Sentencia 2001-01345 de septiembre 27 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Radicación: 07001-23-31-000-2001-01345-02(28711)

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero

Actor: Arcadio Bernal Supelano y otro

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional

Referencia: Acción de reparación directa (apelación sentencia)

Bogotá, D.C., veintisiete de septiembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Presupuestos procesales de la acción

De la jurisdicción, competencia y procedencia de la acción

11. Por ser la entidad demandada una entidad estatal, el asunto es de conocimiento de esta jurisdicción (CCA, art. 82). Además, esta corporación es competente, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en un proceso con vocación de segunda instancia, en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, que corresponde a la indemnización por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, supera la exigida por la norma para el efecto(1).

12. La acción de reparación directa instaurada (CCA, art. 86) es la procedente, por cuanto las pretensiones de la demanda están encaminadas a la declaratoria de responsabilidad de las entidades demandadas por los daños ocasionados durante los ataques guerrilleros que afectaron los inmuebles de la diócesis de Arauca.

De la legitimación en la causa

13. En lo que respecta a la legitimización en la causa, constata la Sala que si bien la propiedad de los bienes afectados no está acreditada en cabeza de la parte actora, la Sala encuentra probada la posesión de los inmuebles, por parte de la diócesis, al tener en cuenta los testimonios rendidos en el proceso que afirman que la iglesia católica ejerció posesión sobre dichos bienes inmuebles; por tanto, la responsabilidad del Estado genera una indemnización por el daño material ocasionado a los mismos.

De la caducidad de la acción

14. En el presente asunto se pretende la declaratoria de responsabilidad de las entidades demandadas, por los daños ocasionados a los inmuebles de la diócesis de Arauca por los ataques guerrilleros ocurridos el 13 de abril de 1998, el 26 de marzo, 20 de septiembre y 31 de diciembre de 1999. Como la demanda fue impetrada el 23 de marzo de 2001, esto es, dentro de los dos años contados a partir del día siguiente del acaecimiento de los hechos, esto es, los daños producidos a partir del 26 de marzo de 1999, la acción no estaría caducada en los términos del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. Sin embargo, habría caducidad en relación con los daños producidos el 13 de abril de 1998.

II. Problema jurídico

15. Procede la Sala determinar si la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional y la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, deben indemnizar a la parte actora por los daños ocasionados a la iglesia, la casa cural y el colegio La Inmaculada del municipio de Puerto Rondón (Arauca), luego de los ataques perpetrados por grupos armados al margen de la ley. Para este propósito, se debe establecer si puede ser declarada patrimonial y extracontractualmente responsable por los daños antijurídicos ocasionados a la parte actora.

III. Validez de los medios de prueba

16.Para sustentar sus pretensiones, la parte actora aportó al proceso copia del acta de la inspección judicial que fue practicada a instancias del Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Rondón, antes de que se iniciara el presente trámite contencioso administrativo(2). Sin embargo, debido a que la parte demandada no tuvo la oportunidad procesal para controvertir dicha prueba anticipada, ésta no podrá ser tenida en cuenta, máxime cuando la parte actora no solicitó oportunamente que se corriera traslado a las entidades demandadas con el fin de que se allegara al proceso la oposición necesaria para su valoración.

IV. Hechos probados

17. Con base en las pruebas recaudadas en el proceso contencioso administrativo, valoradas en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

18. El 26 de marzo, 20 de septiembre y 31 de diciembre de 1999, en el municipio de Puerto Rondón (Arauca) se presentaron incursiones guerrilleras que dejaron como consecuencia varias averías a los inmuebles aledaños a la estación de policía, entre ellos la iglesia, la casa cural y el colegio La Inmaculada (copia auténtica del informe rendido por la Fiscalía General de la Nación sobre las tomas guerrilleras ocurridas en Puerto Rondón, fls. 14-16, cdno. 3; testimonios rendidos ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca por los señores Dumar Abel Sánchez y Luis Bitelio Flórez, fls. 46-53, cdno. 2)(3).

