Sentencia 2001-01322 de octubre 9 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Rad. 07001-23-31-000-2001-01322-01(28764)

Expediente: 28764

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Actores: Inés Teresa Montaña Robles y otros

Demandados: Municipio de Arauca y Cooperativa Araucana de Transportes Ltda.

Naturaleza: Reparación directa

Bogotá, nueve de octubre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

7. Por ser la demandada una entidad del orden municipal, el presente asunto es de conocimiento de esta jurisdicción, de conformidad con el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo.

8. La Corporación tiene competencia para conocer del asunto en razón del recurso de apelación incoado por la parte demandada, en un proceso con vocación de segunda instancia según el Decreto 597 de 1988, dado que la cuantía de la demanda, fijada por el valor de la mayor de las pretensiones, supera la exigida por la norma para el efecto(1).

9. La acción de reparación directa establecida en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo es la procedente en este caso, por cuanto las pretensiones de la demanda van encaminadas a la declaratoria de responsabilidad del Municipio de Arauca y la Cooperativa Araucana de Transportes Ltda. por acciones y omisiones que, según la parte actora, causaron la muerte de la señora Inés Robles de Montaña y lesiones a Inés Teresa Montaña Robles y Javier Santiago Moreno Montaña.

10. Interesa recordar que, de acuerdo con el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, la Sala debe limitarse a analizar los aspectos de la sentencia de primera instancia que el impugnante cuestiona en el recurso de apelación(2) o aquellos que son “consecuenciales, accesorios o derivados del aspecto de la sentencia que fue recurrido”(3). Sobre este punto, la Sala ha aclarado que el juez de segundo grado no puede determinar libremente lo desfavorable al recurrente ni enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso(4).

11. En cuanto a la legitimación en la causa por activa, se probaron los lazos de parentesco entre los afectados directos Inés Robles de Montaña, Inés Teresa Montaña Robles y Javier Santiago Moreno Montaña, con los demás demandantes en el presente caso(5).

12. Sobre la legitimación en la causa por pasiva, es necesario analizar si el Cuerpo de Bomberos de Arauca pertenece al Municipio de Arauca, como lo sostiene la parte actora, o si, como lo decidió el Tribunal, se trata de una institución sin ánimo de lucro ajena a la administración pública.

12.1. Para determinar la naturaleza jurídica del Cuerpo de Bomberos del Municipio de Arauca, es preciso acudir a la Ley 322 de 1996, “por la cual se crea es Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se dictan otras disposiciones”, vigente al momento de los hechos(6), que establece que los cuerpos de bomberos son “asociaciones cívicas sin ánimo de lucro creadas por los consejos municipales o distritales, que tienen el deber de prevenir y controlar los incendios y demás calamidades, como un servicio público esencial a cargo del Estado:

“ART. 2º—La prevención y control de incendios y demás calamidades conexas a cargo de las instituciones bomberiles, es un servicio público esencial a cargo del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional, en forma directa o por medio de los cuerpos de bomberos voluntarios. (...).

Es obligación de los distritos, municipios y entidades territoriales indígenas la prestación del servicio a través de los cuerpos de bomberos oficiales o mediante la celebración de contratos para tal fin, con los cuerpos de bomberos voluntarios. (...).

ART. 7º—Las instituciones organizadas para la prevención y atención de incendios y demás calamidades conexas se denominan cuerpos de bomberos. Son cuerpos de bomberos oficiales los que crean los concejos distritales, municipales y quien haga sus veces en las entidades territoriales indígenas para el cumplimiento del servicio público a su cargo en su respectiva jurisdicción.

Los cuerpos de bomberos voluntarios son asociaciones cívicas, sin ánimo de lucro, de utilidad común y con personería jurídica, reconocidos como tales por la autoridad competente, organizadas para la prestación del servicio público de prevención y atención de incendios y calamidades conexas. (...).

PAR.—Para la creación de los cuerpos de bomberos oficiales y la contratación con los cuerpos de bomberos voluntarios, se requiere concepto técnico previo favorable de la delegación departamental o distrital respectiva”.

12.2. Al respecto, la Corte Constitucional ha manifestado:

“a) La prevención y control de incendios es un servicio público a cargo del Estado.

b) A nivel municipal este servicio público se presta de forma directa, por medio de cuerpos de bomberos oficiales, o de forma indirecta, por medio de cuerpos de bomberos voluntarios.

c) Los cuerpos de bomberos oficiales son creados por los consejos municipales.

d) Los cuerpos de bomberos voluntarios son asociaciones cívicas de utilidad común, sin ánimo de lucro, y que no persiguen propiamente fines económicos, pero no son una simple asociación privada o un club recreacional sino que desarrollan un servicio público de importancia y riesgo. Se regulan según su acto de constitución, pero deben ajustarse a los requisitos especiales establecidos en la ley. Prestará sus servicios en virtud de contratos con el municipio”(7).

12.3. En el presente caso, el Consejo Municipal de Arauca creó el Cuerpo de Bomberos Voluntarios mediante el Acuerdo 2 de 1974 (f. 181, c. 2):

“EL CONSEJO MUNICIPAL DE ARAUCA

En uso de sus atribuciones legales

ACUERDA:

ART. 1º—Créase el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Arauca.

ART. 2º—Nómbrase un Comité Organizador del Cuerpo de Bomberos Voluntarios compuesto así:

a) Por el Alcalde Municipal de Arauca.

b) Por el Personero Municipal.

c) Un Delgado del H. Consejo Municipal.

d) Un Delegado del señor Intendente de Arauca.

e) Un representante de los Bancos locales.

f) Un representante del Comercio.

e) Un representante de los Ganaderos”.

12.4. Posteriormente, en el Acuerdo 8 de 1979, “por el cual se hace un Aporte al Cuerpo de Bomberos de Arauca”, el Consejo Municipal señaló que el Cuerpo de Bomberos de Arauca “es una institución eminentemente cívica, sin ánimo de lucro, creada con el propósito esencial de prestar sus servicios a la comunidad araucana, debe considerarse como la entidad que, a no dudarlo, es acreedora a que el Municipio le haga un nuevo aporte económico, con miras a que lleve a buen término su propia organización y cuente con medios para atender sus gastos de administración” (f. 194, c. 2).

12.5. Más tarde, mediante el Acuerdo 12 de 1984, el Concejo Municipal de Arauca creó el Consejo Directivo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Arauca, compuesto por el Alcalde Municipal, el Personero Municipal, el Intendente o su delegado, un delegado de los comerciantes y un delegado del Consejo Municipal, y se le asignó la función nombrar su propia directiva y aprobar los estatutos y reglamentos que regirían la institución (f. 188, c. 2).

12.6. Por último, la Secretaría de Apoyo a la Administración del Municipio de Arauca certificó que, según el Decreto 151 de 2001 y la Resolución 611 de 2001, el Cuerpo de Bomberos del Municipio de Arauca hace parte de la Secretaría de Gobierno Municipal (f. 328, c. 4).

12.7. En vista de lo anterior, la Sala concluye que si bien los cuerpos de bomberos fueron designados nominalmente como “instituciones cívicas sin ánimo de lucro” por disposición legal, lo cierto es que son creados por los concejos municipales o distritales mediante acuerdos. La denominación parece hacer referencia a la gratuidad y el desinterés con los que debe prestarse el servicio público de prevención y control de incendios.

12.8. En el caso que nos ocupa, el Cuerpo de Bomberos de Arauca fue creado por el Consejo Municipal de Arauca mediante el Acuerdo 2 de 1974, que además creó un Comité Organizador del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del que hacen parte las principales autoridades del municipio. Después, en 2001, al modificarse las dependencias de la administración municipal, se consideró al Cuerpo de Bomberos de Arauca como parte de la Secretaría de Gobierno Municipal, es decir, como un ente dependiente de la estructura administrativa del Municipio(8).

12.9. Ahora bien, incluso si el Cuerpo de Bomberos de Arauca no hiciera parte de la Secretaría de Gobierno Municipal, esta situación no eximiría de responsabilidad al Municipio, pues, como ya se dijo, al ente territorial le corresponde velar por la correcta prestación del servicio público esencial de prevención y control de incendios, a cargo de los cuerpos de bomberos. Aunque la función sea cumplida por cuerpos voluntarios, la administración debe responder por los daños causados en el ejercicio de esa actividad.

12.10. Al respecto, la Sección ha sostenido que los cuerpos de bomberos son entidades de utilidad pública que cumplen funciones de policía y que, al ser el alcalde municipal la primera autoridad de policía del municipio(9), a la entidad territorial le corresponde la guarda del servicio de bomberos, aun cuando el servicio sea prestado por cuerpos voluntarios(10). La razón de ser de esta determinación radica en que la prevención y control de incendios es esencial para garantizar la seguridad, tranquilidad y salubridad pública, función que corresponde a la primera autoridad municipal(11).

12.11. En consecuencia, el Municipio de Arauca está legitimado para ser parte pasiva en este proceso, no solo porque el Cuerpo de Bomberos de Arauca hace parte de la Secretaría de Gobierno Municipal, sino porque al ente territorial le corresponde velar por la prestación del servicio público.

