Sentencia 2001-01333 de febrero 26 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad. 25002326000200101333 01 (30.270)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Dairo Rojas Sierra

Demandado: Nación – Rama Judicial – Dian – Superintendencia de notariado y registro

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintiséis de febrero de dos mil quince.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la sala

1. Competencia de la sala.

La Sala es competente para conocer del asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por las partes en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión el 7 de diciembre de 2004, comoquiera que la demanda se presentó el 15 de junio de 2001(19) y la pretensión mayor se estimó en la suma de $100.000.000, suma que supera la suma mínima exigida para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia ante esta corporación para aquella época, esto es

$51.730.000(20).

Ahora bien, la Sala abordará el análisis respecto de la procedibilidad de la acción de reparación directa para el presente asunto, para luego determinar si la acción correspondiente se encuentra o no, caducada.

2. La acción procedente en el caso concreto.

Tal y como se dejó indicado en los antecedentes de esta sentencia, la parte demandante interpuso acción de reparación directa con el fin de obtener la declaratoria de responsabilidad de las demandadas por los perjuicios causados “porque la oficina de registro de instrumentos públicos, omitió comunicar al Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá y a la administración de Impuestos y Aduanas Nacionales, que se radicó un nuevo embrago de la Dian, el cual coexistía con el embargo que realizó la corporación de ahorro y vivienda Colpatria, pues por la omisión de dicha entidad el actor perdió la propiedad del inmueble”.

Ciertamente, en el libelo introductorio también se aduce que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Dian incurrió en falla del servicio, por cuanto “omitió dar comunicación al juez 26 Civil del circuito de Bogotá del embargo del bien inmueble identificado con el número de matrícula inmobiliaria 50N-200190073”.

De otra parte, ha de decirse que de las pretensiones de la demanda no se advierte solicitud alguna encaminada a obtener la nulidad de los registros efectuados en el folio de matrícula inmobiliaria, toda vez que es la omisión de las demandadas en efectuar la comunicación de los mismos la que precisamente se imputa como causante del daño, por manera que, al no cuestionar la legalidad de un acto administrativo de registro, no se está en presencia de escenarios en los cuales resultaría procedente la acción de nulidad y restablecimiento del derecho(21) y, en consecuencia, la acción de reparación directa ejercida en el presente asunto para obtener la indemnización por el aludido hecho dañoso demandado resulta pertinente(22), razón por la que procede la Sala a abordar el análisis de fondo respecto del asunto sometido a su conocimiento.

3. Oportunidad para el ejercicio de la acción.

El artículo 136 numeral 8 del Decreto 1º de 1984, estableció que la acción de reparación directa debe intentarse dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia del hecho, la omisión o la operación administrativa que sea la causa del perjuicio, pero la jurisprudencia en algunas ocasiones ha permitido la flexibilización de dicha regla, en atención a circunstancias especiales, tales como la ocurrencia de hechos que se prolongan en el tiempo, o de aquellos que son conocidos por los afectados tiempo después de haberse presentado.

Así se ha expresado que:

“(...) Sólo en eventos muy especiales, como aquellos en los cuales la producción o manifestación del daño no coincide con el acaecimiento de la actuación que les da origen, la Sala ha considerado que el término para accionar no debe empezar a contarse desde cuando se produjo la actuación causante del daño sino desde que el afectado tuvo conocimiento del mismo, de acuerdo con las circunstancias concretas del caso. En conclusión, la Sala considera que conforme al artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 23 del decreto Ley 2304 de 1989, el actor contaba con un plazo de dos años para ejercitar la acción de reparación directa, a partir del día en que conoció el daño, esto es, cuando se enteró que por la ocupación material de su predio la entidad no le iba a cancelar su valor”(23).

También puede ocurrir que el daño no sea de aquellos que se producen de manera instantánea, sino de los que se prolongan en el tiempo, circunstancia que no implicaría que el término de caducidad se postergue indefinidamente ya que esa eventualidad afectaría la seguridad jurídica, puesto que cosa diferente viene a ser cuando el demandante solo tuvo conocimiento del daño tiempo después de la ocurrencia del hecho, omisión u operación, ya que en esos casos, en aplicación del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, el término deberá contarse a partir de la fecha en que la persona tuvo conocimiento del daño.

En cuanto a la oportunidad para formular la presente acción indemnizatoria, advierte la Sala que el daño por cuya indemnización se demandó —según se indicó—, devino de la omisión de la oficina de registro de instrumentos públicos de efectuar las comunicaciones de ley, una vez decretado el embargo de la Dian sobre el inmueble que había sido adjudicado al actor por parte del Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá.

Sobre el momento a partir del cual debe contabilizarse el término de caducidad, la Sala, contrario a lo expuesto por el a quo, para quien el término de caducidad debe computarse desde el 5 de marzo de 1999 —fecha de la anotación del embargo por jurisdicción coactiva decretado por la Dian—, considera que dicho término se debe contabilizar desde el día 21 de septiembre de 2000, fecha de la diligencia de secuestro efectuada por la Unidad Administrativa Especial de la Dian —División cobranzas grupo coactivo sobre el referido inmueble, momento a partir del cual el actor pudo conocer del gravamen que pesaban sobre el bien que le había sido adjudicado por parte del Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá.

Habida cuenta que la presente demanda se presentó el 15 de junio de 2001(24), se impone concluir que se interpuso oportunamente, esto es dentro del término que establece el numeral 8º del artículo 136 del CCA.

– Ahora bien, reitera —y resalta la Sala— que en el caso en estudio la parte actora estimó que el daño irrogado devino de una falla del servicio imputable a las demandadas, toda vez que —como asegura la parte demandante— “la omisión de las demandadas dio lugar a que le adjudicaran en remate efectuado por el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá, un inmueble sobre el cual pesaba un embargo dispuesto por jurisdicción coactiva, y, por esa razón, se lo privara del derecho de propiedad, lo cual se concretó con la cancelación del registro de la respectiva adjudicación”.

A partir de esa imputación, como resulta evidente, la parte demandante estructuró su argumentación hacia la configuración de una falla del servicio, régimen que supone, para su prosperidad, tanto la acreditación del daño, como la de los elementos constitutivos de la responsabilidad de la Administración.

La Sala de tiempo atrás ha dicho que la falla del servicio ha sido en nuestro derecho, y continúa siendo, el título jurídico de imputación por excelencia para desencadenar la obligación indemnizatoria del Estado; en efecto, si al juez Administrativo le compete una labor de control de la acción administrativa del Estado y si la falla del servicio tiene el contenido final del incumplimiento de una obligación a su cargo, no hay duda de que es ella el mecanismo que más se acomoda a la posibilidad de cumplir el juez del Estado esa función de control a la que se hace referencia(25).

También ha sostenido que el mandato que impone la Carta Política en el artículo 2 (...) inciso 2 (...), consistente en que las autoridades de la República tienen el deber de proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades “debe entenderse dentro de lo que normalmente se le puede exigir a la administración en el cumplimiento de sus obligaciones o dentro de lo que razonablemente se espera que hubiese sido su actuación o intervención acorde con las circunstancias tales como disposición del personal, medios a su alcance, capacidad de maniobra etc., para atender eficazmente la prestación del servicio que en un momento dado se requiera”(26). Así las cosas, las obligaciones que están a cargo del Estado —y por lo tanto la falla del servicio que constituye su trasgresión—, han de mirarse en concreto frente al caso particular que se juzga, teniendo en consideración las circunstancias que rodearon la producción del daño que se reclama, su mayor o menor previsibilidad y los medios de que disponían las autoridades para evitarlo o contrarrestarlo(27).

