Sentencia 2001-01281 de septiembre 16 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 25000-23-26-000-2001-01281-01 (26444)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Ref.: acción de reparación directa (apelación sentencia)

Actor: Uldarico Garzon Peñaloza y otros

Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —Inpec—

Bogotá, D.C., dieciséis de septiembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del proceso, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia proferida el 13 de noviembre de 2003, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, en un asunto con vocación de doble instancia ante esta corporación, dado que la demanda se presentó el 6 de junio de 2001(16) y la pretensión mayor se cuantificó en $ 141.045.000 por concepto de perjuicios materiales, mientras que el monto exigido en ese año para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia era de $ 36.950.000(17).

2. Ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto-Ley 1 de 1984(18), la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble por causa de trabajos públicos.

En el sub examine la responsabilidad administrativa que se invoca se origina en la amputación de la pierna derecha del señor Uldarico Garzón Peñaloza, según se dijo en el libelo, ocurrida el 5 de agosto de 2000 y, comoquiera que la demanda se interpuso el 6 de junio de 2001, resulta evidente que la acción se propuso dentro del término previsto por la ley.

3. El material probatorio allegado al proceso y el análisis sobre la configuración de los elementos constitutivos de la responsabilidad que se demanda.

3.1. Cuestión previa: la valoración probatoria en el presente asunto.

Considera la Sala necesario hacer referencia a la valoración de los medios probatorios que servirán de soporte a la decisión, teniendo en cuenta los mandatos señalados en el Código de Procedimiento Civil, aplicable a los juicios contenciosos administrativos en materia probatoria, en virtud de lo contemplado en los artículos 168(19) y 267(20) del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto-Ley 1 de 1984(21).

Es pertinente, entonces, destacar que la codificación procesal civil establece en su artículo 174 el principio de necesidad de la prueba, que impone al juzgador el deber de decidir exclusivamente con base en las pruebas que hayan sido allegadas al proceso de manera regular y en forma oportuna, aspecto que tiene íntima relación con el derecho al debido proceso y sus garantías de publicidad y contradicción de la prueba, en consonancia con la carga probatoria que es consustancial a las partes en aras de sacar avante sus intereses en litigio(22).

Esta corporación ha reiterado de antaño la capital importancia del citado principio de necesidad de la prueba(23), en punto a la observancia de las ritualidades que fija la ley para la valoración de los medios probatorios y así cumplir con su función de llevar al juez el grado de convicción suficiente para que pueda decidir sobre el asunto materia de la controversia(24).

En torno a los documentos que la parte actora acompañó en copia simple junto con la demanda(25), así como los apartes de una historia clínica, allegados al expediente en copia simple durante la etapa probatoria(26), debe señalar la Sala que, si bien no se aportaron en debida forma, toda vez que fueron arrimados al plenario en copia simple, serán tenidos como pruebas, a la luz del reciente pronunciamiento de la Sala Plena de la Sección Tercera, en el cual se unificó la posición jurisprudencial sobre la valoración probatoria de esta clase de documentos, cuando han obrado en el plenario a lo largo del proceso, en los siguientes términos(27):

“... la Sala insiste en que —a la fecha— las disposiciones que regulan la materia son las contenidas en los artículos 252 y 254 del Código de Procedimiento Civil, con la modificación introducida por el artículo 11 de la Ley 1395 de 2010, razón por la cual deviene inexorable que se analice el contenido y alcance de esos preceptos a la luz del artículo 83 de la Constitución Política y los principios contenidos en la Ley 270 de 1996 —estatutaria de la administración de justicia—.

En el caso sub examine, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue aportada por la entidad demandante y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se allegó por el actor, circunstancia que no acaeció, tanto así que ninguna de las partes objetó o se refirió a la validez de esos documentos.

Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas.

El anterior paradigma, como se señaló, fue recogido por las leyes 1395 de 2010, 1437 de 2011 y 1564 de 2012, lo que significa que el espíritu del legislador, sin anfibología, es modificar el modelo que ha imperado desde la expedición de los decretos-leyes 1400 y 2019 de 1970.

