Sentencia 2001-01338/32519 de junio 22 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Rad.: 52001233100020010133801 (32.519)

Actor: José Reyes Parra y otro

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación - Rama Judicial y Dirección Nacional del Estupefacientes, DNE.

Ref.: Acción de reparación directa

Bogotá D.C., veintidós de junio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, el 21 de octubre del 2005, mediante la cual se denegaron las súplicas de la demanda, en acatamiento de lo dispuesto por la Sección Quinta de la Corporación, mediante sentencia de tutela, para cuyo efecto se abordarán los siguientes temas: i) la competencia; ii) la legitimación en la causa por activa; iii) la caducidad de la acción; iv) el acervo probatorio del proceso; v) la responsabilidad de las entidades demandadas frente al caso concreto y vi) la indemnización de perjuicios.

1. Competencia del Consejo de Estado.

El Consejo de Estado es competente para conocer del asunto citado en referencia, comoquiera que se trata de un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida en primera instancia(24) por el Tribunal Administrativo de Nariño.

2. Legitimación en la causa por activa.

Por el decomiso del dinero y la devolución del mismo sin la debida actualización concurrieron al proceso los señores José Reyes Parra y Rómulo Onésimo Ortega, quienes afirmaron ser propietarios del dinero que se incautó.

En relación con este punto, la Sala precisa que mediante proveído de 10 de octubre de 2000, la Fiscalía 17 Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito Subunidad de Delitos contra la Administración Pública de San Juan de Pasto ordenó la devolución de la suma de $ 578’805.000, incautada a los aquí demandantes y si así lo dispuso, fue porque encontró acreditado que ellos eran los propietarios de dicha suma.

En efecto, la Subsección encuentra que a través de proveído de 2 de enero de 1997, la Fiscalía General de la Nación, Regional Cali, Unidad de Previas, dio respuesta a una solicitud presentada por los señores José Reyes Parra y Rómulo Onésimo Ortega Erazo y negó la entrega de los dineros incautados, dado que para ese momento no contaba con los elementos probatorios suficientes para tenerlos como legítimos propietarios del dinero decomisado.

Posteriormente, en decisión de 8 de mayo de 1998, la Fiscalía Delegada ante los Juzgados Regionales de Santiago de Cali negó la solicitud de entrega del dinero decomisado, porque “No está clara la procedencia del dinero ni su propiedad…” (se destaca).

La misma decisión se adoptó en el proveído de 10 de septiembre de 1999, por parte de la Subunidad de Delitos contra la Administración Pública, Fiscalía 17 Delegada de San Juan de Pasto, pues consideró que no se tenían los elementos de prueba para establecer que los reclamantes efectivamente eran los propietarios del dinero decomisado.

Finalmente, luego del cierre de la investigación, la Fiscalía de conocimiento, en decisión de 10 de octubre de 2000, además de precluir la investigación a favor de los señores José Reyes Parra y Rómulo Onésimo Ortega Erazo, ordenó la devolución de la suma de $ 578’805.000, para cuyo efecto la entonces Dirección Nacional de Estupefacientes profirió la Resolución 1650 de 13 de diciembre de 2000 dio cumplimiento a lo ordenado por el ente investigador.

En ese sentido, se tiene que la Fiscalía General de la Nación, luego de adelantar la investigación respectiva y de recaudar la información necesaria para adoptar las decisiones que profirió, entre ellas la de devolver el dinero incautado a los aquí actores, determinó que ellos eran los titulares de la suma —incautada— de $578’805.000(25).

Así pues, con base en lo decidido por el ente competente para ordenar la devoción del dinero, la Sala estima que los señores José Reyes Parra y Rómulo Enésimo Ortega Erazo cuentan con legitimación en la causa por activa dentro de este litigio.

3. Ejercicio oportuno de la acción de reparación directa.

Se encuentra que en el presente asunto, el 13 de diciembre de 2000, se ordenó por parte de la Dirección Nacional de Estupefacientes la devolución del dinero decomisado, por tanto, la demanda se formuló dentro los dos años siguientes al hecho que habría dado origen a la supuesta responsabilidad de los entes demandados, comoquiera que se presentó el 25 de septiembre de 2001(26).

4. Responsabilidad patrimonial de la Rama Judicial. 

El Tribunal Administrativo de primera instancia declaró probada la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la aludida entidad pública, decisión que no fue objeto de impugnación alguna por la parte apelante, por manera que la Sala no se pronunciará sobre este tema.

5. Material probatorio susceptible de ser valorado.

Dentro de la respectiva etapa procesal se recaudaron los siguientes elementos de acreditación:

— Resolución 1650, proferida el 13 de diciembre de 2000 por la Dirección Nacional de Estupefacientes, en la que resolvió ordenar la devolución de la suma de $578’805.000 a los señores José Reyes Parra y Rómulo Enésimo Ortega Erazo(27).

— Oficio 156 del 7 de diciembre de 2000, elaborado por la Fiscalía 17 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito, Subunidad de Delitos contra la Administración Pública de San Juan de Pasto, en el que se consignó lo siguiente (se trascribe inclusive con errores)(28):

“… Para que usted tenga claridad sobre los interrogantes que formula en el oficio de la referencia, me permito hacer una síntesis del trámite procesal surtido en la investigación radicada en esta Fiscalía con el Nº 7560:

“…

“La Fiscalía Seccional de Puerto Asís avanzó en la investigación, en el estado de previa, hasta el 10 de mayo de 1999, fecha en la que la Dirección Seccional de Fiscalías reasigna el asunto a esta Fiscalía Delegada radicada en San Juan de Pasto…”.

— También se allegó al proceso, por parte de la Fiscalía General de la Nación, copia del proceso penal No. 7560 que se adelantó en contra los señores José Reyes Parra y Rómulo Onésimo Ortega Erazo, por los hechos ocurridos el 14 de septiembre de 1996, en virtud de los cuales, se decomisó la suma de $578’805.000 por parte del Ejército Nacional(29).

Respecto del mencionado proceso penal, debe señalarse que la parte demandante solicitó su práctica, por lo que fue decretada en primera instancia a través de auto de 25 de agosto de 2004(30); la Secretaría del Tribunal Administrativo a quo libró para tal fin el correspondiente oficio 7764 del 24 de noviembre 2004(31) y, en virtud de ello, la propia entidad demandada aportó copia del proceso penal, como lo refleja el oficio DSF – GD-261 suscrito por el Jefe de Gestión Documental de Nariño y Putumayo, de la Dirección Seccional de Fiscalías.

