Sentencia 2001-01360 de julio 29 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Rad.: 07001233100020010136001

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Exp.: 25495

Demandantes: Emelina Teresa Rodríguez de Villazana

Demandado: La Nación-Ministerio de Defensa-Fuerzas Armadas-Policía Nacional

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá, D. C., veintinueve de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia.

1. De la jurisdicción, competencia y procedencia de la acción.

La acción de reparación directa instaurada (C.C.A., art. 86) es la procedente, por cuanto las pretensiones de la demanda van encaminadas a la declaratoria de responsabilidad de la demandada por los daños ocasionados a la actora con las tomas guerrilleras a Cravo Norte, Arauca y dirigidas en contra de la estación de policía de ese municipio. Además, esta corporación es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en un proceso con vocación de segunda instancia, en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, que corresponde a la indemnización por concepto perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, supera la exigida por la norma para el efecto(1).

2. De la legitimación en la causa.

La legitimación en la causa aparece demostrada en el plenario, por una parte, porque la actora es la directamente afectada con el daño sufrido con los hechos que se imputan a la demandada y, por la otra, porque es la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional-Ejército Nacional el ente en contra del cual se dirigieron los ataques guerrilleros en el municipio de Cravo Norte.

3. De la caducidad de la acción.

En el presente asunto se pretende que se declare la responsabilidad de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional-Ejército Nacional por los daños sufridos por la señora Emelina Teresa Rodríguez de Villazana en las tomas guerrilleras que afectaron al municipio de Cravo Norte el 8 de julio de 1999 y el 16 de enero de 2000. Por su parte el a quo declaró probada la excepción de la caducidad y por tanto negó las súplicas de la demanda, al considerar que “(…) la demandante no demostró que la ocurrencia del hecho dañino tuviera ocurrencia (sic) el 8 de julio de 1999 y 16 de enero de 2000, sino que, conforme a las probanzas se dilucida que aquellos sucedieron el 13 de abril de 1998 y 19 de abril de 1999 y demandó solo el día 26 de abril de 2001”.

En relación con este aspecto, obran en el plenario las siguientes pruebas:

— Copia auténtica de la denuncia penal presentada el 17 de abril de 1998, por el Departamento de Policía de Arauca al Fiscal Regional 19 de Arauca, en el que puso en su conocimiento el ataque guerrillero del 13 de abril anterior al municipio de Cravo Norte y allí se precisó:

En el hecho resultaron semidestruidas las instalaciones policiales, una vivienda aledaña, el hotel de razón social “El Agrado” (fl. 72 cdn. 2).

— Copia auténtica de la Resolución 730 de 1999 proferida por el Inurbe, mediante la cual se asignó un subsidio de vivienda a la señora Rodríguez de Villazana, como damnificada en la toma guerrillera al municipio de Cravo Norte el 19 de abril de 1999 (fls. 64-66 cdn. 2).

— Testimonio rendido ante el a quo por Aldemar Perdomo Saavedra, habitante del municipio de Cravo Norte (fls. 44-47 cdn. 2), quien sostuvo que en el ataque guerrillero del 13 de abril de 1998 la vivienda quedó parcialmente destruida y por tanto se reconstruyeron sus partes afectadas. Luego agregó:

(…) pero el año más exactamente el 19 de abril de 1999, volvió y sucedió otro ataque y ahí sí fue destruida totalmente, a mí me consta porque estuve presente allá, le destruyó todos los muebles y enseres que ella poseía para sostener ese negocio de arrendamiento de habitaciones (...). Preguntado: Diga al despacho si aparte de las incursiones guerrilleras que se produjeron en abril 13 de 1998 y abril 19 de 1999, usted conoció o conoce otros ataques guerrilleros a la población de Cravo Norte. Contestó: Sí los dos primeros ataques como los menciona la pregunta y después se presentaron otros dos más en julio de 1999 y 16 de abril de 2000 y eso pues generó una destrucción total alrededor de la policía. Preguntado: Diga al despacho si usted sabe y le consta si en estos ataques de julio 8 de 1999 y enero de 2000 y en virtud de los enfrentamientos armados, entre la subversión y la Fuerza Pública, se le ocasionaron daños al inmueble de doña Emelina Teresa Rodríguez Villamizar. Contestó: El hecho de estar ubicado al frente del Comando de la Policía ese inmueble quedó totalmente destruido de todos los enfrentamientos que hubieron (sic).

— Testimonios de Milton Iván Rangel (fls. 48-51 cdn. 2) y Álvaro Wilfredo Garcés García (fls. 52-54 cdn. 2), quienes afirmaron que la vivienda de la señora Emelina Teresa Rodríguez fue parcialmente afectada en el ataque guerrillero del 13 de abril de 1998. No obstante, la misma fue reconstruida por su propietaria, pero con los ataques del 8 de julio de 1999 y 16 de enero de 2000 quedó totalmente destruida.

— Original del Oficio DA-0116 de 18 de marzo de 2002, mediante el cual el alcalde de Cravo Norte señaló:

En relación con la vivienda donde funcionaba el Hotel El Agrado, de propiedad de la señora Emelina Rodríguez viuda de Villazana, me permito informarle que fue destruida totalmente durante los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y la guerrilla en los hechos ocurridos el 13 de abril de 1998 fue destruido parcialmente y reconstruyó nuevamente, en de (sic) julio de 1999 sufrió daños graves y en enero 16 de 2000 fue destruido totalmente (fls. 55-56 cdn. 2).

En vista de lo anterior, encuentra la Sala que la acción de reparación directa fue impetrada oportunamente —26 de abril de 2001—, esto es, dentro de los dos años contados a partir del día siguiente del acaecimiento de los hechos que se le imputan a la demandada, en los términos del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. Si bien las pruebas dan cuenta de que en las tomas guerrilleras de 13 de abril de 1998 y de 19 de abril de 1999, la vivienda de la actora sufrió una afectación parcial con ocasión de las mismas, lo cierto es que también se acreditó que ella la reconstruyó, pero esta resultó nuevamente averiada en los ataques de 8 de julio de 1999 y el 16 de enero de 2000, lo que conllevó a su destrucción total, fechas a partir de las cuales empezó a correr el término para interponer la acción de reparación directa. En consecuencia, se revocará la decisión del a quo que declaró la caducidad de la acción y se procederá a resolver el fondo de la litis.

II. Validez de los medios de prueba.

En relación con los hechos de que trata el proceso, obran las pruebas aportadas por las partes y las allegadas por orden del a quo. Sobre el particular, la Sala hace las siguientes precisiones:

1. Con la demanda se allegó el original de una declaración extraproceso (fl. 37 cdn. 1), rendida ante el Notario Único del Círculo de Arauca. No obstante, la misma no podrá ser valorada en tanto en su recepción no se observaron los requisitos exigidos por el artículo 298 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el Decreto 2282 de 1989(2).

2. Obran unas copias simples de unos documentos que dicen contener unos recortes de periódico (fls. 39-49 cdn. 1). Sin embargo las mismas no podrán ser valoradas, por cuanto no cumplen con las exigencias contenidas en el artículo 254 del C.P.C., a saber: (i) que hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial previa orden del juez donde se encuentre el original o la copia autenticada; (ii) que sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente y; (iii) que sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de una inspección judicial. Lo anterior significa que para que puedan ser considerados como elementos de prueba válidos para acreditar los supuestos de hecho que pretenden acreditar debieron allegarse en original o en copia auténtica.