19. Informe rendido por la Fiscalía General de la Nación sobre las tomas guerrilleras ocurridas en Puerto Rondón:

Me permito informarle que respecto a las investigaciones, adelantadas en las fiscalías especializadas de Arauca, por las tomas guerrilleras en el municipio de Puerto Rondón, en el periodo comprendido entre el año 1999 y 2000, se puede establecer los siguiente:

- RadicadoFecha de la tomaDenuncianteSindicado
230Marzo 26 de 99Policía NacionalELN
- RadicadoFecha de la tomaDenuncianteSindicado
285Dic. 31 de 99Policía NacionalFARC
- RadicadoFecha de la tomaDenuncianteSindicado
664Sep. 20 de 99Policía NacionalAveriguac.(sic)

20. La diócesis de Arauca es una persona jurídica y su representante legal para el año 2000 era el obispo Rafael Arcadio Bernal Supelano (certificación expedida por la nunciatura apostólica en Colombia el 14 de enero de 2000, fl. 86, cdno. 1).

21. Los inmuebles objeto de la demanda, no se encuentran registrados ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de Arauca, como tampoco se encuentran bienes registrados a nombre de la Diócesis de Arauca (Ofi. 0788 emitido por la oficina de registro de instrumentos públicos del círculo de Arauca, fl. 10, cdno. 3).

22. La Diócesis de Arauca es poseedora de los bienes inmuebles correspondientes a la iglesia, la casa cural, y el colegio La Inmaculada, de acuerdo con lo declarado ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca por el señor Luis Bitelio Flórez, quien afirmó:

PREGUNTADO: Diga por favor, si usted sabe y le consta que la Diócesis de Arauca fue quien construyó la Casa Cural, la Iglesia Parroquial de Puerto Rondón, la Casa de las Hermanas Mediadoras y el Colegio Cli la Inmaculada de primaria de Puerto Rondón, en caso afirmativo, qué conoce de ello. CONTESTO: Lo primero que me acuerdo que construyeron fueron la iglesia, la casa de habitación de las Hermanas Mediadoras, el colegio y lo último que construyeron la casa de dos pisos La Casa Cural, eso lo comenzó a construir el padre Agudelo a punta de basares y colaboración del pueblo y creo que aquí de la curia (…) (sic) (fl. 47, cdno. 2).

23. Por su parte el señor Dumar Abel Sánchez, en testimonio igualmente rendido ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca dijo:

PREGUNTADO: Diga por favor al despacho si usted conoció de propiedad de quién son la casa cural, la Iglesia Parroquial de Puerto Rondón, la casa de habitación de las Hermanas Mediadoras y del colegio CLI de La Inmaculada de Puerto Rondón. CONTESTO: Por ser nativo de este municipio, desde hace mucho tiempo atrás conozco a estos inmuebles que se han mencionado, han estado bajo la posesión de la Iglesia Católica y por lo tanto asumo, que ello es propiedad de esta institución (…) (sic) (fl. 51, cdno. 2).

V. Análisis de la Sala

24. Constata la Sala que las edificaciones correspondientes a la iglesia, la casa cural, y el colegio La Inmaculada, sufrieron un daño material como consecuencia de las tomas guerrilleras ocurridas en Puerto Rondón, el 26 de marzo, 20 de septiembre y 31 de diciembre de 1999.

25. En cuanto a la imputabilidad del daño a la administración, es pertinente poner de presente que en reciente pronunciamiento, la Sección Tercera del Consejo de Estado en pleno señaló que, así como la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular, tampoco podía la jurisprudencia establecer un único título de imputación a aplicar a eventos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí, ya que este puede variar en consideración a las circunstancias particulares acreditadas dentro del proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su argumentación:

En lo que se refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta sentencia(4).

26. Así las cosas, de conformidad con la jurisprudencia citada, no todos los casos en los que se discuta la responsabilidad del Estado por daños derivados de un supuesto de hecho que guarde semejanzas tengan que resolverse de la misma forma pues, se insiste, el juez puede —en cada caso concreto— válidamente considerar que existen razones tanto jurídicas como fácticas que justifican la aplicación de un título o una motivación diferente.