Los documentos y las diligencias que obran dentro de la referida prueba trasladada serán objeto de valoración probatoria en este proceso, dado que fue la propia entidad demandada, Fiscalía General de la Nación, la que adelantó tal actuación y la allegó al proceso.

No obstante lo anterior, el proceso penal no puede tenerse como prueba trasladada frente a la Dirección Nacional de Estupefacientes, pues no se solicitó en la contestación de la demanda, razón por la cual solo se tendrá el referido proceso penal como prueba documental frente a esta entidad pública

Ahora bien, los elementos de acreditación que forman parte de la aludida prueba trasladada, entre otros son:

— Informe elaborado por el coronel, comandante del Comando Específico del Putumayo del Ejército Nacional el 15 de septiembre de 1996, en el cual se consignó que (se trascribe literal incluso con errores)(32):

“… Con el presente me permito dejar a su disposición $579.005.000, (sic) dinero incautado el día 14 de septiembre de 1996 a las 15:30 horas, en el aeropuerto Tres de Mayo del municipio de Puerto Asís (put), el cual fue transportado por la aerolínea “Aires S.A.” a nombre de la Policía Nacional, siendo reclamado por tres miembros de la misma institución, hechos, ocurridos de acuerdo a las copias de los informes rendidos por los señores TC Rafael Alfonso Hani Jimeno y CT. Héctor Cabezas Castillo, lo que adjunto al presente para los fines de ley.

“De igual manera se transportó el dinero a las instalaciones del Comando Específico del Putumayo por motivos de seguridad, teniendo en cuenta que en el día de los hechos no fue posible la ubicación de autoridad competente.

“El dinero decomisado se encuentra en custodia en las instalaciones del C.E.P., y será entregado una vez sea requerido por ese despacho…”.

— Providencia del 16 de septiembre de 1996, proferida por la Fiscalía Delegada ante los Juzgados del Circuito, por medio de la cual dio inicio a la investigación previa con el fin de establecer si existió o no un hecho punible y dispuso, entre otras medidas, depositar el dinero incautado en la cuenta de depósitos judiciales que tenía la Unidad de Fiscalías en la Caja Agraria de Puerto Asís(33).

— Providencia del 17 de septiembre de 1996, proferida por la Fiscalía 49 Seccional de Puerto Asís, a través de la que ordenó la práctica de unas pruebas, con el fin de impulsar la investigación previa(34).

— Petición presentada por el apoderado de los señores José Reyes Parra y Rómulo Onésimo Ortega Erazo, mediante la cual solicitó la devolución del dinero a sus representados(35).

— Providencia proferida el 2 de enero de 1997 por la Fiscalía General de la Nación, Regional Cali, Unidad de Previas, por medio de la que asumió el conocimiento de la investigación penal adelantada por la Fiscalía 49 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Puerto Asís, Putumayo y en la que se investigó la comisión del delito de enriquecimiento ilícito; dispuso la práctica de algunas pruebas con el fin de dar impulso a la investigación penal y puso el dinero incautado a disposición del Consejo Nacional de Estupefacientes(36).

— Proveído del 2 de enero de 1997, dictado por la Fiscalía General de la Nación, Regional Cali, Unidad de Previas, en el que dio respuesta a una solicitud presentada por los señores José Reyes Parra y Rómulo Onésimo Ortega Erazo y decidió negar la entrega de los dineros incautados, dado que para ese momento no contaba con los elementos probatorios suficientes para tenerlos como legítimos propietarios del dinero decomisado(37).

— Informe presentado por la Secretaría de la Fiscalía Seccional 42 Delegada ante los Juzgados del Circuito, el 9 de abril de 1997, según el cual devolvió el proceso a la Fiscalía de origen, dado que la comisión asignada había sido cumplida(38).

— Providencia del 25 de agosto de 1997, dictada por la Fiscalía Delegada ante los Jueces Regionales de Santiago de Cali, mediante la cual decretó la práctica de unas pruebas con el fin de darle impulso a la investigación(39).

— Providencia del 24 de marzo de 1998, dictada por la Fiscalía Delegada ante los Jueces Regionales, a través de la cual se solicitó a los señores José Reyes Parra y Onésimo Ortega Erazo que aclararan el poder otorgado a su apoderado; informó al Fiscal Coordinador de la Unidad Seccional de Fiscalías de Puerto Asís que la transferencia de $578’805.000 ordenada por la Dirección Nacional de Estupefacientes a su cuenta de la Caja Agraria era válida y ordenó practicar algunas pruebas(40).

— Providencia del 8 de mayo de 1998, proferida por la Fiscalía Delegada ante los Juzgados Regionales de Santiago de Cali, por medio de la cual decidió “no ordenar la inhibición de la investigación”; negó la solicitud de entrega del dinero decomisado a los señores José Reyes y Rómulo Onésimo Ortega Erazo y remitió por competencia a la Fiscalía Seccional de Puerto Asís, de conformidad con los siguientes argumentos (se trascribe literal incluso con errores)(41):

“… Respecto al pronunciamiento inhibitorio demandado, este Despacho lo resolverá negativamente, porque considera que al no vislumbrarse ninguna de las conductas señaladas en el art. 71 del C. de P.P., que es el que le otorga competencia a la Justicia Regional, para conocer en primera instancia de delitos como el de violación al Estatuto Nacional de Estupefacientes, que es la ley 30/86; contra la existencia y seguridad del Estado; los que se relacionan con el Decreto 2266/91, extorsión y secuestro, pierde la competencia para seguir conociendo; pero al no estar clara la conducta de los uniformados de la Policía, ni de las personas que aparecen interviniendo en el envío de tan cuantiosa suma, ni de los reclamantes, ni estar probada la procedencia lícita del dinero es del caso que siga conociendo la Fiscalía Seccional de Puerto Asis (p), por la jurisdicción y competencia, pues al quedar el hecho investigado por fuera de las conductas descritas le corresponde dirimir si se inhibe de seguir conociendo o abre la instrucción.

“….

