá en amonestación, censura o suspensión.

57. Ahora, es cierto que el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, en primera instancia, consideró que la conducta desplegada por la actora era constitutiva de una falta “contra la debida diligencia profesional”, y que por tal razón la sancionó con censura “comoquiera que dicho tipo de sanción [es la] que se impone para las faltas contra el respeto debido a la administración de justicia y por sobre todo atendiendo la gravedad que tuvo la conducta asumida por la abogada frente a la profesión” (fl. 14 c. 2).

58. Sin embargo, también es cierto que al resolver el recurso de apelación interpuesto contra esta decisión, el Consejo Superior de la Judicatura adoptó un criterio distinto, que terminó dándole la razón a la demandante, pues consideró que la conducta que se le atribuyó solo podía tipificarse como una falta contra el debido respeto a la administración de justicia, y no como una falta contra los deberes profesionales del abogado (fls. 24-25 c. 2):

(…) respecto de la observación adicionalmente hecha por la Sala a-quo sobre el incumplimiento que del deber que impone el artículo 47.3 del Decreto 196/71 es una crítica injusta, por cuanto el incumplimiento del deber enlistado en ese canon legal, esto es, el de observar la mesura y el respeto debido a los funcionarios, colaboradores y auxiliares de la justicia, abogados y demás personas que intervienen en los asuntos de la profesión, se traduce precisamente a las injurias o las acusaciones temerarias a que el alude el artículo 50, no siendo por lo tanto diverso y excluyente ese deber de las descripciones típicas del canon legal en cita, como para que por ese aspecto se pueda aducir válidamente la violación al principio en referencia, cuya integridad más bien podría verse amenazada cuando los mismos términos de “prevaricadores” —para referirse a los fiscales de aquella unidad y de “vulgaridades jurídicas” y a sus resoluciones— se imputan simultáneamente a título de injurias y de acusaciones temerarias, perdiéndose de vista quizás que la norma legal que fundamentó el presente proceso contiene dos tipos disciplinarios que, aunque eventualmente interrelacionados, cada uno tiene su propia fisonomía jurídica: de tal manera que sin perjuicio de que en forma coetánea se pueda atribuir la incursión en injurias y en acusaciones temerarias, no es posible, sin embargo, entender tipificadas las dos infracciones con unos mismos hechos.

En este orden de ideas debe convenirse que la conducta acusada por el secretario administrativo de la Unidad de Fiscalías Delegada ante los Tribunales Superiores de Bogotá y Cundinamarca, es típicamente injuriosa en la medida en que las expresiones que se atribuyen a la doctora Carmen Aliria Moreno, lejos de ser frases “baladíes”, se ajustan a patrones tradicionales de la injuria como falta disciplinaria (…).

59. Por las razones anotadas, la Sala considera que el Consejo Superior de la Judicatura no incurrió en un error judicial al proferir la sentencia de 3 de diciembre de 1998, mediante la cual se sancionó disciplinariamente a la abogada Carmen Aliria Moreno Zambrano, por lo que se impone confirmar la sentencia apelada.

V. Costas

60. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia de 29 de enero de 2004, proferida por la Sección Tercera —Subsección A— del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

2. Sin condena en costas.

En firme este proveído, devuélvase al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Danilo Rojas Betancourth, Presidente—Stella Conto Díaz Del Castillo—Ramiro Pazos Guerrero.

(1) La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y fijó la competencia funcional para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los tribunales administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía. Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C. P. Mauricio Fajardo Gómez, Expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00.

(2) Expediente 25.022, C. P. Enrique Gil Botero.

(3) Ibídem.

(4) En realidad, las faltas contra la debida diligencia profesional están tipificadas en el artículo 47 del Decreto 196 de 1971.

(5) De acuerdo con lo previsto en esta norma, el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y la privación injusta de la libertad también son fuente de responsabilidad estatal.

(6) Expediente 10285, C. P. Ricardo Hoyos Duque.

(7) Expediente 15128, C. P. Ramiro Saavedra Becerra.

(8) [47] Artículo 237, numeral 1º.

(9) [48] Expediente D-5839; actor: Félix Hoyos Lemus. M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.

(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de 2008, Expediente 16594, C. P. Mauricio Fajardo. En el mismo sentido, véase sentencia de 22 de noviembre de 2001, Expediente 13164, C. P. Ricardo Hoyos Duque.

(11) Ibídem.

