Sentencia 2001-01329 de mayo 31 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION QUINTA

Radicación: 13001 3331 002 2001 01329 01

Consejera ponente:

Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

Demandante: Pasar Limitada

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian

Tercero interesado: Seguros Generales Sura S.A.

Nulidad y restablecimiento del derecho

Bogotá, D.C., treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho

EXTRACTOS: «VII. CONSIDERACIONES

7.1. Competencia.

El Consejo de Estado es competente para conocer de los recursos de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia por los Tribunales Administrativos de Distrito Judicial, de conformidad con el artículo 129 numeral 1º del CCA y, en cumplimiento al Acuerdo Nº 357 de 5 de diciembre de 2017 celebrado entre las Secciones Quinta y Primera ante la Sala Plena del Consejo de Estado, la Sección Quinta de la Corporación es competente para proferir la decisión de segunda instancia en el proceso de la referencia, en tanto ha sido remitido dentro del acuerdo de descongestión por la Sección Primera.

7.2. Problema jurídico

Observa la Sala que el problema jurídico gira en torno a dilucidar si era procedente negar las pretensiones de la demanda, en caso afirmativo se confirmará la sentencia apelada, y en caso negativo se procederá a revocar la sentencia impugnada para realizar el pronunciamiento que corresponda en derecho.

Para solucionar el anterior problema jurídico, la Sala procederá a analizar los argumentos de las apelaciones, de cara a la decisión del a quo que se decantó por no encontrar acreditada la ocurrencia de la fuerza mayor.

Al efecto, se abordarán los siguientes derroteros: I) los actos acusados; II) de la posible nulidad de los actos por falta de vinculación del tercero y por falta de motivación; III) tipicidad de la conducta endilgada; IV) póliza a afectar por el posible incumplimiento de obligaciones; V) de la apreciación de las pruebas en sede administrativa, y en primera instancia de la judicial; y VI) el caso concreto.

7.2.1. Los actos acusados.

7.2.1.1. Resolución N° 1273 de 4 de mayo de 2000.

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA UN INCUMPLIMIENTO 

El Jefe de la División de Liquidación de la Administración Local de Aduanas de Cartagena, en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el art. 48 del Decreto 1725 de julio 4 de 1997, art. 31 de la resolución de la DIAN N° 2450 del 29 de abril de 1997, art. 41 de la resolución DIAN N° 4324 de 10 de agosto de 1995, y orden administrativa 004 del 2 de abril de 1998, de la Subdirección de Fiscalización Aduanera, capítulo de procedimiento en la División de Liquidación para el incumplimiento de obligaciones y efectividad de garantías, y basándose en los siguientes: 

CONSIDERACIONES 

(…) 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el incumplimiento del régimen de tránsito aduanero autorizado en la declaración N° 0000880 de mayo 28 de 1999, y como consecuencia hacer efectiva en la parte proporcional la póliza de cumplimiento número: CUM-3_00179 de la Aseguradora LA GANADERA, que garantiza el régimen, en la suma de siete millones noventa y tres mil ciento cuarenta pesos ($7’093.140). 

ARTÍCULO SEGUNDO: Hacer efectiva la garantía 29182 de la aseguradora suramericana, que ampara el pago de tributos aduaneros suspendidos por el régimen, en la suma de ciento un millones catorce mil cuatrocientos ochenta y siete pesos con nueve centavos ($101’014.487,09)  

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese la presente resolución a la aseguradora LA GANADERA a la dirección Carrera 7 N° 71-52 Torre B piso 11 de Santa fe de Bogotá, a la Transportadora Suramericana de Transportes S.A., a la dirección Calle 15 N° 40 – 25 de la ciudad de Bogotá, al declarante SIA. PASAR LTDA., a la dirección Carrera 103 N° 47-85 Oficina 206 de Bogotá, a la aseguradora SURAMERICANA., a la dirección Calle 72 N° 8 -24 Piso 3 de Bogotá, conforme a los artículos 98 y siguientes del Decreto 1909 de 1992”. 