“No está clara la procedencia del dinero ni su propiedad, pues a pesar de las explicaciones de los solicitantes y de las alegaciones de sus apoderados, lo único cierto es que quiénes debieron haberlo reclamado y les hubiera asistido personería para hacerlo, hubieran sido los remitentes de cada caja, señores Jorge Buitrago y Arnulfo Briñez, o los destinatarios de las mismas, Alvaro Buitrago y Ponal, porque cómo demostrar que los señores José Reyes Parra y Rómulo Onésimo Ortega Erazo, son los propietarios del dinero, si no figuran en las guías, ni como remitentes ni como destinatarios, ni hubo una transacción bancaria o un giro, pues el giro se hizo en dinero efectivo; que pasaría si se entregara a estos señores y luego aparecen los remitentes o destinatarios a reclamarlo …”.

— Proveído del 16 de junio de 1998, dictado por la Fiscalía Delegada ante los Jueces Regionales de Santiago de Cali, mediante el cual resolvió el recurso de reposición interpuesto por parte del apoderado de los señores José Reyes Parra y Rómulo Onésimo Ortega, en el sentido de confirmar la decisión proferida el 8 de mayo de 1998(42).

— Providencia del 19 de agosto de 1998, expedida por la Fiscalía Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito, Fiscalía 44 Seccional de Puerto Asís, Putumayo, a través de la cual no aceptó la competencia atribuida en forma negativa por la Fiscalía Regional de Santiago de Cali(43).

— Oficio del 31 de agosto de 1998, elaborado por parte del Fiscalía Seccional 44 de Puerto Asís Putumayo y dirigido al Jefe de Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en el cual se informó del envío del expediente para que se resolviera el conflicto de competencias suscitado entre esa Fiscalía y la Fiscalía Delegada ante los Jueces Regionales de Santiago de Cali(44).

— Providencia dictada el 23 de septiembre de 1998, por la Unidad de Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual decidió el conflicto de competencias suscitado entre la Fiscalía Seccional 44 de Puerto Asís Putumayo y la Fiscalía Delegada ante los Jueces Regionales de Santiago de Cali y resolvió asignar el conocimiento de las diligencias a la Fiscalía Seccional 44 de Puerto Asís Putumayo(45).

— Resolución dictada el 16 de diciembre 1998, por la Fiscalía 43 Seccional de Puerto Asís, Putumayo, por medio de la cual dio respuesta a las peticiones elevadas por el defensor de los señores José Reyes Parra y Rómulo Onésimo Ortega Erazo y decretó la práctica de algunas pruebas(46).

— Actas de compromiso del 16 de febrero de 1999, suscritas por los señores José Reyes Parra y Rómulo Onésimo Ortega Erazo(47).

— Edicto emplazatorio elaborado por la Fiscalía Delegada ante los Juzgados Penales Promiscuos del Circuito de Puerto Asís, el 24 de febrero de 1999(48).

— Proveído del 10 de septiembre de 1999, dictado por la Subunidad de Delitos contra la Administración Pública, Fiscalía 17 Delegada de San Juan de Pasto, a través de la cual resolvió “no ordenar la inhibición solicitada por el apoderado de los imputados Rómulo Onésimo Ortega Erazo y José Reyes Parra”; negó la devolución del dinero decomisado y decretó la apertura formal de la investigación, pues consideró que no se tenían los elementos materiales de prueba para establecer que los reclamantes efectivamente eran los propietarios del dinero decomisado(49).

— Providencia del 15 de diciembre de 1999, proferida por la Unidad Delegada ante el Tribunal Superior de San Juan de Pasto, Fiscalía 6 Delegada, por medio de la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de los señores Rómulo Ortega Erazo y José Reyes Parra, en el sentido de confirmar en todas sus partes la providencia dictada el 10 de septiembre del mismo año(50).

— Proveído dictado el 10 de mayo de 2000, por la Subunidad de Delitos contra la Administración Pública, Fiscalía 17 Delegada de San Juan de Pasto, mediante la cual definió la situación jurídica de los señores José Reyes Parra y Rómulo Onésimo Ortega Erazo e impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva y les concedió la libertad provisional(51).

— Acta de compromiso del 25 de mayo de 2000, consistente en caución prendaria que suscribieron los ahora demandantes, de conformidad con lo dispuesto en la providencia por medio de la cual se definió su situación jurídica(52).

— Proveído del 19 de junio de 2000, proferido por la Subunidad de Delitos contra la Administración Pública, Fiscalía 17 Delegada de San Juan de Pasto, por medio de la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto por los ahora demandantes en contra de la decisión a través de la cual se definió su situación jurídica, en el sentido de no reponer dicha determinación(53).

— Providencia dictada el 20 de junio del 2000 por la Subunidad de Delitos contra la Administración Pública, Fiscalía 17 Delegada de San Juan de Pasto, a través de la cual dispuso la práctica de pruebas adicionales(54).

— Diligencia de inspección judicial, practicada el 7 de julio de 2000, por parte de la Fiscalía 42 Delegada ante los Juzgados Penales Promiscuos del Circuito de Puerto Asís(55).

— Providencia dictada por parte de la Subunidad de Delitos contra la Administración Pública, Fiscalía 17 Delegada de San Juan de Pasto, el 30 de agosto de 2000, mediante la cual declaró cerrada la investigación(56).

— Proveído del 10 de octubre de 2000, proferido por la Fiscalía 17 Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito Subunidad de Delitos contra la Administración Pública de San Juan de Pasto, por medio de la cual precluyó la investigación a favor de los señores José Reyes Parra y Rómulo Onésimo Ortega Erazo y ordenó la devolución de la suma de $ 578’805.000, los cuales se encontraban depositados en la cuenta que poseía la Dirección Nacional de Estupefacientes, de conformidad con los argumentos que se trascriben a continuación (errores incluidos)(57):

“… De otro lado, ha sido por demás acucioso el acopio probatorio y a estas alturas se han explorado ya todas las posibilidades e hipótesis investigativas, de tal manera que no queda alternativa distinta que calificar el sumario tomando una de las dos decisiones posibles la resolución acusatoria o la preclusión de la investigación. No siendo viable la primera, este despacho terminará este proceso con la preclusión de la investigación”.

“(…).

“La preclusión, como es obvio, implica la devolución del dinero y para tal efecto se oficiará a la Dirección Nacional de Estupefacientes a cuya cuenta corriente se ordenó depositar esta suma…”.