(12) De cualquier forma será forzoso analizar con cuidado los argumentos esgrimidos por la parte actora, con el fin de detectar si lo que se cuestiona es, realmente, una actuación contraria a la ley o carente de justificación, o si el propósito del demandante es que se revise la decisión, como si el proceso en sede contencioso administrativa pudiera constituirse en una nueva instancia, desconociendo que “el juicio al que conduce el ejercicio de la acción de reparación directa tiene como presupuesto la intangibilidad de la cosa juzgada que reviste a las providencias judiciales a las cuales se endilga la causación de un daño antijurídico (…)”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de 2008, Expediente 16.594, C. P. Mauricio Fajardo.

(13) No obstante, es posible que la decisión de la cual se predica el error constituya una vía de hecho en los términos en que ha sido definida por la Corte Constitucional, pero ello no siempre ocurre. En este sentido pueden consultarse los siguientes pronunciamientos de la Sala: sentencia del 28 de enero de 1999, Expediente 14399, C. P. Daniel Suárez Hernández; sentencia del 2 de mayo de 2007, Expediente 15576, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia del 5 de diciembre de 2007, Expediente 15128, C. P. Ramiro Saavedra Becerra.

(14) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de enero de 1999, Expediente 14399, C. P. Daniel Suárez Hernández. En el mismo sentido, véase la sentencia de 5 de diciembre de 2007, Expediente 15128, C. P. Ramiro Saavedra Becerra.

(15) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de 2008, Expediente 16.594, C. P. Mauricio Fajardo.

(16) En “Los casos difíciles”, Ronald Dworkin defendió la tesis de la única respuesta correcta, para lo cual creó al juez Hércules capaz de hallarla (en Los derechos en serio, pp. 147 a 208, trad. del inglés de Marta Guastavino, Barcelona, Ariel, 1984).

(17) En “validez del derecho”, una vez justificada la relación derecho y moral, Robert Alexy concluye afirmando la moral correcta como una idea regulativa (ver Concepto y validez del derecho, Barcelona, Ariel, 1994).

(18) Robert Alexy, Sistema jurídico, principios jurídicos y razón práctica, traducción de Manuel Atienza, y Doxa, Cuadernos de Filosofía del Derecho, 5, Alicante, 1988, cit., p. 151 y ss.

(19) Robert Alexy, Teoría de la argumentación jurídica. La teoría del discurso racional como teoría de la fundamentación jurídica, traducción de M. Atienza e I. Espejo, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1989, pp. 302-303. Sobre el aporte de la teoría jurídica a la reflexión sobre el error judicial, la Sala ha dicho: “(…) el denominado “principio de unidad de respuesta correcta o de unidad de solución justa” de los enunciados jurídicos es, apenas, una aspiración de los mismos, la cual podrá, en veces, ser alcanzada, mientras que, en otras ocasiones, no acontecerá así. De ello se desprende que, ante un mismo caso, es jurídicamente posible la existencia de varias soluciones razonables —en cuanto correctamente justificadas— pero diferentes, incluso excluyentes o contradictorias. Tal consideración limita el ámbito dentro del cual puede estimarse que la decisión de un juez incurre en el multicitado error jurisdiccional, toda vez que la configuración de éste ha de tener en cuenta que en relación con un mismo punto de hecho, pueden darse varias interpretaciones o soluciones de derecho, todas jurídicamente admisibles en cuanto correctamente justificadas. Entonces, sólo las decisiones carentes de este último elemento —una justificación o argumentación jurídicamente atendible— pueden considerarse incursas en error judicial (…). Por tanto, sólo las decisiones judiciales que —sin necesidad de que constituyan una vía de hecho, que determinaría la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales— resulten contrarias a derecho por carecer de una justificación coherente, razonable, jurídicamente atendible, que las provea de aceptabilidad, pueden ser válidamente catalogadas como incursas en error jurisdiccional (…). Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, Expediente 15576. En el mismo sentido véanse las sentencias de noviembre 30 de 2006, Expediente 18059, C. P. Alier Eduardo Hernández; 11 de mayo de 2011, Expediente 22322, C. P. Ruth Stella Correa Palacio y 14 de agosto de 2008, Expediente 16594, C. P. Mauricio Fajardo.

(20) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de julio de 2012, Expediente 22.581, C. P. Danilo Rojas Betancourth.

(21) Michele Taruffo, La prueba, editorial Marcial Pons, Madrid, 2008, p. 38.

(22) Sentencia C-552 de 2001, M. P. Jaime Araújo Rentería.