Sentencia 2001-01384 de junio 26 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Rad.: 270012331000200101384 01

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Expediente: 29408

Actor: Lucía Blanquiceth Ricard y otros

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá, D. C., veintiséis de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

7 La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse de un recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó en un proceso que, por su cuantía(2), tiene vocación de doble instancia.

II. Validez de los medios de prueba

8 En relación con la totalidad de pruebas obrantes en el presente asunto, cabe destacar lo siguiente:

8.1 Al momento de presentar la demanda, la parte actora aportó pruebas documentales que, a pesar de que fueron allegadas en copias que no cumplen con las precisiones dispuestas en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, serán valoradas libremente por la Sala. Al respecto, conviene recordar que recientemente, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en aplicación de los principios de buena fe, lealtad procesal y prevalencia del derecho sustantivo sobre el formal, cambió su posición en cuanto a la valoración de copias simples, para entender procedente su estimación siempre y cuando no se hubieran tachado de falsos a lo largo del proceso en el que se pretenden hacer valer. En este sentido, consideró:

En el caso sub examine, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue aportada por la entidad demandante y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se allegó por el actor, circunstancia que no acaeció, tanto así que ninguna de las partes objetó o se refirió a la validez de esos documentos. // Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas.

(…)

Lo anterior no significa que se estén aplicando normas derogadas (retroactividad) o cuya vigencia se encuentra diferida en el tiempo (ultractividad), simplemente se quiere reconocer que el modelo hermenéutico de las normas procesales ha sufrido cambios significativos que permiten al juez tener mayor dinamismo en la valoración de las pruebas que integran el acervo probatorio, para lo cual puede valorar documentos que se encuentran en copia simple y frente a los cuales las partes han guardado silencio, por cuanto han sido ellas mismas las que con su aquiescencia, así como con la referencia a esos documentos en los actos procesales (v. gr. alegatos, recursos, etc.) los convalidan, razón por la que, mal haría el juzgador en desconocer los principios de buena fe y de lealtad que han imperado en el trámite, con el fin de adoptar una decisión que no refleje la justicia material en el caso concreto o no consulte los postulados de eficacia y celeridad.(3)

8.2 Igualmente, se debe tener en cuenta que dentro de las copias simples señaladas se allegó la investigación penal adelantada por la Unidad de Fiscalías Especializadas en Delitos contra la Vida, la Libertad Sexual, Dignidad Humana y el Régimen Constitucional del Chocó, perteneciente al expediente 1218-134812, cuyo objeto consistió en el esclarecimiento de la muerte del agente de policía Gustavo Adolfo Pérez Moreno, y respecto de la cual cabe recordar que el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al procedimiento contencioso administrativo en virtud de lo señalado en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, dispone que las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica, y serán apreciables sin más formalidades, “siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”.

8.2.1 Sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada de esta corporación, las pruebas recaudadas en un proceso distinto pueden ser valoradas dentro del proceso contencioso administrativo, aunque no hayan sido practicadas a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella, ni hayan sido objeto de ratificación, si las dos partes solicitan su traslado o el mismo se da con la anuencia de ellas, pues se ha entendido que es contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que las pruebas pertinentes hagan parte del acervo probatorio, pero que en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión(4).

8.2.2 De esta manera, toda vez que al momento de presentación de la demanda la parte actora incorporó al plenario la pesquisa aludida con el fin de que se le tuviera como medio de convicción en su totalidad, junto con las pruebas que obraron en esta, y la entidad demandada se adhirió expresamente a las peticiones probatorias formuladas por la parte demandante(5), las mismas serán susceptibles de valoración sin formalidad adicional alguna.

8.2.3 Cabe destacar que en relación con los medios probatorios que fueron trasladados de los procedimientos aludidos, las declaraciones que hubieran sido recepcionadas bajo la gravedad de juramento podrán ser apreciadas libremente por esta corporación, toda vez que se tratan de pruebas testimoniales recogidas con la rigurosidad exigida por los artículos 213 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, con excepción de aquella rendida por la señora Lucía Blanquiceth Ricard, comoquiera que al ser integrante de la parte demandante en el presente asunto, no es factible tener su dicho como una declaración de tercero sino como una declaración de parte, cuya finalidad es la obtención de una confesión y en esta medida, en caso de resultar relevante, solo podrá ser apreciada en aquello que produzca consecuencias jurídicas adversas a la confesante o que favorezcan a la parte contraria en este asunto contencioso administrativo, de acuerdo a lo establecido por el artículo 195 del Código de Procedimiento Civil.

8.3 Se debe precisar que la valoración descrita impone ser aplicada a su vez al interrogatorio de parte resuelto por la mencionada demandante durante el iter de este proceso contencioso administrativo, el cual si bien fue indebidamente decretado en consideración a que fue la misma parte actora la que solicitó su práctica en contravención de lo dispuesto por el artículo 203(6) del Código de Procedimiento Civil, disposición que al prever tal medio de convicción a instancia de las partes señaló que la correspondiente petición probatoria debía ser elevada por quien conforma el extremo contrario de la litis del que es citado para comparecer a responder los cuestionamientos respectivos de quien solicita la prueba, los cuales en todo caso deben ser formuladas para efectos de que se derive una confesión —lo que justifica que el Legislador haya establecido que dicha prueba sea pedida únicamente por la parte que propende por que se dé una confesión de su contraparte, con observancia de que cualquier otra manifestación que no se constituya en tal medio de prueba no puede ser tenida en cuenta como si se tratara de la apreciación imparcial que tiene un tercero sobre la ocurrencia de los hechos, la cual debe ser vertida al proceso a través de un declaración testimonial cuya naturaleza difiere en este sentido de la declaración de parte(7)—, lo cierto es que al habérsele realizado a la demandante aludida preguntas por el apoderado de la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional —parte a la que le correspondía solicitar dicho elemento probatorio y que como se refirió, se adhirió a las pruebas pedidas por la parte demandante; ver nota 5—, se valorará su contenido de la forma descrita de acuerdo a lo que dispone la ley, es decir, en lo que genere efectos adversos para la confesante y los demás integrantes de la parte demandante, o según lo que resulte beneficioso para la entidad demandada en el presente asunto(8).

8.4 Finalmente, se impone agregar que fueron practicados tanto en el iter de la investigación penal pertinente como en el trámite procesal adelantado ante en el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó, los testimonios de los señores Victoria Blanquiceth Rivera —quien afirmó ser prima hermana de la esposa de la víctima—, Antun Efrén Mosquera Gutiérrez —quien dijo ser esposo de la prima hermana de Lucía Blanquiceth Ricard—, y José Ramírez Robledo —quien afirmó tener parentesco con el padre del occiso—.