En otros términos, a la luz de la Constitución Política negar las pretensiones en un proceso en el cual los documentos en copia simple aportados por las partes han obrado a lo largo de la actuación, implicaría afectar —de modo significativo e injustificado— el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo a la administración de justicia (C.P., arts. 228 y 229).

Lo anterior no significa que se estén aplicando normas derogadas (retroactividad) o cuya vigencia se encuentra diferida en el tiempo (ultractividad), simplemente se quiere reconocer que el modelo hermenéutico de las normas procesales ha sufrido cambios significativos que permiten al juez tener mayor dinamismo en la valoración de las pruebas que integran el acervo probatorio, para lo cual puede valorar documentos que se encuentran en copia simple y frente a los cuales las partes han guardado silencio, por cuanto han sido ellas mismas las que con su aquiescencia, así como con la referencia a esos documentos en los actos procesales (v.gr. alegatos, recursos, etc.) los convalidan, razón por la que, mal haría el juzgador en desconocer los principios de buena fe y de lealtad que han imperado en el trámite, con el fin de adoptar una decisión que no refleje la justicia material en el caso concreto o no consulte los postulados de eficacia y celeridad.

De allí que, no puede el juez actuar con obstinación frente a los nuevos lineamientos del derecho procesal o adjetivo, en los que se privilegia la confianza y la lealtad de las partes, razón por la cual esa es la hermenéutica que la Sección C de la Sección Tercera ha privilegiado en pluralidad de decisiones, entre ellas vale la pena destacar(28).

Lo anterior, no quiere significar en modo alguno, que la Sala desconozca la existencia de procesos en los cuales, para su admisión y trámite, es totalmente pertinente el original o la copia auténtica del documento respectivo público o privado. En efecto, existirán escenarios —como los procesos ejecutivos— en los cuales será indispensable que el demandante aporte el título ejecutivo con los requisitos establecidos en la ley (v.gr. el original de la factura comercial, el original o la copia auténtica del acta de liquidación bilateral, el título valor, etc.). Por consiguiente, el criterio jurisprudencial que se prohíja en esta providencia, está relacionado específicamente con los procesos ordinarios contencioso administrativos (objetivos o subjetivos) en los cuales las partes a lo largo de la actuación han aportado documentos en copia simple, sin que en ningún momento se haya llegado a su objeción en virtud de la tacha de falsedad (v.gr. contractuales, reparación directa, nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho), salvo, se itera, que exista una disposición en contrario que haga exigible el requisito de las copias auténticas como por ejemplo el artículo 141 del Código Contencioso Administrativo, norma reproducida en el artículo 167 de la Ley 1437 de 2011 —nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo—.

(...).

De otra parte, resulta pertinente destacar que la posibilidad de valorar la documentación que, encontrándose en copia simple ha obrado en el proceso —y por consiguiente se ha surtido el principio de contradicción—, no supone modificar las exigencias probatorias respecto del instrumento idóneo para probar ciertos hechos. En otros términos, la posibilidad de que el juez valore las copias simples que reposan en el expediente no quiere significar que se releve a las partes del cumplimiento de las solemnidades que el legislador establece o determina para la prueba de específicos hechos o circunstancias (v.gr. la constancia de ejecutoria de una providencia judicial para su cumplimiento).

(...).

De modo que, si la ley establece un requisito —bien sea formal o sustancial— para la prueba de un determinado hecho, acto o negocio jurídico, el juez no puede eximir a las partes del cumplimiento del mismo; cosa distinta es si el respectivo documento (v.gr. el registro civil, la escritura de venta, el certificado de matrícula inmobiliaria, el contrato, etc.) ha obrado en el expediente en copia simple, puesto que no sería lógico desconocer el valor probatorio del mismo si las partes a lo largo de la actuación no lo han tachado de falso.

