Sentencia 2001-01388 de marzo 12 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 25000-23-26-000-2001-01388-01 (28442)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Ref.: acción de reparación directa (apelación sentencia)

Actor: Anatilde Ramírez

Demandada: Nación - rama judicial - Fiscalía General de la Nación

Bogotá, D.C., doce de marzo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

La Sala es competente desde el punto de vista funcional(28) para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en contra de la sentencia proferida el 16 de junio de 2004, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección B, en proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación.

2. Ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto-Ley 1 de 1984(29), la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble por causa de trabajos públicos.

Ahora bien, vale reiterar en esta oportunidad que en los casos en los cuales se ejerce la acción de reparación directa con fundamento en error judicial, el término de caducidad se cuenta desde el momento en el cual la providencia contentiva del error queda ejecutoriada. En este sentido ha señalado la Sala(30):

“Cuando se pretenda ejercer la acción de reparación directa como consecuencia del error jurisdiccional, esta deberá instaurarse dentro del término de dos años, caducidad prevista en el inciso cuarto del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, contado a partir de la ejecutoria de las providencias judiciales que agoten las instancias sin hacer depender dicho plazo del resultado del recurso o de la acción de revisión, salvo que se afirme que el error se encuentra contenido en la providencia que desata dicho recurso o acción. En otras palabras, la instauración del recurso o de la acción de revisión no impide la ocurrencia de la caducidad de la acción de reparación directa” (destaca la Sala).

No obstante lo anterior, el presente caso reviste una particularidad en tanto se alega la ocurrencia de un error judicial en la providencia del 27 de diciembre de 1995(31), error que, según se dijo en la demanda, generó la dilación del proceso penal y conllevó finalmente la materialización del daño, cuando se declaró la prescripción de la acción penal en providencia de 24 de junio de 1999.

En este orden de ideas, pese a no tenerse en el expediente constancia de la fecha de ejecutoria de la providencia de 24 de junio de 1999, lo cierto es que la demanda fue presentada el 21 de junio de 2001(32), es decir dentro de los dos años contados a partir de la fecha de la providencia, por lo que resulta evidente que la acción se ejercitó dentro del término previsto para ello.

3. El régimen de responsabilidad.

Previamente al análisis de los supuestos de responsabilidad aplicables al caso concreto, en relación con la imputación jurídica del daño, debe decirse que la Sala Plena de la sección, en sentencia de 19 de abril de 2012(33), unificó su posición para señalar que, al no existir consagración constitucional de ningún régimen de responsabilidad en especial, corresponde al juez encontrar los fundamentos jurídicos de sus fallos, por lo que los títulos de imputación hacen parte de los elementos argumentativos de la motivación de la sentencia. En este sentido se expuso:

“En lo que refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a la adopción de diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta providencia”.

En consonancia con lo anterior, resulta necesario recordar que la acción de reparación directa se interpuso con fundamento en dos argumentos puntuales: i) la ocurrencia de un presunto error judicial cometido en el marco de un proceso penal, y ii) la dilación del proceso generada por dicho error, la que conllevó la posterior declaración de prescripción de la acción penal, actuaciones que, según la parte actora, habrían causado los perjuicios por los que reclama indemnización.

Como puede apreciarse, dicha situación alude a la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la administración de justicia, regulada hoy en día en la Ley 270 de 1996(34), disposición que se encontraba vigente al momento en que se adoptó la providencia que declaró la prescripción de la acción penal, con la cual la demandante considera que se materializó el daño, de manera que orienta los criterios generales a tener en cuenta para resolver el caso concreto, de conformidad con los pronunciamientos jurisprudenciales que en torno a ella se han proferido(35).

En este orden de ideas, es pertinente aludir al texto del artículo 65 de la Ley 270, cuyo tenor literal es el siguiente:

“ART. 65.—De la responsabilidad del estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad”.

La norma que viene de transcribirse desarrolla la cláusula general de responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables y que fueren causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, consagrada en el artículo 90 de la Constitución Política, concepto que desde luego comprende todas las acciones u omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia en que incurran no solo los funcionarios sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales, los agentes y los auxiliares de la justicia(36).

Ahora bien, frente al error judicial, el artículo 66 de la citada ley vino a definirlo de la manera que, a continuación, se procede a retener:

“... Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley”.

Al ejercer el control previo de constitucionalidad frente al Proyecto de Ley Estatutaria que dio origen a la citada Ley 270 de 1996, la h Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada de este artículo(37) y precisó que: (i) dicho error se materializa únicamente a través de una providencia judicial; (ii) debe enmarcarse dentro de los mismos presupuestos que la jurisprudencia ha definido como una “vía de hecho”, y (iii) no es posible reclamar por la actuación de las altas corporaciones de la rama judicial, porque ello comprometería en forma grave la seguridad jurídica, no obstante lo cual, tal como más adelante se precisará, la jurisprudencia de la Sección ha considerado que dicha responsabilidad resulta procedente en los casos en los cuales la decisión de una de dichas corporaciones constituya una vía de hecho.

De otra parte, el artículo 67 de la misma ley dispone que para la procedencia de la reparación derivada del error jurisdiccional, es preciso que: (i) el afectado hubiere interpuesto los recursos de ley, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando esta se produzca en virtud de una providencia judicial y (ii) que la providencia contentiva de error esté en firme.

Con fundamento en lo anterior, la Sala ha considerado que existe error judicial cuando el juzgador, independientemente de si actúa o no con el elemento subjetivo de la culpa, profiere una providencia discordante con el conjunto de actuaciones desarrolladas dentro del proceso, la cual, una vez queda en firme, ocasiona un daño antijurídico(38).

En este sentido, la Sala a través de sentencia de 11 de mayo de 2011, señaló los presupuestos que deben cumplirse para la configuración del error judicial. En efecto, en tal ocasión preciso(39):

“Bajo la nueva disposición constitucional se admitió la responsabilidad del Estado por error judicial, el cual se consideró que se configuraba siempre que se reunieran las siguientes exigencias: (i) que el error estuviera contenido en una providencia judicial en firme; (ii) que se incurriera en error fáctico o normativo; (iii) se causara un daño cierto y antijurídico, y (iv) el error incidiera en la decisión judicial en firme. Consideraba la Sala, en jurisprudencia que se reitera:

“a) En primer lugar, del concepto mismo, es lógico inferir que el error jurisdiccional debe estar contenido en una providencia judicial que se encuentre en firme. Efectivamente, aun cuando una decisión judicial resulte equivocada, sí está aún puede ser revocada o modificada, el daño no resultaría cierto, pues el error no produciría efectos jurídicos y, además, podría superarse con la intervención del superior funcional (...).

“b) Tal y como se deduce de pronunciamientos anteriores de esta sección(40), el error jurisdiccional puede ser de orden fáctico o normativo. El primero, supone diferencias entre la realidad procesal y la decisión judicial, porque i) no consideró un hecho debidamente probado o ii) se consideró como fundamental un hecho que no lo era, o se presentan distancias entre la realidad material y la procesal, i) porque no se decretaron pruebas conducentes para determinar el hecho relevante para el derecho o ii) porque la decisión judicial se fundamentó en un hecho que posteriormente se demostró que era falso). El error normativo o de derecho, supone equivocaciones i) en la aplicación del derecho, pues se aplicó al caso concreto una norma que no era relevante o se dejó de aplicar una directa o indirectamente aplicable al mismo y, ii) cuando se aplicaron normas inexistentes o derogadas u otros similares.

“c) El error jurisdiccional debe producir un daño personal y cierto que tenga la naturaleza de antijurídico, esto es, que el titular no tenga la obligación jurídica de soportar. Con ello, entonces, se excluyen las decisiones que se mueven en la esfera de lo cuestionable o las sentencias que contienen interpretaciones válidas de los hechos o derechos”.

