Sentencia 2001-01332 de marzo 5 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2001-01332

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Recurso de apelación contra la sentencia de 21 de octubre de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda.

Actora: Proyectos Capital Ltda.

Bogotá, D.C., cinco de marzo de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

Conforme quedó visto, el Tribunal Administrativo de Risaralda declaró la nulidad de los actos acusados por cuanto la administración rechazó el recurso de reconsideración interpuesto por el apoderado de la actora siendo que, a su juicio, lo procedente era su concesión.

Reiteradamente esta corporación, en diversas providencias, entre ellas, en sentencias de 3 de agosto de 2000 (Exp. 5928 y 30 de ago. de 2002 (sic), Exp. 7214 C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), ha precisado que el recurso de reconsideración se asimila al de apelación, habida cuenta de que no es resuelto por el mismo funcionario que expide el acto administrativo de decomiso (jefe de la división de liquidación), sino por el jefe de la división jurídica y, desde esta perspectiva, es de carácter obligatorio para los efectos del agotamiento de la vía gubernativa.

Siendo ello así, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 135, inciso 3º, del Código Contencioso Administrativo, cuando las autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer los recursos procedentes, los interesados podrán demandar directamente los correspondientes actos.

Es decir, que si a juicio del a quo, la administración se equivocó al haber rechazado o no haber dado trámite al recurso de reconsideración interpuesto por el apoderado de la actora, lo procedente no es anular el acto principal que ordenó el decomiso, sino obviar la exigencia del presupuesto de procedibilidad de la acción de agotamiento de la vía gubernativa y analizar los cargos de violación que se le endilgaron a aquel.

En otras palabras, el error en no haber dado trámite al recurso de reconsideración no tiene por qué conllevar la nulidad del acto principal, máxime si los cargos de la demanda y el concepto del alcance de la violación se circunscribieron a dicho acto y no al que negó el recurso.

Asistió razón al a quo en cuanto consideró que la administración sí debió dar trámite al recurso de reconsideración interpuesto por el abogado Abelardo Rivera Celis en nombre de la sociedad Proyectos Capital Ltda., pues conforme consta a folio 39 del cuaderno anexo 1, el 9 de noviembre de 2000 dicho abogado tenía poder de la referida sociedad para reclamar ante las autoridades aduaneras el vehículo de su propiedad, y el mencionado poder se presentó el mismo día 9 de noviembre ante la división de fiscalización tributaria y aduanera de Pereira, esto es, antes de expedirse la resolución que ordenó el decomiso.

Ahora, lo relevante en este caso es establecer si el acto administrativo que dispuso el decomiso violó o no las disposiciones de orden superior a que alude la demanda.

A juicio de la actora se quebrantaron los artículos 29 de la Constitución Política, 478 y 131 del Decreto 2685 de 1999, por cuanto el término que tiene la administración aduanera para imponer sanciones es de 3 años y en este caso caducó.

Sobre el particular, esta corporación en diversas sentencias, entre ellas, en providencia de 10 de abril de 2008, consejero ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno reiteró la posición de la Sala, relativa a que el decomiso no constituye una sanción, razón por la cual frente al mismo no resulta válido el argumento de la caducidad.

Dijo la Sala en la precitada sentencia:

“Ahora, la actora plantea el cargo de caducidad de la acción sancionatoria.

Al respecto, cabe advertir que, conforme lo precisó la Sala en sentencia de 11 de diciembre de 2006 (Exp. 2001-00952, C.P. Rafael Ostau de Lafont Pianeta), “... conviene poner de presente que el procedimiento administrativo surtido en este caso es el correspondiente a la definición de la situación jurídica de la mercancía”.

El Decreto 1800 de 1994, vigente cuando se le notificó a la actora el pliego de cargos y citado, entre otros, como soporte de este acto de trámite (fl. 87, cdno. de antecedentes), claramente consagra los distintos procedimientos en materia aduanera y, en el artículo 1º alude al procedimiento para definir la situación jurídica de la mercancía, cuyos supuestos fácticos corresponden a la conducta de que tratan los actos acusados, que es diferente de la situación regulada en el artículo 2º, ibídem, relativa a procedimientos para la aplicación de sanciones y multas.

Igualmente, la Sala en sentencia de 22 de junio de 2006, (Exp. 02240, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), precisó que “el decomiso no constituye una sanción, sino la medida tendiente a definir la situación jurídica de la mercancía, razón por la cual la administración está habilitada en cualquier tiempo para aprehender determinada mercancía..., y luego de surtido el respectivo procedimiento disponer su decomiso, no pudiendo, entonces, alegarse que caducó la acción para ordenarlo, pues dicha caducidad se predica de las sanciones, como por ejemplo de las multas”.

De otra parte, y en lo que atañe al artículo 131 del Decreto 2685 de 1999, la Sala hace la siguiente precisión:

La norma en estudio prevé:

“La declaración de importación quedará en firme transcurridos tres (3) años contados a partir de la fecha de su presentación y aceptación, salvo que se haya notificado requerimiento especial aduanero.

Cuando se ha corregido o modificado la declaración de importación inicial, el término previsto en el inciso anterior se contará a partir de la fecha de presentación y aceptación de la declaración de corrección o de la modificación de la declaración”.

Frente al tema relativo a la firmeza de la declaración, la Sala en reiterados pronunciamientos, entre ellos, en sentencia de 20 de enero de 2005 (Exp. 2000-01542, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), señaló que ante la deficiencia sustancial en que se incurre —como sucede frente a la indicación del modelo de un vehículo en la declaración y la posterior demostración por parte de la administración de que se trata de otro modelo— no tiene cabida la firmeza de la declaración de importación.

Ello, por cuanto conforme al parágrafo del artículo 57 del Decreto 1909 de 1992 no es subsanable ni corregible la declaración de importación para modificar elementos esenciales de la descripción; y a juicio de la Sala, es sustancial el dato relativo al año del modelo del vehículo, por lo que mal podría predicarse la firmeza de la declaración de importación que contenga dicha omisión.

Al respecto, también resulta oportuno resaltar que la Sala en sentencia de 26 de febrero de 2004 (Exp. 7736, C.P. Camilo Arciniegas Andrade) hizo hincapié en que cuando la declaración de importación no está llamada a producir efectos, conforme al texto del artículo 27 del Decreto 1909 de 1992, no puede cobrar firmeza.

Lo anterior conduce a la Sala a revocar la sentencia apelada para disponer, en su lugar, la denegatoria de las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia apelada y, en su lugar, se dispone: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 5 de marzo de 2009».

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