Sentencia 2001-01305 de febrero 28 de 2013

 

Sentencia 2001-01305 de febrero 28 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRARIVO

SECCIÓN TERCERA- SUBSECCIÓN B

Radicación 200012331000-2001-01305-01

Expediente 24106

Consejero Ponente (E):

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Comercializadora Hidrotech Aquaserie B Ltda. y otro

Demandado: Departamento del Cesar

Naturaleza: Controversias contractuales

Bogotá D.C., veintiocho de febrero de 2013.

EXTRACTOS: « Consideraciones

I. Competencia

10. El Consejo de Estado es competente para conocer de la apelación dentro de este proceso suscitado mediante la interposición de la acción de controversias contractuales, competencia que tiene su fuente en lo dispuesto por el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 13 del reglamento del Consejo de Estado, contenido en el Acuerdo 58 de 1999 (modificado por el Ac. 55/2003, art. 1º), en el que se distribuyen los negocios por secciones.

11. Adicionalmente, precisa la Sala que le corresponde resolver el asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en proceso con vocación de segunda instancia ante esta corporación, dado que la cuantía de la demanda alcanza la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988 para que asuma el conocimiento de una acción contractual en segunda instancia. En 2000, cuando fue presentada la demanda, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción contractual fuera conocido por esta corporación era de $ 26 390 000 —artículos 129 y 132 del Código Contencioso Administrativo, subrogados por el Decreto 597 de 1988— y la mayor de las pretensiones (lucro cesante) fue estimada en la demanda en la suma de $ 32 669 857,01.

II. Hechos probados

12. De conformidad con las pruebas válidamente aportadas al proceso, se tienen probados los siguientes hechos relevantes:

12.1. El 30 de septiembre de 1999, Comercializadora Hidrotech Aqua Serie B Ltda. y el departamento del Cesar celebraron el contrato de compra venta 108 de 1999 (fls. 11-13 y 105-107 cdno. ppal.), cuyo objeto —según la cláusula primera— fue el suministro a título de venta de “un (1) equipo recolector compactador de basuras municipales marca Hidrotech, modelo HRC 16 yardas cúbicas, capacidad 16 Y (cúbico) de basura compactada igual a 10.500 kgs., montado sobre camión con características Ford 8.000, o Kodiak eje trasero sencillo, de conformidad con la propuesta presentada por el contratante, la cual se anexa y constituye parte integrante de este contrato”.

12.1.1. El contrato se pactó con un plazo de duración de sesenta (60) días (cláusula tercera), contados a partir de la fecha de entrega del anticipo y un valor de $138 580 000, pagaderos así: (i) un anticipo del 50% a la legalización del contrato; (ii) 50% restante una vez el contratista haya hecho entrega del equipo objeto del contrato a entera satisfacción del departamento a través del interventor del mismo, pagos estos que se harán a través de la tesorería general del departamento (cláusula segunda).

12.1.2. Según la cláusula primera las condiciones del objeto del contrato a que se obligó el contratista se hacen de conformidad con la propuesta presentada por el contratista(1) (fls. 5-10 y 112-115 cdno. ppal.), la cual se anexa y constituye parte integrante del contrato.

12.2. El departamento canceló la suma $ 69 290 000 correspondiente al anticipo del 50% por valor del contrato 108-99, según da cuenta la certificación suscrita por el secretario de hacienda departamental, expedida a solicitud de la firma hoy demandante (fl. 29, cdno. ppal.).

12.3 Mediante oficio de 10 de marzo de 2000 (fls. 41-42 cdno. ppal.) el contratista informa a la entidad contratante que:

“Con fecha 3 de noviembre de 1999, mandamos vía fax (...) el Oficio Z-0508 el aumento en los precios de los camiones sobre los cuales van montados los equipos de la referencia, dicho precio es la suma de $ 80.700.000 con lo cual se presenta un sobreprecio de $ 15.700.000 con referencia al precio cotizado por nosotros el cual fue de $ 65.000.000.

La compañía representante de los vehículos, en forma espontánea, nos dio un precio especial (...) El día 17 de noviembre de 1999 presenté a ustedes en sus oficinas de Valledupar, un oficio solicitándoles la elaboración de los respectivos otrosí (...), con el fin de lograr la cancelación de dichas diferencias de precio.