3. La parte actora arrimó unas fotografías, en las que se observa una anotación hecha por el Juzgado Promiscuo Municipal de Cravo Norte, el 18 de abril de 2001, en los siguientes términos:

“(…) Los suscritos Juez y Secretario del Juzgado Promiscuo Municipal de Cravo Norte, hacemos constar que estas fotografías corresponden al estado en la (sic) cual quedó la vivienda de propiedad de Emelina Teresa Rodríguez de Villazana, la cual se encuentra ubicada en la carrera 5 Nº 1-32 de Cravo Norte, inmueble en el cual funcionaba la (sic) Residencias "El Agrado" de propiedad (sic) de su propiedad” (fls. 21-26 cdn. 1).

3.1. Estas fotografías podrán ser valoradas porque aunque no hay certeza sobre la persona que las tomó, lo cierto es que el juzgado Promiscuo de Gravo Norte certificó que corresponden a la vivienda de la señora Rodríguez de Villazana y reflejan el estado en el que quedó después de las tomas guerrilleras.

III. Problema jurídico.

Procede la Sala a determinar si la demandada es responsable por los daños causados a la señora Emelina Teresa Rodríguez de Villazana, con los ataques guerrilleros perpetrados al municipio de Gravo Norte, el 8 de julio de 1999 y el 16 de enero de 2000 o si, por el contrario, como lo alegó la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional-Ejército Nacional se configuró el hecho de un tercero como causal de exoneración de responsabilidad.

IV. Hechos probados.

Con base en las pruebas recaudadas en el proceso contencioso administrativo y valoradas en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

1. La señora Emelina Teresa Rodríguez es la propietaria de la vivienda ubicada en la carrera 5 Nº 1-32, frente a la estación de la Policía Nacional de Cravo Norte, en la que vivía y funcionaban las residencias El Agrado (copia auténtica de la escritura pública Nº 808 de 29 de mayo de 1992 de la Notaría Única del círculo de Arauca(3) —fls. 32-34 cdn. 1; original del folio de matrícula inmobiliaria Nº 410-23157 —fl. 36 cdn. 1; original de la certificación emitida por el alcalde municipal de Cravo Norte —fl. 30 cdn. 1, testimonios de Aldemar Perdomo Saavedra —fls. 44-47 cdn. 2, Milton Iván Rangel —fls. 48-51 cdn. 2, Álvaro Wilfredo Garcés García —fls. 52-54 cdn. 2).

2. Los días 13 de abril de 1998, 29 de enero, 19 de abril, 11 de junio, 8 de julio y 18 de noviembre de 1999 y el 16 de enero de 2000, el municipio de Cravo Norte fue objeto de ataques armados por parte de grupos guerrilleros que iban dirigidos en contra de la estación de policía, tal como consta en los siguientes documentos:

— Copia auténtica de la denuncia penal formulada el 17 de abril de 1998 por el comandante del departamento de policía de Arauca, en relación con los hechos ocurridos el 13 de abril anterior(4) —fl. 72 cdn. 2.

— Copia auténtica del oficio 29 de enero de 1999, en el cual el personero municipal de Cravo Norte informó al secretario de gobierno de Arauca que en esa fecha se escucharon varias detonaciones, en sitio cercano al aeropuerto de la localidad, hechos en los cuales perdieron la vida cuatro agentes de policía —fl. 57 cdn. 2.

— Copia auténtica del oficio de 26 de abril de 1999 dirigido por el alcalde de Cravo Norte a la Gobernación de Arauca en el que le solicitó que se dispusiera una base en la localidad, para “salvaguardar la soberanía del Estado colombiano”, debido a lo ocurrido en esa población el 19 de abril anterior y a la constante amenaza de una nueva incursión subversiva —fl. 58 cdn. 2.

— Copia auténtica del oficio de 28 de abril de 1999, en el cual el alcalde de Cravo Norte solicitó a la Gobernación de Arauca apoyo para la reparación de los inmuebles del municipio afectados por la toma guerrillera ocurrida el 19 de abril anterior, concretamente: el palacio municipal, la casa fiscal, el cementerio municipal, la casa de la cultura, la concha acústica, el taller municipal y el colegio San Antonio Galán. Se destacó que en esa incursión, los 2.974 habitantes del sector urbano se vieron afectados económica y moralmente, por el riesgo que la misma significó para su integridad física y para sus bienes —fls. 59-60 cdn. 2.

— Copia auténtica de la denuncia penal formulada el 21 de abril de 1999, por el subcomandante operativo del departamento de policía de Arauca, en relación con los hechos ocurridos el día 19 anterior(5) —fls. 73-74 cdn. 2.

— Copia auténtica de la denuncia formulada el 29 de junio de 1999, por el subcomandante operativo del departamento de policía de Arauca, en relación con los hechos ocurridos el 11 de junio anterior(6) —fls. 15-76 cdn. 2.

— Copia auténtica de la denuncia presentada el 11 de julio de 1999, en relación con los hechos ocurridos el 8 de julio anterior(7) —fls. 77-79 cdn. 2.

— Copia auténtica de la denuncia formulada el 22 de noviembre de 1999, por el jefe de la Oficina de Derechos Humanos de la Policía Nacional, en relación con los hechos ocurridos en el municipio de Cravo Norte, el 18 de noviembre anterior(8) —fls. 80-82 cdn. 2.

— Copia auténtica de la denuncia presentada por jefe de la Oficina de Derechos Humanos de la Policía el 18 de enero de 2000, por los hechos ocurridos el 16 de enero anterior(9) —fls. 85-87 cdn. 2.

— Copia auténtica del oficio de 17 de enero de 2000, a través del cual el alcalde de Cravo Norte informó a la Gobernación de Arauca de la toma guerrillera del 16 de enero de ese año en las que se atacaron las instalaciones de comando de policía. Se manifestó que el Ejército Nacional brindó apoyo —fl. 63 cdn. 2.

3. En la toma guerrillera del 13 de abril de 1998, la vivienda de propiedad de la señora Emelina Teresa Rodríguez de Villazana y en la que funcionaban las residencias El Agrado, ubicada en inmediaciones de la estación de policía de Cravo Norte, resultó parcialmente afectada, motivo por el cual procedió a su reconstrucción. Sin embargo, en el ataque de 8 de julio de 1999 sufrió nuevamente graves daños y en el de 16 de enero de 2000 fue destruida totalmente, tal como consta en las siguientes pruebas:

— Copia auténtica de la denuncia penal formulada el 17 de abril de 1998 por el comandante del departamento de policía de Arauca, que da cuenta de que “(…) [en] el hecho resultaron semidestruidas las instalaciones policiales, una vivienda aledaña, el hotel de razón social El Agrado” —fl. 72 cdn. 2.

— Original del Oficio DA-0116 de 18 de marzo de 2002 proferido por el alcalde de Cravo Norte —fls. 55-56 cdn. 2.

— Testimonios de Aldemar Perdomo Saavedra —fls. 44-47 cdn. 2, Milton Iván Rangel —fls. 48-51 cdn. 2, Álvaro Wilfredo Garcés García —fls. 52-54 cdn. 2.