En cuanto al error que pudieran cometer las altas cortes en ejercicio de la función jurisdiccional que les es inherente, teniendo como referente la exequibilidad condicionada del artículo 66 de la Ley 270 de 1996, la jurisprudencia de la sección consideró que dicha responsabilidad sí era procedente en los casos en los cuales la decisión de una de dichas corporaciones fuera constitutiva de una vía de hecho, esto es, cuando incurrieran en errores que pudieran ser advertidos sin que se hiciera necesario para ello realizar una labor hermenéutica dispendiosa(41).

En sentencia de 5 de diciembre de 2007(42), la Sala reiteró el criterio fijado en la sentencia proferida el 4 de diciembre de 1997 en relación con la responsabilidad patrimonial del Estado por el error en el que hubieran incurrido las altas cortes y, agregó, que la declaratoria de responsabilidad patrimonial por tales errores no atenta contra la independencia de los jueces ni contra la seguridad jurídica; que dichas corporaciones también incurren en error judicial determinante de la responsabilidad patrimonial del Estado, porque el artículo 90 de la Constitución no hace distinciones y porque estas no son infalibles, y que el Consejo de Estado, que es el tribunal supremo de lo contencioso administrativo, no está limitado por la investidura del juez que incurra en error judicial, al momento de definir la responsabilidad patrimonial del Estado.

Se aclaró en esa providencia —además— que como el caso concreto había ocurrido antes de que entrara en vigencia la Ley 270 de 1996, la decisión de la Sala no estaba condicionada por la interpretación que la Corte Constitucional dio al artículo 66 de esa ley en la Sentencia C-037 de 1996, pero que en todo caso debía tenerse en cuenta que la misma Corte, en Sentencia C-038 de 2006, al resolver sobre la constitucionalidad del artículo 86 del Código Contencioso Administrativo modificado por la Ley 446 de 1998, había variado su posición con respecto a la procedencia de juicios de responsabilidad del Estado por las acciones u omisiones de sus altos dignatarios.

Bajo este entendimiento, para determinar si el juzgador incurrió o no en error judicial debe analizarse la concordancia de la providencia emitida con cada una de los actos desarrollados por las partes durante el proceso, observando con detenimiento los hechos aducidos, el material probatorio aportado y la aplicación del marco normativo realizada por funcionario judicial al caso particular. Dicha posición fue sostenida por la sección en la citada sentencia de 5 de diciembre de 2007(43), de la manera que sigue:

“La Sala precisa que el error judicial siempre está contenido en una providencia judicial, por medio de la cual se pone fin, en forma normal o anormal al proceso, por esta razón el yerro solo se configura cuando se han agotado los recursos previstos en la ley para impugnar la providencia judicial. Su configuración se logra mediante el análisis comparativo entre las fuentes del derecho que rigen la función de administrar justicia y la providencia judicial respecto de la cual se predica el error judicial, a cuyo efecto deberá considerarse también el conjunto de actos procesales que integran el correspondiente proceso.

En efecto, no es dable tomar como hecho independiente o autónomo únicamente la providencia judicial, pues esta debe analizarse mediante el estudio de los otros actos procesales, demanda, contestación, pruebas, etc. Pues solo de esta manera es dable deducir la inconformidad de la providencia con el deber ser definido por el ordenamiento jurídico, en su aspecto sustancial y procedimental. El error judicial no supone la prueba de elementos que cualifiquen la conducta personal del agente estatal, como tampoco calificativos absolutos de inexcusable, garrafal, evidente o injustificado. Ni el artículo 90 de la Constitución, ni las normas legales que han desarrollado la materia, cualifican de esa manera la acción u omisión del Estado determinante de responsabilidad por daños antijurídicos padecidos por causa de una providencia judicial. Cabe por tanto señalar que el error judicial consiste, en realidad, en una verdadera falla en la función de administrar justicia, en el entendido de que no cualquier discordancia entre la realidad fáctica o jurídica del proceso y la providencia judicial determinan este vicio.

Si bien la jurisprudencia nacional exigía un error cualificado ello, como se indicó, respondía a la regulación normativa que traía el referido artículo 40 del Código de Procedimiento Civil, pero este elemento no resulta exigible para definir la responsabilidad del Estado, no solo porque dicha norma fue subrogada por la Ley 270 de 1996, sino porque los límites entre la responsabilidad estatal y la personal del agente están claramente establecidos y, de ellos se infiere, que solo esta última amerita la verificación de las cualificaciones de las conductas del agente estatal. Si bien la vía de hecho comporta un error judicial, no toda decisión que entrañe un error judicial constituye una vía de hecho. De esta manera, una equivocada interpretación de una norma sustancial o una indebida valoración probatoria, que traduzca en la violación del marco normativo que rige la función de administrar justicia, podrá considerarse error judicial aunque no corresponda a una vía de hecho” (...) Para la Corte, la vía de hecho se caracteriza por constituir una desconexión manifiesta entre lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y la actuación del funcionario judicial de que se trate. Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el vicio que se alega como fundamento de la supuesta vía de hecho debe ser evidente o incuestionable, lo cual significa que la falencia, además de constituir una subversión superlativa del orden jurídico debe afectar o vulnerar un derecho fundamental, mediante una operación material o un acto que desborda el ámbito de la decisión judicial. La Sala precisa que el concepto de error judicial que traduce en uno de los supuestos que hace procedente la responsabilidad del Estado por la actuación de sus jueces, no requiere, para su configuración, del cumplimiento de los supuestos que propone la Corte Constitucional para que se dé la vía de hecho. Pero advierte también que, en un caso dado, el concepto de error judicial que ha definido el Consejo de Estado, puede estar vinculado a alguna de las denominadas por la Corte Constitucional —causales de procedibilidad—, esto es a: un defecto sustantivo, orgánico o procedimental, un defecto fáctico, un error inducido, una decisión sin motivación, un desconocimiento del precedente o una violación directa de la Constitución. Sin que sea dable afirmar que el error judicial constitutivo de la responsabilidad que aquí se analiza, solo se configure en presencia de las hoy llamadas por la Corte “Causales de procedibilidad” (destaca la Sala).

Ahora bien, frente a la responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial, se precisa, como lo ha observado la Sección en el pasado, que si bien la Corte Constitucional, en la sentencia de control previo del Proyecto de Ley estatutaria de Administración de Justicia, pareció asimilar el error judicial a la vía de hecho(44), esta identificación es impropia toda vez que, en el caso de la responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial, no se tiene por objeto la conducta subjetiva del agente infractor, sino la contravención al ordenamiento jurídico inmersa en una providencia judicial(45).

Esta diferencia resulta fundamental a efectos de identificar de manera más clara los linderos de la responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial, al descartar cualquier juicio de comportamiento subjetivo y centrar la atención en la decisión judicial que se cuestiona y su confrontación con el ordenamiento jurídico, especialmente con los derechos fundamentales que puedan resultar comprometidos.

Finalmente, vale señalar que en cada caso concreto debe tenerse presente el margen de discrecionalidad judicial que resulta legítimo y servirse de ella, para llevar a cabo el juicio de responsabilidad correspondiente. Como lo ha advertido la Sala, en algunas oportunidades el juez tiene en frente una decisión única, mientras que en otros, aparecen como posibles distintas decisiones razonables; en esta última hipótesis, mal se haría en un juicio de responsabilidad patrimonial en identificar un daño antijurídico como consecuencia de la adopción razonada de la opción judicial por una de las posibles decisiones razonables, todo ello de acuerdo con los presupuestos fácticos existentes en el proceso.

Al respecto se expuso:

“... el denominado “principio de unidad de respuesta correcta o de unidad de solución justa” de los enunciados jurídicos es, apenas, una aspiración de los mismos, la cual podrá, en veces, ser alcanzada, mientras que, en otras ocasiones, no acontecerá así. De ello se desprende que, ante un mismo caso, es jurídicamente posible la existencia de varias soluciones razonables —en cuanto correctamente justificadas— pero diferentes, incluso excluyentes o contradictorias. Tal consideración limita el ámbito dentro del cual puede estimarse que la decisión de un juez incurre en el multicitado error jurisdiccional, toda vez que la configuración de este ha de tener en cuenta que en relación con un mismo punto de hecho, pueden darse varias interpretaciones o soluciones de derecho, todas jurídicamente admisibles en cuanto correctamente justificadas. Entonces, solo las decisiones carentes de este último elemento —una justificación o argumentación jurídicamente atendible— pueden considerarse incursas en error judicial”(46).