8.4.1 Al respecto, la Sala considera pertinente advertir que sus declaraciones serán tenidas en principio por sospechosas, a la luz del artículo 217(9) del Código de Procedimiento Civil, en virtud de que sus percepciones sobre los sucesos o circunstancias en que se produjo el daño demandado podrían haberse visto alteradas, comoquiera que se puede deducir que todos tienen sentimientos que los unen con los integrantes de la parte demandante en razón de la familiaridad que ellos mismos afirmaron como existente. Cabe precisar que si bien el señor Antun Efrén Mosquera Gutiérrez no tendría una relación de parentesco con los accionantes, lo cierto es que no se puede perder de vista que al señalarse como el esposo de una prima de una demandante, se encuentra evidentemente en una posición que afecta su imparcialidad a favor de los integrantes de la parte activa del presente proceso judicial, configurándose por ende una situación que permite tener su deponencia como sospechosa. Sin embargo de lo expuesto, es claro que las circunstancias descritas no llevan a descartar de plano sus versiones, sino que su valoración dependerá de la credibilidad que estas puedan revelar(10) al momento en que la Sala proceda a realizar el análisis conjunto de los elementos probatorios, y los correlativos hechos que a raíz de estos se encuentren demostrados.

III. Los hechos probados

9 De conformidad con el material probatorio allegado al proceso contencioso administrativo y valorado en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

9.1 El señor Gustavo Adolfo Pérez Moreno ingresó a la Policía Nacional como auxiliar de policía el 26 de abril de 1982, para luego vincularse a dicha entidad como agente de policía prestando sus servicios por el lapso de 19 años y 17 días, hasta el 6 de febrero de 2001, tiempo en el que siempre se desempeñó en funciones de seguridad (copia simple de la Resolución 823 del 31 de julio de 2001, mediante la cual se reconoció por parte de la Policía Nacional la “pensión por muerte, indemnización y cesantía definitiva a beneficiarios del AG. (F) Pérez Moreno Gustavo Adolfo” y copia auténtica de la historia clínica del señor Gustavo Adolfo Pérez Moreno, elaborada por la Clínica de Nuestra Señora de la Paz; fls. 89-91, 126-131, cdno. 1).

9.2 El 27 de diciembre del 2000, el mencionado agente de policía fue internado en la Clínica de Nuestra Señora de la Paz, ubicada en la ciudad de Bogotá D. C., remitido del Hospital Central de la Policía Nacional, tras presentar un “episodio psicótico agudo esquizofreniforme” —luego de que se le tratara en la Clínica de la Policía de Quibdó, lugar del que se le envió al referido Hospital Central y que como se mencionó, ulteriormente lo mandó a la clínica aducida—, manifestando una patología de naturaleza mental cuyo cuadro de evolución era de dos meses y frente a la cual se ordenó que se le suministraran los respectivos medicamentos y se le efectuaran valoraciones por las especialidades de neurología y psicología. Asimismo, en la historia clínica obrante en el expediente se advirtieron las condiciones originales que presentó el aludido señor Pérez Moreno al momento de ingresar al centro médico especializado en salud mental referido, así como su historial personal, en los siguientes términos (copia auténtica de la historia clínica del señor Gustavo Adolfo Pérez Moreno, elaborada por la Clínica de Nuestra Señora de la Paz y testimonios del señor Gonzalo Baltán Mena —ex compañero del señor Gustavo Adolfo Pérez Moreno, dentro de la Policía Nacional—; fls. 126-131, cdno. 1):

II Enfermedad actual

2000/12/27 18:49 Paciente con cuadro de 2 meses de evolución que inicia con asignación laboral “me pusieron a cuidar a un alcalde y lo ivan (sic) a matar, pero cuando eso pasó yo impedí porque le avise a la policía, pero después pedí que me sacaran de ese trabajo, además se robaron un (sic) plata y nos echaron la culpa a los escoltas”, posteriormente presenta ideación persecutoria, “me persiguen unos tipos que son paramilitares, casi siempre van en moto, yo siempre le aviso a la policía pero cuando llegan ya ne (sic) han ido”, la esposa refiere que el cuadro se acompada (sic) de ansiedad, insomnio de conciliación en últimos días presenta episodios de ansiedad, con espasticidad generalizada “grita y dice que ya llegaron”, asocia alucinaciones auditivas “oigo las motos en donde vienen”, el cuadro se acompada (sic) de ideación de tristeza, de muerte no estructuradas, y llanto fácil, fue remitido de la clínica de la policía de Quibdó al hocen de donde remiten.

Historia personal

2000/12/27 18:49 Paciente de 36 ados (sic), natural y procedente de Quibdó, casado agente de policía, escolaridad bachillerato, religión católica.

(…) la madre murió cuando tenía 2 años, fue criado por su padre, ingresa a la policía a los 18 años siempre se ha desempeñado en seguridad, se casó a los 27 años, actualmente tiene dos hijos de 6 y 10 años, relación conyugal buena.

(…)

Historia familiar

2000/12/27 19: 12 (…) Padre: Hortensio Pérez edad 76 ados (sic) relación buena.

Hermanos: 13 (sic) hermanos, buenas relaciones con todas (sic).

Lucía: edad 33 ados (sic), relación conyugal buena.

(…) Red de apoyo familiar y laboral buena.

9.3 El 17 de enero de 2001, al mencionado agente Pérez Moreno se le dio salida definitiva de la Clínica de Nuestra Señora de la Paz, con un resumen de epicrisis consistente en “Ideación delirante paranoide de características persecutorias, además cuadro alucinatorio s. de reexperimentación, evitación y de activación de la arousal”, señalándose igualmente que durante su hospitalización, el paciente había recuperado su patrón de sueño, presentando una mejoría significativa de su sintomatología y logrando un buen funcionamiento global. Con observancia de lo expuesto, la clínica señalada prescribió que se le debía suministrar al paciente aludido los medicamentos denominados como Lorazepam, Risperdal y Zolpidem, y como plan de tratamiento se determinó que se le debía someter a “Controles estrictos por consulta externa de psiquiatría con medicación ordenada”, y se recomendó “Reubicación laboral en sitio donde el paciente no requiera armamento” (copia auténtica de la historia clínica del señor Gustavo Adolfo Pérez Moreno, elaborada por la Clínica de Nuestra Señora de la Paz; fls. 126-131, cdno. 1).