— Fotografías aportadas por el actor con la demanda y certificadas por el Juzgado Promiscuo de Cravo Norte —fls. 21-28 cdn. 2; dictamen pericial rendido por peritos ingenieros designados por el a quo —fls. 27-36 cdn. 2.

V. Análisis de la Sala.

Se encuentra acreditado el daño sufrido por Emelina Teresa Rodríguez de Villazana, consistente en la destrucción de la vivienda de su propiedad y en la que funcionaban las residencias El Agrado, ubicada en la carrera 5 Nº 1-32 del municipio de Cravo Norte, con ocasión de las tomas guerrilleras del 8 de julio de 1999 y del 16 de enero de 2000.

Ahora bien, en cuanto a la responsabilidad del Estado por los ataques subversivos que afectaron al municipio de Cravo Norte entre los años 1998 y 2000, esta corporación ya se pronunció al respecto en recientes fallos en los que declaró que los mismos le eran imputables a la Nación-Policía Nacional. Consideró que, con fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política, los daños que causen grupos al margen de la ley al atacar estaciones de policía o bases militares le son atribuibles, aunque estas estén instituidas para proteger a los pobladores y se deriven del cumplimiento de un deber constitucional y legal, por cuanto se trata de la concreción de un riesgo grave y excepcional creado por el Estado para quienes habiten a sus alrededores(10).

Ahora bien, en cuanto a la responsabilidad del Estado(11) por los ataques subversivos que afectaron al municipio de Cravo Norte entre los años 1998 y 2000, esta corporación ya se pronunció al respecto en recientes fallos en los que declaró que los mismos le eran imputables a la Nación-Policía Nacional. Consideró que, con fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política, los daños que causen grupos al margen de la ley al atacar estaciones de policía o bases militares le son atribuibles, aunque estas estén instituidas para proteger a los pobladores y se deriven del cumplimiento de un deber constitucional y legal, por cuanto se trata de la concreción de un riesgo grave y excepcional creado por el Estado para quienes habiten a sus alrededores(12)(sic). En el caso específico del municipio de Cravo Norte, se encontró acreditado que los atentados guerrilleros se dirigieron en contra de la estación de la Policía Nacional, ubicada en el centro de esa población y que los agentes intentaron repeler el ataque con las armas que tenían a su disposición(13).

Frente a la conducta del Ejército Nacional en tales hechos, concluyó esta Subsección que:

Si bien, en algunos informes oficiales ya citados, en los cuales se destacaron las afirmaciones relacionadas con el hecho que ahora se analiza, se refiere el apoyo del Ejército a la Policía durante las incursiones armadas de los grupos subversivos, no existe certeza de que ese apoyo hubiera consistido en una resistencia armada que hubiera provocado daños al inmueble de propiedad de la demandante. En ellos solo se hace mención del sobrevuelo de helicópteros y aviones y del apoyo técnico en manejo de explosivos, con el fin de desactivar los artefactos sembrados y abandonados por los guerrilleros de las Farc.

En consecuencia, como no está demostrada la incidencia causal de la actuación del Ejército en los daños sufridos por las demandantes, se condenará a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional a pagar las indemnizaciones que adelante se señalarán(14).

En el caso concreto se encuentra acreditado que el daño sufrido por la señora Emelina Teresa Rodríguez de Villazana, consistente en la destrucción total de la vivienda de su propiedad, ubicada en la carrera 5 Nº 1-32 y en inmediaciones de la estación de policía del municipio de Cravo Norte, le son imputables a la demandada, dado que la actora fue sometida objetivamente a un riesgo excepcional que no estaba en el deber jurídico de soportar, pues ese daño se produjo como consecuencia de los ataques guerrilleros del 8 de julio de 1999 y 16 de enero de 2000, dirigidos en contra de dicha estación y de! Consecuente enfrentamiento armado suscitado entre miembros de la Policía Nacional y los subversivos, cuando los agentes del Estado pretendían proteger a la población civil y mantener el orden público(15).

En virtud de lo expuesto, la sentencia de primera instancia será revocada y, en su lugar, se declarará la responsabilidad de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional y se le condenará a pagar las indemnizaciones que proceden a señalarse.

V. Liquidación de perjuicios.

1. Perjuicios morales.

En la demanda se solicitó el reconocimiento de los perjuicios morales sufridos por la actora, consistentes en “(…) el dolor, la angustia, la desazón que producen el ver súbitamente reducido el patrimonio económico a nada, después de toda una vida de esfuerzos, y privados súbitamente del hogar de toda la vida”.

En relación con los daños morales sufridos con ocasión de la pérdida de bienes, la jurisprudencia ha considerado que son susceptibles de reparación, siempre y cuando quien los solicite acredite su existencia. En sentencia de 13 de mayo de 2004, exp. AG 2002-26-01, M. P. Ricardo Hoyos Duque, esta corporación precisó:

A propósito de los daños morales, la doctrina ha considerado que estos son “esos dolores, padecimientos, etc., que pueden presentarse solamente como secuela de los daños infligidos a la persona. Que no son entonces daños propiamente dichos, y que por otra parte, constituyen un sacrificio de intereses puramente morales, que justifican una extensión del resarcimiento, esta vez con función principalmente satisfactoria”(16).

No obstante, la Sala ha adoptado un criterio más amplio, para considerar que hay lugar a indemnizar todo perjuicio moral, sin importar su origen, inclusive el derivado de la pérdida de bienes materiales o el causado con el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, siempre que, como sucede en relación con cualquier clase de perjuicios, aquellos sean demostrados en el proceso(17).

Para que haya lugar a la reparación del perjuicio basta que el padecimiento sea fundado, sin que se requiera acreditar ningún requisito adicional. Corresponde al juez tasar discrecionalmente la cuantía de su reparación, teniendo en cuenta las condiciones particulares de la víctima y la gravedad objetiva de la lesión. La intensidad del daño es apreciable por sus manifestaciones externas; por esto se admite para su demostración cualquier tipo de prueba. Sin embargo, la jurisprudencia puede inferir su existencia en casos como el de la muerte de los parientes más allegados.

En el caso concreto, precisa la Sala que más que por la pérdida del inmueble, la señora Emelina Teresa Rodríguez sufrió un daño moral por el hecho de haber tenido que abandonar intempestivamente su hogar. En efecto, los testigos Milton Iván Rangel y Álvaro Wilfredo Garcés García dan cuenta de que, a raíz dela toma guerrillera del 16 de enero de 2000, el inmueble de su propiedad quedó totalmente destruido, lugar en el que residía y tenía el negocio denominado residencias El Agrado. Refieren los declarantes que después de estos hechos se vio forzada a irse a vivir a donde un hijo. Por lo anterior, y atendiendo a lo resuelto por esta corporación en casos similares, se accederá al reconocimiento de este perjuicio en una suma equivalente a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes(18).

2. Perjuicios materiales-daño emergente y lucro cesante.

La actora solicitó el reconocimiento del daño emergente consistente en el valor de reconstrucción de la vivienda y por los muebles y enseres destruidos. En cuanto al lucro cesante pidió las utilidades dejadas de percibir “(…) por concepto de la disminución de las ganancias o productividad mensual la cual tenía el establecimiento comercial”.

