Sentencia 2001-01245 de noviembre 21 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “A”

Rad.: 25000-23-25-000-2001-01245-01(0273-09)

Actor: Nohora Elisa del Río Mantilla

Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Corte Suprema de Justicia

Consejero Ponente:

Dr. Luis Rafael Vergara Quintero

Bogotá D.C., veintiuno de noviembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones.

El problema jurídico se circunscribe a determinar si se ajustan a la ilegalidad los actos administrativos por medio de los cuales la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia declaró insubsistente el nombramiento de la señora Nhora Elisa del Río del cargo de Magistrada de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, por encontrar probada la causal de inhabilidad sobreviniente consagrada en el numeral 3 del artículo 150 de la Ley 270 de 1996.

1. Material probatorio.

—Resolución de 22 de mayo de 1998 (fls. 59-93), suscrita por el Fiscal General de la Nación, mediante la cual se dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de la señora Nohora Elisa del Río Mantilla sin derecho a la libertad provisional, y se solicitó a la Corte Suprema de Justicia la suspensión en el ejercicio del cargo de Magistrada de la Sala Civil del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá.

—Resolución de 25 de junio de 1998 (fls. 94-115), proferida por el Fiscal General de la Nación, mediante la cual se resolvió no reponer la resolución de 22 de mayo de 1998.

—Resolución de 25 de septiembre de 1998 (fls. 116-166) suscrita por el Fiscal General de la Nación, mediante la cual se acusó a la demandante ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y se mantuvo la medida de aseguramiento de detención domiciliaria.

—Providencia de 9 de abril de 1999 (fls.3-6), proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual se resolvió conceder a la actora libertad provisional de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 415 del Código de Procedimiento Penal (vencimiento de términos).

— Solicitud de 23 de abril de 1999 (fls. 1-2), suscrita por la actora, mediante la cual solicitó la cesación de la suspensión del cargo que esta desempeñaba como Magistrada de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, señalando que en virtud de la providencia del 9 de abril de 1999, la Sala de Casación provisional, y adicional a ello, porque la inhabilidad prevista en el literal c) del artículo 3º del Decreto 1888 de 1989, modificado por el artículo 1º del Decreto 2281 de 1989, había sido declarada inexequible en la Sentencia C-546 de 1993 (Acta de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia Nº 10 de 6 de mayo de 1999) (fls. 26 y 27).

— Acta de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia Nº 11 del 20 de mayo de 1999 (fls. 27-28).

— Providencia de 26 de mayo de 1999, emitida por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual se resolvió dejar sin efectos la suspensión en el ejercicio del cargo impuesta a la actora (fls. 10-20).

— Acta de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia Nº 14 del 17 de junio de 1999 (fls. 29-30).

— Providencia del 1º de julio de 1999, por la cual la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia inicia de manera oficiosa actuación administrativa con el fin de determinar si se configuró la causal de inhabilidad para ejercer los cargos en la Rama Judicial, prevista en el numeral 3º del artículo 150 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia. En dicha providencia se ordenó notificar a la demandante (fls. 34-35).

— Providencia de 6 de abril de 2000, emitida por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual se declaró insubsistente el nombramiento de la actora a cargo de Magistrada de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá (fls. 171-183).

— Comunicación de 6 de junio de 2000, emitida por la Secretaría General, mediante la cual se requiere a la actora para notificarse de la providencia emitida por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia

(fl. 198).

— Comunicación de fecha 13 de junio de 2000, emitida por la Secretaría General de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual se notificó la providencia de 6 de abril de 2000 (fl. 206).

— Providencia de 21 de septiembre de 2000, emitida por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual se negó la reposición interpuesta contra la decisión de 6 de abril de 2000 (fls. 319-338).

— Certificación de 12 de diciembre de 2003, suscrita por la directora de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, mediante la cual se hace constar que dentro de sus archivos la accionante no se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Escalafón (fl. 598).

2. Cuestión de fondo.

Para efectos de desarrollar el asunto sometido a consideración de la Sala, es preciso efectuar el siguiente recuento de los hechos:

Mediante resolución de 22 de mayo de 1998, el Fiscal General de la Nación dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva de la libertad en contra de la señora Nohora Elisa del Río Mantilla por el delito de prevaricato por omisión, y ordenó la suspensión en el ejercicio del cargo de Magistrada de la Sala Civil del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, que esta desempeñaba.

