Sentencia 2001-01402 de agosto 8 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Exp. 11001-3103-003-2001-01402-01

Magistrada Ponente

Dra. Ruth Marina Díaz Rueda

(Aprobada en Sala de veintisiete de mayo de dos mil trece).

Bogotá, D.C., ocho de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Como están reunidos los presupuestos procesales y no hay motivo de nulidad que imponga invalidar lo actuado, se procede a continuación al estudio de las impugnaciones formuladas.

2. La sentencia que casó el fallo proferido por el tribunal determinó “la existencia de la ‘relación de causalidad’ entre el óbito de Pedro Antonio Bustos Ángel y la actividad desarrollada por ‘Construcciones Capital Tower S.A.’ en la ejecución de la obra ‘Edificio 100 Street’”.

3. La actora, en su condición de descendiente del fallecido Pedro Antonio Bustos Ángel, aspira a que sus demandados “Construcciones Capital Tower S.A., Fiduciaria Central S.A., y Víctor Sasson Sasson”, como responsables del deceso de su padre, sean condenados a reconocerle y a pagarle los perjuicios patrimoniales y morales que ese hecho luctuoso le causó.

4. Los elementos de persuasión con trascendencia para la decisión que se está adoptando son los siguientes:

a) “Registros civiles” según los cuales, Pedro Antonio Bustos Ángel nació el 14 de marzo de 1976 y murió el 11 de septiembre de 2001 (fls. 118 y 119, cdno. 1).

b) “Registro civil” que da cuenta del natalicio de Loren Alejandra Bustos Moreno el “5 de septiembre de 1998” y que es hija del antes nombrado (fl. 15, cdno. 1).

c) “Certificado de existencia y representación” de la Sociedad Construcciones Capital Tower S.A., cuyo objeto social es “la planeación, desarrollo, construcción, financiación, promoción y venta de las unidades privadas y bienes de uso común del Edificio Capital Tower” (fls. 4, 131 y 142, cdno. 1).

d) “Certificado de existencia y representación” de la Fiduciaria Central S.A., la cual tiene como “objeto social (...) la celebración y ejecución de todos los actos, contratos y operaciones propias de la actividad fiduciaria”.

e) Escritura pública 9258 otorgada el 30 de diciembre de 1998 en la Notaría Primera del Círculo de Bogotá que recoge el “Contrato de fiducia mercantil irrevocable” cuyo “objeto” consiste en “garantizar al Banco Central Hipotecario y a los acreedores que (el mismo) autorice expresamente como beneficiarios de este contrato, el pago de las obligaciones presentes y futuras que el fideicomitente B, Interplan S.A. y/o el patrimonio autónomo denominado Fideicomiso Media Luna, cuya vocera es Fiduciaria del Estado S.A. tienen o tendrán con el Banco Central Hipotecario y aquellos acreedores que sean reconocidos como beneficiarios de este fideicomiso en el futuro” (fl. 852, cdno. 3).

f) Póliza de seguro 200000098 “todo riesgo para la construcción y montaje”, expedida por Aseguradora Colseguros S.A. en la que figura como tomador el “Fideicomiso Tercera Etapa 100 Street” y “asegurado” “Construcciones Capital Tower S.A.”, con vigencia desde el “09/08/2011” hasta el “09/08/2002”, figurando entre otros amparos “responsabilidad civil daños” (sic), un límite máximo de indemnización de $ 500.000.000 y un deducible del 10% (fl. 12, cdno. 5).

g) Declaraciones de Rodrigo Alberto Brito Agudelo y Oswaldo Bustos Ángel, quienes acudieron al sitio del suceso minutos después de acaecido este, encontrando en el piso el cuerpo del padre de la actora (fls. 623-626, 628-631, cdno. 2), e igualmente de la médica cirujana Claudia Gnecco Flórez, quien ante el Consulado de Colombia en Londres, dio cuenta de haberle prestado a la víctima los primeros auxilios al momento en que se produjo el accidente (fls. 1277-1279, cdno. 3). También depuso el abogado Juan Pablo Coral Luna, asesor jurídico de la constructora demandada, comentando aspectos relacionados con el desarrollo de la construcción del Edificio “Street 100” (fls. 819-822, cdno. 2).

