Sentencia 2001-01278 de enero 30 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad. 25000232600020010127801 (25502)

Consejera Ponente:

Dra. Olga Mélida Valle de De La Hoz

Actor: Jairo Salamanca Bolívar y otros

Demandado: Departamento de Cundinamarca

Referencia: Reparación directa

Bogotá, D.C., treinta de enero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

5. Competencia.

Esta Sala es competente de conformidad con lo establecido en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 del Consejo de Estado para decidir el recurso de apelación formulado por ambas partes, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 25 de junio de 2003, en proceso con vocación de segunda instancia ante esta corporación, por razón de la cuantía(1).

El artículo 90 constitucional dispone que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Esta responsabilidad del Estado se hace patente cuando se configura un daño, el cual deriva su calificación de antijurídico atendiendo a que el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, tal como ha sido definido por la jurisprudencia de esta corporación(2).

Los elementos que sirven de fundamento a la responsabilidad son esencialmente el daño antijurídico y su imputación a la administración.

6. El caso concreto.

El día 2 de octubre de 1999, el señor Jairo Salamanca Bolívar, aproximadamente a las 9.30 p.m. se desplazaba a pie, por la carretera que comunica Puerto Araújo al municipio de San Antonio del Tequendama (C/marca), vía rural, sin berma ni alumbrado público, con densa vegetación a ambos lados y sin señalización y al pasar por la quebrada La Cuy, se resbaló y cayó al lecho de la quebrada, sufriendo graves lesiones en su integridad física.

7. Las pruebas obrantes en el proceso.

1. Registros civiles de nacimiento de Jairo, Edgar Orlando, Nilsa, Sonia y Andrea Salamanca Bolívar (fls. 4, 8-11, cdno. pbas.).

2. Partida de bautismo del señor Gonzalo Salamanca Guerrero quien nació el 30 de junio de 1925 y de la señora Ana Cecilia Bolívar, nacida el 17 de marzo de 1930, al igual que partida de matrimonio católico de estas dos personas (fls. 5-7, cdno. pbas.).

3. Oficio 437, sin fecha, suscrito por el Alcalde Municipal de San Antonio del Tequendama, mediante el cual informa que la vía que comunica de Puerto Araújo a dicho municipio es una vía alterna departamental, tal como lo señala el Plan de Desarrollo 1998-2000 y que por ser de carácter departamental su conservación, mantenimiento y señalización le corresponde a la Gobernación de Cundinamarca (fl. 12, cdno. pbas.).

4. Oficio 29130 del 18 de agosto de 2000, suscrito por el director de infraestructura de transporte (E) de la Gobernación de Cundinamarca, mediante el cual informa que la vía “Puerto Araújo - San Antonio del Tequendama” es de orden departamental por lo cual su mantenimiento y conservación le corresponde al departamento de Cundinamarca, a través de su secretaría de obras públicas (fl. 13, cdno. pbas.),

5. Facturas de medicamentos y órdenes médicas prescritas al señor Jairo Salamanca (fls. 15-36, cdno. pbas.).

6. Trece fotografías del sitio donde ocurrió el accidente, allegadas con el dictamen pericial rendido sobre el estado de la vía (fls. 37-43, cdno. pbas.).

7. Testimonios del señor Oscar García Ríos, quien manifestó:

“El día 2 de octubre de 1999, yo bajé con él de mi finca porque los dos trabajábamos juntos a las dos de la tarde y estuvimos en el pueblo, almorzamos y luego fuimos a tomarnos unas cervezas, promediando las seis de la tarde me despi (sic) del señor Jairo Salamanca Bolívar como era nuestra constumbre, (sic) nos despedimos y él sedó (sic) en la tienda de la señora Mercedes Hernández, de ahí me cuentan que él salió ebrio hacia la finca y lo cogió el accidente o le ocurrió el accidente. Cuando yo hable (sic) con él aquí en el hospital, él me comentó que se había encandelillado con la luz de un carro y se había ido a la cañada donde cayó él, una cañada completamente desprotegida, sin ningún tipo de protección para los transeúntes para los animales que pasen por ahí, hasta ahí no más sé, no más”.

En cuanto a las labores que desempeñaba antes del accidente afirmó que el señor Salamanca siempre trabajaba en labores del campo, trabajaba en las fincas como cuidador pero además diariamente salía a trabajar en sembrar, traer piedras, hacer muros, lo que le solicitaran y ganaba en esto $ 9.000 diarios, más lo que recibía por cuidar la finca $ 120.000, cada uno, para un total aproximado de $ 280.000.

Sobre la relación del señor Salamanca Bolívar con sus hermanos y sus padres, manifestó que estos eran muy unidos y que estaban muy afligidos por lo que le ocurrió e incluso todos se pusieron de acuerdo para aportar el dinero necesario para su manutención, ya que quedó con paraplejia de los miembros inferiores, es decir, en silla de ruedas.

8. Testimonio de Ana Delia Puentes, quien manifestó

“Nosotros íbamos con mi esposo y mis niños a la diez de la noche frente a la finca Emirato cuando gritaban en la quebrada auxilio, nos asomamos en el puente a mirar y estaba don Jairo caído hacia abajo, nos bajamos debajo del puente y lo auxiliamos y llamamos a un vecino que cuida en la finca de Emirato y con él lo sacamos, él llamó aquí a la ambulancia y lo trajimos al hospital en compañía de mi esposo José Fidel Cagua y de aquí lo trasladamos para La Mesa, Jairo decía que se había ladiado hacia abajo y como ese puente no tiene ninguna orilla ni nada, se quejaba de la espalda, tenía la columna en tres partes”.

En igual sentido declaró el señor José Fidel Cagua Turriago esposo de Ana Delia Puentes, quien corroboró la versión rendida por ella.

Es de resaltarse que estos tres testigos fueron contestes en afirmar que existían muy buenas relaciones entre el señor Salamanca y su familia, y en la aflicción que han sufrido por las lesiones y secuelas. De igual manera coincidieron en que en este momento los hermanos le ayudan con sus gastos personales y con los gastos médicos.