A la fecha no se ha llevado a cabo la elaboración de los otrosis (sic), ni se ha cancelado los dineros respectivos. Por lo tanto, comedidamente solicito a ustedes su colaboración, para que dicho trámite sea realizado con la mayor celeridad y así poder adquirir los camiones y proceder a montar las cajas compactadotas que ya están elaboradas en nuestra planta de Bogotá (...).

12.4 El 12 de abril de 2000, las partes suscribieron el contrato adicional 01 al contrato de venta 108 de 1999 adicionando el valor inicial en $ 10.858.000 (fl. 18 y 102, cdno. ppal.).

III. Problema jurídico

13. Teniendo en cuenta los hechos probados y las razones de inconformidad de la parte apelante con el fallo de primera instancia, el problema jurídico consiste en establecer si el retraso en el pago parcial del anticipo, tiene la virtualidad de generar un incumplimiento de la entidad contratante susceptible de ser indemnizado. Al efecto, será preciso determinar el alcance de lo pactado en relación con la forma de pago.

IV. Análisis de la Sala

Régimen jurídico del Contrato 108 de 1999 y de su adicional 01 de 2000

14. Los hechos probados dan cuenta de la celebración el 30 de septiembre de 1999, entre el departamento del Cesar y la empresa comercializadora Hidrotech Aquaserie B Ltda. de un contrato de compraventa de un equipo recolector de basuras montado sobre un camión, por un valor estimado de $ 138 580 000 y un plazo de 60 días, contados a partir de la entrega del anticipo. Igualmente, está acreditado que el 12 de abril de 2000 se suscribió entre las mismas partes el contrato adicional 01 al contrato de venta 108 de 1999.

15. De manera que, el régimen jurídico sustancial aplicable al contrato fuente del litigio es el previsto en el estatuto contractual de la administración actualmente vigente(2), esto es, la Ley 80 de 1993 más no de su reforma prevista en la Ley 1150 de 2007, pues para la fecha de su suscripción, se encontraba ya vigente aquella y no está.

La pretensión de incumplimiento del contrato y su adicional analizados

16. El actor demandó el incumplimiento por parte del departamento del Cesar del contrato de compraventa celebrado, lo mismo que de su adicional, porque a su juicio, aun cuando ha estado en disposición de cumplir a cabalidad el objeto del mismo, la entidad accionada no pagó en la forma convenida el anticipo del contrato original y tampoco pagó el contrato adicional.

17. Recientemente(3) en un caso muy similar al sub examine entre las mismas partes la Sala reiteró(4) que es principio general el que los contratos se celebran para ser cumplidos y, como consecuencia de su fuerza obligatoria, el que las partes deban ejecutar las prestaciones que emanan de él en forma íntegra, efectiva y oportuna(5), de suerte que el incumplimiento de las mismas, por falta de ejecución o ejecución tardía o defectuosa, es sancionada por el orden jurídico a título de responsabilidad subjetiva y por culpa, que solo admite exoneración, en principio, por causas que justifiquen la conducta no imputables al contratante fallido (fuerza mayor, caso fortuito, hecho de un tercero o culpa del cocontratante, según el caso y los términos del contrato).

18. En efecto, el contrato, expresión de la autonomía de la voluntad, se rige por el principio “lex contractus, pacta sunt servanda(6), consagrado en el artículo 1602 del Código Civil, según el cual los contratos válidamente celebrados son ley para las partes y solo pueden ser invalidados por consentimiento mutuo de quienes los celebran o por causas legales. En concordancia con la norma anterior, el artículo 1603 de la misma obra, prescribe que los contratos deben ser ejecutados de buena fe y, por consiguiente, obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por ley le pertenecen a ella sin cláusula especial.

19. En los contratos bilaterales y conmutativos -como son comúnmente los celebrados por la administración-, teniendo en cuenta la correlación de las obligaciones surgidas del contrato y la simetría o equilibrio de prestaciones e intereses que debe guardar y preservarse (C.C., arts. 1494, 1495, 1530 y ss. 1551), la parte que pretende exigir la responsabilidad del otro por una conducta alejada del contenido del título obligacional debe demostrar que, habiendo cumplido por su parte las obligaciones del contrato, su cocontratante no cumplió con las suyas, así como los perjuicios que haya podido sufrir.

