Sentencia 2001-01264 de octubre 9 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN “B”

Radicación: 25000232600020010126401 (33273)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Proceso: Acción de reparación directa

Actor: Sergio Casanova Díaz y otros

Demandado: Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación

Bogotá, D.C., nueve de octubre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «III. Consideraciones de la Sala

3.1. Competencia.

Esta Corporación es competente para conocer del asunto de la referencia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en proceso de doble instancia, seguido ante el Tribunal Administrativo del Caquetá, tal como lo dispone el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo. Sobre el particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, desde el 9 de septiembre de 2008(3), tiene sentado que, en aplicación de los artículos 73 de la Ley 270 de 1996y 31 constitucional, la primera instancia de los procesos de reparación directa, fundamentados en error jurisdiccional, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se surten ante los Tribunales Contenciosos.

3.2. Asunto que la Sala debe resolver.

Corresponde a la Sala analizar los argumentos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia del 3 de agosto de 2006, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en aras de establecer si existe responsabilidad de la demandada, como consecuencia de los perjuicios sufridos por la privación de la libertad a que estuvo sometido el señor Sergio Casanova Díaz.

3.2.1. Juicio de Responsabilidad.

La parte actora concreta el daño a partir de los perjuicios sufridos como consecuencia de la privación de la libertad a que estuvo sometido el señor Sergio Casanova Díaz por los delitos de prevaricato, falsedad y enriquecimiento ilícito, la cual considera injusta en tanto se profirió sentencia absolutoria.

En virtud de lo expuesto, pasa la Sala a establecer el daño, su antijuridicidad y a determinar si le resulta imputable a la Fiscalía General de la Nación; porque de no ser ello así se confirmará la sentencia de primera instancia que declaró la responsabilidad de la demandada y la condenó al pago de perjuicios materiales y morales.

3.2.3 Hechos probados.

Serán tenidos en cuenta los elementos probatorios aportados por las partes en las oportunidades legales, los allegados al plenario por disposición del a quo, al igual que los decretados en esta instancia que acreditan los siguientes hechos:

3.2.3.1. El 28 de febrero de 2001 el Juzgado Cuarenta y Uno Penal del Circuito de Bogotá profirió sentencia absolutoria a favor del señor Sergio Casanova Díaz, de los cargos formulados por la Fiscalía Doscientos Dieciséis Delegada adscrita a la Unidad Segunda de Delitos contra la Administración Pública, por los delitos de prevaricato por acción, falsedad y enriquecimiento ilícito. Así mismo, le concedió la libertad provisional señalando que dicho beneficio sería definitivo una vez ejecutoriada la providencia y compulsó copias a la Unidad de Asignaciones de la Fiscalía General de la Nación a efectos de investigar y determinar qué personas de las que laboraban con la Clínica de Orientación del Departamento Administrativo de Bienestar Social del Distrito en los años 1992 y 1993 se pueden hallar incursos en delitos contra la fe y la administración pública, entre ellos, los señores Amparo Judith Solórzano, María Cristina Latorre de Puentes, Mariela Arrieta Ospina, Consuelo Salazar Trujillo y Luis Gonzalo Fernández (fls. 5-16, cdno. 2).

3.2.3.2. Se recepcionaron los testimonios del señor Henry Gutiérrez Sánchez, quien se pronunció respecto del tratamiento que el señor Sergio Casanova Díaz realizó a sus hijos, el valor pagado por cada sesión, así como sobre las capacidades del señor Casanova Díaz para el manejo del autismo (fls. 65-66, cdno. 2). En similar sentido se expresaron los señores Iván David Amaya Ruiz y Gabriel Dávila Mejía quienes fueran pacientes del señor Casanova Díaz (fls. 67-68; 69-70, cdno. 2). Así mismo, los señores Miguel Pablo Bronstein y Carmenza Mondragón Restrepo se pronunciaron respecto de su conocimiento sobre las condiciones profesionales del actor dado el tratamiento practicado a un miembro de su familia hacia el año de 1991 (fls. 71-73, cdno. 2).

3.2.3.3. El 22 de octubre de 2001, la Jefa de Unidad de Gestión Humana del Departamento Administrativo de Bienestar Social del Distrito Capital, certificó que el señor Sergio Casanova Díaz “ingresó al DABS a partir del 28 de septiembre de 1990 hasta el 13 de febrero de 1998, desempeñando el cargo de Asesor grado 24, con un salario mensual por el valor de $ 2.463.880.00” (fl. 87, cdno. 1).