9.4 Desde el momento en que el trastorno mental padecido por el señor Moreno Perez se hizo manifiesto a la Policía Nacional, este fue despojado de su arma de dotación oficial, y después de que hubiera retornado de su tratamiento en el centro médico de salud mental referenciado, con observancia de las prescripciones realizadas, se le reubicó como estafeta interno en la oficina de comunicaciones del comando en donde laborara, cargo en cuyas funciones no requería del manejo de armamento alguno y en el cual tenía un horario laboral comprendido entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m., exonerándosele de la prestación de servicios de seguridad o vigilancia. Asimismo, como medidas preventivas se efectuaron visitas domiciliarias y se le mantuvo en observación (copia simple del informe de accidente o lesiones elaborado por la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional y testimonios de los agentes de policía Tiberio Campaña Rentería, Elkin Manuel Avenicio Tres Palacios y Luis Aparicio Palacios Palacios, quienes laboraron con el señor Gustavo Adolfo Pérez Moreno; fls. 92, 93, 138, 139. 148-151, cdno. 1).

9.4.1 Sobre lo expuesto, dan cuenta las declaraciones recepcionadas en el proceso por parte de varios compañeros de trabajo del agente de policía Gustavo Adolfo Pérez Moreno. Por una parte, el señor Tiberio Campaña Rentería, quien para el momento de rendir su testimonio era jubilado de la Policía Nacional, señaló que presenció uno de los episodios de crisis que presentó la víctima cuando trabajan en el mismo comando, momento en el que se le despojó de su arma de dotación oficial y se impartió la orden de no le fuera entregada nuevamente. De esta manera, narró (fls. 138, 139, cdno. 1):

Si lo conocí en la policía trabajando con él como agente, creo que en el año 2000, por cuanto yo solo vine a trabajar en Quibdó en los últimos años (…) Bueno yo me di de (sic) cuenta de que el señor al parecer estaba enfermo un día que no recuerdo bien la fecha que me tocó de suboficial de servicios cuando recibí el puesto le solicité las novedades al suboficial que me entrega a mí, me dijo que allí en la plaza de armas sentado se encontraba el señor Pérez y estaba como llorando y yo le pregunté al que me entregó que qué tenía el señor que estaba llorando y él me dijo que él no había querido decir nada. En vista de esa situación yo fui y llamé al oficial de servicios y a la sicología (sic) y les puse en conocimiento la situación en que se encontraba el señor, de inmediato nos acercamos donde se encontraba el señor Pérez y le preguntamos qué era lo que tenía, qué le pasaba y él manifestó que lo estaban persiguiendo para matarlo, pero le dijimos que nadie lo estaba persiguiendo porque allí no había nadie, pero él estaba armado con una pistola que tenía de dotación, al darnos de (sic) cuenta de esa situación con el oficial y la sicóloga, lo cogimos, lo fuimos trayendo dándole consejo hasta que le quitamos la pistola, lo llevamos, lo acostamos en la enfermería de la policía de inmediato salió la sicóloga y el oficial de servicios, buscaron un médico le recetó lo inyectaron y se quedó dormido. El señor oficial dejó como consigna que había que estarle pasando revista cada media hora para ver cuál era la reacción del señor Pérez y la sicóloga también quedó al tanto de él, hasta el otro día que ya amaneció y me tocó entregar a mí el servicio y de allí la consigna que dieron fue que no le podían entregar armamento al señor Pérez y esa mismas consigna se la di yo al que me recibió.

9.4.2 A su vez, el patrullero de policía Elkin Manuel Avenicio Tres Palacios testificó sobre el traslado del señor Pérez Moreno a la oficina de comunicaciones para efectos de llevar la correspondencia pertinente a las dependencias internas de la comandancia, en los siguientes términos (fls. 148, 149 cdno. 1):

Tengo conocimiento que luego de regresar de Bogotá de tratamiento especializado de la unidad de siquiatría del Hospital Central de la Policía Nacional al señor se le reubicó en la oficina de comunicaciones donde desempeñaba funciones de estafeta interno del comando, quiere decir que únicamente tenía como funciones llevar documentos de la oficina de comunicaciones a las demás dependencias internas, el horario establecido para él por el tratamiento que se estaba haciendo era de ocho (8:00 a.m.) de la mañana a seis (6:00 p.m.) de la tarde. Además se le exoneró de todo servicio que tuviera que ver con vigilancia y que implicara manejo de armas de la Policía Nacional. Ese cargo se lo dieron a él en razón al tratamiento sociológico (sic) que se estaba haciendo únicamente, porque en la policía no se requiere de un policía para llevar documentos de una oficina a otra o por lo menos no en el Chocó que el comando es tan pequeño.

9.4.3 De manera similar, el agente de policía Luis Aparicio Palacios Palacios, quien laboraba en la oficina de comunicaciones para el momento en que el difunto fue reasignado a dicha dependencia, se manifestó sobre la reubicación de la víctima y la manera permisiva en que se permitía que desarrollara sus labores, de la siguiente manera (fls. 150, 151, cdno. 1):

Tengo conocimiento que él fue asignado a la sección de comunicaciones porque estaba recién llegado de Bogotá de recibir un tratamiento sicológico, entonces lo anexaron allí en forma provisional y el desempeño de él era llevar poligramas a las distintas dependencias de la unidad en ocasiones, porque debido al estado de él a veces no lo utilizábamos, entonces nosotros mismos desempeñábamos esa función (…). Considero que fue reubicado allí porque no podía manipular armamento, pero personalmente no recibí ninguna consigna al respecto, además considero que fue reubicado allí para que realizara trabajo liviano por su trauma sociológico (sic) que presentaba. Preguntado: Al extinto Pérez le tocaba firmar la hora entradas y salidas a esa dependencia que permitiera que él se sintiera forzado para realizar la labor encomendada. Contestó: No, nunca lo vi firmar un libro por esa situación.