20. Quiere decir lo anterior que el éxito de la acción de controversias contractuales de que trata el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo cuando se pretende obtener la declaratoria de incumplimiento del contrato y la condena en perjuicios presupone que la parte que la ejerce acredite en el proceso haber cumplido o estado presto a cumplir sus obligaciones; o lo que es igual, para abrir paso a pretensiones en ese sentido la parte que las invoca debe probar que satisfizo las obligaciones que le incumben o se allanó a hacerlo, para demostrar que la otra parte está en un incumplimiento de las obligaciones a su cargo, que estas son exigibles y que, por tanto, se encuentra en mora para su pago(7).

21. La Sala reitera(8) que esa carga de la prueba que pesa sobre quien alega y pretende la declaratoria de incumplimiento en los contratos sinalagmáticos(9) tiene una doble dimensión:

“Tratándose de contratos sinalagmáticos, no se hacen exigibles para una parte, hasta tanto la otra no cumpla la que le corresponde (C.C., art. 1609). Desde esta perspectiva, para la Sala es evidente que para poder solicitar ante el juez la declaratoria de incumplimiento, de una parte o de la totalidad del contrato por parte del contratista, es indispensable que este, a su vez, acredite que satisfizo todas y cada una de sus obligaciones contractuales, de manera tal que hace exigibles las de su co-contratante.

En este sentido, no resulta procedente solicitar solamente la declaratoria de incumplimiento del contrato (...), sin antes haber acreditado plenamente el cumplimiento propio de quien lo alega, pues ello constituiría una pretensión incongruente, donde una eventual condena devendría en injusta e irregular, en tanto no está plenamente establecido que el incumplimiento del co-contratante obedeció a mora en el pago de la obligación, que sería, en el presente caso, la única situación que justificaría la condena solicitada”(10).

Prueba del incumplimiento del contrato alegada por el actor

22. En el caso del proceso contractual que se estudia, lo explicado en precedencia según jurisprudencia de esta Sala, implica que correspondía al demandante demostrar: (i) que efectivamente cumplió a cabalidad con sus obligaciones contractuales; y (ii) que el departamento se encontraba en mora de pagar la ejecución de dicho contrato y, por tanto, incumplió las obligaciones que le eran exigibles.

23. Para la Sala las pretensiones no están llamadas a prosperar, habida cuenta de que no se encuentran demostrados los hechos que las sustentan, esto es, que el actor cumplió a satisfacción con sus obligaciones contractuales y, por lo tanto, que el departamento demandado se encontraba en incumplimiento o en mora de pagar la ejecución de dicho contrato.

24. Al respecto, encuentra la Sala que no se acreditó en el proceso que la parte demandante satisfizo a cabalidad sus obligaciones y que no se sustrajo a los compromisos pactados, como tampoco que la entidad haya incurrido en un incumplimiento de tal entidad, que se tradujese en frustrar la posibilidad de cumplimiento del negocio jurídico, dado el carácter conmutativo del mismo.

25. En efecto, las pruebas dan cuenta que el departamento canceló la suma $ 69 290 000, correspondiente al anticipo del 50% por valor del contrato 108-99, según se desprende de certificación suscrita por el secretario de hacienda departamental, expedida a solicitud de la firma hoy demandante (fl. 29 cdno. ppal.). Allí se certifica: “Que existe (...) el registro presupuestal 124-99 por valor de $ 138.580.000, referente al contrato n.º 108-99 del cual se canceló el 50% y se adeuda el valor de $ 69.290.000,oo para la compra de un equipo recolector de basura con destino al municipio de Bosconia (...)”.

26. En este sentido el acervo revela que si bien la entidad hizo un primer abono al anticipo, el 19 de noviembre de 1999, por valor de $ 53 000 000(11), finalmente pagó el total el 17 de marzo siguiente(12).

27. Ahora, el demandante alegó en varios oficios dirigidos a la entidad que la mora de la entidad en el pago de la totalidad del anticipo le impidió pagar el camión y por ello solicitó la suscripción de un otrosí al respecto(13).

28. De otro lado, el 12 de abril de 2000, las partes suscribieron el contrato adicional 01 al contrato de venta 108 de 1999 y al efecto modificaron la cláusula segunda “adicionándole al valor inicialmente pactado la suma de diez millones ochocientos cincuenta y ocho mil pesos ($ 10.858.000) (...)”. En el mismo contrato se indica que dicha modificación se acuerda “teniendo en cuenta las razones expuestas por el contratista en oficio fechado marzo 10 de 2000 el que se anexa a este documento y hace parte integrante del mismo” (fl. 18.ppal.).