7.2.1.2. Resolución N° 843 de 7 de mayo de 2001.

“POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE APELACIÓN 

El administrador especial de aduanas en uso de sus facultades legales, conferidas por el Decreto 1275 de 1997, Decreto 01/84 (C.C.A.), artículo 50, Decreto 1265, artículo 32 y Resolución 5632 de 1992, artículo 82 

CONSIDERANDO 

(…) 

RESULEVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en todos sus apartes la resolución N° 001273 del 4 de mayo de 2000, proferida por la División de Liquidación. 

(…) 

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta providencia, remitir copia de la misma a las Divisiones de Comercio Exterior, Recaudación y Cobranzas de esta administración”. 

7.2.2. La posible nulidad de los actos por falta de vinculación del tercero y por falta de motivación de la nulidad.

Valga recordar que son censuradas de alzada de la parte actora.

7.2.2.1. En cuanto a la falta de vinculación del tercero se advierte que mediante la Resolución N° 1273 de 4 de mayo de 2000, por la cual se declaró el incumplimiento en el asunto objeto de estudio se dispuso notificar, entre otros, a la aseguradora SURAMERICANA, a la dirección Calle 72 N° 8 -24 Piso 3 de Bogotá. Adicionalmente en sede judicial, al advertir la falta de notificación al tercero, se dispuso declarar la nulidad de todo lo actuado para que se vinculará a la aseguradora.

De lo anterior se tiene que en sede administrativa no se desconoció el derecho de audiencia y defensa de la aseguradora en su calidad de tercero interesado, pues el acto administrativo primigenio, en su parte resolutiva dispuso su notificación, como se vio en el párrafo precedente, lo que explica que la sanción se encuentra ajustada a la norma aduanera, que es clara al disponer que la sanción recae sobre el declarante y no sobre el transportista; en ese orden de ideas la aseguradora debe su concurrencia al contrato de seguro que es accesorio y garante al trámite sancionatorio.

Ahora bien, en lo que respecta a la sede judicial se recuerda que el auto admisorio ordenó la notificación a la personas señaladas por la parte actora; sin embargo, la Sección Primera del Consejo de Estado al tramitar el expediente en segunda instancia advirtió la falta de vinculación del tercero y declaró la nulidad de todo lo actuado, luego de haberle puesto en conocimiento a éste la posible nulidad y de que fuera solicitada por la aseguradora(13).

7.2.2.2. Respecto de la falta de motivación de los actos enjuiciados se advierte que entre las consideraciones para declarar el incumplimiento la DIAN tuvo en cuenta lo dispuesto en los artículos 1 y 19 del Decreto 2295 de 1996 y en el artículo 20 2450 de 1997, aunado a que señaló que la denuncia por hurto no constituía en sí misma la acreditación de caso fortuito o fuerza mayor, pues en la realidad probatoria no se satisfizo el cumplimiento y acreditación de los presupuestos constitutivos de la causa extraña como exonerarte de responsabilidad aduanera.

7.2.3. Tipicidad de la conducta endilgada.

Teniendo en cuenta que mediante declaración de tránsito aduanero con número de aceptación de la División de Comercio Exterior 0000880 de 28 de mayo de 1999(14) se autorizó el tránsito desde Cartagena (aduana de partida) hacia Bogotá (Aduana de destino) de la mercancía amparada en documento de transporte TPE003799 de 26 de abril de 1999(15), se concluye que la norma a aplicar es el Decreto 2295 de 1996, pues el Decreto 2685 de 1999 empezó a regir el primero de julio de ese año.

Precisado lo anterior, se advierte que de conformidad con el artículo 19 del Decreto 2295 de 1996, la finalización del régimen de tránsito aduanero, se regenta por los siguientes derroteros:

Artículo 19. Finalización del Régimen. El Régimen de Tránsito Aduanero finaliza por una de las siguientes causales:  

a) Con el registro y numeración de los documentos de viaje en las dependencias de la Aduana de Destino antes del vencimiento del término otorgado por la Aduana de Partida, para lo cual el transportador deberá anexar el acta de recibo y peso de la carga por parte del depósito habilitado o del usuario operador de la zona franca industrial de bienes y de servicios al cual viene consignada la mercancía.  