Así mismo, durante el curso del proceso penal se decretaron y se practicaron varios testimonios, con el fin de establecer la procedencia del dinero que había sido incautado(58).

6. Conclusiones probatorias y caso concreto.

Del material probatorio antes reseñado, se concluye que:

— El 14 de septiembre de 1996, al aeropuerto Tres de Mayo del municipio de Puerto Asís llegaron dos cajas que contenían la suma de $578’805.000 y fueron decomisadas por parte del Ejército Nacional.

— El dinero decomisado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación el 16 de septiembre de 1996, fecha en la cual se dio inicio a la investigación previa por parte de la Fiscalía Seccional 49 de Puerto Asís.

— El 23 de diciembre de 1996, los ahora demandantes solicitaron la devolución del dinero; sin embargo, a través de providencia del 2 de enero de 1997 la Fiscalía encargada de la investigación negó la petición, ordenó la práctica de algunas pruebas y puso los dineros decomisados a disposición del Consejo Nacional de Estupefacientes.

— Durante el trámite de la investigación, los ahora demandantes solicitaron la devolución del dinero entregado, peticiones que fueron resueltas por la Fiscalía encargada de la investigación en el sentido de negarlas, pues no se tenía certeza de que los solicitantes fueran los propietarios del dinero. Además se practicaron varias pruebas, con el fin de establecer quiénes eran los propietarios del bien decomisado.

— El 10 de mayo de 2000, se definió la situación jurídica de los señores José Reyes Parra y Rómulo Onésimo Ortega Erazo, se dispuso su detención preventiva y se les concedió la libertad provisional.

— El 10 de octubre de 2000, la Fiscalía 17 Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito Subunidad de Delitos contra la Administración Pública de San Juan de Pasto precluyó la investigación a favor de los señores José Reyes Parra y Rómulo Onésimo Ortega Erazo y ordenó la devolución de la suma de $ 578’805.000.

— El 13 de diciembre de 2000, la Dirección Nacional de Estupefacientes ordenó devolver la suma de $578’805.000 a los señores José Reyes Parra y Rómulo Onésimo Ortega Erazo.

Dentro de este contexto, se advierte que en el asunto sub examine el daño está debidamente acreditado, pues se demostró que el dinero de los señores José Reyes Parra y Rómulo Onésimo Ortega Erazo les fue devuelto pasados algo más de cuatro años impidiéndoles su uso y disfrute y también se les regresó sin la debida actualización.

Los demandantes configuran la imputación del daño en la tardanza excesiva de la Fiscalía General de la Nación para resolver sobre la entrega definitiva del dinero y, además, en la entrega de este sin la respectiva actualización, aspectos que se procederán a examinar.

En relación con la mora injustificada en el adelantamiento de la investigación penal y en la decisión de devolver el dinero, se advierte que aun cuando el bien fue decomisado el 14 de septiembre de 1996 y se ordenó su devolución solo hasta el 10 de octubre de 2000, no se puede desconocer que, en el interregno de esas fechas, la Fiscalía General de la Nación, a través de sus Delegadas, adelantó las acciones necesarias y razonables para la investigación del posible delito que se les imputaba.

En efecto, con las pruebas allegadas a este proceso se demuestra que desde el momento en que se decomisó el dinero y hasta la fecha en que se ordenó su devolución, la Fiscalía General de la Nación profirió varias decisiones, recaudó pruebas y, especialmente, resolvió las solicitudes presentadas por los ahora demandantes, relacionadas con el dinero que alegaban era de su propiedad.

Ahora bien, el decomiso del dinero tenía fundamento legal, dada la forma en que fue enviado, la suma que fue despachada y, además, que en una de las cajas en las que se encontraba el dinero se había colocado el nombre de “PONAL” y en la otra el nombre de “Álvaro Buitrago”; no obstante, quien procedió a reclamar el dinero enviado fue un miembro de la Policía Nacional de Puerto Asís, razón por la cual era preciso y necesario que las autoridades ordenaran su decomiso y que se iniciara la investigación penal correspondiente.

Adicionalmente, está acreditado que solo fue posible precluir la investigación penal adelantada en contra de los ahora demandantes y ordenar la devolución del dinero, luego de que se determinara que la actividad comercial a la que se dedicaban los señores Parra Reyes y Ortega Erazo era lícita y que el dinero sí era de su propiedad.

Una vez se estableció la forma en que se negociaba con la madera y el pago de esas transacciones, además de las situaciones de orden público que se presentaron por esa época en la ciudad de Puerto Asís y que los ahora demandantes no cometieron ninguna conducta típica y antijurídica, la Fiscalía General de la Nación precluyó la investigación y ordenó la devolución del dinero objeto de la medida cautelar.

Así las cosas, observa la Sala que las acciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación obedecieron a circunstancias que la obligaban a actuar como lo hizo y aun cuando se podría afirmar que entre la fecha en que se decomisó el dinero y el momento en que se impartió la orden de devolución del mismo transcurrió un tiempo considerable, es indiscutible que en ese lapso el aparato investigador estuvo en constante movimiento y en ningún momento se estableció una pasividad o negligencia que demostrara que el paso del tiempo fue injustificado.

Es necesario insistir en que el tiempo que se tomó la Fiscalía General de la Nación para ordenar la devolución del bien de propiedad de los ahora demandantes no fue producto de una actuación irregular o negligente de los funcionarios a cargo, es más, encuentra su justificación en el desarrollo exhaustivo de una investigación penal que solo culminó cuando se acreditó adecuadamente que los señores José Reyes Parra y Rómulo Onésimo Ortega Erazo no cometieron conducta típica alguna y que ellos eran los propietarios del dinero decomisado, razón por la cual se concluye que los términos no fueron desconocidos de forma irracional e injustificada.

En ese orden de ideas, la Sala encuentra que si bien la parte actora imputó el daño a la Fiscalía General de la Nación y a la Dirección Nacional de Estupefacientes, por el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, dada la mora en que se incurrió en la devolución del dinero decomisado, lo cierto es que en este caso se desvirtuó una falla en el servicio, imputable a la Fiscalía General de la Nación.

6.1. Responsabilidad de la Dirección Nacional de Estupefacientes.

La parte actora en la demanda señaló que el hecho generador de responsabilidad de la Dirección Nacional de Estupefacientes también consistió en el hecho de que devolvió el dinero decomisado sin la actualización correspondiente.