3.2.3.4. El 1º de febrero de 2005, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Bogotá, Grupo de Psiquiatría y Psicología Forense dictaminó que el señor Sergio Casanova Díaz “presenta signos y síntomas de Perturbación Psíquica Transitorio” (sic) (fls. 1-8, cdno. 3).

3.2.3.5. Obran en el plenario, recibos del Fondo Nacional del Ahorro y del Banco Ganadero en los que relaciona un crédito a favor del señor Sergio Casanova Díaz (fls. 75-83, cdno. 1). Igualmente se aportó factura de venta expedida por ETB a nombre del señor Casanova Díaz (fls. 84-86, cdno. 1). Así mismo, obra comunicación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en la que se señala que “consultado el Archivo Magnético se constató que, no figuran Declaraciones de Renta presentadas por los años gravables 1990 a 2002, a nombre del contribuyente SERGIO CASANOVA DÍAZ (…)” (fl. 54, cdno. 2), y constancia de la personería de Bogotá en la que se indica que el señor Sergio Casanova Díaz no registra antecedentes disciplinarios y que, mediante Resolución 7/92 de la Personería Delegada para la Protección y Defensa de los Derechos Civiles y Humanos, fue exonerado de toda responsabilidad disciplinaria por no habérsele encontrado responsable de los hechos denunciados en la investigación disciplinaria 4748/91 (fls. 55-64, cdno. 1).

3.2.3.6. El 23 de agosto de 2006, la Unidad Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, Fiscalía Tercera, precluyó la investigación a favor del señor Yesid Lozano Rojas por atipicidad en la conducta, dentro de la investigación penal adelantada en su contra y del señor Oscar Bustamante Hernández como Fiscales Seccionales por los delitos de Prevaricato por Acción y Omisión, Abuso de Función Pública, Privación Ilegal de la Libertad y otros, en virtud de la actuación surtida por los mismos dentro del proceso penal que se adelantó al señor Sergio Casanova Díaz (fls. 219-258, cdno. ppal.)(4).

3.2.3.7. El señor Sergio Casanova Díaz y la señora Adalgiza Rangel Carreño son padres de Tania Eslendy, Sergio Alejandro y Liliana Gabriela Casanova Rangel (fls. 1-3, cdno. 2).

3.2.4. Análisis del caso.

Como lo relatan los antecedentes, la parte actora solicita declarar responsable a la Fiscalía General de la Nación, por considerarla responsable de los perjuicios sufridos como consecuencia de la medida de aseguramiento, consistente en la detención preventiva, a que estuvo sometido el señor Sergio Casanova Díaz, la cual considera injusta en tanto el proceso penal culminó con sentencia absolutoria por atipicidad de las conductas endilgadas. A su vez, la entidad demandada controvierte la decisión de primera instancia que la declaró responsable y la condenó a pagar perjuicios materiales y morales, pues, a su juicio, la privación de la libertad del señor Casanova Díaz no puede calificarse de injusta, en tanto se realizó conforme el ordenamiento jurídico y con fundamento en las pruebas que para ese momento existían convirtiéndose en una carga que el actor debe soportar, al tiempo que solicitó inaplicar el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 por considerarlo contrario a la Constitución.

Para lo cual es menester precisar que tal como lo viene sosteniendo la jurisprudencia de esta corporación:

“… en los eventos en los que se demuestre que la privación de la libertad fue injusta, y ésta lo será siempre que se acredite en el proceso que el afectado con la medida restrictiva no tenía porque soportarla, se está ante un daño imputable al Estado, que debe ser indemnizado con fundamento en lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política, así las razones de absolución o de preclusión de la investigación no obedezcan a ninguna de las causales previstas por el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal ya derogado. Cabe destacar que frente a casos como este corresponde a la parte actora acreditar cuál fue la actuación del Estado, y que dicha actuación produjo un daño antijurídico, además de que existe nexo de causalidad entre la primera y el segundo…”(5).

Ahora bien, advierte la Sala que la demandada propuso una excepción de inconstitucionalidad frente al artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, al considerar que la facultad conferida al legislador extraordinario se limitó a la regulación del procedimiento penal, mas no a los aspectos relativos a la responsabilidad del Estado. No obstante, como lo ha señalado esta Subsección, la aplicación de dicha norma no implica “una contradicción ostensible y directa con alguna disposición constitucional, por lo que le dará aplicación a la misma, tal como lo ha hecho la Sección Tercera de la Corporación en reiterada y abundante jurisprudencia”(6).

