Sentencia 2001-01268 de mayo 2 de 2013

 

Sentencia 2001-01268 de mayo 2 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Radicación: 25000-23-26-000-2001-01268-01(26293)

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Actor: Olga Salamanca Ávila y otros

Demandado: Ministerio de Defensa - Ejército Nacional

Referencia: Apelación sentencia - Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., dos de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia que profirió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el día 15 de octubre de 2003, mediante la cual se accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.

1. El caudal probatorio obrante en el expediente.

En el proceso se recaudaron, entre otros, los siguientes medios de prueba:

A. Del grupo familiar de William Lozano Salamanca:

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor William David Lozano Salamanca, en el cual consta que sus padres son los señores Olga Salamanca Ávila y Uldarico Lozano Ramírez y que nació el 23 de octubre de 1979 (fl. 1, cdno. 4).

— Copia auténtica del registro civil de defunción del señor William David Lozano Salamanca, en el cual consta que el señor William Lozano Salamanca murió el 8 de julio de 1999 y que la causa del deceso fue muerte “violenta [por] arma de fuego” (fl. 2, cdno. 4).

— Copia auténtica del registro civil de matrimonio de los señores Uldarico Lozano Ramírez y Olga Lucía Ávila, en el cual consta que los señores Lozano y Ávila contrajeron nupcias el 3 de junio de 1974 (fl. 3, cdno. 4).

— Acta de bautismo de la señora Olga Salamanca Ávila, en la cual consta que la señora Salamanca Ávila nació el 21 de agosto de 1949 y que sus padres son los señores Álvaro Salamanca y Obdulia Ávila (fl. 4, cdno. 4).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento de la señora Olga Lucía Lozano Salamanca, en el cual consta que la señora Lozano Salamanca nació el 25 de noviembre de 1965 y que sus padres son los señores Uldarico Lozano y Olga Salamanca (fl. 5, cdno. 4).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento de la señora Gloria Inés Lozano Salamanca, en el cual consta que la señora Lozano Salamanca nació el 14 de diciembre de 1967 y que sus padres son los señores Uldarico Lozano y Olga Salamanca (fl. 6, cdno. 4).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor Juan de Jesús Lozano Salamanca, en el cual consta que el señor Lozano Salamanca nació el 10 de enero de 1967 y que sus padres son los señores Uldarico Lozano y Olga Salamanca (fl. 7, cdno. 4).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento de la señora Luz Mery Lozano Salamanca, en el cual consta que la señora Lozano Salamanca nació el 5 de noviembre de 1970 y que sus padres son los señores Uldarico Lozano y Olga Salamanca (fl. 8, cdno. 4).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor José Uldarico Lozano Salamanca, en el cual consta que el señor Lozano Salamanca nació el 8 de febrero de 1960 y que sus padres son los señores Uldarico Lozano y Olga Salamanca (fl. 9, cdno. 4).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor John Arnulfo Lozano Salamanca, en el cual consta que el señor Lozano Salamanca nació el 26 de noviembre de 1971 y que sus padres son los señores Uldarico Lozano y Olga Salamanca (fl. 10, cdno. 4).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento de la señora Sandra Yanet Lozano Salamanca, en el cual consta que la señora Lozano Salamanca nació el 11 de mayo de 1974 y que sus padres son los señores Uldarico Lozano y Olga Salamanca (fl. 11, cdno. 4).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento de la señora Ana Obdulia Lozano Salamanca, en el cual consta que la señora Lozano Salamanca nació el 15 de octubre de 1975 y que sus padres son los señores Uldarico Lozano y Olga Salamanca (fl. 12, cdno. 4).

B. Del grupo de Simón Gómez Figueroa y José María Gómez Márquez:

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor Simón Gómez Figueroa, en el cual consta que el señor Gómez Figueroa nació el 2 de enero de 1979 y que sus padres son los señores Carmen Josefina Figueroa y Everto Raúl Gómez Melo (fl. 3, cdno. 3).

— Copia auténtica del registro civil de defunción del señor Simón Gómez Figueroa, en el cual consta que el señor Gómez Figueroa murió el 8 de julio de 1999 y que la causa del deceso fue muerte “violenta por arma de fuego” (fl. 4, cdno. 3).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor José María Gómez Márquez, en el cual consta que el señor Gómez Márquez nació el 30 de diciembre de 1976 y que sus padres son los señores Roquelina Márquez Martínez y Everto Raúl Gómez Melo (fl. 5, cdno. 3).

— Copia auténtica del registro civil de defunción del señor José María Gómez Márquez, en el cual consta que el señor Gómez Márquez murió el 8 de julio de 1999 y que la causa del deceso fue muerte “violenta [por] arma de fuego” (fl. 6, cdno. 3).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor Gilberto Bladimir Gómez Figueroa, en el cual consta que el señor Gómez Figueroa nació el 18 de septiembre de 1961 y que sus padres son los señores Carmen Josefa Figueroa Quinto y Everto Raúl Gómez Melo (fl. 7, cdno. 3).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor Heberto Arnulfo Gómez Figueroa, en el cual consta que el señor Gómez Figueroa nació el 1º de junio de 1973 y que sus padres son los señores Carmen Figueroa Quinto y Everto Raúl Gómez Melo (fl. 8, cdno. 3).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor Carlos Isidoro Gómez Figueroa, en el cual consta que el señor Gómez Figueroa nació el 30 de agosto de 1971 y que sus padres son los señores Carmen Josefa Figueroa Quinto y Everto Raúl Gómez Melo (fl. 9, cdno. 3).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor Everto Raúl Gómez Melo, en el cual consta que el señor Gómez Melo nació el 23 de diciembre de 1935 y que sus padres son Enriqueta Melo Peralta y Bartolo Gómez Brito (fl. 84, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento de la señora Marcela Reyes Castiblanco, en el cual consta que la señora Reyes Castiblanco nació el 7 de septiembre de 1978 (fl. 80, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento de la señora Andryd Tatiana Gómez Reyes, en el cual consta que la señora Gómez Reyes nació el 30 de noviembre de 1998 y que sus padres son los señores Marcela Reyes y José María Gómez Márquez (fl. 81, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor Antonio María Gómez Figueroa, en el cual consta que el señor Gómez Figueroa nació el 13 de diciembre de 1982 y que sus padres son Carmen Josefina Figueroa y Everto Raúl Gómez Melo (fl. 85, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento de la señora Gladys Genith Gómez Figueroa, en el cual consta que la señora Gómez Figueroa nació el 18 de abril de 1965 y que sus padres son Carmen Josefina Figueroa y Everto Raúl Gómez Melo (fl. 86, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento de la señora Yasmiriam Isabel Gómez Figueroa, en el cual consta que la señora Gómez Figueroa nació el 18 de mayo de 1967 y que sus padres son Carmen Josefina Figueroa y Everto Raúl Gómez Melo (fl. 87, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor José Enrique Gómez Figueroa, en el cual consta que el señor Gómez Figueroa nació el 20 de julio de 1977 y que sus padres son Carmen Josefina Figueroa y Everto Raúl Gómez Melo (fl. 88, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor Ernesto Gómez Márquez, en el cual consta que el señor Gómez Márquez nació el 30 de diciembre de 1976 y que sus padres son Carmen Josefina Figueroa y Everto Raúl Gómez Melo (fl. 89, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento de la señora Maribel Rodríguez Márquez, en el cual consta que la señora Rodríguez Márquez nació el 16 de diciembre de 1970 y que sus padres son Roquelina Márquez y Danilo Pompilio Rodríguez Díaz (fl. 90, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento de la señora Carolina Turizo Márquez, en el cual consta que la señora Turizo Márquez nació el 13 de noviembre de 1972 y que sus padres son Roquelina Márquez y Julio Turizo (fl. 91, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento de la señora Duvis Esther Turizo Márquez, en el cual consta que la señora Turizo Márquez nació el 16 de julio de 1978 y que sus padres son Roquelina Márquez y Julio Turizo (fl. 92, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor Heberto Raúl Gómez Asís, en el cual consta que el señor Gómez Asís nació el 4 de marzo de 1963 y que sus padres son Rita Asís de Gómez y Heberto (sic) Raúl Gómez (fl. 93, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento de la señora Rosa Isabel Gómez Asís, en el cual consta que la señora Gómez Asís nació el 28 de enero de 1965 y que sus padres son Rita Asís de Gómez y Heberto (sic) Raúl Gómez (fl. 94, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento de la señora Luz Esperanza Gómez Asís, en el cual consta que la señora Gómez Asís nació el 23 de septiembre de 1966 y que sus padres son Rita Asís de Gómez y Raúl Gómez (fl. 95, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento de la señora Rosmery Mável (sic) Gómez Asís, en el cual consta que la señora Gómez Asís nació el 20 de noviembre de 1968 y que sus padres son Rita Asís de Gómez y Heberto (sic) Raúl Gómez (fl. 96, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento de la señora Gilma Guillermina Gómez Asís, en el cual consta que la señora Gómez Asís nació el 30 de octubre de 1978 y que sus padres son Rita Asís de Gómez y Eberto (sic) Raúl Gómez (fl. 99, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor Bartolo Manuel Gómez Asís, en el cual consta que el señor Gómez Asís nació el 14 de junio de 1969 y que sus padres son Rita Asís de Gómez y Everto (sic) Raúl Gómez (fl. 97, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor Orlando José Gómez Asís, en el cual consta que el señor Gómez Asís nació el 11 de mayo de 1970 y que sus padres son Rita Asís de Gómez y Everto (sic) Raúl Gómez (fl. 98, cdno. 6).

C. Del grupo familiar de José Uriel González Ramírez:

—Copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor José Uriel González Ramírez, en el cual consta que el señor González Ramírez nació el 11 de febrero de 1980 y que sus padres son los señores Ana Vitencia Ramírez y José Arled González Giraldo (fl. 17, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de defunción del señor José Uriel González Ramírez, en el cual consta que el señor González Ramírez murió el 8 de julio de 1999 y que la causa del deceso fue muerte “violenta por arma de fuego” (fl. 18, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento de la señora Ana Vitencia Ramírez, en el cual consta que la señora Ramírez nació el 9 de enero de 1941 y que su señora madre es Elisa Ramírez (fl. 19, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor Jorge Wilson Escalante Ramírez, en el cual consta que el señor Escalante Ramírez nació el 12 de mayo de 1971 y que sus padres son los señores Ana Vitencia Ramírez y Jorge Escalante Díaz (fl. 20, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento de la señora Luz Stella Ramírez, en el cual consta que la señora Ramírez nació el 22 de marzo de 1968 y que su señora madre es Ana Vitencia Ramírez (fl. 21, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento de la señora María Irma Rubiano Ramírez, en el cual consta que la señora Rubiano Ramírez nació el 3 de diciembre de 1958 y que sus padres son los señores Ana Vitencia Ramírez y Alfonso Rubiano (fl. 22, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor Nelson Ramírez, en el cual consta que el señor Ramírez nació el 7 de septiembre de 1963 y que su señora madre es Ana Vitencia Ramírez (fl. 23, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor Humberto Ramírez, en el cual consta que el señor Ramírez nació el 24 de junio de 1973 y que su señora madre es Ana Vitencia Ramírez (fl. 24, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor Freddy Alexander González Ramírez, en el cual consta que el señor González Ramírez nació el 9 de agosto de 1983 y que sus padres son los señores Ana Vitencia Ramírez y José Arled González Giraldo (fl. 25, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor Diógenes Ramírez, en el cual consta que el señor Ramírez nació el 13 de diciembre de 1967 y que su señora madre es Ana Vitencia Ramírez (fl. 26, cdno. 6).

D. Del grupo familiar de Bartolomé García Garzón:

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor Bartolomé García Garzón, en el cual consta que el señor García Garzón nació el 26 de octubre de 1978 y que sus padres son los señores Blanca Libia Garzón y José Lucrecio García Sánchez (fl. 3, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de defunción del señor Bartolomé García Garzón, en el cual consta que el señor García Garzón murió el 8 de julio de 1999 y que la causa del deceso fue “violenta” (fl. 2, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de matrimonio de los señores Lucrecio García Sánchez y Blanca Libia Garzón Sánchez, en el cual consta que los señores García Sánchez y Garzón Sánchez contrajeron nupcias el 1º de octubre de 1964 (fl. 4, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento de la señora Blanca Libia Garzón Sánchez, en el cual consta que la señora Garzón Sánchez nació el 7 de marzo de 1948 y que sus padres son los señores Anunciación Sánchez y Rafael Garzón (fl. 6, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento de la señora Bertha Inés García Garzón, en el cual consta que la señora García Garzón nació el 31 de agosto de 1965 y que sus padres son los señores Blanca Libia Garzón y José Lucrecio García Sánchez (fl. 7, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor Luis Carlos García Garzón, en el cual consta que el señor García Garzón nació el 3 de octubre de 1969 y que sus padres son los señores Blanca Libia Garzón y José Lucrecio García Sánchez (fl. 8, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor José Lucrecio García Garzón, en el cual consta que el señor García Garzón nació el 13 de julio de 1967 y que sus padres son los señores Blanca Libia Garzón y José Lucrecio García Sánchez (fl. 9, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor Pablo César García Garzón, en el cual consta que el señor García Garzón nació el 22 de noviembre de 1971 y que sus padres son los señores Blanca Libia Garzón y José Lucrecio García Sánchez (fl. 10, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento de la señora Eva García Garzón, en el cual consta que la señora García Garzón nació el 16 de septiembre de 1973 y que sus padres son los señores Blanca Libia Garzón y José Lucrecio García Sánchez (fl. 11, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento de la señora María del Carmen García Garzón, en el cual consta que la señora García Garzón nació el 27 de noviembre de 1975 y que sus padres son los señores Blanca Libia Garzón y José Lucrecio García Sánchez (fl. 12, cdno. 6).

E. Del grupo familiar de Freddy Orlando Reyes:

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor Freddy Orlando Reyes, en el cual consta que el señor Reyes nació el 9 de febrero de 1980 y que su señora madre es María Rosalba Reyes Torres (fl. 13, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de defunción del señor Freddy Orlando Reyes, en el cual consta que el señor Reyes murió el 8 de julio de 1999 y que la causa del deceso fue “violenta” (fl. 14, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor Harold Stiven Reyes Castellanos, en el cual consta que el señor Reyes Castellanos nació el 5 de octubre de 1998 y que sus padres son los señores Freddy Orlando Reyes y Xiomara Castellanos (fl. 15, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento de la señora Xiomara Castellanos, en el cual consta que la señora Castellanos nació el 14 de enero de 1982 y que su señora madre es Blanca María Castellanos Inestroza (sic) (fl. 16, cdno. 6).

F. Del grupo familiar de Josmar Armando González Munevar:

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor Josmar Armando González Munevar, en el cual consta que el señor González Munevar nació el 4 de junio de 1980 y que sus padres son los señores Lilia Munevar Rojas y José Aramís González (fl. 28, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de defunción del señor Josmar Armando González Munevar, en el cual consta que el señor González Munevar murió el 8 de julio de 1999 y que la causa del deceso fue “violenta por P.A.F.” (fl. 29, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor José Fernando González Munevar, en el cual consta que el señor González Munevar nació el 17 de enero de 1982 y que sus padres son los señores Lilia Munevar Rojas y José Aramís González (fl. 30, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor Fabián González Munevar, en el cual consta que el señor González Munevar nació el 12 de febrero de 1978 y que sus padres son los señores Lilia Munevar Rojas y José Aramís González (fl. 31, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento de la señora Lilia Munevar Rojas, en el cual consta que la señora Munevar Rojas nació el 11 de junio de 1957 y que sus padres son los señores María Cenaida Rojas y Mateo Marcos Luis Munevar (fl. 32, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor Carlos Andrés Hernández Munevar, en el cual consta que el señor Hernández Munevar nació el 2 de julio de 1994 y que sus padres son los señores Lilia Munevar Rojas y Carlos Hernández Sánchez (fl. 33, cdno. 6).