Al respecto, los parágrafos 1 y 2 del artículo 25 de la citada disposición legal disponen:

“PAR. 1º—Durante el desarrollo del proceso, la Dirección Nacional de Estupefacientes podrá destinar en forma provisional los bienes sobre los cuales esté vigente una medida cautelar, a las entidades oficiales o instituciones de beneficio común legalmente reconocidas. Los gastos de conservación estarán a cargo de la entidad destinataria. La Dirección Nacional de Estupefacientes tomará las medidas necesarias para garantizar que, los bienes objeto de destinación provisional continúen siendo productivos y generadores de empleo, para lo cual podrá recurrir al arrendamiento o fiducia de los bienes en caso de que la operación genere utilidades. Estos recursos deberán destinarse a la financiación de los programas sociales de que trata esta Ley con preferencia en la circunscripción territorial en que se encuentran localizados.

“Preferencialmente en tratándose de bienes rurales con caracterizada vocación rural, una vez decretada su extinción pasarán de manera inmediata al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, para ser aplicados a los fines establecidos en la Ley 160 de 1994.

“PAR. 2º—Desde la providencia que ordena el trámite de extinción del dominio, la Dirección Nacional de Estupefacientes, podrá enajenar los bienes fungibles o que amenacen deterioro, respecto de los demás bienes, si se hiciere necesario en razón de lo oneroso de su administración y custodia, podrá celebrar contratos de administración con entidades públicas o privadas sometidas a vigilancia estatal.

“En el evento en que los bienes hubiesen sido enajenados y se ordenare su devolución mediante sentencia judicial debidamente ejecutoriada, el Fondo reconocerá el precio de la venta con actualización de su valor, sin perjuicio de las acciones consagradas en la ley” (destaca la Sala).

Por su parte, el artículo 19 del Decreto 1461 de 2000, en cuanto al procedimiento para la devolución de los bienes, prevé:

“ART. 19.—Procedimiento. Ejecutoriada la orden de entrega definitiva de bienes a particulares, la Dirección Nacional de Estupefacientes, mediante comunicación dispondrá lo necesario para dar cumplimiento a dicha decisión judicial.

En todos los casos en que la Dirección Nacional de Estupefacientes deba devolver o entregar los bienes aprehendidos por decisión judicial cualquiera que sea, se procederá de conformidad con las siguientes disposiciones:

— Si no se hubieren enajenado y lo conserva en administración la Dirección Nacional de Estupefacientes se devolverán los bienes en el estado en que se encuentren o el producto de los mismos en caso de que existieren, descontando los pagos efectuados por concepto de impuestos.

— Si la enajenación ya se hubiere efectuado o si el bien se hubiere destruido se devolverá el valor de la venta con su valor actualizado, sin perjuicio de las acciones consagradas en la ley.

PAR.—La Dirección Nacional de Estupefacientes deberá en los casos en que se instauren procesos judiciales en su contra por el estado de los bienes objeto de devolución, llamar en garantía a los contratistas, destinatarios y depositarios provisionales de los mismos” (se destaca).

De conformidad con la normativa antes descrita —vigente para la fecha en que la Fiscalía General de la Nación puso a disposición de la DNE el dinero decomisado— la Sala estima que a la Dirección Nacional de Estupefacientes le correspondía tomar las medidas necesarias para garantizar que los bienes objeto de destinación provisional continuaran siendo productivos; sin embargo, en el expediente no se acreditó qué medidas adoptó la hoy extinta DNE para cumplir con las anteriores disposiciones legales.

En el mismo sentido, se tiene que el dinero decomisado fue puesto a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes desde el 2 de enero de 1997 y fue devuelto en la misma cantidad hasta el 2 de diciembre de 2000, razón por la cual se concluye que le correspondía a esta entidad devolverlo en las mismas condiciones en que le fue entregado, esto es, con la debida actualización, pues el dinero con el paso del tiempo pierde su valor adquisitivo y el fin de la indexación o de la actualización es mantener el poder adquisitivo constante de la moneda, en razón de la depreciación que ha sufrido por el paso del tiempo, y al no hacerlo, ocasionó un deterioro en dicho bien, el cual debe ser reparado integralmente.

Por lo anterior, se concluye que la Dirección Nacional de Estupefacientes debe responder por la segunda imputación hecha en la demanda, esta es, porque la entrega del dinero incautado a los aquí actores se hizo sin la respectiva actualización.

6.2. La concurrencia de culpas.

En relación con la concausa, esta Sección del Consejo de Estado ha sostenido que el comportamiento de la víctima que habilita al juzgador para reducir el quantum indemnizatorio (C.C. art. 2.357) es aquel que contribuye, de manera cierta y eficaz, en la producción del hecho dañino, es decir, cuando la conducta de la persona participa en el desenlace del resultado, habida consideración de que la víctima contribuyó realmente a la causación de su propio daño(59).

Según se expuso anteriormente, el 14 de septiembre de 1996 arribaron al aeropuerto de Puerto Asís dos cajas que contenían la suma de $578’805.000, las cuales fueron decomisadas por el Ejército Nacional y posteriormente puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Igualmente, se tiene demostrado que las cajas fueron remitidas por personas diferentes a las que alegaron ser sus propietarios y que los destinatarios también eran personas diferentes a quienes solicitaron su devolución ante el ente investigador.

Después de tres meses del decomiso, los propietarios del dinero —aquí demandantes— solicitaron a la Fiscalía General de la Nación la devolución de ese dinero y luego de 4 años de investigación penal no se logró demostrar que ese dinero provenía de alguna conducta ilícita y sí que los ahora demandantes eran los propietarios de la suma de dinero decomisada.

Dentro de ese contexto, la Sala considera que la conducta de la parte actora contribuyó en la causación del daño, pues es evidente su pasividad en relación con el recibo del dinero que le fue enviado.

En efecto, si bien la parte demandante no fue la remitente de las cajas incautadas —con el dinero allí contenido—, lo cierto es que conocía claramente el envío de ese dinero, pues era suyo.

En ese sentido, se estima que la parte actora actuó de manera negligente porque prácticamente se desentendió del envío, a su nombre, de tan considerable suma de dinero, dado que ni siquiera acudió al referido aeropuerto a recibir las cajas que contenían el valor ya mencionado, lo cual claramente permitió que las autoridades, en este caso el Ejército Nacional, al percatarse del contenido de las cajas y ante la inexistencia en ese momento de su titular, confiscara la cantidad de dinero depositada en las 2 cajas, todo ello, se itera, ante una evidente desatención de la parte actora en su condición de propietaria de ese valor y que tan sólo 3 meses después a su retención acudió a reclamar.