Entonces, la formalidad o solemnidad vinculantes en el tema y el objeto de la prueba se mantienen incólumes, sin que se pretenda desconocer en esta ocasión su carácter obligatorio en virtud de la respectiva exigencia legal. La unificación consiste, por lo tanto, en la valoración de las copias simples que han integrado el proceso y, en consecuencia, se ha surtido el principio de contradicción y defensa de los sujetos procesales ya que pudieron tacharlas de falsas o controvertir su contenido” (se destaca).

Así las cosas, la Sala procederá al estudio del caso, en consonancia con las anteriores consideraciones.

3.2. Los hechos probados en el proceso.

En atención al material probatorio obrante en el expediente, se tiene debidamente acreditado lo siguiente:

• Que el señor Uldarico Garzón Peñaloza estuvo detenido en el establecimiento carcelario “La Picota”, institución que le certificó un total de 5.352 horas de trabajo durante los años 1998 a 2000(29).

• Que el 24 de agosto de 1999 la Dirección de la Penitenciaría Central de Colombia “La Picota” le otorgó al señor Uldarico Garzón Peñaloza un beneficio administrativo de 72 horas para salir del centro carcelario sin vigilancia, según se desprende del contenido de la Resolución 63, suscrita por el director del mencionado centro penitenciario(30). Dicho beneficio sería disfrutado cada dos meses durante el primer año y cada mes a partir del segundo año, siempre que no variaran las circunstancias y condiciones en que fue concedido, sometido en todo caso a suspensión o revocatoria por incumplirse las obligaciones consagradas en el artículo 147 de la Ley 65 de 1993.

• Que el 4 de agosto de 2000 el señor Uldarico Garzón Peñaloza fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital El Tunal, operación que consistió en la amputación de su pierna, tal como se describe sucintamente en el informe quirúrgico emitido por dicho centro asistencial(31).

• Que a petición del Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses emitió el 11 de agosto de 2000 un dictamen respecto del estado de salud del señor Uldarico Garzón Peñaloza, en el cual se concluyó que era un paciente documentado de Diabetes Mellitus II, quien presentó una complicación por pie diabético(32) que terminó en amputación de su pierna derecha a nivel de su tercio distal, por lo que reunía las condiciones consagradas en el artículo 407 y 507 del Código de Procedimiento Penal para catalogarlo con “grave enfermedad”(33).

• Que en el mencionado dictamen emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el 11 de agosto de 2000, se refirió como “antecedente tóxico” del señor Uldarico Garzón Peñaloza, el consumo de “licor cada ocho días hasta la embriaguez”, sin especificar el fundamento de tal apreciación ni las circunstancias de tiempo, modo y lugar del consumo de licor anotado.

• Que el señor Uldarico Garzón Peñaloza elevó una solicitud al director de la Penitenciaría Central “La Picota”, en aras de que se le suministraran los alimentos en crudo y los medicamentos prescritos para su control diario, para lo cual señaló que se le había ordenado una dieta especial en razón de su condición diabética(34).

• Que los días 20 de mayo de 1999(35) y 10 de mayo de 2000(36) la sección de sanidad de la Penitenciaría Central “La Picota” solicitó consulta médica con la especialidad de medicina interna para el señor Uldarico Garzón Peñaloza.

• Que el 8 de junio de 2000 el médico Luis Hernán Alonso Cardozo certificó que el señor Uldarico Garzón Peñaloza presentaba una diabetes tipo II descompensada, úlceras en la planta del pie-bilateral, celulitis pie derecho y neuropatía diabética, por lo que requería reposo durante un mes(37).

• Que el señor Uldarico Garzón Peñaloza laboró durante siete meses como mecánico auxiliar en el taller de motos “Moto Rin”, contratado con permiso extramuros en el Establecimiento Carcelario “La Picota” y con un salario de $ 450.000, tal como lo certificó por escrito su propietaria, la señora Teresa Garzón Prada(38).

