Sentencia 2001-01325 de abril 4 de 2003

 

Sentencia 2001-01325 de abril 4 de 2003

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2001-01325-01

Consejera Ponente:

Dr. María Claudia Rojas Lasso

Autoridades nacionales

Actora: Caribex Free Zone N.V.

Bogotá, D.C., cuatro de abril de dos mil trece.

EXTRACTOS: « V. Consideraciones de la Sala

Entra la Sala al estudio de los argumentos expuestos por la DIAN en el recurso de apelación.

Primero cargo. Falta de legitimación por activa.

La DIAN sostiene que de conformidad con los artículos 2º, 3º, 4º y 23 del Decreto 1909 de 1992 y las pruebas allegadas al proceso, Caribex Free Zone N.V. carecía de legitimación en la causa para interponer el recurso de reconsideración contra el acto administrativo mediante el cual la DIAN ordenó el decomiso de la mercancía, toda vez que esta actuó como remitente o proveedor de la misma y no como propietaria, transportadora, tenedora, poseedora ni intermediaria de la mercancía aprehendida.

Para resolver, se considera:

Caribex Free Zone N.V. pretende la nulidad de la Resolución 000279 de 13 de febrero de 2001, por la cual la jefe de la división de liquidación aduanera de la DIAN —Administración Cartagena— ordenó el decomiso a favor de la Nación, de la mercancía relacionada en el Acta de Aprehensión 6300001001-0216 de 4 de mayo de 2000, por incumplir los requisitos para el ingreso de cigarrillos extranjeros a las zonas aduaneras especiales establecidos en el artículo 14 del Decreto 1280 de 1993.

Según el artículo 1008 del Código de Comercio, el transportador y el remitente son partes en el contrato de transporte de cosas. Por transportador se entenderá la persona que se obliga a recibir, conducir y entregar las cosas objeto del contrato y, por remitente, la que se obliga por cuenta propia o ajena, a entregar las cosas para la conducción, en las condiciones, lugar y tiempo convenidos.

El precio o flete del transporte y demás gastos que ocasione la cosa con motivo de su conducción o hasta el momento de su entrega son de cargo del remitente. Salvo estipulación en contrario, el destinatario estará solidariamente obligado al cumplimiento de estas obligaciones, desde el momento en que reciba a satisfacción la cosa transportada. (C. de Co., art. 1009).

El remitente está obligado a suministrar antes del despacho de las cosas, los informes y documentos que sean necesarios para el cumplimiento del transporte y las formalidades de policía, aduana, sanidad y condiciones de consumo. El remitente es responsable ante el transportador de los perjuicios que puedan resultar de la falta, insuficiencia o irregularidad de dichos informes y documentos, salvo cuando la falta de los documentos recibidos sea imputable al transportador, a sus agentes o dependientes. (Art. 1011 ib.).

A su vez, el artículo 1023 ibídem prevé el derecho de disposición sobre la mercancía que radica en el remitente y no de su propietario. Es así como el remitente está facultado para retirar la mercancía del sitio de origen o del sitio de destino, o bien para pedir al transportador que cambie el sitio de destino de las mercancías, o que las entregue a otro destinatario, o que incluso las retorne al sitio de origen y las ponga nuevamente en su poder.

Si bien es cierto que el artículo 3º del Decreto 1909 de 1992 (norma vigente al momento de la ocurrencia de los hechos) establece como responsables de las obligaciones aduaneras al importador, propietario o tenedor de la mercancía, al transportador, depositario, intermediario y al declarante; también es cierto que dentro del procedimiento para definir la situación jurídica de la mercancía previsto en el artículo 1º del Decreto 1994 “por medio del cual se unifican procedimientos en materia aduanera y se dictan otras disposiciones”, se prevé la posibilidad de formular el pliego de cargos a quien tenga derecho sobre la mercancía según el caso, a quien tuvo derecho de disposición sobre la mercancía, o a quien de alguna manera intervino en la operación aduanera.

Para la Sala es claro que el remitente es parte en el contrato de transporte de cosas y, como tal, tiene derecho de disposición sobre la mercancía, por lo tanto, este podría resultar afectado con la decisión de aprehensión y decomiso de la mercancía, toda vez que dentro de sus obligaciones está la de pagar el precio o flete del transporte y demás gastos que ocasione la cosa con motivo de su conducción o hasta el momento de su entrega, suministrar antes del despacho de las cosas los informes y documentos que sean necesarios para el cumplimiento del transporte y las formalidades de aduana. Además, el remitente tiene derecho de disposición sobre la mercancía.