Así las cosas, se estima que las víctimas del daño concurrieron, con su actuar pasivo —ante el descuido con un dinero que llegaría a su nombre— de manera cierta y eficaz con la producción del daño, cuestión que le acarreará un descuento del quantum indemnizatorio en un 30% de la condena que aquí se impondrá.

Ahora bien, la Sala estima necesario precisar que en modo alguno resulta ajena a la manera cómo ocurrieron los hechos, o mejor, a la forma —nada usual, ni ortodoxa— en la que se transportaba una suma de dinero tan cuantiosa, sin embargo, debe reiterarse que la Fiscalía encargada de adelantar la respectiva investigación no logró determinar que el dinero incautado provenía de actuaciones ilícitas, lo cual condujo a que se precluyera la investigación, por manera que mal haría esta Subsección en considerar algo distinto a lo que allí se resolvió por parte de los funcionarios competentes.

7. Indemnización de perjuicios.

Pues bien, teniendo en cuenta que mediante providencia del 27 de enero de 2017 se resolvió que la entidad llamada a suceder procesalmente a la extinta DNE era la Sociedad de Activos Especiales SAS - SAE SAS., las condenas que aquí se impongan deberán ser asumidas también por esa entidad, en virtud de la referenciada sucesión procesal.

De esta manera se da cumplimiento a lo ordenado en el fallo de tutela proferido por la Sección Quinta de esta Corporación, en el sentido de que ordenó que en auto previo se resolviera lo atinente a la sucesión procesal de la extinta DNE y que se profiriera un nuevo fallo.

7.1. Perjuicios morales.

En el libelo introductorio se solicitó que se condenara a las entidades demandadas a pagar a los demandantes la indemnización correspondiente por perjuicios morales, dado el sufrimiento ocasionado y la afectación de la tranquilidad personal y familiar, las cuales se vieron gravemente afectadas al quedar en la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones, como consecuencia del decomiso del dinero y la entrega sin la respectiva actualización.

Con el fin de acreditar el perjuicio deprecado, en este proceso se solicitó la práctica de los testimonios de los señores Jorge Eliécer Agudelo, Álvaro Antonio Quiceno Herrera y Marina Quiroz Caratar, quienes eran clientes de los señores Rómulo Onésimo Ortega Erazo y José Reyes y respectivamente relataron (se trascriben inclusive con errores)(60):

“… De los perjuicios morales que el señor sufrió al ser un señor sobresaliente en el pueblo y después de ese problema quedar como se dice sentado por no poder cumplirle a la gente porque no tenía plata (…). El efecto que ellos sufrieron con la tardía devolución de esa plata es que quedaron mal para trabajar en ese tiempo, sabiendo que eran un personas tan legales sobresalientes en el pueblo, hoy en día ya no son los mismos están mal…”.

“(…).

“… Morales el señor Reyes Parra quedó muy mal por las deudas que tenían con mucha gente y sufría moralmente por el pago de esas deudas que tenía…”.

“(…).

“ … Pues sí porque ellos quedaron sin nada, el señor Rómulo Onésimo Ortega tenía unas cabecitas de ganado y le tocó venderlas, para los gastos de la casa, para la educación de los niños, que él tiene, para pagar las deudas que tenía, era triste ver como conversaba don Rómulo Ortega y la esposa acerca de la difícil situación que atravesaban y también yo de verlos con esa tristeza que tenían les colaboraba con cualquier cosita que tuviera yo de frutas y verduras…”.

Así las cosas, la Sala considera importante resaltar que de conformidad con los testimonios recaudados en este proceso, se acreditó que los señores José Reyes Parra y Rómulo Onésimo Ortega Erazo sufrieron anímica y emocionalmente por no poder disponer del dinero objeto de la medida cautelar, así como que no les fue devuelto con la respectiva indexación; En ese sentido, se encuentra demostrado el perjuicio moral ocasionado como consecuencia del decomiso de su dinero y de la entrega sin la debida actualización.

Al respecto, conviene advertir que la Sección Tercera del Consejo de Estado en un caso similar al que ahora se debate reconoció indemnización de este perjuicio, por la afectación a un bien material, en aquella oportunidad sostuvo(61):

“…la Sala ha adoptado un criterio más amplio, para considerar que hay lugar a indemnizar todo perjuicio moral, sin importar su origen, inclusive el derivado de la pérdida de bienes materiales o el causado con el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, siempre que, como sucede en relación con cualquier clase de perjuicios, aquéllos sean demostrados en el proceso. Para que haya lugar a la reparación del perjuicio basta que el padecimiento sea fundado, sin que se requiera acreditar ningún requisito adicional. Corresponde al juez tasar discrecionalmente la cuantía de su reparación, teniendo en cuenta las condiciones particulares de la víctima y la gravedad objetiva de la lesión. La intensidad del daño es apreciable por sus manifestaciones externas; por esto se admite para su demostración cualquier tipo de prueba…”.

De conformidad con lo anterior, se tiene que el Consejo de Estado ha reconocido perjuicios morales por deterioro de bienes materiales, razón por la cual ese precedente jurisprudencial se puede aplicar al caso en estudio.

Por consiguiente, la Sala reconocerá a los señores José Reyes Parra y Rómulo Onésimo Ortega Erazo una suma de dinero equivalente a 50 smlmv, para cada uno de ellos, a título de indemnización por perjuicios morales; no obstante, el quantum, indemnizatorio se reducirá en un 30% teniendo en cuenta la concurrencia de culpas.

Así las cosas, la Sala reconocerá por perjuicios morales el equivalente a 35 smlmv, para cada uno de los señores José Reyes Parra y Rómulo Onésimo Ortega Erazo.