En efecto, el error del juez radica en la valoración abiertamente equivocada o la inobservancia de un elemento decisivo e incidente en el proceso, lo cual conlleva a la incorrecta aplicación de la normatividad jurídica al caso de su conocimiento y, por tanto, a proferir en aquel una decisión judicial contraria al ordenamiento jurídico.

Cabe señalar, que los funcionarios judiciales en desarrollo del principio constitucional de independencia y autonomía de los jueces pueden interpretar en diversos sentidos las disposiciones normativas aplicables a un caso, y siempre que lo realicen de manera razonada, coherente y con solidez argumentativa no podrá configurarse un error jurisdiccional(47).

En este mismo sentido la sección ha manifestado(48):

“... la responsabilidad directa por el hecho de los jueces debe partir del reconocimiento de los límites del razonamiento jurídico y, en consecuencia, de que no frente a todos los problemas jurídicos será posible identificar una única respuesta o solución correcta. De hecho, el denominado ‘principio de unidad de respuesta correcta o de unidad de solución justa’ de los enunciados jurídicos es, apenas, una aspiración de los mismos, la cual podrá, en veces, ser alcanzada, mientras que, en otras ocasiones, no acontecerá así. De ello se desprende que, ante un mismo caso, es jurídicamente posible la existencia de varias soluciones razonables —en cuanto correctamente justificadas— pero diferentes, incluso excluyentes o contradictorias. Tal consideración limita el ámbito dentro del cual puede estimarse que la decisión de un juez incurre en el multicitado error jurisdiccional, toda vez que la configuración de este ha de tener en cuenta que en relación con un mismo punto de hecho, pueden darse varias interpretaciones o soluciones de derecho, todas jurídicamente admisibles en cuanto correctamente justificadas. Entonces, solo las decisiones carentes de este último elemento —una justificación o argumentación jurídicamente atendible— pueden considerarse incursas en error judicial”.

(...).

“Por tanto, solo las decisiones judiciales que —sin necesidad de que constituyan una vía de hecho, que determinaría la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales— resulten contrarias a derecho por carecer de una justificación coherente, razonable, jurídicamente atendible, que las provea de aceptabilidad, pueden ser válidamente catalogadas como incursas en error jurisdiccional...” (destaca la Sala).

De otra parte, en lo atinente a la responsabilidad extracontractual del Estado, derivada de la preclusión por vencimiento del término de prescripción de una investigación penal y la consecuente imposibilidad para que la víctima del delito obtenga la reparación de los perjuicios presuntamente causados por la comisión del delito investigado, esta subsección ha considerado que este supuesto se enmarca en la hipótesis consagrada en el artículo 69 de la Ley 270 de 1996(49), es decir, bajo la óptica de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, puesto que, en estos casos, no existe una providencia judicial que se pueda considerar como generadora de un posible y eventual error judicial como tampoco se demanda la privación injusta de la libertad o de algún otro derecho, ni la retención injusta de bienes muebles o inmuebles(50).

4. La determinación de la responsabilidad estatal en el caso concreto.

4.1. Lo probado en el proceso.

Es necesario advertir que la Sala valorará y tendrá en cuenta el proceso penal que se adelantó en contra del señor Arcenio Arévalo Gómez, el cual fue decretado como prueba a petición de la parte demandante, la Fiscalía General de la Nación y de la llamada en garantía.

Ha dicho la Sala que en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas recaudadas dentro de otro proceso es solicitado por ambas partes, estas podrán ser valoradas, aun cuando hayan sido practicadas sin citación o intervención de alguna de ellas en el proceso original y no hayan sido ratificadas en el proceso al cual se trasladan, considerando que, en tales eventos, resultaría contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicitara que la prueba haga parte del acervo probatorio, bien sea por petición expresa o coadyuvancia pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, viniese a invocar la ausencia de formalidades legales para obtener su inadmisión(51).

Así las cosas, en atención al material probatorio obrante en el expediente, recaudado oportunamente y con el lleno de los requisitos legales, se tienen debidamente acreditados los siguientes hechos:

• Que el 19 de septiembre de 1992, en la carrera 68 con calle 68 bis de la ciudad de Bogotá, el señor Hernando Herrera Ramírez resultó atropellado por un camión que era conducido por el señor Arcenio Arévalo Gómez(52).

• Que por estos hechos, el Juzgado 24 Penal Municipal de Bogotá inició la correspondiente acción penal en contra del señor Arcenio Arévalo Gómez, como presunto responsable del delito de lesiones personales(53).

• Que el señor Hernando Herrera Ramírez falleció el 7 de diciembre de 1992, y que la causa de su muerte se debió a un “desequilibrio hidroelectrolítico, secundario a necrosis isquémica de intestino delgado por obstrucción de bridas y torsión de mesenterio” a lo que se anotó como antecedente un accidente de tránsito, según se desprende del contenido del protocolo de necropsia(54) y el correspondiente registro civil de defunción que obran en el expediente(55).

• Que la Fiscalía 105 de la Unidad Segunda de Vida avocó el conocimiento de la investigación el 5 de enero de 1993(56).

• Que a través de Resolución de 22 de junio de 1993(57), se admitió la demanda de constitución de parte civil, incoada por medio de apoderada judicial, por la señora Anatilde Ramírez.

• Que el 26 de enero de 1995 la Fiscalía 26 de la Unidad Segunda de Vida profirió resolución de acusación en contra del señor Arcenio Arévalo Gómez, como presunto autor del delito de homicidio culposo y ordenó la remisión del proceso a los Juzgados Penales del Circuito de Bogotá para la etapa de juzgamiento(58).

• Que la Fiscalía 27 Delegada ante los Tribunales Superiores de Bogotá y Cundinamarca, en providencia de 27 de diciembre de 1995 se abstuvo de resolver el recurso de apelación incoado en contra de la resolución de acusación y ordenó al a quo enviar el asunto a las fiscalías locales, al considerar que estas eran competentes, por tratarse de un delito de lesiones personales. En este sentido se expuso en la providencia(59).

“... en este momento procesal lo único que se encuentra demostrado es que Arcenio Arévalo Gómez, ocasionó con su conducta imprudente, unas lesiones personales a Hernando Herrera Ramírez que ameritaron una incapacidad provisional de 120 días y sin poder probarse que las mismas fueran la causa directa del fallecimiento posterior del lesionado. En consecuencia, el procesado debe responder penalmente, si a ello hubiera lugar, únicamente por este concreto y objetivo hecho.

(...).

Es principio elemental de que nadie puede responder sino por lo que efectivamente realizó, que traducido a la teoría de la imputación objetiva sería “la identificación de un autor como dueña (sic) del resultado típico”.

Así en el caso sub examine Arcenio Arévalo Gómez, solo podrá responder por la lesiones personales que ameritaron incapacidad provisional de 120 días, pues existe duda, la que no podrá absolverse sobre la relación de causalidad entre estas y la muerte de Hernando Herrera Ramírez.

Con base en lo anterior tenemos que el funcionario competente para cerrar y calificar el mérito de la investigación es un fiscal local, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 del código adjetivo penal, careciendo por lo tanto la presente delegada de competencia para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de acusación, al igual que la funcionaria que profirió la misma.

Igualmente acontece con el pronunciamiento sobre las nulidades y las consecuencias procesales que se derivan de la misma, pues estas son exclusivas del funcionario competente, por lo que este despacho se abstendrá de resolver la impugnación y ordenará se remita de inmediato el plenario al Fiscal 26 Delegado ante los jueces del circuito, para que por su conducto se envíe todo el encuadernamiento a los fiscales locales, para que a quien corresponda obre de conformidad”.