29. Sin embargo, como advirtió el a quo en el contrato adicional, no se pactó el pago inmediato de la suma adicionada, ni tampoco se previó en este caso porcentaje alguno por concepto de anticipo, de modo que no hubo modificación a lo acordado en el contrato inicial en relación con la forma de pago.

30. El 22 de junio de 2000, el contratista dirigió el Oficio A 0258 a la entidad contratante para informar “el estado” del contrato y puso de presente los problemas que se le presentaron al contratista en su ejecución. Allí se indica que “como es de su conocimiento hemos venido asumiendo alzas indiscriminadas en el costo de los chasis (...) Hydrotech cuenta con la exención al impuesto a las ventas 542 del 20 de enero de 1999 del Ministerio del Medio Ambiente, sin embargo en el momento de solicitarse la adquisición de los chasis se nos informa que la exención al IVA estaba aplicando a la fecha a equipo importado y ensamblado por General Motors Colmotores y se nos solicitó por requerimiento del Ministerio del Medio Ambiente la exención 541 debía tener una extensión al fabricante con concesionario vendedor (...) exención que nos fue tramitada para fecha próximo 28 de junio de 2000, con lo cual cumplimos con requerimiento gubernamental salvando dificultad”. (fl. 43 cdno. ppal.).

31. Ahora, en Oficio A-0258-A de 28 de junio de 2000 el contratista informa al departamento que obtuvo certificación del ministerio “prerrequisito obtención chasis para la continuidad y ejecutoria”. En el mismo documento el contratista “con el ánimo de finiquitación de los contratos” no alegó ya la mora en el pago total del anticipo, sino el cambio de forma de pago que según él, debió haberse hecho a través de carta de crédito conforme a la propuesta. Dijo el contratista: “(...) exponemos a consideración del señor gobernador la solicitud de pago previo de GM Colmotores a concesionario vendedor centro diesel. Para tal efecto, atentamente nos remitimos a propuesta Z-0366 forma de pago carta de crédito transferible, para el caso a fabricante y/o Centro Diesel” (fl. 44, cdno. ppal.)(14).

32. El contratista insistió en su solicitud de elaboración de una “carta de crédito” o de una “aceptación bancaria” como mecanismo de pago, según da cuenta el Oficio A 0371-A de 22 de septiembre de 2000 (fls. 47-48 cdno. ppal.)(15). En el mismo se dice que como él ya cumplió el 50% del contrato “debe proceder la ejecutoria del otro 50% es decir adquisición de chasis, montaje y entrega [de] equipos recolectores compactadores de basura respectivamente”.

33. De una lectura conjunta de la prueba documental referida (que como se advierte es muy precaria y no da cuenta efectiva de la ejecución del contrato sino más bien se centra en la posición del contratista frente a la interpretación de algunas cláusulas), se tiene que, por una parte, el accionante no acreditó que hubiese cumplido las obligaciones a su cargo (consistente en la entrega del equipo recolector compactador de basuras “montado sobre camión”) y, por otra, que la entidad —si bien tuvo un retraso en el pago del anticipo— lo cierto es que cumplió con el desembolso del 50% convenido en la cláusula segunda del contrato.

34. En efecto, de acuerdo con esta cláusula el contrato el valor del contrato era de $ 138 580 000, suma que debía ser cancelada de la siguiente forma: (i) un anticipo del 50% a la legalización del contrato entendiéndose como tal la aprobación de la póliza; (ii) 50% restante una vez el contratista haya hecho entrega del equipo objeto del contrato a entera satisfacción del departamento a través del interventor del mismo, pagos estos que se harán a través de la tesorería general del departamento.

35. Por manera que las partes, en el propio texto del negocio jurídico, de un lado, dejaron claro que habría un anticipo del 50% del valor total del contrato y, por otro, que la suma restante sería sufragada a la entrega del equipo objeto del contrato. En tal virtud, de la declaración conjunta consignada en la referida cláusula se desprende que las partes entendían que la forma de pago sería de esa manera.

36. A partir de la communis intentio (C.C., 1618) que aparece exteriorizada en el cuerpo de la cláusula segunda, se concluye que las partes tenían en claro que la forma de pago se haría de esa manera simple: una mitad como anticipo y otra restante con la entrega final del equipo por parte del contratista. O lo que es igual, no existía —como alega el recurrente— otra forma pactada que derivase de la oferta.