7.2. Perjuicios materiales.

7.2.1. Daño emergente.

La parte actora solicitó este perjuicio de la siguiente manera (se trascribe literal incluidos posibles errores):

“ Que se le ordene a la Nación – Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura a pagar solidariamente a los señores José Reyes Parra y Rómulo Onésimo Ortega E., como perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente la pérdida del poder adquisitivo del dinero cuya cuantía deberá liquidarse de acuerdo con las previsiones legales (art. 178 CCA, desde el día 14 de septiembre de 1996, fecha en que se realizó la aprehensión hasta el 22 de diciembre de 2000 fecha en que se cumple definitivamente por la D.N.E. la providencia que ordena la entrega del dinero, cuantía que deberá ser actualizada en su valor según los términos del artículo 178 del CCA.”.

Pues bien la Sala, encuentra probado el perjuicio ocasionado a la parte actora, como consecuencia de la devolución del dinero decomisado sin la correspondiente actualización, razón por la cual la Sala procederá a realizar la referida indexación, pero descontará del resultado final el valor correspondiente a la suma que fue entregada (actualizada) a los ahora demandantes.

Así mismo, se calculará por el tiempo que el dinero estuvo decomisado, esto es, desde el mes de septiembre de 1996 hasta el diciembre de 2000, pues así se solicitó en la demanda.

Finalmente, los valores a restar serán actualizados desde diciembre del 2000, hasta la fecha de la presente sentencia y el resultado será la cifra que se ordenará pagar.

z
 

Entonces:

$2.154’832.022 – $1.286’015.433 = $ 868’816.589

Ra = $ 868’816.589

Según los cálculos efectuados, se reconocerá de manera conjunta, a título de perjuicio material en la modalidad de daño emergente, la suma única de $868’816.589, a favor de los señores José Reyes Parra y Rómulo Onésimo Ortega Erazo.

No obstante, el quantum, indemnizatorio se reducirá en un 30% teniendo en cuenta la concurrencia de culpas.

Así las cosas, la Sala reconocerá por perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente la suma de $ 608’171.613.

7.2.2. Lucro cesante.

En el libelo introductorio se solicitó este perjuicio así (se trascribe literal incluidos posibles errores):

“… Que se condene a los demandados a pagar solidariamente a los demandantes como perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante la suma equivalente a los frutos, correspondientes al interés civil legal generado por el dinero en comiso durante el tiempo que permaneció a órdenes de la Fiscalía General de la Nación y en poder de la Dirección Nacional de Estupefacientes, cuantía que deberá ser actualizada según los términos del artículo 178…”.

Al respecto la Sala en un caso similar al que ahora se debate sostuvo(62):

“… Finalmente, respecto del pago de intereses comerciales deprecados en la demanda, advierte la Sala que si bien el actor va a recibir el valor equivalente a los $ 29.950 dólares debidamente actualizado para la fecha de la sentencia, con el propósito de que se le repare integralmente el daño sufrido, tiene derecho, también a título de lucro cesante, a que se le reconozcan los intereses que pudo percibir sobre ese capital desde el 11 de enero de 1999, fecha en la cual fueron incautados los mencionados dólares, hasta la fecha de esta providencia.

“Con este reconocimiento se reitera la jurisprudencia de la Sala en el sentido de que el interés puro legal se reconoce a título de lucro cesante, porque busca compensar el perjuicio sufrido por la privación temporal del uso del capital y, en consecuencia, (sic) hace parte de la indemnización integral y es compatible con la indexación(63).

“En consecuencia, (sic) se procederá a liquidarlos a la tasa del 6% anual (artículo 2232 del Código Civil), sobre el valor acreditado dentro del plenario como daño emergente, es decir, sobre la suma de $ 97’539.560, desde enero de 1999 a la fecha de la sentencia:

“I = K x R x T

K: costo de la suma de dinero: $ 97’539.560

R: 6% anual: 0.5% mensual

T: 173 meses (enero de 1999 a junio de 2013)

I = $97.539.560 x 0.5% x 173

I = $84.371.719

“Total perjuicios lucro cesante: Ochenta y cuatro millones trescientos setenta y un mil setecientos diecinueve mil pesos $ 84’371.719 m/cte”.

De conformidad con el anterior antecedente jurisprudencial, la Sala estima procedente el reconocimiento de la indemnización por lucro cesante, pero la cuantificará por el tiempo que el dinero estuvo decomisado, pues así se solicitó en la demanda y el resultado será actualizado

En ese orden de ideas se tiene la siguiente fórmula:

I = K x R x T

K: costo de la suma de dinero: $ 578’805.000

R: 6% anual: 0.5% mensual.

T: 51 meses (septiembre de 1996 a diciembre de 2000)

I = $578’805.000 x 0.5% x 51

I = $147’595.275

Ahora bien, la suma $147’595.275 será actualizada de la siguiente manera:

z1
 

Ra = $ 327’933.935.

Se reconocerá de manera conjunta, a título de perjuicio material en la modalidad de lucro cesante, la suma única de $ 327’933.935, a favor de los señores José Reyes Parra y Rómulo Onésimo Ortega Erazo.

No obstante, el quantum, indemnizatorio se reducirá en un 30% teniendo en cuenta la concurrencia de culpas.

Por consiguiente, la Sala reconocerá por perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente la suma de $ 229’553.755.

8. Condena en costas.

Finalmente, la Sala no puede pasar por alto el hecho de que en la demanda se solicitó que se condenara en costas y en agencias en derechos a las entidades demandadas, de conformidad con el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

Al respecto, la Sala no realizará reconocimiento alguno por estos conceptos, toda vez que, en cuanto a las costas solicitadas, bueno es precisarlo, proceden cuando la parte vencida hubiere actuado temerariamente o con mala fe, según lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, y en el presente asunto no se observa tal situación, razón por la cual no se reconocerán.

A lo anterior conviene añadir que el artículo 19, numera 1, de la Ley 1395 de 2010 estableció que las condenas en costas proceden cuando se resuelva desfavorablemente el recurso de apelación; en ese sentido, no hay lugar a condenar en costas en el presente proceso, por cuanto el recurso de apelación fue resuelto favorablemente a la parte impugnante.

De otro lado, frente a las agencias en derecho, de acuerdo con la norma anteriormente señalada, ello forma parte de la condena en costas y, como ya se dijo, no se efectuará liquidación alguna por tal concepto y por tanto no resulta procedente reconocer las agencias en derecho por elemental sustracción de materia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, el 21 de octubre de 2005; como consecuencia, se dispone:

1. DECLARAR administrativamente responsable a la Sociedad de Activos Especiales SAS – SAE SAS (sucesor procesal de la Dirección Nacional de Estupefacientes), por la entrega del dinero incautado a los señores José Reyes Parra y Rómulo Onésimo Ortega Erazo sin la respectiva actualización.