Se le exige al Estado la utilización adecuada de todos los medios de que está provisto en orden a cumplir el cometido constitucional en el caso concreto; si el daño se produce por su incuria en el empleo de tales medios, surgirá su obligación resarcitoria; por el contrario, si el daño ocurre pese a su diligencia no podrá —en principio— quedar comprometida su responsabilidad.

Ahora bien, la falla del servicio o la falta en la prestación del mismo se configura por retardo, por irregularidad, por ineficiencia, por omisión o por ausencia del mismo. El retardo se da cuando la Administración actúa tardíamente ante la ciudadanía en prestar el servicio; la irregularidad, por su parte, se configura cuando se presta el servicio en forma diferente a como debe hacerse en condiciones normales, contrariando las normas, reglamentos u órdenes que lo regulan y la ineficiencia se da cuando la Administración presta el servicio pero no con diligencia y eficacia, como es su deber legal. Y obviamente se da la omisión o ausencia del mismo cuando la Administración, teniendo el deber legal de prestar el servicio, no actúa, no lo presta y queda desamparada la ciudadanía(28).

Con fundamento en lo anterior, debe la Sala establecer si en el presente asunto se configuraron los elementos para declarar la responsabilidad de la Administración por una falla en la prestación de los servicios a su cargo, en este caso relativos a la omisión en las comunicaciones que debían hacer las demandadas al Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá de la inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria del embargo decretado por la “Dian” de un inmueble sobre el cual pesaba un embargo por jurisdicción coactiva, como plantea la demanda.

4. Cuestión previa: el alcance de la apelación adehesiva.

Debe la Sala considerar, como cuestión previa, el recurso de apelación interpuesto por las entidades demandadas, Superintendencia de Notariado y Registro y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales —Dian—, así como la apelación adhesiva presentada por la parte actora, dentro de la oportunidad legal prevista en el artículo 353 del CPC.

La mencionada norma —aplicada al asunto sub examine en virtud de la remisión normativa consagrada en el artículo 267 del CCA—, establece que:

“Art. 353.- Modificado D. 2282 de 1989, art. 1º, mod. 171. La parte que no apeló podrá adherir al recurso interpuesto por otra de las partes, en lo que la providencia apelada le fuere desfavorable.

El escrito de adhesión podrá presentarse ante el juez que la profirió mientras el expediente se encuentre en su despacho, o ante el superior hasta el vencimiento del término para alegar.

La adhesión quedará sin efecto si se produce el desistimiento del apelante principal.”

La Sala debe advertir que abordará el análisis de la providencia impugnada sin limitación alguna, toda vez que en relación con la competencia del juez en segunda instancia, es claro el artículo 357 del CPC al prever que cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. La norma es del siguiente tenor:

“Art. 357.—Competencia del superior. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

(...)”

Frente al contenido y alcance de la institución de la apelación adhesiva, la Sala reitera los planteamientos contenidos en sentencia del 9 de junio de 2010(29), oportunidad en la que se discurrió de la siguiente manera:

“(...)

“Adicionalmente, de conformidad con tal precepto la apelación adhesiva se entiende interpuesta en lo que la providencia apelada resulte desfavorable a dicho apelante y, en concordancia con tal mandato se encuentra que el artículo 357 del CPC, dispone expresamente que cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones, previsiones normativas estas que evidencian otra problemática, que si bien es distinta, en todo caso se encuentra directamente relacionada con aquella que fue advertida inicialmente, por cuanto que de lo que aquí se trata es de establecer la vigencia en tales casos de la garantía constitucional de la no reformatio in pejus, prevista a favor del apelante único y, por ende, el alcance de la competencia del juez superior ante la concurrencia de las apelaciones principal y adhesiva.

“(...)

“Ante eventos como el señalado —concurrencia de apelación principal y apelación adhesiva—, ha precisado la Sala que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 353 del CPC, el recurso se entiende interpuesto en todo lo que la sentencia apelada resulte desfavorable tanto al apelante principal como al apelante adhesivo(30).

Sin embargo, en cuanto corresponde específicamente al tema de decisión que condiciona las facultades del juez de segunda instancia, resulta necesario remitirse a lo que en tal aspecto regula y prescribe el artículo 357 del CPC, cuyo texto conviene recordar:

“ART. 357.—Modificado por el numeral 175 del artículo 1º del decreto 2282 de 1989. “Competencia del superior. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

“(...)

“(...)

“Ha de entenderse, entonces, que el artículo 357 arriba trascrito otorga al juez de segunda instancia competencia irrestricta, solo en cuanto el recurso de apelación haya sido interpuesto, aún de forma adhesiva, por las partes demandante y demandada, o mejor aún, por quienes en un proceso representen o defiendan intereses distintos y contrapuestos.

“(...)

“En síntesis, se tiene que el límite material que para la competencias del juez superior comporta la apelación adhesiva dependerá del origen subjetivo de tal apelación, toda vez que si esta proviene de otro integrante de la misma parte a la cual pertenece quien interpuso la apelación principal, o mejor aún cuando comparte un mismo interés jurídico y sustancial con esta, el ad quem debe garantizar la no reformatio in pejus comoquiera en tal caso se estará ante un único apelante, restringiendo entonces su competencia a los aspectos de la sentencia de primera instancia que constituyen el objeto de la apelación de conformidad con la sustentación del respectivo recurso, dado que las apelaciones formalmente plurales comportan o provienen de un mismo y común interés, en caso contrario, si quien se adhiere a la apelación principal es su contraparte, la competencia del superior vuelve a ser plena y debe él resolver sin limitaciones”.

De conformidad con lo anterior, para la Sala es claro que, por expresa disposición del artículo 357 del CPC, en estos eventos no es aplicable la garantía de la no reformatio in pejus, ya que cada una de las partes apela en lo que la decisión le es desfavorable y, en consecuencia, el juez de segunda instancia puede decidir el proceso sin limitación alguna.

En conclusión, la Sala abordará el análisis de la providencia impugnada, teniendo en cuenta los motivos de inconformidad expuestos en el recurso de apelación interpuesto por las demandadas y en la apelación adhesiva presentada por la parte actora, como pasará a analizarse.