9. El señor José Eusebio González González, declaró:

“El dos de octubre de 1999, siendo aproximadamente las nueve y media de la noche, yo me encontraba acostado cuando escuché los gritos de auxilio de un ser humano, gritaba diciendo “auxilios, (sic) mamá, Nelson”, yo me levanté a mirar ha (sic) observar y al tiempo cruzaba Fidel Cagua y su familia, entonces me dijo parece que hay algo en la quebrada y entonces yo le dije para allá voy a mirar haber (sic) quién es, entonces nos dirigimos los dos al tiempo y lo encontramos dentro de un pozo de donde había caído, cuando llegamos estaba dentro de un pozo se encontraba sentado y el agua le llegaba a la altura de las tetillas, nosotros le alumbramos con una linterna y nos dimos cuenta que era Jairo Salamanca Bolívar, luego nosotros Fidel Cagua y yo procedimos a sacarlo al sitio de la carretera...”.

Conviene señalar que este testigo manifestó no conocer la familia del señor Salamanca Bolívar, razón por la cual no le consta cómo eran las relaciones entre ellos (fls. 63-80, cdno. pbas.).

10. Oficio 5197 del 21 de diciembre 2001, suscrito por la directora del DATTC y el subdirector de educación y seguridad vial, de la Gobernación de Cundinamarca, mediante el cual informó que según los archivos, en la vía Puerto Araújo - San Antonio del Tequendama no se han adelantado trabajos de señalización en los últimos cinco años. Por lo tanto es imposible determinar la necesidad de señalización para el día 2 de octubre de 1999 (fl. 81, cdno. pbas.).

11. Copia autenticada de la historia clínica del señor Jairo Salamanca Bolívar en el Hospital Pedro León Álvarez Díaz del municipio de La Mesa, la cual reporta a folios 1 y 7 que el paciente estaba en estado de embriaguez. En el documento se consignó:

“Paciente de 48 años, con Dx 1. Politraumatismo 2. Tx raquimedular con Fx T12 3. Fxs costales múltiples. 4. Tce leve 5. Tx cerrado de tórax. 6. Drogadicción. 6. Alcoholismo”.

Luego en el formulario de remisión al Hospital Pedro León Álvarez, se consignó:

“Pte. encontrado en quebrada, refiriendo trauma a nivel lumbar y dorsal. Antecedentes negativos.

Al EF Pte. en estado de embriaguez, refiriendo consumo de marihuana, (ilegible) afebril, agresivo, poco colaborador al examen físico.

(...).

TDx

1. Trauma de tejidos blandos

1(sic). Estado embriaguez grado 3

2. Farmacodependencia?

3. Descartar trauma raquimedular” (resaltado fuera de texto) (fls. 82-93, cdno. pbas.).

12. Oficio CDG-198/24/01 del 24 de octubre de 2001, mediante el cual se informa que “al paciente Jairo Salamanca Bolívar no se le realizó prueba de alcoholemia, pero lo que sí está anotado en la historia clínica es que el paciente se encontraba en estado de embriaguez avanzado” (fl. 94).

11.(sic) Dictamen pericial sobre el estado de la vía, en el cual se concluyó:

“A. El trazado de la carretera secundaria es en una calzada con dos carriles en ambos sentidos. El recorrido adelantado nos conduce a la población de Santandercito el cual dista cinco minutos en carro.

B. Para dar paso a la corriente de agua de la quebrada La Cuy, se construyó un puente en concreto, con una altura aproximada de cuatro metros (4.00 m).

Las especificaciones de esta obra civil son: fuertes muros de contención en concreto, placa de sustentación y estribos igualmente en concreto.

El lecho de la Quebrada, esta (sic) conformado por inmensa (sic) piedras. Visibilidad en el sitio. La carretera presenta ondulaciones y pendientes moderadas. El sitio presenta una visibilidad de 50,00 mts mínimo y corresponde a una hondonada, siendo el punto más bajo, el paso por la quebrada.

El sitio no presenta ninguna iluminación eléctrica.

De noche las posibilidades visuales son mínimas.

No existen postes ni luminarias sobre el puente.

La vegetación que rodea el sitio, es densa e invade, por sectores, las bermas.

Los estribos de protección a lado y lado del puente, se levantan a una altura de 0.35 mts y no tienen ninguna baranda, además, son muy cortos y dejan al descubierto parte del vacío entre los muros de contención y la placa del puente. Como la vegetación es tan densa, no existe posibilidad de detectar este vacío.

No existe ninguna señal preventiva de tránsito, ni los estribos están demarcados con pintura reflectiva, como lo ordenan las normas.

Los desagües de la calzada, que botan a la quebrada han sido construidos con cañuelas, que por efecto de la humedad, se encuentran con lama, situación que las hace lisas y resbalosas.

La altura del puente a la quebrada es considerable (4.00 mts aprox.) y los muros de contención son verticales, pero en ningún caso puede considerarse como un precipicio” (resaltado fuera de texto) (cdno. pbas. 3).

8. El daño.

Siendo el daño el primer elemento a establecer en un proceso de responsabilidad, debe precisarse que en el sub judice, el mismo se concreta en las lesiones sufridas por el señor Jairo Salamanca Bolívar lo cual se acreditó con la historia clínica y los testimonios rendidos en el proceso.

9. La imputación.

Establecida la existencia del daño, corresponde efectuar el análisis pertinente, a fin de determinar si el mismo puede ser imputado a las entidades demandadas.

En el presente caso, el análisis debe hacerse bajo el régimen de responsabilidad subjetiva por falla del servicio, pues, de acuerdo con las pruebas allegadas al proceso, es evidente que el mismo se presentó no por el ejercicio de una actividad peligrosa, sino por la falta de señalización en la vía.

De acuerdo con las pruebas allegadas al proceso, es indudable que la vía pertenecía a la red vial del departamento, tal como lo corroboran las certificaciones que en este sentido expidió la secretaría de infraestructura de la gobernación, y por ello, al tratarse de una vía departamental, su conservación y mantenimiento estaba a cargo de éste.