37. A este propósito la Sala reitera lo expuesto en torno al alcance de la hermenéutica contractual y la importancia que tiene determinar el significado que tuvo para las partes en su momento una cláusula contractual:

“El contenido de los artículos 1602 y 1618 del Código Civil Colombiano representa el principio y fin de la institución contractual, en atención a que la autonomía de la voluntad, en condición de fuente de derechos y obligaciones, se objetiva en el contrato y cobra desarrollo pleno cuando es interpretada y se le asignan efectos conforme a la intención común de los contratantes.

(...) Este principio de la interpretación de los contratos pertenece a una larga tradición jurídica que inicia en Roma (...), tiene un punto importante en la formulación que se hace bajo la racionalización jurídica de Domat (...) y, años más adelante, de Pothier (...), para finalmente incorporarse dentro de la normatividad en los códigos civiles expedidos en Europa (...) y en América Latina durante los siglos XIX y XX(16)”.

38. Por otro lado, no puede alegarse que en la propuesta(17) se previó la forma de pago y que a ella hay que atenerse. Es importante resaltar que no solo la cláusula segunda del contrato, como se vio, reguló de manera clara el asunto relativo a la forma de pago, sino que además de acuerdo con la cláusula primera, las condiciones del objeto (y solo respecto de este) se harían de conformidad con la propuesta(18) (fls. 5-10 y 112-115 cdno. ppal.). De modo que en este asunto las partes también acordaron darle un alcance limitado a la propuesta en relación con el contenido obligacional del negocio jurídico: el objeto del contrato y no su forma de pago, que ya aparece reglada en el texto del negocio jurídico. En tal virtud, aunque la propuesta habló de una forma diversa de pago (cartas de crédito) ello no entraña que las partes han debido estarse a lo allí pactado y, por ello, mal puede el contratista alegar un pretendido incumplimiento en este punto. En otros términos, las partes de común acuerdo, con posterioridad a la oferta, dentro del texto contractual decidieron una forma de pago distinta a la propuesta en la oferta y este pacto es lo que finalmente las obliga, habida consideración que constituye la expresión final y vinculante de su voluntad conjunta y congruente.

39. A este respecto, la Sala comparte los razonamientos del Ministerio Público en el sentido que el proceder del hoy accionante, merece reproche a partir de la teoría de los actos propios. En efecto, si el negocio jurídico fue suscrito sin objeción alguna y no se hizo observación a la forma de pago claramente allí acordada, no es lícito ahora invocar una forma de pago distinta. Llama la atención este cambio de actitud y de conducta, francamente contradictorio y por ello se reitera que si se acepta una forma de pago (mediante la declaración de voluntad), no le es dable luego desconocer lo pactado, pues riñe con la buena fe. Exigencia de fides prevista en el artículo 83 constitucional que retoma los artículos 1603 del Código Civil y 835 del Código de Comercio y postulado que debe presidir la interpretación de las reglas de contratación pública, al tenor de lo prescrito por el artículo 28 de la Ley 80 de 1993.

40. En el tráfico jurídico el ordenamiento reprocha, pues, el no mantener la palabra dada, el alejarse a la lealtad de lo acordado y por ello es preciso impedir venire contra factum propium, esto es, no es lícito ni tolerable hacer valer un derecho en contradicción con una conducta anterior:

“Si el contrato fue firmado por el contratista sin objeción alguna, hay que entender que aceptó la forma de pago en él plasmada, vale decir, ‘mediante presentación de cuenta de cobro acompañada del acta de recibo de la mercancía’ y que le es aplicable en consecuencia, la doctrina de los actos propios según la cual ‘a nadie es lícito venir contra sus propios actos’, lo cual le impedía demandar posteriormente derechos contractuales que debieron ser reclamados por el contratista en la debida oportunidad(19).

41. Tampoco le asiste razón al contratista cuando sostiene que el contrato adicional 01 al contrato de venta 108 de 1999 haya modificado la forma de pago, pues lo único que hizo —a instancias del hoy demandante— fue adicionar el valor del mismo en $ 10 858 000 sin que se hubiere pactado, como señaló la sentencia recurrida, un pago inmediato ni tampoco un porcentaje por concepto de “anticipo”.