5. El material probatorio recaudado en el expediente.

Dentro de la respectiva etapa procesal y con el lleno de los requisitos legales se recaudaron en el proceso los siguientes elementos de convicción:

– Obra entre folios 55 a 60 del cuaderno de pruebas, el certificado de matrícula inmobiliaria 50N-20190073 del inmueble 203 ubicado en la transversal 28 114-A-62 de Bogotá, donde aparecen como gravámenes, los siguientes: A) Anotación 5 de 23 de marzo de 1995. Hipoteca abierta sin límite de cuantía constituida por Uribe Correa Víctor Ricardo en favor de corporación de ahorro y vivienda Colpatria. B) Anotación 7 de 8 de septiembre de 1995. Hipoteca abierta sin límite de cuantía constituida por Dijuana Herrera Díaz y CIA SCS en favor de corporación de ahorro y vivienda Colpatria. C) Anotación 9 de 1 de diciembre de 1997. Embargo hipotecario de corporación de ahorro y vivienda Colpatria contra Dijuana Herrera Díaz y CIA SCS, con fundamento en el Oficio 3369 del 19 de noviembre de 1997 del Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá. D) Anotación 10 de 5 de marzo de 1999. Embargo por jurisdicción coactiva de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales contra Dijuana Herrera Díaz y CIA SCS E) Anotación 12 de 4 de agosto de 1999 Adjudicación de remate que incluye el uso exclusivo del garaje 46 y del depósito 203, de Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá a Dairo Rojas Sierra, en la que, además, figura como nota que “continúa vigente embargo coactivo de la Dian ” y, F) Anotación 13 de 26 de octubre de 1999 Cancelación de hipoteca de corporación de ahorro y vivienda Colpatria a Dijuana Herrera Díaz y CIA SCS.

– Fotocopia del acta de diligencia de remate de 17 de junio de 1999(31), dentro del proceso ejecutivo hipotecario de la corporación de ahorro y vivienda Colpatria contra Dijüana Herrera Díaz y CIA. SCS, en la cual se adjudicó al señor Dairo Rojas Sierra el inmueble 203 ubicado en la transversal 28 114-A-62 de Bogotá, junto con el uso exclusivo del garaje 46 y el deposito 203 del Edificio Suaza Santa Bárbara.

– Fotocopia del auto de 24 de junio de 1999(32), aprobatorio del remate, emitido por el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá, providencia que ordenó en su numeral segundo la inscripción de la medida en la oficina de registro de instrumentos públicos de Bogotá.

– Fotocopia de la constancia de inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria 50N-20190073(33), en la que se aprecia como anotación 12, la adjudicación del remate dentro del proceso ejecutivo hipotecario de Colpatria, no obstante también figura como nota que “continúa vigente embargo coactivo de la Dian ”.2

– Fotocopia del Oficio 1451 de 26 de mayo de 2000(34), suscrito por el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá y dirigido a la oficina de registro de instrumentos públicos de Bogotá, por medio del cual le solicita la siguiente información “por auto de fecha 15 de mayo de 2000, dictado en el proceso 19.546 ejecutivo hipotecario de la corporación de ahorro y vivienda Colpatria contra Dijüana Herrera Díaz CIA S.C.S, se ordenó oficiar para solicitarle se sirva manifestar la razón por la cual, al momento de inscribir la anotación 10 en el folio de matrícula inmobiliaria 50N- 20190073, no comunicó lo pertinente a este juzgado, teniendo en cuenta lo ordenado en el artículo 542 del CPC”.. (se destaca).

– Oficio JN-1057022253 de 28 de noviembre de 2000(35), suscrito por la oficina de registro de instrumentos públicos de Bogotá – zona norte y dirigido al Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá, por medio del cual le da respuesta al anterior interrogante, así (se cita el texto tal cual aparece en el expediente, inclusive los errores):

“La oficina siempre informa los casos de concurrencia de embargos a los entes que deben ser notificados de tal situación, según lo preceptuado por el artículo 542 del CPC, empero el aviso que se envió a ustedes no fue localizado debido a que se está implementando nuestro archivo a tecnología e imagen.

“Las partes intervinientes en el proceso debieron estudiar la tradición del inmueble con matrícula inmobiliaria 50N-20190073, con el correspondiente certificado de libertad y tradición que sirve de medio de publicidad y refleja la real situación jurídica del predio donde aparece el embargo de la Dian desde el 5-03-99, casi cinco meses antes del remate. (se destaca).

– Fotocopia del acta de diligencia de secuestro de 21 de septiembre de 2000(36), suscrita por la Unidad Administrativa Especial de la Dian – División cobranzas grupo coactivo, la misma que fue suspendida, hasta que, quien fue señalado como propietario por el administrador del inmueble, esto es, el señor Dairo Rojas Sierra, allegara a la documentación que lo acreditara como tal.

– Fotocopia del Auto 17 de 28 de marzo de 2001(37), por medio del cual la oficina de registro de instrumentos públicos de Bogotá —zona norte—, inició una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica del folio de matrícula inmobiliaria 050-20190073. Los argumentos que sirvieron de fundamento para adoptar dicha decisión fueron, en lo sustancial, los siguientes:

“Mediante Oficio 30-172 del 31 de enero de 2001, radicado en esta oficina con el 287 de 12 de febrero del año en curso el doctor Omar Fernando Díaz, ejecutor cuatro grupo coactiva división cobranzas de la Dian solicita estudiar la posibilidad de “revocar la inscripción de la adjudicación de remate, pues existía embargo coactivo de la Administración de Impuestos y Adunas Nacionales”.

“Verificado el folio de matrícula inmobiliaria 050-20190073 es evidente que en la anotación 10 está inscrito el oficio de embargo 1189 de fecha 22 de febrero de 1999 de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales contra Dijüana Herrera Díaz y CIA SCS no obstante inscrita esta medida cautelar se registró la sentencia del 24 de junio del mismo año del Juzgado 26 Civil del Circuito por la cual se le adjudica el predio apartamento 402 ubicado en la transversal 28 114A-62 a Rojas Sierra Dairo, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 57 de 1887, dándose así una inconsistencia en la tradición del folio de matrícula inmobiliaria 050- 20190073, por lo cual debe iniciarse actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica del folio de matrícula citado”.

– Copia auténtica de la Resolución 524 de 13 de agosto de 2003, por medio del cual el Registrador Principal de instrumentos públicos de Bogotá – Zona Norte declaró que en el folio de matrícula inmobiliaria 20190073, existe información ilegal, a la altura de la anotación 12, referente a la sentencia de remate de fecha 24 de junio de 1999, proferida por el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá, por la cual se adjudicó la titularidad del bien en favor de Dairo Rojas Sierra, por encontrarse fuera del comercio y corresponder en consecuencia a un objeto ilícito. Como consecuencia directa de lo anterior, resolvió revocar la anotación 12.

Los motivos que llevaron a adoptar dicha decisión fueron, entre otros, los siguientes (se cita el texto tal cual aparece en el expediente, inclusive los errores):

“La realidad jurídica también comporta el deber de declarar la sucesión ininterrumpida de derechos, mutaciones y variaciones de un predio a través del tiempo y en tal medida, la oficina de registro debe procurar la fidelidad de la misma, en atención a proporcionar información confiable y oportuna, con mayor razón cuando advierte que en un folio, no se dan los presupuestos legales, como cuando ingresan documentos al registro a los que se les otorga un alcance que no tienen, o como sucede en el caso presente, donde la inscripción se realizó desconociendo los efectos de una medida dictada por autoridad competente que limita el ejercicio del derecho de dominio en cuanto anula temporalmente la transferencia de dominio que sobre el bien se pretenda. Por tanto resulta necesario que cuando concurran eventos tales, se deba ajustar el folio a la verdadera situación jurídica para que se repare la legalidad, a través de los mecanismos diseñados para el efecto.

“(...)