13. En lo atinente a la caducidad de la acción, la Sala comprueba que en el presente caso no opera tal fenómeno, dado que las lesiones a Inés Teresa Montaña Robles y Javier Santiago Moreno Montaña y la muerte de la señora Inés Robles de Montaña, tuvieron lugar el 3 y el 8 de marzo de 1999, respectivamente, y la demanda se interpuso el 27 de febrero de 2001, es decir, dentro del término legal de dos años que establece para tal efecto el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

II. Problema jurídico

14. La Sala debe determinar si la muerte de la señora Inés Robles de Montaña y las lesiones causadas a Inés Teresa Montaña Robles y Javier Santiago Moreno Montaña son hechos imputables jurídica o fácticamente al Municipio de Arauca y/o la Cooperativa Araucana de Transportes Ltda. En caso de establecerse dicha responsabilidad, se procederá a hacer la respectiva liquidación de los perjuicios a indemnizar a los afectados.

III. Validez de los medios de prueba

15. Según el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al proceso contencioso de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, las pruebas practicadas en un proceso judicial podrán trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciables sin formalidades, “siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”.

15.1. Sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada de la Corporación, las pruebas recaudadas en un proceso distinto pueden ser valoradas dentro del proceso contencioso administrativo, aunque no hayan sido practicadas a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella, ni hayan sido objeto de ratificación, si las dos partes solicitan su traslado o el mismo se da con la anuencia de ellas, pues se ha entendido que es contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que las pruebas pertinentes hagan parte del acervo probatorio, pero que en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión(12).

15.2. En este caso, la parte actora solicitó expresamente en el escrito de demanda que se oficiara al juzgado municipal o fiscalía para que remitieran copias de la investigación penal adelantada con ocasión del accidente del 3 de marzo de 1999 y copias del proceso de reparación directa Nº 2000-263, iniciado por Ramón Orlando Linares Alvarado contra el Municipio de Arauca (f. 35, c. 1). El Municipio de Arauca, al contestar el libelo introductorio, se adhirió a las pruebas aportadas y solicitadas por la parte demandante, con lo cual aceptó la remisión de copias estos procesos (f. 176, c. 1).

15.3. En atención a estas solicitudes, el Tribunal a quo decretó las pruebas (f. 183-185, c. 1) y exhortó a las autoridades requeridas para la remisión de las copias de los procesos (f. 18-21, c. 2). En cumplimiento de esta orden, la Fiscalía Segunda Delegada ante los Jueces de Circuito remitió copias del proceso penal respectivo (f. 220-352, c. 2). También se encuentra la copia del proceso de acción de reparación directa Nº 2000-263 (f. 32-96, c. 2).

15.4. En relación con los medios probatorios trasladados del trámite penal, solo las declaraciones rendidas bajo la gravedad del juramento pueden ser apreciadas libremente por esta Corporación, toda vez que se trata de pruebas testimoniales recogidas con la rigurosidad exigida por los artículos 213 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

15.5. Por lo tanto, no serán valoradas las indagatorias de Ramón Orlando Linares Alvarado (f. 341-344, c. 2) y José Miguel Leal Díaz (f. 310-314, c. 2), puesto que son versiones libres de los hechos vertidas sin el apremio del juramento, que no reúnen las características del testimonio(13).

15.6. En todo caso, serán tenidos en cuenta los testimonios rendidos en el curso del proceso Nº 2000-263 y en el desarrollo de esta controversia.

16. Finalmente, de acuerdo con el artículo 212 del Código Contencioso Administrativo, la solicitud de pruebas en segunda instancia solo puede hacerse dentro del término de ejecutoria del auto que admite el recurso de apelación de la sentencia, y para su práctica se otorga un término de 10 días, luego de lo cual se ordena correr traslado a las partes por el término común de 10 días para alegar de conclusión. Por lo tanto, los documentos suscritos por la Secretaría de Apoyo a la Administración Municipal y la Oficina Asesora Jurídica del Municipio de Arauca, adjuntos a los alegatos de conclusión en segunda instancia (f. 356-360, c. 2), no serán apreciados por haberse aportado de manera extemporánea.

IV. Hechos probados

17. De acuerdo con las pruebas incorporadas a este expediente, están acreditados en el proceso los siguientes hechos relevantes:

17.1. El 3 de marzo de 1999, aproximadamente a las tres de la tarde, en la intersección de la carrera 22 con la calle 23, en el municipio de Arauca, se produjo una colisión entre el vehículo de bomberos Nº 2 de propiedad del Municipio de Arauca, conducida por José Miguel Leal López, y el taxi conducido por Ramón Orlando Linares Alvarado, cuyos pasajeros eran Inés Robles de Montaña, Inés Teresa Montaña Robles y Javier Santiago Moreno Montaña (informe del accidente de tránsito —f. 223-225, c. 2—).

17.2. Este accidente le produjo a la señora Inés Robles de Montaña un trauma craneoencefálico y diversas lesiones corporales que finalmente le causaron la muerte el 8 de marzo de 1999 (protocolo de necropsia —f. 279-281, c. 2—; registro civil de defunción —f. 43, c. 1—; acta de levantamiento de cadáver —f. 274-277, c. 2—; informe fotográfico de la inspección judicial —f. 283-285, c. 2—).

17.3. El mismo hecho le produjo a Javier Santiago Moreno Montaña un trauma craneoencefálico leve y un trauma facial, sin que le haya causado una pérdida de su capacidad laboral (f. 208-211, c. 2). El Instituto Nacional de Medicina Legal le reconoció incapacidad provisional de 8 días (f. 236, c. 2).

17.4. La señora Inés Teresa Montaña Robles sufrió la fractura abierta del húmero izquierdo con cicatriz de 12 cm. de longitud. El Instituto Nacional de Medicina Legal le reconoció incapacidad provisional de 50 días (f. 234, c. 2), y la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Arauca estableció que su pérdida de la capacidad laboral fue del 30.65% (f. 212-216, c. 2).

17.5. El vehículo de servicio público marca Daewoo de placas XZK-007, color amarillo, era propiedad de Manuel Vicente Rayo Martínez y operado por la Cooperativa Araucana de Transportes Ltda. (licencia de tránsito —f. 256, c. 2—; tarjeta de operación —f. 255, c. 2—; registro de propiedad —f. 257, c. 2—).

17.6. Con ocasión de estos hechos, el 11 de marzo de 1999, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal ordenó la apertura de proceso penal contra José Miguel Leal López, conductor del vehículo de bomberos (f. 241, c. 2). El 13 de febrero de 2001, la Fiscalía Segunda Delegada ante los Jueces del Circuito resolvió su situación jurídica y se abstuvo de imponer en su contra medida de aseguramiento, luego de considerar que la violación de las normas de tránsito por parte de la máquina de bomberos no fue la causa del accidente; agregó que los bomberos están autorizados para omitir las normas de tránsito cuando deban atender una emergencia; en ese sentido, consideró que el causante del accidente fue el taxi al no ceder el paso al vehículo de bomberos (f. 115-126, c. 2).

V. Análisis de la Sala

18. En primer lugar, la Sala encuentra probado el daño invocado en la demanda, pues la muerte de la señora Inés Robles de Montaña, ocurrida el 8 de marzo de 1999 en el Hospital Erasmo Meoz de la ciudad de Cúcuta, y las lesiones sufridas por Inés Teresa Montaña Robles y Javier Santiago Moreno Montaña el 3 de marzo de 1999, causadas como consecuencia del accidente de tránsito consistente en la colisión del taxi de servicio público en que se transportaban y el vehículo de bomberos Nº 2 del Cuerpo de Bomberos de Arauca, son hechos plenamente demostrados en el proceso.

18.1. En el informe de necropsia levantado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Seccional Norte de Santander, se describen las lesiones sufridas por Inés Robles de Montaña y se concluye que su muerte se debió a un trauma craneoencefálico y politraumatismo, con múltiples fracturas costales y hematoma encefálico (f. 95-96, c. 1):

“Cadáver de sexo femenino, adulto, de contextura robusta, según acta de levantamiento sufrió accidente de tránsito, al colisionar el vehículo en que viajaba (taxi) contra carro de bomberos en Arauca de donde fue remitida, ingresa al Hospital Erasmo Meoz el 04-03-99 con diagnóstico de trauma cráneo encefálico severo y fallece el 08-03-99, diagnóstico definitivo trauma craneoencefálico severo, contusión tallo cerebral, fractura húmero derecho”.

18.2. Así mismo, en el acta de inspección de cadáver (f. 274-277, c. 2) y en el informe fotográfico (f. 283-285, c. 2) emanados del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, se registró que la señora Robles de Montaña falleció como consecuencia del accidente de tránsito ya citado.

18.3. Igualmente, está demostrado que Inés Teresa Montaña Robles sufrió lesiones con ocasión del accidente. La Junta Regional de Calificación de Invalidez de Arauca dictaminó: “Secuelas por fractura abierta del humero izquierdo (Accidente de tránsito 3-3-99) con cicatriz de aproximadamente 12 cm” y estimó la pérdida de su capacidad laboral en 30.65% (f. 214, c. 2).

19. En relación con Javier Santiago Moreno Montaña, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Arauca manifestó: (f. 210, c. 2):

“1) Trauma facial sin secuelas.

2) Trauma cráneo encefálico leve (según HC 3-3-99 por accidente de tránsito). Según TAC cerebral simple y lectura que dice: “La morfología y los índices de atenuación parenquimatosos cerebrales son de aspecto normal. El tamaño y morfología de los ventrículos es normal, no se detectan desplázatenos de línea media, ni colecciones líquido intra-axiales. En los cortes con ventana o sea no se observa signos de lesión o sea traumática”.