— Copia auténtica de la partida de bautismo de la señora María Cenaida Rojas Galán, en el cual consta que la señora Rojas Galán nació el 22 de marzo de 1930 y que sus padres son los señores María Galán y Antonio Rojas (fl. 34, cdno. 6).

— Copia auténtica la partida de bautismo del señor Mateo Marcos Luis Munevar Peña, en el cual consta que el señor Munevar Peña nació el 8 de octubre de 1929 y que sus padres son los señores Cupertino Munevar y María Peña (fl. 35, cdno. 6).

G. Del grupo familiar de José Rodrigo Mendoza Mora:

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor José Rodrigo Mendoza Mora, en el cual consta que el señor Mendoza Mora nació el 19 de abril de 1976 y que sus padres son los señores Ana Rosa Mora Garzón y José Arcadio Mendoza Mendoza (fl. 41, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de defunción del señor José Rodrigo Mendoza Mora, en el cual consta que el señor Mendoza Mora murió el 8 de julio de 1999 y que la causa del deceso fue “violenta” (fl. 42, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de matrimonio de los señores José Arcadio Mendoza Mendoza y Ana Rosa Mora, en el cual consta que los señores Mendoza y Mora contrajeron nupcias el 1º de enero de 1966 (fl. 43, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento de la señora Martha Lucía Mendoza Mora, en el cual consta que la señora Mendoza Mora nació el 10 de marzo de 1967 y que sus padres son los señores Ana Rosa Mora Garzón y José Arcadio Mendoza Mendoza (fl. 44, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor Nelson Antonio Mendoza Mora, en el cual consta que el señor Mendoza Mora nació el 29 de mayo de 1984 y que sus padres son los señores Ana Rosa Mora Garzón y José Arcadio Mendoza Mendoza (fl. 45, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor Luis Hernando Mendoza Mora, en el cual consta que el señor Mendoza Mora nació el 25 de enero de 1971 y que sus padres son los señores Ana Rosa Mora Garzón y José Arcadio Mendoza Mendoza (fl. 46, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento de la señora Gloria María Mendoza Mora, en el cual consta que la señora Mendoza Mora nació el 13 de noviembre de 1968 y que sus padres son los señores Ana Rosa Mora Garzón y José Arcadio Mendoza Mendoza (fl. 47, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor Carlos Alfredo Mendoza Mora, en el cual consta que el señor Mendoza Mora nació el 23 de noviembre de 1972 y que sus padres son los señores Ana Rosa Mora Garzón y José Arcadio Mendoza Mendoza (fl. 48, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento de la señora Rosalba Mendoza Mora, en el cual consta que la señora Mendoza Mora nació el 15 de junio de 1974 y que sus padres son los señores Ana Rosa Mora Garzón y José Arcadio Mendoza Mendoza (fl. 49, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor Rolfe Arcadio Mendoza Mora, en el cual consta que el señor Mendoza Mora nació el 31 de enero de 1978 y que sus padres son los señores Ana Rosa Mora Garzón y José Arcadio Mendoza Mendoza (fl. 50, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor Álvaro Humberto Mendoza Mora, en el cual consta que el señor Mendoza Mora nació el 31 de enero de 1980 y que sus padres son los señores Ana Rosa Mora Garzón y José Arcadio Mendoza Mendoza (fl. 51, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento de la señora Luz Margarita Mendoza Mora, en el cual consta que la señora Mendoza Mora nació el 10 de abril de 1982 y que sus padres son los señores Ana Rosa Mora Garzón y José Arcadio Mendoza Mendoza (fl. 52, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento de la señora Ana Rosa Mora Garzón, en el cual consta que la señora Mora Garzón nació el 27 de diciembre de 1944 y que sus padres son los señores Dolores Garzón y Peregrino Mora (fl. 53, cdno. 6).

H. Del grupo familiar de Francisco Javier Fitatá González:

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor Francisco Javier Fitatá González, en el cual consta que el señor Fitatá González nació el 3 de diciembre de 1979 y que sus padres son los señores Blanca González Heredia y Carlos Julio Fitatá González (fl. 39, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento de la señora Sara Clemencia Benavides Sánchez, en el cual consta que la señora Benavides Sánchez nació el 11 de junio de 1980 y que sus padres son los señores Blanca Oliva Sánchez Duque y Néstor Alberto Benavides Mariño (fl. 37, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor Carlos Julio Fitatá, en el cual consta que el señor Fitatá González nació el 11 de octubre de 1947 y que sus padres son los señores Luis Eduardo Fitatá y Emperatriz González (fl. 72 c 1).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor Sebastián Felipe Fitatá Benavides, en el cual consta que el señor Fitatá Benavides nació el 26 de noviembre de 1999 y que sus padres son los señores Francisco Javier Fitatá González y Sara Clemencia Benavides (fl. 38, cdno. 6).

I. Del grupo familiar de José Abelardo Alzate Hernández:

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor José Abelardo Alzate Hernández, en el cual consta que el señor Alzate Hernández nació el 15 de junio de 1980 y que sus padres son los señores María de los Santos Hernández y Luis Alonso Alzate Marín (fl. 55, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de defunción del señor José Abelardo Alzate Hernández, en el cual consta que el señor Alzate Hernández murió el 8 de julio de 1999 y que la causa del deceso fue “violenta” (fl. 56, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor John Albert Alzate Hernández, en el cual consta que el señor Alzate Hernández nació el 27 de mayo de 1984 y que sus padres son los señores María de los Santos Hernández y Luis Alonso Alzate Marín (fl. 59, cdno. 6).

J. Del grupo familiar de Guiovany Ricardo Chinchilla Borrero:

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor Guiovany (sic) Ricardo Chinchilla Borrero, en el cual consta que el señor Chinchilla Borrero nació el 21 de noviembre de 1977 y que sus padres son los señores Nelly Borrero y Luis Fernando Chinchilla Sánchez (fl. 61, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de defunción del señor Giovany (sic) Ricardo Chinchilla Borrero, en el cual consta que el señor Chinchilla Borrero murió el 8 de julio de 1999 y que la causa del deceso fue “homicida, violenta por P.A.F.” (fl. 62, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de matrimonio de los señores Luis Fernando Chinchilla Sánchez y Nelly Borrero Segura, en el cual consta que contrajeron nupcias el 26 de septiembre de 1977 (fl. 63, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor Luis Fernando Chinchilla Borrero, en el cual consta que el señor Chinchilla Borrero nació el 22 de febrero de 1980 y que sus padres son los señores Nelly Borrero y Luis Fernando Chinchilla Sánchez (fl. 64, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento de la señora Yenny Lorena Ruíz Borrero, en el cual consta que la señora Ruíz Borrero nació el 4 de noviembre de 1987 y que sus padres son los señores Nelly Borrero y Luis Antonio Ruíz Sánchez (fl. 65, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor César Augusto Chinchilla Borrero, en el cual consta que el señor Chinchilla Borrero nació el 27 de junio de 1976 y que sus padres son los señores Nelly Borrero y Luis Fernando Chinchilla Sánchez (fl. 66, cdno. 6).

K. Del grupo familiar del señor Luis Alfonso Rincón:

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor Luis Alfonso Rincón, en el cual consta que el señor Rincón nació el 19 de febrero de 1978 y que su señora madre es Maritza Stella Rincón Espinosa (fl. 71, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de defunción del señor Luis Alfonso Rincón, en el cual consta que el señor Rincón murió el 8 de julio de 1999 y que la causa del deceso fue “violenta” (fl. 70, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento de la señora Maritza Stella Rincón Espinosa, en el cual consta que la señora Rincón Espinosa nació el 15 de febrero de 1960 y que sus padres son los señores Floripe Espinosa y Rodrigo Rincón (fl. 69, cdno. 6).

— Copia auténtica de la partida de bautismo de la señora Floripes Espinosa, en el cual consta que la señora Espinosa nació el 26 de diciembre de 1931 y que su madre es la señora Florinda Espinosa (fl. 73 c 1).

— Copia auténtica de la partida de bautismo del señor Rodrigo Rincón, en el cual consta que el señor Rincón nació el 9 de agosto de 1934 y que su madre es la señora Pía Rincón (fl. 74 c 1).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor Arnulfo Rincón, en el cual consta que el señor Rincón nació el 4 de junio de 1993 y que su señora madre es Maritza Stella Rincón Espinosa (fl. 72, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor Leonardo Rincón, en el cual consta que el señor Rincón nació el 9 de noviembre de 1989 y que su señora madre es Maritza Stella Rincón Espinosa (fl. 73, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor Duberney Rincón, en el cual consta que el señor Rincón nació el 4 de abril de 1984 y que su señora madre es Maritza Stella Rincón Espinosa (fl. 74, cdno. 6).

L. Del grupo familiar del señor John Jairo Cardozo Reyes:

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor John Jairo Cardozo Reyes, en el cual consta que el señor Cardozo Reyes nació el 14 de noviembre de 1978 y que sus padres son Luz Ena Reyes Urrea y Héctor Cardozo Romero (fl. 100, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de defunción del señor John Jairo Cardozo Reyes, en el cual consta que el señor Cardozo Reyes murió el 8 de julio de 1999 y que la causa del deceso fue “violenta por P.A.F.” (fl. 101, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento de la señora Luz Nírida Cardozo Reyes, en el cual consta que la señora Cardozo Reyes nació el 14 de junio de 1980 y que sus padres son Luz Ena Reyes Urrea y Héctor Cardozo Romero (fl. 105, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor Christian Félix Cardozo Reyes, en el cual consta que el señor Cardozo Reyes nació el 11 de diciembre de 1993 y que sus padres son Luz Ena Reyes Urrea y Héctor Cardozo Romero (fl. 106, cdno. 6).

M. Del grupo familiar del señor Edward Jaxson Carrión Bello:

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor Edward Jaxson Carrión Bello, en el cual consta que el señor Carrión Bello nació el 5 de junio de 1977 y que sus padres son Isabel Bello Mahecha y Abraham de Jesús Carrión Vargas (fl. 108, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de defunción del señor Edward Jaxson Carrión Bello, en el cual consta que el señor Carrión Bello murió el 8 de julio de 1999 y que la causa del deceso fue “violenta” (fl. 107, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor Abraham de Jesús Carrión Bello, en el cual consta que el señor Carrión Bello nació el 23 de marzo de 1985 y que sus padres son Isabel Bello Mahecha y Abraham de Jesús Carrión Vargas (fl. 112, cdno. 6).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento de la señora Luz Jein Carrión Bello, en el cual consta que la señora Carrión Bello nació el 2 de febrero de 1976 y que sus padres son Isabel Bello Mahecha y Abraham de Jesús Carrión Vargas (fl. 113, cdno. 6).

Testimonios y otros medios de prueba:

— Declaración del soldado Jhon Edgar González Gómez, rendida ante el tribunal a quo, el 3 de mayo de 2002 (fl. 100 a 105, cdno. 6); en relación con los hechos, el declarante afirmó:

— “Vengo a rendir declaración por lo del combate en Gutiérrez (Cund.), en la vereda El Cedral, el 8 de julio de 1999, yo era ranchero y me la pasaba con el escaneador, o sea detectando llamadas o comunicaciones, era soldado raso, con funciones de ranchero, es decir cocinero, ese día nosotros habíamos (sic) estado pidiendo apoyo con mi teniente Calvo Soto, a mi coronel Charry Solano y a mi Mayor Pinilla Gómez, porque es que allá las personas habían informado a mi teniente Calvo de un ataque por parte de las guerrilla de las ONT FARC EP, entonces yo también cargaba un escaneador y por el escaneador también podíamos rastrear llamadas o sea toda la comunicación con la guerrilla y por el radio también decía[n] que nos tenían que atacar que nos tenían que dar duro, entonces como nunca nos llegó el apoyo que mi Coronel Charry nos prometió y que mi teniente había pedido, nos tocó viajar a Bogotá en el mes de abril o mayo de 1999 con mi teniente Calvo, las advertencias de ataque se habían producido desde diciembre de 1998 y mi coronel Charry y mi Mayor Pinilla, ya lo sabían por los programas, es que a las diez de la noche tocaba hacer un programa con todos los mayores donde habla mi general el que estaba de comandante de toda la Brigada XIII del Ejército … mi teniente Calvo estaba pidiendo al batallón escaneadores, radios GP 1000 Motorola, dos M.60 más, porque la M.60 que teníamos era de la Texas 1 y uno disparaba diez cartuchos y se desbarataban y más munición a mi mayor Pinilla y a mi coronel Charry radio, porque no teníamos más a quién pedirle, ya que mi coronel Charry era el comandante del batallón y mi mayor Pinilla era el segundo comandante, y a raíz de que nunca llegó la ayuda solicitada por líneas quinientos [radiollamadas], nos tocó viajar a mi teniente Calvo y a mi a Bogotá a pedirla personalmente, en el Batallón Landazábal Reyes, eso fue como en abril o mayo de 1999, arriesgándonos a que nos cogiera la guerrilla … mi teniente Calvo habló con mi coronel Charry en reunión de plana mayor del batallón Landazábal, en la Sala de Guerra, de ahí mi teniente Calvo y yo nos devolvimos para Gutiérrez a esperar el apoyo y no, nunca llegó, es más en esa reunión dijeron que iban a mandar tropas del batallón Timanco, ciento cincuenta hombres, nuevas armas e iban a arreglar las dañadas, y no, el apoyo nunca llegó … el miércoles por la noche, horas antes de la toma mi capitán Trejos estaba haciendo el programa, creo que estaba pidiendo la orden de que nos retiráramos de ese sitio, por lo que él había escuchado en el escaneador era seguro que nos iban a dar, eso lo sé porque ya mi capitán Trejos a diferencia de mi teniente Calvo Soto ya habla con otros términos más entendibles y mi coronel Charry dijo que no, que no nos podíamos ir, que ya iba a llegar el Timanco que no nos preocupáramos, que estaba como a cuatro horas de camino de nosotros, esos señores los habían mandado supuestamente desde la semana pasada por lo que tenían que haber llegado el lunes 5 o martes 6 de julio de 1999 y nunca llegaron. Se llegó las dos de la mañana del día jueves 8 de julio de 1999 y yo recibí centinela … cuando sentimos fue que nos empezaron a dar plomo por todos lados, eso parecía diciembre, y en donde no sea por nosotros seis matan a todo el mundo, porque nos iban a dar con cilindros de gas, eso lo sé porque todavía tenía el escaneador y escuchaba las comunicaciones … hasta que nos encontramos como a las siete de la mañana con mi capitán Trejos y ahí yo duré como hasta las diez y media de la mañana, el combate a esa hora continuaba; que los de la contraguerrilla de arriba la Texas 2, estaban que pedían ayuda por el radio motorola que es pequeño y mi mayor Pinilla respondía que las M.60 las consiguieran en el Tía o en el Ley, por eso fue que los echaron del batallón, a mi coronel Charry también lo echaron del batallón, pero a ellos no debieron echarlos sino ponerlos presos; a las diez y media de la mañana me cayó una granada en un pie, de ahí no volví a saber nada más, como hasta las cinco y media de la tarde que me recogieron los del noticiero RCN, CITY TV, y los del Tiempo, o sea que ni mi coronel Charry, ni mi mayor Pinilla nunca tuvieron la intención de enviarnos la ayuda, pues en pleno combate nos mandaron al Tía o al Ley a comprar las M.60, ya que en un combate de esos por más que dure un refuerzo dura dos horas en llegar, pero en este caso con anticipación nos llegó el apoyo al otro día, o sea el viernes a recoger los cadáveres … La ayuda la pidió por las líneas quinientas, por los radios y cuando vinimos aquí a Bogotá que se reunió en la Sala de Guerra con la plana mayor del batallón Landazábal, y fueron pedidas al momento en que él llegó al Cedral o a la casa comando donde estábamos nosotros, lo que más pedíamos eran las dos M.60, granadas para los morteros y las MGL, cartuchos 7-62, cintas 7-62 de cien cartuchos y granadas de 40 y 60 milímetros” (se ha destacado).