Los precintos colocados a las unidades de carga o de transporte no podrán ser levantados por los empleados de los depósitos o los usuarios de las zonas francas, hasta tanto se realice la verificación de los mismos por parte de los funcionarios competentes de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. En caso que arribe una unidad de carga o de transporte con los precintos violados o con signos de violación, no deberá ser recibida por el depósito habilitado o usuario operador de la zona franca industrial de bienes y servicios, hasta tanto se haga el inventario de la mercancía por parte de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales.  

Cuando se trate de mercancías a granel o no precintables por su volumen o empaque, el depósito habilitado o usuario operador de la zona franca industrial de bienes y servicios deberá al momento de recibir la mercancía pesarla e identificarla plenamente, levantar un acta sobre las condiciones en que es recibida y entregar copia de la misma al transportador para que la radique con los documentos de viaje en las dependencias de la Aduana de Destino.  

Parágrafo. Cuando una Declaración de Transito Aduanero, DTA, ampare mercancía que requiera de varios medios para su transporte, el depósito habilitado o usuario operador de la zona franca industrial de bienes y servicios se abstendrá de entregar en acta de recibo de la carga hasta tanto no arribe la totalidad de la mercancía declarada. No obstante, permitirá el ingreso de la misma al depósito o a la zona franca en la medida que vaya llegando, previo su pesaje.  

Cuando vencido el plazo para la finalización del régimen otorgado por la Aduana de Partida no haya arribado la totalidad de la carga establecida en la Declaración de Tránsito Aduanero, DTA, el depósito o usuario operador de la zona franca industrial de bienes y servicios avisará dentro del día hábil siguiente a la Aduana de Destino para que efectúe el inventario, inicie las investigaciones correspondientes e imponga las sanciones a que haya lugar;  

b) Con la orden de finalización del régimen de tránsito aduanero expedida por una Aduana de Paso, cuando encuentre inconsistencias en los documentos de viaje violaciones a los precintos, violación a las restricciones del régimen tránsito aduanero, pérdida de mercancías y en general cualquier incumplimiento al régimen, sin perjuicio de la aprehensión y decomiso de las mercancías cuando a ello hubiere lugar; 

c) Cuando por motivos de fuerza mayor o caso fortuito la Aduana autorice la finalización del régimen de conformidad con el reglamento que para este efecto expida la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. (Negrillas y subrayas de la Sala).  

De la anterior lectura, se tiene que el tránsito aduanero se da por terminado, en debida forma, cuando las mercancías llegan a la aduana de destino dentro del plazo señalado para tal efecto y arriba en igualdad de condiciones respecto de las que se encontraba al momento de salir y ser autorizado el tránsito por parte de la aduana de partida.

En los casos en que las condiciones a las que se hizo referencia en el párrafo precedente no se cumplan, la DIAN al advertir el incumplimiento procederá a ordenar la finalización del régimen de tránsito aduanero, teniendo la potestad de investigar e imponer las sanciones respectivas; sin embargo, en los casos en los que se advierta la ocurrencia de fuerza mayor o caso fortuito, se le otorga a la DIAN la posibilidad de autorizar la finalización respectiva.

Todo lo anterior, en cuanto a las generalidades de la finalización de régimen de tránsito aduanero. Dilucidado este aspecto y en atención a que uno de los ejes temáticos de la censura de alzada gira en torno a la póliza de cumplimiento, la Sala asumirá el siguiente estudio.

7.2.4. Póliza a afectar por el posible incumplimiento de obligaciones.

Desde el punto de vista de la generalidad normativa, de conformidad con el artículo 1° de la Resolución N° 2450 de 1997(16) en el régimen de tránsito aduanero se debe amparar con las siguientes garantías que como se advierte de la literalidad responden a tomadores perfectamente diferenciados y a garantizar hechos de ocurrencia de siniestros diferentes, así:

a. Garantía por la finalización del régimen. Es la garantía bancaria o de compañía de seguros constituida a favor de la Nación - Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - por una empresa transportadora que se encuentre autorizada e inscrita ante la Subdirección Operativa de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o por el declarante, según el caso, cuyo objeto es garantizar la finalización del régimen de tránsito aduanero dentro del término autorizado por la Aduana de Partida. 