En relación con este aspecto, el a quo ordenó la práctica de un dictamen pericial con el siguiente objeto:

1. Ubicación exacta de la casa de habitación y la residencia "El Agrado" de propiedad de Emelina Teresa Rodríguez de Villazana, del municipio de Cravo Norte.

2. Tipo de construcción, área, calidad de materiales y estado actual de la edificación.

3. Daños producidos a la edificación con motivo de los atentados guerrilleros 1999 y 2000. De haber sido reparados los mismos se indicará si se emplearon el mismo tipo de materiales u otras especificaciones.

4. Valor actual ya la fecha de los atentados del metro cuadrado de tierra y de construcción similar en el sector y municipio señalados.

5. Distancia exacta y edificaciones intermedias entre la Residencia el Agrado (sic) y el cuartel de policía atacado.

6. Capacidad hotelera de la residencia “El Agrado”, porcentaje de habitaciones inutilizables luego del atentado e ingresos mensuales a la fecha y para el mes de julio de 1999 y enero de 2000 por concepto de servicios hoteleros, conforme a los registros de huéspedes y tarifas vigentes. Igualmente se determinarán y precisarán todos aquellos hechos y detalles que permitan establecer efectivamente los daños causados (fls. 87-88 cdn. 1).

Los peritos ingenieros Víctor Ramón Carvajal Reyes y Luís Alfonso Aguirre rindieron dictamen en el mes de noviembre de 2001, en el cual se señaló en lo pertinente:

Teniendo en cuenta que del inmueble construido en la dirección anterior, se encuentra solamente algunos muros en adobe de arcilla cruda, bloque de cemento, pisos de cemento esmaltado, partes de muros con enchape de baño, que impiden precisar área construida, clase, calidad de la mayoría de los materiales, estado del inmueble antes de los atentados, haciendo imposible realizar un avalúo por el método convencional. Para superar esta situación, se recurre al método por reposición, que busca establecer el valor comercial a partir de estimar el costo total para construir a precios de hoy, con materiales disponibles en el sitio y con especificaciones actualizadas de obra, tendientes a plantear soluciones viables y racionalizadas. En nuestro caso por ausencia parcial del inmueble, y por la negativa del afectado de volver al sitio, mientras persista la situación de riesgo, proponemos la utilización de un proyecto para la valoración del mismo, tomando como modelo una vivienda tipo, la cual soluciona el problema de hábitat, (fuente de proyecto, Corporación de Desarrollo Comunitario, “Corpodi”), siendo esta la solución más adecuada que se propone, para obtener un valor tangible, racional y la posibilidad de traslado a otro sitio que ofrezca mayor seguridad.

(…)

Cálculo de costos de reposición:

Con el objeto de calcular el valor comercial a partir de estimar el costo total para construir a precios de hoy y restarle la depreciación acumulada, utilizaremos la siguiente ecuación:

VC = ((CT-D)+U)+Vt

Donde:

Vc = Valor comercial

Ct = Costo total (directo)

D = Depreciación

U = Utilidad (% constructor)

Vt = Valor del terreno

Estimaron el valor total de la construcción de la obra en la suma de $42.545.382,84, correspondiente a: preliminares, cimientos, desagües e instalaciones subterráneas, mampostería, estructura, cubierta en teja ondulada, pisos en cemento esmaltado, enchapes de pisos y muros, instalaciones hidráulicas, instalaciones eléctricas, carpintería madera o metálica, aparatos sanitarios, cerrajerías, vidrios y equipos especiales.

Ahora bien, para obtener el valor comercial del terreno utilizó “(…) un método residual, del plano de zonas homogéneas físicas, del plano de isoprecios o bien de la investigación de mercados sobre la zona del valor de los terrenos sin construir teniendo en cuenta su ubicación, topografía, tamaño y todos los demás factores conocidos para evaluarlos”.

En el caso de la vivienda de la demandante, se determinó que se trataba de “(…) una vivienda unifamiliar de un piso, con varias alcobas utilizables para el servicio de residencias, perteneciente a la parte céntrica del municipio de Cravo Norte, departamento de Arauca (…) [la cual] se encuentra aislada actualmente del resto del municipio, debido a las incursiones guerrilleras y los constantes hostigamientos por encontrarse en ese sector la estación de policía del municipio, provocando el abandono casi total de la población civil por temor a nuevas incursiones y sus efectos negativos”.

Aducen los peritos que la vivienda contaba con una red vial en buenas condiciones y con los servicios públicos básicos. Además, que era el sector con mayor influencia comercial y “(…) su uso complementario era vivienda, por lo general la gente tenía sus locales comerciales en el eje vial (o parte delantera del inmueble) y en su interior la vivienda. Predominaba inmuebles de una sola planta y de bajas especificaciones de construcción, con un estrato medio/medio”.

Frente a las características y especificaciones y distribución del nuevo inmueble, se señaló que tendría una sola planta, en un área de terreno de 300 m2 y un área construida 135 m2, el cual contará con los servicios públicos básicos para su buen funcionamiento. Adicionalmente, contará con la posibilidad de ofrecer el servicio de residencia y con los siguientes espacios: antejardín, salón-comedor, cocina, dos baños, nueve alcobas y patio de ropas.

Al aplicar la fórmula anteriormente expuesta se obtuvo un valor comercial de $53.272.647,60 (fls. 27-36 cdn. 2).

Del dictamen pericial se corrió traslado por el término de tres días (fl. 107 cdn. 1), dentro del cual el apoderado de la parte actora presentó escrito en el que solicitó la complementación y aclaración del mismo, en el sentido de “(…) avaluar, así sea simbólicamente, el valor de los muebles y enseres de carácter domésticos que era de uso personal de la accionante (…); y los pertenecientes al negocio denominado El Agrado, que funcionaba en la casa de habitación de la señora Emelina Teresa Rodríguez de Villazana”, así como que se evaluaran “(…) las utilidades dejadas de percibir por la demandante por no poder continuar con la explotación comercial” de esas residencias (memorial de 5 de febrero de 2002 —fl. 108 cdn. 1).

En escritos de 6 y 7 de febrero de 2002, las partes objetaron el dictamen por error grave. La Policía Nacional adujo que el dictamen no es claro ni explícito, por cuanto “(…) los peritos debían precisar el tipo de construcción existente, área de terreno, área construida, valor comercial de la vivienda antes de su destrucción, tipo y calidad de materiales empleados en la edificación”. Manifestó que el monto determinado por ellos como valor de la vivienda, obtenido a través del método de avalúo por reposición, “(…) no tiene respaldo probatorio y en consecuencia no se encuentra ajustado a derecho”. En cambio, la parte actora consideró en relación con ese método de avaluación, lo siguiente:

El inmueble construido tenía un área total del lote de 1216 m2, y el área construida de la misma correspondía a un 55% de la misma (sic), tendríamos que el área construida era de aproximadamente 668 m2, los cuales construidos a un precio actual de $350.167 daría una suma muy superior a la cual corresponde la valoración que los peritos han hecho para una eventual reposición del inmueble.