9.5 El 6 de febrero de 2001, aproximadamente a la 1:20 p.m., mientras se encontraba en horario de almuerzo, el agente de policía Gustavo Adolfo Pérez Moreno se suicidó en el barrio “Mis Esfuerzos” de la ciudad de Quibdó, departamento del Chocó, en el segundo piso de su lugar de habitación, disparándose en la cabeza con un revólver de su propiedad marca Smith & Wesson calibre .38, de uso civil para defensa personal, arma que fue encontrada debajo de su cadáver. Su muerte se produjo como consecuencia del impacto del proyectil accionado por él mismo en la región cigomática del lado derecho de su rostro, lesión que le originó “fractura conminuta del cráneo, laceración severa del encéfalo y estallido del globo ocular izquierdo. (…). Mecanismo de muerte esencialmente mortal”. Por su parte, al momento de analizarse el cuerpo del mencionado occiso, se pudo determinar que habían salpicaduras de sangre seca en su mano derecha, el orificio de entrada del proyectil presentaba bordes invertidos con un área de ahumamiento de 3 centímetros de diámetro, lo que indica que el proyectil del arma de fuego correspondiente fue propulsado a muy corta distancia de su cabeza, supuesto que igualmente encuentra sustento en que en tanto en la parte externa como interna el cañón de dicho revólver se encontraron restos de masa encefálica y de materia orgánica, y una vez practicado el análisis de residuos de disparo por absorción atómica, se determinó que las muestras recolectadas de los dedos índice y pulgar de ambas manos del difunto eran “consistentes con residuos de disparo”. En cuanto a las heridas externas sufridas por el fallecido y la trayectoria del proyectil al interior de su cuerpo, bala que fue recuperada en el lado izquierdo de su cabeza, se relacionó en la necropsia respectiva lo siguiente (copias simples del acta de levantamiento de cadáver del señor Gustavo Adolfo Pérez Moreno, del Oficio 59 del 6 de febrero del 2001, suscrito por el fiscal de reacción inmediata y dirigido al jefe seccional de criminalística del CTI, para efectos de que se hicieran las pruebas de absorción atómica y de balística correspondientes, de la inspección judicial con Examen de Cuerpo 11 del 6 de febrero de 2001, elaborada por el CTI, de la necrodactilia del señor Gustavo Adolfo Pérez Moreno obrante en Acta 5 del 6 de febrero de 2001, y perteneciente al Protocolo 11 señalado, de la Necropsia NC. 01011 del señor Gustavo Adolfo Pérez Moreno, elaborada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Seccional Chocó, del dictamen de balística elaborado por el correspondiente perito balístico del CTI, del informe juramentado por parte de los investigadores judiciales respectivos(11), del álbum fotográfico de 21 fotografías tomadas en las inspección referenciada, del certificado de defunción del señor Gustavo Adolfo Pérez Moreno, y del informe de accidente o lesiones elaborado por la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional; fls. 14, 16, 19, 25, 28-30, 32-35, 38-40; 41-52, 56, 92, 93, cdno. 1):

Signos externos de violencia (ver gráfico anexo): Presenta hematoma severo bipalpebral izquierdo y hematoma subdérmico en el hemicráneo izquierdo. En la cara dorsal de la mano derecha se encontraron salpicaduras de sangre seca. Se encontraron también las siguientes lesiones producidas por proyectil de arma de fuego de carga única y baja velocidad:

Orificio de entrada (OE1) redondeado, de 0.8 cm de diámetro, con bandaleta contusiva, de bordes invertidos, con ahumamiento en un área de 3 cms de diámetro aproximado, ubicado en el cuero cabelludo de la región preauricular derecha, a 9 cms del vértex y a 7 cms a la izquierda de la línea media; con el correspondiente proyectil recuperado (PR1) entre las tablas óseas del parietal izquierdo. Este proyectil tuvo una trayectoria de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba, en un plano aproximado coronal, y en su recorrido produjo laceración del encéfalo y fracturas de la bóveda craneal.

9.6 El 19 de julio de 2001, la Fiscalía Segunda perteneciente a la Unidad de Fiscalía Especializadas en Delitos contra la Vida, la Libertad Sexual y la Dignidad Humana, consideró que al haberse demostrado que el fallecimiento del señor Gustavo Adolfo Pérez Moreno obedeció a que él mismo se había quitado la vida y no, a un homicidio, debía abstenerse de iniciar la investigación penal correspondiente, puesto que la misma era imposible dado que “concurre en la persona que decide terminar con su vida, el hecho de ser el titular del bien jurídico de la vida y la integridad personal, y de ser el sujeto pasivo de la acción” y en consecuencia, profirió resolución inhibitoria (Resolución Inhibitoria 42 del 19 de julio del 2001, proferida por la Fiscalía Segunda perteneciente a la Unidad de Fiscalía Especializadas en Delitos contra la Vida, la Libertad Sexual y la Dignidad Humana; fls. 70-76, cdno. 1).

9.7 Mediante Resolución 823 del 31 de julio de 2001, se reconocieron los conceptos de pensión por muerte, indemnización y cesantía definitiva a los beneficiarios del agente de policía fallecido mencionado, es decir, a favor Lucía Blanquiceth Ricard, Nazvi Gustavo Pérez Blanquiceth y Nestor Adolfo Pérez Blanquiceth (copia simple de la Resolución 823 del 31 de julio de 2001, expedida por la Policía Nacional; fls. 90, 91, cdno. 1).

IV. Problema jurídico

10 La Sala debe establecer si es posible imputar el daño demandado, consistente en la muerte del señor Gustavo Adolfo Pérez Moreno, a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional, la cual se derivó del propio actuar de la víctima al dispararse en la cabeza mientras se encontraba en su lugar de residencia con un arma de fuego de su propiedad, para lo cual se impone verificar si la administración incumplió con sus deberes relativos a la prestación de los servicios médicos asistenciales a los que tenía derecho el occiso como agente de la fuerza pública, con observancia de que de manera previa a suicidarse había presentado una enfermedad de carácter psiquiátrico la cual fue tratada inicialmente, o si omitió desplegar las medidas que le correspondían y que eran necesarias para evitar que el difunto terminara por hacerse daño.

1.01 En consecuencia, se pondrá especial atención a la evolución de la patología o trastorno soportado por el señor Pérez Moreno, así como el comportamiento observado por la institución demandada frente aquella, con el fin de determinar si su conducta se configuró en la causa eficiente del suicidio objeto de la demanda, o si por el contrario, dicho evento le resultaba plenamente imprevisible e irresistible de tal manera que el mismo se habría constituido en un hecho exclusivo de la víctima, lo que comportaría la exoneración de responsabilidad del Estado.