Opinión: TAC cerebral simple dentro de límites normales”.

20. El accidente de tránsito en la carrera 22 con calle 23 en el municipio de Arauca consistió en la colisión ente el taxi de servicio público en el que se movilizaban Inés Robles de Montaña, Inés Teresa Montaña Robles y Javier Santiago Moreno Montaña, afiliado a la Cooperativa Araucana de Transportadores y conducido por Ramón Orlando Linares Alvarado, y el carro de bomberos Nº 2 del Cuerpo de Bomberos de Arauca, adscrito a la Secretaría de Gobierno Municipal y operado por José Miguel Leal López.

21. En relación con el vehículo de bomberos, de marca Chevrolet C70-189, modelo 1990, color rojo, es preciso aclarar que si bien no se registra en el expediente la tarjeta de propiedad de la máquina, las pruebas que obran en el proceso permiten establecer que el vehículo se encontraba bajo la guarda y el control del Municipio de Arauca.

21.1. El informe de accidente indica que el carro de bomberos era operado por “Bomberos Voluntarios”, que el propietario era el Municipio de Arauca y reconoce al señor José Miguel Leal López como maquinista del cuerpo de bomberos (f. 223-225, c. 2). Las demandadas no pusieron en duda el hecho esgrimido por la parte demandante, según el cual el vehículo de bomberos era de propiedad del Municipio de Arauca y su conductor era un bombero que hacía parte del cuerpo de bomberos de la ciudad.

21.2. Además, ningún testigo ha negado tales vínculos; por el contrario, los declarantes dan por hecho que la máquina de bomberos estaba a cargo del Cuerpo de Bomberos de Arauca o del Municipio de Arauca. Así se puede observar en los testimonios de Pedro Julián Manosalva Castañeda (f. 87-89, f. 347-348, c. 2), Gerardo Peinado Barrientos (f. 90-92, c. 2), Jorge Alberto Reyes Cadena (f. 12-15, c. 2), Carlos Alberto Osorio (f. 296-298, c. 2; 13-17, c.3), Dennys Alfonso Pérez (f. 299-301, c. 2; 28-30, c. 3), José Miguel Leal López (f. 310-314, c. 2; f. 7-12, c. 3), Ramón Orlando Linares Alvarado (f. 93-96, c. 2; f. 38-41, c. 3) y Alfonso Rafael Delgado Danello (f. 23-26, c. 3).

21.3. Incluso si se aceptara, en gracia de discusión, que el vehículo era de uso particular, lo cierto es que con este se prestaba un servicio público, de modo que es posible estudiar el asunto bajo el régimen de responsabilidad objetivo, si se tiene en cuenta que la jurisprudencia ha establecido:

“Cuando un automóvil o un arma de propiedad particular se utilizan temporalmente para la prestación de un servicio público, el régimen aplicable para resolver las demandas que se presenten contra el Estado será el de presunción de responsabilidad, ya que el fundamento para darle ese tratamiento jurídico no deviene del carácter oficial del bien sino de su naturaleza que implica un riesgo considerable que las víctimas no están en la obligación de soportar”(14).

22. Con el fin de establecer si los daños probados en el expediente —la muerte de la señora Inés Robles de Montaña y las heridas sufridas por Inés Teresa Montaña y Javier Santiago Moreno Montaña— son imputables a las demandadas o si, por el contrario, se presenta alguna causal eximente de responsabilidad, es preciso esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo el hecho, a partir del material probatorio.

22.1. El informe de accidente de tránsito suscrito por la Dirección General de Transporte y Tránsito Terrestre indica, sobre las características de las vías, que eran rectas, planas y en buen estado. La vía en que transitaba la máquina de bomberos, la calle 23, era de un carril de un sentido. La vía en que transitaba el taxi, la carrera 22, era de dos carriles, de doble sentido. Con respecto a las condiciones del lugar, dice que hacía tiempo seco y que la zona tenía buena iluminación. El momento de ocurrencia del accidente fue a las tres de la tarde y seis minutos (f. 224, c. 2).

22.2. Sobre la forma en que ocurrieron los hechos, el señor José Miguel Leal López, quien conducía el carro de bomberos, manifestó que recibió la orden de atender un incendio, que salió en el vehículo con las luces y la sirena encendidas; señaló que transitaba por la calle 23 a 70 kilómetros por hora, aproximadamente, y que a la altura de la carrera 22 disminuyó la velocidad a 40 kilómetros por hora, cuando pasó un taxi que no alcanzó a ver y, sin poder evitarlo, lo golpeó con el bumper en el costado derecho, en sentido norte-sur, lanzándolo hacia un poste que había cerca; agregó que el taxi iba a 50 kilómetros por hora; afirmó, finalmente, que si bien la calle 23 tiene una señal de “pare”, no la atendió porque los demás vehículos deben darle la vía al carro de bomberos (f. 8-11, c. 3):

“El comandante de guardia sonó el teléfono a las tres de la tarde y me dijo prepare el carro que hay un incendio en la calle 18 con carrera 25, se está quemando una casa, prenda las luces, sirena, todo lo que pertenezca al carro de bomberos, llegando a la carrera 22 medio paré el carro y seguí y en el momento en que miré no vi nada y cuando ya le doy, arranca el carro duro, veo cuando el señor taxista se pasó y cuando él trata de pasar primero que yo, ahí hubo el choque enseguida, pero como el carro es tan pesado, se llevó el carro hasta el poste. Ahí tuve el choque, estaba la sirena prendida, y me puse a auxiliar a los heridos, volví y me monté porque un agente de policía me dijo que apagara la sirena por tanto ruido y porque había mucha gente sacando a los heridos, sacaron las dos señoras del carro, se las llevaron en la ambulancia para el hospital y ahí quedamos sacando al niño que estaba prendido con el bomper del carro, perdimos un buen rato porque estaba prensado y estaba más herido, sangrando, nos ayudaron unos señores de Enelar y se lo llevaron para el hospital, y el chofer del taxi también sufrió golpes, quedó también prensado, cuando ya pasó todo le preguntamos al chofer que si era que venía con los vidrios cerrados y el aire prendido, porque esa sirena la escucharon hasta el Sena, es decir, por el parque al lado de Los Libertadores. (...).

Preguntado: Diga si Usted recuerda aproximadamente a qué velocidad se dirigía para el momento en que se presentó el accidente. Contestó. Como a 40 kilómetros por hora, yo veía más duro, pero como dije disminuí la velocidad, porque si no, no queda nadie vivo, porque el carro es grande y el otro es pequeño. Preguntado. Diga si Usted sabe a qué velocidad está permitido conducir para los momentos de atender emergencia en el área urbana de la ciudad. Contestó. Están permitidos 70 kilómetros por hora por los reglamentos de tránsito, esto puede ser por un carro de bomberos, ambulancia, Cruz Roja. (...).

Preguntado: Usted le manifestó al despacho que atendiendo la recomendación del jefe de bomberos prendió las luces y accionó la sirena. Existe la afirmación de que el vehículo de bomberos no tenía activada la sirena. Qué puede decir al respecto. Contestó: El que dice eso está mintiendo, la sirena estaba prendida. (...).

Preguntado: A qué velocidad en promedio cree que transitaba el taxi. Contestó: Yo creo que ese carro iba a una velocidad de 50 kilómetros. Preguntado. Usted nos dice que disminuyó la velocidad de aproximadamente de 70 kilómetros por hora a 40, y que, frenó cuando vio el taxi, qué explicación puede dar al hecho de que en el croquis levantado por las autoridades de tránsito no registren ninguna huella de frenada. Contestó. Sería que los agentes de tránsito y de policía no se dieron cuenta del quemón de las llantas porque ahí estaban pintadas. (...)

Preguntado: En la calle 23 existe alguna señalización y de qué clase. Contestó: Está el pare. Preguntado: Usted observó en qué venía el taxi, un poco hacia la izquierda o la derecha de la línea divisoria de la carrera. Contestó: Vuelvo y lo repito, no lo alcancé a ver. Preguntado: Por qué no hizo el pare. Contestó: Porque cuando uno va en un carro de bombero, con la sirena prendida y luces prendidas, el que tiene que hacer el pare es el carro que viene y tienen que darle la vía al carro de la sirena”.

22.3. Por su parte, Ramón Orlando Linares Alvarado, conductor del taxi accidentado, manifestó que estaba conduciendo el taxi por la carrera 22 del municipio de Arauca, por el carril derecho, sentido sur-norte, a una velocidad aproximada de 25 o 30 kilómetros por hora, cuando al llegar a la calle 23 se estrelló con el carro de bomberos (f. 94-95, c. 2):

“Pregunta Nº 8. Manifiéstele al despacho en qué dirección y sentido venía conduciendo usted el taxi de su propiedad para el momento en que se presentó el accidente ya conocido. Contestó: Yo iba en dirección carrera 22 con calle 23, carril derecho, sentido sur norte. Pregunta Nº 9. Manifiéstele al Despacho si momentos antes de la ocurrencia del accidente Usted escuchó la sirena o alarma del carro de bomberos. Contesto. Negativo, no se oyó ni alarma ni advertencia por la frecuencia interna que nosotros tenemos. Pregunta Nº 10. El señor Gerardo Pinado, citado como testigo por la parte demandante en declaración testimonial anterior afirmó varias veces que antes del accidente había escuchado la sirena. Qué nos puede decir usted sobre ese punto. Contestó. Bueno, con lo que el señor dice ahí no sé dónde estaría él en ese momento, pero en lo que a mí concierne, no oí la sirena. Pregunta Nº 11. Manifiéstele al despacho si usted recuerda aproximadamente a qué velocidad venía conduciendo el vehículo instantes anteriores a la ocurrencia del accidente. Contestó: Exactamente la velocidad no me acuerdo, pero el promedio era de 25 a 30 kilómetros por hora, que es el promedio exigido para el nivel urbano”.