“La realidad jurídica del folio de matrícula inmobiliaria 20190073 informa el registro de 13 anotaciones; a la altura de la anotación 9 con radicación 1999-85323, figura comunicada mediante Oficio 3369 del 19 de noviembre de 1997; como anotación 10, figura inscrita con radicación 1999-13375, medida de embargo decretada en proceso de jurisdicción coactiva de la Dian en contra del dominio inscrito, Dijüana Herrera Diaz y Cia. SCS, medida que se inscribió atendiendo las previsiones del artículo 839-1 del Estatuto Tributario, que permite la concurrencia de embargos como circunstancia excepcional, en consideración al carácter público de los recursos que se buscan recuperar por vía coactiva.

“Ahora bien, con posterioridad como anotación 11 figura inscrito el oficio 1890 del 7 de julio de 1999, proferido por el Juzgado 26 Civil del Circuito, por medio del cual el juzgado en comento dispone la cancelación de la medida de embargo registrada como anotación 9. Acto seguido, con turno de radicación 1999-44426, figura inscrita sentencia de remate de fecha 24 de junio de 1999, proferida por el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá, por la cual se adjudica el dominio del bien en favor de Dairo Rojas Sierra, es decir, que no obstante haberse levantado el embargo de la anotación 9, el inmueble continuaba fuera del comercio por virtud de la medida inscrita como anotación 10 con ocasión del proceso de la Dian, lo cual no fue obstáculo para que se inscribiera la transferencia de domino.

“Resulta evidente entonces, la errónea calificación del turno 1999-44426, haciendo exigible el restablecimiento del derecho y específicamente de los principios que informan la actividad registral, verbo y gracia, la prioridad o rango derivada de quien primero adquiere un derecho, o la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario, producto de la actividad administrativa, llevan a la conclusión ineludible de excluir del registro público inmobiliario, concretamente del folio 20190073, la anotación 12, por cuanto ella riñe con el ordenamiento jurídico, del cual no puede esperar amparo alguno, como quiera que está afectado de nulidad absoluta (objeto ilícito), sin que configure derecho alguno y sin que pueda predicarse que dicha inscripción goza de los privilegios de una actuación administrativa, la cual jamás logró consolidarse como tal.

“Por lo mismo con la exclusión, procede —a petición de parte—, la devolución de los derechos que erróneamente se hubieren causado con la equivocada inscripción de la sentencia del Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá de fecha 24 de junio de 1999.

“(...)

“En el presente caso es evidente que dicho registro (anotación 12) es ilegal, la anterior circunstancia permite concluir en teoría que, por cuanto dicha inscripción contraría el ordenamiento legal vigente, es necesaria la exclusión del registro inmobiliario de la sentencia de remate antes descrita, pues el vicio de ilegalidad está señalado previamente por el legislador y en consecuencia, dicha inconformidad legal, jamás podrá engendrar derecho sobre el cual pueda predicarse un amparo del que carece por ausencia de un elemento de validez”.

6. Conclusiones probatorias y caso concreto:

En el caso sub examine, de las pruebas aportadas al proceso se puede establecer, básicamente que dentro del proceso ejecutivo hipotecario iniciado por la corporación Colpatria contra la Sociedad Dijüana Herrera Díaz y CIA SCS, el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá decretó el embargo del inmueble matriculado bajo el Nº 50N-20190073, comunicada la medida a la oficina de registro de instrumentos públicos quien la inscribió el día 1 de diciembre de 1997. Estando en curso el proceso ejecutivo, mediante Resolución 92 de 16 de febrero de 1999, dentro del proceso de jurisdicción coactiva que se adelantaba la Dian contra la Sociedad Dijüana Herrera Díaz y CIA SCS, la Administración de Impuestos decretó el embargo del mismo inmueble, inscripción efectuada en el folio de matrícula inmobiliaria el día 5 de marzo de 1999.

Cabe anotar que el inmueble fue rematado en pública subasta y adjudicado al señor Dairo Rojas Sierra el día 17 de junio de 1999, remate aprobado por auto de 24 del mismo mes y año.

De igual forma, tal como se demostró en el proceso, mediante Auto 17 de 28 de marzo de 2001, la oficina de registro de instrumentos públicos dispuso iniciar una actuación administrativa tendiente a definir la real situación jurídica del folio de matrícula inmobiliaria 050-20190073, definiéndose dicha situación mediante la Resolución 524 de 13 de agosto de 2003, que dispuso revocar la anotación 12, referente a la sentencia de remate del inmueble del cual el actor figuraba como propietario.

Así las cosas, de conformidad con el material de convicción allegado al proceso se tiene acreditado el hecho dañoso sufrido por el demandante, en tanto la pérdida del predio que se le había adjudicado en el remate celebrado en el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá supone, por sí misma, una afectación de su patrimonio, el cual se encuentra amparado y protegido por el ordenamiento jurídico.

Así pues, establecido el aludido daño antijurídico sufrido por el demandante, aborda la Sala el análisis de imputación con el fin de determinar si en el presente asunto dicho daño le puede ser atribuido a la administración pública y, por lo tanto, si constituye deber jurídico a cargo de esta resarcir los perjuicios que del mismo se derivan y si la sentencia debe ser confirmada o revocada.

El Decreto 624 de 30 de marzo de 1989, por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales, regula en su título octavo, todo lo referente al procedimiento de cobro coactivo. Al efecto, el artículo 839 consagra sobre el registro del embargo lo siguiente:

“Registro de embargo: De la resolución que decreta el embargo de bienes se enviará una copia a la oficina de registro correspondiente. Cuando sobre dichos bienes ya existiere otro embargo registrado, el funcionario lo inscribirá y comunicará a la Administración y al juez que ordenó el embargo anterior.

“En este caso, si el crédito que originó el embargo anterior es de grado inferior al del fisco, el funcionario de Cobranzas continuará con el procedimiento, informando de ello al juez respectivo y si este lo solicita, pondrá a su disposición el remanente del remate. Si el crédito que originó el embargo anterior es de grado superior al del fisco, el funcionario de Cobranzas se hará parte en el proceso ejecutivo y velará porque se garantice la deuda con el remanente del remate del bien embargado. “(...)”.

A su vez, el artículo 839-1 del mismo estatuto, adicionado por el artículo 86 de la Ley 6º de 1999, respecto al procedimiento inherente a los embargos que se decreten dentro del procedimiento de cobro coactivo que adelanta la Dian, prevé:

“ART. 839-1. Trámite para algunos embargos. 1. El embargo de bienes sujetos a registro se comunicará a la oficina encargada del mismo, por oficio que contendrá los datos necesarios para el registro; si aquéllos pertenecieren al ejecutado lo inscribirá y remitirá el certificado donde figure la inscripción, al funcionario de la administración de impuestos que ordenó el embargo.

Si el bien no pertenece al ejecutado, el registrador se abstendrá de inscribir el embargo y así lo comunicará enviando la prueba correspondiente. Si lo registra, el funcionario que ordenó el embargo de oficio o a petición de parte ordenará la cancelación del mismo.

Cuando sobre dichos bienes ya existiere otro embargo registrado, se inscribirá y comunicará a la administración de impuestos y al juzgado que haya ordenado el embargo anterior.