27. El título de imputación base para el análisis de la responsabilidad estatal, en eventos de daños causados a civiles, con ocasión de enfrentamientos armados entre la fuerza pública y grupos armados ilegales, ha sido el de riesgo excepcional. Este, ha dicho la jurisprudencia de esta corporación(5), se configura por cuanto los agentes del Estado participan y propician la causación del daño, es decir, en desarrollo de la actividad legítima de “defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional”(6), al exponer a la comunidad a una situación de peligro que, una vez se concreta, genera responsabilidad en la administración al ser una carga excesiva, grave y anormal que no tienen por qué asumir los ciudadanos.

28. Así las cosas, el riesgo que se genera por la presencia de un establecimiento representativo del Estado en medio de un conflicto armado, y su concreción en la causación de un daño a una persona ajena a los grupos enfrentados, independientemente de quien haya ocasionado el daño, es la razón de la responsabilidad estatal. Al respecto esta corporación ha sostenido que:

“(…) para que el hecho violento del tercero pueda ser imputable al Estado, se requiere que éste haya sido dirigido contra un establecimiento militar o policivo, un centro de comunicaciones o un personaje representativo de la cúpula estatal. Por lo tanto, se ha considerado que no le son imputables al Estado los daños causados por actos violentos cometidos por terceros cuando éstos son dirigidos indiscriminadamente contra la población, con el fin de sembrar pánico y desconcierto social, y no contra un objetivo estatal específico, bien o persona, claramente identificable como objetivo por los grupos al margen de la ley”(7).

29. A la administración le es posible exonerarse de responsabilidad sólo si se acredita que la causa del daño fue de manera exclusiva y determinante el hecho de la víctima, el hecho de un tercero o la constitución de una fuerza mayor(8). Las causales que exoneran de responsabilidad deben tener las características de ser irresistibles e imprevisibles. Ser irresistible es la imposibilidad del obligado de llevar a cabo el comportamiento esperado y la imprevisibilidad ocurre cuando no es posible contemplar por anticipado su ocurrencia, esto es, que el acontecimiento sucedió de manera súbita y repentina(9).

30. De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala, en zonas en las cuales se vea alterado el orden público con frecuencia, las estaciones de policía deben tener una ubicación que no ponga en riesgo a la población aledaña. Por otra parte, en los casos de ataques terroristas, es imperante para el Estado proteger de manera especial las edificaciones religiosas, en aras de “proteger el ejercicio del derecho fundamental a la libertad religiosa y cumplir con los compromisos asumidos en los instrumentos internacionales”(10), con el fin de garantizar la seguridad de las mismas.

31. Esta postura resulta acorde con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que al respecto ha señalado que en situaciones de conflicto armado las obligaciones de adoptar medidas positivas de protección y prevención, adquieren un carácter superlativo, por lo que su inobservancia puede comprometer la responsabilidad internacional del Estado, tal como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En efecto, debido a que en estos casos las personas enfrentan un riesgo real de sufrir amenazas o vulneraciones de sus derechos humanos, el Estado asume una posición especial de garante que lo obliga a ofrecer una protección efectiva a la población civil y a adoptar todas las medidas a su alcance para evitar o conjurar situaciones de peligro razonablemente previsibles(11).