En el sub lite, se evidencia que el señor Sergio Casanova Díaz, fue privado de la libertad, pues la sentencia penal, proferida por el Juez Cuarenta y Uno Penal del Circuito de Bogotá, el 28 de febrero de 2001 entre otros aspectos resolvió “CONCEDER LA LIBERTAD PROVISIONAL”. En dicha providencia el señor Casanova Díaz fue absuelto de los delitos de prevaricato por acción, falsedad y enriquecimiento ilícito y además se compulsó copias a la Unidad de Asignaciones de la Fiscalía General de la Nación a efectos de investigar y determinar qué personas de las que laboraban con la Clínica de Orientación del Departamento Administrativo de Bienestar Social del Distrito en los años 1992 y 1993 se pueden hallar incursos en delitos contra la fe y la administración pública, entre ellos, los señores Amparo Judith Solórzano, María Cristina Latorre de Puentes, Mariela Arrieta Ospina, Consuelo Salazar Trujillo y Luis Gonzalo Fernández(7). En dicha providencia se especificó:

“(…) procede esta Oficina Judicial a dictar el fallo que en derecho corresponda, el que desde ya se indicará ha de ser de carácter absolutorio, conforme lo solicitan el mismo Fiscal y con vehemencia el señor Defensor por atipicidad de las conductas atribuidas al procesado SERGIO CASANOVA DÍAZ.

En primer lugar, hemos de manifestar que en verdad es asombroso observar cómo la Fiscalía General de la Nación en detrimento de la Administración de Justicia, centró su atención en investigar unos hechos que desde la misma queja se avizoraba que lejos estaban de constituir infracciones a la Ley Penal. Ya que se trataba de inconformidades expresadas por algunos funcionarios adscritos a la Clínica de Orientación del Departamento Administrativo de Bienestar Social del Distrito, frente a la calificación otorgada por su superior en relación con el desempeño de sus actividades laborales y funciones encomendadas, actos administrativos que fueron expedidos en ejercicio y cumplimiento de la misión encomendada al Dr. SERGIO CASANOVA DÍAZ en su condición de Director de la Clínica de Orientación del Departamento Administrativo de Bienestar Social, respecto de los cuales le asistían a los presuntos perjudicados los recursos de ley previstos para esa clase de actuaciones, las cuales insistimos nada reflejaban de ilícito como a continuación se dejará plasmado.

(…).

En efecto y en relación con el cargo elevado contra el Dr. CASANOVA DÍAZ en la Resolución de Acusación por el delito de “FALSEDAD MATARIAL DE SERVIDOS PÚBLICO EN DOCUMENTO PÚBLICO”, consagrado en el artículo 218 del Código Penal, considera éste Juzgado que el actuar del encausado lejos está de adecuarse a dicha disposición penal, pues el haber diligenciado los espacios en blanco en los formatos de evaluación y calificación de su subalternos, obedeció de una parte al cumplimiento de una orden emanada de su superior, quien le devolvió tales documentos para que completara dicha información y, de la otra, lo allí consignado es el espacio correspondiente a la “JUSTIFICACIÓN DEL GRADO DE APRECIACIÓN” tenía como objeto adicionar su punto de vista e ilustrar a las personas calificadas del porqué del puntaje otorgado en cada uno de los aspectos evaluados.

(…).

En el presente caso no se puede tildar de dolosa y menos de ilícita la conducta del procesado CASANOVA DÍAZ, al diligenciar los espacios en blanco de los formatos de calificación de los empleados adscritos a la Clínica de Orientación del Distrito y, por consiguiente, resulta un desacierto de la Fiscalía Instructora al tachar de “repudiable” (…), tal procedimientos, al indicar que antes de la ocurrencia de los hechos, las calificaciones dadas a los citados profesionales fueron altas en sus desempeños y variaron estrepitosamente y que “la alteración se hizo evidente (…) en el momento en que se notificó la CALIFICACIÓN, el espacio correspondiente a JUSTIFICACIÓN DEL GRADO DE APRECIACIÓN, estaba en blanco, al punto que era imposible establecer en forma concreta los fundamentos que llevaron a CASANOVA DÍAZ a establecer su calificación; de suerte que cuando llega la documentación al nuevo calificador OMAR BARRETO, es donde se evidencia que los espacios han sido llenados”, apreciación que también resulta equivocada, pues en ningún momento ha sido objeto de discusión el hecho de que al notificar inicialmente a las señoras AMPARO JUDITH SOLÓRZANO, MARÍA CRISTINA LATORRE DE PUENTES, MARIELA ARRIETA OSPINA, CONSUELO SALAZAR TRUJILLO y al señor LUIS GONZALO FERNÁNDEZ, la correspondiente calificación de su desempeño, el evaluador y aquí procesado Dr. CASANOVA DÍAZ olvidó diligencias los renglones correspondientes a “JUSTIFICAICÓN DEL GRADO DE APRECIACIÓN”, circunstancia que motivó para que el superior los devolviera al hoy investigado para que los completara y al proceder de conformidad, no se puede tener esto como un acto atentatorio de la fe pública, pues ello obedeció al cumplimiento de una orden y de la otra sus apreciaciones se basaron en conocimientos previos y teniendo como soporte las estadísticas recogidas, en donde se indicaba las tareas por ellos desempeñadas.