• Que el señor Uldarico Garzón Peñaloza hizo compras de gasa, esparadrapo y le fue realizada una curación en la droguería “Luz Mary” el 30 de agosto, el 30 de septiembre y el 28 de noviembre del año 2000, por un valor total de $ 650.000, tal como se desprende de las facturas allegadas al expediente(39).

• Que el señor Uldarico Garzón Peñaloza ingresó al centro carcelario el 26 de febrero de 1998 y salió el 3 de agosto de 2000 por suspensión de la ejecución de la pena dispuesta por el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, según boleta 0089, tal como se hizo constar en el oficio 547 de 8 de noviembre de 2001, remitido al expediente por el área de sanidad de la Penitenciaría Central “La Picota”(40).

3.3. La imputabilidad del daño a la demandada.

Según se desprende del texto de la demanda, el daño antijurídico que se pretende sea reparado, se hizo consistir en la amputación de la pierna derecha del señor Uldarico Garzón Peñaloza, según se alegó en la demanda, como consecuencia de la falta de atención médica oportuna a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, dada la condición de interno de la víctima.

De lo probado en el expediente y analizado en precedencia, es claro que la amputación de la pierna derecha del señor Uldarico Garzón Peñaloza está debidamente acreditada, por lo que debe analizarse ahora si tuvo que realizarse como consecuencia de la alegada falta de atención médica a cargo de la demandada y, en esta medida, si le resulta imputable la responsabilidad patrimonial deprecada.

Ahora bien, en relación con la imputación jurídica del daño, debe decirse que la Sala Plena de la sección, en sentencia de 19 de abril de 2012(41), unificó su posición para señalar que, al no existir consagración constitucional de ningún régimen de responsabilidad en especial, corresponde al juez encontrar los fundamentos jurídicos de sus fallos, por lo que los títulos de imputación hacen parte de los elementos argumentativos de la motivación de la sentencia. En este sentido se expuso:

“En lo que refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a la adopción de diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta providencia”.

Ahora bien, de conformidad con el escaso acervo probatorio obrante en el proceso, es claro que en el caso concreto no existe relación de casualidad alguna entre el daño endilgado a la entidad pública demandada y conducta alguna de esta que hubiere contribuido a la producción de tal hecho dañoso.

En efecto, si bien a lo largo del trámite de la presente acción la parte actora manifestó que la responsabilidad del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario se veía comprometida, por cuanto, a su juicio, omitió brindar el tratamiento médico necesario, lo cierto es que no reposa en el plenario prueba alguna que soporte la existencia de tal omisión en punto a la oportunidad y necesidad del tratamiento, por el contrario, de los hechos probados en el proceso se desprende que el señor Uldarico Garzón Peñaloza fue remitido por parte de sanidad penitenciaria a la especialidad de medicina interna y que, en razón de las complicaciones derivadas de su condición diabética —pie diabético—, fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital El Tunal, en donde se le realizó la amputación de su pierna derecha a la altura del tercio medio distal.

De igual manera debe decirse que no aparece demostrado qué clase de alimentación recibía el interno cuando estaba en las instalaciones del centro carcelario —habida cuenta del permiso extramuros de que gozaba— y que esta fuera inadecuada, toda vez que tampoco se acreditó que le hubiera sido prescrita una dieta específica y que la demandada estuviera en la obligación legal de suministrarla; respecto a la presunta remisión tardía al Hospital El Tunal no existen elementos de juicio que permitan valorar si dicha atención fue inoportuna en relación con el cuadro clínico del paciente.