Dentro de las pruebas allegadas al proceso se encuentra el contrato celebrado entre Caribex Free Zone N.V. y la nave MV Mary C, cuyo objeto fue: “el transporte de sus cigarros producidos en Colombia por Pronalci S.A. a zona libre de Colon, Panamá. Este contrato tiene duración de 12 meses y fecha de inicio el 2 de enero de 2000 y termina el 31 de diciembre de 2000. Caribex Free Zone N.V. se compromete a despachar con MV Mary C todos los meses un mínimo de 1000 bultos de cigarros producidos en Colombia para el mercado de Centro América” (fl. 52 cdno. 2).

Asimismo obra el certificado de la Cámara de Comercio e Industria de Aruba (fl. 1 cdno. 1) expedido el 1º de marzo de 2000, mediante el cual consta que Caribex Free Zone N.V. fue constituida como una sociedad anónima el 24 de junio de 1982 y cuya actividad comercial es “la importación y exportación de todas las mercancías que entran en cuenta, a y desde la zona franca una y otra por cuenta propia o por cuenta ajena”.

También obran los certificados de embarque expedidos el 28 de abril de 2000 (fls. 3 y 4 antecedentes), en los cuales consta que Caribex Free Zone N.V. entregó 1000 pacas de cigarrillos marcas Bucarest, Corcel y Dumont, a bordo de la motonave Mary C que se encontraba anclada en el puerto de Aruba.

Todo lo anterior demuestra que, Caribex Free Zone N.V. está legitimado tanto para intervenir en el proceso administrativo como para demandar en acción de nulidad y restablecimiento del derecho el acto acusado, pues la decisión de la entidad demandada afecta sus intereses.

Por lo anterior, el cargo no prospera.

Segundo cargo. Incumplimiento de los requisitos establecidos para la importación de cigarrillos.

La DIAN manifestó que si bien es cierto que el transportador cumplió con el aviso de llegada de la motonave al puerto de llegada y que la mercancía se encontraba amparada con los documentos de transporte respectivos, también es cierto que cuando se trata de cigarrillos, se debe cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 5º del Decreto 008 de 1971, 17 y 54 de la Ley 30 de 1986 y 14 del Decreto 1280 de 1993. Ante el incumplimiento por parte de la actora de estas disposiciones, era necesario proceder a la aprehensión y decomiso de los cigarrillos.

Estas normas establecen lo siguiente:

Decreto 008 de 1971

“ART. 1º—Modificado por el artículo 5º del Decreto 1417 de 1998.

Los cigarrillos que se importen al país continuarán sujetos a los siguientes requisitos:

a) Las cajetillas o paquetes llevarán impreso el nombre de Colombia en tipo legible, y en letra visible el nombre del importador y de su residencia;

b) Estas leyendas o palabras deberán ser litografiadas por la respectiva fábrica y no podrán ser estampadas separadamente del producto o por cualquier otro medio de impresión posterior a su elaboración". (Negrilla fuera de texto).

LEY 30 DE 1986

“ART. 17.—Todo empaque de cigarrillo o de tabaco, nacional o extranjero deberá llevar en el extremo inferior de la etiqueta y ocupando una décima parte de ella, la leyenda: "El tabaco es nocivo para la salud".”.

“ART. 54.—El fabricante o importador de bebidas alcohólicas, cigarrillos y tabacos, que omita en sus productos las leyendas a que se refieren los artículos 16 y 17 de la presente Ley, incurrirá en multa en cuantía de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales”.

DECRETO 1280 DE 1994

“ART. 14.—Zonas de régimen aduanero especial. <Decreto declarado inexequible mediante Sentencia C-246 de 1995> Los cigarrillos de procedencia extranjera o de fabricación nacional que se introduzcan a las zonas de régimen aduanero especial causarán el impuesto al consumo de cigarrillos al momento de su introducción en dichas zonas y será cancelado por los responsables a favor de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, entidad que distribuirá las sumas que correspondan entre los Departamentos y el Distrito Capital de Santafé de Bogotá, de conformidad con los lugares de distribución del producto y en los términos establecidos en el presente decreto.