Si bien es cierto que en forma general para una vivienda común y corriente se ofrece una solución de reposición que podría ser justa; en este caso, no lo es, porque la destinación del inmueble era diferente y su área mucho mayor que la estimada en el cálculo de reposición que aparece en el dictamen pericial. Esto por cuanto se trata de un inmueble que estaba destinado fundamentalmente a servir de hotel o residencias, y de manera complementaria como casa de habitación eje su propietaria, con veinte (20) habitaciones para el servicio de sus huéspedes, era sin duda el mejor hotel del municipio de Cravo Norte, contando con servicios de teléfono, televisores, ventiladores, aseo de la ropa para los huéspedes y servicio de comida para los mismos y se encontraba en pleno centro de la población, frente a la Estación de Policía; y tenía un lote de terreno que por sus medidas se aprecia era bastante grande (fl. 111 cdn. 1).

El Tribunal ordenó la complementación del dictamen pericial salvo en lo relativo al avalúo simbólico de los bienes “(…) por cuanto se trataría de más cábalas que de un experticio, al no tener físicamente ningún elemento de referencia” (auto de 15 de febrero de 2002 —fl. 113 cdn. 1)(19).

El 23 de octubre de 2002, la perito arquitecta designada por el a quo para el efecto, rindió la complementación al dictamen. En cuanto al valor de los muebles y enseres adujo que en la visita realizada no se encontraron este tipo de bienes y que resultaba imposible calcular su valor, dado que no “(…) existen pruebas (…), no tienen soporte de facturas, recibos de compra o similares que comprueben la existencia de los muebles y enseres (…)”. Frente al lucro cesante consistente en la (sic) utilidades que percibía la actora con su negocio residencias El Agrado, reiteró que no se cuenta con un “(…) soporte financiero, control o registro de ocupación en las habitaciones, cuaderno o anotaciones de control de las residencias o algo similar”, motivo por el cual sugirió tornar el salario mínimo para determinar este rubro (fls. 100-104 cdn. 2).

El a quo corrió traslado de la complementación del dictamen (fl. 130 cdn. 1), dentro del cual la Policía Nacional objetó por error grave el literal b, numeral 1(20), en los siguientes términos:

La pregunta que sale a flote es la siguiente: Si no se encontró en la práctica del primer dictamen pericial, así como tampoco en el segundo complementario soporte financiero control o registro de ocupación de las habitaciones, cuaderno o anotaciones de control residencial o algo similar, no será que esta situación de ausencia de información sobre el giro comercial de la residencia nos está demostrando que no se venía ejercitando el servicio comercial de hospedaje, y por ende no es como muy lógico y legal recurrir al salario mínimo legal vigente, pues como se puede observar, es evidente que el establecimiento de comercio, ante la aseveración hecha por la perito, en el sentido de que señala que hay ausencia de elementos probatorios que no permiten su avalúo, nos lleva a la sencilla conclusión de que el establecimiento de comercio no venía ejerciendo para la época de la ocurrencia de los hechos su actividad comercial (…) (fls. 134-135 cdn. 1).

Comoquiera que el Tribunal no se pronunció respecto de la objeción por error grave formulada por las partes tanto al dictamen como a su complementación, la Sala procederá a resolverla en los términos del numeral 6 del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil(21), por remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, dado que resulta relevante para la cuantificación de los perjuicios sufridos por la señora Emelina Teresa Rodríguez.

Ahora bien, la jurisprudencia de esta corporación ha entendido sobre el error grave en un dictamen pericial, lo siguiente:

En punto a lo que debe entenderse como error grave, no hay discusión en la jurisprudencia que este es el que se opone a la verdad, por la falta de identidad entre la realidad del objeto sobre el que se rinda el dictamen y la representación mental que de él haga el perito; por lo tanto, no constituirán error grave las conclusiones o inferencias a que lleguen los peritos, que bien pueden adolecer de otros defectos. En otros términos, la objeción por error grave debe referirse al objeto de la peritación, y no a la conclusión de los peritos. Criterio sobre el cual la Corte Suprema de Justicia ha hecho claras precisiones, que han sido acogidas por las demás corporaciones. Dijo la Corte:

“(…) si se objeta un dictamen por error grave, los correspondientes reparos deben poner al descubierto que el peritazgo tiene bases equivocadas de tal entidad o magnitud que imponen como consecuencia necesaria la repetición de la diligencia con intervención de otros peritos (…) pues lo que caracteriza desacierto de ese linaje y permite diferenciar los de otros defectos imputables a un peritaje (…) es el hecho de cambiar las cualidades propias del objeto examinado, o sus atributos, por otras que no tiene; o tomar como objeto de observación y estudio una cosa fundamentalmente distinta de la que es materia del dictamen, pues apreciando equivocadamente el objeto, necesariamente serán erróneos los conceptos que se den y falsas las conclusiones que de ellos se deriven (…), de donde resulta a todas luces evidente que las tachas por error grave a que se refiere el numeral 1 del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil no pueden hacerse consistir en las apreciaciones, inferencias, juicios o deducciones que los expertos saquen, una vez considerada recta y cabalmente la cosa examinada (…)”(22).(23)

Con base en lo anterior procederá la Sala a resolver las objeciones presentadas por las partes.

i) En cuanto al método de avalúo por reposición empleado para determinar el valor de la vivienda, la Policía Nacional adujo que este no cuenta con un respaldo probatorio y por tanto es contrario a derecho. Por su parte, la demandante consideró que ese método no tuvo en cuenta las dimensiones del lote, el área construida, la destinación del inmueble ni los servicios con los que contaba.

En el dictamen los peritos afirmaron que como la vivienda de propiedad de la señora Rodríguez de Villazana se encontraba totalmente destruida y no se podía determinar el área construida, se hacía imposible efectuar el avalúo por el método tradicional y por tanto debían acudir a lo que denominaron avalúo por reposición, que busca “(…) establecer el valor comercial a partir de estimar el costo total para construir a precios de hoy, con materiales disponibles en el sitio y con especificaciones actualizadas de obra, tendientes a plantear soluciones viables y racionalizadas”. Para tal efecto, tomaron como modelo una vivienda tipo que soluciona el problema de hábitat y tuvieron en consideración que el inmueble era destinado para el hospedaje, que contaba con una red vial en buenas condiciones, ubicado en el sector con mayor influencia comercial del municipio.

Para la Sala la objeción por error grave formulada por las partes frente a la utilización del método de avalúo por reposición no tiene vocación de prosperidad, toda vez que las consideraciones por ellas esgrimidas no tienen que ver con el objeto sobre el cual debía versar el dictamen ni supone un juicio falso sobre la realidad(24), sino que van a (sic) encaminadas a atacar las conclusiones e inferencias que utilizaron los peritos para rendir el dictamen. En efecto, el a quo decretó la práctica de esta prueba, pues requería de conocimientos especializados y técnicos que le permitieran determinar el valor comercial del inmueble de propiedad de la actora y el mismo fue rendido por ingenieros, es decir, expertos en la materia, que explicaron las razones para no acudir al método tradicional de avalúo y buscaron razonadamente, de acuerdo a sus versados conocimientos, una técnica que permitiera estimar el monto de los daños de la vivienda, en la que además también se tuvieron en cuenta las particularidades propias de dicho inmueble. Por lo anterior, no se evidencia “(…) un error que haya sido manifiesto, evidente, ostensible, y que lleve a pensar que de no presentarse, otro sería el sentido del dictamen”(25).

ii) La demandada objetó por error grave el literal b de la complementación del dictamen, en el que se liquidó el lucro cesante con el salario mínimo legal mensual vigente, al considerar que al no encontrar “(…) soporte financiero control o registro de ocupación de las habitaciones, cuaderno o anotaciones de control residencial o algo similar”, se concluye que no se venía ejerciendo el servicio de hospedaje.