De otra parte, en cuanto al argumento esgrimido por la parte actora en el recurso de alzada, cuando dijo que la falla en el servicio se desprendía de lo afirmado por el Inpec al señalar que el señor Garzón Peñaloza permanecía en estado de embriaguez en el penal, debe precisarse que tal aseveración nunca fue expresada en tales términos por la demandada, pues como se anotó en el acápite de antecedentes de esta providencia, lo que expuso como argumento de defensa fue que en el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses allegado con la demanda se anotó que el paciente era consumidor de licor hasta la embriaguez, lo que, a juicio del Inpec, pudo influir en la mala absorción de los medicamentos necesarios para el tratamiento de la enfermedad, razonamiento que de ninguna forma implica señalar —y menos reconocer— que el señor Garzón Peñaloza consumiera licor al interior del centro penitenciario, circunstancia que vale anotar, no tiene respaldo probatorio en ninguno de los medios de prueba obrantes en el expediente.

Como quedó expuesto en el acápite de los hechos probados en el proceso, frente al antecedente tóxico plasmado en el dictamen médico legal no se especificó cuál era su fundamento —por ejemplo, la versión del paciente o las anotaciones consignadas en su historia clínica— y tampoco las circunstancias de tiempo, modo y lugar del consumo de licor anotado, por lo que no es dable entender, como lo hace la parte actora, que el interno se embriagara durante su estancia en las instalaciones carcelarias.

Así las cosas, resalta la Sala que con fundamento en la valoración de los medios probatorios con que cuenta el proceso, a lo que ya se hizo referencia, no es posible establecer que la causa de la amputación de la pierna derecha del paciente hubiese sido determinada por una supuesta tardía atención médica.

A lo anterior se debe agregar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Así pues, la parte demandante no cumplió con la carga probatoria que le impone esta norma legal(42), toda vez que no allegó al proceso prueba alguna que permita atribuir tan lamentable hecho al ente público demandado.

Por consiguiente, todas las razones hasta ahora expresadas servirán de apoyo para confirmar la sentencia apelada.

4. No hay lugar a condena en costas.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto-Ley 1 de 1984, como fuera modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 13 de noviembre de 2003, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, de conformidad con las consideraciones expuestas en esta providencia.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(16) Folio 6 del cuaderno principal 1.

(17) Decreto 597 de 1988.

(18) Normatividad aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

(19) “ART. 168.—Pruebas admisibles. En los procesos ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo se aplicarán en cuanto resulten compatibles con las normas de este Código, las del Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración”.

(20) “ART. 267.—Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo”.

(21) Normatividad aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

(22) Al respecto el Código de Procedimiento Civil establece:

“ART. 174.—Necesidad de la prueba. Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso”.

“ART. 177.—Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”.

“ART. 183.—Oportunidades probatorias (antes de la modificación realizada por el art. 18, L. 794/2003). Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados para ello en este código”.

(23) Al respecto pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: sentencia de 20 de mayo de 2013, Expediente 25001-23-26-000-2001-00191-01 (27.229) y sentencia de 8 de febrero de 2012, Expediente 25001-23-26-000-1999-00641-01 (21.803), C.P. Hernán Andrade Rincón; sentencia 17 de noviembre de 2011, Expediente 25000-23-26-000-1991-07254-01 (20.373), C.P. Hernán Andrade Rincón; sentencia de 30 de marzo de 2000, radicación 16116, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; sentencia de 30 de junio de 2005, radicación 25000-23-25-000-2000-05514-01 (2909-04), C.P. Jesús María Lemos Bustamante.