42. Del mismo modo no son admisibles las consideraciones del actor en el sentido que al departamento le correspondía el pago total del valor del camión, cuando en conformidad con la cláusula primera del contrato de compra venta 108 de 1999 (fls. 11-13 y 105-107 cdno. ppal.), el objeto del contrato era la venta de un equipo recolector compactador de basuras “montado sobre camión”. Una vez entregado el anticipo (que como se vio fue entregado en su totalidad de acuerdo a lo acordado) el contratista tenía un plazo para cumplir con la entrega del bien objeto de compraventa, lo cual no tuvo lugar.

43. De acuerdo con lo anterior el contratista no dio cabal cumplimiento al contrato 108 de 1999, en tanto no obstante haber recibido la totalidad del anticipo, no cumplió con la entrega del equipo y por lo mismo no hay lugar a acceder a las pretensiones sobre indemnización de perjuicios. El contratista, de acuerdo con el escaso material probatorio, se abstuvo de cumplir la obligación alegando un pretendido incumplimiento por parte de la entidad, en lo que hace a la forma de pago, el cual —como se vio— no se configuró.

44. De suerte que el actor no logró demostrar en el proceso que hubiese cumplido con las obligaciones a su cargo y —muy por el contrario— se advierte que la entidad, aunque con un retraso, no se apartó de los dictados del negocio jurídico en cuanto refiere a la forma de pago del anticipo y quedó pendiente la entrega del equipo a cargo del contratista, quien, luego de alegar unos incrementos en los precios, pretendió que la entidad asumiera el pago a través de la carta de crédito de los mismos, no obstante que ya se le había sufragado el anticipo en las condiciones acordadas.

45. Ahora, la Sala(20) ha aceptado la aplicación de la excepción de contrato no cumplido —exceptio non adimpleti contractus—, prevista en el ordenamiento jurídico civil (C.C., art. 1609), en los contratos celebrados por la administración, para inhibir la potestad de declarar la caducidad del contrato, pero bajo ciertas condiciones particulares.

Excepción de contrato no cumplido en el ámbito de la contratación estatal

46. Como es sabido, el artículo 1609 del Código Civil prevé que en los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allane a cumplirlo en la forma y tiempo debidos. Norma que, además de regular la mora en los contratos bilaterales, que descansa en el aforismo con arreglo al cual “la mora de uno purga la mora del otro”, consagra la exceptio non adimpleti contractus, medio de defensa que puede invocar una de las partes del contrato cuando no ha cumplido porque la otra tampoco lo ha hecho, caso en el cual su conducta no es tomada como antijurídica.

47. Sin embargo, la jurisprudencia tiene determinado que esta institución en materia de contratos estatales debe ser armonizada con las reglas del derecho público. La exceptio non adimpleti contractus tiene lugar únicamente en aquellos contratos sinalagmáticos en que el incumplimiento imputable a la entidad pública sea grave, serio, determinante, trascendente y de gran significación, de manera que sitúe al contratista en una razonable imposibilidad de cumplir sus obligaciones, siendo en ese caso procedente que este la pueda alegar y suspender el cumplimiento de sus obligaciones(21).

48. En el sub examine, la Sala advierte que si bien se presentó un retraso en el pago de una parte menor del “anticipo”, este incumplimiento no tiene la entidad suficiente como para alterar la normal ejecución del negocio jurídico. En otros términos, al no demostrar el contratista demandante un incumplimiento serio, grave, determinante de la administración, que lo hubiese puesto en una razonable imposibilidad de cumplir, no podría alegar en su favor la excepción de contrato no cumplido.

49. Así las cosas, se tiene que, por una parte, la contratista ahora demandante no probó el cumplimiento de las obligaciones a su cargo y tampoco que hubiese mediado un incumplimiento de tal entidad por parte del departamento que lo hubiese puesto en condiciones de imposibilidad de cumplir, razón por la cual no proceden las condenas solicitadas en las pretensiones de la demanda; pero, por otra parte, tampoco acreditó un incumplimiento grave por parte de la entidad demandada.

50. En consecuencia, se confirmará la sentencia del tribunal a quo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia apelada, esto es, la proferida el 29 de agosto de 2002, por el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante la cual se decidió negar las súplicas de la demanda.

2. DEVUÉLVASE, en firme este proveído, el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Oficio Z-0366

(2) Según la regla prevista en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, por cuya inteligencia en los contratos se entienden incorporadas las leyes vigentes al momento de su celebración.