Las mismas consideraciones que vienen de esbozarse frente a la objeción anterior, resultan aplicables a este punto, por cuanto estos argumentos se refieren a las conclusiones a las que llegó la perito frente al reconocimiento del lucro cesante y no al objeto del dictamen. Es decir, que tampoco evidencia la Sala que exista una valoración manifiestamente contraria a la realidad que conlleve a que prospere la objeción formulada.

Resuelto lo anterior procede la Sala a fijar el monto de los perjuicios materiales a reconocer.

2.1. Daño emergente:

2.1.1 Valor de reconstrucción de la vivienda.

En el dictamen pericial se estimó el valor comercial del inmueble de propiedad de la señora Rodríguez de Villazana en la suma de $53.272.647,60. Sin embargo, la Sala no reconocerá este valor, dado que en la demanda lo que se solicitó fue el valor de reconstrucción y no del terreno. Por lo anterior, se tomará la suma de $42.545.382,84 que corresponde al valor de construcción de la nueva vivienda y que se compone de preliminares, cimientos, desagües e instalaciones subterráneas, mampostería, estructura, cubierta en teja ondulada, pisos en cemento esmaltado, enchapes de pisos y muros, instalaciones hidráulicas, instalaciones eléctricas, carpintería madera o metálica (sic), aparatos sanitarios, cerrajerías, vidrios y equipos especiales, según dicho dictamen. Se procederá a actualizar dicho valor a la fecha de la sentencia, así:

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S2001-01360-2.png
 

S2001-01360-3.png
 

Precisa la Sala que la Secretaría de Gobierno de Arauca, a través de Oficio SG-312 de 9 de octubre de 2001, adujo que el gobierno departamental llevó a cabo “(…) un proyecto macro que comprende la implantación de proyectos de atención a municipios afectados por la violencia en Colombia”, para lo cual se celebró el Convenio Interadministrativo 708 de 2000, entre la OEI, la Red de Solidaridad Social y esa gobernación, por un valor de $1.241.821.000. De igual manera, informó que también suscribió con la Cruz Roja el Contrato 194 de 27 de septiembre de 2000, por un valor de $22.000.000, con el objeto de asistir a desplazados y damnificados por el conflicto de ese departamento consistente en brindar la “(…) asistencia básica (alimentación, mercados), salud-saneamiento, asistencia, medicamentos, alojamiento, transporte terrestres (sic) o aéreo y gastos funerarios”. Agregó, que “(…) la situación general de la zona de Cravo Norte, dadas las medidas de seguridad adoptadas por la Fuerza Pública, quienes se instalaron en el área, han traído la tranquilidad a la población que sumado a las ayudas recibidas han retornado paulatinamente a sus lugares de origen” (fls. 19-20 cdn. 2).

No obstante, en el plenario no obra prueba que permita determinar que la señora Emelina Teresa Rodríguez haya recibido ayudas en virtud del convenio y contrato celebrado por el departamento de Arauca y mucho menos que esa ayuda le hubiera permitido retornar a su vivienda. Por el contrario, la Secretaría de Hacienda de Arauca certificó el 8 de octubre de 2001, que la señora Rodríguez de Villazana no ha recibido pago “(…) por concepto de auxilio económico por la destrucción del inmueble ubicado en la carrera 3 1-326 del municipio de Cravo Norte” (fl. 16 cdn. 3). En igual sentido respondió la Red de Solidaridad Social de la Presidencia de la República (fl. 17 cdn. 3).

Ahora bien, el jefe de División de Reforma Vivienda y Entorno del Inurbe, mediante Oficio 6501 de 16 de octubre de 2001, informó que a través de la Resolución 730 de 25 de noviembre de 1999, se le otorgó a la señor (sic) Emelina Teresa Rodríguez un subsidio por un valor de $4.500.000, como damnificada en las tomas guerrilleras en contra del municipio de Cravo Norte (fls. 21-25 cdn. 2), lo cual fue reiterado Oficio DA-0116 de 18 de marzo de 2002, por el alcalde de Cravo Norte (fls. 55-56 cdn. 2). Sin embargo, no hay lugar a hacer ningún tipo de descuento del monto reconocido por el valor de la reconstrucción de la vivienda, en tanto el subsidio reconocido en esa resolución (fls. 64-66 cdn. 2), se efectuó con ocasión del ataque guerrillero perpetrado el 19 de abril de 1999, estos es, por un hecho anterior a las incursiones del 8 de julio de 1999 y del 16 de enero de 2000, es decir, a los que dan lugar a la presente condena.

2.1.2. Valor muebles y enseres.

En cuanto al valor de los muebles y enseres, no podrá accederse a su reconocimiento, por cuanto no obra prueba en el plenario que dé cuenta de su existencia. Tal y como se afirmó en la complementación al dictamen pericial, no se allegó ningún medio probatorio que permita determinar, qué tipo y qué cantidad de muebles y enseres tenía la actora en su vivienda.

2.2. Lucro cesante.

Frente al lucro cesante consistente en las ganancias dejadas de percibir, si bien se acreditó que en efecto la señora Rodríguez de Villazana tenía en su vivienda un negocio de residencias denominado El Agrado, según consta en la original de la certificación emitida por el alcalde municipal de Cravo Norte (fl. 30 cdn. 1) Y en los testimonios de Aldemar Perdomo Saavedra —fls. 44-47 cdn. 2, Milton Iván Rangel —fls. 48-51 cdn. 2, Álvaro Wilfredo Garcés García —fls. 52-54 cdn. 2—, lo cierto es que no se demostró a cuánto ascendían las utilidades que de allí recibía. Por tal razón, se tomará como base el SMLMV a la fecha de la sentencia: $589.500, incrementado en un 25% correspondiente a las prestaciones sociales. Entonces se tendrá en cuenta como base de liquidación el salario que equivale a $736.875, el cual se reconocerá por el término de seis (6) meses tiempo que se estima como prudencial para que el demandante retomara el ejercicio de una actividad económica, como lo ha reconocido esta corporación en casos similares(26).

La liquidación se realizará con base en la siguiente fórmula:

Indemnización debida.png
 

Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta o ingreso mensual que equivale a $736.875

i = Interés puro o técnico: 0.004867

n = Número de meses que comprende el período indemnizable: 6 meses

S2001-01360-4.png
 

VI. Costas.

El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de los intervinientes dentro del presente trámite, razón por la cual no se condenará en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca el 29 de mayo de 2003, y en su lugar se dispone:

Primero: DECLARAR NO PROBADA la excepción de caducidad de la acción por las razones expuestas en la parte motiva.