Esta clase de garantía podrá ser global o específica. Será garantía global si ampara todas las operaciones de tránsito aduanero a nivel nacional realizadas por una empresa transportadora durante un silo y debe constituirse por ésta en un monto equivalente a mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si las operaciones de tránsito aduanero se realizan en medios de transporte pertenecientes a las empresas declarantes, éstas deberán garantizar la finalización del régimen a través de una garantía específica que ampare la operación de tránsito aduanero, la cual debe constituirse por un monto equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes, salvo que se trate de un Usuario Aduanero Permanente que esté movilizando mercancías bajo el régimen de tránsito en medios de transporté pertenecientes a su empresa, evento en el cual, la operación de tránsito aduanero se entiende afianzada con la garantía constituida de conformidad con el literal 5) del artículo 4° del Decreto 197 de 1995. 

b. Garantía de tributos aduaneros. Es la garantía bancaria o de compañía de seguros constituida a favor de la Nación - Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - por el declarante del régimen de tránsito aduanero, cuyo objeto es garantizar el pago de los tributos aduaneros suspendidos con ocasión de someter las mercancías al régimen de tránsito aduanero. 

Esta clase de garantía podrá ser global o específica. Será garantía global si ampara todas las operaciones de tránsito aduanero a nivel nacional solicitadas por un mismo declarante durante un año y debe constituirse por un monto equivalente a dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Será garantía específica si su objeto es amparar una operación de tránsito aduanero y debe constituirse por un monto equivalente al cuarenta (40%) del valor CIF de la mercancía sometida a dicho régimen. (Negrillas y subrayas de la Sala).

De la lectura de los actos acusados se observa que en el caso que ocupa la atención de la Sala se afectaron dos pólizas, una respecto constitución en garantía de la finalización del régimen de tránsito aduanero en cabeza del transportador o declarante y la otra, que amparaba el pago de tributos aduaneros , en titularidad del declarante, por lo que conforme lo indica la parte actora, lo que se pretende discutir es la póliza sobre pago de tributos aduaneros no debió ser cobrada o exigida conforme a los acontecimientos relatados, en tanto al acaecer un hecho constitutivo de fuerza mayor no debió declararse el incumplimiento, sino finalizar el régimen de transito aduanero sin imponer sanciones ni cobrar el pago de tributos aduaneros.

7.2.5. De la apreciación de las pruebas en sede administrativa y, en primera instancia, de la judicial.

Del material probatorio que obra en el expediente se destacan los siguientes:

- Declaración de Tránsito Aduanero N° 000990 de 26 de mayo de 1999(17), en la que se lee:

-Compañía de transporte SURAMERICANA DE TRANSPORTES S.A.,

- Garantiza mediante póliza N° 291812 por valor de $427’876.0000.

- Manifiesto de carga: 901395.

- Documento de transporte: TPE003799 de 26 de abril de 1999.

- Nombre del declarante PASAR LTDA SIA (actividad económica Asesoría en comercio exterior e intermediación aduanera)

- Nombre del consignador: Yaw Liamy Enterprise Co. Ltd.

- Nombre del destinatario: Nalsani S.A.

- Valor FOB de la mercancía: 149’843,78.

- peso bruto de la carga: 19.070 Kg. (Tejido de nylon filamento continuo texturar, tejidos impregnados recubiertos revestidos y los demás tejidos de punto de fibras sintéticas).

- clase de garantía global.

- Denuncia penal realizada por el conductor del vehículo de placas SUL-257 que tuvo como partida Cartagena y como destino Bogotá D.C., en el que se señaló como fecha de comisión de los hechos el 30 de mayo de 1999(18).