Por otra parte, según el dictamen pericial que no fue cuestionado por las partes y la certificación expedida por la secretaría departamental de obras públicas que data del año 2001, donde consta que en los últimos cinco años no se habían efectuado labores de señalización, es posible concluir que para la época de los hechos, en el sitio donde ocurrió el accidente no existían señales preventivas y tampoco contaba con barandas. Al respecto dice el experticio: “Los estribos de protección a lado y lado del puente, se levantan a una altura de 0.35 mts y no tienen ninguna baranda, además, son muy cortos y dejan al descubierto parte del vacío entre los muros de contención y la placa del puente. Como la vegetación es tan densa, no existe posibilidad de detectar este vacío.

No existe ninguna señal preventiva de tránsito, ni los estribos están demarcados con pintura reflectiva, como lo ordenan las normas”.

Esta circunstancia pone en evidencia una omisión por parte de la entidad demandada que da lugar a una falla en el servicio, que debe ser endilgada al departamento de Cundinamarca, teniendo en cuenta que el estado de la vía era su responsabilidad, lo cual incluye por supuesto el proveerla de las barandas en el sitio por donde pasa la quebrada, la cuales eran necesarias para la protección de los transeúntes, razón por la cual, al tener el deber legal de realizarlo, su inobservancia tuvo como consecuencia la caída del señor Salamanca mientras transitaba por ella, produciéndose el daño cuya reparación se pretende en el sub lite.

En cuanto a la señalización de la vía, según las resoluciones 8408 de 2 de octubre de 1985 y 5246, del 2 de julio de 1985 proferidas por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, las señales preventivas se definen como aquellas orientadas a advertir al usuario la existencia de una situación peligrosa y su naturaleza, y allí mismo se contempla que cuando el peligro es temporal, la señal debe ser retirada de la vía una vez cesen las condiciones que dieron lugar a su instalación.

Sobre este tema la doctrina ha establecido que cuando las entidades que tienen a su cargo el deber de señalizar las vías públicas, omiten su cumplimiento o lo hacen de manera defectuosa, comprometen la responsabilidad de las personas jurídicas en cuyo nombre actúan, por evidente falta o falla en el servicio público, a ellas encomendado, de tal suerte que no basta con la construcción y mantenimiento de las vías, sino que también está a su cargo la función de ejercer el control, en cuanto al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que ordenan su señalización y advierten los peligros y por tanto debe responder por la totalidad de los daños y perjuicios que su falla en la prestación del servicio ocasione por la ausencia de señalización en las carreteras, y su consecuente inseguridad(3).

En anterior oportunidad esta corporación, en sentencia del 22 de septiembre de 1996 manifestó:

“Normalmente el ejercicio del derecho de transitar no tiene por qué implicar riesgos diferentes de los que son inherentes a fallas de la conducta humana, o sea, de los que pueden concebirse como independientes de la tarea del Estado respecto del instrumento para realizarlo, que son las vías de comunicación colocadas legal o convencionalmente bajo su responsabilidad. Esta supone un empeño constante para mantenerlas en tal estado de buen funcionamiento, que ni la integridad ni la vida de los transeúntes corra peligro alguno derivado de imperfecciones, daños o desperfectos, carencia de medidas cautelares u otro hecho semejante. Pero como estos son inevitables en las ocasiones, bien por el uso, por la acción del tiempo, o por hechos de la naturaleza, tal responsabilidad comprende la obligación de prevenir amplia y claramente a los usuarios de los riesgos actuales y aún de impedir el tráfico cuando sea peligro”.

De igual forma, en otro caso se declaró la responsabilidad de la administración por falla en el servicio, por esta misma causa:

“De acuerdo con las declaraciones rendidas en el proceso y las distintas pruebas documentales aportadas al mismo —informe del accidente de tránsito—, es preciso concluir que, sumado al deterioro y mal estado de la vía, la zona del accidente no contaba con señalización alguna que advirtiera la existencia de los huecos, situación que imposibilitó a la víctima cerciorarse de su existencia y, por tanto, evitar el peligro que significaban. De esta forma, considera la Sala que el Invías incumplió su deber de velar por el mantenimiento y señalización de la carretera en que ocurrió el accidente, pues, sumado al deterioro de la misma, no ubicó las señales necesarias para prevenir a los usuarios y transeúntes sobre la existencia de los huecos en la vía.

“En el caso concreto está acreditado que, pese a la existencia de huecos en la vía —en términos técnicos, “depresiones”—, en la zona del accidente no se encontraba instalada ninguna de estas señales que advirtieran su presencia. Por tanto, se encuentra que, sumado al incumplimiento de la obligación de mantenimiento de la carretera, se configuró la falla del servicio consistente en la falta de señalización de los huecos presentes en la carretera que significaban peligro para los usuarios y transeúntes, pues de cumplirse con este requerimiento, la señora Ruiz Valencia hubiera advertido y, eventualmente, evitado el accidente. Se concluye, entonces, que el daño antijurídico causado le es imputable al Invías de conformidad con el régimen de la falla del servicio, toda vez que, existiendo un deber jurídico previo, la entidad pública omitió su cumplimiento”(4).

Es así que en lo que tiene que ver con la obligación de señalización a cargo de las autoridades, el artículo 113 del Código Nacional de Tránsito (D.L. 1344/70, modificado por el D. 2169/70, art. 2º; L. 33/86; D. 403, 1344, 1809, 1951, 1809(sic) y 2591/90), aplicable al momento de los hechos, disponía:

“ART. 113.—Las autoridades encargadas de la conservación y mantenimiento de las carreteras o la autoridad de tránsito competente en el perímetro urbano, colocarán y demarcarán las señales de tránsito de acuerdo con las pautas que el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito determine.

PAR.—Toda zona de prohibición deberá estar expresamente demarcada en su sitio y autorizada mediante providencia del funcionario de tránsito competente” (resaltado fuera de texto).