• Que el 15 de noviembre de 1996 la Fiscalía Local 276 de la Unidad Tercera de Lesiones Personales profirió resolución de acusación en contra del señor Arcenio Arévalo Gómez, como presunto autor del delito de lesiones personales en la persona de Hernando Herrera Ramírez y ordenó la remisión del proceso a los juzgados penales municipales de Bogotá para la etapa de juzgamiento(60).

• Que la Fiscalía 27 Delegada ante los Tribunales Superiores de Bogotá y Cundinamarca, en providencia de 31 de marzo de 1997 confirmó en su integridad la resolución de acusación proferida en contra del señor Arcenio Arévalo Gómez, como presunto autor del delito de lesiones personales, siendo ofendido el señor Hernando Herrera Ramírez(61).

• Que el Juzgado 32 Penal Municipal de Bogotá, en sentencia dictada el 28 de octubre de 1997(62), absolvió al señor Arcenio Arévalo Gómez, como presunto autor del delito de lesiones personales ocasionadas al señor Hernando Herrera Ramírez.

• Que el 30 de enero de 1998(63), el Juzgado 11 Penal del Circuito de Bogotá, con ocasión del recurso de apelación formulado por la parte civil en contra de la mencionada sentencia absolutoria de primera instancia, declaró la nulidad de todo lo actuado a partir de la resolución de cierre de la investigación y ordenó la remisión del proceso al despacho remitente para lo de su cargo, al considerar configurada una irregularidad de carácter procesal.

• Que a través de providencia del 4 de septiembre de 1998(64), la Fiscalía 26 Delegada de la Unidad Segunda de Vida ante los Juzgados Penales del Circuito de Bogotá profirió resolución de acusación en contra del señor Arcenio Arévalo Gómez, como presunto responsable del delito de homicidio culposo en accidente de tránsito, decisión que fue recurrida en apelación por parte del defensor del sindicado(65).

• Que la Fiscalía 26 Delegada ante los Tribunales Superiores de Bogotá y Cundinamarca, mediante providencia de 24 de junio de 1996(66), declaró la prescripción de la acción penal a favor del sindicado Arcenio Arévalo Gómez, por considerar que se había superado el término de 6 años, aplicable al caso(67), sin que existiera en el proceso una resolución de acusación ejecutoriada en su contra.

4.2. El cuestionamiento sobre la “representación por pasiva” frente al Ministerio de Justicia y del Derecho.

Teniendo en consideración que en el recurso de apelación se cuestionó el fallo de primera instancia, por haber declarado probada la excepción de “indebida representación por pasiva” frente al Ministerio de Justicia y del Derecho, debe establecer la Sala, en primer término, si en efecto la entidad está llamada a ejercer la representación judicial en el sub lite, donde se pretende la declaración de responsabilidad patrimonial de la Nación - rama judicial - Fiscalía General de la Nación.

En primer lugar, debe recordarse que la demanda fue presentada el 21 de junio de 200(68), en vigencia de la Ley 270 de 1996, momento para el cual el citado Ministerio ya no ejercía la representación de la Nación en procesos de responsabilidad del Estado por el hecho de los funcionarios judiciales(69), toda vez que en el artículo 99 numeral 8º de la mencionada Ley 270 de 1996 se consagró la representación judicial de la rama judicial en cabeza del director ejecutivo de administración judicial(70).

De otra parte, con la entrada en vigencia de la Ley 446 de 1998, se radicó en el Fiscal General la representación de la Nación en los procesos judiciales en los que se discutan los hechos o actos de sus agentes, y esa norma no contradijo lo dispuesto por la ley estatutaria de administración de justicia, comoquiera que la Corte Constitucional(71) sostuvo que la representación del director ejecutivo es general para la rama judicial, y la facultad concedida al fiscal era especial, para la Fiscalía General(72).

Es así como la demanda fue debidamente notificada a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial(73) y a la Fiscalía General de la Nación(74), entidades facultadas por la ley estatutaria y la Ley 446 de 1998 para ejercer la representación de la rama judicial y la Fiscalía General de la Nación, respectivamente(75).

Lo anterior conlleva a que en el presente caso, en efecto, el ministerio demandado no ostente la representación judicial de la rama judicial, ni de la Fiscalía General de la Nación, lo que, a diferencia de lo señalado por el a quo, comporta, además, la configuración de una falta de legitimación por pasiva respecto del citado Ministerio, que en términos de la jurisprudencia de la Sala, acarrea la denegación de las pretensiones formuladas en su contra(76), de modo que, en este sentido, el fallo apelado será objeto de modificación en esta providencia.

4.3 El error judicial que se alega en el caso concreto.

La demandante pretende que se declare que la Fiscalía General de la Nación incurrió en un error judicial, derivado del criterio que, en segunda instancia, expuso la Fiscal 27 Delegada ante los Tribunales Superiores de Bogotá y Cundinamarca en Resolución del 27 de diciembre de 1995, cuando en el marco de la investigación adelantada en contra del señor Arcenio Arévalo Gómez se abstuvo de resolver un recurso de apelación incoado en contra de la resolución de acusación y ordenó al a quo enviar el asunto a las fiscalías locales, al considerar que estas eran competentes, por tratarse de un delito de lesiones personales.

Como ya se expuso en precedencia, el artículo 67 de la Ley 270 de 1996 dispone que para la procedencia de la reparación derivada del error jurisdiccional, es preciso que: (i) el afectado hubiere interpuesto los recursos de ley, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando esta se produzca en virtud de una providencia judicial y (ii) que la providencia contentiva de error esté en firme.

En punto a la verificación de estos dos requisitos, debe anotarse que a la luz del Código de Procedimiento Penal vigente a la fecha de la providencia cuestionada —D.L. 2700/91—, esta carecía de recursos, pues se trataba de una decisión interlocutoria adoptada en segunda instancia, mientras que las providencias pasibles de los recursos ordinarios de reposición y apelación eran las de sustanciación que debían notificarse, las interlocutorias de primera o única instancia y las sentencias de primera instancia(77).

Ahora bien, en cuanto al fondo del asunto, necesario es recordar que esta subsección ha considerado que el error judicial debe estar contenido, por regla general, en una providencia judicial que de manera normal o anormal ponga fin al proceso(78), ya que en estos eventos el yerro solo se configura cuando se han agotado los recursos previstos en la ley para impugnar la providencia judicial, de manera que esta no debe ser analizada en forma aislada, sino en relación con los demás actos procesales.

En aplicación de este criterio, en el sub lite no es posible analizar la existencia del supuesto error judicial endilgado en la demanda, comoquiera que la providencia rebatida no puso fin al proceso y, finalmente, durante el transcurso del mismo, se llegó a la calificación del delito que prohijaba la parte civil —hoy demandante en este asunto—, es decir, el enjuiciamiento de un homicidio culposo cometido por el señor Arcenio Arévalo Gómez, tal como se desprende de la resolución de acusación que por este delito fue dictada el 4 de septiembre de 1998(79), por la Fiscalía 26 Delegada de la Unidad Segunda de Vida ante los Juzgados Penales del Circuito de Bogotá.

En vista de lo anterior, la responsabilidad edificada por la parte actora sobre la base de un error judicial, no se encuadra dentro de las previsiones contenidas en el artículo 67 de la Ley 270 de 1996, razón suficiente para desestimar las pretensiones, en lo que a este aspecto se refiere.

4.4. La responsabilidad patrimonial del Estado por el vencimiento de los términos en la instrucción penal llevada a cabo por la muerte del señor Hernando Herrera Ramírez.

En atención a lo expuesto en la demanda, encuentra la Sala que la responsabilidad patrimonial reclamada igualmente se apoyó en un segundo argumento, relativo a la dilación del proceso, lo que, a la postre, conllevó a que se declarara la preclusión de la investigación a favor del sindicado por la prescripción de la acción penal, situación que, a su vez, le habría impedido a la señora Anatilde Ramírez, constituida en parte civil en el citado proceso penal, acceder a la reparación de los perjuicios sufridos por la conducta del sindicado, señor Arcenio Arévalo Gómez, como presunto homicida de su hijo.