V. Análisis de la Sala

11 Se encuentra debidamente acreditada la existencia del daño invocado por la parte demandante, consistente en la muerte del señor Gustavo Adolfo Pérez Moreno, la cual se produjo el 6 de febrero del 2001 en virtud de laceración severa de su encéfalo entre otras lesiones, las cuales tuvieron como causa el único impacto producido por un proyectil de un revólver de su propiedad marca Smith & Wesson, calibre .38, de uso civil, arma que fue accionada de manera cercana a la región cigomática derecha de su rostro —ver párrafo 9.5 y nota correspondiente—.

12 En cuanto a la imputabilidad del daño aludido, la Sala advierte que si bien está demostrado que el menoscabo mencionado fue ocasionado materialmente por la propia víctima, toda vez que así lo indican los medios probatorios obrantes en el plenario en la medida en que se acreditó que el arma de la cual provino la bala encontrada al interior de la cabeza del occiso estaba debajo de su cadáver, cuyas posiciones permitieron inferir que él mismo se había quitado la vida, supuesto fáctico que igualmente encuentra sustento en las circunstancias consistentes en que el disparo se produjo muy cerca de su cabeza, de que se hallaron residuos químicos en sus dedos compatibles con el accionar de un arma de fuego, y en la enfermad psiquiátrica cuya sintomatología se había hecho notoria algunos meses antes de la ocurrencia de su muerte —ver párrafos 9.1 a 9.5 y nota 11—, lo cierto es que ello de entrada no imposibilita a la Sala para edificar un juicio de responsabilidad en cabeza de la entidad demandada, por cuanto es factible que se configuren ciertas condiciones que hagan que el desenlace perjudicial en comento le sea jurídicamente atribuible a esta y en consecuencia, surja su obligación de indemnizar los detrimentos causados a los damnificados correspondientes, a pesar de que dicho evento en el caso concreto tenga una naturaleza excepcional.

12.1 Al respecto, sobre el alcance de la responsabilidad del Estado en los eventos en que los particulares adopten y materialicen la decisión de quitarse la vida, se ha señalado por esta corporación:

Así las cosas, es necesario determinar en primer lugar, si existía obligación legal o reglamentaria de evitar que el soldado se suicidara y si la entidad utilizó o no los medios de que disponía para el adecuado cumplimiento de su deber.

En principio, el tema del suicidio pone de relieve concepciones meramente éticas que comprometen el fuero interno de las personas, pero que deben permanecer al margen del derecho, dado que este solo puede regular la conducta de las personas en cuanto interfieran con los demás y no los deberes que este tiene para consigo mismo.

Por esto, la tentativa de suicido no puede ser objeto de represión penal en un Estado que conciba a la persona “como un sujeto moral, capaz de asumir en forma responsable y autónoma las decisiones sobre los asuntos que en primer término a él incumben, debiendo limitarse a imponerle deberes, en principio, en función de los otros sujetos morales con quienes está avocado a convivir”(12). Esta concepción de la persona como autónoma en tanto que digna, implica inevitable e inescindiblemente dejar que sea “la propia persona (y no nadie por ella) quien deba darle sentido a su existencia, y en armonía con él un rumbo. Si a la persona se le reconoce esa autonomía, no puede limitársela sino en la medida en que entra en conflicto con la autonomía ajena”(13).

Desde esta concepción, el Estado no está habilitado para exigir a la persona una forma determinada de conducta para consigo mismo y por lo tanto, no puede obligarlo a que cuide de su salud, que se someta a un tratamiento médico ni por su puesto (sic) que prolongue su existencia si esta considera que debe ponerle fin a la misma, pues solo un Estado totalitario puede asumirse como dueño y señor de la vida de las personas. En otros términos, aunque las autoridades públicas están instituidas para proteger la vida de las personas (C.P., arts. 2º y 46), ese deber se limita cuando el autor del daño es la persona misma, pues “si yo soy dueño de mi vida, a fortiori soy libre de cuidar o no de mi salud cuyo deterioro lleva a la muerte que, lícitamente, yo puedo infligirme”(14).

Esa libertad de decidir sobre el cuidado de la salud o la preservación de la propia vida, tiene sin embargo límites relacionados precisamente con la capacidad de autodeterminación de las personas. En el caso de los enfermos mentales y de los menores el Estado tiene un deber de protección de las personas contra sí misma, pues estas por su incapacidad síquica o inmadurez se encuentran en situación de mayor indefensión y carecen de plena autonomía. Por lo tanto, debe brindarles una mayor protección (C.P., art. 13), lo cual se extiende a impedirles aún con medios coercitivos que atenten contra su propia vida(15).

En relación con las personas que se encuentran en situación de sujeción especial como los reclusos y los conscriptos el deber de protección del Estado también es mayor y se extiende a brindarles a estos la ayuda médica que requieran cuando las circunstancias que viven, por su carácter forzoso, desencadena en ellos perturbaciones síquicas.

(…)

En este orden de ideas, para que surja el deber del Estado de reparar el daño causado por el suicidio de un recluso o un conscripto es necesario acreditar que por el trato que recibía en el establecimiento militar o carcelario fue inducido a tomar esa decisión, o bien que la persona sufría un trastorno síquico o emocional que hacía previsible el hecho y que a pesar de ser conocida esa circunstancia por las autoridades encargadas de su seguridad, no se le prestó ninguna atención médica especializada, ni se tomó ninguna determinación tendiente a alejarlo de las situaciones que le generaran un estado de mayor tensión o peligro.

En caso contrario, esto es, en el evento de que la decisión del soldado o retenido sea libre porque obedezca al ejercicio de su plena autonomía, o en el evento de que su perturbación o la necesidad de ayuda sicológica, por las especiales circunstancias del caso, no hubiera sido conocida las autoridades encargadas de su protección, el hecho sería solo imputable a su autor por ser imprevisible e irresistible para la administración(16).

12.2 Teniendo en cuenta lo expuesto y a pesar de que el precedente jurisprudencial referido no maneja una lógica expresa frente al asunto respecto del cual la Sala debe desatar el recurso de apelación pertinente, en tanto con observancia de los elementos probatorios correspondientes, de una parte, si bien es cierto que el señor Gustavo Adolfo Pérez Moreno había presentado una enfermedad mental, también lo es que se le había dado de alta de la clínica respectiva para que retornara a su hogar y a sus actividades cotidianas y laborales —aunque en funciones diferentes a la prestación del servicio policial con manejo de armas de fuego—, bajo el entendido científico en que se había recuperado de su sintomatología y había adquirido otra vez un buen desempeño funcional a nivel global, motivos por los cuales para el momento de su muerte ya no se encontraba en la custodia estricta de dicho centro médico así como tampoco de la entidad estatal a la que estaba vinculado laboralmente, y de otro lado, no era una persona sometida al aparato estatal mediante una relación especial de sujeción, sino que por el contrario, su vínculo con el mismo se originó de manera voluntaria como agente de policía desde mucho tiempo antes de que sucediera su defunción —19 años—, luego la posición y deber del Estado para evitar que él mismo se diera muerte se encontraban en el menor grado de exigencia, ello no es óbice para analizar si desde la perspectiva de la causalidad adecuada a dicho órgano le correspondía observar alguna conducta cuyo desconocimiento hubiera generado de manera efectiva el daño demandado.