(24) En igual sentido pueden consultarse las siguientes providencias: Sala de Casación Civil, sentencia de 27 de marzo de 1998, Expediente 4.943, M.P. Carlos Esteban Jaramillo Schloss; Corte Constitucional. Sentencia SU-132 de 26 de febrero de 2002. M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(25) Copia simple de un documento que dice contener una certificación suscrita por la directora de contabilidad de la Sociedad Civilia Ltda. —fl. 6, cdno. de pruebas—; Copia simple de un documento que dice contener un dictamen para estado de salud realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses —fls. 19 y 20, cdno. de pruebas—; copia simple de un documento que dice contener una petición dirigida al director de la Penitenciaría La Picota —fl. 21, cdno. de pruebas—; copia simple de un documento que dice contener una remisión de Industrias Guemur —fl. 22, cdno. de pruebas—; copia simple de un documento que dice contener una petición de consulta médica a especialistas por parte de la sección de sanidad de la Penitenciaría Central La Picota —fl. 23, cdno. de pruebas—; copia simple de unos documentos que dicen contener fórmulas médicas, órdenes de laboratorio y constancias médicas —fls. 24 a 32, cdno. de pruebas—; copia simple de un documento que dice contener apartes de una historia clínica del Hospital El Tunal ESE —fls. 33 a 46, cdno. de pruebas—; copia simple de unos documentos que dicen contener contratos de compra con pacto de retroventa —fls. 47 a 52, cdno. de pruebas—; copia simple de unos documentos que dicen contener unas letras de cambio —fl. 56, cdno. de pruebas—.

(26) Folios 59 a 80 del cuaderno de pruebas.

(27) Sentencia de 28 de agosto de 2013, Expediente 25022, C.P. Enrique Gil Botero.

(28) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 18 de enero de 2012. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Radicado 1999-01250. Oportunidad en la que se precisó: “De conformidad con las manifestaciones de las partes, para la Sala dicho documento que obra en copia simple, tiene en esta oportunidad mérito para ser analizado y valorado, comoquiera que la parte demandada pidió tener esa copia como prueba y valorarla como tal; en otras palabras, la Nación no desconoció dicho documento ni lo tachó de falso, sino que conscientemente manifestó su intención de que el mismo fuese valorado dentro del proceso.

“En consideración a lo anterior y a pesar de que no se cumplió con el requisito de autenticación de la copia previsto en el artículo 254 de la Ley Procesal Civil, la Sala considera en esta oportunidad, en aras de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y de la garantía del derecho de acceso a la justicia consagrado en los artículos 228 y 229 de la Constitución Política, que no pueden aplicarse las formas procesales con excesivo rigorismo y en forma restrictiva, con el fin de desconocer lo que las mismas partes no han hecho y ni siquiera han discutido durante el proceso, como lo es la autenticidad del documento aportado por la parte actora en copia simple, admitido como prueba por la Nación que, además, aceptó el hecho aducido con el mismo en la contestación de la demanda” (negrillas adicionales).

De igual forma, se pueden consultar la sentencia de 7 de marzo de 2011, Expediente 20171, M.P. Enrique Gil Botero, oportunidad en la que se precisó: “Lo primero que advierte la Sala es que el proceso penal fue aportado en copia simple por la parte actora desde la presentación de la demanda, circunstancia que, prima facie, haría invalorable los medios de convicción que allí reposan. No obstante, de conformidad con los lineamientos jurisprudenciales recientes, se reconocerá valor probatorio a la prueba documental que si bien se encuentra en fotocopia, ha obrado en el proceso desde el mismo instante de presentación del libelo demandatorio y que, por consiguiente, ha surtido el principio de contradicción.

“En efecto, los lineamientos procesales modernos tienden a valorar la conducta de las sujetos procesales en aras de ponderar su actitud y, de manera especial, la buena fe y lealtad con que se obra a lo largo de las diferentes etapas que integran el procedimiento judicial.

“En el caso sub examine, por ejemplo, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue acompañada con la demanda y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se entregó como anexo de la misma, circunstancia que no acaeció, tanto así que los motivos de inconformidad y que motivaron la apelación de la providencia de primera instancia por parte de las demandadas no se relacionan con el grado de validez de las pruebas que integran el plenario sino con aspectos sustanciales de fondo que tienen que ver con la imputación del daño y con la forma de establecer la eventual participación en la producción del mismo.

“Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor probatorio a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas.