El Gobierno Nacional reglamentará los mecanismos de recaudación, giro y control de impuesto al consumo de cigarrillos, que se cause en las zonas de régimen aduanero especial.

PAR.—Los cigarrillos de procedencia extranjera que ingresen a estas zonas, deberán traer impresas las mismas leyendas exigidas por las normas vigentes a los cigarrillos importados al resto del territorio nacional”.

Las normas transcritas coinciden en establecer que para la importación de cigarrillos de procedencia extranjera, los paquetes o empaques de estos deberán tener impresos el nombre de “Colombia”, el nombre del importador y de su residencia y la frase: "El tabaco es nocivo para la salud", requisitos que están a cargo de la fábrica respectiva, los cuales no podrán ser estampadas separadamente del producto o por cualquier medio de impresión posterior a su elaboración.

Para determinar si los actos acusados fueron proferidos en legal forma, es menester poner de presente que el ordenamiento jurídico aduanero tiene dos ámbitos de aplicación: uno subjetivo, dado por los comportamientos de los sujetos que intervienen en el proceso de importación o exportación y, otro, enteramente objetivo o real, constituido por la situación jurídica de la mercancía objeto de dicho proceso. En cada uno de ellos dicho ordenamiento prevé supuestos o hipótesis con sus respectivas consecuencias, que en el ámbito subjetivo están referidas necesariamente a cada uno de los mencionados sujetos y, por tanto, solo al indicado en la norma se le pueden hacer efectivas las consecuencias señaladas en la norma de que se trate.

Está probado en el expediente que Caribex Free Zone N.V. suscribió un contrato con la nave MV Mary C, cuyo objeto fue “el transporte de sus cigarros producidos en Colombia por Pronalci S.A. a zona libre de Colon, Panamá. Este contrato tiene duración de 12 meses y tiene su inicio el 2 de enero de 2000 y termina el 31 de diciembre de 2000. Caribex Free Zone N.V. se compromete a despachar con MV Mary C todos los meses un mínimo de 1000 bultos de cigarros producidos en Colombia para el mercado de Centro América”. (Fl. 52 cdno. 2).

También está probado mediante los certificados de embarque expedidos el 28 de abril de 2000, que Caribex Free Zone N.V. entregó 1000 pacas de cigarrillos marcas Bucarest, Corcel y Dumont, a bordo de la motonave Mary C que se encontraba anclada en el puerto de Aruba (fls. 3 y 4 antecedentes).

A su vez obra copia del Oficio de 12 de febrero de 2001 (fl. 97), expedido por el Gerente de la Procesadora Nacional de Cigarrillos Ltda. —Pronalci Ltda.—, mediante el cual da respuesta al Oficio 2758 enviado por la jefe de la división de liquidación aduanera de la DIAN e informa que dicha sociedad produce las marcas de cigarrillo Bucarest, Corcel y Dumont, las cuales se han exportado dando cumplimiento a las normas colombianas de exportación. Se destaca:

“Mediante la presente damos respuesta a su Oficio 2758 de enero 17. Nuestra empresa produce las marcas de cigarrillo Bucarest, Corcel y Dumont. Las cuales se han exportado bajo las normas y reglamentos de exportación Colombiana, como se demostró a los funcionarios de la DIAN, en nuestras instalaciones los días 24, 25 y 26 de mayo del año 2000, y certificados que las tres muestras enviadas por ustedes son de nuestra fabricación”.

Mediante Oficio Nº 63-00042-2611 de 10 de noviembre de 2000 (fl. 309 a 313), el jefe división de investigaciones especiales al administrador de aduanas de Cartagena, remitió el acta de aprehensión 6300001001-0216 de los cigarrillos marca Bucarest, Corcel y Dumont, los cuales fueron aprehendidos en la Motonave Mary C. Se destaca:

“Para su conocimiento y fines que estime pertinentes, adjunto le estoy remitiendo documentos relacionados con la visita efectuada en la ciudad de Bucaramanga, donde se pudo determinar que la empresa Procesadora Nacional Cigarrillera Ltda. Pronalci LTDA., con NIT 804.005. 644-2, ubicada en la carrera 15 Nº 1N-36 de esa ciudad, desarrolla como actividad comercial la fabricación de cigarrillos para el consumo nacional y para su exportación, encontrándose entre sus productos los cigarros de marca Bucarest, Corcel y Dumont, cigarrillos que fueron aprehendidos en la Motonave Mary C.