Según la norma antes citada, los deberes de señalización corresponden a las autoridades encargadas de la conservación y mantenimiento de las vías, o a la autoridad de tránsito competente dentro del perímetro urbano, de modo que al tratarse de una vía rural, tal como lo certificó el departamento, es claro que su señalización correspondía al departamento.

Por tal razón, la falla del servicio presentada por la ausencia de señalización que advirtiera del peligro que corrían los transeúntes al transitar, por el sitio donde pasa la quebrada, debe ser atribuida también al departamento de Cundinamarca por estar radicado en cabeza suya el cumplimiento de este deber.

10. La causal de exclusión de responsabilidad.

El fallo de primera instancia negó las pretensiones de la demanda por considerar que el accidente tuvo lugar porque la víctima se encontraba en estado de embriaguez, razón por la cual, la entidad no está llamada a responder.

A su vez, la recurrente alega que dicha circunstancia no fue plenamente acreditada en el proceso ya que a la víctima no se le practicó el examen de alcoholemia, siendo ésta la única prueba válida para determinar su estado de ebriedad.

Al respecto es válido señalar que en nuestro ordenamiento jurídico la regla general es la de libertad probatoria, de manera que cuando existen hechos cuyas pruebas deben revestirse de alguna solemnidad especial, ese evento debe estar previsto en la ley, como sucede cuando de probar la propiedad de un bien inmueble se trata. Contrario sensu, en los casos en que la ley no establece requisitos adicionales, los hechos pueden acreditarse a través de cualquier medio probatorio, ello sin desconocer que existen pruebas que cumplen en mayor grado con el requisito de idoneidad, en la medida en que arrojan total certeza sobre el hecho que quiere probarse.

En el presente caso, si bien no se allegó la prueba de alcoholemia, tal como se afirma en el recurso, en varios apartes de la historia clínica allegada al proceso se registra el estado de ebriedad del señor Salamanca Bolívar y además, que éste indicó el consumo de marihuana.

Ahora bien, sobre la naturaleza de la historia clínica como prueba, ha manifestado esta corporación:

“La historia clínica fue definida en el artículo 34 de la Ley 23 de 1981 como: “... el registro obligatorio de las condiciones de salud del paciente. Es un documento privado sometido a reserva que únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos en la ley”. Posteriormente, el literal a) del artículo 1º de la Resolución 1995 de 1999, proferida por el Ministerio de Salud, al reglamentar lo referente al manejo de las historias clínicas introdujo una definición más precisa, al establecer que era un registro cronológico de las condiciones de salud del paciente, donde además de su estado de salud se deben consignar todos los actos médicos y procedimiento que se le realicen no solo por los galenos, sino también por el equipo de salud que interviene en la prestación del servicio(5).

En el presente caso, la historia clínica fue allegada en copia autenticada de manera que se cumplen los requisitos exigidos en la ley procesal civil, para que pueda valorarse en el proceso, como lo ha explicado en reiteradas oportunidades esta Sala(6).

Pues bien, el hecho de que no se hubiera practicado la prueba de alcoholemia no es motivo para desechar los datos consignados en la historia clínica sobre el estado de ebriedad del paciente, teniendo en cuenta que dicha valoración fue efectuada no con base en la apreciación subjetiva realizada por un lego en la materia, sino por un profesional de la medicina, que cuenta con la formación científica necesaria para determinar, de acuerdo con los protocolos existentes, la alteración en las capacidades físicas y reflejos causados por la ingesta de bebidas alcohólicas y a partir de allí establecer la embriaguez.

Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta la declaración del señor Oscar García quien narró que él había ido al pueblo con el señor Salamanca Bolívar y después de almorzar habían estado consumiendo cervezas en el pueblo, luego él se retiró aproximadamente a las seis de la tarde, pero la víctima se quedó tomando y cuando se dirigía a la casa estaba ebrio.

Finalmente, entre los hechos de la demanda se consignó que el día de los hechos el lesionado se dedicó por un espacio de tiempo a la ingesta de licor y ya en horas de la noche cuando se dirigía a su lugar de trabajo sufrió el accidente.

De esta manera, la valoración conjunta de las pruebas antes referidas permite concluir que efectivamente el lesionado, al momento de la ocurrencia de los hechos estaba en estado de ebriedad, circunstancia que por supuesto contribuyó a que se presentara el accidente, ya que no de otra forma puede explicarse que aunque la víctima conocía la vía, puesto que transitaba frecuentemente por ella (era el camino entre la finca que cuidaba y el pueblo) no hubiera tomado medidas de precaución al atravesar el trayecto sobre la quebrada donde existía riesgo por la falta de barandas de protección.

Así las cosas encuentra la Sala que en el accidente existió una concurrencia de culpa entre la omisión de la entidad encargada de la conservación y señalización de la vía y la conducta de la víctima que se encontraba en estado de embriaguez, razón por la cual se declarará la responsabilidad de la demandada pero la condena impuesta se rebajará en un 50%.

11. Los perjuicios.

a) Perjuicios materiales.

En cuanto a los perjuicios materiales solicitados de manera general, se allegaron como pruebas unas facturas por concepto de medicamentos, sobre los cuales hay que precisar que se trata de documentos privados provenientes de terceros, que no fueron ratificados al interior del proceso y por tanto no pueden ser tenidos en cuenta, amén de que varias de ellas no figuran a nombre del señor Salamanca Bolívar sino de una de sus hermanas y en el libelo petitorio estos perjuicios fueron solicitados para el lesionado (también se pidieron perjuicios materiales para sus padres, pero por la ayuda económica dejada de percibir, es decir, por concepto de lucro cesante); consideración que también aplica en relación con las pruebas allegadas acerca del pago de un canon de arrendamiento de un inmueble en la ciudad de Bogotá, en el cual se instaló el lesionado mientras recibía tratamiento médico, del que se afirma era cancelado por sus hermanos.