El 25 de septiembre de 1998, el Fiscal General de la Nación la acusó formalmente ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y confirmó la medida de aseguramiento de detención domiciliaria.

Una vez en la etapa de juicio, esto es, ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante providencia de 9 de abril de 1999, se resolvió conceder a la accionante libertad provisional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 415 del Código de Procedimiento Penal, por vencimiento de términos al haber transcurrido más de seis meses sin que se hubiere celebrado audiencia pública.

El 20 de mayo de 1999, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, al resolver la petición presentada por la actora, dejó sin efectos la suspensión en el ejercicio del cargo impuesta a la misma, por encontrar que al gozar esta de la libertad provisional, no le era aplicable la inhabilidad prevista en la Ley 270 de 1996.

El 6 de abril de 2000, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, declaró insubsistente el nombramiento de la actora en el cargo de Magistrada de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, con fundamento en el numeral 3 del artículo 150 de la Ley 270 de 1996, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Ley 270 de 1996

ART. 150.—Inhabilidades para ejercer cargos en la Rama Judicial. No podrá ser nombrado para ejercer cargos en la Rama Judicial:

(…).

3. Quien se encuentre bajo medida de aseguramiento que implique la privación de la libertad sin derecho a la libertad provisional.

(…).

PAR.—Los nombramientos que se hagan en contravención de lo dispuesto en el presente artículo y aquellos respecto de los cuales surgiere inhabilidad en forma sobreviniente, serán declarados insubsistentes mediante providencia motivada, aunque el funcionario o empleado se encuentre escalafonado en la carrera judicial.

De la lectura de la anterior disposición, se infiere que la autoridad nominadora puede retirar del servicio a aquellos funcionarios que se encuentren incursos en las causales de cesación definitiva del ejercicio de funciones públicas, que para el presente caso, se concretó en la declaratoria de insubsistencia consagrada en el numeral 3º ibídem, a pesar de que la demandante al momento en que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia adoptó la decisión de retiro, era beneficiaria de la libertad provisional (en consideración a que transcurrieron más de 6 meses a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación sin que en la causa se hubiese celebrado la correspondiente audiencia pública) tal circunstancia no es un obstáculo para efectuar un pronunciamiento sobre la aparente inhabilidad que recaía sobre ella.

En efecto, las inhabilidades consagradas en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, tienen como objeto primordial impedir, no solo el nombramiento de las personas incursas en ellas, sino preservar la moralidad y la integridad de la función pública, que en el caso particular de aquellos que ocupan altas jerarquías a nivel judicial, deben resaltarse por hacer gala de una recta y cumplida administración de justicia y no generar la desconfianza que en los asociados produjo su determinación prevaricadora.

Otra de las finalidades que se persigue con el establecimiento de inhabilidades, es asegurar que la transparencia y confianza que la sociedad deposita en los administradores de justicia no se resquebraje, máxime si, como en el presente caso, se trataba de una Magistrada de Tribunal Superior, cuyo deber primordial es administrar justicia libre de vicios que afecten sus decisiones.

Así entonces, la actuación desplegada por la Sala Plena, que se concretó en la providencia que dispuso la declaratoria de insubsistencia, en nada implicó una revocación de la decisión adoptada mediante providencia de 20 de mayo de 1999, pues en la primera se declaró la insubsistencia del nombramiento de la actora en el cargo de Magistrada de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, al encontrarse esta inmersa en una de las causales de inhabilidad prevista en la Ley 270 de 1996, en la medida en que afectaba de manera grave la prestación del servicio de administrar justicia, mientras que en la segunda se dejó sin efectos la medida administrativa de cesación del ejercicio de la función judicial, derivada de la imposición de la medida de aseguramiento dictada por la Fiscalía, que por su naturaleza era de orden temporal, cuestión completamente diferente a la del retiro por insubsistencia, por cuanto esta no se adopta como una medida transitoria sino definitiva ante la inminencia del desmejoramiento en la prestación del servicio. Por tanto, y como bien lo expuso el tribunal, “el reintegro que favoreció a la actora en virtud de la providencia del 20 de mayo de 1999, no se configuró en un derecho adquirido que hiciera inamovible a la accionante, o que le otorgara una estabilidad tal que impidiera a la autoridad competente hacer uso de las causales genéricas de retiro, en aquellos casos que en su criterio se viera afectada la integridad de la función pública” (fl. 833).