Como ya se expuso en acápite anterior, tal cuestionamiento se enmarca en el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, hipótesis consagrada en el artículo 69 de la Ley 270 de 1996, ya que, por un lado, no se objeta en la demanda la resolución mediante la cual se declaró la prescripción de la acción penal como contentiva de un error judicial, tampoco se demanda la privación injusta de la libertad o de algún otro derecho, ni la retención injusta de bienes muebles o inmuebles.

En este sentido, la parte actora alega que la preclusión de la instrucción penal objeto de la demanda que aquí se estudia, le habría impedido obtener la reparación patrimonial de los perjuicios que sufrió como consecuencia de una posible conducta delictiva del señor Arcenio Arévalo Gómez, por lo que se colige que estructuró su pretensión en torno a la pérdida de la oportunidad de obtener reparación por los mencionados perjuicios.

En vista de lo anterior, es necesario recordar cómo para que el daño sea indemnizable, el mismo debe ser personal, directo y cierto. Que el perjuicio sea cierto implica establecer fehacientemente la relación causal entre este y el daño(80), y en el presente caso, para que el daño sea cierto, de la situación fáctica se debe desprender la total imposibilidad de la señora Anatilde Ramírez de obtener el resarcimiento de los perjuicios en un escenario distinto al de la constitución de parte civil en el proceso penal; de ser negativa la respuesta a tal interrogante, se podrá tomar el daño como cierto.

Ahora bien, en cuanto a la certeza del daño y la responsabilidad estatal derivada del vencimiento de los términos en la instrucción penal llevada a cabo por la muerte del señor Hernando Herrera Ramírez, es del caso señalar que, con ocasión de un caso similar, esta subsección se ocupó de estudiar esta temática, y en sentencia de 30 de enero de 2013(81), tras analizar la normatividad que sobre el particular se consagró en los Códigos Civil, Penal —D.L. 100/80— y de Procedimiento Penal —D.L. 2700/91—, igualmente aplicables al presente asunto, coligió de ella varias reglas, en los siguientes términos:

“... en primer lugar resulta claro que la comisión de un hecho punible puede traer consigo efectos patrimoniales respecto de ciertas personas; que estas cuentan con dos cauces procesales en aras de obtener el resarcimiento de los perjuicios que se les hubieren causado: la acción civil —cuya caducidad es de 20 años si se incoa de manera independiente— y la constitución de parte civil en el proceso penal —en cuyo caso, la prescripción se iguala a la de la acción penal—; finalmente se tiene que la extinción de la acción penal no extingue los derechos patrimoniales que se hayan podido producir, los cuales se podrán ventilar ante la jurisdicción ordinaria”.

De igual manera, concluyó la Sala que, si la responsabilidad patrimonial por la comisión de un delito se debate en el marco de un proceso penal, su declaratoria se encuentra necesariamente ligada a la condena efectiva por la comisión del delito, mientras que si dicha pretensión se ventila en un proceso ordinario de responsabilidad civil, la declaratoria de responsabilidad y la consecuente condena no dependen de una condena en tal sentido. Es decir, las pretensiones de la parte civil en un proceso penal dependen del alea propia del mismo proceso en cuanto al reconocimiento de la responsabilidad penal como requisito previo e indispensable para acceder a las pretensiones resarcitorias(82).

En virtud de lo anterior, es claro que el ordenamiento jurídico colombiano consagró dos cauces procesales adecuados, independientes y principales para obtener el resarcimiento de los perjuicios derivados de una conducta punible, en ese sentido, la finalidad de ambos instrumentos es la misma; sin embargo, pueden presentarse casos de prejudicialidad en materia penal, pero solo en las hipótesis contempladas por el artículo 57 del Decreto-Ley 2700 de 1991, en los siguientes términos:

“ART. 57.—Efectos de la cosa juzgada penal absolutoria. La acción civil no podrá iniciarse ni proseguirse cuando se haya declarado, por providencia en firme, que el hecho causante del perjuicio no se realizó o que el sindicado no lo cometió o que obró en estricto cumplimiento de un deber legal o en legítima defensa”.

Así, cuando el resultado del proceso penal sea una declaración en alguno de los sentidos reseñados no será viable darle prosperidad a las pretensiones resarcitorias de la parte civil. Dado que en el caso que ocupa a la Sala en esta oportunidad, la preclusión de la investigación tuvo como causa la prescripción de la acción penal, la señora Anatilde Ramírez se encontraba facultada por el ordenamiento jurídico para perseguir los perjuicios alegados en un proceso ordinario de carácter civil(83).

En el mismo sentido, mientras que el término de prescripción de la demanda civil en el proceso penal se encuentra ligado a lo que el ordenamiento jurídico haya consagrado para la conducta que origina el daño —para el caso concreto, 6 años a partir de la comisión del presunto punible de homicidio culposo—, en el caso de la acción civil ante los jueces civiles, el término de la prescripción estará regido por la norma especial que lo consagre y, en su defecto(84), por lo normado en el artículo 2536 del Código Civil, cuya redacción vigente al momento de los hechos objeto de la demanda que ahora se decide en segunda instancia, determinó:

“ART. 2536.—La acción ejecutiva se prescribe por diez años, y la ordinaria por veinte.

“La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de diez años, y convertida en ordinaria durará solamente otros diez”.

Tal previsión normativa debe avenirse con lo dispuesto por los artículos 108 y 109 del Código Penal vigente para la época en que se cometió el presunto delito:

“ART. 108.—Prescripción de la acción civil. La acción civil proveniente del delito prescribe en veinte (20) años si se ejercita independientemente del proceso penal y en tiempo igual al de la prescripción de la respectiva acción penal, si se adelanta dentro de este(85).

“ART. 109.—Obligaciones civiles y extinción de la punibilidad. Las causas de extinción de la punibilidad no comprenden las obligaciones civiles derivadas del hecho punible”.

Aplicados los anteriores criterios al sub lite, se tiene que si bien la señora Anatilde Ramírez se constituyó como parte civil en el proceso penal adelantado por el presunto delito de homicidio culposo contra el señor Arcenio Arévalo Gómez y que dicha instrucción terminó con la declaratoria de preclusión de la investigación por prescripción de la acción penal, el daño alegado por la señora Ramírez no puede tenerse por cierto en atención a dos razones fundamentales:

La primera, tiene que ver con el carácter incierto de las resultas del proceso penal surtido contra el señor Arcenio Arévalo Gómez. En efecto, el proceso adelantado por la Fiscalía General de la Nación se encontraba en la etapa de calificación del sumario, de modo que faltaba la fase de juzgamiento. Es decir, el señor Arévalo Gómez bien hubiere podido argumentar y probar la existencia de una causal eximente de responsabilidad, de atipicidad de la conducta, de ausencia de autoría o de inexistencia del hecho punible, argumentos que debía resolver el juez en la debida oportunidad; en este sentido el carácter incierto del daño se deriva de la posible ocurrencia de los aleas normales de toda actuación judicial y particularmente de los procesos penales.

Este aserto se deduce con más claridad al analizar las diferentes etapas en el proceso penal consagrado en el Decreto-Ley 2700 de 1991. En efecto, la calificación del sumario debía darse cuando se hubiera recaudado la prueba necesaria para calificar o estuviera vencido el término de instrucción, sin que fuese requisito de procedencia la prueba exhaustiva de la totalidad de las circunstancias debatidas en el proceso(86), más aún, en la etapa de juzgamiento el expediente quedaba a disposición de las partes para preparar la audiencia pública, solicitar la declaratoria de nulidades producidas en la fase anterior y pedir pruebas(87).

Como puede apreciarse, las partes en el proceso penal todavía disponían de diversos mecanismos procesales para evitar una sentencia condenatoria, de manera que no es posible considerar que la condena por el delito de homicidio culposo al señor Arévalo Gómez hubiere sido cierta o segura de no haber ocurrido la prescripción de la acción penal; al contrario, tal seguridad solo se puede derivar de la ejecutoria de la correspondiente sentencia definitiva en el proceso penal; tampoco es dable afirmar que la condena civil en el marco del mencionado proceso penal tuviera un carácter inevitable, puesto que ella se encontraba sometida a lo que hubiere encontrado probado en el expediente el juez de la causa.