(...).

Acta de hechos

En la ciudad de Bucaramanga, siendo las 10:30 A.M. del día 24 de mayo de 2000, los suscritos funcionarios de la DIAN, John Jairo Díaz Morales, P.I.P. I-3019, de la división de investigaciones especiales de la subdirección de fiscalización aduanera Carlos Manuel Zapata Jaimes, P.I.P. II-32-24 de la división de investigaciones especiales de la subdirección tributaria, y Leon Eduardo Muriel Tobón, P.I.P. II-31-22 de la división de investigaciones especiales de la subdirección de cambios comisionados mediante autos números 0110, 56 y 0107 del 23 de mayo de 2000, respectivamente nos hicimos presentes en las instalaciones de la empresa Procesadora Nacional Cigarrillera LTDA. Pronalci LTDA., NIT Nº 804.005.644-2 ubicada en la carrera 15 Nº 1N-36 de esta ciudad. Los altos comisarios fueron notificados personalmente al señor Edmundo Acevedo Rueda identificado con la cédula de ciudadanía 5.703.166 de Piedecuesta, en su calidad de Gerente, quien una vez enterado del objeto de la presente visita por conducto de la contadora de la empresa señorita Nancy Granados Colmenares puso a disposición para su revisión los siguientes documentos:

1. Declaraciones de exportación realizada durante la existencia de la empresa.

2. Declaraciones de importación realizada durante la existencia de la empresa.

3. Certificado de existencia y representación legal.

4. Comprobantes de contabilidad con sus soportes de junio de 1998 a abril de 2000.

5. Libro de inventarios.

6. Libro mayor y balances.

7. Comprobantes de operaciones bancarias.

8. Libros auxiliares

9. Declaraciones tributarias y de ipoconsumo.

Los suscritos funcionarios comisionados realizamos una inspección física tanto de las instalaciones de la empresa como de la bodega anexa, constatando que la misma.

(...).