(3) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 30 de enero de 2013, Rad. 20001233100020000131001, Exp. 24.217, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(4) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 29 de agosto de 2012, rad.050012325000199401059, Exp. 21.315, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(5) Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 3 de julio de 1963: “La integridad está referida a la totalidad de la prestación debida, hecho o cosa; la efectividad, dice relación a solucionar la obligación en la forma pactada; y la oportunidad alude al tiempo convenido”.

(6) Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 22 de julio de 2009, Rad. 23001233100019970876301 (17.552), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(7) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 22 de julio de 2009, Exp. 17552.

(8) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 22 de julio de 2009, Exp. 17552.

(9) Artículo 1498 del C.C.: “El contrato oneroso es conmutativo, cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez...”.

(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 24 de febrero de 2005, Exp. No. 14.937. C.P. Germán Rodríguez Villamizar.

(11) El 19 de noviembre de 1999 contratista recibió el cheque del Banco Popular 6402 por valor de $ 53 000 000 como abono del anticipo del 50% del valor del contrato 108 de 1999 (el cual era de $ 69.290.000), relativo a la adquisición de un equipo recolector de basuras para el municipio de Bosconia (Cesar) según da cuenta el oficio de noviembre 23 de 1999 del contratista a la entidad (fls. 36-37 cdno. ppal.).

(12) En efecto, el 17 de marzo de 2000 “fue saneado el abono al anticipo (...) al contrato 108-1999, según da cuenta oficio A 0371 de septiembre 19 de 2000 suscrito por el hoy demandante dirigido a la gobernación (fls. 49-55 cdno. ppal.) y el propio escrito de demanda (ver párrafo 2.2 de esta providencia) lo reconoce.

(13) En oficio de 17 de noviembre de 1999 solicitaron que se incremente el valor del contrato en “la suma que es la diferencia de precio entre el valor cotizado a ustedes y el costo actual de los camiones” (fl. 34 ppal.). De otro lado, en oficio de 23 de noviembre de 1999, dirigido por Hidrotech al departamento (fls. 36-37 cdno. ppal.)., se indicó que “solicitamos a Usted, la cancelación de los saldos pendientes, para poder dar cabal cumplimiento a los términos de entrega consagrados en la referida cláusula tercera (...) sugerimos: la elaboración de un otrosí que nos permita causar los dineros recibidos como avances de los contratos 108 y 112, cuyo valor es la suma de $ 93’000.000 en la fabricación y montaje del equipo recolector de basura para el municipio de Bosconia; contando con su aceptación dicho equipo estaría terminado antes de finalizado el año y les daría tiempo para reunir los dineros restantes de los anticipos “. En sentido similar obra oficio de diciembre 6 de 1999 en el que se insiste en la necesidad de recibir los dineros faltantes y en la elaboración del otro sí al que alude la comunicación de noviembre 23 (fl. 39 cdno. ppal.). Igualmente en oficio de enero 20 de 2000 vuelve a plantear la necesidad de pago del saldo por concepto de anticipo y la elaboración de un otrosí “para aumentar el valor contratado” y proceder a la cancelación de la respectiva cantidad de dinero (fl. 40 cdno. ppal.). Del mismo modo mediante oficio de 10 de marzo de 2000 (fls. 41-42 cdno. ppal.) el contratista informa a la entidad contratante que: “con fecha 3 de noviembre de 1999, mandamos vía fax (...) el Oficio Z-0508 el aumento en los precios de los camiones sobre los cuales van montados los equipos de la referencia, dicho precio es la suma de $ 80.700.000 con lo cual se presenta un sobreprecio de $ 15.700.000 con referencia al precio cotizado por nosotros el cual fue de $ 65.000.000. La compañía representante de los vehículos, en forma espontánea, nos dio un precio especial (...) El día 17 de noviembre de 1999 presenté a Ustedes en sus oficinas de Valledupar, un oficio solicitándoles la elaboración de los respectivos otrosí (...), con el fin de lograr la cancelación de dichas diferencias de precio.

A la fecha no se ha llevado a cabo la elaboración de los otrosis (sic), ni se ha cancelado los dineros respectivos. Por lo tanto, comedidamente solicito a ustedes su colaboración, para que dicho trámite sea realizado con la mayor celeridad y así poder adquirir los camiones y proceder a montar las cajas compactadotas que ya están elaboradas en nuestra planta de Bogotá (...)”.

