Sentencia 2001-01339 de marzo 17 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “B”

Rad.: 05001-23-31-000-2001-01339-01(0585-10)

Consejera Ponente:

Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez

Actor: Gloria Marina Muñoz Castro

Demandado: Hospital San Fernando de Amagá - empresa social del Estado

Autoridades municipales

Bogotá, D.C., diecisiete de marzo de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Problema jurídico

Consiste en determinar si la actora como empleada inscrita en carrera administrativa en el cargo de auxiliar de enfermería, 555 tiene derecho a ser reintegrada preferencialmente en la nueva planta de personal; o sí por el contrario, el retiro del servicio como consecuencia de la reestructuración de la planta de personal se efectuó dando aplicación a las disposiciones legales vigentes.

Actos acusados

Resolución 2 de 9 de enero de 2001, suscrita por el gerente de la ESE Hospital San Fernando de Amagá, por la cual resolvió retirar del servicio a la demandante por supresión del cargo de auxiliar de enfermería (fls. 3-4).

Hechos probados

Vinculación laboral de la actora y derechos de carrera

A folio 85 del cuaderno 2 está acreditado que la actora, laboró en la entidad demandada desde el 1º de enero de 1973.

Conforme a la certificación expedida por la coordinadora del área administrativa, de la ESE Hospital San Fernando de Amagá, visible a folio 18, quedó acreditado que la demandante prestó sus servicios a la entidad hasta el 15 de enero de 2001.

Mediante Resolución 814 de 27 de septiembre de 1994, suscrita por el jefe del servicio seccional de salud de Antioquia, fue inscrita en carrera administrativa, en el cargo de auxiliar de enfermería (fl. 35).

Con Resolución 1036 de 6 de noviembre de 1996, suscrita por el director del DAPD, quedó demostrado que la demandante fue nombrada en período de prueba en el cargo de profesional especializado, código 335, grado 17, tomando posesión a partir del 26 del mismo mes y año (fls. 191-194).

Reestructuración de la planta de personal del hospital

Mediante Acuerdo 20 de 19 de diciembre de 2000, la junta directiva de la entidad acusada, fijó el plan de cargos y asignaciones de la ESE Hospital San Fernando (fl. 4, cdno. 2) y por Acuerdo 23 de 22 del mismo año suprimieron 11 cargos de auxiliar de enfermería de la planta de personal (fls. 51-52, cdno. 2).

Mediante la Resolución 2 de 9 de enero de 2001, el gerente de la ESE Hospital San Fernando, resolvió retirar del servicio a la demandante del cargo de auxiliar de enfermería (fls. 3-4).

A folio 2 obra el oficio 000018 de 9 de enero de 2001, mediante el cual la coordinadora del área administrativa del hospital, le comunicó a la demandante que a partir del día 16 de los mismos quedaba retirada y le brindó la posibilidad de optar entre ser incorporada o percibir la indemnización por supresión del cargo.

La coordinadora del área administrativa de la empresa social del Estado Hospital San Fernando de Amagá, certificó que después de haber realizado el estudio técnico de reestructuración de la entidad, no fueron retiradas del servicio las siguientes personas con nombramiento provisional:

 

NombreCargo
Ana Dolly López AriasAuxiliar de enfermería
Gloria Amanda Morales RuizAuxiliar de enfermería
Silvia Aminta Rojas GallegoAuxiliar de enfermería
Ángela Amparo Rojas GallegoAuxiliar de enfermería
Gloria Amparo Jaramillo SalinasAuxiliar de enfermería

 

Análisis de la Sala

De conformidad con el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión expresa del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, es preciso aclarar que la competencia del superior se ciñe a lo alegado frente a la decisión de primera instancia, excluyendo cualquier asunto distinto al planteado por el recurrente, es decir, que únicamente se pueden estudiar los argumentos expuestos en el recurso y que fueron objeto de debate ante el a quo.

De la Incorporación en la nueva planta de personal

A juicio de la demandante por encontrarse amparada por los derechos de carrera administrativa, debió permanecer en el cargo de auxiliar de enfermería por encontrarse escalafonada en carrera administrativa, mientras que la ESE Hospital San Fernando de Amagá, resolvió mantener la vinculación del personal nombrado en provisionalidad. En relación con el derecho preferencial de incorporación la Sala observa lo siguiente:

El inciso 1º del artículo 209 de la Constitución Política estableció el fin y los principios con los cuales se debe cumplir la función administrativa, con el siguiente tenor literal:

“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones (...)”.

En otras palabras, para el ejercicio de la función administrativa se debe consultar el bien común; esto es, persiguiendo los objetivos de carácter general, que se encuentran consignados en la Constitución Política y en la ley, en especial en el artículo 2º de la Carta Política; que señala los fines esenciales del Estado, así.

“Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (...)”.

Quiere decir que la Constitución le confiere a las autoridades un poder reglado para el ejercicio de la función administrativa, de acuerdo con postulados característicos del Estado de derecho, pero en materias, como las relativas a la gestión económica y social, se deja un margen de discrecionalidad para que la administración, en forma eficaz, procure la satisfacción del interés colectivo, imprimiéndole el carácter social del Estado de derecho, donde la función administrativa se encuentra al servicio del interés general, y se base en principios como la eficacia y la celeridad(2).