Segundo: DECLARAR administrativamente responsable a la Nación- Ministerio de Defensa-Policía Nacional por los perjuicios ocasionados a la vivienda de la señora Emelina Teresa Rodríguez de Villazana con motivo de las tomas guerrilleras a la población de Cravo Norte ocurridas los días 8 de julio de 1999 y 16 de enero de 2000, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

Tercero: CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, al pago de las siguientes sumas a favor de la señora Emelina Teresa Rodríguez de Villazana: (i) por concepto de perjuicios morales el equivalente a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes; (ii) por concepto de daño emergente la suma de setenta y dos millones setecientos setenta y cuatro mil novecientos noventa y siete pesos ($72.774.997) y (iii) por concepto de lucro cesante la suma de cuatro millones cuatrocientos setenta y cinco mil trecientos noventa y seis pesos ($4.475.396).

Cuarto: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

Quinto: Sin condena en costas.

Sexto. La Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, en los términos indicados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

Séptimo: Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) La pretensión mayor, correspondiente a los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente en favor de Emelina Teresa Rodríguez de Villazana, fue estimada en la suma de $126.400.000, monto que supera la cuantía requerida en 2001 ($26.390.000), año de presentación de la demanda, para que un proceso adelantado en acción de reparación directa fuera considerado de doble instancia.

(2) En este sentido ver Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 21 de marzo de 2012, exp. 23774, M. P. Ruth Stella Correa Palacio.

(3) Mediante esta escritura la señora Emelina Teresa Rodríguez adquirió del municipio de Cravo Norte el derecho de dominio sobre un lote de terreno ubicado en el perímetro urbano del municipio de Cravo Norte “(…) con una extensión de mil doscientos diez y seis (sic) metros cuadrados (1.216 mts2), el cual se encuentra alinderado de la siguiente manera: Norte, en extensión de cincuenta y un metros con treinta (30) centímetros con propiedad de cárcel municipal; sur en extensión de cuarenta y cinco (45) metros con noventa (90) centímetros con propiedad de Audelina Santana; oriente, con extensión de veinticuatro (24) metros con veinte (20) centímetros con propiedad de caños de aguas negras; occidente en extensión de veintitrés (23) metros con cuarenta (40) centímetros con propiedad carrera 5 y encierra” (fls. 32-34 cdn. 1).

(4) “(…) A las 19:50 horas del 130498 se inició una incursión armada a la unidad policial acantonada en el [municipio de Cravo Norte], por guerrilleros pertenecientes al décimo (10) y cuarenta y cinco (45) frentes de las FARC, los bandoleros lanzaron granadas de mortero contra las instalaciones de la policía, suspendieron el fluido eléctrico y las comunicaciones, en el hecho resultó herido el siguiente personal (…). En el hecho resultaron semidestruidas las instalaciones policiales, una vivienda aledaña, el hotel de razón social El Agrado, en este último resultó muerto por acción de los facinerosos el particular Álvaro Mojica, exmagistrado del departamento del Meta (…) Los bandoleros hurtaron dos (02) ambulancias del hospital de la localidad para el transporte de los guerrilleros heridos (…)” (fls. 72 cdn. 2).

(5) “(…) el día 190499, siendo las 17:30 horas, cuando doscientos (200) bandoleros pertenecientes al décimo (10) frente Guadalupe Salcedo y columna móvil Alfonso Castellanos de las autodenominadas Farc incursionaron en la mencionada localidad, arremetiendo contra las instalaciones y el personal ele la estación rural de policía.

“La unidad contaba con 1-1-26 policiales, al mando del señor teniente José Mario Garzón Osorio. Los insurrectos al ingresar a la cabecera municipal coparon en primer lugar las instalaciones del hospital San José de esa localidad, el cual utilizaron como ‘puesto de mando’, así mismo, se replegaron en las viviendas vecinas a la estación de policía, la alcaldía municipal y las riberas del río Cravo Norte, al tiempo que iniciaron una descarga de fuego nutrido contra la unidad, mediante la utilización de fusiles, ametralladoras M-60, lanzagranadas MGL, granadas de fragmentación de mano y de fusil y demás armas de tipo no convencional, quedando de forma inmediata averiado el sistema de comunicación, como consecuencia de los explosivos tipo 'ramplas', lanzados por los facinerosos. La acción se prolongó hasta las 02:00 horas aproximadamente del 200499, tiempo durante el cual se contó con el apoyo aéreo de aviones y helicópteros de la FAC y el Ejército Nacional.

“Una vez terminada la incursión y luego de hacer arribo a la localidad el apoyo correspondiente, personal preparado en operaciones especiales (COPES) de la Policía Nacional logró la desactivación de ocho (8) artefactos explosivos y veinte (20) cilindros para gas, con explosivos, acondicionados como rampas (…)” (fls. 73-74 cdn. 2, subrayas fuera del texto).

(6) “Siendo las 16:30 horas de la fecha antes descrita, guerrilleros del frente Domingo Lain Sáenz del Ejército de Liberación Nacional, en número aproximado de cincuenta (50), fuertemente armados y vistiendo prendas de uso privativo de las fuerzas armadas, luego de descender de varios vehículos (…), procedieron a atacar la población y edificaciones aledañas a la estación rural de policía, empleando para ello armas de largo alcance, granadas de fragmentación y artefactos explosivos de fabricación casera. Situación que tuvo una duración de tres horas aproximadamente, dejando daños de consideración en las edificaciones de personal civil y policial, tiempo durante el cual (…) procedieron a ingresar a varias viviendas, secuestraron a dos (2) personas (…), argumentando que eran colaboradores de la fuerza pública (…).

“Hechos como los que se citan (…) han generado el desplazamiento no oficial (…) de un número significativo de familias, las cuales se han residenciado en distintos lugares de la capital departamental (…)” (fls. 75-76 cdn. 2).

(7) "Siendo las 17:05 horas cuando doscientos (200) bandoleros pertenecientes al décimo (10) frente Guadalupe Salcedo y la columna móvil Alfonso Castellanos de las autodenominadas FARC incursionaron en la mencionada localidad, arremetiendo contra las instalaciones y el personal de la estación rural de policía.

La unidad contaba con 2-0-25 unidades al mando del señor teniente César Edgardo Barrera Fuentes (…) Los insurrectos como avanzada para lograr llegar hasta las instalaciones utilizaron una (01) retroexcavadora, en la cual se movilizaban varios sediciosos, mientras otros realizaron un copamiento paulatino de la cabecera municipal, refugiándose en las viviendas que rodean las instalaciones de la estación de policía y desde las cuales realizaban las arremetidas contra la unidad, mediante la utilización de fusiles, ametralladoras M-60, lanzagranadas (…), granadas de fragmentación de mano y de fusil, además de la utilización de armas no convencionales (cilindros de gas 'rampas') (…) Los bandoleros de igual forma, al iniciarse la incursión, cortaron la energía eléctrica para buscar tomar posiciones ventajosas frente a los policiales que defendían la población de Cravo Norte.

"La incursión armada se prolongó hasta las 01:30 horas aproximadamente del 090799, tiempo durante el cual se contó con el apoyo de aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana y del Ejército Nacional, quienes lograron captar varias imágenes a través de las cuales los bandoleros emplearon dos (02) ambulancias dotadas con signos distintivos de la Cruz Roja, para transportarse de un lado a otro, llevando consigo el armamento, munición, artefactos explosivos y equipaje de campaña, a sabiendas de que no sería objeto de ataques por la Fuerza Pública (lo anterior fue ampliamente publicado a través de los medios de comunicación nacional e internacional).