En este caso si el crédito que ordenó el embargo anterior es de grado inferior al del fisco, el funcionario de cobranzas continuará con el procedimiento de cobro, informando de ello al juez respectivo y si este lo solicita, pondrá a su disposición el remanente del remate. Si el crédito que originó el embargo anterior es de grado superior al del fisco, el funcionario de cobro se hará parte en el proceso ejecutivo y velará porque se garantice la deuda con el remanente del remate del bien embargado.

Si del respectivo certificado de la oficina donde se encuentren registrados los bienes, resulta que los bienes embargados están gravados con prenda o hipoteca, el funcionario ejecutor hará saber al acreedor la existencia del cobro coactivo, mediante notificación personal o por correo para que pueda hacer valer su crédito ante juez competente.

El dinero que sobre del remate del bien hipotecado se enviará al juez que solicite y que adelante el proceso para el cobro del crédito con garantía real.

2. El embargo de saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio y de los demás valores de que sea titular o beneficiario el contribuyente, depositados en establecimientos bancarios, crediticios, financieros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país se comunicará a la entidad y quedará consumado con la recepción del oficio.

Al recibirse la comunicación, la suma retenida deberá ser consignada al día hábil siguiente en la cuenta de depósitos que se señale, o deberá informarse de la no existencia de sumas de dinero depositadas en dicha entidad.

PAR. 1º—Los embargos no contemplados en esta norma se tramitarán y perfeccionarán de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 681 del Código de Procedimiento Civil.

PAR. 2º—Lo dispuesto en el numeral 1º de este artículo en lo relativo a la prelación de los embargos, será aplicable a todo tipo de embargo de bienes.

PAR. 3º—Las entidades bancarias, crediticias, financieras y las demás personas y entidades, a quienes se les comunique los embargos, que no den cumplimiento oportuno con las obligaciones impuestas por las normas, responderán solidariamente con el contribuyente por el pago de la obligación”.

De igual manera, el artículo 542 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el Decreto Extraordinario 2282 de 1989, en su inciso primero, dispone:

“ART. 542.—Modificado. Decreto 2282 de 1989, Art. 1º. Num. 295. Acumulación de embargos en procesos de diferentes jurisdicciones. Cuando en un proceso ejecutivo laboral o de jurisdicción coactiva se decrete el embargo de bienes embargados en uno civil, la medida se comunicará inmediatamente, sin necesidad de auto que lo ordene, al juez civil, por oficio en el que se indicarán el nombre de las partes y los bienes de que se trate (...)”.

Así las cosas, con fundamento en las normas que se dejan transcritas es dable concluir para el presente asunto que la actuación surtida por el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá se ajustó en todo a derecho, toda vez que en el expediente no se aprecia que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Dian o la oficina de registro de instrumentos públicos le hubiesen comunicado la existencia de la medida cautelar decretada por la jurisdicción coactiva que se inscribió en la oficina de registro de instrumentos públicos, comunicación que hubiese evitado que el inmueble se subastara y adjudicara posteriormente al hoy actor.

Todo lo anterior permite concluir que la Dian no dio cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 839 y 839-1 del Decreto 624 de 30 de marzo de 1989 o Estatuto Tributario, pues, se reitera, no figuran en el plenario las comunicaciones que debió librar con destino al Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá al tenor de la citada norma.

Tampoco se observa que la oficina de registro de instrumentos públicos hubiese dado cumplimiento a lo ordenado en las disposiciones transcritas, pues en el acervo probatorio traído al proceso no obra la comunicación dispuesta por el legislador y que debió ser dirigida a la Dian y al Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá, de lo que se puede deducir que existió, al igual que en el caso de la Dian, una falla del servicio por omisión.

De otra parte, no le asiste razón a la parte demandante al solicitar como pretensión principal que se ordene a la oficina de registro de instrumentos públicos la cancelación de las anotaciones 5º de 23 de marzo de 1995 y 10 de 5 marzo de 1999 correspondientes al folio de matrícula inmobiliaria 50N-20190073, extremo del litigio que omitió resolver el a quo, toda vez que en el momento en que se hicieron las respectiva inscripciones, el hoy demandante no se encontraba legitimado para así solicitarlo, puesto que no había adquirido derecho alguno sobre el referido inmueble, dado que aún no le había sido adjudicado por el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá, circunstancia que solo ocurrió el 4º de agosto de 1999 y, en todo caso, el daño para el actor solo se concretó con la expedición de la Resolución 524 de 13 de agosto de 2003, por medio del cual el Registrador Principal de instrumentos públicos de Bogotá declaró que en el folio de matrícula inmobiliaria 50N-20190073 existía información ilegal, a la altura de la anotación 12, referente a la sentencia de remate de fecha 24 de junio de 1999, proferida por el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá, por la cual se adjudicó la titularidad del bien en favor de Dairo Rojas Sierra, acto administrativo de registro que solo es cuestionable en su legalidad en escenarios en los cuales resultaría aplicable la acción de nulidad(38) y no así la de reparación directa.

Ahora bien, cabe precisar que el daño cuya reparación se deprecó en la demanda, encuentra su resarcimiento con el reconocimiento del valor que invirtió el actor para hacerse del bien en remate y los gastos en que incurrió por concepto de servicios públicos y que se lograron acreditar dentro del proceso, sumas estas que deberán ser actualizadas a la fecha de la presente providencia, con en efecto se hará.

Finalmente, para la Sala no es de recibo el argumento con el que la accionada Superintendencia de Notariado y Registro pretendió evadir su responsabilidad, al considerar que el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá y el hoy demandante incurrieron en una omisión, “al no revisar el folio de matrícula inmobiliaria del inmueble, en el que figuraba el embargo de la Dian desde el 5 de marzo de 1999, esto es cinco meses antes del remate efectuado por el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá”, toda vez que, tal como lo consideró el a quo, solo con la modificación introducida al artículo 525 del CPC(39) por la Ley 794 de 2003 se estableció la obligación de acompañar el certificado de libertad y tradición del inmueble actualizado, expedido con cinco días de antelación a la fecha prevista para la diligencia de remate, norma que, desde luego no le resulta aplicable al caso, lo que permite concluir que no se trataba de un deber que estuviera contenido dentro del marco obligacional de la rama judicial, sin que está sola circunstancia pueda relevar a las demandadas de la responsabilidad por omisión en que incurrieron, pues, se insiste, en que, de haberse efectuado las comunicaciones como lo establecen las normas transcritas, se habría evitado el remate, la posterior adjudicación del bien al hoy actor y, de contera, el daño antijurídico a él producido, pues finalmente fue despojado del bien que de buena fe había adquirido.

Por todo lo anterior, la Sala confirmará en este punto la providencia recurrida, en cuanto accedió a las pretensiones de la demanda bajo esta misma óptica, y procederá a estudiar la condena en costas y la indemnización de perjuicios reconocida por el a quo de conformidad con el petitum de la demanda y de lo probado en el proceso, aspectos que constituyen —según se vio—, el principal motivo de inconformidad de la Dian y la parte demandante para con el fallo de primera instancia.

7. Condena en costas.

Como fundamento de su inconformidad para con la sentencia de primera instancia, la parte demandante manifestó que, el a quo no fundamentó porque no condenó en costas a las demandadas que fueron encontradas responsables de los daños y perjuicios ocasionados al señor Dairo Rojas Sierra, en consideración a que sus actuaciones estuvieron encaminadas a ocultar su error, sin importar los derechos del actor.