Agotado lo anterior, pasará la Sala a analizar el cargo de falta de competencia de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para adelantar el trámite administrativo oficioso que terminó con la declaratoria de insubsistencia de la actora y que en sentir de dicha funcionaria, este procedimiento debió ser llevado a cabo por el Consejo Superior de la Judicatura por su calidad de empleada de carrera administrativa.

Los artículos 17 y 85 de la Ley 270 de 1996 establecen las funciones de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en los siguientes términos:

“ART. 17.—De la Sala Plena. La Sala Plena cumplirá las siguientes funciones:

Resolver los asuntos administrativos y jurisdiccionales que correspondan a la corporación.

(…).

5. Hacer, previo el estudio en cada Sala de Casación, la evaluación del factor cualitativo de la calificación de servicios de los magistrados de los tribunales superiores de distrito judicial, que servirá de base para la calificación integral”.

“ART. 85.—Funciones administrativas. Corresponde a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura

(…)

13. Regular los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador,

(…).

17. Administrar la carrera judicial de acuerdo con las normas constitucionales y la presente ley.

Y el Acuerdo 22 de 1998, establece las funciones de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, así:

“De la Sala Plena

ART. 10.—Funciones. Tendrá las siguientes funciones principales:

(…).

2. (…) PAR.Nombrar magistrados de la Corte y de los tribunales superiores en provisionalidad o en encargo, en los casos autorizados por la ley, siempre que fuere necesario a juicio de la respectiva Sala de Casación.

(…).

9. Elegir magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, previo estudio por la respectiva Sala de Casación Especializada, de los candidatos que integren la lista remitida por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura”.

De las normas previamente transcritas, para la Sala es claro que al tener la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia la función nominadora de los funcionarios que ocupan los cargos de magistrados de los tribunales superiores, debe decidir, no solo del retiro de los mismos, sino de la resolución de las situaciones administrativas en que se encuentren inmersos en el desarrollo de la función pública.

Es preciso advertir que la causal excepcional de insubsistencia por inhabilidad sobreviniente, se presenta sin importar la clase o forma de provisión del servidor público (libre nombramiento, de periodo o de carrera), razón por la cual no son de recibo las alegaciones de la demandante respecto a la competencia que debe radicar en el Consejo Superior de la Judicatura.

Otro de los argumentos que será desestimado se presenta con relación a la violación de derecho al debido proceso con el procedimiento administrativo que se llevó a cabo previo a la declaratoria de insubsistencia de la demandante, pues de conformidad con el material probatorio allegado al plenario, se encuentra que mediante providencia del 1º de julio de 1999, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, inició oficiosamente “actuación administrativa con la finalidad de determinar si en su caso se configura la causal de inhabilidad para ejercer los cargos en la Rama Judicial, prevista en el numeral 3º del artículo 150 de la normatividad en referencia. Y en consecuencia ordenó: “1. Por secretaría comuníquese a la doctora Nohora Elisa del Río Mantilla sobre la existencia de la presente actuación para que si lo estima conveniente intervenga en ella, con la advertencia de que podrá solicitar pruebas y allegar las informaciones pertinentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 Código Contencioso Administrativo, en concordancia con los artículos 57 y 58 ibídem. Igualmente infórmesele que tiene derecho a nombrar apoderado judicial” (fls. 34-35).

Este procedimiento en sentir de la Sala se adecua a los parámetros generales establecidos en el Código Contencioso Administrativo, en consideración a que a pesar de la inexistencia de un juicio especial, para efectos de verificar la existencia de una inhabilidad sobreviniente, la parte actora tuvo a su disposición en todas las etapas del trámite administrativo, la posibilidad de solicitar pruebas y ejercer su derecho de defensa (fls. 38-57), circunstancias que en manera alguna quebrantan disposiciones de índole superior.

En las anteriores condiciones, se considera que la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia se ajusta a la legalidad, pues sería a todas luces incongruente que se anule el acto de insubsistencia, cuyo fundamento fue una medida tomada dentro de un proceso penal seguido en contra de la actora por la comisión de un delito por el que finalmente fue condenada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

CONFÍRMASE la sentencia del seis (6) de diciembre de dos mil siete (2007) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D” que denegó las súplicas de la demanda.

Cópiese, notifíquese y ejecutoriada, Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».