12.3 De esta manera, se principia por advertir que no le asistió razón al Tribunal de primera instancia al tener por probado el incumplimiento de la entidad demandada en relación con sus obligaciones prestacionales respecto de los servicios médicos asistenciales a los que tenía derecho la víctima —cuya garantía le correspondía por ser aquella agente de policía—, en el sentido en que luego de que el señor Pérez Moreno retornó de su tratamiento psiquiátrico habría recaído en la sintomatología de su enfermedad, y sin perjuicio de las varias solicitudes hechas para que se le volviera a tratar no se accedió en ningún momento a las mismas —situación que de haberse demostrado permitiría imputar el daño ocasionado al Estado—, en consideración a que los únicos medios probatorios para que dichas aseveraciones contenidas en la demanda se tuvieran por acreditadas, se reducen a las declaraciones testimoniales vertidas por la prima hermana de la señora Lucía Blanquiceth Ricard y su esposo, versiones que no obstante no se descartan, al ser sospechosas, deben ser valorados de manera más exigente a la luz de las otras pruebas con las que se cuente con el fin de tener sus dichos como ciertos —ver párrafos 8.4 y 8.4.1— y por consiguiente, al no encontrarse en el plenario otro elemento de convicción que reitere los supuestos por ellos sostenidos, es evidente que la hipótesis fáctica utilizada en la sentencia impugnada para declarar la responsabilidad estatal correspondiente no fue debidamente demostrada.

12.4 En efecto, a pesar de que la Sala no exige la existencia de una prueba documental que respalde las afirmaciones de los mencionados deponentes según lo solicitó la parte demandada en el medio de impugnación señalado, se advierte que las circunstancias indicadas consistentes en que la Policía Nacional hubiera tenido conocimiento de la recaída del occiso en la sintomatología de su patología mental —por las solicitudes para que se le volviera a tratar— y por ende, su omisión de adoptar las medidas necesarias para brindarle el tratamiento médico urgente requerido conforme a esa afección, no tienen sustento probatorio alguno en otros elementos de convicción diferentes a los aducidos, y al no haber medio de prueba adicional de carácter escrito o testimonial que pudiera ofrecer certeza sobre lo expuesto, es claro que no era posible tener tales eventos por demostrados como irreflexivamente se hizo en la sentencia recurrida, máxime cuando se advierte una mayor ausencia probatoria comoquiera que ninguno de los deponentes descritos percibió el momento en que los supuestos requerimientos pertinentes se habrían elevado.

12.5 Ahora bien, en sentido contrario, se observa que obraron en el plenario múltiples testimonios de agentes o funcionarios de dicha institución, quienes a pesar de haber trabajado con la víctima señalada y por consiguiente, haberse encontrado en contacto con él por varias horas durante el día, no dieron cuenta de las solicitudes tendientes a que se le prestara a esta los servicios médicos de psiquiatría pertinentes, así como tampoco sobre los trámites que se iniciaron en ese sentido y mucho menos, se refirieron sobre un comportamiento que hubiera adoptado el occiso que indicara que su enfermedad mental volvía a alterar su percepción de la realidad, lo que genera dudas sobre la veracidad del contenido de los testimonios sospechosos analizados —ver párrafos 9.4 a 9.4.3—.

12.6 Igualmente, en sentido opuesto a lo colegido tanto por el demandante como por el tribunal a quo, no se puede perder de vista que lo único que está debidamente probado es que la Nación-Ministerio de Defensa-Nacional-Ejército Nacional desplegó todas las actuaciones adecuadas cuando en un primer momento se percató de la enfermedad mental que presentaba el occiso, de tal forma que en un comienzo hizo que se le prestaran los servicios correspondientes en Quibdó, para luego remitirlo a Bogotá D.C. al Hospital Central de la Policía Nacional y posteriormente a una clínica especializada en el tratamiento de patologías psiquiátricas, en la cual fue internado para que luego se le dejara salir con la anotación científica de que se había recuperado.

12.7 Por su parte, está igualmente acreditado en cuanto a que al difunto se le tuviera que someter a consultas externas y se le quitaran las funciones relacionadas con el manejo de armas —ver párrafos 9.2 y 9.3—, que las mismas fueron observadas por la entidad demandada puesto que se reasignó al señor Pérez Moreno a la oficina de correspondencia interna de la estación de policía donde laboraba, bajo condiciones de trabajo flexibles que objetivamente no pudieron contribuir a agravar su patología mental, se le despojó de su arma de dotación oficial, y no es posible concluir que se hubiera incumplido con lo relacionado a que se le sometiera a las consultas externas prescritas, en la medida en que como se refirió, no está acreditado que la solicitud para que las mismas se dieran se hubiera elevado y más aún, cuando al momento de su muerte habían pasado muy pocos días desde que había salido del centro médico en el estuvo internado, por lo que en principio no resultaría plausible inferir un incumplimiento en ese sentido.

12.8 Sobre lo señalado, se advierte que el tribunal de primera instancia dedujo una gran cantidad de actos que en su criterio tenía que realizar la parte demandada para evitar que el señor Pérez Moreno se quitara la vida, las cuales carecen de todo medio probatorio porque las únicas órdenes con las que se le dejó salir de la clínica al occiso fueron las efectivamente observadas por la Policía Nacional.