Sobre la condena en costas, el artículo 177 del CCA, modificado por el artículo 55 de la ley 446 de 1998, dispone:

“En todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil”.

Respecto de la aplicación de la norma trascrita, esta corporación ha sostenido que para condenar en costas a la parte vencida en juicio, se debe concluir que su comportamiento ha sido temerario o doloso(40) .

Así, por ejemplo, en sentencia de 18 de febrero de 1999(41), la Sala indicó:

“(...) la cláusula abierta que contiene el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 no faculta al juez para decidir a su arbitrio sobre la existencia material de la conducta procesal, sino para resolver en frente de una actuación claramente verificable, cuándo ella amerita la condena al reembolso de los gastos hechos por la parte favorecida con el juicio, incidente o recurso, en consideración a los fines de esa facultad discrecional.

La Sala considera que el juicio que en este caso debe hacerse implica un reproche frente a la parte vencida, pues solo en la medida en que su actuación no se acomode a un adecuado ejercicio de su derecho a acceder a la administración de justicia sino que implique un abuso del mismo, habrá lugar a la condena respectiva.

En otros términos, en la medida en que la demanda o su oposición sean temerarias porque no asiste a quien la presenta un fundamento razonable, o hay de su parte una injustificada falta de colaboración con el aporte o práctica de pruebas, o acude a la interposición de recursos con un interés meramente dilatorio se considerará que ha incurrido en una conducta reprochable que la obliga a correr con los gastos realizados por la otra parte para obtener un pronunciamiento judicial”.

Con base en la norma y la jurisprudencia transcrita, entiende la Sala que la condena en costas obedece a una conducta eminentemente procesal y dado que el señalamiento del recurrente obedece a una censura de la falla del servicio como tal, en consideración a que el presente caso no se evidencia temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la ley 446 de 1998.

8. Liquidación de perjuicios

8.1. Perjuicios morales.

Por indemnización de perjuicios morales se solicitó en la demanda una suma equivalente a mil (1000) gramos de oro fino, pretensión que así formulada, comporta de una parte, “la angustia, zozobra, ansiedad e incertidumbre” que el demandante afirma haber padecido por la pérdida de una parte de su patrimonio económico y, de otra, por la imposibilidad de obtener una ventaja patrimonial derivada de la mejora y venta del inmueble.

En cuanto corresponde al último de los aspectos enunciados en la pretensión que se viene estudiando, advierte la Sala que el planteamiento del demandante no corresponde a la naturaleza que atañe a los perjuicios inmateriales de orden moral en tanto que el hecho consistente en la imposibilidad de mejorar y vender el inmueble “obteniendo una ganancia considerable”, constituye precisamente el origen de los perjuicios materiales cuya indemnización ha sido reconocida en esta instancia de conformidad con los señalamientos precedentes y, por lo tanto, dicho aspecto no puede ser objeto de resarcimiento nuevamente por vía del alegado daño moral.

No ocurre lo mismo respecto del primero de los aspectos enunciados, pues cabe resaltar que esta corporación ha encontrado posible derivar perjuicios morales por la pérdida de bienes; así lo manifestó en sentencia del cinco de octubre de 1989:

“Es cierto que dentro de los perjuicios indemnizables se comprenden los morales, entendiendo por estos el dolor y la tristeza que el hecho dañoso ocasiona a quien sufre el daño, pero también aquí tanto la jurisprudencia como la doctrina están acordes en que tratándose de daño a las cosas ese dolor o tristeza debe tener envergadura suficiente como para justificarse su reparación y que en todo caso debe ser demostrado, pues no se presume”(42).

De igual forma lo reiteró en sentencia del 13 de abril de 2000 y posteriormente en sentencia del 7 de junio de 2006(43):

“El desarrollo del tema en la jurisprudencia nacional ha ido en evolución, al punto que hoy se admite inclusive la posibilidad de reclamar indemnización por los perjuicios morales causados por el daño o pérdida de las cosas, a condición de demostrar plenamente su existencia, pues tal perjuicio no se presume(44)(45).

Específicamente en cuanto a la prueba de ese daño moral, ha recalcado la Sala que:

“la especial naturaleza de este perjuicio implica su cabal demostración, sin que resulte suficiente para darlo por existente —y en consecuencia, para considerarlo indemnizable —con probar la titularidad del derecho y la antijurídica lesión del mismo imputable a una autoridad pública(46). (se resalta)

De manera que frente al caso concreto y ante la afirmación del demandante, quien dijo haber resultado moralmente afectado por la pérdida de su dinero, es necesario recurrir a las pruebas obrantes en el expediente, con el fin de establecer si las mismas otorgan a la Sala certeza sobre la existencia y justificación de tal perjuicio.

Tales pruebas, en el presente caso, se limitan a la declaración del señor Jaiden Diagama Sierra(47), quien en su declaración, sostuvo que (se cita tal cual aparece en el expediente):

“La verdad él tenía unos ahorros que pensó utilizarlos en la compra de un inmueble en remate y por lo tanto no se llegó a un feliz término y esto le ocasionó perjuicios morales, psicológicos y económicos. Él se siente demasiadamente frustrado porque eran unos ahorros que él tenía, tal vez por eso sentimentalmente también perdió hasta el hogar a raíz de la situación económica.

En esta línea de pensamiento, es preciso advertir que en la actualidad no existe obstáculo o razón alguna para no admitir la reparación del daño moral que podría causar la pérdida de un bien, claro está, siempre y cuando aquél esté debidamente fundamentado con pruebas que acrediten su existencia y magnitud, circunstancia que no se encuentra debidamente acreditada en el presente caso, toda vez que la prueba testimonial arrimada al proceso no genera la certeza suficiente acerca de la zozobra y angustia que debió implicar para el demandante la situación que dio lugar al presente proceso.

En efecto, aunado a que el testigo en la declaración rendida ante el Tribunal a quo reconoció ser familiar del señor Dairo Rojas Sierra, circunstancia que impone que sus testimonios deban ser analizados con una especial severidad, en los términos del artículo 217 del Código de Procedimiento Civil(48), como quiera que lo dicho por ellos, por estar ligados con la parte actora por vínculos familiares, su versión igualmente puede estar encaminada a favorecer sus propios intereses en relación con la posible condena que le pueda ser impuesta a la entidad demandada(49), toda vez que el testigo también aseveró haberle prestado parte del dinero invertido y posteriormente perdido, razón por la cual, en estas condiciones su dicho debe ser desestimado.

8.2. “Daño o perjuicio de orden fisiológico”.

No será estudiado lo referente al perjuicio fisiológico reclamado, puesto que el reconocimiento de este tipo de perjuicio, se aclara, solo procede en tratándose de lesiones a la integridad psicofísica.

En lo que atañe a la descomposición que de su hogar dijo haber padecido el actor —solicitud que obedece más a un tipo de daño a la vida de relación o a la alteración de las condiciones de existencia—, considera la Sala que a partir de los elementos de convicción arrimados al proceso, específicamente la prueba testimonial, es imposible abordar cualesquier análisis, toda vez que el único declarante que se refirió al tema, se limitó a expresar que el actor perdió el hogar, pero no dio cuenta de ningún aspecto que pueda tener por cierto este acontecimiento u otro similar del que pueda inferirse la afectación de su entorno cotidiano.