"Posteriormente y en virtud de las comunicaciones de la misma comunidad que indicaban que los bandoleros se encontraban a las afueras del pueblo y que estos habían acondicionado varios campos minados sobre las vías de acceso a la cabecera municipal y sobre los lugares que dentro del casco urbano potencialmente serían utilizados por la Fuerza Pública, mediante el desembarco de tropas para apoyar la unidad policial y evacuar a los heridos. Ante tal situación, el comando departamental previendo accidentes que hubieran podido cegar la vida de personas inocentes o causar lesiones de consideración en los pobladores y campesinos, siendo las 18:00 horas del 090799, con la colaboración de helicópteros de las FAC, se logró reforzar la mencionada unidad y enviar al técnico en manejo de explosivos con la misión de desactivar la totalidad de los artefactos sembrados y abandonados por los guerrilleros eje las Farc (…)” (fls. 77-79 cdn. 2, subrayas fuera del texto).

(8) “Siendo las 16:25 horas del lugar y fecha arriba mencionados, el personal e instalaciones policiales y comunidad del municipio fueron objeto de atentado terrorista perpetrado por bandoleros de las autodenominadas Farc Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, quienes para perpetrar el hecho, se replegaron en las residencias aledañas a las instalaciones policiales, desde donde utilizaron armas de largo y corto calibre, así mismo, explosivos como granadas, morteros, y de fabricación casera, empleando cilindros de gas (rampas) (armas de tipo no convencional), prohibidas por las normas internacionales humanitaria, por causar efectos de destrucción masiva.

“Los hechos se prolongaron hasta las 17:30 horas aproximadamente del mismo día, no se presentaron lesionados (uniformados, personal particular), pero por las características del impacto, los subversivos lograron una vez más someter a la comunidad a un ambiente de desasosiego, zozobra, incertidumbre, que redunda cada día más entre la gente de bien, puesto que esta es ubicada por los insurrectos como escudos humanos a fin de evitar que la Policía Nacional acantonada en ese lugar desarrolle sus funciones en forma equitativa, restándoles poder de defensa y de contraataque.

“Durante las acciones, los bandoleros utilizaron contra la población civil armas no convencionales (rampas) construidas a partir de cilindros de gas, con las cuales pudieron haber destruido el patrimonio y propiedades de un número significativo de gentes residentes en lugares cercanos a las instalaciones policiales, siendo manifestación y consecuencia de ello la limitación de derechos y libertades protegidos por el derecho internacional humanitario, de personas quienes eran totalmente ajenas a las acciones y solo perseguían protegerse del ataque de que eran objeto por parte de los irregulares, en desarrollo de una acción terrorista y demencial que tenía como fin central minar la resistencia de los policiales que defendían la población (…)” (fls. 80-82 cdn. 2).

(9) “Además de las lesiones físicas sufridas por los uniformados, la estructura física de las instalaciones de la unidad policial muestra un panorama desolador arrasada en gran parte, debido a la inclemencia de las acciones terroristas a que fueron expuestas, impidiendo a nuestros policías el derecho a vivir en forma digna, bajo condiciones apropiadas para el desarrollo efectivo de las funciones propias del servicio, y en general que estas especialmente permitan espacios de seguridad ante una nueva e inminente incursión.

“Un amplio radio a la redonda de las instalaciones policiales contra las cuales se dirigió y concentró el ataque masivo de los insurrectos y el cual hace parte del patrimonio de los residentes del lugar (residencias, Telecom, servicios públicos, medios de comunicación, entre otros), presenta averías graves, daños irreparables, hecho que evidencia abiertamente la manera como los subversivos de las Farc involucran a la comunidad particular dentro de las actividades, haciendo blanco de acciones terroristas a bienes civiles (…) que gozan de protección especial por las normas humanitarias internacionales” (fls. 85-87 cdn. 2).

(10) Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 21 de marzo de 2012, exp. 23774, M. P. Ruth Stella Correa Palacio, ente otras sentencias.

(11) En reciente pronunciamiento, la Sección Tercera del Consejo de Estado en pleno señaló que, así como la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular, tampoco podía la jurisprudencia establecer un único título de imputación a aplicar a eventos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí, ya que este puede variar en consideración a las circunstancias particulares acreditadas dentro del proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su argumentación (Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 19 de abril de 2012, exp. 21515, C. P. Hernán Andrade Rincón).

(12) Ver entre otras, sentencia de 21 de marzo de 2012, exp. 23774, M. P. Ruth Stella Correa Palacio.

(13) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 22 de marzo de 2012, exp. 22706, M. P. Ruth Stella Correa Palacio.

(14) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 22 de febrero de 2012, exp. 21456, M. P. Ruth Stella Correa Palacio. En este mismo sentido, ver sentencia de 5 de abril de 2013, exp. 26763, M. P. Danilo Rojas Betancourth (E), en la que se señaló: “(…) Respecto de la falta de legitimación en la causa por pasiva del Ejército Nacional, aspecto señalado por el apoderado de este último en los alegatos de conclusión de segunda instancia, la Sala precisa que, en primer lugar, no fue asunto materia de impugnación en el recurso interpuesto y, en segundo, que tal como lo afirmó el Tribunal a quo, en el expediente no obran pruebas de que se encontrara presente en el municipio de Cravo Norte al momento de los ataques, o de que hubiere participado en las acciones tendientes a repelerlos, por lo tanto, no hay lugar a modificar la sentencia de primera instancia en lo relacionado con este punto”.

(15) Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de julio de 2012, exp. 24012, M. P. Stella Conto Diaz Del Castillo.

(16) [10] Renato Scognamigllo. El daño moral. Contribución a la teoría del daño extracontractual. Traducción de Fernando Hinestrosa, Bogotá, Edit. Antares, 1962. pág. 46.

(17) [11] Sentencia del 24 de septiembre de 1987, Exp. 4039.

(18) Cfr. Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B, sentencias de 21 de marzo de 2012, exp 23819, M. P. Ruth Stella Correa Palacio; 27 de abril de 2012, exp. 24504, M. P. Stella Conto Diaz Del Castillo, entre otras.

(19) El Tribunal no corrió traslado de la objeción que presentaron las partes. Sin embargo, en los términos del artículo 140, parágrafo, del Código de Procedimiento Civil, como este hecho no se erige en una causal de nulidad sino en una irregularidad, que se entiende subsanada por cuanto las partes guardaron silencio al respecto.

(20) De esta objeción se corrió traslado mediante auto de 26 de noviembre de 2002 (fl. 133 cdn. 1).

(21) “(…) 6. La objeción se decidirá en la sentencia o en el auto que resuelva el incidente dentro del cual se practicó el dictamen (…)”.

(22) [19] Corte Suprema de Justicia, auto de septiembre 8 de 1993, exp. 3446, acogido, por ejemplo, por la Corte Constitucional en Sentencia C-807 de 2002.

(23) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 18 de febrero de 2010, exp. 18165.

(24) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. Ag-9005, M. P. Myriam Guerrero de Escobar.

(25) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, exp. 34387, M. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(26) Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 26 de julio de 2012, exp. 24012, M. P. Stella Canto Diaz Del Castillo, entre otras.