12.9 En consecuencia, teniendo en cuenta que las declaraciones con base en las cuales se condenó al Estado no ofrecen certeza alguna sobre el conocimiento previo que tuvo que tener la entidad demandada del decaimiento en que volvió a entrar el difunto, siendo ello carga de la parte actora de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 177(17) del Código de Procedimiento Civil, y con observancia de que por el contrario la parte pasiva de este conflicto judicial actuó de manera adecuada a la información que sí está demostrado que tuvo para tratar la enfermedad del difunto, es posible aseverar que el daño demandado fue causado única y exclusivamente por la actuación imprevisible e irresistible desplegada por la propia víctima, al utilizar el arma de su propiedad y dispararse en su rostro mientras se encontraba en su lugar de residencia, sin que sea admisible inferir que la parte demandada incurrió en una falla en la prestación del servicio al no haberlo inquirido sobre la posible propiedad que tuviera sobre un arma personal, actuación que no le era exigible y que no se deriva de una regla de la experiencia, así como cabe señalar que tampoco se probó que dicho organismo hubiera facilitado la adquisición de la misma. En este sentido, se ha señalado:

Dado que la muerte del agente de la policía se produjo dentro de las instalaciones del comando de la policía y con arma de dotación oficial, el hecho es, en principio, imputable al Estado, en tanto este tiene el deber de responder por la seguridad de quienes se hallan dentro de sus instalaciones, contra todo daño que pueda ser causado por otro miembro de la institución, o por un particular.

Ahora, tratándose de daños autoinfligidos por esos servidores y, en consecuencia, atribuibles a la propia víctima, no se genera para el Estado ese deber de reparación, a menos que pueda imputarse a la entidad responsabilidad por el mismo como consecuencia de una omisión, esto es, el incumplimiento del deber de protección, por haberse abstenido de realizar la acción con la cual se habrían evitado los perjuicios, como ocurre en aquellos eventos en los que el afectado se encuentre en circunstancias mentales o emocionales que le impiden tomar una decisión de manera consciente y voluntaria y ese hecho sea o deba ser conocido por quienes tienen la posibilidad de incidir sobre sus actos.

En otros términos, en relación con personas adultas, su decisión de autolesionarse no está proscrita por la ley ni el Estado se hace responsable de ese hecho, al margen de que esas personas se encuentren o no vinculadas con el Estado. No obstante, cuando se presentan circunstancias muy particulares, como que tales personas tengan la calidad de agentes estatales y estuvieren sufriendo un estado de perturbación mental o emocional, que fuera o debiera haber sido advertido por las autoridades responsables de su seguridad, los daños que tales servidores se causen son imputables al Estado, cuando no se hubieran tomado las medidas necesarias y eficaces para evitarlos(18).

13 En consecuencia, debido a que la muerte del señor Gustavo Adolfo Pérez Moreno fue producida única y exclusivamente por la conducta por él observada, sin que en la misma hubiese tenido injerencia alguna la conducta de la parte demandada, se revocara la sentencia de primera instancia, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones elevadas en la demanda.

VI. Costas

14 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se condenará en este sentido.

15 En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

REVOCAR la sentencia del 10 de noviembre de 2003, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó y, en su lugar, se dispone:

1: DENEGAR la totalidad de las pretensiones elevadas por la parte demandante, de conformidad con la parte motiva de la presente providencia.

2: Sin condena en costas.

3: En firme esta fallo, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) En la demanda se estimó el valor de la mayor pretensión, correspondiente a la indemnización por perjuicios morales a favor de Lucía Blanquiceth Ricard, en el equivalente a 2000 gramos oro, es decir, en la suma de $43 736 780 para el momento de presentación de la demanda, el 1 de octubre de 2001 —en consideración a que la petición de indemnización por el perjuicio material en la modalidad de lucro cesante se pidió a favor de cuatro de los demandantes, esto es, de la esposa e hijos del occiso, la suma global solicitada como resarcimiento consistente en $70 000 000 debía dividirse entre estos actores por parte iguales, razón por la cual dicha pretensión no se constituye en la de mayor valor en el presente asunto—. Se aplica en este punto el numeral 10 del artículo 2º del Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modificaba el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, y que disponía que la cuantía necesaria para que un proceso de reparación directa iniciado en 2001 fuera de doble instancia, debía ser superior a $26 390 000.

(3) Consejo de Estado, Sala Plena de Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, Exp. 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022), Actor: Rubén Darío Silva Alzate y otros, C.P. Enrique Gil Botero.

(4) Una síntesis de la evolución y estado actual de esta jurisprudencia puede verse en la sentencia del 11 de septiembre de 2013, Sala Plena de la Sección Tercera, Consejo de Estado, Exp. 41001-23-31-000-1994-07654-01 (20601), Actor: Maria del Carmen Chacón y otros, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(5) Las peticiones probatorias referenciadas pueden ser apreciadas en los folios 10 y 102 del cuaderno 1.

(6) “Dentro de la oportunidad para solicitar pruebas en la primera instancia, cualquier de las partes podrá pedir la citación de la contraria, a fin de interrogarla sobre hechos relacionados con el proceso”.

(7) Bajo la misma hermenéutica, la Sala de esta Subsección ha sostenido en casos similares al referirse a la posibilidad de que la fuente de conocimiento de un hecho sea el dicho de una de las partes procesales, lo siguiente: “11.18 De otro lado, comoquiera que no se identificó el miembro o miembros de la familia del fallecido que les comunicó a los testigos en mención lo que aparentemente ocurrió, y de los que es posible inferir que en su mayoría obran como demandantes y además, que no estuvieron presentes al momento en que este resultó lesionado —por lo que las deponencias correspondientes se basarían en simples conjeturas—, cabe destacar que si la fuente de conocimiento se llegara a tratar de alguno de los que integran la respectiva parte procesal, la Sala no podría estimar esos testimonios indirectos, por cuanto ello equivaldría a valorar la apreciación de uno o varios de los actores frente a circunstancias que los benefician, como si hubieran sido percibidas por un tercero imparcial, teniendo en cuenta que tal posibilidad es contraria a la naturaleza de las declaraciones de terceros —prueba histórica o de reconstrucción de hechos—, no tiene sustento normativo alguno, sería equivalente a afirmar que una parte procesal puede conformar un testimonio de oídas a voluntad por el simple hecho de trasladar su conocimiento a otra persona que no vaya a ser parte del conflicto y frente a lo cual cabe igualmente recordar que las manifestaciones de las partes de la litis solo adquieren valor probatorio cuando se configuran en una confesión —ver párrafo 7.1.4—”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 30 de octubre de 2013, Exp. 250002326000200100466 01(27916), Actor: Elba María Peña Gómez y otros, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(8) Al respecto, no se puede perder de vista que las declaraciones formuladas por las partes solo adquieren valor probatorio cuando se configuran en una confesión, para lo que cabe tener en cuenta que los cuestionamientos que se realizan por una parte a su contraparte son calificados por el juez para determinar si cumplen con los requisitos del artículo 195 del Código de Procedimiento Civil, con el fin de que se pueda generar el medio de prueba contemplado en tal norma. Al respecto, la doctrina jurídica ha señalado: “El interrogatorio de las partes con fines de prueba persigue obtener su declaración sobre el conocimiento que tengan de los hechos que interesa al proceso, como fuente de confesiones, para formar el convencimiento del juez. (…) Confesión es un medio de prueba judicial, que consiste en una declaración de ciencia o conocimiento, expresa, terminante y seria, hecha conscientemente, sin coacciones que destruyan la voluntariedad del acto, por quien es parte en el proceso en que ocurre o es aducida, sobre hechos personales o sobre el reconocimiento de otros hechos, perjudiciales a quien la hace o a su representado, según el caso, o simplemente favorables a su contraparte en ese proceso. (…) La apreciación de la confesión tiene un triple aspecto: 1) determinar si existe confesión válida y si es judicial o extrajudicial; 2) determinar el contenido de la confesión, o sea cuáles son los hechos confesados; y 3) asignarle el mérito probatorio como instrumento de convicción respecto a la existencia o existencia de tales hechos”. Hernando Devis Echandía. Compendio de Derecho Procesal, Tomo II, Pruebas Judiciales, Quinta Edición, p. 187, 212, 213, 219.