Acerca de los perjuicios materiales en su modalidad de lucro cesante, es necesario precisar que en el proceso no se probaron las secuelas de las lesiones sufridas por el señor Salamanca Bolívar, ya que no se allegó la calificación de la incapacidad laboral definitiva y el carácter permanente de la misma y tampoco se solicitó como prueba la remisión a la autoridad competente, que para la época era el Instituto de Medicina Legal, de manera que el reconocimiento de los referidos perjuicios es improcedente, por cuanto al interior del proceso no se estableció la incapacidad laboral definitiva del lesionado, elemento indispensable para determinar los mismos.

b) Perjuicios morales.

Ahora bien, en cuanto a los perjuicios morales reclamados, debe decirse que el daño moral se ha entendido como la aflicción, dolor, angustia y los otros padecimientos que sufre la persona con ocasión del evento daño y que deben ser indemnizados en aplicación del principio general de reparación integral del daño.

Actualmente, la corporación viene reconociendo que la simple acreditación de la relación de parentesco existente permite presumir el dolor sufrido por los parientes, de modo que al allegarse al proceso los registros civiles de la víctima, y sus hermanos es suficiente para que se ordene el reconocimiento de perjuicios morales; así lo ha dicho en otra oportunidad esta Sala:

“La simple acreditación del parentesco, para los eventos de perjuicios morales reclamados por abuelos, padres, hijos, hermanos y nietos cuando alguno de estos haya muerto o sufrido una lesión —esta última sin importar que sea grave o leve, distinción que no tiene justificación práctica y teórica alguna para efectos de la presunción del perjuicio, sino, por el contrario se relaciona con el grado de intensidad en que se sufre—, a partir del contenido del artículo 42 de la Carta Política, debe presumirse, que el peticionario los ha padecido. Ahora bien, no sucede lo propio con el perjuicio derivado de las lesiones de Ana Caterine Ceballos Salazar (sobrina), como quiera que la presunción aceptada por la Sala no cobija al tercer grado de parentesco, circunstancia por la cual se requería, en el asunto sub examine, de prueba que demostrara la existencia del daño, lo cual no sucede en el proceso de la referencia”(7).

En el sub judice, a través de los registros civiles correspondientes se acreditó la relación de parentesco existente entre los demandantes pero adicionalmente se cuenta con las declaraciones de los señores Oscar García Ríos, Ana Delia Puentes y José Fidel Cagua Turriago, quienes dieron cuenta del dolor sufrido por los familiares debido a las estrechas relaciones de afecto que existía entre ellos las cuales se consideran razones suficientes para ordenar su reconocimiento el cual se tasará en 50 salarios mínimos legales mensuales, para el lesionado y cada uno de sus padres y 25 SMMLV para cada uno de los hermanos, valores que al aplicarles el porcentaje de reducción quedarán definitivamente en 25 SMMLV para el lesionado y cada uno de los padres y 12.5 SMMLV para cada uno de los hermanos.

c). Daño fisiológico, daño a la salud.

En la demanda se solicitó el reconocimiento de un perjuicio a la alteración a las condiciones de existencia, denominación adoptada por la Sala para redefinir el perjuicio fisiológico o daño a la vida de relación(8), por cuanto el lesionado quedó parapléjico y en silla de ruedas.

Al respecto debe precisarse que la Sala Plena de la Sección Tercera, ha considerado necesario recoger esta denominación, por considerar que ellos no pueden comprender, de ninguna forma, el daño a la salud —comúnmente conocido como perjuicio fisiológico o biológico— como quiera que este último está encaminado a la reparación de cualquier lesión o afectación a la integridad psicofísica.

Por ello se vio la necesidad de volver a analizar los tipos indemnizatorios con el fin de crear unos nuevos que favorezcan la aplicación del principio de reparación integral, establecido en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998.

Así en sentencia del 14 de septiembre de 2011, con ponencia del consejero Enrique Gil Botero se introdujo esta modificación sobre el tema, allí se consignó:

“Esa expectación no ha sido ajena en nuestro derecho vernáculo, razón por la cual se han trazado en diferentes etapas de la jurisprudencia contencioso administrativa y ordinaria-civil, diferentes tipos o categorías de daños que permitan reconocer las afectaciones que se producen a causa de la concreción de un daño antijurídico.

De modo que, el “daño a la salud” —esto es el que se reconoce como proveniente de una afectación a la integridad psicofísica— ha permitido solucionar o aliviar la discusión, toda vez que reduce a una categoría los ámbitos físico, psicológico, sexual, etc., de tal forma que siempre que el daño consista en una lesión a la salud, será procedente determinar el grado de afectación del derecho constitucional y fundamental (C.P., art. 49) para determinar una indemnización por ese aspecto, sin que sea procedente el reconocimiento de otro tipo de daños (v. gr. la alteración de las condiciones de existencia), en esta clase o naturaleza de supuestos.

Se reconoce de este modo una valoración del daño a la persona estructurado sobre la idea del daño corporal, sin tener en cuenta categorías abiertas que distorsionen el modelo de reparación integral. Es decir, cuando la víctima sufra un daño a la integridad psicofísica solo podrá reclamar los daños materiales que se generen de esa situación y que estén probados, los perjuicios morales de conformidad con los parámetros jurisprudenciales de la Sala y, por último, el daño a la salud por la afectación de este derecho constitucional.

Lo anterior, refuerza aún más la necesidad de readoptar la noción de daño a la salud, fisiológico o biológico, como lo hace ahora la Sala, pero con su contenido y alcance primigenio, esto es, referido a la afectación o limitación a la integridad psicofísica de la persona, como quiera que al haberlo subsumido en unas categorías o denominaciones que sirven para identificar perjuicios autónomos y que han sido reconocidos en diferentes latitudes, como por ejemplo la alteración a las condiciones de existencia (v. gr. Francia), se modificó su propósito que era delimitar un daño común (lesión a la integridad corporal) que pudiera ser tasado, en mayor o menor medida, a partir de parámetros objetivos y equitativos, con apego irrestricto a los principios constitucionales de dignidad humana e igualdad(9).

En otros términos, un daño a la salud desplaza por completo a las demás categorías de daño inmaterial como lo son la alteración grave a las condiciones de existencia —antes denominado daño a la vida de relación—precisamente porque cuando la lesión antijurídica tiene su génesis en una afectación negativa del estado de salud, los únicos perjuicios inmateriales que hay lugar a reconocer son el daño moral y el daño a la salud.