32. En este caso, se tiene que las edificaciones afectadas se encuentran cerca de la estación de policía, y que los ataques guerrilleros se dirigieron contra dicha edificación. En testimonio de Luis Bitelio Brito Flórez, quien presenció los ataques, dijo lo siguiente:

(…) el día 26 de marzo de 1999 (…) cerca de las seis (6:00) de la tarde comenzó la toma guerrillera. Se dice porque a uno no le consta de que pasó la guerrilla atacando la estación de policía, pues contra la estación iba dirigido el ataque según cuenta la gente, para esa fecha me encontraba en el pueblo de Puerto Rondón, la toma fue fuerte se oía disparos, granadas, bombonas o ramplas de gas que son las que más terror han producido en el pueblo, pasaron toda la noche dándole a las instalaciones de la Policía y como quedan casas pegadas ahí casi todas sufrieron daños y la Casa Cural pega con las de la Estación de Policía, quedó prácticamente destruida, la iglesia que queda pegada a la casa cural lo que fue el techo vidrios, quedó sirviendo para nada. En seguida queda la casa donde dormían las Hermanas de María Mediadora, quedó destruida en su mayoría y pegado a esta construcción queda el colegio de primaria, todo eso está prácticamente está para reconstruirlo. Eso es lo que queda pegado a la Policía. Sin embargo alrededor del parque todas las viviendas sufrieron daños (…) (sic) (fl. 47, cdno. 2).

33. Así mismo, el señor Dumar Abel Sánchez, quien afirma que a lo largo de su vida se desempeñó como rector del colegio Cristóbal Colón, tesorero municipal y alcalde del municipio de Puerto Rondón, manifestó que “a raíz de esos combates y de los enfrentamientos entre la fuerza pública y las fuerzas insurgentes, han resultado afectados diferentes inmuebles más que todo los que se ubican alrededor del parque y contiguo a la Policía como son la Alcaldía municipal, el juzgado, Telecom, la iglesia, el colegio La Inmaculada, la casa cural, etc.” (Sic) (fl. 51, cdno. 2).

34. En vista de lo anterior, las edificaciones de la iglesia católica, la casa cural y el colegio la Inmaculada, se vieron afectadas por encontrarse junto a la estación de policía. Por tanto, concluye la Sala que no se trató de un ataque indiscriminado hacia la población del municipio de Puerto Rondón, sino de uno específico contra la Policía Nacional.

35. Esta situación se ajusta a los parámetros que ha establecido la jurisprudencia de esta corporación para derivar la responsabilidad estatal por el hecho de un tercero, bajo la óptica del riesgo excepcional, debido a que el objetivo del ataque guerrillero fue una edificación representativa de la administración, riesgo que se concretó en la materialización del daño. Por esta razón la Sala revocará la sentencia impugnada.

36. En lo que atañe a la imputación de responsabilidad al Ejército Nacional, advierte la Sala que esta entidad no se encuentra legitimada en la causa por pasiva, por cuanto no se encuentra probada su participación en la concreción del riesgo que produjo el daño a indemnizar. Pues no se demostró en el proceso que los ataques guerrilleros que ocasionaron los daños a los inmuebles en mención, se hayan dirigido en contra de una edificación pertenecientes a tal entidad, o que hubiere incurrido en una conducta omisiva que justifique imputarle los daños antijurídicos producidos.

VI. Liquidación de perjuicios

37. Para la indemnización de perjuicios materiales no podrá tenerse en cuenta el dictamen pericial practicado durante la inspección judicial anticipada, practicada a instancias del Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Rondón, por cuanto esta prueba no tiene valor probatorio al no haber sido controvertida por la parte demandada (supra 15).

38. Así las cosas, la Sala dará aplicación a lo previsto en el artículo 172 del Código Contencioso Administrativo, y condenará en abstracto a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional al pago de este perjuicio. La liquidación deberá hacerse mediante el trámite incidental previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Civil, con base en las pruebas que alléguela parte actora para acreditar el valor de las obras de reconstrucción directa y estrictamente relacionadas con la afectación que sufrieron los inmuebles, como consecuencia de la acción insurgente ocurrida.