2. CONDENAR a la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. – SAE SAS (sucesor procesal de la Dirección Nacional de Estupefacientes) a pagar a los ciudadanos José Reyes Parra y Rómulo Onésimo Ortega Erazo un monto equivalente a 35 smlmv para cada uno de ellos, a título de perjuicios morales.

3. CONDENAR a la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. – SAE S.A.S (sucesor procesal de la Dirección Nacional de Estupefacientes) a pagar de manera conjunta a los señores José Reyes Parra y Rómulo Onésimo Ortega Erazo, la suma de $608’171.613, a título de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente.

4. CONDENAR a la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. – SAE S.A.S (sucesor procesal de la Dirección Nacional de Estupefacientes) a pagar de manera conjunta a los señores José Reyes Parra y Rómulo Onésimo Ortega Erazo la suma de $229’553.755, por concepto de perjuicios materiales (lucro cesante).

5. DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

6. Sin condena en costas.

7. CÚMPLASE lo dispuesto en esta providencia, en los términos previstos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

8. EXPEDIR a la parte actora las copias auténticas con las constancias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

2. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

24 La cuantía del proceso supera la exigida para que esta corporación pueda conocer en segunda instancia de un proceso de reparación directa, de conformidad con la Ley 954 de 2005 - 500 smlmv, que equivalía a $143’000.000 teniendo en cuenta que la demanda se presentó en el año 2001 y el salario mínimo para ese año se fijó en la suma de $286.000; por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante se solicitó la suma de $ 610’522.450.

25 Al respecto, en la decisión de preclusión se señaló:
“Desbordamos entonces en una de las conclusiones más importantes para efectos de esta decisión: si los procesados se mueven dentro de una actividad lícita; si en ello mantienen la circulación de millonarias sumas de dinero; si el Estado no ha podido demostrarles que el dinero decomisado no les pertenece, menos que su origen es ilícito; no podemos colocarlos en la posición fraudulenta que en principio se valoró y más bien con argumentos para inferir que ese dinero sí les pertenece”(se destaca) - (fl. 130 cdno. 3).

26 Folios 1 a 17 cdno. 1.

27 Folios 23 a 26 cdno. 1.

28 Folios 159 y 160 cdno. 1.

29 Folios 1 a 594 cdno. 2 y cdno. ppal.

30 Folios 220 y 221 cdno. 1.

31 Folio 222 cdno. 1.

32 Folio 2 cdno. 2.

33 Folio 12 y 13 cdno. 2.

34 Folio 22 cdno. 2.

35 Folios 42 a 45 cdno. 2 (se aclara que el derecho de petición no tiene fecha de radicación).

36 Folios 88 a 93 cdno. 2.

37 Folios 94 a 97 cdno. 2.

38 Folio 160 cdno. 2.

39 Folios 181 y 182 cdno. 2.

40 Folios 223 y 224 cdno. 2.

41 Folios 240 a 247 cdno. 2

42 Folios 268 a 270 cdno. 2.

43 Folios 314 a 321 cdno. 2.

44 Folio 360 cdno. 2.

45 Folios 362 a 366 cdno. 2.

46 Folios 380 a 388 cdno. 2.

47 Folios 8 y 17 cdno. 3.

48 Folio 23 cdno. 3.

49 Folios 519 y 523 cdno. 3.

50 Folios 597 a 610 cdno. 3.

51 Folios 43 a 53 cdno. 3.

52 Folios 77 y 78 cdno. 3.

53 Folios 79 a 81 cdno. 3.

54 Folio 82 cdno. 3.

55 Folios 93 cdno. 3.

56 Folio 100 cdno. 3.

57 Folios 123 a 133 cdno. 3.

58 Folios 15 a 21, 39 a 43, 45 a 48, 151 a 144, 184 a 187, 210 a 212, 424 a 433, 474 a 476, 446 a 453, 487, 488, 495 a 497 cdno. 2.

59 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 13 de septiembre de 1999, exp. 14.859 y de 10 de agosto de 2005, exp. 14.678. M.P. María Elena Giraldo Gómez.

60 Folios 260 a 268 cdno. 2.

61 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de mayo de 2004, expediente AG-2002-00226. C.P. Ricardo Hoyos.

62 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 12 de junio de 2013, exp. 28.390. M.P. Hernán Andrade Rincón.

63 Original de la cita: “Al respecto consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de abril de 2009, Exp. 17.616, M.P. Ruth Stella Correa Palacio. En aquella oportunidad dijo la Sala: ‘Ha entendido la doctrina que si un crédito reajustado en función de la depreciación sufrida entre la fecha en que se causó la obligación y el pago, se le suman intereses corrientes bancarios, se originaría un enriquecimiento sin causa, porque, esta clase de intereses incluye un ‘plus’ destinado a recomponer el capital. No se excluyen entre si los rubros de devaluación e intereses puros puesto que tienen causas diferentes: los intereses buscan compensar el perjuicio sufrido por la privación temporal del uso del capital (lucro cesante), en tanto que la compensación por depreciación monetaria se dirige a mantener indemne el patrimonio del acreedor que sufriría menoscabo si recibiese como reparación el monto del daño originado en signo monetario envilecido (daño emergente). Se habla de intereses puros porque los bancarios corrientes llevan en su seno una parte que busca compensar la incidencia del fenómeno inflacionario. Por eso no sería equitativo evaluar y cobrar esta clase de intereses. De allí que comparte la Sala que si se realizan reajustes del crédito, el interés debe ser un interés puro exclusivamente retributivo del precio del uso del capital que es lo que ha dejado de ganar el acreedor por la falta de inversión de sus fondos excluyendo el plus del interés que tiene otra función. Toda indemnización debe ser integral y completa, de modo que compense para su acreedor el daño que se le produce con el no pago oportuno de la obligación. Así, debe comprender no sólo el rendimiento que dejó de percibir, traducido ordinariamente en intereses, sino también la pérdida del valor adquisitivo de la moneda con la que pretende pagar. En este orden de ideas el equilibrio o la justeza de la indemnización debe mostrar ésta o similar ecuación: indemnización debida igual a deuda en la fecha del perjuicio, más intereses hasta que el pago se efectúe, más devaluación’ ”.