22.4. La señora Inés Teresa Montaña, que iba a bordo del vehículo de servicio público, expresó que escuchó la sirena del carro de bomberos solo un instante antes de colisionar con el mismo; agregó que el taxi “llevaba la vía” y que iba a una velocidad normal; por último, consideró que el taxista fue imprudente al calcular que alcanzaba a cruzar la intersección, y que el carro de bomberos lo fue también al no aminorar la marcha (f. 293-294, c. 2):

“Nosotros agarramos el taxi en la Iglesia Santa Teresita, íbamos para el barrio Córdoba a la carpintería El Martillo, él cogió por la carrera 22, que es la de Enelar, y en eso venía el carro de bomberos, nosotros íbamos por toda la carrera y el carro de bomberos venía por la calle 23, el taxista llevaba la vía, yo escuché la sirena y volteé a mirar, ya vi fue el carro encima, y no supe de más porque yo quedé inconsciente, yo miraba a la gente que se asomaba, pero la miraba borrosa, no escuchaba nada, veía que el niño lloraba pero no lo escuchaba, de ahí no recuerdo más. (...)

Preguntado: Indique a qué velocidad se desplazaba el carro de servicio público, en el cual usted iba. Contestó: Yo lo veía que iba como normal, ni rápido ni despacio. Preguntado: Indique a qué horas ocurrió dicho accidente. Contestó: Eso iba a ser como las tres de la tarde, había buena visibilidad en ese lugar, estaba haciendo buen día, el sol estaba despejado. Preguntado: Diga cuál de los vehículos llevaba la vía. Contestó: El taxista iba por toda la carrera, el otro venía por la calle. Preguntado: En qué momento usted escuchó la sirena del vehículo de bomberos. Contestó: Yo escuché la sirena y volteé a mirar y vi el carro ya encima, de pronto si yo la hubiera escuchado más antes uno hubiera preguntado viene el carro de bomberos, qué pasaría. Preguntado: Indique usted si tiene conocimiento cuál cree que fue la causa del accidente. Contestó: Yo el concepto que tengo del taxista es que él de pronto pensó yo alcanzo a pasar y ahí fue donde ocurrió el accidente, no alcanzó porque tal vez los bomberos le traían más ventaja, a bomberos no los disculpo porque por más emergencia que llevara tenía que hacer un semipare, por eso a ninguno de los dos los disculpo”.

23. A lo largo de esta controversia se han planteado varias discusiones: si el taxi de servicio público y el vehículo de bomberos circulaban a una velocidad excesiva; si este último llevaba o no la sirena activada; y si los bomberos están autorizados a pretermitir las normas de tránsito cuando deban atender una emergencia.

23.1. En relación con el primer cuestionamiento, el conductor del carro de bomberos ha afirmado que se movilizaba a 70 kilómetros por hora y que redujo la velocidad a 40 kilómetros por hora al encontrar el cruce de la carrera 22 (f. 9-10, c. 3). Sin embargo, este hecho no puede corroborarse en los demás medios de prueba. Aunque en el informe de la Dirección General de Transporte y Tránsito Terrestre se indica que “la máquina de bomberos tiene una huella de frenado de 1.70 mt”, en el croquis se puede observar claramente que fue un frenado posterior a la colisión (f. 225, c. 2). Así mismo, los testimonios de Carlos Alberto Osorio (f. 296, c. 2) y Dennys Alfonso Pérez (f. 300, c. 2), bomberos que se encontraban dentro de la máquina, afirman que el vehículo de bomberos “iba a gran velocidad” y que “iba rápido” y no recuerdan que haya frenado antes del cruce con la carrera 22.

23.2. Sobre la segunda discusión, basta con aclarar que el conductor del carro de bomberos reconoció que el taxi iba una velocidad normal (f. 10, c. 3), y en igual sentido se pronunciaron el conductor del taxi, Ramón Orlando Linares Alvarado (95, c. 2), y los pasajeros Inés Teresa Montaña Robles (f. 293, c. 2) y Javier Santiago Moreno Montaña (f. 305, c. 2).

23.3. La tercer disputa consiste en establecer si el vehículo de bomberos, que intentaba atender una emergencia, tenía o no la alarma encendida, pues en este punto existen versiones encontradas: entre quienes afirman que la sirena no estaba activada o que no la oyeron, está el conductor del taxi de servicio público, quien dijo no haberla oído, (f. 95, c. 2; f. 35, 40, c. 3); el menor Javier Santiago Moreno Montaña, pasajero del taxi y lesionado en el accidente (f. 304, c. 2); Pedro Julián Manosalva Castañeda, taxista que dijo estar a una cuadra del lugar de los hechos y que dice haber visto pasar el vehículo de bomberos sin advertir la sirena (f. 88, 347, c. 2); y Jorge Alberto Reyes Cadena, que estaba en su trabajo en el segundo piso del edificio de la empresa Enelar cuando escuchó el estruendo (f. 12-15, c. 2).

23.4. Por otra parte, los siguientes testigos reconocen haber escuchado la alarma del carro de bomberos: Inés Teresa Montaña Robles, pasajera del taxi y lesionada en el accidente (f. 293, c. 2); Gerardo Peinado Barrientos, que vivía en la calle 23 con diagonal 24 y afirmó que al oír que venía la sirena de la máquina de bomberos salió a ver qué ocurría y al instante ya estaban accidentados los vehículos (f. 91, c. 2); Alfonso Rafael Delgado Danello, que dice haber estado parado en el andén de la carrera 22, cerca de Enelar, cuando escuchó la sirena y luego el choque (f. 24 c. 3); Fernando José María Mejía Mejía, que iba caminando por la carrera 21, frente a Sanandresito, quien dice que escuchó la sirena y vio pasar la máquina de bomberos (f. 33, c. 3); y Anais Braga de Espinosa, que iba en moto en el lugar del accidente y asevera que vio la máquina de bomberos antes del accidente, pues la sirena le llamó la atención (f. 36, c. 3). Naturalmente, los bomberos a bordo del vehículo sostienen que al salir a atender el incendio llevaban la sirena y las luces encendidas; se trata de las declaraciones de José Miguel Leal López (f. 8, c. 3), Carlos Alberto Osorio (f. 296-298, c. 2; f. 14, c.3) y Dennys Alfonso Pérez (f. 299, c. 2; f. 230, c. 3).

23.5. Esta Subsección ha señalado que, en virtud de los principios de la sana crítica y de la autonomía del juez en la valoración probatoria, los medios de prueba que ofrezcan mayor probabilidad lógica con respecto a la ocurrencia de los hechos objeto de discusión, deben prevalecer en el caso concreto(15). En el asunto bajo examen, la Sala encuentra probado que el vehículo de bomberos tenía las luces y la sirena encendidas, no solo porque así lo reconoce la mayoría de los testigos, incluida la pasajera del taxi, y así lo corroboran los bomberos que iban a bordo del mismo, sino porque ninguno de los declarantes controvierte este hecho; a lo sumo, se limitan a afirmar que no la escucharon, bien porque tratan de exculparse (el taxista), por distracción o por cualquier otro motivo (los testigos).

23.6. En conclusión, se tienen demostrados los siguientes hechos: el taxi de servicio público se movilizaba por la carrera 22 a una velocidad normal; el carro de bomberos transitaba por la calle 23 a una velocidad aproximada de 70 kilómetros por hora (no se probó que haya aminorado la marcha), con las luces y la sirena encendidas; y si bien la calle 23 presenta una señal de “pare”, el vehículo de bomberos la omitió porque debía atender una emergencia (aplacar un incendio) y porque esperaba que los demás vehículos oyeran la sirena y le dieran vía libre.

24. Este último punto remite a la discusión central del proceso, esto es, si al cuerpo de bomberos le está permitido pretermitir u obviar las señales de tránsito cuando deban atender de manera urgente alguna calamidad. Esto exige establecer cuáles son los límites en la conducción de vehículos en casos de emergencia y, correlativamente, cuáles son los deberes de los ciudadanos (conductores y peatones) frente a estos casos especiales.

24.1. Al respecto, es preciso acudir al artículo 125 del Decreto 1344 de 1970(16), “por el cual se expide el Código de Tránsito Nacional Terrestre”:

“ART. 125.—Todo conductor detendrá la marcha y cederá el paso a los vehículos de la comitiva presidencial, cuerpo de bomberos, convoyes del ejército y de la policía y a las ambulancias, cuando anuncien su presencia por medio de sirenas o campanas.

ART. 126.—Todo conductor, al detener su vehículo en vías públicas, deberá hacerlo en forma que no obstaculice el tránsito de los demás usuarios, y abstenerse de maniobras que pongan en peligro a otros vehículos y a las personas.

ART. 127.—El conductor que transite por una vía sin prelación deberá detener completamente su vehículo al llegar a un cruce, y donde no haya semáforo, tomar las precauciones debidas e iniciar la marcha cuando le corresponda”.