La segunda razón tiene que ver con el hecho de que la señora Anatilde Ramírez tuvo la posibilidad real de acudir a la jurisdicción civil para que, a través de un proceso ordinario de responsabilidad extracontractual, se ordenara el pago de los perjuicios derivados de la conducta del señor Arévalo Gómez. Es decir, el solo hecho de la prescripción de la acción penal por homicidio culposo respecto del sindicado no le da carácter de cierto al daño, puesto que en casos como el presente, se requiere que el particular haya perdido cualquier oportunidad de obtener el resarcimiento solicitado como parte civil en el proceso penal por la conducta activa u omisiva de la entidad pública demandada, lo cual no ocurrió en el sub lite.

En este sentido, en la mencionada providencia de 30 de enero de 2013, la Subsección estimó que esta valoración debía realizarse a la luz del criterio acogido por la Sala en torno a la pérdida de oportunidad(88), cuya configuración, en cada caso concreto, gira en torno a tres criterios, a saber:

“(i) Certeza respecto de la existencia de una oportunidad que se pierde, aunque la misma envuelva un componente aleatorio, lo cual significa que esta modalidad de daño da lugar a un resarcimiento a pesar de que el bien lesionado no tiene la entidad de un derecho subjetivo —pues se trata de un mero interés legítimo, de la frustración de una expectativa, sin que ello suponga que se trata de un daño puramente eventual—, siempre y cuando se acredite inequívocamente la existencia de ‘una esperanza en grado de probabilidad con certeza suficiente’(89) de que de no haber ocurrido el evento dañoso, la víctima habría mantenido la expectativa de obtener la ganancia o de evitar el detrimento correspondientes(90);

(ii) Imposibilidad definitiva de obtener el provecho o de evitar el detrimento, vale decir, la probabilidad de obtener la ventaja debe haberse convertido en inexistente, pues si la consolidación del daño dependiera aún del futuro, se trataría de un perjuicio eventual e hipotético, no susceptible del reconocimiento de una indemnización que el porvenir podría convertir en indebida(91); lo expuesto se antoja lógico en la medida en que si el resultado todavía puede ser alcanzado, el “chance” aún no estaría perdido y nada habría por indemnizar; por tanto, si bien se mantiene la incertidumbre respecto de si dicho resultado se iba a producir, o no, la probabilidad de percibir la ganancia o de evitar el perjuicio sí debe haber desaparecido definitivamente del patrimonio —material o inmaterial— del individuo porque dichos resultados ya no podrán ser alcanzados jamás.

Tal circunstancia es la que permite diferenciar la ‘pérdida de oportunidad’ del ‘lucro cesante’ como rubros diversos del daño, pues mientras que la primera constituye una pérdida de ganancia probable —dado que, según se ha visto, por su virtud habrán de indemnizarse las expectativas legítimas y fundadas de obtener unos beneficios o de evitar una pérdida que por razón del hecho dañoso nunca se sabrá si habrían de conseguirse, o no—, el segundo implica una pérdida de ganancia cierta —se dejan de percibir unos ingresos que ya se tenían(92)—;

(iii) La víctima debe encontrarse en una situación potencialmente apta para pretender la consecución del resultado esperado, es decir que debe analizarse si el afectado realmente se hallaba, para el momento en el cual ocurre el hecho dañino, en una situación tanto fáctica como jurídicamente idónea para alcanzar el provecho por el cual propugnaba, posición jurídica que ‘no existe cuando quien se pretende damnificado, no llegó a emplazarse en la situación idónea para hacer la ganancia o evitar la pérdida’”(93).

Descendiendo al caso concreto, encuentra la Sala que no se cumplen los señalados criterios (ii) y (iii), puesto que, por un lado, la señora Ramírez no se encontraba en una situación de “imposibilidad definitiva” de obtener el resarcimiento esperado y, por el otro, tampoco se puede considerar, que en este caso la sola existencia de la resolución de acusación fuera requisito suficiente para que se encontrara probado el punible que se investigaba.

Como corolario de lo anterior, debe señalarse que el presunto daño invocado en la demanda, como consecuencia de la dilación del proceso penal y la posterior declaración de prescripción de la acción penal, no tiene el carácter de cierto, por lo que la responsabilidad patrimonial endilgada con base en esta circunstancia tampoco encuentra sustento, lo que impone confirmar la sentencia apelada, pero por las precisas razones expuesta en esta providencia.

5. No hay lugar a condena en costas.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto-Ley 1 de 1984, como fuera modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. MODIFICAR la sentencia proferida el 16 de junio de 2004, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección B, de conformidad con los precisos argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia, por lo que la parte resolutiva quedará así:

“Primero: SE NIEGAN las pretensiones de la demanda.

Segundo: sin condena en costas”.

2. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(28) Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y fijó la competencia funcional para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía. Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

(29) Normatividad aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

(30) Sentencia del 14 de agosto de 1997. Expediente 13.258. C.P. Ricardo Hoyos Duque, criterio reiterado por esta subsección en sentencia de 20 de mayo de 2013. Expediente 27.229.

(31) Mediante la cual la Fiscalía Delegada ante los Tribunales Superiores de Bogotá y Cundinamarca resolvió abstenerse de resolver un recurso de apelación y devolver el proceso a la Fiscalía Delegada ante los Jueces del Circuito de Bogotá, para, por su conducto, enviarla a las fiscalías locales en punto a investigar el delito de lesiones personales.

(32) Folios 1 y 10 vto. del cuaderno principal 1.

(33) Expediente 21.515.

(34) Publicada en el Diario Oficial 42.745 de 15 de marzo de 1996.

(35) Este criterio fue expuesto recientemente por la Sala en sentencia de 11 de septiembre de 2011, Expediente 18913.

(36) Sentencia de 22 de noviembre de 2001, Expediente 13.164. C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(37) En la Sentencia C-037 de 1996, la Corte Constitucional razonó en los siguientes términos:

“Sobre el particular, entiende la Corte que la Constitución ha determinado un órgano límite o una autoridad máxima dentro de cada jurisdicción; así, para la jurisdicción constitucional se ha previsto a la Corte Constitucional (C.N., art. 241), para la ordinaria a la Corte Suprema de Justicia (C.N., art. 234), para la contencioso administrativa al Consejo de Estado (C.N., art. 237) y para la jurisdiccional disciplinaria a la correspondiente sala del Consejo Superior de la Judicatura (C.N., art. 257). Dentro de las atribuciones que la Carta le confiere a cada una de esas corporaciones, quizás la característica más importante es que sus providencias, a través de las cuales se resuelve en última instancia el asunto bajo examen, se unifica la jurisprudencia y se definen los criterios jurídicos aplicables frente a casos similares. En otras palabras, dichas decisiones, una vez agotados todos los procedimientos y recursos que la ley contempla para cada proceso judicial, se tornan en autónomas, independientes, definitivas, determinantes y, además, se convierten en el último pronunciamiento dentro de la respectiva jurisdicción. Lo anterior, por lo demás, no obedece a razón distinta que la de garantizar la seguridad jurídica a los asociados mediante la certeza de que los procesos judiciales han llegado a su etapa final y no pueden ser revividos jurídicamente por cualquier otra autoridad de la rama judicial o de otra rama del poder público.

En virtud de lo anterior, la Corte juzga que la exequibilidad del presente artículo debe condicionarse a que no es posible reclamar por la actuación de las altas corporaciones de la rama judicial, una responsabilidad del Estado a propósito del error jurisdiccional, pues ello equivaldría a reconocer que por encima de los órganos límite se encuentran otros órganos superiores, con lo cual, se insiste, se comprometería en forma grave uno de los pilares esenciales de todo Estado de derecho, cual es la seguridad jurídica (...)”.