“El anterior paradigma fue recogido de manera reciente en el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —que entra a regir el 2 de julio de 2012— en el artículo 215 determina que se presumirá, salvo prueba en contrario, que las copias tienen el mismo valor del original cuando no hayan sido tachadas de falsas; entonces, si bien la mencionada disposición no se aplica al caso concreto, lo cierto es que con la anterior o la nueva regulación, no es posible que el juez desconozca el principio de buena fe y la regla de lealtad que se desprende del mismo, máxime si, se insiste, las partes no han cuestionado la veracidad y autenticidad de los documentos que fueron allegados al proceso”.

(29) Según consta en la copia al carbón de los correspondiente certificados, obrantes de folios 7 a 13 del cuaderno de pruebas.

(30) Resolución obrante de folios 14 a 17 del cuaderno de pruebas.

(31) Folio 35 del cuaderno de pruebas.

(32) En la Guía de atención de la Diabetes Mellitus Tipo 2, editada por el Ministerio de la Protección Social dentro del Programa de Apoyo a la Reforma de Salud/PARS, se define al pie diabético “como la manifestación combinada a nivel de los pies de la enfermedad vascular periférica (EVP), la neuropatía periférica, las deformidades ortopédicas y con más frecuencia un componente traumático o infeccioso sobreagregado. El pie diabético es una de las complicaciones que causan mayor morbilidad y mortalidad y elevan los costos para el sistema de salud de manera significativa justificando 20% de los ingresos hospitalarios por diabetes. Es la primera causa de amputación no traumática en la actualidad siendo once veces más frecuente que en la población no diabética. Después de la amputación de una extremidad el pronóstico de la otra es reservado. La amputación y ulceración son consecuencia de la neuropatía y causan morbilidad y discapacidad en los diabéticos”. Documento recuperado en la página web de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia el 5 de septiembre de 2013 en: http://www.nacer.udea.edu.co/pdf/libros/guiamps/guias17.pdf

(33) Dictamen para estado de salud realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, obrante a folios 19 y 20 del cuaderno de pruebas.

(34) Escrito con nota de recibido del 27 de octubre de 2000, obrante a Folio 21 del cuaderno de pruebas.

(35) Folio 68 del cuaderno de pruebas.

(36) Folio 23 del cuaderno de pruebas.

(37) Folio 28 del cuaderno de pruebas.

(38) Constancia obrante a folio 18 del cuaderno de pruebas.

(39) Obrantes de folios 53 a 55 del cuaderno de pruebas.

(40) Folio 57 del cuaderno de pruebas.

(41) Expediente 21.515, C.P. Hernán Andrade Rincón.

(42) Al respecto, conviene recordar de manera más detallada lo expuesto por el tratadista Devis Echandía respecto de dicho concepto: “Para saber con claridad qué debe entenderse por carga de la prueba, es indispensable distinguir los dos aspectos de la noción: 1) por una parte, es una regla para el juzgador o regla del juicio, porque le indica cómo debe fallar cuando no encuentre la prueba de los hechos sobre los cuales debe basar su decisión, permitiéndole hacerlo en el fondo y evitándole el proferir un non liquet, esto es, una sentencia inhibitoria por falta de pruebas, de suerte que viene a ser un sucedáneo de la prueba de tales hechos; 2) por otro aspecto, es una regla de conducta para las partes, porque indirectamente les señala cuáles son los hechos que a cada una le interesa probar (a falta de prueba aducida oficiosamente o por la parte contraria; cfr., números 43 y 126, punto c), para que sean considerados como ciertos por el juez y sirvan de fundamento a sus pretensiones o excepciones”. Devis Echandía, Hernando. Teoría general de la prueba judicial. Bogotá: Editorial Temis. 2002, pág. 405. De lo anterior, este último autor afirma: “De las anteriores consideraciones, deducimos la siguiente definición: “carga de la prueba es una noción procesal que contiene una regla de juicio, por medio de la cual se le indica al juez cómo debe fallar cuando no encuentre en el proceso pruebas que le que le den certeza sobre los hechos que deben fundamentar su decisión, e indirectamente establece a cuál de las partes le interesa la prueba de tales hechos, para evitarse las consecuencias desfavorables”. Ídem, pág. 406.