(…).

Con las anteriores pruebas, queda plenamente demostrado que el Dr. CASANOVA DÍAZ, en su papel de evaluador de sus subalternos actuó de manera imparcial y que mal podría señalarse la acción de supervisión y vigilancia desarrollada por el procesado, como un comportamiento delictivo, ya que el haber llenado los espacios en blanco no se puede tener como una adulteración de los formatos de calificación, como erradamente adujo la Fiscalía que tuvo a cargo la instrucción de la investigación, ya que reiteramos tal procedimiento lo hizo en cumplimiento de su deber y la información allí consignada correspondía a su personal apreciación y basados en los elementos de juicio de carácter objetivo y cuantitativo como fueron las estadísticas que mensualmente se elaboraban y que daban cuenta del real desempeño de las labores de las personas a evaluar; además, que quienes resultaron inconformes con tal calificación fueron al tiempo señaladas por otros compañeros, como aquellas que se opusieron a las propuestas de modernización y planes de trabajo planteados por el investigado en bien de la institución representada.

En tal orden de ideas y habida cuenta que el Dr. CASANOVA DÍAZ se limitó fue a suministrar una explicación o justificación de las notas calificatorias, a petición de la oficina de personal, no se podría afirmar que con ello incurrió en el delito de falsedad que se le atribuyó, pues con ello no estaba alterando documentos ni cambiando el sentido de los mismos, motivos por los cuales hemos de concluir que estamos frente a una conducta atípica.

Ahora bien, en cuanto a los cargos elevados por el delito de enriquecimiento ilícito tampoco se cuentan con válidos y suficientes elementos de juicio para tener acreditado éste punible, pues difícilmente se podría afirmar que el Dr. CASANOVA DÍAZ obtuvo incremento patrimonial no justificado al devengar varios emolumentos por salario de más de dos instituciones del Estado, pues le era imposible acudir a sus sitios de trabajo, al no tener el “Don de la ubicuidad”.

Al respecto, se tiene que es falsa la apreciación del funcionario instructor al afirmar que el procesado devengaba salarios de más de dos instituciones del Estado, pues demostrado está que el mencionado para la fecha de la queja origen de la presente investigación se desempeñaba como Director Científico de la Clínica de Orientación del Departamento Administrativo de Bienestar Social del Distrito Capital e, igualmente, como Investigador Científico de la Caja Nacional de Previsión Social “CAJANAL” y si además prestaba sus servicios en el Hospital Lorencita Villegas de Santos como Médico Psiquiatra, atendía su consultorio privado y dictaba cátedra en algunas universidades entre ellas la del Bosque, solo trabajaba para dos entidades del Estado, pues las restantes que se afirman son de carácter privado.

(…).

De tal manera, que difícilmente se podría hablar en su contra de un delito de enriquecimiento ilícito cuando el Dr. CASANOVA DÍAZ ejercía una actividad lícita al desempeñarse en los cargos públicos para los cuales fue contratado y el ejercer su profesión de Médico Psiquiatra en el hospital Lorencita Villegas, atender su consultorio privado y dictar cátedra en las universidades, actividades que si bien de suyo implican una dedicación de tiempo, su distribución y alcance depende de la preparación y organización que tenga cada cual, pues no a todas las personas se les puede medir sus capacidades bajo iguales parámetros, pues obvio es que unas estarán en mejores condiciones que otras.

(…).

Por último y en relación con el delito de prevaricato por acción, de acuerdo con el artículo 149 del Código Penal (…) incurre en él, el servidor público que profiera resolución o dictamen manifiestamente contrario a la ley (…).