Respecto del reconocimiento de indemnización por los perjuicios morales solicitados por la parte actora, a nombre del obispo Rafael Arcadio Bernal Supelano, advierte la sala que no se encuentra demostrado el sufrimiento o aflicción sufrido por el obispo con la destrucción de los inmuebles, pues este solo actúa en el proceso como representante legal de la diócesis de Arauca, entidad que se demostró poseedora de los bienes inmuebles como institución, pero de esto no se puede inferir un daño moral por parte de su representante legal. Sobre el daño moral en casos de ataques guerrilleros la Sala ha dicho:

A propósito de los daños morales, la doctrina ha considerado que éstos son “esos dolores, padecimientos, etc., que pueden presentarse solamente como secuela de los daños infligidos a la persona. Que no son entonces daños propiamente dichos, y que por otra parte, constituyen un sacrificio de intereses puramente morales, que justifican una extensión del resarcimiento, esta vez con función principalmente satisfactoria”(12).

No obstante, la Sala ha adoptado un criterio más amplio, para considerar que hay lugar a indemnizar todo perjuicio moral, sin importar su origen, inclusive el derivado de la pérdida de bienes materiales o el causado con el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, siempre que, como sucede en relación con cualquier clase de perjuicios, aquéllos sean demostrados en el proceso(13).

Para que haya lugar a la reparación del perjuicio basta que el padecimiento sea fundado, sin que se requiera acreditar ningún requisito adicional. Corresponde al juez tasar discrecionalmente la cuantía de su reparación, teniendo en cuenta las condiciones particulares de la víctima y la gravedad objetiva de la lesión. La intensidad del daño es apreciable por sus manifestaciones externas; por esto se admite para su demostración cualquier tipo de prueba. Sin embargo, la jurisprudencia puede inferir su existencia en casos como el de la muerte de los parientes más allegados.

En consecuencia, aunque en eventos como el presente, la pérdida de los bienes materiales destinados a la subsistencia o comercialización puede causar perjuicios morales, en el caso concreto no se reconocerán porque éstos no se acreditaron directamente ni se encuentran probados otros hechos de los cuales puedan inferirse tales perjuicios(14).

Así las cosas, se encuentra que la jurisprudencia de la Sala ha considerado que el daño moral es susceptible de reparación, en la medida en que resulte plenamente acreditado, sin embargo, del acervo probatorio obrante en el expediente no se concluye que el obispo Rafael Arcadio Bernal Supelano haya sufrido un daño moral por la pérdida de los bienes inmuebles de posesión de la diócesis de Arauca, como tampoco un desarraigo o dolor moral por la destrucción física de los mismos.

VI. Costas

39. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

40. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR la sentencia del 15 de julio de 2004 proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, mediante la cual se negaron las súplicas de la demanda y, en su lugar,

1. DECLARAR la responsabilidad administrativa de la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional, por los daños ocasionados a la iglesia, la casa cural y el colegio La Inmaculada, el 26 de marzo, 20 de septiembre y 31 de diciembre de 1999, por los ataques guerrilleros perpetrados contra la estación de policía del municipio de Puerto Rondón (Arauca).

2. CONDENAR en abstracto a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional, al pago de los perjuicios materiales causados a la Diócesis de Arauca, como consecuencia de los enfrentamientos armados con la subversión, ocurridos en el municipio de Puerto Rondón (Arauca). Este perjuicio deberá liquidarse mediante el trámite incidental regulado en el artículo 137 del Código de Procedimiento Civil, el cual deberá promoverse por el interesado dentro del término de dos (2) meses contados desde la ejecutoria de esta sentencia y resolverse con sujeción a las pautas indicadas en la parte motiva de esta sentencia.

3. DECLARAR la caducidad de los daños antijurídicos producidos durante los ataques guerrilleros acaecidos el 7 de abril de 1998, en el municipio de Puerto Rondón (Arauca).

4. Niéguense las demás pretensiones de la demanda.

5. Sin condena en costas.

6. Por secretaría EXPÍDANSE copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, las cuales se entregarán a quien acredite estar actuando como apoderado judicial dentro del proceso.

7. Ejecutoriada la presente sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de primera instancia para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(1) La pretensión mayor, fue estimada en $ 662.235.000, monto que supera la cuantía necesaria para que un proceso iniciado en 2001 fuera de doble instancia ($ 26 390 000). Se aplica en este punto el numeral 10 del artículo 2º del Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modifica el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo.