— Declaración del capitán del Ejército Leonardo Antonio Calvo Soto, rendida ante el tribunal a quo, el 2 de septiembre de 2002 (fls. 400 a 404, cdno. 6); en relación con los hechos, el declarante afirmó:

“PREGUNTADO: en este momento de la diligencia, la apoderada de la parte demandante en el proceso de la referencia pone de presente al capitán Leonardo Antonio Calvo Soto un documento contentivo en una página para que él la lea y si tiene el conocimiento de quién lo suscribió, con qué finalidad la escribió, a quién la dirigió y para qué la envió. Para que sea anexada al expediente. CONTESTA: el documento es un informe apreciación de orden público, jurisdicción batería B de fecha junio 28 de 1999 realizada y escrita por mí, dicho documento lo recuerdo perfectamente y lo tengo grabado en mi mente, su propósito era enterar al comando del batallón que son los mismos ellos dos teniente coronel Roberto Charry Solano y el mayor Fabio Pinilla González de las informaciones adquiridas en el área suministradas por los moradores de la región, con el propósito de anticipar ese ataque inminente a mi unidad, reestructurando nuestro dispositivo mediante el apoyo de otras unidades y poder golpear al enemigo de una manera contundente antes de que ellos lo hicieran con nosotros pues tenía la superioridad numérica en hombres y armas, lo que significaría saber de antemano los resultados en caso de presentarse un combate. La respuesta que dieron a este documento leído en reunión de plana mayor (comandantes de compañía, jefes de la parte administrativa y enlaces de las unidades), según lo que me manifestó el suboficial enlace de la batería B fue que no tenía ametralladoras por la limitación que se tenía y tendría que comprarlas en el Ley” (se ha resaltado, fls. 20 a 21, cdno. 2).

— Copia auténtica del acta de entrega y recepción de conscriptos correspondientes al cuarto contingente de 1998 (fls. 8 a 12, cdno. 2), en el cual aparecen como conscriptos los señores José María Gómez Márquez, Simón Gómez Figueroa, Bartolomé García Garzón, Freddy Orlando Reyes, José Uriel González Ramírez, Josmar Armando González Munévar, José Rodrigo Mendoza Mora, José Abelardo Alzate Hernández, Guiovany Ricardo Chinchilla Borrero, Luis Alfonso Rincón, William David Lozano Salamanca y Francisco Javier Fitatá González.

— Oficio 1240-BR13-BALAN-AYU-748, del 25 de abril de 2002, emitido por el Batallón de Artillería 13 con dirección al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el cual aparecen los señores Edwar Carrión Bello y Jhon Cardozo Reyes como integrantes de la Batería B, Texas Dos (fl. 6 a 7, cdno. 2).

— Copia auténtica de la investigación penal adelantada por la Justicia Penal Militar, en relación los hechos objeto de esta demanda, allegada al expediente como respuesta al Oficio 6-02-180, emitido por el tribunal a quo (fl. 204 a 397, cdno. 6); en el expediente obran, entre otros, los siguientes medios de prueba:

— 1. Declaración del SL. Yamid Antonio Gómez Martínez, recepcionada por el Juzgado Cuarto de Instrucción Penal Militar, el 10 de julio de 1999 (fls. 220 a 222, cdno. 6); en relación con los hechos el declarante afirmó:

Nadie llegó, nos dejaron solos, desde que se comenzó hasta que se acabó, le pedimos apoyo como a las cinco de la mañana y nunca nos llegó” (se destaca).

2. Declaración del SL. Oscar Augusto Ruíz Rincón, recepcionada por el Juzgado Cuarto de Instrucción Penal Militar, el 10 de julio de 1999 (fls. 226 a 230, cdno. 6); en relación con los hechos el declarante afirmó:

Mi TE. Calvo había pasado una carta al Batallón donde solicitaba una M.60 porque la de nosotros estaba dañada y pues había un soldado que no tenía el fusil en buen estado, no tenía la culata y no sé qué pasaría y en general pues cada uno tenía su fusil de dotación, munición de reserva y las granadas correspondientes” (resaltados no son del original, fl. 229, cdno. 6).

3. Declaración del SS. Wilson Almeyda Arciniegas, recepcionada por el Juzgado Cuarto de Instrucción Penal Militar, el 10 de julio de 1999 (fls. 232 a 236, cdno. 6); en relación con los hechos, el declarante afirmó:

No, no estábamos completamente dotados, basados en una apreciación que yo realicé en el tiempo que estuvo como comandante de la Batería el señor TE. Calvo, me di cuenta que nos falta armamento, armas de apoyo tales como morteros y M.60 y medios de comunicación, ya que contaba como comandante de Texas 2 tenía un radio motorola el cual para realizar programas con granada 6, 5 o 3, que eran los comandantes, se me dificultaba, tenía que ubicar en sitios altos, encaramarme en piedras, a veces alzar la mano para ubicar señal, en varias ocasiones fui recriminado por el señor MY. Pinilla de que yo era comandante pichurria (sic), que nosotros éramos comandantes pichurrias (sic), que no salíamos siquiera a las comunicaciones, que los soldados eran buenos, pero los lepras éramos nosotros y que si no hacíamos programas nos iban a sancionar, mi otro radio 730 que tenía de comunicación era un radio obsoleto, no cogía ni moscos … noté que las condiciones estaban dadas para que nos golpearan, el teniente también lo notó e hicimos una carta como ya dije anteriormente y se la mandamos a los comandantes, sacamos al CS. Moreno con la mencionada carta en la cual le solicitábamos más armas de apoyo M.60, le pedimos radios de comunicación para movernos a nivel de escuadra, yo por ser de inteligencia pedí un escaner para maniobrar con esos y tratar de detectarlos, a ver qué planeaban y que realizáramos una operación en conjunto con más tropa para evitar que ellos nos golpearan primero, pasado un día llegó el mencionado suboficial y nos comunicó que la mencionada apreciación había sido objeto de burla, me mandaron baterías para el 730, pero eso no me sirvió para nada, puro peso, porque el 730 no servía para nada allá, y me mandaron 2 radios Motorola HT1000, el cual se cogía punto a punto no más y un solo cargador para dos radios y la solicitud que hacíamos de las armas de apoyo según comentario realizado por el cabo que le habían dicho en el batallón … Osorio vaya compre unas M.60 en el Ley y se las mandamos a Calvo … Al acabarse la munición no había la menor posibilidad de reabastecer porque no hubo apoyo en ningún momento por parte de ninguna unidad y porque yo estoy seguro que cuando llegué yo con mis hombres evitamos que le dieran en su totalidad a Texas tres” (se han incluido resaltados).

4. Declaración del SS. Vargas Pinilla Mario Alfredo, recepcionada por el Juzgado Cuarto de Instrucción Penal Militar, el 12 de julio de 1999 (fl. 237 a 242, cdno. 6); en relación con los hechos, el declarante afirmó:

“… de acuerdo a la información que habíamos recibido la noche anterior, dos contraguerrillas del Batallón Timanco se encontraban cerca del área, sin embargo durante todo el transcurso del día no se llegó ningún apoyo, sólo hasta el viernes 9 de julio en las horas de la mañana llegaron varias contraguerrillas del Batallón Timanco al pueblo, al municipio de Gutiérrez, cuando ya no se necesitaban pues los combates ya habían cesado … el día de los combates no llegó ni siquiera un pelotón para reforzar la seguridad del área, también quiero agregar que hace aproximadamente 20 días el señor MY Pinilla nos indicaba al personal que estaba en Gutiérrez si era que habíamos hecho un pacto con la guerrilla de no agresión, así mismo se le había solicitado nos enviaran dos ametralladoras más y medios de comunicación, sin embargo éstos nunca llegaron, esto lo solicitamos por escrito” (se resalta).

3. La responsabilidad patrimonial del Ejército Nacional.

3.1. La evolución jurisprudencial de la responsabilidad patrimonial del Ejército Nacional cuando sus miembros en servicio activo han sufrido daños o perjuicios.

La Sala se ha encargado en repetidas ocasiones de analizar las hipótesis en las cuales procede la declaratoria de responsabilidad del Estado por las lesiones que pudieren sufrir los integrantes de las instituciones a las cuales, por disposición constitucional, se les ha encargado de velar por el mantenimiento del orden público en el territorio nacional.

A partir de estos pronunciamientos, los cuales constituyen jurisprudencia de la Sala, se puede afirmar que existe una regla general en virtud de la cual no se podría declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por aquellos perjuicios que se produzcan con ocasión de los riesgos propios del servicio —y sólo por estos riesgos— puesto que en este caso la relación legal y reglamentaria que une al agente con el Estado limita la indemnización a la reparación à forfait que se encuentre prevista en el ordenamiento jurídico; sin embargo, la referida regla general ha sido matizada por la corporación, en cuanto se ha diferenciado entre la situación de quienes han asumido los riesgos propios del servicio —soldados profesionales— y quienes en virtud de una obligación de carácter constitucional deben asumirlos —las personas que prestan el servicio militar obligatorio—; de la misma manera, se ha realizado una distinción entre los perjuicios causados con ocasión del servicio, de aquellos que sufra un agente en el servicio; igualmente se ha distinguido entre los riesgos que son propios del servicio y aquellos que exceden las cargas normales derivadas de la actividad riesgosa que realizan los agentes encargados de velar por el mantenimiento del orden público, caso éste en el cual para que proceda la declaratoria de responsabilidad se requeriría la necesaria verificación de una falla en el servicio.

Confirman la regla general los siguientes pronunciamientos de la Sala:

“… debe tenerse en cuenta que si bien los miembros de la fuerza pública —Fuerzas Militares y Policía Nacional— tienen la carga de soportar los riesgos propios de la actividad a la cual se dedican, por ejemplo el de ser heridos en combates con grupos armados al margen de la ley y en enfrentamientos con la delincuencia común, dentro de esos riesgos no se puede admitir el hecho de una lesión o la muerte misma por el actuar precipitado de un compañero de la misma institución, cuando se asume que estos servidores tienen la formación que los prepara para afrontar cualquier situación que se les presente; por ello, no se puede exigir que quienes entran a formar parte de la fuerza pública, además de los riesgos propios de tal actividad de defensa de las instituciones y la ciudadanía, deban soportar las consecuencias del errático obrar de sus compañeros.

“En relación con los daños padecidos por los miembros de las Fuerzas Militares, que se salen de la órbita de los riesgos propios del servicio, la Sala ha dicho(1):

“… quienes ejercen funciones de alto riesgo relacionadas con la defensa y seguridad del Estado como los militares, agentes de policía o detectives del DAS, asuman los riesgos inherentes a la misma actividad y están cubiertos por el sistema de la indemnización predeterminada o automática (a forfait), establecida en las normas laborales para el accidente de trabajo o en las previsiones especiales que cobijan a los conscriptos. Sólo habrá lugar a la reparación cuando dicho daño se haya producido en los siguientes eventos:

“a) Por falla del servicio. A este respecto, dijo la Sala Plena en sentencia del 13 de diciembre de 1983, expediente 10.807:

“1. La doctrina, en el caso de accidente sufridos por agentes del Estado ha sostenido como norma general que la víctima no puede pretender más reparación de los derechos a la pensión de que es titular en virtud de su estatuto laboral. La aplicación de esta regla llamada ‘Forfait de la pensión’ naturalmente hace referencia a los daños sufridos por un funcionario en ejercicio de sus funciones y en forma común. Por esta razón, el régimen de prestaciones suele estar en armonía con la actividad que se cumple. Así al asumir mayores riesgos profesionales se tiene derecho a una mayor protección prestacional. En el caso de los militares, por ejemplo, este principio se cumple, no sólo destinando un régimen de mayores prestaciones dados sus riesgos especiales sino también un régimen de excepción para soldados y oficiales ubicados en zonas especialmente peligrosas. En principio el régimen de indemnizaciones refleja estas ideas. Si las heridas o la muerte sufrida por un militar son causadas dentro del servicio que prestan, las prestaciones por invalidez o muerte las cubren satisfactoriamente. Tal es el caso del militar que sufre lesiones en combate o el agente de policía que muere en la represión del delito.

“2. No obstante cuando el daño se produce en forma independiente a la prestación ordinaria o normal del servicio, sino que han sido causadas por falla del servicio, el funcionario, o el militar, en su caso, que las sufre o sus damnificados tienen derecho a ser indemnizados en su plenitud...

“Ejemplos típicos de esta situación se presentan en todos los casos en que el accidente se produce por fallas del servicio ajenas al trabajo profesional propio del agente tales como el militar que perece al cruzar un puente en construcción, sin señales de peligro o aquel que muere víctima de un agente de policía ebrio en horas de servicio y cuando el militar no interviene en el operativo sino que cruza accidentalmente por el lugar. También se dan los casos en que los hechos exceden los riesgos propios de ejercicio: tal es el caso del militar que perece en accidente de tránsito debido a falta de sostenimiento del vehículo oficial que lo transporta, o el militar que perece en accidente de avión debido a que éste fue defectuosamente reparado por el servicio de mantenimiento. En todos estos casos la actividad propia del militar no juega ningún papel y su no indemnización plena rompería el principio de la igualdad de los ciudadanos ante la ley.

“Este principio es fundamental: todo ciudadano es igual a los demás frente a la ley. El principio constitucional que ordena al Estado proteger a los ciudadanos en su vida, honra y bienes y sobre el cual se fundamentan las acciones indemnizatorias según reiterada jurisprudencia de esta corporación, deben cubrir por igual a quien desempeña una función de servicio público como a quien es un simple ciudadano y no devenga sus ingresos del erario público. No sería justo que la calidad de servidor público prive a un ciudadano del derecho de recibir la protección propia del Estado y de ser indemnizado por las fallas del servicio, bien por acción o bien por omisión”(2).

“b) Cuando se someta al funcionario a un riesgo excepcional, diferente o mayor al que deban afrontar sus demás compañeros. Ha considerado la Sala que cuando se expone al funcionario a un riesgo mayor se vulnera el principio de igualdad frente a las cargas públicas y hay lugar a la indemnización plena o integral de los perjuicios causados. Así, en providencia del 3 de abril de 1997, expediente 11.187, se precisó: “Valga precisar en cuanto al riesgo que asumen quienes se vinculan a las fuerzas armadas, que ese riesgo cobija a todos los integrantes por igual. Solo cuando alguno de ellos es puesto en circunstancias que intensifican el riesgo puede hablarse de que se rompe el principio de igualdad frente a las cargas públicas. Pero el principio de la igualdad siempre debe mirarse referidos a quienes se encuentran en condiciones de igualdad, en este caso frente a los demás miembros del cuerpo armado. Entratándose del riesgo a perder la vida o a sufrir lesiones personales, no puede predicarse igualdad entre cualquier asociado y quien pertenece a las fuerzas armadas del Estado. La vinculación a esas instituciones de suyo implica la asunción del riesgo, diferente a aquel que se presenta frente al asociado común…”.