Es así como la doctrina, sobre el particular señala:

Hecha esta identificación, entre el daño corporal y el daño a la salud, vemos que también se identifica con el perjuicio fisiológico; terminología que impera en la doctrina francesa para referirse al daño en la esfera funcional, como sinónimo del daño a la integridad física y psíquica de la persona; se denomina así porque afecta, como decimos, la esfera funcional con independencia de la pérdida de rentas que pueda ocasionar.

Pero esta terminología es peligrosa porque se desliza hacia una realidad diferente. Como se ha precisado por la doctrina italiana, hay que matizar que, si bien a veces se utiliza como sinónimo del llamado daño biológico, la doctrina italiana más especializada, ha señalado que este último, es un concepto médico-legal, mientras que el daño a la salud es un concepto jurídico, normativo, que se encuentra consagrado en el artículo 32 de la Constitución...”(10) (se resalta).

En esa perspectiva, se insiste, la noción de daño a la vida de relación que sirvió al Consejo de Estado para indemnizar los perjuicios inmateriales sufridos por el sujeto, diferentes al moral, no es más que un concepto que ya no es utilizado por la doctrina y jurisprudencia italianas, en la medida en que se ha reconocido independencia entre el perjuicio biológico o fisiológico —relacionado con la órbita psicofísica del individuo— y otros perjuicios que afectan valores, derechos o intereses de la persona que, en la actualidad, en Italia, serían indemnizados bajo la panorámica del daño existencial (v. gr. la tranquilidad del ser humano, la seguridad, las condiciones de existencia, entre otros)(11), sin que esta última categoría se encuentre lo suficientemente decantada en otras latitudes, razón para rechazar en esta instancia su adopción en el derecho colombiano, máxime si de manera reciente fueron proferidas cuatro sentencias de la Sección Unida (Sala Plena) de la Corte de Casación italiana, en la que se recoge el daño existencial dado, precisamente, de la amplitud y falta de delimitación conceptual que implicaba (imposibilidad de objetivización)(12).

Desde esa panorámica, los daños a la vida de relación o a la alteración de las condiciones de existencia, no podrán servir de instrumento para obtener la reparación del daño a la salud, es decir, son improcedentes para reparar las lesiones a la integridad psicofísica puesto que parten de confrontar, o mejor de un parangón entre la esfera individual y la externa o social; el primero en la carga relacional del sujeto (relaciones sociales) lo que llevó a que fuera considerado en Italia como un daño subjetivo, inequitativo y desigualitario —dado que una persona puede tener una vida social o relacional más activa que otra, sin que eso suponga que deba indemnizarse diferente el daño—, y el segundo, por referirse a una alteración grave y significativa del proyecto de vida, es decir, a los planes y objetivos de la persona hacia el futuro.

Entonces, como se aprecia, el daño a la salud gana claridad, exactitud y equidad donde los precisados perjuicios la pierden, puesto que siempre está referido a la afectación de la integridad psicofísica del sujeto, y está encaminado a cubrir no sólo la modificación de la unidad corporal sino las consecuencias que las mismas generan, razón por la que, sería comprensivo de otros daños como el estético, el sexual, el psicológico, entre otros, sin que existiera la necesidad de ampliar en demasía la gama o haz de daños indemnizables, con lo que se conseguiría una sistematización del daño no patrimonial(13). En otros términos, se insiste, en Colombia el sistema indemnizatorio está limitado y no puede dar lugar a que se abra una multiplicidad de categorías resarcitorias que afecten la estructura del derecho de daños y la estabilidad presupuestal que soporta un efectivo sistema de responsabilidad patrimonial del Estado, motivo por el que, se itera, cuando el daño se origine en una lesión psíquica o física de la persona el único perjuicio inmaterial, diferente al moral que será viable reconocer por parte del operador judicial será el denominado “daño a la salud o fisiológico”, sin que sea posible admitir otras categorías de perjuicios en este tipo de supuestos y, mucho menos, la alteración a las condiciones de existencia, categoría que bajo la égida del daño a la salud pierde relevancia, concreción y pertinencia para indemnizar este tipo de afectaciones.

En ese orden de ideas, el concepto de salud comprende diversas esferas de la persona, razón por la que no sólo está circunscrito a la interna, sino que comprende aspectos físicos y psíquicos, por lo que su evaluación será mucho más sencilla puesto que ante lesiones iguales corresponderá una indemnización idéntica(14). Por lo tanto, no es posible desagregar o subdividir el daño a la salud o perjuicio fisiológico en diversas expresiones corporales o relacionales (v. gr. daño estético, daño sexual, daño relacional familiar, daño relacional social), pues este tipo o clase de perjuicio es posible tasarlo o evaluarlo, de forma más o menos objetiva, con base en el porcentaje de invalidez decretado por el médico legista.

De allí que no sea procedente indemnizar de forma individual cada afectación corporal o social que se deriva del daño a la salud, como lo hizo el tribunal de primera instancia, sino que el daño a la salud se repara con base en dos componentes: i) uno objetivo determinado con base en el porcentaje de invalidez decretado y ii) uno subjetivo, que permitirá incrementar en una determinada proporción el primer valor, de conformidad con las consecuencias particulares y específicas de cada persona lesionada.

Así las cosas, el daño a la salud permite estructurar un criterio de resarcimiento fundamentado en bases de igualdad y objetividad, de tal forma que se satisfaga la máxima “a igual daño, igual indemnización”(15).

En consecuencia, se adopta el concepto de daño a la salud, como perjuicio inmaterial diferente al moral que puede ser solicitado y decretado en los casos en que el daño provenga de una lesión corporal, puesto que el mismo no está encaminado al restablecimiento de la pérdida patrimonial, ni a la compensación por la aflicción o el padecimiento que se genera con aquel, sino que está dirigido a resarcir económicamente —como quiera que empíricamente es imposible— una lesión o alteración a la unidad corporal de la persona, esto es, la afectación del derecho a la salud del individuo.