24.2. De conformidad con estas disposiciones, algunos vehículos, por las funciones especiales que cumplen, tienen cierta prelación en la circulación que deben respetar los demás conductores. Si, por ejemplo, un vehículo de urgencias no puede continuar la marcha debido a un semáforo, quienes tienen del derecho de transitar (vehículos o peatones) tienen que ceder y permitir que siga su camino; si hay vehículos particulares que impiden el paso y no pueden hacerse a un lado, les es permitido a estos carros pasar el semáforo en rojo con el fin de permitir que el vehículo de urgencias pueda continuar su camino; así mismo, si un vehículo “tiene la vía”, ya sea por el semáforo o por prelación de vías, tiene la obligación de detener la marcha para darle paso al vehículo de bomberos; esto implicaría que las normas de tránsito de prelación vial y de no cruzar semáforos en rojo o amarillo podrían flexibilizarse en estos casos, con el fin de satisfacer un interés general como la prevención y el control de emergencias. En suma, si el vehículo de urgencias solo pudiera transitar cuando “tiene la vía” o cuando semáforo registra el color verde, no tendría sentido la existencia de una disposición que obliga a los otros vehículos a ceder el paso.

24.3. Una interpretación contraria haría inservible el sistema de luces y sirenas de alarma con que cuentan los vehículos de bomberos, y harían nugatorio el privilegio de tránsito que tienen estos vehículos para atender emergencias en las que está en juego la vida y bienestar de las personas.

24.4. No obstante, este privilegio no se extiende hasta el punto de permitir que los vehículos de urgencias sobrepasen los límites de velocidad que ha previsto la ley. La obligación de detenerse y ceder el paso, dirigida a los demás vehículos circulantes y que es una excepción a las preferencias en el tránsito, no implica una excepción a las normas generales de límites de velocidad. El artículo 148 del Código de Tránsito, que establece los límites máximos de velocidad, no contempla excepciones para los vehículos de urgencias. Pese a que en el proceso se ha mencionado vagamente que el reglamento de los bomberos permite “vulnerar” las normas de tránsito y exceder los topes de velocidad, no hay un documento que así lo pruebe(17).

24.5. Estas normas preferentes para los vehículos de urgencias tampoco los exime del deber de cuidado al transitar por cruces de vías en sentido perpendicular, en las que el riesgo de accidentes es mayor. Pese a que la función de prevención y control de incendios demanda un comportamiento ágil y oportuno, al conductor de este tipo de vehículos le corresponde, en los cruces de vías, evaluar el nivel de tráfico, la presencia de vehículos, peatones o de cualquier objeto o situación generadora de riesgo, y de ser necesario debe aminorar la marcha o detener el automotor.

24.6. En el caso concreto, aun cuando el vehículo de bomberos, que tenía la alarma encendida, estaba habilitado para omitir la señal de “pare” que, en principio, debía atender por prelación vial (por estar en la calle 23, que tiene un sentido, y no en la carrera 22, de doble sentido), y por lo tanto al taxi de servicio público le correspondía detenerse y ceder el paso, lo cierto es que a la máquina de bomberos no le era permitido exceder los límites generales de velocidad y menos aún en un cruce de vías perpendiculares con gran potencial de riesgo. Es claro que el cumplimiento de una misión de vital importancia para la sociedad como la de proteger la vida y la salud de las personas mediante la prevención y control de desastres demanda una conducta ágil y una reacción inmediata, acorde con la emergencia presentada. Sin embargo, no le es permitido al cuerpo de bomberos o a cualquier otro equipo de atención o prevención de desastres poner en riesgo a la población con la justificación de la función encomendada, por lo cual debe respetar los límites de velocidad y las normas de tránsito.

25. Según la jurisprudencia de la Sala, los daños causados con ocasión del manejo de vehículos automotores deben examinarse a través del lente del régimen objetivo de responsabilidad del riesgo excepcional, debido al ejercicio de una actividad esencialmente peligrosa, siempre que no existan circunstancias específicas que desplacen el análisis de responsabilidad a otra perspectiva —por ejemplo, la falla en el servicio—(18).

26. Sin perjuicio de lo anterior, en esta ocasión se observa que tanto el conductor de la máquina de bomberos como el conductor del taxi ejercían una actividad peligrosa, esto es, la conducción de vehículos automotores, de modo hay una concurrencia de actividades riesgosas.

26.1. Al respecto, la Corporación ha considerado que en aquellos asuntos en los cuales la actividad peligrosa es desarrollada por el vehículo oficial y por el particular, la actividad se “neutraliza”, de manera que no podría gobernarse bajo el régimen de responsabilidad objetiva en el entendido de que ambas actividades son equivalentes. En concreto ha señalado:

“No obstante, cuando se presente la colisión de vehículos en movimiento, existe una concurrencia en el ejercicio de la actividad peligrosa y por lo tanto se creó un riesgo para los dos, en tales circunstancias el criterio objetivo de imputación se presenta inoperante y surge la necesidad de establecer la causa del accidente, para determinar si se presentó alguna actuación irregular por parte del conductor oficial o alguna circunstancia constitutiva de falla del servicio”(19).

26.2. Cabe reconocer que esta postura ha sido matizada en el sentido de aclararse que la concurrencia del particular y del agente en el ejercicio de la actividad peligrosa no implica, per se, una mutación automática hacia el régimen de falla en el servicio, pues en cada caso deberán valorarse las circunstancias particulares que rodearon los hechos y, sobre todo, deberá analizarse cuál de las dos actividades riesgosas fue la que, en términos causales o fácticos, concretó el riesgo y desencadenó el daño, pues solo así se podrá fijarse la imputación. Al respecto se ha establecido:

“En efecto, si bien esta Corporación ha prohijado la llamada “neutralización o compensación de riesgos”(20), lo cierto es que en esta oportunidad reitera la Sala precisa su jurisprudencia en el mismo sentido en que lo ha hecho la Corte Suprema de Justicia, ya que, al margen de que dos actividades peligrosas concurran o entren en una colisión al momento de materializarse el daño, ello no muta el título de imputación en uno de naturaleza subjetiva o de falla del servicio, sino que, por el contrario, se mantiene en la dimensión objetiva.

En consecuencia, al establecer la causación del daño, en sede de imputación fáctica, es posible que entren en juego factores subjetivos vinculados con la trasgresión de reglamentos; el desconocimiento del principio de confianza; la posición de garante; la vulneración al deber objetivo de cuidado, o el desconocimiento del ordenamiento, entre otros, sin embargo los mismos no enmarcan la controversia en el plano de la falla del servicio, sino que serán útiles a efectos de establecer el grado de participación de cada agente en la producción del daño y, por lo tanto, si es posible imputarlo objetivamente a uno de los intervinientes o, si por el contrario, debe graduarse proporcionalmente su participación.

En esa medida, lo fundamental al momento de establecer la imputación en este tipo de escenarios, es determinar cuál de las dos actividades riesgosas concurrentes fue la que, en términos causales o fácticos, desencadenó el daño, es decir, desde un análisis de imputación objetiva concluir a quién de los participantes en las actividades peligrosas le es atribuible la generación o producción del daño.

Por consiguiente, en aras de fijar la imputación del daño en estos supuestos, no resulta relevante determinar el volumen, peso o potencia de los vehículos automotores, así como tampoco el grado de subjetividad con que obró cada uno de los sujetos participantes en el proceso causal, sino, precisamente, cuál de las dos actividades riesgosas que estaban en ejercicio fue la que materialmente concretó el riesgo y, por lo tanto, el daño antijurídico. (...).

En esa perspectiva, en cada caso concreto, el juez apreciará en el plano objetivo cuál de las dos actividades peligrosas fue la que concretó el riesgo creado y, por lo tanto, debe asumir los perjuicios que se derivan del daño antijurídico. En ese orden de ideas, el operador judicial a partir de un análisis de imputación objetiva determinará cuál de los dos o más riesgos concurrentes fue el que se concretó y, en consecuencia, desencadenó el daño; a estos efectos, la violación al principio de confianza y elevación del riesgo permitido se convierte en el instrumento determinante de cuál fue la actividad que se materializó. En otros términos, el régimen, fundamento, o título de imputación de riesgo excepcional, cuando existe colisión o simultaneidad de actividades peligrosas se configura y delimita a partir de un estudio de riesgo creado en sede de la imputación fáctica, que supone un examen objetivo, desprovisto de cualquier relevancia subjetiva (dolo o culpa), dirigido a identificar la circunstancia material que originó la concreción del peligro”(21).

26.3. En este caso, la Sala considera que el comportamiento del conductor del vehículo de bomberos fue imprudente y, por lo mismo, constitutivo de falla en el servicio, en la medida en que conducía a alta velocidad en una carretera del perímetro urbano. Aunque le estaba permitido omitir la señal de alto de la calle 23, que le daba prelación de movilidad a los vehículos que transitaban la carrera 22, esta potestad no podía ejercerla a cualquier costo, pues estaba condicionada al deber de cuidado en el cruce de vías y, en general, a las normas de tránsito vigentes. La Sala encuentra que este exceso de velocidad no le permitió al taxista reaccionar a tiempo para evitar el accidente, máxime si estaba confiado en la prelación en el tránsito por las razones antes anotadas. Por lo anterior, se tiene que la conducta de la administración fue la que en mayor medida concretó el riesgo y, por tanto, determinó el daño sufrido por los demandantes.