(9) “Son sospechosos para declarar las personas que en concepto del juez, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o a sus apoderados, antecedentes personales u otras causas”.

(10) Sobre este tema ha dicho la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil: “(…) el recelo o la severidad con que el fallador debe examinar esos testimonios, no lo habilita para desconocer a priori, su valor intrínseco, debido a que ‘la sospecha no descalifica de antemano (…) sino que simplemente se mira con cierta aprehensión a la hora de auscultar qué tanto crédito merece. Por suerte que bien puede ser que a pesar de la sospecha haya modo de atribuirle credibilidad a testigo semejante, si es que, primeramente, su relato carece de mayores objeciones dentro de un análisis crítico de la prueba, y, después —acaso lo más prominente— halla respaldo en el conjunto probatorio”, en sentencia de 19 de septiembre de 2001, Exp. 6424. Consultar igualmente, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Exp. 17001-23-31-000-1997-09019-01 (20412), Actor: Alejandro Arboleda Montoya y otros, C.P. (E) Danilo Rojas Betancourth.

(11) “Para la presente fecha, siendo las 13:30 horas, fuimos informados por parte del personal uniformado de la Policía Nacional, que en el barrio Mis Esfuerzos de esta capital, se encontraba el cadáver de un agente de la Policía Nacional; conocido lo anterior, de forma inmediata dispusimos nuestro traslado hasta el barrio en comento, constatando que en la residencia de propiedad de la señora Lucía Blanquiceth Ricard, exactamente en un segundo piso de la residencia yacía un cuerpo sin vida de persona adulta, raza negra, en posición de cúbito lateral derecho. El cuerpo sin vida presentaba una herida a la altura de la región temporal derecha sin orificio de salida al parecer ocasionado con arma de fuego, en igual forma, cerca al abdomen del occiso se encontró un arma de fuego del tipo revólver calibre 38 largo (…).
En razón a las características y forma en que fue hallado el cuerpo sin vida, así como el hallazgo del arma cerca al occiso presumimos que se trata de un suicidio, pues según información allegada por parte de la esposa del mismo, este como ya se dijo, venía presentando desequilibrios psicológicos que al parecer lo encaminaron a tomar la decisión de quitarse la vida”.

(12) [3] Sentencia de la Corte Constitucional C-239 del 20 de mayo de 1997.

(13) [4] Sentencia de la Corte Constitucional C-221 del 5 de mayo de 1994.

(14) [5] Sentencia de la Corte Constitucional C-221 del 5 de mayo de 1994.

(15) [6] En la Sentencia T-474 del 25 de septiembre de 1996, por ejemplo, la Corte Constitucional ordenó brindarle a un menor adulto (sic), testigo de Jehová, el tratamiento que requería para preservar su vida, aún contra la propia decisión del menor que se negaba a la práctica de una transfusión de sangre, por sus convicciones religiosas.

(16) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de noviembre del 2000, Exp. 13329, Actor: José Antonio Rincón Tobo, C.P. Ricardo Hoyos Duque. Consultar igualmente: sentencia del 8 de marzo de 1996, Exp. 10118, Actor: Rubén Antonio Díaz Gómez y otros, C.P. Carlos Betancur Jaramillo; sentencia del 26 de mayo de 2010, Exp. 66001-23-31-000-1998-00687-01(18380), Actor: Hernando Elías Gómez Henao y otros, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(17) “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Con base en la norma referida, esta corporación ha señalado: “La referida norma legal desarrolla el tradicional aforismo de acuerdo con el cual quien afirma un hecho debe probarlo: “incumbit probatio qui dicit non qui negat”. Ello se traduce, en los procesos que cursan ante el Juez de lo Contencioso Administrativo, en que quien pretende determinado efecto jurídico debe acreditar los supuestos de hecho de las normas en que se ampara, luego, en general, corresponde la carga de la prueba de los hechos que sustentan sus pretensiones, en principio, al demandante, al paso que concierne al demandado demostrar los sucesos fácticos en los cuales basa sus excepciones o su estrategia de defensa. Si aquel no cumple con su onus probandi, la consecuencia que habrá de asumir será la desestimación, en la sentencia, de su causa petendi; si es este, en cambio, quien no satisface la exigencia probatoria en punto de los supuestos fácticos de las normas cuya aplicación conduciría a la estimación de sus excepciones o de los argumentos de su defensa, deberá asumir, consiguientemente, una fallo adverso a sus intereses”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2010, 70001-23-31-000-1995-05072-01(17720), Actor: Ulises Manuel Julio Franco y otros, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(18) Consejo de Estado, Sala Plena de Sección Tercera, sentencia del 9 de febrero de 2012, Exp. 050012326000199402321-01 (20.104), Actor: Sandra Saldarriaga y otros, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Ver igualmente: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de noviembre del 2000, Exp. 13329, Actor: José Antonio Rincón Tobo, C.P. Ricardo Hoyos Duque. Consultar igualmente: sentencia del 8 de marzo de 1996, Exp. 10118, Actor: Rubén Antonio Díaz Gómez y otros, C.P. Carlos Betancur Jaramillo; sentencia del 26 de mayo de 2010, Exp. 66001-23-31-000-1998-00687-01(18380), Actor: Hernando Elías Gómez Henao y otros, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.