En nuestro asunto sometido a consideración, se observa que para el funcionario que tuvo a cargo la calificación del mérito del sumario, la conducta prevaricadora desplegada por el Dr. CASANOVA DÍAZ consistió en el hecho de la expedición de la calificación de funcionarios las que fueron consideradas contrarias a su real desempeño; sin embargo, es otra la perspectiva que nos muestran las pruebas aportadas a la investigación, según las cuales está demostrado que tales actos administrativos se hallan sustentados en elementos objetivos como fueron los resultados de las estadísticas en la que se mostraba el real desempeño de cada uno de los empleados y más aún si se tiene en cuenta que la persona nombrada como secundo calificador Dr. OMAR BARRETO confirmó la calificación.

(…).

Finalmente, hemos de manifestar que es la misma Fiscalía a cargo del funcionario que asumió la etapa de juzgamiento como sujeto procesal, quien reconoce los errores de apreciación en que incurrió el Fiscal bajo cuya dirección estuvo la instrucción del sumario y por ello se vio en la necesidad de replantear la situación y reconocer que existió equivocación por su antecesor al endilgar y llamar a juicio a SERGIO CASANOVA DÍAZ por los delitos atrás reseñados, luego y con base en las consideraciones precedentes no queda otro camino que darle la razón a dicho sujeto procesal, así como también al señor Defensor, quien desde que asumió dicho cargo no hizo más que pregonar la atipicidad de las conductas, petición que en esta oportunidad ha encontrado plena acogida por corresponder a la realidad fáctica procesal, luego se dictará sentencia absolutoria a favor del inculpado SERGIO CASANOVA DÍAZ ya que, reiteramos, los hechos denunciados e investigados no se adecuan a la descripción legal que traen consigo las normas penales para los delitos por los cuales se le llamó a responder en juicio de prevaricato por acción, enriquecimiento ilícito y falsedad y en esas condiciones sus peticiones serán atendidas favorablemente.

De acuerdo con lo anterior, el Estado debe responder por el daño causado, consistente en la privación de la libertad que el señor Sergio Casanova Díaz no tenía que soportar, pues la Fiscalía General de Nación, profirió medida de detención preventiva, por hechos que no constituyen conductas típicas, conforme lo expuesto en la sentencia absolutoria del Juzgado Cuarenta y Uno del Circuito de Bogotá, aspecto que, según lo sostenido por el Juzgador, era perceptible desde el momento de la denuncia formulada en contra del señor Sergio Casanova Díaz.

Es que tratándose de responsabilidad extracontractual en nuestro ordenamiento rige el principio según el cual la reparación persigue la indemnidad de la víctima, en eventos como en el sub lite en que la misma no tenía que soportar el daño, contrario a lo que sostiene la entidad demandada. Esto es así porque la presunción de inocencia es un principio que el Estado debe desvirtuar y la Fiscalía no acreditó los elementos necesarios para el efecto, pues pretendió estructurar la responsabilidad penal respecto de conductas atípicas.

Se encuentra suficientemente acreditado en el plenario, entonces, que la detención a que estuvo sometido el señor Sergio Casanova Díaz, le causó un dañó que debe ser resarcido, para lo cual, en este aspecto se comparte lo expuesto en la sentencia del 3 de agosto de 2006, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Estructurada como se encuentra la responsabilidad del Estado por el daño causado a la parte actora, como consecuencia de la privación injusta de la libertad del señor Sergio Casanova Díaz y atendiendo al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada no queda sino acompañar lo señalado en primera instancia respecto de la declaratoria de responsabilidad de la entidad demandada.

No obstante, atendiendo a que no obra en el plenario prueba que acredite el tiempo que duró la privación de la libertad del señor Casanova Díaz, habrá de modificarse la sentencia en lo relacionado con la condena proferida por el a quo en concreto, tanto para los perjuicios morales como para los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, para en su lugar condenar en abstracto. Para el efecto, deberá aportarse al incidente respectivo, prueba del tiempo en que el señor Sergio Casanova Díaz estuvo privado de la libertad.

En lo que respecta a los perjuicios morales, esta Corporación ha reiterado que(8):

“(…) en casos de privación injusta de la libertad y con apoyo en las máximas de la experiencia, hay lugar a inferir que esa situación genera dolor moral, angustia y aflicción a las personas que por esas circunstancias hubieren visto afectada o limitada su libertad(9); en la misma línea de pensamiento se ha considerado que dicho dolor moral también se genera en sus seres queridos más cercanos, tal como la Sala lo ha reconocido en diferentes oportunidades(10), al tiempo que se ha precisado que según las aludidas reglas de la experiencia, el dolor de los padres es, cuando menos, tan grande como el del hijo que fue privado injustamente de su libertad, cuestión que cabe predicar por igual en relación con el cónyuge, compañera o compañero permanente o estable o los hijos de quien debió soportar directamente la afectación injusta de su Derecho Fundamental a la libertad(11).