26.4. No obstante, es preciso reconocer la incidencia de la conducta del taxista en la producción del daño. En efecto, la activación de la sirena de alarma por parte de un vehículo de urgencias genera para los conductores particulares un deber de cuidado superior al exigido en condiciones de tránsito normal. La sirena de un vehículo de bomberos proyecta un sonido de alarma continuo que alcanza un radio considerable y advierte a quienes se encuentren en su área de influencia de la presencia de un equipo de emergencias. Varios testigos, residentes de la zona o peatones, afirmaron haber oído la sirena del vehículo en mención, al igual que la señora Inés Teresa Montaña, que iba a bordo del taxi.

26.5. Pese a la velocidad del carro de bomberos, para el taxista era posible escuchar la sirena de bomberos y actuar en consecuencia para prevenir cualquier accidente, pues la potencia de la alarma permite que se escuche a varios bloques o manzanas de distancia, y en razón del efecto doppler el ruido va aumentando a medida que la fuente emisora se acerca al receptor. Aunque el conductor del taxi tenía prelación en la vía y confiaba en poder cruzarla sin peligro alguno, el deber de cuidado debió llevarlo a advertir la alarma del carro de bomberos y tomar las medidas necesarias para evitar un accidente. Al no adoptar esta conducta razonable, el taxista contribuyó significativamente a la producción del daño, de manera que su conducta, constitutiva de una “concurrencia de culpas”, da lugar a una graduación de la responsabilidad atribuida al Municipio de Arauca.

27. Finalmente, cabe aclarar que, contrario a lo sostenido por el Tribunal a quo, la decisión de absolver al ente territorial demandado no implica que el tribunal estuviera inhibido para fallar respecto de la responsabilidad que le asiste a la persona jurídica privada que actuaba también en calidad de demandada en virtud del fuero de atracción(22).

28. Por las razones antes anotadas, la Sala revocará la sentencia de primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda y, en su lugar, declarará la responsabilidad solidaria del Municipio de Arauca y la Cooperativa Araucana de Transportes Ltda. por la muerte de la señora Inés Robles de Montaña y las lesiones inferidas a Inés Teresa Montaña Robles y Javier Santiago Moreno Montaña, así como su obligación de indemnizar los perjuicios ocasionados a las víctimas y a sus familiares.

VI. Liquidación de perjuicios

29. Antes de proceder a la liquidación de perjuicios se aclara que, dada la concurrencia de responsabilidad entre las demandadas, el Municipio de Arauca deberá responder por el 70% de la condena que se imponga y la Cooperativa Araucana de Transportes Ltda. por el 30% de la misma.

30. Para fijar el valor de la compensación del perjuicio moral, la Sala advierte que si bien las súplicas de la demanda se definen en gramos oro, la condena se proferirá en el valor equivalente a salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV)(23).

30.1. En recientes sentencias de unificación, la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación consolidó los parámetros para la reparación de perjuicios morales en casos de muerte(24), de acuerdo con las relaciones afectivas del reclamante con el occiso, en estos términos:

Gráfico Nº 1
Reparación del daño moral en caso de muerte
      
 Nivel 1Nivel 2Nivel 3Nivel 4Nivel 5
Regla general en el caso de muerteRelaciones afectivas conyugales y paterno-filialesRelación afectiva del 2º de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos)Relación afectiva del 3º de consanguinidad o civilRelación afectiva del 4º de consanguinidad o civilRelaciones afectivas no familiares – terceros damnificados
Porcentaje100%50%35%25%15%
Equivalencia en salarios mínimos10050352515

30.2. La Sala estableció cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa y aquellos que acuden ante la justicia en calidad de perjudicados o víctimas indirectas. El primer nivel comprende la relación afectiva propia de las relaciones conyugales y paterno-filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (primer grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables); a este nivel le corresponde el tope indemnizatorio de 100 SMLMV. El segundo nivel abarca la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos); a este nivel corresponde una reparación equivalente a 50 SMLMV. El tercer nivel está referido a la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil; a este corresponde una indemnización equivalente a 35 SMLMV. En el cuarto nivel se ubica la relación afectiva del cuarto grado de consanguinidad o civil y le corresponde una indemnización equivalente a 25 SMLMV. Y el quinto nivel está destinado a las relaciones no familiares (terceros damnificados) y le corresponde una indemnización de 15 SMLMV.

30.3. En este caso, por concepto de compensación de perjuicios morales causados por la muerte de la señora Inés Robles de Montaña, se concede a favor de los hijos de la víctima (primer nivel) el equivalente a 100 SMLMV y a favor de sus nietos (segundo nivel) el valor correspondiente a 50 SMLMV.

30.4. Ahora bien, dado que el reclamo de los demandantes se funda no solo en el perjuicio moral derivado de la muerte de la señora Inés Robles de Montaña, sino en el daño moral que se desprende de las lesiones que fueron causadas a Inés Teresa Montaña Robles y Javier Santiago Moreno Montaña, la Sala acudirá a las recientes decisiones de unificación de los lineamientos para la reparación de perjuicios morales en casos de lesiones personales(25). Para el efecto, se fijó como referente para la liquidación del perjuicio la valoración de la gravedad de la lesión reportada por la víctima, y el grado de relación de los reclamantes con respecto a esta, así:

Gráfico Nº 2
Reparación del daño moral en caso de lesiones
      
 Nivel 1Nivel 2Nivel 3Nivel 4Nivel 5
Gravedad de la lesiónVíctima directa y relaciones afectivas conyugales y paterno-filialesRelación afectiva del 2º de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos)Relación afectiva del 3º de consanguinidad o civilRelación afectiva del 4º de consanguinidad o civilRelaciones afectivas no familiares - terceros damnificados
 SMLMVSMLMVSMLMVSMLMVSMLMV
Igual o superior al 50%10050352515
Igual o superior al 40% e inferior al 50%8040282012
Igual o superior al 30% e inferior al 40%603021159
Igual o superior al 20% e inferior al 30%402014106
Igual o superior al 10% e inferior al 20%2010753
Igual o superior al 1% e inferior al 10%1053,52,51,5

30.5. Como puede observarse, la Sala estableció seis rangos de gravedad o levedad de la lesión, determinados por el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral del lesionado, y cinco niveles de relación afectiva con respecto a la víctima directa, como lineamientos para la compensación del perjuicio moral en estos eventos.

30.6. En el sub judice, está acreditado que la señora Inés Teresa Montaña Robles sufrió lesiones como consecuencia del accidente que le reportaron una pérdida del 30.65% de su capacidad laboral. Al aplicar el precedente citado, se concluye que a ella y a su hijo Javier Santiago Moreno Montaña les corresponde una indemnización equivalente a 60 SMLMV para cada uno; a sus hermanos debe reconocérseles una reparación de 30 SMLMV para cada uno; en el caso de los sobrinos, se denegará toda indemnización por este concepto, dado que no demostraron la relación afectiva(26).

30.7. El joven Javier Santiago Moreno Montaña, menor de edad a la fecha de los hechos, sufrió lesiones que aunque no le generaron una pérdida de su capacidad laboral, sí le produjeron un daño estético consistente en un “trauma facial”, según el Instituto Nacional de Medicina Legal (f. 210, c. 2). En el peritaje rendido por el médico cirujano Félix Valois Parales se indica que dicha lesión consiste en “cuerpos extraños múltiples en tejidos blandos [de la] cara” y “cicatrices múltiples [en la] cara” (f. 357, c. 2). Dado que este tipo de afectaciones desbordan la esfera económica del perjuicio y exceden los parámetros establecidos para la reparación del daño moral en casos de lesiones, se hará una estimación razonada del valor a reparar.

30.8. El juez administrativo tiene la potestad de fijar el monto a reconocer cuando se trata de perjuicios morales. Esta discrecionalidad está regida por: (i) la regla de que la indemnización del perjuicio se hace a título de compensación, dado que “la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia”, no a título de restitución ni de reparación; (ii) el principio de equidad previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; (iii) el deber de estar sustentada en los medios probatorios que obran en el proceso respecto del daño y su intensidad; y (iv) el deber de estar fundada, cuando sea el caso, en otras providencias para efectos de garantizar el principio de igualdad(27).

30.9. En casos de lesiones similares a la registrada por Javier Santiago Moreno, la Sala ha reconocido como compensación del perjuicio moral la suma equivalente a 10 SMLMV, por lo que se atendrá a estos precedentes(28). Este monto deberá reconocerse a favor del afectado directo y de su madre, para cada uno. En el caso de los tíos y primos, se denegará la solicitud, por no aparecer prueba en el plenario de la relación afectiva con la víctima.

31. Sobre la solicitud de reparación de los “perjuicios fisiológicos” a favor de Inés Teresa Montaña Robles y Javier Santiago Moreno Montaña, es preciso aclarar que según la jurisprudencia consolidada del Consejo de Estado, los daños relacionados con el goce de la vida que producen una alteración en la salud de la persona se pueden entender comprendidos en el concepto de daño a la salud(29).

31.1. En recientes decisiones de unificación, la Sección determinó que el reconocimiento y tasación del daño a la salud no se limitan a constatar el porcentaje certificado de la pérdida de capacidad laboral, sino que deben tener en cuenta las consecuencias de la enfermedad, el accidente o, en general, el hecho dañino, que reflejen alteraciones en el desempeño de la persona dentro de su entorno social y cultural que agraven su situación, como en los casos de lesiones estéticas o sexuales, que difícilmente se consideran constitutivos de incapacidad(30).