(38) Sentencia de 23 de abril de 2008, Expediente 16.2741. C.P. Ruth Stella Correa.

(39) Expediente 22.322. CP. Ruth Stella Correo.

(40) Sentencia de 27 de abril de 2006, Expediente 14.837

(41) Sentencia de 4 de septiembre de 1997, Expediente 10.285, C.P. Ricardo Hoyos Duque. Se dijo en la sentencia: “La exequibilidad condicionada de la Corte Constitucional debe entenderse, entonces, desde la misma perspectiva que ha manejado esa corporación respecto de lo procedencia de la tutela contra providencias judiciales cuando la autoridad pública investida de la potestad de administrar justicia ha incurrido en vía de hecho; es decir, que solo excepcionalmente será admisible la responsabilidad patrimonial del Estado derivada del error judicial cometido por las ollas corporaciones de justicia y demás tribunales y juzgados en los eventos en que este sea absolutamente evidente y no se requiera realizar ninguna labor hermenéutica para hallarlo configurado”.

(42) Sentencia de 5 de diciembre de 2007, Expediente 15.128. C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(43) Sentencia de 5 de diciembre de 2007, Expediente 15.128, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(44) Corte Constitucional. Sentencia C-037 de 1996. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(45) En este sentido, pueden consultarse las siguientes providencias: sentencia de 28 de enero de 1999, Expediente 14399; C.P. Daniel Suárez Hernández; sentencia de 10 de mayo de 2001, Expediente 12719, C.P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de 2 de mayo de 2007, Expediente 15.576. C.P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 5 de diciembre de 2007, Expediente 15.128, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(46) Sentencia de 2 de mayo de 2007. Expediente 15776. C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(47) En la mencionada sentencia de 5 de diciembre de 2007, Expediente 15.128, se precisó: “El error del juez no es entonces el que se traduce en uno diferente interpretación de la ley o menos que sea irrazonable; es aquel que comporta el incumplimiento de sus obligaciones y deberes, sea porque no aplicó la ley vigente, porque desatiende injustificadamente los precedentes jurisprudenciales o los principios que integran la materia, porque se niega injustificadamente a decir el derecho o porque no atiende los imperativos que rigen el debido proceso, entre otros”.

(48) Sentencia de 2 de mayo de 2007, Expediente 15.576.

(49) En este sentido se puede consultar la sentencia de 30 de enero de 2013, Expediente 23769, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(50) En auto de 15 de diciembre de 2011, Expediente 40425, la Subsección B de la Sección Tercera se refirió al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en los siguientes términos:

“El artículo 69 de la Ley 270 de 1996 establece que cuando el daño no proviene de un error judicial o de la privación injusta de la libertad, el título de imputación jurídica radica en el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Dentro de ese concepto están comprendidos todos los acciones u omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de lo función de impartir justicia en que incurran, no solo los funcionarios, sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales, los agentes y los auxiliares judiciales.

En conclusión, los daños causados por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia provienen de todas aquellas acciones y omisiones que se den durante el trámite del proceso y que no provengan de un error jurisdiccional o de la privación injusta de la libertad”.

(51) Sentencia de febrero 21 de 2002, Expediente 12.789.

(52) En este sentido, obra el correspondiente informe de accidente de tránsito a folios 3 y 4 del cuaderno que contiene la copio auténtica del proceso penal.

(53) Tal como se dispuso en auto de 22 de septiembre de 1992, obrante a folio 9 del cuaderno que contiene la copia auténtica del proceso penal.

(54) Folio 65 y vto. del cuaderno que contiene la copia auténtica del proceso penal y folio 2 del cuaderno de pruebas.

(55) Folio 69 del cuaderno que contiene la copia auténtica del proceso penal y folio 5 del cuaderno de pruebas.

(56) Según resolución de esa fecha, obrante a folio 58 del cuaderno que contiene la copia auténtica del proceso penal.

(57) Obrante a folios 111 y 112 del cuaderno que contiene la copia auténtica del proceso penal.

(58) Folios 234 a 238 del cuaderno que contiene la copia auténtica del proceso penal.

(59) Folios 294 a 302 del cuaderno que contiene la copia auténtica del proceso penal.

(60) Folios 272 a 283 del cuaderno que contiene la copia auténtica del proceso penal.

(61) Folios 309 a 313 del cuaderno que contiene la copia auténtica del proceso penal.

(62) Folios 460 a 472 del cuaderno que contiene la copia auténtica del proceso penal.

(63) Folios 368 a 374 del cuaderno que contiene la copia auténtica del proceso penal.

(64) Folios519 a 528 del cuaderno que contiene la copia auténtica del proceso penal.

(65) Folios 533 y 534 del cuaderno que contiene la copia aulén1ica del proceso penal.

(66) Folios 321 a 325 del cuaderno que contiene la copia auténtica del proceso penal.

(67) Señaló la Fiscalía que, a la luz de la normatividad vigente la acción penal prescribía en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley si fuere privativa de la libertad, término que en el caso del homicidio culposo era de seis años.

(68) Folios 1 y 10 vto. del cuaderno principal 1.

(69) La representación legal de la Nación en procesos de responsabilidad del Estado por el hecho de los funcionarios judiciales —jueces y fiscales—, antes de la vigencia del artículo 99 de la Ley 270 de 1996, correspondía al Ministerio de Justicia y del Derecho, tal y como lo señaló originalmente el artículo 149 del Código Contencioso Administrativo.

(70) Dice la norma: “Son funciones del director ejecutivo de administración judicial (...) 8. Representar a la Nación - rama judicial en los procesos judiciales paro lo cual podrá constituir apoderados especiales...”.

(71) Al respecto, consultar la Sentencia C-523 de 2002.

(72) La Sala Plena de la Sección Tercero hizo esta precisión en la sentencia de unificación de 25 de septiembre de 2013, Expediente 20420A, C.P. Enrique Gil Botero.

(73) Folio 24 del cuaderno principal 1.

(74) Folio 25 del cuaderno principal 1.

(75) Ver las sentencias de 7 de julio de 2011, Expediente 20.724 y de 11 de agosto de 2011, Expediente 21801. Al respecto puede consultarse igualmente la sentencia de 15 de abril de 2010, Expediente 18.284.

(76) En sentencia de 13 de febrero de 2013, Expediente 25.085, esta subsección reiteró lo expuesto por la Sección Tercera en sentencia del 23 de octubre de 1990, Expediente 6054, en los siguientes términos: “La legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activo o por pasivo) de lo pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorgó el derecho para postular determinadas pretensiones. Cuando ella falle bien en el demandante o bien en el demandado, lo sentencio no puede ser inhibitorio sino desestimatorio de las pretensiones aducidos, pues querrá decir que quien las adujo o la persona contra las que se adujeron no eran las titulares del derecho o de lo obligación correlativo alegado”.

(77) En este sentido el Decreto-Ley 2700 de 1991 consagró: “ART. 199.—reposición. Salvo las excepciones legales, el recurso de reposición procede contra las providencias de sustanciación que deban notificarse y contra las interlocutorias de primera o única instancia”.

“ART. 202.—Procedencia de la apelación. Salvo disposición en contrario, el recurso de apelación procede contra la sentencia y las providencias interlocutorias de primera instancia” (se destaca).

(78) Al respecto consular la sentencia de 23 de febrero de 2012, Expediente 22881, C.P. Hernán Andrade Rincón, en la cual se reiteró el mismo criterio expuesto en la sentencia de 5 de diciembre de 2007, Expediente 15.128, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(79) Folios 519 a 528 del cuaderno que contiene la copia auténtica del proceso penal.

(80) La doctrina ha señalado que “El carácter cierto del daño, permite constatar que este sea pasado, presente o futuro, y habrá certidumbre del mismo cuando aparezca con evidencia que produjo o producirá una disminución o lesión material o inmaterial en el patrimonio de quien lo sufre, es decir, no podrá ser resarcido lo eventual, hipotético o posible”. Gil Botero Enrique. Temas de responsabilidad extracontractual del Estado. Tercera Edición 2006. Librería Jurídica Comlibros, página 70.