3. En materia aduanera: Se revisaron en su totalidad las declaraciones de importación junto con sus soportes de las importaciones efectuadas por la empresa; se revisaron los DEX junto con los documentos soportes; aleatoriamente se revisaron algunas máquinas de procedencia extranjera que se encontraban al servicio de la empresa encontrándose que estas fueron introducidas legalmente al país según documentos presentados. Igualmente se pudo constatar que las importaciones realizadas por la empresa corresponden a materias primas e insumos para el desarrollo de su objeto social esto es tabaco de procedencia China, papel y filtro para cigarrillos. En este estado de la diligencia los suscritos funcionarios comisionados procedemos a elaborar un cuestionario al señor Edmundo Acevedo Rueda, Gerente de la empresa. Preguntado: Díganos quien está presentando las declaraciones del impuesto al consumo en los diferentes departamentos donde van dirigidos sus ventas nacionales y donde se pueden localizar estas declaraciones. Contestado. Se tiene un convenio en cada departamento con personas naturales a las cuales le vendemos el cigarrillo del consumo interno mediante una facturación incluyéndose el impuesto al consumo y Coldeportes y se acompaña a su vez un permiso de movilización que nos lo expide la secretaria de hacienda de Bucaramanga el cual tiene un plazo de 30 días para ser devuelto por la oficina de rentas a donde va dirigido, ellos se encargan de mandar legalizado dicho documento a las rentas de Bucaramanga junto con su respectivo pago de Ipoconsumo. El comprador de la fábrica está obligado por la oficina de renta de cada departamento a tener una póliza de cumplimiento por el valor que cada oficina de rentas lo exija, esto se hace con el fin de garantizar el pago de cada impuesto. Preguntado: Sírvanse explicar cómo fue el proceso de negociación de sus productos al exterior. Contesto: Nosotros fuimos visitados por unos señores que aparecen en las facturas de venta en el mes de febrero del 1999 y nos pidieron que si podíamos fabricar un cigarrillo de 70 mm que ellos habían visto en la frontera con Venezuela o sea Cúcuta, Arauca y Mérida pero ellos necesitaban no para venderlo en la frontera con Colombia, sino exportarlo a Aruba y Miami; hicimos un acuerdo con ello a precios y pagos anticipados directamente al Banco de Bogotá sucursal Sotomayor Bucaramanga que es el banco donde manejábamos la cuenta corriente; procedimos a despacharle y hasta el momento sostenemos negocios con ellos. Preguntado: Sírvase a decir de qué manera formalizaron estos acuerdos y si hay soportes de los mismos. Contestó: Nosotros hicimos un contrato con estos señores de venderle los cigarrillos con los reglamentos que exige la Ley Colombiana con su iniciativo que dice en las cajetillas Tax Exempt For Export Only, que es para identificar los productos que se venden a ellos y para diferenciarlo del que vendemos en Colombia; a claro que en el contrato especifica que la marca Dumont por ser de ellos aparece registrada en Miami y Aruba, el documento se legalizó en Aruba y Colombia (se anexa fotocopia). Preguntado: Sírvase decir que vínculos tiene el señor Bryan Harms con los demás compradores de sus productos en el extranjero. Contestó: El señor Bryan Leonel Harms, hizo la negociación con nosotros y él nos indica a quien debemos facturar, pero el responsable directo es él, él es el que nos paga las compras, no conocemos a los demás. Preguntado: Diga como determina el señor Bryan l. Harms las personas o empresas a quiénes ustedes venden los cigarrillos en el extranjero. Contestó: El lo hace telefónicamente o vía fax y nosotros le hacemos llegar vía fax una factura proforma a Aruba para que nos haga llegar el giro correspondiente al Banco de Bogotá. Preguntado: Sírvase explicar el proceso de pago de sus productos enviados al exterior. Contestó: Una vez que recibe la factura proforma de demora entre uno a ocho días para consignar la plata según la disponibilidad. Preguntado: Sírvase decir si tiene información que la mercancía que despacha al extranjero llega a su destino. Contestó: En que nos informa por teléfono es el señor Bryan Leonel Harms. Preguntado: Sírvase a decir si tiene conocimiento si algún cliente nacional vende sus productos en el exterior. Contestó: No, porque ellos no pueden exportar por cuanto ellos no son fabricantes y además las cajetillas no se elaboran para su consumo en el exterior. Preguntado: Sírvase decir si tiene o ha tenido conocimiento de que los productos ya exportados legalmente han sido introducidos nuevamente a territorio nacional. Contestó: De los productos que nosotros exportamos en un 98% no tienen la mínima recepción en el territorio nacional, por no tener las características del consumidor colombiano y tenemos conocimiento de nuestros distribuidores en la frontera que nunca han visto cigarrillos nuestros con el Tax Exempt, For Export Only en el mercado nacional. Preguntado: Sírvase decir si tiene conocimiento si las autoridades aduaneras le han aprehendido mercancía alguna. Contestó: Gracias a Dios ninguna. Preguntado: que tiene que decir con respecto a la aprehensión de 1200 pacas de cigarrillos Bucarest, Corcel y Dumont, que la aduana aprehendió en la Motonave Mary C. en días pasados. Contestó: Nosotros al ver el noticiero RCN a la doctora Fanny mostrando unos paquetes de cigarrillos fabricados por nosotros llamamos al cliente y le hicimos la consulta, él nos aclara que había enviado una mercancía con su respectivo BL. Aruba-Panamá que eso no tiene nada que ver con nosotros, que ellos estaban aclarando la situación, que no me preocupara que eso no venia para Colombia y parece que los abogados van a comprobar que los cigarrillos iban para el extranjero y nos dijeron que si en el territorio nacional se encuentra un paquete de cigarrillos de esos se hacen cargo de todo. PREGUNTADO: Sírvase decir si sabe o conoce que cuentas al exterior el señor BRYAN LEONEL HARMS para pagarle los cigarrillos. PREGUNTADO: En absoluto, nosotros nos limitamos a preguntar al Banco de Bogotá la llegada del giro del valor de la factura nada más. Se deja constancia que la empresa se compromete a enviar a la División de Investigaciones de la Subdirección Cambiaria, ubicada en la Carrera 7 Nº 34-65 piso 6, en Santa Fe de Bogotá documentos de transportes que faltan en relación con las exportaciones e igualmente los instrumentos de pago que soportan el reintegro de divisas a favor de Pronalci Ltda. Por concepto del pago de sus exportaciones, y para el efecto se concede un plazo de 8 días hábiles. Igualmente se allega a la presente diligencia fotocopias de los siguientes documentos:

Solicitud de pedido de cigarrillos de parte de Bryan L. Harms. (Cuatro folios)

Del contrato de producción e importación de cigarrillos. (Seis folios)

Inscripción en el registro nacional de exportaciones (tres folios)

Exportaciones realizadas por la empresa (ciento cuatro folios)

Muestra de importaciones por la empresa (ciento un folios)” (negrilla fuera de texto).

El 19 de mayo de 2000 (folio 347 a 348), el señor Tomas Segundo Arredondo Pushaina, Capitán de la M/N Mary C, rindió una declaración extraprocesal en la cual puso de presente lo siguiente:

“En el municipio de Maicao (Guajira), Republica de Colombia, a los diecinueve (19) del mes de mayo del dos mil (2000), ante el suscrito Inspector de Policía de Maicao, compareció el señor Tomas Segundo Arredondo Pushaina, capitán de la M/N MARY C, quien se identifica con la C.C. # 2.741.588 de Manaure, por medio del presente documento acudió a mi despacho para declarar bajo la gravedad de juramento lo siguiente: a) Que la Armada Nacional y la DIAN, conjuntamente el día 29 de abril del 2000 siendo aproximadamente las 8 de la mañana, estando en alta mar y en plena maniobra de navegación, abordaron la M/N MARY C, matricula # L-N03236NE de Honduras, exigiéndome la exhibición y presentación de todos los documentos de transporte – sobordos y conocimiento de embarque, que ampararan la totalidad de la mercancía trasportada en ese momento y que posteriormente fue relacionada con las actas de aprehensión #s. 6300001001-25, 0070FIS y 630000101-216 del 2000, ordenados por las leyes marítimas para el transporte de mercancías a efecto de demostrarse su legal transporte, a lo cual procedí inmediatamente a darle cumplimiento a la orden impartida por las autoridades ; b) que una vez le fueron presentados los documentos de transporte a las mencionadas autoridades, estas anómalamente procedieron a su confiscación, así como de la correspondencia personal y privada, perteneciente al suscrito y a sus tripulantes de la M/N MARY C, sin que me dejaran los originales o copias de ninguno de esos documentos y sin que en ningún momento se levantaran acta de la respectiva diligencia de abordaje, allanamiento, registro y confiscación de los mencionados documentos; c) que de acuerdo a las constancias obrantes en los documentos de transporte incautados y a las instrucciones radiales y por fax impartidas al suscrito y a la agencia marítima El Capitán Ltda., por los embarcadores y propietarios del queso, cebolla, aceite de oliva, cigarrillos, repuestos para bicicleta, licores y las confecciones, el destino final de las mercancías incautadas eran los puertos de la bahía Portete (Guajira), Coco Solo (Panamá) y Puerto Baranoa (Punto fijo - Venezuela); d) que la M/N MARY C a pesar de tener todos sus documentos de matrícula y de propiedad de acuerdo con la leyes de su país de matrícula , tal como lo demuestra su devolución inmediata una vez fue descargada la mercancía que transportaba en el puerto de Cartagena, ilícitamente fue aprehendida de hecho durante el tiempo que duro la travesía entre el lugar de su aprehensión y el puerto de Cartagena y el descargue de la mercancía, sin que ninguna de las autoridades aprehensoras desconocieran y pagaran los gastos en que se incurrió por tal motivo; e) que a pesar de haberse exhibido y presentado los documentos exigidos por las leyes colombianas para el transporte marítimo de mercancías extranjeras, los funcionarios aprehensores abusivamente procedieron también a la aprehensión de la mercancía que se relacionó en las actas de aprehensión #s. 6300001001-25, 0070FIS y 630000101-216 del 2000, ignorando y omitiendo las oportunidades administrativas y los términos dispuestos en las normas aduaneras colombianas para su presentación forma y oficial en el puerto de arribo de Bahía Portete (Guajira) para aquellas mercancías cuyo destino final era la zona de régimen aduanero especial de Maicao, Uribia y Manaure; f) Que el presente testimonio lo rindo con sujeción al Decreto 1557 de 1989”. (Negrilla fuera de texto).