- Memorial suscrito por el Gerente de Suramericana de Transportes, dirigido a la Seccional de carga de Cartagena de la DIAN, indicando que la mercancía transportada e identificada con numero de DTA 0000990 y autorización de operación N° 0000880 fue objeto de hurto y, como consecuencia de ello, solicitando tener como fecha de finalización aquella, pues el vehículo no podrá terminarlo; para lo cual adjuntó copia del denuncio realizado por el conductor del vehículo identificado con placas SUL-257(19).

- Acta de recuperación del vehículo de placas: SUL-257, suscrita por el Inspector Departamental de la Policía de la Fortuna (departamento de Sanatander), en la que se indica que el 4 de junio de 1999 se encontró sobre la avenida panamericana el vehículo que había sido hurtado el 30 de mayo de ese mismo año, según la denuncia instaurada en esa inspección (destacando que presentaba varias golpes, los 2 contenedores se encontraban vacíos, le faltaba una arrastradera del lado izquierdo, la mano del tráiler estaba partida, el sistema de direccionales estaba roto, le faltaba la placa del cabezote de la parte trasera, no tenía el pasacintas ni llantas, faltaban espejos, persianas, herramientas, etc.)(20).

- Oficios números 1033(21), 1285(22) y 1744(23) mediante los cuales el Tribunal Administrativo de Bolívar requiere a la Fiscalía Seccional Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Barrancabermeja para que envíe con destino al proceso de la referencia fotocopia de la investigación que se inició con ocasión de la denuncia del hurto del vehículo de placas SUL-257. Sin embargo, tal requerimiento no fue respondido en forma efectiva, sin que el juez del acto administrativo cuente con tal probanza.

De la anterior lectura se colige que la mercancía transportada en el presente asunto fue hurtada, y que respecto de la misma se constituyó una póliza para la finalización del régimen de tránsito aduanero y otra para el pago tributos aduaneros, respecto de la última se constituyó la póliza global número 29812, adquirida de la Aseguradora SURAMERICANA, es decir, la sociedad PASAR LTDA. SIA amparó las dos contingencias de conformidad con el artículo 1°, literales a) y b) de la Resolución 2450 de 1997 por parte de la sociedad PASAR LTDA. SIA.

7.2.6. El caso concreto

El alcance conceptual y los elementos constitutivos de la fuerza mayor que deben acreditarse para poder exonerarse de una obligación, en razón a la máxima general de que nadie está obligado a lo imposible, estructura sus elementos en ser causa extraña, esto es, que sea irresistible (que el sujeto pasivo del hecho no pueda evitar su acaecimiento ni superar sus consecuencias) e imprevisible (que dentro de las circunstancias normales de la vida, no sea posible contemplar por anticipado su ocurrencia. Por el contrario, si el hecho razonablemente hubiera podido preverse, por ser un acontecimiento normal o de ocurrencia frecuente, tal hecho no estructura el elemento imprevisible).

En cuanto a la fuerza mayor, la Sección Primera del Consejo de Estado, a través de su jurisprudencia, ha señalado que quien invoca este tipo de fuerza está obligado a demostrar la ausencia de injerencia o participación en la causación del hecho, precisando que debe tenerse de presente los elementos de imprevisibilidad e irresistibilidad del hecho para evaluar la conducta del responsable; determinando que dicha obligación comprende la de demostrar que el hecho no se originó o agravó por su negligencia o descuido(24).

Conforme a los elementos constitutivos de la fuerza mayor, al descender al caso concreto, la Sala encuentra probado que el hecho objeto de análisis resulta irresistible en la medida en que el conductor del vehículo que transportaba la mercancía no podía contrarrestar la acción criminal de cuatro individuos fuertemente armados y movilizados en varios vehículos.

Ahora bien, en cuanto a que el hecho pudiese considerarse como imprevisible, la Sala concuerda con el Tribunal a quo en la conclusión que señala que en atención a las circunstancias de orden público que afrontaba el país, para la época de los hechos el hurto del que fueron víctimas, no resultara imprevisible. Al respecto, no se avizora que la ocurrencia del hecho objeto de estudio haya desbordado en forma alguna la anormal situación de orden público.