“En cuanto a los daños padecidos por un miembro de las Fuerzas Armadas a manos de otro oficial de la misma institución en circunstancias algo similares a las de este proceso, la corporación ha señalado:

“…Está sustentado con claridad que el soldado Prado falleció en horas nocturnas mientras se encontraba prestando el servicio de centinela, en la base militar de Inzá, como consecuencia de heridas (en la pierna y en la cabeza) que fueron producidas por dos impactos de arma oficial (fusil Galil 7.62), percutidos por el soldado Díaz. Los hechos debidamente probados indican la existencia de la falla administrativa en la prestación del servicio, por lo siguiente: Antes de la ocurrencia del suceso, el centinela Díaz - que disparó - había sido instruido por razones de defensa y seguridad para exigir la identificación verbal de quien se acercara a los puestos o se saliera del área asignada. Concretamente y aunque particularmente no recibió ninguna agresión real por parte de quien resultó muerto, la falta de respuesta de éste al santo y seña y su temor fundado en el aviso previo de posible hostigamiento de la guerrilla le generó una acción de ataque a muerte con arma de fuego. Pero como estos disparos no fueron para alertar sino a matar, ambas conductas fueron concurrentes y causales en la producción de la muerte del soldado Prado. No hay duda que la imprudencia de la víctima resultó de su exposición imprudente a sufrir el daño (C.C., art. 2357) y que la actuación irregular del Estado —disparo a muerte, no a alertar— resultó excesiva. En lo referente a la conducta administrativa criticada, por irregular, la posición jurisprudencial reiterada de la Sala ha dicho, en sentencia del 13 de septiembre de 1999, expediente 14859, insistentemente, que “una orden de alto por sí sola, en ausencia de cualquier otra conducta que impida fundadamente a un destacamento militar inferir un verdadero ataque o una situación anormal que amerite la adopción de procedimientos militares tendientes a repelerlo, evidencia un exceso en las funciones desempeñadas por aquellos y por lo mismo torna antijurídico el daño que padezcan los administrados, ante la ligereza en el accionar del armamento oficial”. Claramente, de todo lo analizado se puede concluir la imprudencia de la víctima y el actuar anómalo y anónimo de la Nación, en forma concurrente. La Nación con su conducta vulneró varias normas jurídicas así: —el artículo 2º constitucional, sobre la protección a la vida de las personas, derecho reconocido en los tratados y Convenios Internacionales ratificados por el Congreso, entre otros en la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José aprobado por la ley 16 de 1972 y ratificado el 31 de julio de 1973 (art. 4º); — el 6º: alusivo a la responsabilidad de los servidores por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones que en términos del artículo 90 ibídem ocasiona responsabilidad del Estado y el derecho de éste a repetir contra el agente cuando actúe con culpa grave o dolo; — el 216: en cuanto se utilizaron armas públicas con finalidad distinta de la defensa de una necesidad pública….”(3).

“Volviendo al caso sub examine, frente a la reacción del uniformado que dispara contra quien corría por la Base Militar, creyendo que ésta iba a ser objeto de un ataque del enemigo, vale la pena destacar que los miembros de la fuerza pública, precisamente por las funciones a su cargo que implican la defensa del territorio nacional y el mantenimiento del orden público interno, deben contar con una formación y un entrenamiento adecuados para el manejo de las armas que les permita concientizarse de su peligrosidad y de la precaución que deben observar cuando las portan, la cual sin lugar a dudas deben extremar cuando se están desarrollando labores de centinela en horas de la noche o cuando se toman posiciones de defensa frente a una situación inesperada y sorpresiva, en donde si bien la vigilancia juega un papel importante en la medida en que la seguridad de las instalaciones y el personal militar puede verse amenazada en mayor grado, debe extremarse el cuidado y las reacciones, precisamente por las dificultades que representa la merma de la visibilidad, tal y como aconteció en el presente caso, en donde los hechos se dieron en un lugar muy oscuro y con carencia casi total de iluminación, según lo manifestado por los testigos, siendo indispensables por lo tanto, cerciorarse de lo que estaba pasando y lograr identificar el problema para así tomar las medidas pertinentes y conducentes y no reaccionar de forma apresurada y precipitada sin tenerse conocimiento de lo que estaba ocurriendo; más aún, cuando las circunstancias de tiempo, modo y lugar no son claras, generan confusión y dudas, donde no se ha identificado el problema mismo y los protagonistas de la agresión o del supuesto ataque, sin tener presente que cualquier reacción que se tomara podía implicar que alguien resultara herido”(4).

En idéntica dirección, la Sala ha afirmado que:

“Por regla general, la imputación de responsabilidad patrimonial al Estado derivada de los daños antijurídicos producidos con ocasión de la utilización de armas de dotación oficial, por tratarse de una actividad peligrosa, se hace con fundamento en el régimen del riesgo excepcional, en el cual basta con acreditar la existencia del daño y su nexo de causalidad con el servicio sin necesidad de entrar a determinar o calificar la conducta de quien produjo el daño, como culposa o no; sin embargo, en el presente asunto resulta evidente la existencia de una falla del servicio, constituida por las lesiones causadas a uno de los demandantes, miembro de la Policía Nacional, con arma de dotación oficial accionada por otro miembro de esta entidad, que estando también en servicio, obró imprudentemente.

“En efecto, tal y como ya se vio, de acuerdo con los hechos narrados por un testigo y plasmados por las autoridades militares en los respectivos informes, las circunstancias en las cuales resultó herido el soldado Jaime Arturo Peña Muñoz no se presentaron como consecuencia de un enfrentamiento con individuos al margen de la ley ni en medio de un operativo organizado como parte de las funciones a cargo de los uniformados, sino que se trató de un error cometido por un compañero de armas, quien de manera irreflexiva y precipitada, ante un ruido que no logró identificar, accionó su fusil sin cumplir con el deber de solicitar el santo y seña e hirió gravemente a la víctima, que se encontraba en cumplimiento de su deber, es decir que el daño se produjo como consecuencia de una actuación irregular del agente estatal en ejercicio pleno de sus funciones; en tales condiciones, se puede afirmar que se presentó una falla del servicio, por cuanto el mismo funcionó mal y no como debía ser, y este defecto de funcionamiento fue el que produjo el daño antijurídico.

“Por otra parte, debe tenerse en cuenta que si bien los miembros de la fuerza pública —Fuerzas Militares y Policía Nacional— tienen la carga de soportar los riesgos propios de la actividad a la cual se dedican, por ejemplo el de ser heridos en combates con grupos armados al margen de la ley y en enfrentamientos con la delincuencia común, dentro de esos riesgos, que por su propia naturaleza se caracterizan como normales, no se puede admitir el de sufrir lesiones por un actuar negligente y falto de pericia por parte de un compañero de la misma institución, cuando se asume que estos servidores tienen la formación que los prepara para afrontar cualquier situación que se les presente; por ello, no se puede exigir que quienes entran a formar parte de la fuerza pública, además de los riesgos propios de tal actividad de defensa de las instituciones y la ciudadanía, deban soportar las consecuencias del errático obrar de sus compañeros.

“Al respecto, se observa que en relación con los daños padecidos por los miembros de la fuerza pública como consecuencia de las lesiones que sufren en cumplimiento de sus funciones, está preestablecida en la ley —es lo que se ha denominado en derecho francés la indemnización a forfait—, que contempla una serie de indemnizaciones y reconocimientos patrimoniales y prestacionales especiales para aquellos casos en los que los miembros de tales entidades estatales —Ejército Nacional, Policía Nacional, etc.— sufren lesiones o mueren en cumplimiento de su deber o con ocasión del servicio.

“Y ello es así, por la naturaleza misma de las funciones de defensa y seguridad del Estado, que representan un alto riesgo para la vida y la integridad de quienes se dedican a tales labores, pero que lo hacen en forma voluntaria, en donde se escoge la profesión y se ingresa a las instituciones por su propia iniciativa; por ello, tal y como lo ha establecido la Sala en otras oportunidades(5), están en el deber de soportar esos riesgos inherentes a la actividad por ellos elegida, por lo que tienen derecho en caso de daños sufridos con ocasión de la misma únicamente a los reconocimientos que establezca la ley, los cuales son especiales y diferentes a los propios de los demás servidores públicos”(6).

En igual sentido:

“… las personas que prestan servicios laborales (profesionales) a la Policía Nacional, que implican cierto riesgo por la naturaleza de sus obligaciones y las actividades que desarrollan, como en el caso que nos ocupa (la víctima era un agente de Policía), se desempeñan en constantes situaciones de peligro, cuyo riesgo deben asumir de manera personal; y solo en la medida en que se logre demostrar que una o unas acciones u omisiones, de la administración, en este caso de la Policía Nacional, contrarias a sus obligaciones constitucionales y legales, produjeron el daño alegado, resulta procedente su responsabilidad a título de falla del servicio”(7).

La Sala también ha considerado que se le debe dar un tratamiento distinto según la situación particular del agente encargado de mantener el orden público, ya sea que haya ingresado al servicio en calidad de profesional o bien que se encuentre prestando el servicio militar obligatorio; en este sentido se ha afirmado:

“En cuanto al régimen de responsabilidad aplicable, resulta menester señalar que la víctima era suboficial de la Policía Nacional y para el momento de su muerte se desempeñaba como jefe de la SIPOL DENAR; es decir, el teniente Moncayo Maya ingresó voluntariamente a prestar servicio a dicha institución, por lo cual, en este caso, resultaría aplicable un régimen de falla en el servicio, a cuya configuración hay lugar cuando a dichos servidores se les somete a un riesgo superior al que normalmente están en la obligación de soportar, a no ser que se demuestre que su muerte obedeció a la concreción de un riesgo propio de su actividad, que la víctima asumió cuando ingresó voluntariamente a prestar servicio a dicha institución. En un caso en cual se juzgó la responsabilidad del Ejército Nacional, por la muerte de un soldado profesional que ingresó voluntariamente a prestar servicio a dicha entidad, la Sala dijo:

‘Debe precisarse, en primer lugar, el régimen de responsabilidad aplicable en el presente caso. El afectado Jesús Antonio Rico Naranjo era soldado voluntario, y la jurisprudencia de esta corporación ha determinado que en estos eventos se debe aplicar el régimen de falla del servicio, que se configura cuando a los funcionarios se les somete a un riesgo superior al que normalmente deben soportar con ocasión de su actividad. En efecto, la jurisprudencia de esta Sala ha entendido que la afectación de los derechos a la vida e integridad personal del militar profesional es un riesgo propio del servicio que prestan en cumplimiento de operaciones o misiones militares. Al Estado no se le puede atribuir responsabilidad alguna por la concreción de esos riesgos, a menos que se demuestre que la lesión o muerte deviene de una falla del servicio, que consiste en el sometimiento del afectado a un riesgo mayor que el de sus demás compañeros, con quienes desarrolló la misión encomendada’(8)(9).

Por el contrario, para el caso de aquellos agentes que sufran lesiones en el marco del servicio militar obligatorio, la Sala ha señalado que:

“… en relación con la responsabilidad patrimonial del Estado frente a quienes se encuentren prestando el servicio militar obligatorio, ha considerado la Sala que el régimen bajo el cual debe resolverse su situación es diferente del que se aplica frente a quienes voluntariamente ejercen funciones de alto riesgo relacionadas con la defensa y seguridad del Estado como los militares, agentes de policía o detectives del DAS(10), porque el sometimiento de aquéllos a los riesgos inherentes a la actividad militar no se realiza de manera voluntaria, sino que corresponde al cumplimiento de los deberes que la Constitución impone a las personas, “derivados de los principios fundamentales de solidaridad y reciprocidad social”(11), para “defender la independencia nacional y las instituciones públicas”(12).

“Por eso, desde tiempo atrás la jurisprudencia ha considerado que cuando una persona ingresa al servicio militar obligatorio en buenas condiciones de salud debe dejar el servicio en condiciones similares(13), criterio a partir del cual se estableció la obligación de reparación a cargo de la entidad demandada, frente a los daños cuya causa esté vinculada con la prestación del servicio y excedan la restricción de los derechos y libertades inherentes a la condición de militar” (resaltado por fuera del texto)(14).

En idéntica dirección, la Subsección en reciente providencia consideró que:

“… la jurisprudencia de esta Sección ha precisado que en relación con los agentes de la Policía, militares o miembros armados del DAS, “el principio de igualdad siempre debe mirarse referido a quienes se encuentran en condiciones de igualdad, en este caso frente a los demás miembros del cuerpo armado”(15) y no frente a los demás ciudadanos ajenos a dichas actividades. Por lo tanto, si bien es cierto que el deber del Estado consistente en proteger la vida de todas las personas se predica también en relación con los miembros de los cuerpos armados, no es menos cierto que la asunción voluntaria de los riesgos propios de esas actividades modifica las condiciones en las cuales el Estado debe responder por los daños que éstos puedan llegar a sufrir.

“Contrario sensu, en relación con la responsabilidad patrimonial del Estado respecto de quienes se encuentren prestando el servicio militar obligatorio, se ha considerado que el régimen bajo el cual debe resolverse su situación es diferente al que se aplica a quienes voluntariamente ejercen funciones de alto riesgo relacionadas con la defensa y seguridad del Estado, como los militares, agentes de policía o detectives del DAS, porque el sometimiento de aquellos a los riesgos inherentes a la actividad militar no se realiza de manera voluntaria, sino que corresponde al cumplimiento de los deberes que la Constitución Política impone a las personas, derivados de los principios fundamentales de solidaridad y reciprocidad social, para ‘defender la independencia nacional y las instituciones públicas’(16)(17).

La Sala también le ha dado un tratamiento distinto a aquellos casos en que el daño se hubiere producido con ocasión del servicio o que se hubiere generado en el servicio, por ello se afirmó:

“Las lesiones causadas al agente Artunduaga Bermúdez si bien se produjeron cuando estaba en servicio, no ocurrieron, como ya se verá, con ocasión del servicio, pues los riesgos que asumió dicho agente cuando ingresó a la institución sólo se refirieron a las inherentes a la función misma y no a los que ocurrieron sin que jugara algún papel los riesgos asumidos por él en su profesión de Policía.

“Por consiguiente es necesario deslindar los conceptos jurídicos “de en servicio” y de “con ocasión del servicio” para no confundirlos. La concepción semántica de las expresiones ‘en servicio’ denota una situación identificable a simple vista, pues basta mirar si la actividad se desarrolló en el servicio; en cambio para las acepciones ‘con ocasión del servicio’ deben discernirse otras circunstancias y complejas en su concreción.

“En el caso, las lesiones ocurrieron sin que jugara ningún papel el riesgo asumido y, en consecuencia, aún sí dicho agente hubiese recibido indemnización a forfait ésta no habría excluido la indemnización plena, pues el pago recibido sería deducible de los perjuicios materiales…

(…).

“En el proceso están suficientemente demostradas: la actividad de riesgo ligada entre un instrumento peligroso, como es una subametralladora Uzzi (arma de dotación oficial) con dos agentes del Estado: la víctima directa Rafael Antonio Artunduaga Bermúdez y el que tenía a su cargo el uso de esa arma, Juan Rossi Pérez; y las circunstancias de tiempo y lugar de ocurrencia del hecho dañino.

“Los medios probatorios que se enlistaron antes son demostrativos de que el día 9 de julio de 1992, en la Estación de Policía Seres de Cali, el agente Rafael Antonio Artunduaga Bermúdez fue herido a causa del disparo de una subametralladora Uzzi, cuando se encontraba en servicio; el instrumento mediante el cual se produjo la lesión es cosa peligrosa en su estructura, y la percusión es actividad peligrosa. Las pruebas son indicadoras de que el hecho se produjo en forma desligada al riesgo que asumió dicho agente cuando ingresó a esa profesión de Policía.