h) Interrogatorio de parte del representante legal de “Construcciones Capital Tower S.A.” (fls. 634-638, cdno. 2).

i) Certificación expedida por la “Compliance Supervisor” de Schlumberger Surenco S.A., referente a que Pedro Antonio Bustos Ángel laboró en esa compañía desde el 26 de junio al 11 de septiembre de 2001, desempeñando el cargo de “Ingeniero de Campo Entren (sic)” (fl. 140, cdno. Corte).

j) Copia auténtica del “Contrato de trabajo a término indefinido” celebrado entre los antes citados, la inicial como empleadora y el siguiente en calidad de trabajador, en donde consta que este devengaba un salario integral mensual de $ 3.718.481 y que prestaría sus labores en Villavicencio, pudiéndolo hacer en “otros sitios y ciudades de Colombia según instrucciones del empleador (...)” (fl. 141, cdno. Corte).

k) Dictamen pericial en el que se avaluó el daño emergente en $ 6.000.000 y el lucro cesante en $ 985.625.816 (fls. 586 a 591, cdno. 2).

6. Lo concerniente a la responsabilidad de la constructora accionada se determinó en el fallo de casación y, al respecto en lo pertinente se dijo que al valorar los elementos de juicios válidos “se obtienen indicios graves y convergentes, suficientes para predicar la existencia de la ‘relación de causalidad’ entre el óbito de Pedro Antonio Bustos Ángel y la actividad desarrollada por ‘Construcciones Capital Tower S.A.’ en la ejecución de la obra ‘Edificio 100 Street’.

“En ese sentido se probó válidamente que la muerte del antes nombrado se produjo por un ‘golpe en la cabeza con elemento contundente’ cuando transitaba por el andén adyacente al mencionado proyecto urbanístico, del que se estaba ejecutando la ‘3ª etapa’, a partir del ‘piso décimo’, a cargo de la empresa constructora accionada, avistándose al momento de los hechos, algunos trabajadores en el inmueble; habiendo quedado claro la inexistencia de barreras de protección a los peatones, verbi gratia, malla o túnel, que impidiera la caída de un objeto como el trozo de madera visto al lado del cuerpo del fallecido por la médica cirujana que le prestó los primeros auxilios, en el punto donde quedó el cuerpo del accidentado; además, es de resaltar que en ese lugar no se desarrollaba una obra material distinta a la mencionada y, tampoco se revelaron ni acreditaron hechos que contradigan o exterioricen una probabilidad distinta a la reseñada”.

Ante esas circunstancias quedan desvirtuadas las defensas que formuló la nombrada demandada y dado que el a quo llegó a la misma conclusión, habrá de confirmarse la declaración que hizo al respecto.

7. Con relación a la “Fiduciaria Central S.A.”, contra la cual se accionó endilgándole responsabilidad en su condición de titular o vocera del “patrimonio autónomo Fiducentral Fideicomiso JM III”, aspecto involucrado en la impugnación de la actora y que fundamenta aseverando que los predios en donde se adelantó la construcción del “Edificio 100 Street”, se encontraban bajo su guarda, ha de decirse, que según consta en la escritura pública 9258 de 30 de diciembre de 1998 de la Notaría Primera de Bogotá, se celebró un “contrato de fiducia mercantil irrevocable”, en el que “el fideicomitente A” integrado por “Alphard Ltda. y Claudia Esther Hoyos Quintero” y el “fideicomitente B” representado por “Construcciones Zenshui S.A.”, le transfirieron a la “fiduciaria” diez (10) apartamentos en el “Edificio JM III” ubicado en la calle 99 Nº 9ª-54, con los que entre otros inmuebles, se formó el mencionado “patrimonio autónomo”.