Por lo tanto, cuando el daño tenga origen en una lesión corporal (daño corporal), sólo se podrán reclamar y eventualmente reconocer los siguientes tipos de perjuicios —siempre que estén acreditados en el proceso—:

i) los materiales de daño emergente y lucro cesante;

ii) y los inmateriales, correspondientes al moral y a la salud o fisiológico, el primero tendiente a compensar la aflicción o padecimiento desencadenado por el daño, mientras que el último encaminado a resarcir la pérdida o alteración anatómica o funcional del derecho a la salud y a la integridad corporal(16).

Desde esa perspectiva, se insiste, el daño a la salud comprende toda la órbita psicofísica del sujeto. En consecuencia, la tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la siguiente manera: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico); iii) cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de “daño corporal o afectación a la integridad psicofísica” y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v. gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su momento esta corporación.

Es decir, cuando el daño antijurídico radica en una afectación psicofísica de la persona, el daño a la salud surge como categoría autónoma y, por lo tanto, desplaza por completo denominaciones o tipos de perjuicios abiertos que han sido empleados en otras latitudes, pero que, al igual que en esta ocasión, han cedido paso al daño corporal como un avance jurídico que permite la reparación efectiva y objetiva del perjuicio proveniente de la lesión al derecho constitucional y fundamental a la salud.

Ahora bien, el hecho de sistematizar el daño a la salud (integridad corporal, psicológica, sexual, estética), mientras se deja abierta la estructura de los demás bienes o derechos jurídicos, garantiza un esquema coherente con los lineamientos conceptuales, teóricos y prácticos del resarcimiento del daño, como quiera que no se presta para generar una tipología paralela al daño a la salud que produzca los mismos efectos perjudiciales que acarrearon las nociones abiertas e indefinidas del daño a la vida de relación y de alteración a las condiciones de existencia.

En consecuencia, el daño moral satisface la indemnización de la órbita interna y aflictiva del ser humano; el daño a la salud garantiza un resarcimiento más o menos equitativo y objetivo en relación con los efectos que produce un daño que afecta la integridad psicofísica de la persona; y, por último, será oportuno que se analice la posibilidad por parte de esta corporación —siempre que los supuestos de cada caso lo permitan— de que se reparen los demás bienes, derechos o intereses jurídicos de la víctima directa o de los perjudicados que logren acreditar efectivamente que padecieron ese daño autónomo e independiente, sin que quede cobijado por la tipología antes delimitada (v. gr. el derecho al buen nombre). La aplicación de esta tipología del daño garantiza la reparación estática y dinámica del perjuicio, esto es los efectos internos y externos, subjetivos y objetivos, individuales y colectivos que la lesión antijurídica o injusta desencadena en el sujeto y las personas que constituyen su entorno.

No obstante lo anterior, es preciso recalcar que en nuestro país no existe un sistema abierto y asistemático del perjuicio inmaterial, puesto que estos esquemas atentan contra el entendimiento del derecho de la responsabilidad, motivo por el cual, será la jurisprudencia de esta corporación la encargada de definir la posibilidad de reconocer otras categorías o tipos de daños distintos al daño a la salud, pero siempre que el caso concreto permita la discusión y se afronte la misma a través de la búsqueda de una metodología coherente que contenga el abanico resarcitorio a sus justas proporciones sin que se desdibuje el contenido y alcance de la teoría del daño resarcible.

Esta es, precisamente, la importancia del daño a la salud, ya que como se ha explicado permite reconducir a una misma categoría resarcitoria todas las expresiones del ser humano relacionadas con la integridad psicofísica, como por ejemplo las esferas cognoscitivas, psicológicas, sexuales, hedonísticas, etc., lo que evita o impide que se dispersen estos conceptos en rubros indemnizatorios autónomos.

Así las cosas, el daño a la salud posibilita su reparación considerado en sí mismo, sin concentrarse de manera exclusiva y principal en las manifestaciones externas, relacionales o sociales que desencadene, circunstancia por la cual este daño, se itera, gana concreción y objetividad en donde las categorías abiertas la pierden y, por lo tanto, permite garantizar los principios constitucionales de dignidad humana y de igualdad material”.

Ahora bien, respecto de las lesiones sufridas por el señor Salamanca, el señor Oscar García Ríos, declaró:

“... que digan los testigos si les consta o no que los hermanos de Jairo Salamanca Bolívar han sufrido o no con las lesiones personales y secuelas permanentes que sufrió este (sic) por la caída violenta y súbita a la quebrada La Cuy, con los resultados ya conocidos? Contesto: claro porque él quedó paralítico en una silla de ruedas, el señor Jairo Salamanca no tiene ingresos por ninguna parte, está muy delicado de salud porque yo he ido a visitarle, tiene enfermera porque él sinceramente no es capaz de moverse y la malilia (sic) le ha pagado el tratamiento hasta la fecha de hoy, han sido muy unidos la familia Salamanca Bolívar” (fl. 65, cdno. pbas.).

A su vez, el señor José Fidel Cagua Turriago, manifestó:

“... Cómo fue la reacción de los padres de Jairo Salamanca Bolivar después de ocurrido el fatal accidente, en especial cómo ha afectado o no, a la madre de este? Señor Ana Cecilia Bolívar Salamanca? Contesto: yo creo que ella debe de estar amargada por eso de verlo en silla de ruedas, por eso deben de estar amargados” (fl. 74, cdno. pbas.).

Valorados estos testimonios bajo las reglas de la sana crítica, se encuentra que ellos son contestes en afirmar la limitación física sufrida por el demandante y denotan el conocimiento que tienen quienes los rinden de la situación vivida por el señor Salamanca, además de lo cual son coherentes en su relato y no existe contradicción entre ellas, lo cual lleva a esta Sala a otorgarles plena credibilidad.