“En casos similares a éste, por los riesgos diversos a los que asume un agente de Policía, la corporación ha aplicado el título riesgo; se traen a colación los siguientes casos:

El fallo proferido el día 10 de abril de 1997(18):

“Valga precisar en cuanto al riesgo que asumen quienes se vinculan a las fuerzas, que ese riesgo cobija a todos sus integrantes por igual. Sólo cuando alguno de ellos ES PUESTO EN CIRCUNSTANCIAS QUE INTENSIFICAN EL RIESGO puede hablarse de que rompe el principio de igualdad siempre debe mirarse referido a quienes se encuentren en condiciones de igualdad, en este caso frente a los demás miembros del cuerpo armado” (resaltado y mayúsculas por fuera del texto original).

• La sentencia dictada el día 27 de noviembre de 2001, en la que explotó una de las granadas que portaba un agente de policía —en el pecho— sin que él estuviese realizando la actividad policial(19).

• La providencia emitida el día 2 de mayo de 2002(20):

“(…) En relación con el hecho dañoso es indispensable precisar la siguiente circunstancia: Aunque el agente estatal que resultó víctima es de aquellos que tiene un régimen prestacional predeterminado en la legislación laboral por las lesiones que padezca como consecuencia de la actividad riesgosa que ejerce (indemnización a forfait), tal situación en este caso no es limitante para estudiar la responsabilidad extracontractual porque en ésta se analiza no el riesgo de la actividad militar por el enfrentamiento de la defensa del Estado, sino el riesgo proveniente de los instrumentos peligrosos (en su estructura y actividad) con ocasión de su actividad.

Ahora, particularmente se probó que el hecho dañoso estuvo ligado por causa y razón del servicio con el ejercicio de una actividad peligrosa) que la lesión por mutilación de la víctima directa se presentó con un elemento de dotación oficial “granada de fragmentación”) que estaba bajo la guarda del Estado, en el armerillo de la estación de policía) que la explosión y consecuencial mutilación se presentó durante el servicio y en ejercicio de su función de verificación del armamento de dotación que le correspondía como comandante de guardia, como se evidenció de los informes que el comandante de la Estación de San Onofre envió al comandante de Policía de Sucre y el que éste envió al comandante de Policías Urbanas y Rural y de las minutas de guardia (antecedentes probados 2 a 4).

Como se pudo establecer el riesgo creado por el Estado para la manipulación de instrumentos peligrosos (en su estructura y actividad) es distinto al riesgo de la actividad asumida por el militar profesional, porque el daño producido por aquellos instrumentos cuando la causa no resulta extraña, son imputables al Estado (…)”.

• Y en el fallo de 27 de noviembre de 2002(21):

“(...) debe tenerse en cuenta que en este juicio los hechos aducidos en la demanda indican que el riesgo que se imputó a la Nación NO SE CONCRETÓ EN LA ACTIVIDAD MILITAR DE COMBATE O DE DEFENSA que asumió a voluntad del subteniente Germán Mesa Correa. En casos similares a éste por los riesgos que soportó el militar de profesión diversos a los de combate y defensa del Estado, el Consejo de Estado ha estudiado la responsabilidad patrimonial con aplicación al régimen de riesgo”.

“Todo lo anterior, hechos y su prueba como la jurisprudencia apuntan con certeza de que en el caso se probó la actividad de riesgo que padeció un agente, riesgo distinto al que el agente mismo asumió al entrar a la prestación del servicio de profesión. Ahora, es necesario averiguar si los otros dos elementos de responsabilidad también se establecieron”(22).

De la misma manera, en sentencia de 2009, la Sala reseñó los regímenes de responsabilidad que pueden ser aplicados como lineamientos jurisprudenciales en hipótesis como la que se decide en esta oportunidad:

“Orientada por los derroteros trazados tanto por la doctrina autorizada(23) como por su propia jurisprudencia, la Sala esquematizará, a continuación, las diversas modalidades que pueden asumir los dos títulos objetivos de imputación de responsabilidad extracontractual del Estado: el riesgo excepcional —o responsabilidad por riesgo creado— y el daño especial, derivado de la ruptura del principio de igualdad de todos los ciudadanos frente a las cargas públicas.

A) El título jurídico de imputación consistente en el riesgo creado o riesgo excepcional deriva su existencia de la consideración según la cual el sujeto de derecho que despliega una actividad cuya realización implica el riesgo de ocasionar daños, debe asumir la responsabilidad derivada de la causación de éstos en el evento en que sobrevengan o de que, aún cuando la actividad no entrañe verdadera peligrosidad, conlleva la asunción de las consecuencias desfavorables que su ejercicio pueda producir, por parte de la persona que de dicha actividad se beneficia. En ese orden de ideas, se sostiene que pueden existir tres modalidades de responsabilidad por riesgo:

a) Responsabilidad por riesgo-peligro.

Es la asociada tradicionalmente, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, con la idea de “actividades peligrosas” y, dentro de ella, quedan comprendidos tres supuestos diferenciables:

a.1. Responsabilidad derivada del uso de objetos peligrosos, entre los cuales puede referirse (i) a las sustancias peligrosas —verbigracia, químicos o explosivos—; (ii) a instrumentos o artefactos peligrosos —caso de las armas de fuego o los vehículos automotores— o (iii) a las instalaciones peligrosas —como las redes de conducción de energía eléctrica o de gas domiciliario—.

a.2. Responsabilidad derivada del uso de métodos peligrosos, la cual ha sido reconocida por la jurisprudencia francesa, por vía de ejemplo, cuando se ocasionan daños por menores delincuentes internos en establecimientos especiales de corrección o por enfermos mentales en “salida de prueba” o por condenados mediante sentencia judicial a quienes se conceden beneficios penitenciarios como permisos de salida o libertad condicional.

a.3. Responsabilidad derivada de la ejecución de trabajos públicos, como quiera que la misma supone el despliegue de actividades que entrañan riesgo —como la construcción o apertura de rutas, puentes, canales, túneles, líneas férreas, entre otras— y en cuya ejecución pueden presentarse (i) daños accidentales derivados de la ocurrencia de sucesos imprevistos que habrían podido no acaecer —que son aquellos que realmente podrían encuadrarse en esta categoría— y (ii) daños permanentes cuya causación no deriva de la ocurrencia de un accidente sino que se trata de consecuencias normales —e incluso previstas— de la ejecución de una obra pública, como perturbaciones en el goce, perjuicios comerciales o pérdida de valor de un inmueble, en relación con las cuales la obligación indemnizatoria a cargo del Estado suele explicase mejor desde la perspectiva del título jurídico de imputación consistente en el daño especial derivado de la ruptura del principio de igualdad frente a las cargas públicas.

b) Responsabilidad por riesgo beneficio.

“En esta categoría el énfasis recae no ya en el peligro creado por el Estado, sino el provecho que éste o la comunidad reciben como consecuencia del ejercicio de la actividad riesgosa correspondiente, lo cual suele ocurrir, por vía de ejemplo, (i) en relación con colaboradores permanentes de la administración, como los miembros de la fuerza pública, en los cuales proceda el reconocimiento de indemnizaciones más allá de las predeterminadas por la ley o (ii) respecto de colaboradores ocasionales de la administración, lo cual puede suceder, a modo ilustrativo, en los supuestos en los cuales se ocasionan daños a particulares que prestan, en vehículos automotores de su propiedad, servicio de transporte benévolo o de transporte forzoso a agentes del Estado.

c) “Responsabilidad por riesgo álea.

“Se trata de la asunción de riesgos derivados de la toma en consideración de la probabilidad de que cierto tipo de actividades o procedimientos pueden dar lugar, quizás con la ineludible mediación del azar o de otro tipo de factores imprevisibles, a la producción de daños sin que medie asomo alguno de culpa. En la jurisprudencia francesa se ha reconocido la responsabilidad del Estado en esta suerte de casos cuando se emplean, por parte de la administración, métodos científicos cuyas consecuencias dañosas aún no son del todo conocidas o cuando, a pesar de ser conocidas, resultan de muy excepcional ocurrencia, en definitiva, cuando se está en presencia del denominado “riesgo estadístico”.

“B. El título jurídico de imputación consistente en el daño especial, aplicable, de acuerdo con lo expresado por la jurisprudencia de esta Sala, cuando concurran los siguientes elementos:

“a) Que se desarrolle una actividad legítima de la administración.

b) La actividad debe tener como consecuencia el menoscabo del derecho a una persona.

c) El menoscabo del derecho debe tener origen en el rompimiento del principio de igualdad frente a la ley y a las cargas públicas.

d) El rompimiento de esa igualdad debe causar daño grave y especial, en cuanto recae sólo sobre alguno o algunos de los administrados.

e) Debe existir un nexo causal entre la actividad legítima de la administración y el daño causado; y

f) El caso concreto no puede ser susceptible de ser encasillado dentro de otro de los regímenes de responsabilidad de la administración”(24).

“Debe la Sala insistir en que la tipología que se viene de referir tiene por objeto, fundamentalmente, precisar cuál es la relación existente entre conceptos que suelen emplearse de forma indistinta o como equivalentes cuando de la aplicación de regímenes de responsabilidad objetiva se trata y que, por tanto, la claridad conceptual es el propósito sustancial de la anterior sistematización.

“En cualquier caso, todas las especies a las cuales se acaba de hacer alusión comparten esenciales elementos comunes como la irrelevancia de elemento subjetivo alguno cuya concurrencia deba demostrarse en el proceder de la entidad pública demandada —respecto del cual no es necesario acreditar que reúne los requisitos de la falla, aunque, claro está, los aspectos cuya prueba resulta necesaria tratándose de cada título jurídico objetivo de imputación y de cada una de sus especies, revisten especiales particularidades— o las exigencias que deben confluir para que opere alguna de las eximentes de responsabilidad, esto es, para que se reconozca la presencia de una causa extraña en cada supuesto concreto, asunto del cual se ocupará la Sala en posterior acápite dentro del presente pronunciamiento”(25).

En consonancia con lo anterior, la Sala ha identificado diversas hipótesis concretas de exceso en los riesgos propios del servicio, principalmente a la luz del régimen de responsabilidad patrimonial del Estado de falla del servicio; de esta manera se ha señalado que los daños que se causen por el estado defectuoso de las armas de dotación oficial o por los implementos entregados a los agentes encargados de mantener el orden público exceden el riesgo propio del servicio(26); tampoco pueden considerarse como constitutivas de un riesgo propio del servicio las lesiones sufridas como consecuencia de los errores tácticos, desconocimiento de medidas de seguridad(27), la impericia o imprudencia por parte de los superiores jerárquicos de la víctima directa o aun de sus compañeros en el uso de las armas de dotación oficial(28); las especiales circunstancias de orden público en determinadas zonas del país y en las llamadas tomas de poblaciones por parte de grupos armados al margen de la ley también han llegado a ser consideradas como constitutivas de excesos en los riesgos propios del servicio que no deben ser asumidos por los miembros de la fuerza pública, en este sentido la sala ha afirmado:

“No puede desconocerse que existen zonas del país en las cuales el orden público permanece en constante alteración, circunstancia que entraña riesgos, particularmente para los miembros de la fuerza pública encargados de patrullar y vigilar a lo largo y ancho el territorio nacional, actividad que como tal resulta inherente al ejercicio de las funciones propias de su profesión; sin embargo, en el caso particular, el daño sufrido por los actores con ocasión de la muerte del agente Murillo Rodríguez no fue consecuencia del riesgo que voluntariamente éste asumió cuando ingresó a prestar servicio a la Policía Nacional, el cual estaba en la obligación de soportar en su condición de miembro de la fuerza pública, sino por la omisión de las medidas de prevención, protección y seguridad a cargo de los mandos superiores del agente asesinado, circunstancia que facilitó o allanó el camino para que los antisociales lo emboscaran y lo acribillaran”(29).

En idéntica dirección a la señalada, la Sala consideró:

“No existen dudas entonces, sobre la falla del servicio en que incurrió la Policía Nacional, al permitir que una Estación de Policía, de un municipio ubicado en “zona roja”, permaneciera menguada en su personal, pese a la inminente movilización de tropa enemiga en el sector. Así mismo, constituye una falla del servicio evidente, el hecho de que frente a la noticia de la presencia de tropa subversiva, no hubiera hecho nada la Policía Nacional, para fortalecer a una débil e indefensa delegación de su personal”(30).

Finalmente, resulta necesario reiterar la posición de la Sala en torno a que el análisis de los riesgos propios del servicio se debe realizar en el marco de las funciones específicas del servicio al cual ha sido asignado el agente; en este sentido la Sala ha indicado que:

“… en punto del riesgo propio del servicio que se predica de los integrantes de la fuerza pública vinculados a la institución de manera voluntaria es menester precisar que los daños que tales funcionarios deben soportar son aquellos que resulten de la materialización o concreción del riesgo asumido; por ende, también corresponde advertir que no todos los integrantes de la fuerza pública asumen los mismos riesgos y que por esa razón, a efectos de determinar en un evento concreto ese ‘riesgo profesional’, necesariamente ha de tenerse en cuenta la naturaleza de las funciones, la de las actividades y la de la misión que al momento de los hechos le correspondía ejecutar, de conformidad con la labor escogida y la institución a la cual se vinculó”(31).

3.2. El caso concreto.

A la luz de las pruebas debidamente allegadas al expediente, se encuentra fehacientemente acreditado que el 8 de julio de 1999, en inmediaciones del municipio de Gutiérrez (Cundinamarca), un grupo de guerrilleros perpetró un ataque contra el Ejército Nacional; como consecuencia de dicho ataque murieron los señores José María Gómez Márquez, Simón Gómez Figueroa, Bartolomé García Garzón, Freddy Orlando Reyes, José Uriel González Ramírez, Josmar Armando González Munevar, José Rodrigo Mendoza Mora, José Abelardo Alzate Hernández, Guiovany Ricardo Chinchilla Borrero, Luis Alfonso Rincón, William David Lozano Salamanca, quienes se encontraban prestando el servicio militar; John Jairo Cardozo Reyes, Edward Jaxson Carrión Bello, soldados profesionales, y resultó gravemente herido el conscripto Francisco Javier Fitatá González, todos ellos orgánicos de la Batería B del Batallón de Artillería 13 General Fernando Landazábal Reyes.

Por otra parte, también se encuentra probado, mediante los testimonios del soldado Jhon Edgar González Gómez y del capitán Leonardo Antonio Calvo Soto, que desde los meses de noviembre y diciembre del año 1998 hasta la fecha de ocurrencia de los hechos, al tener información acerca de la inminencia de un ataque guerrillero, se solicitó a los mandos superiores que se les mejorara el material de guerra —radioteléfonos, armas, municiones, etc.— y se brindara apoyo humano, frente a lo cual la respuesta absolutamente inadmisible, indignante, insultante y palmariamente contraria a los principios y dictados constitucionales y legales que informan el ordenamiento jurídico vigente y con arreglo a los cuales debe desarrollarse y ejercerse toda función pública en Colombia, consistió en decirles a tales subalternos, urgidos de ayuda, apoyo y orientaciones militares serias y responsables, que si querían ametralladoras “las compraran en el Ley”.

Igualmente, se acreditó en el expediente que los refuerzos de tropas solicitados por el comandante de la Batería B y prometidos por los mandos superiores nunca llegaron, aun cuando de los testimonios obrantes en el proceso se demostró que a sólo 4 horas del lugar en que ocurrió el aleve ataque —cuya duración fue de 12 horas— se encontraba un destacamento de contraguerrilla, refuerzo que no llegó sino hasta el día siguiente de ocurridos los hechos; así lo afirmaron los miembros de los grupos contraguerrilla Texas 2 y Texas 3, tal y como quedó consignado en el acápite de pruebas, a tal punto que, como lo señaló el soldado Jhon Edgar González Gómez, los medios de comunicación llegaron al lugar de los hechos antes que los refuerzos que fueron solicitados con anterioridad al y durante el ataque guerrillero.