En este punto, la Sala recuerda que la carga de la prueba para la acreditación de la imprevisibilidad de la conducta está en cabeza de la parte actora, quien para el efecto debió demostrar que el hecho no se originó o agravó por su negligencia o descuido, carga que se advierte incumplida, pues dentro del giro ordinario de sus actividades no debía ser desconocido el riesgo que representaba transportar mercancías por carretera en el territorio nacional, esto es, que dentro de las posibilidades que debía contemplar para realizar el transporte de la mercancía se encontraba la relativa al hurto de la misma, así como actos de violencia sobre el vehículo o la carga misma.

En esa medida, la Sala concluye que al no encontrarse acreditados los elementos constitutivos de la fuerza mayor la DIAN debía proceder a declarar el respectivo incumplimiento al tránsito aduanero y cobrar los tributos aduaneros, respecto de los cuales se constituyeron las pólizas del caso.

Ahora bien, desvirtuado el argumento basilar del recurso de alzada, tendiente a señalar la materialización de la fuerza mayor en el incumplimiento de la obligación de finalizar el tránsito aduanero por la empresa transportadora, corresponde a la Sala determinar las consecuencias de dicho incumplimiento.

Al respecto, es preciso recordar que la obligación consistente en pagar los tributos aduaneros surgió por el incumplimiento del tránsito aduanero el cual impidió que la mercancía llegara a su destino final, de ahí que resultara evidente para la Administración que la aludida obligación fue incumplida por el tomador de la póliza, por lo que se configuró el siniestro amparado por la misma, de allí que la misma pasara a ser exigible.

En efecto, la obligación aduanera nace por la introducción de mercancía de procedencia extranjera al territorio nacional y comprende el pago de los tributos aduaneros, los cuales se suspenden con el régimen de tránsito aduanero, hasta tanto la mercancía no llegue a la aduana de destino.

Para la Sala resulta ajeno al debate el hecho de que el transportador haya incumplido el tránsito aduanero por fuerza mayor, pues como lo establece el estatuto aduanero vigente al momento de ocurrencia de los hechos el Declarante responderá, por el pago de los tributos aduaneros suspendidos con ocasión de la autorización del régimen, sin perjuicio de la aprehensión y decomiso de las mercancías en los casos que se infrinjan las disposiciones que regulan el régimen de tránsito aduanero y como se observa en el acto acusado, la obligación que se le demandó a la actora en éste, nada tuvo que ver con el cumplimiento de la finalización del régimen aduanero sino con la efectividad de la garantía que constituyó para garantizar el pago de los tributos aduaneros que fueron suspendidos durante dicho tránsito.

Entonces, concluye la Sala, que el transportador debe responder por la finalización del régimen de tránsito aduanero, en tanto que el declarante debe responder por el pago de los tributos aduaneros correspondientes a la mercancía que no llegue a la aduana de destino; obligaciones que como se dijo anteriormente, se garantizan con pólizas diferentes.

Lo anterior, encuentra sustento entre otras en la jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de Estado diferenció la garantía que ampara la finalización del tránsito aduanero de la que asegura el pago de los tributos aduaneros, en términos que es también del caso reiterar en el caso sub iudice. En la ocasión en cita, la Sala señalo que se deduce que el transportador es responsable de las obligaciones que se deriven por su intervención, esto es, por la actividad que desarrolla. Luego, si su intervención se contrae a transportar una determinada mercancía de la Aduana de Partida para ser entregada en determinada fecha en la Aduana de Destino, la póliza se constituye para garantizar la terminación del régimen, esto es, para garantizar que la mercancía se entregará en la aduana de destino en la fecha autorizada para ello. Y no podría entenderse de otra manera, pues no resulta lógico que el transportador se obligue a pagar los tributos aduaneros de una mercancía que no es suya, sino que simplemente transporta, a menos que también en él concurra la calidad de declarante. En aquella oportunidad la Corporación concluyó que el declarante, que no sea a la vez transportador, debe responder por el pago de los tributos suspendidos; en tanto que el transportador, cuya actividad se limita únicamente al traslado de la mercancía, porque no es propietario ni importador, ni declarante, debe responder únicamente por la finalización del régimen(25).