(14) En el mismo sentido mediante Oficio A 0289 de 14 de julio de 2000 solicitó el estudio jurídico de documento de pago (carta de crédito-aceptación bancaria) endosable a GM Colomotores, “para el efecto, nos remitimos a nuestra propuesta Z-0366, forma de pago con carta de crédito” la cual —aduce— según la cláusula primera del contrato forma parte integrante del mismo. Y al concluir señaló: “Atentos a su aprobación jurídica u otrosí a los contratos como mecanismo de pago transferible” (fl. 45 cdno. ppal.). En sentido similar obra oficio de 4 de agosto de 2000 (fl. 46 cdno. ppal.)

(15) En este caso “anticipándose” a “que se apruebe la reforma tributaria solicitada por el gobierno nacional, la cual cursa y que deroga exención existente al impuesto a las ventas”.

(16) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 30 de junio de 2011, Exp. 38.619, rad. 11001-0326-000-2010-00024-00, Convocante: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, Convocado: Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla, Naturaleza: Recurso de Anulación de Laudo Arbitral, C.P. Ponente: Danilo Rojas Betancourth.

(17) Al tenor de la propuesta: “Gustosamente presentamos a su consideración, oferta para suministro de equipo utilizado en aseo urbano, recolector de basura, tipo compactador, cargue trasero y descargue por caja expulsora, marca Hydrotech, modelo HRC 16 Yardas cúbicas, capacidad 16 Y³ de basura compactada igual a 10.500 kgs, montado sobre camión a elección del cliente similar o de características a camión Ford 8000/Kodiak, eje trasero sencillo.

El equipo HRC 16Y³ Hydrotech recolector y opcionalmente con capacidad de autocargarse cajas estacionarias de 2 Y³ y con gran capacidad receptora de basuras y elementos anchos es la Super-Estructura que revierte su inversión, es económico, comercial, da servicio industrial de recolección de basuras municipales.

El cuerpo o caja es del tipo recolector compactador municipal. Esta serie cumple con los estándares ambientales y sanitarios de la legislación colombiana. Está habilitado para recoger automáticamente los desechos contaminantes vaciándose a si mismo las cajas estacionarias evitando el contacto directo con la basura; su tolva de recogido es suficientemente amplia abarcando todo el ancho de la unidad permitiendo recibo de elementos voluminosos como muebles, cajas, bultos, etc.; mas bolsas domiciliarias u otros objetos para ser depositados manualmente, en diseño ergonómico.

El sistema de compactación es accionado hidráulicamente por comandos localizados en parte posterior del recolector así como la función de descargue la cual es promovida por placa eyectora y el sistema de elevación (...)

Especificaciones técnicas [a continuación se detalla las características del equipo

(...) Condiciones comerciales [se alude a la forma de pago]”.

(18) Oficio Z-0366.

(19) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 3 de febrero de 2000, Rad. 10399, CP Ricardo Hoyos Duque.

(20) Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera (Subsección B), sentencia de 23 de febrero de 2012, rad. 05001-23-25-000-1992-0584-01(21.317), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(21) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de enero 31 de 1991, Exp. 4739, C.P. Julio César Uribe Acosta; septiembre 15 de 1983, Exp. 3244; junio 25 de 1987, Exp. 4994, C.P. Jorge Valencia Arango; mayo 15 de 1992, Exp. 5950, CP Daniel Suárez Hernández; enero 17 de 1996, Exp. 8356; marzo 15 de 2001, Exp. 13415, C.P. Ricardo Hoyos Duque; abril 13 de 1999, Exp. 10131; febrero 21 de 1992, Exp. 5857, CP Carlos Betancur Jaramillo; octubre 17 de 1995, Exp. 8790; septiembre 14 de 2000, Exp. 13530, C.P. Ricardo Hoyos Duque; febrero 16 de 1984, Exp. 2509, C.P. José Alejandro Bonivento Fernández; septiembre 13 de 2001, Exp. 12722, C.P. María Elena Giraldo Gómez; abril 25 de 2005, Exp. 14393, C.P. Germán Rodríguez Villamizar; abril 14 de 2005, Exp. 28.616, C.P. Germán Rodríguez Villamizar; 21 de febrero de 2011, Exp. 16.105, entre otras.