Los anteriores hechos probados en el expediente constituyen razón suficiente para confirmar la declaratoria de responsabilidad de la entidad pública demandada, pronunciada en la sentencia de primera instancia, frente a lo cual la Sala encuentra pertinente aclarar que en el presente caso concreto se configuró una falla en el servicio por parte del Ejército Nacional.

En efecto, de lo anteriormente descrito resulta con toda claridad que los mandos superiores del Batallón de Artillería Nº 13 omitieron, como era su obligación, prestar el apoyo material y humano solicitado de manera oportuna y reiterada por los oficiales encargados de comandar la Batería B de dicho destacamento militar, pero además los abandonaron a su suerte aquél 8 de julio de 1999 en los momentos más intensos de un combate con el enemigo.

4. Admonición a la entidad pública demandada ante la gravedad de los hechos.

Ante la gravedad de la situación fáctica planteada y verificada a través de los medios de prueba debidamente recaudados, la Sala encuentra necesario iterar, a título de admonición a la entidad pública demandada, el más profundo y enfático rechazo por la conducta que desplegaron los mandos superiores de la Batería B del Batallón 13 de Artillería, quienes abandonaron a su suerte a los miembros del Ejército Nacional quienes final y lamentablemente perdieron su vida o resultaron lesionados gravemente en los hechos ocurridos el 8 de julio de 1999, en el municipio de Gutiérrez (Cundinamarca) ante la indolencia, la indiferencia, la irresponsabilidad y la burla de quienes recibieron los pedidos de apoyo, de ayuda, de respaldo y, por tanto, estaban en el deber de tramitar, atender y brindar respuesta a tan angustiosas y reiteradas solicitudes.

Tal conducta que no puede ser sino calificada de irresponsable, irrespetuosa, negligente y, por demás, burlona, que asumieron los oficiales superiores aludidos frente a la incesante solicitud de apoyo que elevaron los miembros de la Batería B ante la inminencia de un ataque guerrillero, además de colidir abiertamente con los principios de honorabilidad, responsabilidad y solidaridad, inherentes a la disciplina castrense, constituyó una inaceptable falta de respeto y a la vez un abierto desconocimiento a la dignidad humana de los hombres que se encontraban bajo su mando, así como refleja un desprecio total por el sagrado y fundamental derecho a la vida de todos aquellos soldados, suboficiales y oficiales que con ejemplar disciplina y extraordinario estoicismo continuaron cumpliendo sus órdenes y con su deber sin contar con medios ni apoyo para ello, al punto de resultar inmolados 38 soldados y 9 más gravemente heridos como héroes de la Patria por razón de la incuria, la insensibilidad y el desdén de quienes, sin merecerlo, tenían el honor y la responsabilidad de ser sus superiores.

Más aun, resulta inconcebible que oficiales del Ejército, formados y, por lo tanto, en capacidad de dirigir las tropas, defender la soberanía nacional y proteger la vida, la honra, los bienes, los derechos y las libertades de todos los habitantes de Colombia, hayan faltado de manera tan grosera a su más elemental objetivo de escuchar las peticiones y brindar apoyo a sus subalternos, máxime cuando a éstos se les exige el cumplimiento irrestricto de las órdenes que sus superiores emitan; conductas como éstas atentan contra la confianza que los subalternos deben depositar en la Institución a la cual pertenecen, pero además constituyen una franca violación de una de las máximas fundamentales del Código de Honor del Ejército Nacional, en cuya virtud cada soldado, cualquiera sea su grado, debe rezar: “No abandonaré a mis superiores, compañeros o subalternos en acción de guerra ni en cualquier otra ocasión”.

5. Los perjuicios.

5.1. Los perjuicios morales.

El tribunal a quo al acceder a las pretensiones de los demandantes decretó el reconocimiento de las sumas equivalentes a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de los padres e hijos de las víctimas directas y de cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de los hermanos de las víctimas directas que hubieren acreditado en el expediente el dolor sufrido por la muerte de los soldados; teniendo en cuenta que este aspecto no fue apelado por las partes, dado que se acreditó debidamente la relación de parentesco, tal y como surge de las pruebas reseñadas en el acápite correspondiente y que dicha tasación se encuentra ajustada a los lineamientos jurisprudenciales establecidos por la Sala, dichas condenas serán confirmadas.

La parte actora, por su parte, se mostró inconforme exclusivamente con la denegación que realizó el tribunal a quo respecto de la pretensión resarcitoria de los perjuicios morales alegados por los hermanos de las víctimas directas Simón Gómez Figueroa y José María Gómez Márquez, en la medida en que en criterio del fallador de primera instancia “no se probó en debida forma la afectación moral, pues los testigos escuchados no identificaron a los hermanos reclamantes” (fl. 151, cdno. ppal.).

Frente al reconocimiento de perjuicios morales de los demandantes que hubieren acreditado un grado de parentesco cercano a la víctima de un daño antijurídico imputable a una entidad pública, la Sala ha afirmado:

“Está acreditado el vínculo de parentesco de Benigna Riascos y Juan Roso (abuelos maternos), Epifania Riascos, Luis Carlos Riascos, Dina Isnora García Riascos y Elida Revolledo, (madre y hermanos de la víctima). De este parentesco se infiere judicialmente o de hombre —prueba indirecta— el dolor moral que padecieron con la muerte de Hever Riascos.

“El juzgador, cuando deduce judicialmente —presunción judicial o de hombre— tiene en cuenta como antecedente la experiencia humana, nacida de la observación de las reglas generales de la sociedad (circunstancias de modo, tiempo y lugar) para cuando ocurrió el hecho dañino; es generalizado el conocimiento del afecto entre abuelos, madre, hijo y hermanos.

“Por consiguiente observa que entre seres normales es común que los integrantes de la familia —abuelos, padres e hijos, y entre estos y aquellos— se produce un inmenso dolor cuando alguno de estos miembros sufre una lesión grave o padece la muerte; este núcleo familiar vive, por la muerte de uno de los suyos, desacomodo de vida”(32).

En este orden de ideas, siguiendo los parámetros que la jurisprudencia ha establecido para tal efecto, la Sala le haya razón a la parte actora en el sentido de considerar que no se requiere prueba distinta de la acreditación del parentesco para que se pueda inferir la existencia de perjuicios morales en cabeza de aquellas personas que ostenten un parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, lo cual no obsta, como lo ha afirmado la jurisprudencia de esta corporación, para que la parte demandada pueda probar la inexistencia de los mencionados perjuicios o desvirtuar su causación.

Por lo tanto, la Sala modificará la sentencia de primera instancia en lo relativo al reconocimiento de perjuicios morales y condenará a la entidad demandada al pago de una suma equivalente a 100 SMLMV para cada uno de los señores Antonio María Gómez Figueroa (fl. 85, cdno. 6), Gladys Genith Gómez Figueroa (fl. 86, cdno. 6), Yasmiriam Gómez Figueroa (fl. 87, cdno. 6), José Enrique Gómez Figueroa (fl. 88, cdno. 6), Gilberto Bladimir Gómez Figueroa (fl. 7, cdno. 3), Heberto Arnulfo Gómez Figueroa (fl. 8, cdno. 3), Carlos Isidoro Gómez Figueroa (fl. 9, cdno. 3). Ernesto Gómez Márquez (fl. 89, cdno. 6), Everto (o Heberto) Raúl Gómez Asís (fl. 93, cdno. 6), Rosa Isabel Gómez Asís (fl. 94, cdno. 6), Luz Esperanza Gómez Asís (fl. 95, cdno. 6), Rosmery Mavel Gómez Asís (fl. 96, cdno. 6), Bartolo (o Bartolomé) Manuel Gómez Asís (fl. 97, cdno. 6), Orlando José Gómez Asís (fl. 98, cdno. 6), Gilma Guillermina Gómez Asís (fl. 99, cdno. 6), en razón a que todos los anteriores acreditaron su parentesco en segundo grado de consanguinidad, esto es eran hermanos, de las dos (2) víctimas directas del daño señores Simón Gómez Figueroa y José María Gómez Márquez en cuanto todos ellos, incluidos los dos (2) soldados fallecidos, descendían de un mismo tronco común, el padre.

También se adicionará la sentencia de primera instancia pero en el sentido de condenar a la entidad pública demandada al pago de una suma equivalente a 50 SMLMV para cada una de las señoras Maribel Rodríguez Márquez (fl. 90, cdno. 6), Carolina Turizo Márquez (fl. 91, cdno. 6) y Dubis Esther Turizo Márquez (fl. 92, cdno. 6), puesto que dichas demandantes acreditaron en debida forma su parentesco en segundo grado de consanguinidad (hermandas) respecto de uno solo de los fallecidos, es decir del señor José María Gómez Márquez, comoquiera que ellos descendían de la misma madre.

5.2. La actualización de los perjuicios materiales.

Por cuanto este punto no fue objeto de apelación y toda vez que el fallador de primera tasó los perjuicios materiales utilizando la metodología establecida para tal efecto por la jurisprudencia del Consejo de Estado, la Sala mantendrá las condenas decretadas por concepto de perjuicios materiales decretada por el tribunal a quo y las actualizará tomando como fecha inicial la de la sentencia de primera instancia y como final la del presente proveído.

— A favor de la señora Xiomara Castellanos el tribunal a quo decretó una condena por concepto de perjuicios materiales de $ 25’393.001, suma que se actualizará siguiendo la siguiente fórmula:

Raaaaaa.JPG
 

Ra= $ 38’160.318.

— A favor del señor Harold Stiven Reyes Castellanos el tribunal a quo decretó una condena por concepto de perjuicios materiales de $ 13’997.970, suma que se actualizará siguiendo la siguiente fórmula:

Raaaaaa1.JPG
 

Ra= $ 21’035.993.

— A favor de la señora Marcela Reyes Castiblanco el tribunal a quo decretó una condena por concepto de perjuicios materiales de $ 25’214.840, suma que se actualizará siguiendo la siguiente fórmula:

Raaaaaa2.JPG
 

Ra= $ 38’042.859.

A favor de la señora Andryd Tatiana Gómez el tribunal a quo decretó una condena por concepto de perjuicios materiales de $ 14’060.032, suma que se actualizará siguiendo la siguiente fórmula:

Raaaaaa3.JPG
 

Ra= $ 21’129.259.

5.3. Justicia restaurativa.

Respecto de esta forma de reparación, la Sala en casos como el presente, en los cuales se ha declarado la responsabilidad del Estado por graves violaciones a los Derechos Humanos, ha dado completa aplicación a los artículos 16 de la Ley 446 de 1998(33) y 8º de la Ley 975 de 2005(34); al respecto, se ha pronunciado en los siguientes términos:

“Como corolario de lo anterior, para la Sala, la reparación integral propende por el restablecimiento efectivo de un daño a un determinado derecho o interés jurídico y, por lo tanto, en cada caso concreto, el juez de la órbita nacional deberá verificar con qué potestades y facultades cuenta para lograr el resarcimiento del perjuicio, bien a través de medidas netamente indemnizatorias o, si los supuestos fácticos lo permiten (trasgresión de derechos humanos en sus diversas categorías), mediante la adopción de medidas o disposiciones de otra naturaleza, como las ya enunciadas, entre otras.

“Ahora bien, debe precisarse que los anteriores planteamientos, en modo alguno, desconocen los principios de jurisdicción rogada y de congruencia (CPC, art. 305)(35), toda vez que frente a graves violaciones de derechos humanos (v.gr. crímenes de lesa humanidad), el ordenamiento jurídico interno debe ceder frente al internacional, en tanto este último impone la obligación a los Estados, a los diferentes órganos que los integran —incluida la Rama Judicial del poder público—, de adoptar todas las medidas tendientes a la protección y reparación de esas garantías del individuo.

“Por ende, el principio de reparación integral cobra mayor fuerza en aquellos eventos en los cuales el juez de lo contencioso administrativo, debe decidir asuntos relacionados con presuntos desconocimientos de las garantías fundamentales del ser humano, por cuanto en tales supuestos el ordenamiento jurídico interno e internacional, lo dota de una serie de herramientas e instrumentos para procurar el restablecimiento de los derechos.

“La anterior óptica no implica, en ningún sentido, el desconocimiento de los postulados de índole procesal trazados por el legislador, sino que, por el contrario, representa la correcta y adecuada armonización de las reglas jurídicas del sistema interno, con los principios y normas que protegen al ser humano a nivel internacional, la mayoría de las cuales, han sido suscritas y ratificadas por Colombia”(36).

En ese mismo sentido, la Sala que integra esta Sección del Consejo de Estado, en sentencia del 26 de marzo de 2009, precisó:

“Como se desprende de los anteriores planteamientos, es posible formular algunos lineamientos en relación con el principio de reparación integral en Colombia:

“i) En todo proceso en el que se juzgue la responsabilidad patrimonial del Estado, será posible deprecar medidas de reparación integral, con miras a que se restablezca el statu quo preexistente a la producción del daño.

“En consecuencia, siempre será posible que en las demandas de reparación directa los demandantes formulen pretensiones dirigidas o encaminadas a la reparación in integrum del perjuicio, incluso reparaciones in natura. No obstante, en estos supuestos, el juez estará siempre vinculado por el principio de congruencia procesal y de la no reformatio in pejus.

“ii) Cuando se trate de graves violaciones a derechos humanos, el juez cuenta con la facultad de decretar todo tipo de medidas de justicia restaurativa (correctiva), encaminadas a la satisfacción y el restablecimiento del derecho o derechos lesionados. Así las cosas, en estos eventos, el juez de lo contencioso administrativo no puede estar limitado, en modo alguno, por los principios procesales antes mencionados, puesto que constituye un imperativo categórico que prevalece sobre las citadas garantías, el hecho de garantizar una reparación integral del perjuicio”(37).

Con fundamento en lo anterior, la Sala a partir de sus pronunciamientos recientes, así como con apoyo en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, considera que en eventos como el que aquí se examina y se decide —en los cuales se verifica el desbordamiento de la esfera o dimensión subjetiva de los derechos conculcados, dada su magnitud, su anormalidad y su excepcionalidad—, el juez de lo contencioso administrativo no puede permanecer indiferente, so pena de entender el derecho a la reparación como una obligación netamente indemnizatoria, cuando lo cierto es que una de las funciones modernas de la responsabilidad es la preventiva(38).

En consecuencia, como garantía de no repetición, la Sala ordenará el envío del presente fallo al Ministerio de Defensa Nacional, al Comando General de las Fuerzas Militares y a la Dirección de la Policía Nacional con el fin de que se publiquen los numerales 3º y 4º del capítulo de consideraciones y la parte resolutiva de la presente providencia, por un lapso de seis (6) meses, en las respectivas páginas web del Ministerio de Defensa Nacional, del Ejército Nacional, de la Fuerza Aérea Colombiana, de la Armada Nacional y de la Policía Nacional; también se publicarán los mismos apartes en un lugar visible de las instalaciones donde funciona el Batallón de Artillería 13, General Fernando Landazábal Reyes.