31.2. En estas decisiones se aclaró que la indemnización está sujeta a lo probado única y exclusivamente para la victima directa, en cuantía que no podrá exceder de 100 SMLMV, de acuerdo con la gravedad de la lesión, debidamente motivada y razonada, conforme a la siguiente tabla:

Reparación del daño a la salud
Regla general
Gravedad de la lesiónVíctima directa
SMLMV
Igual o superior al 50%100
Igual o superior al 40% e inferior al 50%80
Igual o superior al 30% e inferior al 40%60
Igual o superior al 20% e inferior al 30%40
Igual o superior al 10% e inferior al 20%20
Igual o superior al 1% e inferior al 10%10

31.3. Con este propósito, el juez debe determinar el porcentaje de la gravedad o levedad de la afectación corporal o psicofísica, debidamente probada en el proceso, relativa a los aspectos o componentes funcionales, biológicos y psíquicos del ser humano. Así mismo deberá considerar, como se dijo, las consecuencias del hecho dañino sobre el comportamiento y el desempeño de la persona en su vida social.

31.4. Se indicó finalmente que en casos excepcionales, esto es, cuando existan circunstancias probadas de una mayor intensidad y gravedad del daño a la salud, podrá otorgarse una indemnización mayor a la señalada en la tabla anterior, sin que en tales casos el monto total de la misma pueda superar la cuantía equivalente a 400 SMLMV. Este quantum debe motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño.

31.5. En el caso de la señora Inés Teresa Montaña Robles, está probado que con ocasión del accidente de tránsito sufrió una “fractura abierta del húmero izquierdo con cicatriz de 12 cm. de longitud” (f. 214, c. 2). La lesión le produjo una pérdida del 30.65% de su capacidad laboral (f. 216, c. 2). Según el dictamen pericial citado, emitido el 21 de septiembre de 2002, la afectada presenta una “cicatriz interna [en el] miembro superior izquierdo y [en la] cara anterior del muslo derecho” y una “secuela postrauma [en la] articulación del codo [del] miembro superior izquierdo” (f. 357, c. 2). En vista de lo anterior y al aplicar los criterios unificados de la Sala, se reconocerá a favor de la víctima el valor correspondiente a 60 SMLMV.

31.6. En relación con el joven Javier Santiago Moreno Montaña, debido a la afectación estética que lo aqueja –cicatrices en el rostro–, la Sala estima razonable reconocer a su favor una indemnización equivalente a 30 SMLMV.

32. En relación con los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la Sala encuentra demostrado que la señora Inés Teresa Montaña Robles sufrió una incapacidad provisional de 50 días (f. 234, c. 2). Ante la ausencia de un medio de prueba que acredite sus ingresos, se presume que devengaba al menos un salario mínimo legal mensual, que en su valor actual corresponde a $616.000.

32.1. Esta cifra se incrementa en un 25% por concepto de prestaciones sociales, de donde resulta que el ingreso base de liquidación asciende a $770.000. A este valor se le aplica un interés mensual de 0,004867 por el tiempo que cesó la actividad productiva (50 días o 1,66 meses). La fórmula se aplicará así:

S2001-01322F1
 

32.2. En consecuencia, se reconocerá a favor de Inés Teresa Montaña la suma de $1.280.251 por concepto de indemnización del lucro cesante, en cuanto a lo dejado de percibir con ocasión de los 50 días de incapacidad.

32.3. También está demostrado que las lesiones le produjeron una pérdida del 30.65% de su capacidad laboral, de carácter permanente (f. 216, c. 2). Esto implica que mensualmente dejará de percibir la suma de $236.005.

32.4. El lucro cesante consolidado se cuantificará desde la fecha en que terminó la incapacidad laboral (23 de abril de 1999), por ser el momento en que la señora Montaña Robles debió reanudar sus actividades productivas, hasta la fecha de esta sentencia (octubre de 2014), es decir, durante un periodo de 186 meses. La fórmula se aplicará así:

S2001-01322F2
 

32.5. El lucro cesante futuro se cuantificará desde la fecha de este fallo y durante el resto de la vida probable(31) de Inés Teresa Montaña (41,10 años o 493,2 meses), que tenía 37 años al momento de los hechos(32), dado que la lesión que la incapacita es permanente. La fórmula se aplicará así:

S2001-01322F3
 

32.6. En consecuencia, la entidad debe indemnizar a favor de Inés Teresa Montaña, por concepto del lucro cesante con ocasión de la pérdida parcial de su capacidad laboral, la suma de $115.211.629. En total, el valor de la reparación por concepto de lucro cesante es $116.491.880.

32.7. La solicitud de reparación de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, hecha por los hijos de la señora Inés Robles de Montaña y hermanos de la señora Inés Teresa Montaña Robles, no se reconocerá por no existir prueba de la dependencia económica de los reclamantes en relación con las víctimas directas.

VII. Costas

33. El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que se condenará en costas a la parte que haya actuado de forma temeraria. En el presente caso, la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de las partes, por lo que no condenará en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR la sentencia de 9 de julio de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, y en su lugar dispone:

1. DECLARAR responsable administrativa y patrimonialmente al Municipio de Arauca y a la Cooperativa Araucana de Transportadores Ltda. por la muerte de la señora Inés Robles de Montaña y las lesiones inferidas a Inés Teresa Montaña Robles y Javier Santiago Moreno Montaña.

2. CONDENAR al Municipio de Arauca a pagar, por concepto de compensación de los perjuicios morales, las siguientes sumas de dinero: a favor de Inés Teresa Montaña Robles, la suma de 119 SMLMV; a favor de Javier Santiago Moreno Montaña, la suma de 84 SMLMV; a favor de Luz Stela Montaña Robles, Bárbara Montaña Robles, Luis Abraham Montaña Robles, José María Montaña Robles, Arles Antonio Montaña Robles, Doris Mercedes Montaña Robles y Floralba Montaña Robles, la suma de 91 SMLMV para cada uno; y a favor de Luis Geobany Montaña, Carlos Emilio Díaz Montaña, Alexander Díaz Montaña y Luz Amira Díaz Montaña, la suma de 35 SMLMV para cada uno.

3. CONDENAR a la Cooperativa Araucana de Transportadores Ltda. a pagar, por concepto de compensación de perjuicios morales, las siguientes sumas de dinero: a favor de Inés Teresa Montaña Robles, la suma de 51 SMLMV; a favor de Javier Santiago Moreno Montaña, la suma de 36 SMLMV; a favor de Luz Stela Montaña Robles, Bárbara Montaña Robles, Luis Abraham Montaña Robles, José María Montaña Robles, Arles Antonio Montaña Robles, Doris Mercedes Montaña Robles y Floralba Montaña Robles, la suma de 39 SMLMV para cada uno; y a favor de Luis Geobany Montaña, Carlos Emilio Díaz Montaña, Alexander Díaz Montaña y Luz Amira Díaz Montaña, la suma de 15 SMLMV para cada uno.

4. CONDENAR al Municipio de Arauca a pagar por concepto de reparación del daño a la salud, las siguientes sumas de dinero: a favor de Inés Teresa Montaña Robles, el valor equivalente a 42 SMLMV; a favor de Javier Santiago Moreno Montaña, el valor correspondiente a 21 SMLMV.

5. CONDENAR a la Cooperativa Araucana de Transportadores Ltda. a pagar por concepto de reparación del daño a la salud, los siguientes valores: a favor de Inés Teresa Montaña Robles, el equivalente a 18 SMLMV; a favor de Javier Santiago Moreno Montaña, el valor de 9 SMLMV.

6. CONDENAR al Municipio de Arauca a pagar a favor de Inés Teresa Montaña Robles, por concepto de indemnización de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma de $81.544.316.

7. CONDENAR a la Cooperativa Araucana de Transportadores Ltda. a pagar a favor de Inés Teresa Montaña Robles, por concepto de reparación de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma de $34.947.564.

8. DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

En firme este fallo, devuélvase al Tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese, cúmplase».

1 En la demanda presentada el 27 de febrero de 2001, la pretensión de mayor valor, correspondiente a la solicitud de reparación de los perjuicios morales, fue estimada en $55.979.460 a favor de la señora Inés Teresa Montaña Robles (f. 53, 60, c. 1). Por estar vigente en la fecha de interposición del recurso de apelación, se aplica en este punto el artículo 2º del Decreto 597 de 1988, que modifica el numeral 10 del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo y que establece que la cuantía necesaria para que un proceso de reparación directa iniciado en 2001 fuera de doble instancia, debía ser superior a $26.390.000.

2 El artículo 357 del Código de Procedimiento Civil establece: “el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella”.

3 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 9 de febrero de 2012, exp. 20104, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

4 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de junio de 2012, Exp. 21507, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

5 Está probado que Inés Teresa Montaña Robles, Luz Stela Montaña Robles, Bárbara Montaña Robles, Luis Abraham Montaña Robles, José María Montaña Robles, Arles Antonio Montaña Robles, Doris Mercedes Montaña Robles y Floralba Montaña Robles son hijos de la occisa Inés Robles de Montaña (f. 44, 46, 48-53, c. 1), y Javier Santiago Moreno Montaña, Luis Geobany Montaña, Carlos Emilio Díaz Montaña, Alexander Díaz Montaña y Luz Amira Díaz Montaña son nietos (f. 45, 47, 54-56, c. 1); y se probó que Javier Santiago Moreno Montaña es hijo de Inés Teresa Montaña Robles (f. 45, c. 1).