Asimismo, en relación con la acreditación del perjuicio en referencia, se ha dicho que con la prueba del parentesco o del registro civil de matrimonio se infiere la afectación moral de la víctima, del cónyuge y de los parientes cercanos(12), según corresponda.

Respecto del quantum al cual deben ascender estos perjuicios, según la jurisprudencia de la Sala que aquí se reitera, se encuentra suficientemente establecido que el Juez debe tener como fundamento el arbitrio judicial y debe valorar, según su prudente juicio, las circunstancias propias del caso concreto, para efectos de determinar la intensidad de esa afectación, con el fin de calcular las sumas que se deben reconocer por este concepto(13).

Ahora bien, en los casos de privación injusta de la libertad se reiteran los criterios contenidos en la sentencia de 28 de agosto de 2013, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativa —radicación 25.022— y se complementan los términos de acuerdo con la evolución jurisprudencial de la Sección Tercera en los términos del cuadro que se incorpora a continuación:

 NIVEL 1NIVEL 2NIVEL 3NIVEL 4NIVEL 5
Reglas para liquidar el perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertadVíctima directa, cónyuge o compañero (a) permanente y parientes en el 1º de consanguinidadParientes en el 2º de consanguinidadParientes en el 3º de consanguinidadParientes en el 4º de consanguinidad y afines hasta el 2ºTerceros damnificados
Término de privación injusta en meses 50% del Porcentaje de la Víctima directa35% del Porcentaje de la Víctima directa25% del Porcentaje de la Víctima directa15% del Porcentaje de la Víctima directa
 SMLMVSMLMVSMLMVSMLMVSMLMV
Superior a 18 meses10050352515
Superior a 12 e inferior a 18904531,522,513,5
Superior a 9 e inferior a 128040282012
Superior a 6 e inferior a 9703524,517,510,5
Superior a 3 e inferior a 6502517,512,57,5
Superior a 1 e inferior a 33517,512,258,755,25
Igual e inferior a 1157,55,253,752,25

Los anteriores criterios se tendrán en cuenta para el reconocimiento de los perjuicios morales de todos los actores, esto es, tanto para el señor Sergio Casanova Díaz como de los señores Adalgiza Rangel, Tania Eslendy, Sergio Alejandro y Liliana Gabriela Casanova Rangel, quienes acreditaron plenamente su afectación por la privación del primero de los nombrados, los tres últimos en su calidad de hijos, conforme el respectivo registro civil de nacimiento y si bien es cierto respecto de la señora Adalgiza Rangel, quien se presenta como cónyuge, no se aportó el registro civil de matrimonio, se tendrá como damnificada y recibirá igual cantidad como reconocimiento por los perjuicios morales al ser, junto con el señor Sergio Casanova Díaz, padres de Tania Eslendy, Sergio Alejandro y Liliana Gabriela Casanova Rangel.

Ahora bien, en lo relacionado con los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante el a quo señaló:

“— Del Lucro Cesante.

Lo constituyen todos aquellos dineros que el afectado dejó de percibir, como consecuencia del hecho dañoso, en este caso, los dineros que, por concepto de salario, no fueron cancelados al señor SERGIO CASANOVA DÍAZ, durante el tiempo que se prolongó la Privación de la Libertad —38 meses—, vale decir la suma mensual de DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 2.463.880),en su calidad de Asesor Grado 24 al servicio de la Clínica de Orientación del Departamento Administrativo de Bienestar Social del Distrito Capital de Bogotá —suma que deberá ser actualizada, atendiendo al Índice de Precios al Consumidor —IPC— Certificado por el Departamento Nacional de Planeación —DANE— (sic) tomando como índice inicial, el correspondiente a la fecha de expedición de la Sentencia Absolutoria proferida por el Juzgado 41 Penal del Circuito de Bogotá, esto es, 28 de febrero de 2001 y como índice final, el correspondiente al mes de Junio del año que avanza, atendiendo a que el dato correspondiente al mes anterior al del proferimiento de la presente providencia no ha sido suministrado por el DANE.