9. Perjuicios materiales.

Con fundamento en los hechos descritos, el petitum de la demanda se centró en solicitar igualmente el reconocimiento de los costos en que incurrió el demandante para el pago de los servicios públicos y el impuesto predial del referido inmueble, solicitud a la que accedió el a quo en la providencia de primera instancia, condenando a la entidad demanda al pago de la suma de $65.480.094,32, correspondientes al valor invertido por el actor en el remate y al valor que por estos conceptos de servicios públicos e impuesto predial resultaron demostrados en el proceso.

Ahora bien, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales —Dian— manifestó su desacuerdo con la liquidación de perjuicios materiales efectuada por el fallador de primera instancia, dado que, a su juicio, se trata de gastos que están a cargo del poseedor del bien, quien lo estaba usufructuando.

Sobre este aspecto es necesario manifestar, que le asiste razón al recurrente en cuanto a que de la condena impuesta se debe descontar el valor de los servicios públicos que corrieron a cargo del señor Dairo Rojas Sierra mientras estuvo usufructuando el inmueble objeto del litigio, toda vez que aunado a que, como lo aceptó en el acápite de hechos de la demanda, el bien estuvo arrendado, se trata entonces de erogaciones necesarias para que el inmueble pueda ser debidamente habitado, y, dado que la contraprestación por el disfrute de los servicios públicos y de administración recibidos es el pago, resultan ser gastos necesarios para su normal funcionamiento.

No ocurre lo mismo con el pago del impuesto predial, por tratarse de un impuesto real sobre la propiedad inmueble y por tal razón inherente a ese derecho para quien funge como propietario. En efecto, el impuesto predial fue creado para gravar la propiedad privada, ello debe entenderse bajo

el concepto de derecho de dominio, pues la propiedad privada se define en función del derecho real que tiene una persona para usar, gozar y disponer de un bien inmueble, conforme a las normas que regulen la materia y, dado que para el momento en que se realizaron dichos pagos quien fungía como propietario era el señor Dairo Rojas Sierra, habida cuenta del uso, destinación y beneficio que obtuvo con su administración y goce, le era de su cargo el pago de los mismos, como en efecto se hizo, razones estas, suficientes para no se descontar valor alguno por este concepto y descartar este preciso cargo de la apelación.

En consecuencia del total de la condena se descontara el valor de los servicios públicos pagados, así:

Valor total de la condena en primera instancia – valor de los servicios públicos y de administración.

65.480.094.32 - 10.334.906 = 55.145.188.32

9.1. Actualización de las condenas.

Por perjuicios materiales en la sentencia de primera instancia se declaró la responsabilidad solidaria de la Superintendencia de Notariado y Registro y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Dian y las condenó solidariamente al pago de los perjuicios materiales solicitados, en proporción de 60% y 40%, respectivamente, por la suma de 65.480.094.32, no empero dada la precisión hecha en el acápite anterior, este monto se reducirá a la suma de 55.145.188,32, suma que deberá ser actualizada aplicando la fórmula que se presenta a continuación, tomando como índice inicial el correspondiente al 7 de diciembre de 2004 (fecha de la sentencia de primera instancia), y como índice final, el vigente a la fecha de esta providencia.

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10. Se condena solidariamente, es decir, cualquiera de las entidades demandadas a elección del demandante pagará el 100% y podrá repetir contra la otra(50). 

Por perjuicios materiales en la sentencia de primera instancia se condenó “solidariamente” a las entidades demandadas, Superintendencia de Notariado y Registro y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Dian, en proporción de 60% y 40%, respectivamente.

Resulta pertinente recordar, que la responsabilidad solidaria está consagrada en nuestro ordenamiento positivo en el artículo 2.344 del Código Civil(51) y que dicha figura se halla instituida para aquellos casos en los que si en la producción del hecho dañoso demandado hubieren participado dos o más personas, el demandante queda facultado por la ley para hacer exigible la obligación indemnizatoria respecto del daño irrogado a cualquiera de aquellas personas que hubieren participado en su producción.

En este orden de ideas, opera, en el sub judice, la solidaridad en el pago de la obligación, en la que cualquiera de las entidades condenadas pagará el monto total de la condena, a elección del demandante y, posteriormente, podrá repetir contra la otra para que, de conformidad con lo expuesto en este punto, le reembolse la suma que en derecho corresponde.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión el 7 de diciembre de 2004, la cual quedará así:

1. DECLARASE solidaria y administrativamente responsables a la Superintendencia de Notariado y Registro y a la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales “Dian”, por lo perjuicios ocasionados al señor Dairo Rojas Sierra, de conformidad con la parte motiva de esta sentencia.

2. CONDENASE a la Superintendencia de Notariado y Registro y a la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales “Dian”, a pagar por concepto de perjuicios materiales, la suma de ochenta y un millones doscientos treinta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y un pesos con treinta y siete centavos m/cte. ($81.239.451.37).

Cualquiera de las entidades condenadas pagará el monto total de la condena, a elección del demandante y, posteriormente, podrá repetir contra la otra para que, de conformidad con lo expuesto en este punto, le reembolse la suma que en derecho corresponde.

3. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del art. 114 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el art. 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

4. Las condenas se cumplirán en los términos de los Arts. 176 a 178 del CCA

5. Sin costas (Art. 55 de la ley 446 de 1998.).

6. Una vez en firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y publíquese

(18) Folio 431 a 444 del Consejo de Estado.

(19) Folio 9 vlto. del cuaderno principal.

(20) Decreto 597 de 1988.

(21) En pronunciamiento realizado por la Sección Primera de esta corporación, se precisó que en tratándose del cuestionamiento de la legalidad de actos de registro, la acción contencioso administrativa procedente era únicamente la acción de nulidad simple, independientemente de los efectos particulares que pudieran derivarse de su anulación. Al respecto, en sentencia del 3 de noviembre del 2011, Exp. 200500641, se realizó el siguiente razonamiento:

“Para poder realizar un pronunciamiento de fondo frente a los argumentos expuestos en la apelación, es preciso tener en cuenta que por expresa disposición del inciso tercero del artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, la acción adecuada para controvertir la legalidad de los actos de registro, es la acción de nulidad. La norma en cita establece ad pedem literae lo siguiente:

“ART. 84º—Acción de nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos.

Procederá no solo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió.

También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro.

A propósito del tema, es pertinente poner de relieve que todas las anotaciones que las Oficinas de Registro realizan en los folios de matrícula inmobiliaria, impactan necesariamente los intereses particulares, individuales y concretos de las personas naturales o jurídicas, al crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas directamente relacionadas con el derecho de dominio. Aún a pesar de lo anterior y con independencia de los efectos particulares que pueda acarrear un acto de tal naturaleza, el legislador quiso contemplar de manera expresa la posibilidad de controvertir la legalidad de ese tipo de actos particulares a través de la acción de simple nulidad, teniendo en cuenta la enorme trascendencia que se reconoce al derecho de propiedad en nuestro sistema jurídico, político, económico y social. Así las cosas, independientemente de que la declaratoria de nulidad de un acto de registro produzca efectos de carácter particular y concreto, la acción a incoar es la de nulidad.

“(...).