Las pruebas allegadas al proceso demuestran que la mercancía consistente el 1000 pacas de cigarrillo fue aprehendida por la Administración en aguas marítimas, con fundamento en que esta no cumplía los requisitos para su legal introducción al país.

También se demostró que la Procesadora Nacional Cigarrillera Ltda. -Pronalci LTDA.- fabricó los cigarrillos que fueron aprehendidos en la motonave Mary C., la cual fue contratada por Caribex Free Zone para transportarlos desde Colombia hasta Colón Panamá, ya que iban a ser distribuidos por Centroamérica.

Si bien es cierto que la DIAN tiene la facultad de fiscalización y control en materia aduanera de conformidad con el artículo 62 del Decreto 1909 de 1992, también es cierto que dicha facultad debe fundarse en los principios de eficiencia y de justicia previstos en los artículos 63 y 64 ibídem, los cuales consisten respectivamente en que cuando surjan conflictos sobre trámites y procedimientos administrativos deben tener prioridad el criterio consistente en facilitar y dinamizar el comercio exterior frente a las formalidades y que, los funcionarios aduaneros deben tener siempre por norma en el ejercicio de sus actividades, que son servidores públicos, que la aplicación de las disposiciones aduaneras deberá estar presidida por un relevante espíritu de justicia, y tener en cuenta que el Estado no aspira a que el usuario aduanero se le exija más que aquello que la misma Ley pretende.

Estas disposiciones señalan:

Decreto 1909 de 1992 

“ART. 63.—Principio de eficiencia. Las operaciones aduaneras a cargo de funcionarios de la Dirección de Aduanas Nacionales, deberán realizarse teniendo en cuenta que en el desarrollo de ellas debe siempre prevalecer el servicio ágil y oportuno al usuario aduanero, para facilitar y dinamizar el comercio exterior, y que al resolver los conflictos sobre trámites y procedimientos administrativos deben tener prioridad estos criterios frente a las formalidades.

ART. 64.—Principio de justicia. Los funcionarios aduaneros con atribuciones y deberes que cumplir en relación con las facultades de fiscalización y control deberán tener siempre por norma en el ejercicio de sus actividades, que son servidores públicos, que la aplicación de las disposiciones aduaneras deberá estar presidida por un relevante espíritu de justicia, y tener en cuenta que el Estado no aspira a que el usuario aduanero se le exija más que aquello que la misma Ley pretende, y que el ejercicio de la labor de investigación y control tiene como objetivo detectar la introducción de mercancías sin el cumplimiento de las normas aduaneras, con prevalencia sobre la realización de trámites meramente formales”.

Asimismo, el artículo 65 ibídem dispone que los hechos que aparezcan probados en el respectivo proceso, deberán evaluarse aplicando la sana crítica.

Para la Sala, si bien es cierto que la DIAN tiene la facultad de fiscalización y control en materia aduanera, también es cierto que la Administración no puede desconocer los supuestos fácticos del caso y las pruebas demostrativas de los mismos, pues como quedó establecido, en el sub lite no se trató de una operación de importación propiamente dicha sino de una exportación, la cual sin duda alguna debía cumplir con unos requisitos legales y por lo tanto, los funcionarios de la DIAN al momento de la aprehensión y decomiso de la mercancía, debían evaluar tanto los supuestos fácticos como jurídicos y las pruebas allegadas, aplicando la sana crítica aludida y adecuar el procedimiento administrativo al régimen que le era aplicable al caso concreto.

Por lo tanto, el hecho de que la administración hubiera aprehendido los cigarrillos con fundamento en que estos incumplían los requisitos para su legal introducción al país, cuando en realidad se trataba de una mercancía que iba a ser transportada hasta Panamá, significa que se está incurriendo en una falsa motivación, toda vez que los hechos que tuvo en cuenta la DIAN para adoptar la decisión de aprehensión y decomiso fueron apreciados en una dimensión equivocada, puesto que la realidad o los hechos no concuerdan con el escenario fáctico que la administración supuso que existía al tomar la decisión.

Se impone pues, confirmar la sentencia proferida por el a quo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia de 24 de noviembre de 2006, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar.

Cópiese, notifíquese y, en firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».