Por su parte las sumas históricas sin actualizar, devengarán intereses técnico del SEIS POR CIENTO (6%) ANUAL, a partir del momento de la expedición de la aludida sentencia, hasta el momento de proferimiento de la presente providencia.

De esta manera y de conformidad con la fórmula adoptada, se tiene que por dicho concepto, debe reconocerse al demandante, lo siguiente:

aaaa486Sent2001-01264
 

La indemnización del Lucro Cesante, corresponde a:

Suma Actualizada: $ 127.094.791.oo

Intereses: $ 38.128.435.oo

Total:$ 165.223.226.oo

TOTAL INDEMNIZACIÓN POR PERJUICIOS MATERIALES: CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS PESOS ($ 165.223.226)”.

Así las cosas, debe precisarse que el tiempo a liquidar comprenderá el mismo en que el señor Casanova Díaz estuvo privado de la libertad, conforme se pruebe, pues aunque el a quo reconoció indemnización por este concepto por el término de 38 meses, al parecer siguiendo lo expuesto en el libelo introductorio, no se evidencia el soporte probatorio de dicho periodo. Aunado a lo anterior, deberá aplicarse la fórmula adoptada para estos eventos así:

“Indemnización debida o consolidada

aaaa487Sent2001-01264
 

Donde:

S = La suma que se busca al momento de la condena

Ra= constituye la renta actualizada (base de liquidación)

n= número de meses a indemnizar (desde la fecha de la privación, hasta la fecha en que se otorga el beneficio de libertad, incrementado en 8.75 meses que corresponden al tiempo que, en promedio, puede tardar una persona en edad económicamente activa para encontrar un nuevo puesto de trabajo en Colombia, según el SENA)

i= interés técnico legal mensual (0,004867)

Ahora bien, es importante precisar, que para la base de liquidación, la certificación expedida por la Jefa de la Unidad de Gestión Humana del Departamento Administrativo de Bienestar Social del Distrito Capital, señala que el señor Sergio Casanova Díaz ingresó a partir del 28 de septiembre de 1990 “hasta el 13 de febrero de 1998, desempeñando el cargo de Asesor grado 24, con un salario mensual por el valor de $ 2.463.880.00”. Así las cosas, es fundamental contar con la evidencia del periodo que duró la privación injusta de la libertad, pues si el señor Casanova Díaz estuvo vinculado hasta el “13 de febrero de 1998” habría que revisar si dicha fecha coincide con el momento en que fue privado de la libertad, o si por el contrario, solo hasta ese día se extendía su vinculación con la entidad, pues de ser así la base de liquidación variaría conforme lo que se pruebe o teniendo en cuenta el salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de la presente providencia, al cual se le se adicionará un 25% por concepto de prestaciones sociales. Así mismo, se considera procedente extender el período de tiempo por el término en que el señor Casanova Díaz debió quedar cesante una vez recuperó su libertad definitiva, el cual se estima en un período adicional de 35 semanas (8,75 meses), que corresponden al tiempo que, en promedio, puede tardar una persona en edad económicamente activa para encontrar un nuevo puesto de trabajo en Colombia, como lo ha considerado la Sala en oportunidades anteriores, con fundamento en la información ofrecida por el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA),(14)

Todo lo anterior, en todo caso, respetando el principio de la no reformatio in pejus, por ser la entidad demandada apelante único. Es decir, las sumas que surjan del incidente en ningún caso podrán ser superiores a las que en principio había reconocido el a quo pero sí inferiores, conforme se pruebe.

Ahora bien, en lo relacionado con los llamados en garantía, la sentencia de primera instancia, en los antecedentes, refiere que aunque mediante auto del 29 de agosto de 2002, se accedió al llamamiento formulado por la Fiscalía General de la Nación, “vencido el término otorgado en la antedicha providencia, para efectos de lograr la intervención de los citados, no habiéndose logrado su vinculación al proceso por el no pago de las expensas de notificación del auto señalado en el numeral anterior, se procedió a dar cumplimiento a lo señalado en el Artículo 56 del Código de Procedimiento Civil”. No obstante, en las consideraciones precisa que “en lo que dice (sic) relación con los funcionarios llamados en garantía, anota la Sala que no son éstos los llamados a responder, por lo menos no en principio, por los perjuicios ocasionados al señor SERGIO CASANOVA DÍAZ y a su familia, como quiera que, por la naturaleza jurídica del régimen de responsabilidad en estudio, correspondía a la Fiscalía General de la Nación, allegar al plenario prueba del dolo o culpa grave en que estos pudieron haber incurrido al momento de decretar la medida de aseguramiento que degeneró en la privación injusta de la libertad del primero de los mencionados, no encontrándose en el expediente, elemento probatorio alguno que acredite tal supuesto”.