“En ese contexto, la Sala considera que el Tribunal Administrativo de Córdoba actuó en forma equivocada al declarar probada la excepción de caducidad de la acción, pues es claro que las acciones de simple nulidad pueden incoarse en cualquier tiempo y que en tratándose del cuestionamiento de la legalidad de los actos administrativos de registro, el mismo legislador señaló que la acción procedente es la acción de nulidad simple, independientemente de los efectos particulares que pudieren llegar a derivarse de la anulación del acto demandado”. (negrillas y subrayas adicionales).

(22) En similares términos consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del 7 de marzo de 2012, Exp. 20.042.

(23) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de mayo 7 de 2008, rad, 16922., C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(24) Folio 9 vlto del cuaderno principal.

(25) Sentencias del 13 de julio de 1993, expediente 8163 y del 10 de marzo del 2011, expediente 17.738, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(26) Sentencia del 8 de abril de 1998, expediente 11837.

(27) Sentencia del 3 de febrero de 2000, expediente 14.787

(28) Sentencia del 30 de noviembre de 2006, expediente 14.880.

(29) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de junio de 2010, expediente 18.683. Magistrado Ponente, Mauricio Fajardo Gómez.

(30) Sentencia del 1 de octubre de 20008, expediente 17.070. Consejero Ponente Dr. Enrique Gil Botero.

(31) Folios 29 a 30 del cuaderno de pruebas.

(32) Folio 31 del cuaderno de pruebas.

(33) Folio 35 del cuaderno de pruebas.

(34) Folio 36 del cuaderno de pruebas.

(35) Folios 26 a 27 del cuaderno de pruebas.

(36) Folio 36 del cuaderno de pruebas.

(37) Folios 76 a 77 del cuaderno principal.

(38) En pronunciamiento realizado por la Sección Primera de esta corporación, se precisó que en tratándose del cuestionamiento de la legalidad de actos de registro, la acción contencioso administrativa procedente era únicamente la acción de nulidad simple, independientemente de los efectos particulares que pudieran derivarse de su anulación. Al respecto, en sentencia del 3 de noviembre del 2011, Exp. 200500641, se realizó el siguiente razonamiento:

“Para poder realizar un pronunciamiento de fondo frente a los argumentos expuestos en la apelación, es preciso tener en cuenta que por expresa disposición del inciso tercero del artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, la acción adecuada para controvertir la legalidad de los actos de registro, es la acción de nulidad. La norma en cita establece ad pedem literae lo siguiente:

“ART. 84.—Acción de nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos.

Procederá no solo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió.

También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro.

A propósito del tema, es pertinente poner de relieve que todas las anotaciones que las Oficinas de Registro realizan en los folios de matrícula inmobiliaria, impactan necesariamente los intereses particulares, individuales y concretos de las personas naturales o jurídicas, al crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas directamente relacionadas con el derecho de dominio. Aún a pesar de lo anterior y con independencia de los efectos particulares que pueda acarrear un acto de tal naturaleza, el legislador quiso contemplar de manera expresa la posibilidad de controvertir la legalidad de ese tipo de actos particulares a través de la acción de simple nulidad, teniendo en cuenta la enorme trascendencia que se reconoce al derecho de propiedad en nuestro sistema jurídico, político, económico y social. Así las cosas, independientemente de que la declaratoria de nulidad de un acto de registro produzca efectos de carácter particular y concreto, la acción a incoar es la de nulidad.

“(...).

“En ese contexto, la Sala considera que el Tribunal Administrativo de Córdoba actuó en forma equivocada al declarar probada la excepción de caducidad de la acción, pues es claro que las acciones de simple nulidad pueden incoarse en cualquier tiempo y que en tratándose del cuestionamiento de la legalidad de los actos administrativos de registro, el mismo legislador señaló que la acción procedente es la acción de nulidad simple, independientemente de los efectos particulares que pudieren llegar a derivarse de la anulación del acto demandado”. (negrillas y subrayas adicionales).

(39) ART. 525.—Modificado. Decreto 2282 de 1989, Art. 1. Num. 283. Aviso y publicaciones. El remate se anunciará al público por aviso que expresará:

La fecha y hora en que ha de principiar la licitación.

Los bienes materia del remate con indicación de su clase, especie y cantidad, si son muebles; si son inmuebles la matrícula de su registro si existiere, el lugar de ubicación, nomenclatura o nombre y a falta del último requisito, sus linderos.

El avalúo correspondiente a cada bien o grupo de bienes y la base de la licitación.

El porcentaje que deba consignarse para hacer postura.

El aviso se publicará por una vez, con antelación no inferior a diez días a la fecha señalada para el remate, en uno de los periódico de amplia circulación en el lugar y en una radiodifusora local si la hubiere; la página del diario y la constancia del administrador o funcionario de la emisora sobre su transmisión se agregarán al expediente antes de darse inicio a la subasta. Con la copia o la constancia de la publicación del aviso, deberá allegarse un certificado de tradición y libertad del inmueble actualizado, expedido dentro de los cinco (5) días anteriores a la fecha prevista para la diligencia de remate.

Cuando existiere bienes situados fuera del territorio del circuito a que corresponda el juzgado donde se adelante el proceso y la publicación se hiciere en un periódico que no tuviere circulación en el lugar en donde los bienes estén ubicados, se hará aquélla por cualquier otro medio a juicio del juez.

En ningún caso podrá prescindirse de las publicaciones exigidas en este artículo”.

(40) Cfr. Sentencia de 2 de agosto de 2002, expediente 12.893, C.P.: Ligia López Díaz.

(41) Expediente 10775, C.P.: Ricardo Hoyos Duque.

(42) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del cinco de octubre de 1989, expediente: 5.320, actora: Martha Cecilia Klinker de Jaramillo. Consejero Ponente Dr. Gustavo de Greiff Restrepo.

(43) Expediente AG- 001. Consejero Ponente Dr. Alier E. Hernández Enríquez. Criterio reiterado en la Sentencia del 5 de junio de 2008, expediente 14.526.

(44) Sentencias del 5 de octubre de 1989, Exp: 5320, del 9 de noviembre de 1994, Exp: 9367 Consejero Ponente Dr. Carlos Betancur Jaramillo y del 11 de noviembre de 1999, Exp: 12.652, Consejero Ponente Dr. Jesús María Carrillo Ballesteros.

(45) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 13 de abril de 2000, expediente: 11.892. Consejero Ponente Dr. Ricardo Hoyos Duque.

(46) Sentencia del 4 de diciembre de 2006. Expediente 15.351.

(47) Folios 46 a 48 del cuaderno de pruebas

(48) La mencionada disposición establece lo siguiente: “ART. 217.—Testigos sospechosos. Son sospechosos para declarar las personas que en concepto del juez, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o a sus apoderados, antecedentes personales u otras causas”.

(49) Al respecto pueden consultarse las Sentencias de 11 de abril de 2012, Expediente 22.667 y de 9 de mayo de 2012, Expediente 24.137.

(50) Criterio igualmente sostenido en sentencia del 29 de agosto de 2013. Expediente 28051. Consejera Ponente. Stella Conto Díaz del Castillo.

(51) A cuyo tenor “[s]i un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvas las excepciones de los artículos 2.350 y 2.355 (...)”.