Así mismo se verifica que “los bienes fideicomitidos (fueron) entregados real y materialmente al fideicomitente B y/o el delegatario con todos los alcances, efectos y obligaciones del comodato precario y estos los reciben a satisfacción”, añadiendo que “el fideicomitente B y/o el delegatario se obligan a responder por la custodia y cuidado de dichos bienes hasta la culpa levísima, a no usarlos en nada distinto de su uso natural actual, a mantenerlo en todo momento cubiertos por una póliza de seguro adecuada contra todo riesgo, cuyo beneficiario será la fiduciaria (...) y a restituirlos a (esta) dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en que así se le solicite por escrito” (fl. 862, cdno. 3).

Adicionalmente, como quedó visto en el literal f), numeral 3º de estas consideraciones, el citado instrumento público da cuenta de que el objeto de la fiducia constituida fue garantizarle al “Banco Central Hipotecario” y a los acreedores autorizados por este el pago de deudas (fl. 852 v. cdno. 3), a más de que sus “obligaciones (eran) de medio para el cumplimiento de este contrato (...)”, de donde entonces, por estas otras circunstancias, mal puede atribuírsele la responsabilidad reclamada por la promotora del litigio.

En el sub lite, además de no estar probado que la parte del “Edificio 100 Street” de donde cayó el elemento contundente que le ocasionó la muerte al padre de la actora, haga parte del “patrimonio autónomo” del cual es vocera la fiduciaria accionada, en la cláusula vigésima del título escriturario en mención consta que “los bienes fideicomitidos (fueron) entregados real y materialmente al fideicomitente B y/o el delegatario con todos los alcances, efectos y obligaciones del comodato precario y estos los reciben a satisfacción”, añadiendo que “el fideicomitente B y/o el delegatario se obligan a responder por la custodia y cuidado de dichos bienes hasta la culpa levísima, a no usarlos en nada distinto de su uso natural actual, a mantenerlo en todo momento cubiertos por una póliza de seguro adecuada contra todo riesgo, cuyo beneficiario será la fiduciaria (...) y a restituirlos a (esta) dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en que así se le solicite por escrito” (fl. 862, cdno. 3), lo que descarta la presunción de que aquella fuera guardián del mismo.

8. En lo concerniente al accionado Víctor Sasson Sasson, a quien se demandó por ser el “gerente y representante legal de la Sociedad Construcciones Capital Tower S.A.” y para el que se pide sea declarado “responsable como persona natural, y directo responsable de la construcción en los términos de la ley civil por la muerte del señor Pedro Antonio Bustos Ángel”, a continuación se hacen algunas reflexiones en procura de dilucidar lo atinente a su “responsabilidad solidaria” en tales hechos.

El legislador en consideración a la misión encomendada a los “administradores de las sociedades comerciales”, dada su importancia, no solo frente a la persona jurídica misma, sino también ante los socios y en general, en el entorno social por la repercusión que en desarrollo del objeto de la empresa puedan tener sus actuaciones, en la Ley 222 de 1995, entre otros aspectos estableció que “deben obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios”, así mismo les exige “realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto social. (...). Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias” y, en lo atinente a “la responsabilidad”, prevé que “(...) responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros”.

La Corte Suprema, en torno a los aspectos relevantes de la citada problemática, en fallo de 26 de agosto de 2011, Expediente 2002-00007, expuso “(...) que las notas más significativas de la responsabilidad de que se trata y que, por lo tanto, permiten identificar su genuina naturaleza jurídica son las siguientes: se trata de un régimen particular de responsabilidad civil derivado del contrato social y de la actuación de sus administradores; los sujetos que en ella participan están definidos en la ley, en tanto que los titulares de la correspondiente pretensión resarcitoria son solamente la sociedad, los socios y los terceros con interés legítimo, mientras que los llamados a resistirla son quienes ostenten la calidad de administradores de la correspondiente persona jurídica, independientemente de que concurra en ellos la condición de socios; se deriva, exclusivamente, de los actos dolosos o culposos que estos cometan en desarrollo de la administración que ejerzan, es decir, que el factor de atribución de la responsabilidad es de naturaleza subjetiva; (...) y, en virtud de dicho sistema, los administradores están llamados a responder en forma personal, autónoma e ilimitada, esto es, con total independencia de la responsabilidad que como consecuencia de esos mismos actos pueda desprenderse para la sociedad, como persona jurídica independiente tanto de sus socios como de sus administradores”.