De tal manera que cuando las reformas de las plantas de personal conllevan la supresión de empleos, se erigen en criterios y condiciones relacionados con las necesidades del servicio o modernización de la administración, siendo objetivas las razones que justifican la reforma.

La decisión de retirar a un empleado de la planta de cargos, como consecuencia de una supresión, puede originarse bien porque todos los cargos de su categoría fueron suprimidos por el acto general, o bien porque en la nueva planta de personal no se creen cargos con funciones iguales o equivalentes en uno de los cuales pudiera incorporarse. Sobre este tema la Sección Segunda de esta corporación, ha dicho:

“Por ello la planta de personal de una entidad puede estipular cargos de igual denominación que no obstante serán diferentes empleos cuando el manual específico les asigne funciones, requisitos y/o responsabilidades distintas; y la supresión del empleo no ocurrirá cuando subsistan en la planta de la entidad igual o superior número de cargos de la misma o distinta denominación, cuando las funciones asignadas, los requisitos y la responsabilidad inherente a dichas funciones sea idéntica. Por el contrario, si el número de cargos se reduce en las mismas condiciones, habrá ocurrido una real supresión de empleos”(3).

De conformidad con lo anotado, la supresión de cargos está prevista como una causal de retiro del servicio de los empleados públicos, sin importar que se trate de funcionarios de libre nombramiento y remoción, período fijo o de carrera administrativa, facultad que puede ejercer la administración, previo cumplimiento del procedimiento señalado en la Ley 443 de 1998.

El parágrafo 1º del artículo 39 de la ley en comento, prevé:

“Cuando se reforme total o parcialmente la planta de personal de un organismo o entidad y los empleos de carrera(4) de la nueva planta, sin cambiar sus funciones, se distingan de los que conformaban la planta anterior por haber variado solamente la denominación y el grado de remuneración, aquellos cargos no podrán tener requisitos superiores para su desempeño y los titulares con derechos de carrera de los anteriores empleos, deberán ser incorporados por considerarse que no hubo supresión efectiva de estos”.

A su turno el Decreto 1572 de 1998, reglamentario de la Ley 443 de 1998, en su artículo 136, dispone:

“Cuando se reforme total o parcialmente la planta de personal de una entidad y los empleos de carrera de la nueva planta, sin cambiar sus funciones, se distingan de los que conformaban la planta anterior por haber variado solamente la denominación y el grado de remuneración, estos cargos no podrán tener requisitos superiores para su desempeño exigibles a los titulares con derechos de carrera de los anteriores cargos, quienes deberán ser incorporados en la situación en que venían, por considerarse que no hubo supresión efectiva de estos”.

En este orden de ideas las disposiciones que se analizan, garantizan en forma especial los derechos de los empleados de carrera administrativa, razón por la cual, las reformas de la planta de personal que impliquen supresión de tales empleos, deben fundarse en necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración y con base en estudios técnicos que así lo demuestren.

Caso concreto

En el sub examine tratándose de una empleada inscrita en carrera administrativa según da cuenta la Resolución 814 de 27 de septiembre de 1994 (fl. 35) y habiéndose probado que la entidad mantuvo la vinculación de cinco (5) funcionarias nombradas en provisionalidad (fl. 5), quiere decir, que a la demandante le asistía mejor derecho de continuar vinculada a la entidad en uno de los cargos existentes, toda vez que se encontraba escalafonada en carrera administrativa.

Es cierto que el nominador tiene la potestad de seleccionar a quienes ocupan las plazas existentes en la reestructuración, pero no puede olvidarse que estas deben ser suplidas por los empleados con mejor derecho, como el que ostenta la actora, se recuerda que la Sala(5) ha reconocido el mejor derecho como criterio para acceder a las pretensiones en casos similares al presente; según se ha señalado en decisiones anteriores, basta que se logre probar que personas con inferior derecho fueron incorporadas en cargos respecto de los cuales se reclama la vinculación para acceder a las pretensiones de la actora.

Por ello la Sala se encuentra probado que a la demandante se le desconoció el derecho preferente que en su favor consagraba el parágrafo 1º del artículo 39 de la Ley 443 y el artículo 136 del Decreto 1572 de 1998, para ser incorporada frente a empleados provisionales, en cargos que por equivalencia de funciones y requisitos resultan ser iguales.

En esas condiciones la sentencia que accedió a las súplicas de la demanda, por desconocimiento de los derechos de carrera administrativa de la actora, deberá ser confirmada, como en efecto se dispondrá.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia de 11 de junio de 2009, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, que accedió a las súplicas de la demanda incoada por Gloria Marina Muñoz Castro contra la empresa social del Estado Hospital San Fernando de Amagá.

Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

(2) Corte Constitucional, Sentencia T-1701 de 7 de diciembre de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(3) Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 6 de julio de 2006, M.P. Ana Margarita Olaya Forero.

(4) Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-954-01 de 6 de septiembre de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería

(5) Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 20 de septiembre de 2007, Expediente 6420 de 2005, M.P. Jesús María Lemos Bustamante.

Sentencia de 1º de marzo de 2007, Expediente 2399-05, M.P. Ana Margarita Olaya Forero.

Sentencia de 4 de septiembre de 2008, Expediente 2848-05, M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.