(2) Mediante escrito presentado el 3 de febrero de 2000, el obispo Arcadio Bernal Supelano, mediante apoderado, solicitó al juez promiscuo municipal, como prueba anticipada una diligencia de inspección judicial, en el templo parroquial, la casa cural y el colegio La Inmaculada (fl. 20 a 108, cdno. 1), con miras al esclarecimiento de los siguientes hechos: ubicación, dirección, área total del terreno y área construida, linderos, daños ocasionados y Estado general de los mismos. La prueba anticipada fue decretada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Rondón, mediante auto del 9 de febrero de 2000 (fl. 25, cdno. 1).

(3) A solicitud de la parte actora se ofició al Comando del Departamento de Policía de Arauca y al Comando de la Brigada 18 del Ejército Nacional con el fin de que allegaran al proceso los informes suscritos por sus dependencias en relación a los ataques guerrilleros ocurridos en el municipio de Puerto Rondón. Sin embrago, estos informes no obran en el expediente por cuanto, por un lado, el Departamento de Policía de Arauca respondió: “(…) se encuentran a disposición de la parte demandante quince (15) folios correspondientes a la denuncias instauradas por los ataques de la subversión en contra la población y la estación de policía en el municipio de Puerto Rondón, (Arauca), estos pueden ser solicitados previa cancelación de $ 50 pesos cada uno, pago que debe hacerse efectivo en la tesorería del comando del departamento ya que la Policía Nacional no cuenta con una partida para fotocopias.” (sic), pero las copias no aparecen en el expediente, por lo que se infiere que no fueron pagadas. Por otro lado, la Decimoctava Brigada del Ejército Nacional afirmó, que “en las fechas indicadas no había presencia de tropas del Ejército Nacional en la localidad de Puerto Rondón”, por tanto recomiendan que la información sea solicitada a la Policía Nacional (fls. 26 y 28, cdno. 2).

(4) Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 19 de abril de 2012, expediente 21515, C.P. Hernán Andrade Rincón, reiterada en la sentencia de 23 de agosto de 2012, expediente 23219, C.P. Hernán Andrade Rincón.

(5) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias del 22 de junio de 2011, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, radicación 20150; del 20 de mayo de 2004, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, radicación 14405; del 24 de abril de 1991, C.P. Policarpo Castillo Dávila, radicación 6110.

(6) Artículo 217 de la Constitución Política.

(7) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 28 de junio de 2006, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, radicación 16630.

(8) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 19 de julio de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, radicación 16344, entre otras.

(9) Ibídem.

(10) Salvamento de voto de la doctora Stella Conto en sentencia de 9 de diciembre de 2011, radicación 21201.

(11) Sentencias de 31 de enero de 2006, caso de la masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, párr. 123 a 141; y de 1º de julio de 2006, caso de las masacres de Ituango vs. Colombia, párr. 126 a 138. En similar sentido, el Consejo de Estado ha considerado que hay lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por la inobservancia del deber positivo de protección que le es exigible con mayor rigor en situaciones de conflicto armado, y que demanda la aplicación de medidas de precaución (anticipación del riesgo) y de prevención para proteger y preservar los derechos fundamentales no sólo de las personas civiles, sino también de quienes participan en las hostilidades.

(12) Renato Scognamiglio. El daño moral. Contribución a la teoría del daño extracontractual. traducción de Fernando Hinestrosa, Bogotá, Edit. Antares, 1962, pág. 46.

(13) Sentencia del 24 de septiembre de 1987, expediente 4039, C.P. Jorge Valencia Arango.

(14) Sentencia de 13 de mayo de 2004, expediente AG-520012331000200200226-01, C.P. Ricardo Hoyos Duque. Posición reiterada en sentencia de 21 de marzo de 2012, M.P. Ruth Stella Correa Palacio, expediente 24250, entre otras providencias relacionadas con los hechos de los atentados del municipio de Cravo Norte (Arauca).