Por otro lado, la Sala ordenará que:

i) El estudio de la presente providencia deberá integrarse de manera real y efectiva en el pénsum académico de todos los cursos de formación y de ascenso correspondientes a todos los grados de oficiales que en cada una de las fuerzas que componen las Fuerzas Militares de Colombia y de la Policía Nacional se programen y se desarrollen durante los tres (3) años siguientes a su notificación, al menos una (1) vez por año, con el propósito de que se efectúe el análisis de los hechos probados en el presente proceso judicial como paradigma de las conductas contrarias a los principios y postulados axiológicos, éticos y normativos que informan y orientan la Constitución Política, las leyes de la República y la disciplina castrense;

ii) La presente providencia, los hechos que la Sala encontró debidamente acreditados en el expediente y las consideraciones que llevaron a que se condenara patrimonialmente al Estado en el presente caso, serán objeto de estudio por parte de los diferentes comités de defensa y conciliación que existen en el Ministerio de Defensa y/o las fuerzas que componen las Fuerzas Militares de Colombia y la Policía Nacional, durante los tres (3) años siguientes a su notificación, al menos una (1) vez por año, con el fin de que se adelanten programas tendientes a promover los mecanismos alternativos de solución de conflictos en casos —como el presente— en los que se existen pruebas fehacientes del proceder irresponsable y atentatorio de la dignidad humana por parte de los superiores jerárquicos encargados de velar por la seguridad y apoyo de los miembros de la fuerza pública; y,

iii) La presente providencia será objeto de estudio durante los tres (3) años siguientes a su notificación, al menos una (1) vez por año, por parte de la secretaría general del Ministerio de Defensa y de las dependencias adscritas al Ejército Nacional, a la Fuerza Aérea de Colombia, a la Armada Nacional y a la Policía Nacional, encargadas de elaborar y diseñar los planes y programas de adquisición y/o suministro de material de guerra, armamento e infraestructura, así como a los grupos o comités de adjudicaciones o de contratación, con el fin de que se conozcan los efectos nocivos de desatender, de la manera en que se hizo en el sub lite, las peticiones y solicitudes de quienes se encuentran en la obligación de defender, en el terreno, la Soberanía Nacional y promuevan mecanismos de adquisición y/o suministro de material de guerra adecuados con arreglo a los dictados de la Constitución Política y las leyes vigentes, en cumplimiento del principio de planeación, para que situaciones como la ocurrida el 8 de julio de 1999, en el municipio de Gutiérrez (Cundinamarca), no vuelvan a ocurrir.

La verificación del cumplimiento de lo dispuesto en el acápite de medidas de justicia restaurativa de la presente providencia estará a cargo del Procurador General de la Nación, quien cumplirá dicha tarea directamente o por conducto del Procurador Delegado para las Fuerzas Militares y del Procurador Delegado para la Policía Nacional, quienes requerirán y recibirán la información debidamente remitida por el inspector general de las Fuerzas Armadas, los inspectores generales de cada fuerza y el inspector general de la Policía Nacional, en cuanto a la publicación de los apartes indicados de la presente providencia y harán la verificación y el seguimiento correspondientes a la inclusión de su estudio en el pénsum académico de las dependencias mencionadas en los párrafos anteriores, todo ello en cumplimiento de la función de velar por la debida ejecución de las providencias judiciales atribuida al Ministerio Público por el numeral 1º del artículo 277 de la Constitución Política.

6. Costas.

Habida cuenta de que para el momento en que se dicta este fallo el artículo 55 de la Ley 446 de 1998(39) indica que hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y que, en el sub lite, se evidencia que la parte demandada en forma temeraria y en abierto desafío a la indiscutible evidencia probatoria decidió continuar con el proceso promoviendo recurso de apelación del fallo de primera instancia aún ante la claridad, veracidad y contundencia de medios de prueba que acreditaron la conducta irresponsable, indignante y contraria a los postulados constitucionales que realizaron los oficiales encargados de velar por la seguridad y apoyo de los soldados que murieron y resultaron heridos en los hechos del 8 de julio de 1999, en el municipio de Gutiérrez (Cundinamarca), buscando con ello alargar de manera indebida y sin sustento probatorio alguno el sufrimiento de los familiares de los militares inmolados en los trágicos hechos que sustentaron las diferentes demandas que ahora se deciden en segunda instancia, la Sala condenará en costas a la parte demandada, respecto de aquellos que se hubieren causado en segunda instancia.

El artículo 74 del Código de Procedimiento Civil, norma aplicable en el presente proceso por expresa remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, en cuanto a las actuaciones temerarias o de mala fe en el curso de un proceso judicial, dispuso:

“ART. 74.—

“Temeridad o mala fe. Se considera que ha existido temeridad o mala fe, en los siguientes casos:

“1. Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición, incidente o trámite especial que haya sustituido a éste.

“2. Cuando a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad.

“3. Cuando se utilice el proceso, incidente, trámite especial que haya sustituido a éste o recurso, para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos.

“4. Cuando se obstruya la práctica de pruebas.

“5. Cuando por cualquier otro medio se entorpezca reiteradamente el desarrollo normal del proceso” (resaltado por fuera del texto).

Para la Sala, la contundencia irrrefutable de las pruebas contrasta dramáticamente con la tozudez de la parte demandada de llevar hasta la finalización de la segunda instancia el proceso que ahora se decide, extendiendo con ello innecesaria e injustificadamente el sufrimiento de las víctimas, lo cual constituye a todas luces una actuación temeraria; sin embargo, resulta pertinente y necesario señalar que no se cuestiona y por ello se quiere significar que no se reprocha per se el ejercicio del derecho de defensa de la entidad pública accionada, al contrario, lo que resulta censurable es que el Ministerio de Defensa, habiendo participado en el recaudo de las pruebas y tenido la oportunidad de controvertirlas hasta llegar a la verdad procesal en primera instancia, haya optado por recurrir la sentencia del tribunal a quo sin contar con fundamento para ello, el cual, bueno es precisarlo, no se debe entender como la sola procedencia del recurso de apelación sino que debe analizarse a la luz de las pruebas recaudadas y de todas las actuaciones surtidas en la primera instancia con el fin de determinar si su interposición resulta superflua o carente de sustento jurídico; pues bien, se reitera, la ausencia de cualquier margen de discusión respecto de las pruebas recaudadas en el proceso y, por lo tanto, de la responsabilidad de la entidad demandada tornó la interposición del recurso en carente de fundamento legal(40).

En criterio de la Sala, el derecho de defensa —que constituye un deber constitucional y legal— de las entidades públicas y en general de las partes en un proceso, debe realizarse dentro de las fronteras de la lealtad procesal y de la razonabilidad de las actuaciones procesales, puesto que no pueden y no deben las personas de derecho público obstinarse, ensañarse, en la iniciación y/o continuación de un proceso judicial cuando las pruebas conocidas por la entidad y/o válidamente recaudadas en un proceso no admiten discusión alguna respecto de su responsabilidad, cuestión que igual cabe predicarse respecto del deber que le asiste a las entidades de buscar la eficacia de los medios alternativos de solución de conflictos(41).

Ahora bien, de conformidad con lo normado en el artículo 19(42) de la Ley 1395 de 2010 —modificatorio del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil—, se procederá dentro de esta decisión a determinar si hay lugar, o no, a la fijación de agencias en derecho, para lo cual se tendrá en cuenta, además, lo siguiente:

Los numerales 3º y 4º del artículo 393 del Código de Procedimiento Civil, disponen que para efectos de la liquidación de costas, se fijarán las agencias en derecho con aplicación de las tarifas previstas por el Consejo Superior de la Judicatura. En cualquier caso, ante la existencia de tarifas mínimas y máximas, el juez deberá tener en cuenta i) la naturaleza, ii) la calidad y iii) la duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, supuestos que deben ser valorados por el juez de la causa, con el fin de decidir el monto de la tarifa dentro de los límites correspondientes.

De este modo, ante la existencia de tarifas mínimas y máximas, el juez debe tener en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, supuestos que debe valorar el juez para decidir el monto de la tarifa dentro de los límites que se fijen.

El Consejo Superior de la Judicatura - Sala Administrativa - mediante Acuerdo 1887 del 26 de junio de 2003, estableció las tarifas de agencias en derecho aplicables a los procesos judiciales. Dicho acuerdo hizo referencia expresa a la jurisdicción de lo contencioso administrativa, en los siguientes términos y reguló lo concerniente a los distintos asuntos que en ésta se tramitan, así:

“Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho

LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las señaladas en el artículo 43 de la ley 794 de 2003,

ACUERDA:

ART. PRIMERO.—Objetivo y ámbito de aplicación. Es objetivo de este acuerdo establecer, a nivel nacional, las tarifas de agencias en derecho aplicables a los procesos judiciales.

ART. SEGUNDO.—Concepto. Se entiende por agencias en derecho la porción de las costas imputables a los gastos de defensa judicial de la parte victoriosa, a cargo de quien pierda el proceso, el incidente o trámite especial por él promovido, y de quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, revisión o anulación que haya propuesto, y en los casos especiales previstos en los códigos de procedimiento.

ART. TERCERO.—Criterios. El funcionario judicial, para aplicar gradualmente las tarifas establecidas hasta los máximos previstos en este acuerdo, tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, autorizada por la ley, la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo que sean equitativas y razonables. Las tarifas por porcentaje se aplicarán inversamente al valor de las pretensiones.

PAR.—En la aplicación anterior, además, se tendrán en cuenta las normas legales que en particular regulen la materia.

ART. CUARTO.—Fijación de tarifas. Las tarifas máximas de agencias en derecho se establecen en salarios mínimos mensuales legales vigentes, o en porcentajes relativos al valor de las pretensiones de la demanda reconocidas o negadas en la sentencia.

PAR.—En los eventos de terminación del proceso sin haberse proferido sentencia, o ésta sea solamente declarativa, se tendrán en cuenta los criterios previstos en el artículo tercero, sin que en ningún caso la tarifa fijada supere el equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

ART. QUINTO.—Analogía. Los asuntos no contemplados en este acuerdo se regirán por las tarifas establecidas para asuntos similares, incluyendo los asuntos que conocen las autoridades administrativas en ejercicio de funciones judiciales.

ART. SEXTO.—Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho: (...).

“III. Contencioso administrativo.

“3.1. Asuntos.

“3.1.1. Única instancia.

“Sin cuantía: Hasta diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

“Con cuantía: Hasta el quince por ciento (15%) del valor de las pretensiones, reconocidas o negadas en la sentencia.

“3.1.2. Primera instancia.

“Sin cuantía: Hasta quince (15) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

“Con cuantía: Hasta el veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia.

“PAR.—En los procesos ejecutivos, hasta el quince por ciento (15%) del valor del pago ordenado o negado en la pertinente decisión judicial; si, además, la ejecución comprende el cumplimiento de obligaciones de hacer, se incrementará en un porcentaje igual al que fije el juez.

“En los casos en que únicamente se ordene o niegue el cumplimiento de obligaciones de hacer, hasta seis (6) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

“3.1.3. Segunda instancia.

“Sin cuantía: Hasta siete (7) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

“Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia.

“PAR.—En los procesos ejecutivos, hasta el cinco por ciento (5%) del valor del pago confirmado o revocado total o parcialmente en la pertinente orden judicial; si, además, la ejecución comprende el cumplimiento de obligaciones de hacer, se incrementará en un porcentaje igual al que fije el juez.

“En los casos en que únicamente se ordene o niegue el cumplimiento de obligaciones de hacer, hasta cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes” (resaltado por fuera del texto).

Así las cosas, las agencias en derecho deben liquidarse con base en las anteriores disposiciones. Sin embargo, la Sala encuentra que en el sub lite la parte demandante no descorrió el traslado para alegar en esta instancia y, por ello, la Sala no condenará a la parte demandada al pago de las agencias en derecho.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFÍCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 15 de octubre de 2003, el cual quedará así:

“PRIMERO. Declárase administrativamente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, por la muerte de los conscriptos William David Lozano Salamanca, Bartolomé García Garzón, Fredy Orlando Reyes, José Uriel González Ramírez, Josmar Armando González Munévar, José Rodrigo Mendoza Mora, José Abelardo Alzate Hernández, Giovanny Ricardo Chinchilla Borrero, Luis Alfonso Rincón, José María Gómez Márquez y Simón Gómez Figueroa; y por la lesión del conscripto Francisco Javier Fitatá González, ocurridas el día 8 de julio de 1999, conforme a los hechos y las consideraciones expuestas precedentemente.

“SEGUNDO. Como consecuencia de la anterior declaración, condénese a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, a reconocer y pagar a favor de los demandantes, las siguientes indemnizaciones:

“Por concepto de perjuicios morales:

“— Para Blanca Libia Garzón: cien (100) salarios mínimos mensuales vigentes.

“— Para Eva, María del Carmen, Pablo César y Luis Carlos García Pachón, cincuenta (50) salarios mínimos mensuales vigentes, para cada uno.

“— Para Xiomara Castellanos: cien (100) salarios mínimos mensuales vigentes.

“— Para el menor Harold Steven Reyes Castellanos: cien (100) salarios mínimos mensuales vigentes.

“— Para Fredy Alexander González Ramírez, Jorge Wilson Escalante Ramírez, Nelson Ramírez, Luz Stella Ramírez, María Irma Rubiano, Humberto Ramírez y Diógenes Ramírez, cincuenta (50) salarios mínimos mensuales vigentes, para cada uno.

“— Para Lilia Munevar Rojas: cien (100) salarios mínimos mensuales vigentes.

“— Para Marcos Mateo Luis Munevar Peña y Zenaida Rojas de Munevar: cincuenta (50) salarios mínimos mensuales vigentes, para cada uno.

“— Para Carlos Andrés Hernández Munevar, Fabián González Munevar, José Fernando González Munevar, la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales vigentes, para cada uno.

“— Para José Arcadio Mendoza y Ana Rosa Mora: cien (100) salarios mínimos mensuales vigentes, para cada uno.

“— Para Nelson Antonio Mendoza Mora, Martha Lucía Mendoza Mora, Gloria María Mendoza Mora, Carlos Alfredo Mendoza Mora, Rosalba Mendoza Mora, Rolfe Arcadio Mendoza Mora, Álvaro Humberto Mendoza Mora y Luz Margarita Mendoza Mora, la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales vigentes.

“— Para María de los Santos Hernández y Luis Alonso Alzate Marín: cien (100) salarios mínimos mensuales vigentes para la fecha de esta sentencia, para cada uno.

“— Para Jhon Albert Alzate Hernández: cincuenta (50) salarios mínimos mensuales vigentes.

“— Para Nelly Borrero Segura y Luis Fernando Chinchilla Sánchez: cien (100) salarios mínimos mensuales vigentes, para cada uno.

“— Para Yenny Lorena Ruíz Borrero, Luis Fernando Chinchilla Borrero y César Augusto Chinchilla Borrero, a favor de cada uno de ellos, la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales vigentes.

“— Para Maritza Stella Rincón Espinosa: cien (100) salarios mínimos mensuales vigentes.

“— Para Floripe Espinosa y Rodrigo Rincón: cincuenta (50) salarios mínimos mensuales vigentes, para cada uno.

“— Para Duberney Rincón, Leonardo Rincón y Arnulfo Salinas Rincón: la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales vigentes, para cada uno.

“— Para Everto Raúl Gómez Melo y Roquelina Márquez Martínez: cien (100) salarios mínimos mensuales vigentes, para cada uno.

“— Para Antonio María Gómez Figueroa, Gladys Genith Gómez Figueroa, Yasmiriam Gómez Figueroa, José Enrique Gómez Figueroa, Gilberto Bladimir Gómez Figueroa, Heberto Arnulfo Gómez Figueroa, Carlos Isidoro Gómez Figueroa, Ernesto Gómez Márquez, Everto (o Heberto) Raúl Gómez Asís, Rosa Isabel Gómez Asís, Luz Esperanza Gómez Asís, Rosmery Mavel Gómez Asís, Bartolo (o Bartolomé) Manuel Gómez Asís, Orlando José Gómez Asís y Gilma Guillermina Gómez Asís, la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de ellos.

“— Para Maribel Rodríguez Márquez, Carolina Turizo Márquez y Dubis Esther Turizo Márquez, la suma

“— Para Marcela Reyes Castiblanco: cien (100) salarios mínimos mensuales vigentes.