Así las cosas, lo cierto es que no se evidencia en el expediente prueba alguna de la vinculación de los llamados en garantía con la actuación, razón por la cual, la Sala no se pronunciará respecto de este aspecto.

Finalmente, estructurada como se encuentra la responsabilidad del Estado por el daño causado a la parte actora, como consecuencia de la privación injusta de la libertad del señor Sergio Casanova Díaz y atendiendo al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada no queda sino modificar la sentencia de primera instancia, en lo relacionado con la condena en concreto, para en su lugar condenar en abstracto, conforme las consideraciones expuestas.

No se condenará en costas, puesto que, de conformidad con el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, hay lugar a ello cuando la conducta de alguna de las partes así lo amerite y, en el sub lite, no se encuentra elemento que permita deducir tal aspecto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”

RESUELVE:

MODIFICAR la sentencia proferida el 3 de agosto de 2006 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró la responsabilidad de la entidad demandada y la condenó al pago de perjuicios morales y materiales en la modalidad de lucro cesante.

De modo que la sentencia quedará así:

PRIMERO: DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación-Fiscalía General de la Nación de los daños y perjuicios sufridos por los demandantes con ocasión privación injusta de la libertad a que fue sometido el señor Sergio Casanova Díaz.

SEGUNDO: CONDENAR, en abstracto, conforme lo anterior, a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar perjuicios morales, a favor de los señores Sergio Casanova Díaz, Adalgiza Rangel, Tania Eslendy, Sergio Alejandro y Liliana Gabriela Casanova Rangel.

TERCERO: CONDENAR, en abstracto a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar la suma que resulte por el periodo privado de la libertad del señor Sergio Casanova Díaz, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: SIN COSTAS por no aparecer causadas.

En firme esta providencia, DEVUÉLVASE la actuación al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, radicación 11-001-03-26-000-2008-00009-00 (IJ), M.P. Mauricio Fajardo Gómez. La Sala Plena se pronunció en el sentido de señalar que la cuantía no determina la competencia en asuntos de responsabilidad del Estado por hechos de la administración de justicia (error jurisdiccional, privación injusta de la libertad, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia) ya que en aplicación de la normativa estatutaria debe observarse un factor orgánico que confiere competencias en primera instancia a los tribunales administrativos y en segunda instancia a esta Corporación.

4 Mediante auto del 26 de marzo de 2007 esta Corporación resolvió tener como prueba la providencia en mención, la cual fue aportada en esta instancia por la parte demandada, ordenando además, ponerla a disposición de la contraparte por el término de cinco (5) días (fls. 383-384, cdno. ppal.).

5 Consejo de Estado. Sentencia del 7 de octubre de 2009. Consejo de Estado, M.P. Myriam Guerrero de Escobar.

6 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de agosto de 2013, expediente 30525, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

7 El 14 de Marzo de 2001 la Secretaria del Juzgado Cuarenta y Uno Penal del Circuito de Bogotá al dejar constancia de la expedición de copias de la providencia que hace parte del proceso 0522000 señaló que esta sentencia se encuentra “DEBIDAMENTE EJECUTORIADA” (fl. 22, cdno. 2).

8 Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2014, expediente 36149, M.P. Hernán Andrade Rincón.

9 Entre otras, Sentencia de 14 de marzo de 2002, expediente 12.076, M.P. Dr. Germán Rodríguez Villamizar.

10 Sentencia de 20 de febrero de 2008, expediente 15.980, M.P. Dr. Ramiro Saavedra Becerra.

11 Sentencia del 11 de julio de 2012, expediente 23.688, M.P. Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera, reiterada recientemente en sentencia del 30 de enero de 2013, expediente 23.998 y del 13 de febrero de 2013, expediente 24.296.

12 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 1º de marzo de 2006, expediente 15440, M.P. María Elena Giraldo Gómez.

13 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 27 de junio de 2013, expediente 31033.

14 Uribe G., José Ignacio y Gómez R., Lina Maritza, Canales de búsqueda de empleo en el mercado laboral colombiano 2003, en Serie Documentos Laborales y Ocupacionales, Nº 3, Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, SENA-Dirección General de Empleo y Trabajo, Bogotá, junio de 2005, pág. 22. Fuente citada por la Sala en sentencia de 4 de diciembre de 2006, expediente 13168, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.