En el presente caso, no se conoce el grado de incapacidad del señor Salamanca Bolívar y si esta era de carácter permanente —carga que de acuerdo con el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil está radicada en cabeza de las partes— de la valoración médica registrada en la historia clínica y a través de los testimonios, es posible inferir que con posterioridad al accidente se afectó la movilidad de sus piernas, quedando confinado al uso de una silla de ruedas, y por consiguiente se ha visto lesionado en su derecho fundamental a la salud, motivo por el cual se reconocerá como indemnización 60 SMMLV, los cuales al aplicar la reducción del 50% quedarán fijados definitivamente en 30 SMMLV para el lesionado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Revocar la sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 25 de junio de 2003, por medio de la cual negó las súplicas de la demanda, y en su lugar se dispone:

1. Declarar que el departamento de Cundinamarca es responsable de los daños causados a los señores Gonzalo Salamanca Guerrero, Ana Cecilia Bolívar de Salamanca, Orlando, Jairo, Nilsa, Sonia, y Andrea Salamanca Bolívar con ocasión de las lesiones sufridas por el señor Jairo Salamanca Bolívar en hechos ocurridos el 2 de octubre de 1999.

2. Condenar al departamento de Cundinamarca a pagar a los señores Gonzalo Salamanca Guerrero, Ana Cecilia de Salamanca y Jairo Salamanca Bolívar, el equivalente a 25 SMMLV y a los señores Orlando Salamanca Bolívar, Nilsa Salamanca Bolívar, Sonia Salamanca Bolívar y Andrea Salamanca Bolívar el equivalente a 12.5 SMMLV, por concepto de perjuicios morales.

3. Condenar al departamento de Cundinamarca a pagar al señor Jairo Salamanca Bolívar el equivalente a 30 SMMLV, por concepto de perjuicios fisiológicos o daño a la salud.

4. Negar las demás súplicas de la demanda.

5. Dese cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

6. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese, cúmplase».

(1) La mayor pretensión en la demanda es de $ 80.000.000 y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 597 de 1988, para el momento en que se presentó la demanda la mayor cuantía era de $ 26.390.000.

(2) Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 13 de agosto de 2008; expediente 17042; C.P. Enrique Gil Botero.

(3) Gil Botero, Enrique. Responsabilidad Extracontractual del Estado, cuarta edición, Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez, 2010, pág. 377.

(4) Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 22 de julio de 2009, expediente 16333; C.P. Enrique Gil Botero.

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de abril 25 de 2012, radicación 21861, C.P. Enrique Gil Botero.

(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de abril 28 de 2010, radicación 20087, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(7) Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia de octubre 1º de 2008, expediente 27268, C.P. Enrique Gil Botero.

(8) Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia de 15 de agosto de 2007, expediente AG 2003-385, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(9) “El daño subjetivo o daño a la persona es aquel cuyos efectos recaen en el ser humano, considerado en sí mismo, en cuanto sujeto de derecho, desde la concepción hasta el final de la vida. Por la complejidad del ser humano, los daños pueden efectuar alguna o algunas de sus múltiples manifestaciones o “maneras de ser””. Fernández Sessarego, Carlos “El daño a la persona”, Revista de la facultad de derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, pág. 71 y ss.

(10) Vicente Domingo, Elena “Los daños corporales: tipología y valoración”, Ed. Bosch, Barcelona, 1994, pág. 139.

(11) “Allí se define el daño existencial [se refiere a la sentencia de la Sala Plena de la Corte de Casación Italiana 6572 del 24 de marzo de 2006] como todo perjuicio causado en el hacer no reditual del sujeto, susceptible de ser constatado de manera objetiva, que altera sus hábitos y su modo de relacionarse, induciéndolo a alternativas de vida distintas, que inciden en el despliegue y realización de su personalidad en el mundo exterior”. Koteich Khatib, Milagros “El daño extrapatrimonial”, en “Diritto Romano Comune e America Latina”, Universidad Externado de Colombia, pág. 259.

(12) Ver: Corte de Casación Italiana, sentencia del 24 de junio de 2008, publicada el 11 de noviembre de 2008, número 26972.

(13) Fruto del trabajo jurisprudencial en Italia, se llegó a establecer dentro de este orden que el concepto daño biológico agrupa entre otros: el daño a la vida de relación, el daño estético, el daño a la esfera sexual y el daño a la incapacidad laboral genérica, todo lo cual ha sido recogido y reconocido por la Corte Suprema de Casación de ese país. Ver entre otras, las sentencias 2761 de 1990, 1341 de 1991, 11133 de 1990, 9170 de 1994, y 7262 de 1991.

(14) “Este estado de cosas no sólo deja la sensación de desorden, sino que también crea desigualdades entre víctimas, cuyos intereses aparecen, en igual medida, dignos de protección; así pues, el problema de fondo es el de establecer los límites, que deben ser “límites razonables”, determinados sí, en términos jurídicos”. Cortés, Edgar ob. cit., pág. 57.

(15) “En el histórico fallo 184 de 1986 la Corte Constitucional Italiana afirmó que el criterio de liquidación que debe adoptarse para el resarcimiento del daño biológico “debe, de un lado, responder a una uniformidad pecuniaria de base (el mismo tipo de lesión no puede valorarse de manera diferente para cada sujeto) y, de otro, debe ser suficientemente elástico y flexible para adecuar la liquidación del caso concreto a la incidencia efectiva de la lesión sobre las actividades de la vida cotidiana, por medio de las cuales se manifiesta concretamente la eficiencia sicofísica del sujeto perjudicado”. Rozo Sordini, Paolo “El daño biológico”, Ed. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, págs. 209 y 210.

(16) “Se está en presencia de un nuevo sistema clasificatorio del daño que acepta la existencia de tres modalidades del mismo: los patrimoniales, los morales y el biológico. Diferenciándose el biológico en cuanto al moral en la medida en que el primero es la lesión en sí misma considerada, y otra diferente, son los sufrimientos, el dolor y los afectos que de dicha lesión se pueden derivar, lo que constituiría el efecto o daño moral; sin embargo, ambos hacen parte del daño no patrimonial, esto es, no susceptible de contenido económico”. Gil Botero, Enrique “Daño corporal - daño biológico - daño a la vida de relación”, pág. 10.