Lo anterior, en forma alguna, puede entenderse como una limitación a la constitución de una póliza global que garantice el cumplimiento de las actividades de intermediación aduanera, el pago de tributos aduaneros y/o las sanciones a que hubiere lugar.

No obstante, se advierte que los actos acusados precisaron que se afectarían las pólizas que garantizaban cada obligación en el tránsito aduanero objeto de estudio de la siguiente forma:

- “Hacer efectiva la garantía CUM-3-00179 expedida por la aseguradora LA GANADERA, que ampara la finalización del régimen de tránsito aduanero, así:

Salario mínimo legal vigente a la ocurrencia: $236.438 

Liquidación: $236.438 x 30 = 7’093.140 

El valor por el cual se va a afectar la póliza es de $7’093.140”. 

- “Ahora bien, como la mercancía no llegó al depósito habilitado, como tampoco ha sido puesta a disposición de la DIAN, de conformidad con el artículo 73 del Decreto 1909 de 1992, procederá la aplicación de una sanción equivalente al 200% del valor de la misma, al transportista SURAMERICANA DE TRANSPORTES, y al declarante SIA PASAR LTDA. Solidariamente.

Por las mismas razones expuestas en el párrafo anterior, y conforme al artículo 13 del Decreto 2295 de 1996 se procede a hacer efectiva la garantía global 291812, de la aseguradora SURAMERICANA, que ampara el pago de tributos aduaneros suspendidos, y se afectará de la siguiente manera:

Valor de la mercancía: USD$ 149.843,78  

10% del valor de la mercancíaUSD$ 59.937,51 

Para el pago de tributos

Tasa de cambio vigente1.685,33 

Total tributos que afectan la póliza$101’014.487,09 

Por lo anterior, la Sala considera que no puede predicarse violación de las normas invocadas en la demanda, ni del debido proceso al no haberse desvirtuado la legalidad de los actos demandados, toda vez que se individualizó cada incumplimiento y se afectó la póliza referente a cada uno de ellos.

Así las cosas, la Sala concluye que los cargos del recurso de apelación no están llamados a prosperar, en tanto no tuvieron la virtualidad de demostrar el presunto yerro de la providencia censurada, por lo que se procederá a confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, en tanto denegó las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

Primero.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar de fecha 27 de septiembre de 2013.

Segundo.- DEVOLVER el expediente de la referencia al tribunal de origen, una vez quede en ejecutoriada la presente providencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

13 Autos visibles a folios 47 a 49 y 76 a 77 del cuaderno N° 2 del expediente.

14 Folio 180 del cuaderno N° 1 del expediente.

15 Folio 181 del cuaderno N° 1 del expediente.

16 Por la cual se establece el procedimiento para la autorización, trámite y finalización de las operaciones de tránsito aduanero, cabotaje, transporte multimodal y se dictan otras disposiciones.


17 Folio 49 del cuaderno N° 1 del expediente.

18 Folios 58 a 61 del cuaderno N° 1 del expediente.

19 Folios 180 a 186 del cuaderno N° 1 del expediente.

20 Folio 26 del cuaderno de anexos.

21 Folio 1 del cuaderno de anexos

22 Folio 2 del cuaderno de anexos

23 Folio 5 del cuaderno de anexos

24 Sentencia del 6 de noviembre de 2014. M.P.: Marco Antonio Velilla Moreno. Rad.: 2002 00434 01. Actor: Transportes Cóndor Ltda.

25 sentencias de 18 de noviembre de 2001 y 22 de enero de 2004. Expediente 5541, Actora: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL RISARALDA LTDA., M.P. Dr. Gabriel E. Mendoza Martelo. Expediente: 1997-3207, Actora: TRANSPORTES EL PROVEEDOR S.A., M.P. Dr. Camilo Arciniegas Andrade., respectivamente.