“— Para la menor Andry Tatiana Gómez Reyes: cien (100) salarios mínimos mensuales vigentes.

“— Para Everto Raúl Gómez Melo y Carmen Josefa Figueroa: cien (100) salarios mínimos mensuales vigentes, para cada uno.

“— Para Francisco Javier Fitatá González: la suma de cuarenta (40) salarios mínimos mensuales.

“— Para Sara Clemencia Benavides Sánchez, el menor Sebastián Felipe Fitatá Benavides, Blanca González Heredia y Carlos Julio Fitatá González: la suma de veinte (20) salarios mínimos mensuales vigentes, para cada uno.

“— Para Olga Salamanca Ávila: cien (100) salarios mínimos mensuales vigentes.

“— Para Olga Lucía Lozano Salamanca, Gloria Inés Lozano Salamanca, Luz Mery Lozano Salamanca, Jhon Arnulfo, Ana Obdulia Lozano Salamanca, Juan de Jesús Lozano Salamanca, cincuenta (50) salarios mínimos mensuales vigentes, para cada uno.

“— Para Héctor Cardozo Romero y Luz Ena Reyes Urrea: cien (100) salarios mínimos mensuales vigentes, para cada uno.

“— Para Christian Félix Cardozo Reyes: cincuenta (50) salarios mínimos mensuales vigentes.

“— Para Abraham de Jesús Carrión Vargas e Isabel Bello Mahecha: cien (100) salarios mínimos mensuales vigentes, para cada uno.

“— Para Abraham de Jesús Carrión Bello y Luz Jein Carrión Bello: cincuenta (50) salarios mínimos mensuales, para cada uno.

“Por concepto de perjuicios materiales (lucro cesante):

Para Xiomara Castellanos: treinta y ocho millones trescientos sesenta y dos mil quinientos veintitrés pesos ($ 38’062.523).

“— Para el menor Harold Stiven (sic) Reyes Castellanos: veinte millones novecientos ochenta y dos mil novecientos ochenta y tres pesos ($ 20’982.083).

“— Para Marcela Reyes Castiblanco: treinta y siete millones setecientos noventa y cinco mil cuatrocientos setenta y un pesos ($ 37’795.471).

“— Para la menor Andryd Tatiana Gómez Reyes: veintiún millones setenta y cinco mil ciento diez pesos ($ 21’075.110).

“TERCERO. Para el cumplimiento de esta sentencia se dará aplicación a lo dispuestos por los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

“CUARTO. Garantías de no repetición: i) El estudio de la presente providencia deberá integrarse de manera real y efectiva en el pénsum académico de todos los cursos de formación y de ascenso correspondientes a todos los grados de oficiales que en cada una de las fuerzas que componen las Fuerzas Militares de Colombia y de la Policía Nacional se programen y se desarrollen durante los tres (3) años siguientes a su notificación, al menos una (1) vez por año, con el propósito de que se efectúe el análisis de los hechos probados en el presente proceso judicial como paradigma de las conductas contrarias a los principios y postulados axiológicos, éticos y normativos que informan y orientan la Constitución Política, las leyes de la República y la disciplina castrense;

ii) La presente providencia, los hechos que la Sala encontró debidamente acreditados en el expediente y las consideraciones que llevaron a que se condenara patrimonialmente al Estado en el presente caso, serán objeto de estudio por parte de los diferentes comités de defensa y conciliación que existen en las fuerzas que componen las Fuerzas Militares de Colombia y de la Policía Nacional, durante los tres (3) años siguientes a su notificación, al menos una (1) vez por año, con el fin de que se adelanten programas tendientes a promover los mecanismos alternativos de solución de conflictos en casos —como el presente— en los que se existen pruebas fehacientes del proceder irresponsable y atentatorio de la dignidad humana por parte de los superiores jerárquicos encargados de velar por la seguridad y apoyo de los miembros de la fuerza pública; y,

iii) La presente providencia será objeto de estudio durante los tres (3) años siguientes a su notificación, al menos una (1) vez por año, por parte de la secretaría general del Ministerio de Defensa y de las dependencias adscritas al Ejército Nacional, a la Fuerza Aérea de Colombia, a la Armada Nacional y a la Policía Nacional, encargadas de elaborar y diseñar los planes y programas de adquisición y/o suministro de material de guerra, armamento e infraestructura, así como de los grupos o comités de adjudicación y/o de contratación, con el fin de que se conozcan los efectos nocivos de desatender, de la manera en que se hizo en el sub lite, las peticiones y solicitudes de quienes se encuentran en la obligación de defender, en el terreno, la soberanía nacional y promuevan mecanismos de adquisición y/o suministro de material de guerra adecuados, según lo indicado en la parte motiva de la presente providencia, para que situaciones como la ocurrida el 8 de julio de 1999, en el municipio de Gutiérrez (Cundinamarca), no vuelvan a ocurrir.

“Los Inspectores de las Fuerzas Armadas remitirán periódicamente a la Procuraduría General de la Nación los informes que den cuenta del cumplimiento de lo dispuesto en la presente providencia.

“QUINTO. El Procurador General de la Nación velará, directamente o por conducto del Procurador Delegado para las Fuerzas Militares y del Procurador Delegado para la Policía Nacional, por el cumplimiento de las medidas de justicia restaurativa decretadas en la presente providencia, en los términos y condiciones definidos en la parte motiva.

“SEXTO: Deniéguense las demás pretensiones de la demanda.

“SÉPTIMO: Condénase en costas a la parte demandada.

SEGUNDO: Expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(1) Cita textual del fallo: Consejo de Estado, sentencia de 25 de julio de 2002, expediente 14.001, Actor: Luz Dary Suaza Castrillón y otros.

(2) Cita textual del fallo: Se verificó también la inexistencia de dicha falla, entre otras, en sentencias del 12 de diciembre de 1996, expediente 10.437; del 28 de agosto de 1997, expediente 10.021 y del 3 de mayo de 2001, expediente 12.338

(3) Cita textual del fallo: Consejo de Estado, sentencia de 2 de mayo de 2002, expediente 13.247, Actor: José Octavio Prado y otros.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de marzo de 2005, expediente 16237, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(5) Cita textual del fallo: Consejo de Estado, sentencia de 20 de septiembre de 2001, expediente 13.400, Actor: Harry Hernando Olmedo Angulo y otros.

(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de agosto de 2004, expediente 15791, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de febrero de 2009, expediente 31842, C.P. Enrique Gil Botero.

(8) Cita textual del fallo: Sentencia de mayo 31 de 2.007, expediente 16.383

(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de octubre de 2007, expediente 16514.

(10) Cita textual del fallo: Ha dicho la Sala que “quienes ejerce funciones de alto riesgo relacionadas con la defensa y seguridad del Estado como los militares, agentes de policía o detectives del DAS, deben soportar los daños causados como consecuencia de los riesgos inherentes a la misma actividad y sólo habrá lugar a la reparación cuando dicho daño se haya producido por falla del servicio, o cuando se someta al funcionario a un riesgo excepcional, diferente o mayor al que deban afrontar sus demás compañeros. En todo caso, el funcionario y quienes hayan sufrido perjuicio con el hecho tendrán derecho a las prestaciones e indemnizaciones previamente establecidas en el ordenamiento jurídico (a forfait)”. Al respecto, ver por ejemplo, sentencia expediente radicado al Nº 12.799.

(11) Cita textual del fallo: Sentencia de la Corte Constitucional T-250 del 30 de junio de 1993.

(12) Cita textual del fallo: Artículo 216 de la Constitución Política.

(13) Cita textual del fallo: Sentencias de 3 de marzo de 1989, expediente 5290 y del 25 de octubre de 1991, expediente 6465, entre otras.

(14) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de junio de 2010, expediente 17313, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(15) Cita textual del fallo: En sentencia de 3 de abril de 1997, expediente 11.187: “Valga precisar en cuanto al riesgo que asumen quienes se vinculan a las Fuerzas Armadas, que ese riesgo cobija a todos los integrantes por igual. Sólo cuando alguno de ellos es puesto en circunstancias que intensifican el riesgo puede hablarse de que se rompe el principio de igualdad frente a las cargas públicas. Pero el principio de la igualdad siempre debe mirarse referido a quienes se encuentran en condiciones de igualdad, en este caso frente a los demás miembros del cuerpo armado. En tratándose del riesgo a perder la vida o a sufrir lesiones personales, no puede predicarse igualdad entre cualquier asociado y quien pertenece a las Fuerzas Armadas del Estado. La vinculación a esas instituciones de suyo implica la asunción del riesgo, diferente a aquel que se presenta frente al asociado común”.

(16) Cita textual del fallo: Al respecto, consultar por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 30 de julio de 2008, expediente 18.725, M.P. Ruth Stella Correa Palacio y del 15 de octubre de 2008, expediente 18.586, M.P. Enrique Gil Botero.

(17) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 7 de marzo de 2012, expediente 23116.

(18) Cita textual del fallo: Expediente 11.187. Actor: María Magdalena Rodríguez de Rodríguez y otros.

(19) Cita textual del fallo: Sentencia de 27 de septiembre de 2001, expediente 12.541. Actor: Luz Fanny Montoya B. y otra.

(20) Cita textual del fallo: Sección Tercera, expediente 13.477. Actor: Ronis John Zambrano H. y otro. Demandado: Nación.

(21) Cita textual del fallo: Sección Tercera, expediente 13090. Actor: Agustín Mesa Castellanos. Demandado: Nación.

(22) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de marzo de 2004, expediente 14338, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(23) Cita textual del fallo: Saavedra Becerra, Ramiro, La responsabilidad extracontractual de la administración pública, segunda reimpresión de la primera edición, 2004, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Bogotá, 2.004, págs. 381 y ss.; Paillet, Michel, La responsabilidad administrativa, traducción y estudio introductorio de Carrillo Ballesteros, Jesús María, primera reimpresión, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2003, págs. 184 y ss.

(24) Cita textual del fallo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del trece (13) de septiembre de mil novecientos noventa y uno (1991), radicación: 6453.

(25) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de marzo de 2008, expediente 16530.

(26) Para la Sala:

“… está acreditado que las lesiones físicas que se causó el infante de marina fueron consecuencia del mal estado en que se encontraba su arma de dotación oficial, es decir, están acreditados los elementos de responsabilidad extracontractual del Estado, como quiera que el daño antijurídico irrogado a los actores devino de un hecho de la administración, el cual es constitutivo de una falla en el servicio, de tal manera que correspondía a la entidad pública demandada demostrar que tal falla no se configuró, entre otros por razón de su proceder cuidadoso y diligente o invocar y acreditar la ocurrencia de una causa extraña que excluya o atenúe la responsabilidad que, inexorablemente, surge en su contra, como consecuencia de la situación fáctica descrita anteriormente” (C.E., Sec. Tercera, sent. mar. 8/2007, exp. 15459).

(27) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de marzo de 2005, expediente 16237, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(28) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de marzo de 2004, expediente 14338, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(29) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 26 de enero de 2011, expediente 18429, C.P. Gladys Agudelo Ordóñez.

(30) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de febrero de 2009, expediente 31842, C.P. Enrique Gil Botero.

(31) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2010, expediente 18371.

(32) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de marzo de 2000, expediente 11495, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(33) “A través de la cual se expidieron normas sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia”, el artículo en mención preceptúa:

“ART. 16.—Valoración de daños. Dentro de cualquier proceso que se surta ante la administración de justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales (se resalta).

(34) “Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”. Dicha disposición legal establece:

El derecho de las víctimas a la reparación comprende las acciones que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción; y las garantías de no repetición de las conductas.

“Restitución es la realización de las acciones que propendan por regresar a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito.

“La indemnización consiste en compensar los perjuicios causados por el delito.

“La rehabilitación consiste en realizar las acciones tendientes a la recuperación de las víctimas que sufren traumas físicos y sicológicos como consecuencia del delito.

“La satisfacción o compensación moral consiste en realizar las acciones tendientes a restablecer la dignidad de la víctima y difundir la verdad sobre lo sucedido.

“Las garantías de no repetición comprenden, entre otras, la desmovilización y el desmantelamiento de los grupos armados al margen de la ley.

Se entiende por reparación simbólica toda prestación realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en general que tienda a asegurar la preservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, el perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas.

“La reparación colectiva debe orientarse a la reconstrucción sico-social de las poblaciones afectadas por la violencia. Este mecanismo se prevé de manera especial para las comunidades afectadas por la ocurrencia de hechos de violencia sistemática” (se resalta).

(35) La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.

“No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta”.

(36) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 20 de febrero de 2008, expediente 16996 y del 26 de marzo de 2009, expediente 17.794, M.P. Enrique Gil Botero.

(37) Ibídem.

(38) Cfr. Ibídem.

(39) Por cuya virtud:

“ART. 55.—Condena en costas. El artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, quedará así:

“‘ART. 171.—Condena en costas. En todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil’”.

(40) Al respecto el profesor Hernán Fabio López Blanco ha señalado que:

“Dada la difícil configuración del concepto de ‘temeridad o mala fe’, el art. 74 establece una serie de presunciones legales en las que se considera que ha existido una u otra conducta y es así como la manifiesta ‘carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso u oposición, incidente o trámite especial que lo haya sustituido’, configura esa temeridad; resulta claro que un abogado en quien se supone versación jurídica, ya que precisamente el estudio de la ley es su profesión, está en capacidad de determinar si una demanda, excepción, recurso u oposición carecen por entero de fundamento y sólo se interponen para justificar el cobro de unos honorarios o demorar mañosamente el proceso. No se trata sólo de no tener razón, pues en la mayoría de los casos una de las partes no la tiene; lo que se intenta es evitar que se adelanten actuaciones manifiestamente superfluas por la ausencia de bases legales que apoyen las pretensiones” (Hernán Fabio López Blanco, Procedimiento Civil, T. I, Dupré, 10ª edición, 2009, Bogotá, pág. 392).

(41) Deber éste que ha sido desarrollado en otros ámbitos del derecho administrativo como el de la contratación estatal, el cual si bien no es bajo ningún concepto aplicable al caso concreto sí resulta pertinente para ilustrar la posición que se viene explicando; en este sentido, el parágrafo 2º del artículo 75 de la Ley 80 de 1993 establece con suma claridad que:

“ART. 75.—Del juez competente. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, el juez competente para conocer de las controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento será el de la jurisdicción contencioso administrativo.

“PAR. 1º—Una vez practicadas las pruebas dentro del proceso, el juez citará a demandantes y demandados para que concurran personalmente o por medio de apoderado a audiencia de conciliación. Dicha audiencia se sujetará a las reglas previstas en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil y se procurará que se adelante por intermedio de personas diferentes de aquellas que intervinieron en la producción de los actos o en las situaciones que provocaron las discrepancias.

PAR. 2º—En caso de condena en procesos originados en controversias contractuales, el juez, si encuentra la existencia de temeridad en la posición no conciliatoria de alguna de las partes, condenará a la misma o a los servidores públicos que intervinieron en la correspondientes conversaciones, a cancelar multas a favor del tesoro nacional de cinco (5) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales.

“PAR. 3º—En los procesos derivados de controversias de naturaleza contractual se condenará en costas a cualquiera de las partes, siempre que se encuentre que se presentó la conducta del parágrafo anterior” (resaltado por fuera del texto).

(42) A cuyo tenor:

“ART. 19.1.—Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, súplica, queja, casación, revisión o anulación que haya propuesto.

“Además, se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o un amparo de pobreza, sin perjuicio artículo 73.

“2. La condena se hará en la sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a la condena. En la misma providencia se fijará el valor de las agencias en derecho a ser incluidas en la respectiva liquidación” (resaltado por fuera del texto).