6 Hoy la norma vigente en esta materia es la Ley 1575 de 2012, “por medio de la cual se establece la Ley General de Bomberos de Colombia”.

7 Corte Constitucional. Sentencia C-778 de 1998. M.P. Alejando Martínez Caballero.

8 Esta Corporación, al analizar el régimen disciplinario aplicable y naturaleza jurídica del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, consideró que esta institución, al hacer parte de una de las dependencias del sector central (la Secretaría de Gobierno), “no constituye una entidad diferente de la estructura administrativa del Distrito”. Ver Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 4 de julio de 2003, rad. 1494, C.P. Augusto Trejos Jaramillo. Sobre la regulación laboral de los cuerpos de bomberos, ver Sección Segunda, sentencia de 31 de octubre de 2013, exp. 1051-13, C.P. (E) Bertha Lucía Ramírez de Páez; en relación con el deber de los Concejos Municipales de disponer partidas presupuestales a favor de los cuerpos de bomberos, consultar Sección Tercera, sentencia de 24 de agosto de 2005, exp. 730012331000-2003-00866-01 (AP), C.P. Alier Hernández Henríquez.

9 Constitución Política de Colombia. “Artículo 315. Son atribuciones del alcalde: (...) 2. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante”.

10 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de marzo de 2004, exp. 15215, C.P. Ricardo Hoyos Duque. “La Sala concluye que la prevención y control de incendios forma parte de las actividades necesarias para garantizar la seguridad y salubridad pública, que componen el concepto de ‘orden público’, cuya preservación está a cargo, entre otras autoridades, de los alcaldes municipales”.

11 Al respecto, ver Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de noviembre de 2009, exp. 18892, C.P. Enrique Gil Botero; sentencia de 28 de abril de 2010, exp. 18925, C.P. Enrique Gil Botero; sentencia de 12 de mayo de 2011, exp. 19785, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

12 Una síntesis de la evolución y estado actual de esta jurisprudencia puede verse en Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 11 de septiembre de 2013, exp. 20601, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

13 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 13 de abril de 2000, exp. 11898, C.P. Alier Hernández Enríquez.

14 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 18 de abril de 2002, exp. 14076, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

15 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 7 de abril de 2011, exp. 20333, C.P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 29 de septiembre de 2013, exp. 30754, C.P. Ramiro Pazos Guerrero; sentencia de 20 de febrero de 2014, exp. 30615, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

16 Era el Código de Tránsito vigente al momento de los hechos. Hoy esta materia está regulada en la Ley 769 de 2002.

17 El Reglamento de Disciplina del Personal del Cuerpo de Bomberos fue estatuido en el Decreto 953 de 1997. En el artículo dedicado a los derechos del cuerpo de bomberos (artículo 13) no se concede a su favor la facultad de pretermitir las normas generales de tránsito. Por el contrario, en el artículo 14, relativo a los deberes, se ordena “respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes y reglamentos y el estatuto interno de la institución” (numeral 1).

18 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio del 2010, exp. 19007, C.P. Enrique Gil Botero; sentencia de 3 de diciembre del 2007, exp. 20008, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 31 de agosto del 2006, exp. 14868, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; entre otras.

19 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de mayo de 2007, exp. 16180, C.P. Ramiro Saavedra Becerra. En el mismo sentido se pueden consultar: sentencia de 11 de mayo de 2006, exp. 14694, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia de 26 de marzo de 2008, exp. 14780, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 23 de junio de 2010, exp. 18376, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

20 Al respecto, se pueden consultar las sentencias de 3 de mayo de 2007, exp. 16180, C.P. Ramiro Saavedra Becerra y de 26 de marzo de 2008, exp. 14780, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. En esta última se señaló: “Un segundo evento estará referido a la colisión de dos vehículos en movimiento. En tales casos se presenta una concurrencia en el ejercicio de la actividad peligrosa, porque tanto el conductor del vehículo oficial como el del vehículo particular están creando recíprocamente riesgos y, por lo tanto, no habrá lugar a resolver la controversia, en principio, con fundamento en el régimen objetivo de riesgo excepcional. Cabe señalar que tratándose de la colisión de dos o más vehículos que se encuentren en movimiento, la Sala ha considerado que es necesario establecer si estos tenían características similares o si, por el contrario, se diferenciaban en su tamaño, volumen o potencial para desarrollar velocidad, etc., de tal manera que uno de ellos representara un mayor peligro, y si el vehículo oficial que intervino en el accidente superaba en esos aspectos al del particular que reclama la indemnización, habrá lugar a la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad por riesgo excepcional”.

21 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2010, exp. 19007, C.P. Enrique Gil Botero.

22 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de agosto de 2007, exp. 15526, C.P. Mauricio Fajardo Gómez “Sin embargo, en relación con el factor de conexión —el cual, como se advierte, es el que da lugar a la aplicación del denominado “fuero de atracción”— la Sala estima oportuno destacar que su operatividad resulta procedente siempre y cuando desde la formulación de las pretensiones y la presentación del soporte probatorio de las mismas en el libelo contentivo de la demanda, pueda inferirse que existe una probabilidad mínimamente seria de que la entidad o entidades públicas demandadas, por cuya implicación en la litis resultaría competente el juez administrativo, sean efectivamente condenadas. Tal circunstancia es la que posibilita al mencionado juez administrativo adquirir —y mantener— la competencia para fallar el asunto en lo relativo a las pretensiones enderezadas contra aquellos sujetos no sometidos a su jurisdicción —fuero de atracción—, incluso en el evento de resultar absueltas, por ejemplo, las personas de derecho público, igualmente demandadas, cuya vinculación a la litis determina que es la jurisdicción de lo contencioso administrativo la llamada a conocer del pleito, atendidos los otros cuatro factores atributivos de competencia recién referidos.
La anterior conclusión resulta imperiosa como quiera que de admitirse la aplicación del multicitado factor de conexión o fuero de atracción con la simple convocatoria ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa de una persona —pública o privada— respecto de la cual la ley ha atribuido a aquella la competencia para conocer de los litigios en los cuales se vea inmersa, independientemente de una valoración, así sea meramente liminar, de las probabilidades de condena en su contra, acabaría por consentirse que los particulares, a su antojo, eligiesen el juez de sus preferencias para asumir el conocimiento de los asuntos que decidan ventilar ante la jurisdicción, con lo cual se desconocería el carácter de orden público de las disposiciones legales que distribuyen la competencia entre los diversos órganos judiciales y todas las razones que condujeron al legislador a efectuar dicho reparto de la forma como quedó consignado en la ley. (...).
Lo dicho supone destacar la trascendencia de la valoración que, en el referido sentido, se encuentra obligado a efectuar el juez de primera instancia al momento de resolver sobre la admisión de la demanda, instante procesal en el cual debe proceder a realizar el aludido juicio sobre la seriedad de la vinculación de la entidad o entidades sujetas al control del juez de lo contencioso administrativo, como quiera que tal sería el lugar —el auto admisorio o inadmisorio de la demanda— en el cual, idealmente, debería señalarse a la parte actora —quien es, de todas formas, la responsable última de la elección del cauce procesal a través del cual decide someter sus litigios a la jurisdicción— si resulta viable la aplicación del tantas veces mencionado fuero de atracción”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de agosto de 2007, exp. 15526, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

23 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de septiembre de 2001, exp. 13232-15646, C.P. Alier Hernández Enríquez.

24 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 28 de agosto de 2014, exp. 27709, C.P. Carlos Alberto Zambrano; sentencia de 28 de agosto de 2014, exp. 26251, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

25 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 28 de agosto de 2014, exp. 31172, C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.

26 En la jurisprudencia antes reseñada se aclaró que para los niveles 1 y 2 se requerirá la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros; para los niveles 3 y 4 se requerirá, además de lo anterior, la prueba de la relación afectiva; y para el nivel 5 deberá ser probada la relación afectiva.

27 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de marzo de 2007, exp. 15459, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 29 de julio de 2013, exp. 24494. C.P. Danilo Rojas Betancourth, entre otras.

28 En un caso de lesiones consistentes en “trauma dentoalveolar múltiple” y la pérdida de varias piezas dentales y del soporte óseo, heridas que le produjeron a la víctima una alteración de la oclusión dental, incapacidad funcional de fonación, afectación estética e incapacidad para la deglución, la Sala reconoció a su favor una indemnización moral equivalente a 10 SMLMV. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 30 de septiembre de 2011, exp. 21149, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo. En un caso de serias lesiones faciales y alteración permanente de la función de la masticación se ordenó a favor de la víctima la suma de 20 SMLMV. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de octubre de 2013, exp. 27156, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

29 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 14 de septiembre de 2011, exp. 38222, C.P. Enrique Gil Botero; sentencia de 14 de septiembre de 2011, exp. 19031, C.P. Enrique Gil Botero.

30 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 28 de agosto de 2014, exp. 31170, C.P. Enrique Gil Botero; sentencia de 28 de agosto de 2014, exp. 28832, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

31 Se acude a la Resolución 497 de 1997 de la Superintendencia Bancaria, que modificó la Resolución Nº 0585 de 1994, por ser la tabla de mortalidad de rentistas válidos vigente al momento de los hechos.

32 La señora Montaña Robles nació el 30 de diciembre de 1961 (f. 44, c. 1). Al momento de los hechos, el 3 de marzo de 1999, tenía 37 años.