(81) Expediente 23769, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(82) Ibídem.

(83) Al respecto lo doctrino nacional ha afirmado que:

“... es de señalar que el artículo 57 del CPP en momento alguno refiere, como al parecer equivocadamente lo entiende Tamayo Jaramillo, que tiene efectos de cosa juzgada absolutoria la decisión ejecutoriada que declara que el delito causante del perjuicio no ocurrió o que ese delito causante del perjuicio no lo cometió el sindicado. Repárese que allí, si bien es cierto se dice algo parecido, en todo caso se trata de algo distinto, pues lo que literalmente expresa es que hay lugar o hablar de cosa juzgada frente al tema civil cuando se declare que el hecho no ocurrió o que no lo cometió el sindicado, y ciertamente no es lo mismo afirmar que el delito no ocurrió o afirmar que el hecho causante del perjuicio no ocurrió; en otros palabras, si el delito no ocurrió pero sí ocurrió el hecho que causó el perjuicio no se ve cómo pueda predicarse la cosa juzgada penal absolutoria” (Gaviria Londoño, Vicente, Lo acción civil en el proceso penal colombiano, 2ª edición, Universidad Externado de Colombia, 2011, p. 196).

(84) Para Javier Tamayo Jaramillo:

“El artículo 2538 del Código Civil pretende regular los plazos de prescripción extintiva en los casos de responsabilidad extracontractual. Sin embargo, la norma solo se refiere a lo prescripción de las acciones en responsabilidad civil aquiliana derivada de ilícitos penales y a la prescripción, de los acciones en responsabilidad civil por el hecho ajeno; en consecuencia, los otros casos de responsabilidad civil extracontractual deben regirse, en cuanto a la prescripción, por lo dispuesto en el principio general consagrado en el artículo 2536 del Código Civil y en normas especiales” (Tratado de responsabilidad civil, T. II, 2ª edición, Temis. 2011, p. 280).

(85) Frente al particular no sobra recalcar lo afirmado por la Sala en torno a las diferencias entre los conceptos de prescripción y caducidad:

“A pesar de que antes del 8 de julio de 1998 e acudió o la figura de la prescripción en los procesos ejecutivos contractuales ante la inexistencia de una disposición legal que señalara el término de caducidad para la acción ejecutiva contractual, lo cierto es que se trata de conceptos diferentes, en tanto la caducidad es un fenómeno procesal, mientras que lo prescripción es de carácter sustancial y, por tanto no se pueden confundir. La Sección Tercera ha explicado el tema, así:

“La caducidad se refiere a la extinción de la acción, mientras que la prescripción a la del derecho; lo primer debe ser alegada, mientras que la caducidad opera ipso iure; lo prescripción es renunciable, mientras que la caducidad no lo es, en ningún caso, y mientras que los términos de prescripción pueden ser suspendidos o interrumpidos, los de caducidad no son susceptibles de suspensión, salvo expresa norma legal, como es el caso de la conciliación prejudicial establecida en la Ley 640 de 2001.

Queda claro, pues, que se trata de dos figuras que regulan fenómenos diferentes y, que, en consecuencia, no es posible aplicar los normas que regulan la prescripción a la caducidad, o viceversa (...)”.

“Como se advirtió, en un principio se utilizó la figuro de la prescripción de las acciones judiciales para determinar si una demanda ejecutiva se presentaba en tiempo: dicha institución está consagrada en el artículo 2.51 del Código Civil, que la define como un modo de adquirir las cosas o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por no haber ejercido las acciones y derechos durante cierto tiempo (C.E., Sec. Tercera, auto, mayo 26/2010. Exp. 25803).

(86) “ART. 438.—Cierre de la investigación. <Artículo modificado por el artículo 56 de la Ley 81 de 1993. El nuevo texto es el siguiente:> En ningún caso podrá cerrarse lo investigación si no se ha resuelto la situación jurídica del procesado.

Cuando se haya recaudado la prueba necesaria para calificar o vencido el término de instrucción, mediante providencia de sustanciación que se notificará personalmente, la cual solo admite el recurso de reposición, se declarará cerrada la investigación y se ordenará que el expediente pase al despacho para su calificación.

Ejecutoriada la providencia de cierre de investigación, se ordenará traslado por ocho (8) días a los partes, para presentar las solicitudes que consideren necesarias con relación a las pretensiones sobre la calificación que deba adoptarse. Vencido el término anterior, lo calificación se verificará en un plazo máximo de quince (15) días hábiles” (se destaca).

(87) “ART. 446.—Traslado para preparación de la audiencia. Al día siguiente de recibido el proceso, previo constancia secretarial, el expediente quedará a disposición común de los sujetos procesales por el término de treinta días hábiles, para preparar la audiencia pública, solicitar las nulidades que se hayan originado en la etapa de instrucción que no se hayan resuelto y las pruebas que sean conducentes”.

(88) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de 2010, Expediente. 18593.

(89) Cita textual del fallo: Trigo Represas, Félix Alberto, Pérdida de chance presupuestos. Determinación. Cuantificación, Astrea, Buenos Aires, 2008, pp. 38-39.

(90) Cita textual del fallo: a este respecto se ha sostenido que “... la chance u oportunidad, es uno posibilidad concreta que existe para obtener un beneficio. El incierto es el beneficio pero la posibilidad de intervenir es concreta, pues existe de forma indiscutible. Por eso sostenemos que existe daño jurídicamente indemnizable cuando se impide esa oportunidad a esa chance: se presenta el daño... Las dificultades pueden presentarse en la evaluación, porque lógicamente esa no puede ser la del beneficio que posiblemente se habría obtenido sino otro muy distinto” (énfasis añadido). Cfr. Martínez Rave, Gilberto y Martínez Tamayo, Catalina, Responsabilidad civil extracontractual, Temis, Bogotá, 2003, p. 260.

En similar sentido, Trigo Represas señaló que “[E]n efecto, si la chance aparece no solo como posible, sino como de muy probable y de efectiva ocurrencia, de no darse el hecho dañoso, entonces sí constituye un supuesto de daño resarcible, debiendo ser cuantificado en cuanto a la posibilidad de su realización y no al monto total reclamado.

La pérdida de chance es, pues, un daño cierto en grado de probabilidad; tal probabilidad es cierta y es lo que, por lo tonto, se indemniza (...) cuando implica una probabilidad suficiente de beneficio económico que resulta frustrada por el responsable, pudiendo valorársela en sí misma con prescindencia del resultado final incierto, en su intrínseco valor económico de probabilidad” (resaltado fuera del texto original). Cfr. Trigo Represas, Félix Alberto, Pérdida de chance, cit. p. 263.

(91) Henao, Juan Carlos, El daño. Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho colombiano y francés, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998, pp. 159-160.

(92) Cita textual del fallo: al respecto lo doctrino afirma que “... en el lucro cesante está ‘la convicción digamos más o menos absoluta de que determinada ganancia se produzca’, mientras que en la pérdida de chance hay ‘un alea que disminuye las posibilidades de obtenerla’, diríase que en el lucro cesante el reclamo se basa en una mayor intensidad en las probabilidades de haber obtenido esa ganancia que se da por descontado que de no haberse producido el hecho frustrante se habría alcanzado. Desde el prisma de lo cualitativo cabe señalar que el lucro cesante invariablemente habrá de consistir en una ganancia dejada de percibir, en tanto que la pérdida de chance puede estar configurado por una ganancia frustrada y además por la frustración de una posibilidad de evitar un perjuicio’”. Cfr. Vergara, Leandro, Pérdida de chance. Noción conceptual. Algunas precisiones, LL, 1995-D-78, Nº 3, apud Trigo Represas, Félix Alberto. Pérdida de chance, cit., p. 262.

(93) Cita textual del fallo: Zannoni, Eduardo, El daño en lo responsabilidad civil, Astrea, Buenos Aires, 1987, pp. 110-111.