En ese ámbito, con meridiana claridad se determina que cuando la víctima es un “tercero” la responsabilidad civil atribuible a los “administradores de la sociedad comercial” es de naturaleza extracontractual y para su estructuración deben concurrir los requisitos derivados del artículo 2341 del Código Civil, así lo precisó esta corporación en la Sentencia 051 de 30 de marzo de 2005, Expediente 9879, en la que sostuvo: “De acuerdo con los principios generales que gobiernan el régimen de la responsabilidad civil, el surgimiento de la obligación indemnizatoria a cargo de los administradores del ente social, es decir, de quienes tuvieren a su cargo la representación y el manejo de sus bienes y negocios, sea que desarrollaran funciones de representación de la sociedad o solamente de gestión, estaba supeditado a que incurrieran en una acción u omisión dolosa o culposa, y que de ese comportamiento se derivara un daño para uno de los sujetos mencionados, es decir, que entre su conducta y el perjuicio ocasionado existiese una relación de causalidad adecuada, responsabilidad que debía y debe deducirse dentro del marco de la responsabilidad civil extracontractual, cuando el sujeto damnificado con la actuación del administrador de la empresa social es un tercero”.

Para la prosperidad de pretensiones derivadas de esa especie de “responsabilidad civil”, la Sala ha iterado, entre otros, en el fallo sustitutivo de 16 de septiembre de 2011, Expediente 2005-00058, que para “(...) despachar favorablemente una pretensión de la mencionada naturaleza, en línea de principio, deben encontrarse acreditados en el proceso los siguientes elementos: una conducta humana, positiva o negativa, por regla general antijurídica; un daño o perjuicio, esto es, un detrimento, menoscabo o deterioro, que afecte bienes o intereses lícitos de la víctima, vinculados con su patrimonio, con los bienes de su personalidad, o con su esfera espiritual o afectiva; una relación de causalidad entre el daño sufrido por la víctima y la conducta de aquel a quien se imputa su producción o generación; y, finalmente, un factor o criterio de atribución de la responsabilidad, por regla general de carácter subjetivo (dolo o culpa) y excepcionalmente de naturaleza objetiva (v. gr. riesgo)”.

En el escrito introductorio del proceso se afirmó que el “Edificio 100 Street estaba siendo construido por la demandada Construcciones Capital Tower S.A.” y está en la réplica aceptó tal hecho; igualmente el señor Sasson Sasson en la contestación admitió la existencia de tal inmueble y que para la época del fallecimiento de Pedro Antonio Bustos Ángel “la etapa 3, estaba a la altura del décimo piso, el que estaba en construcción”, ratificando que dicha empresa estaba encargada de la señalada actividad y en el fallo de casación se indicó que “los elementos de convicción revelan cómo la muerte de Pedro Antonio Bustos Ángel, ocurrió el 11 de septiembre de 2001, aproximadamente entre las 6:30 y 7:00 de la noche a consecuencia de haber recibido un golpe en la cabeza con ‘elemento contundente’, cuando transitaba por el andén adyacente al Edificio ‘100 Street’ ubicado en la carrera 9 A con calle 99 y 100 de esta ciudad”; también se expresó que había “quedado claro la inexistencia de barreras de protección a los peatones, verbi gratia, malla o túnel, que impidiera la caída de un objeto como el trozo de madera visto al lado del cuerpo del fallecido por la médica cirujana que le prestó los primeros auxilios, en el punto donde quedó el cuerpo del accidentado” y precisamente esos aspectos fueron planteados en los hechos del escrito introductorio del proceso (12, 13 y 14, cdno. 1, fl. 302).

En el certificado de existencia y representación anexado a la demanda, figura como “gerente general de Construcciones Capital Tower S.A.”, el accionado Víctor Sasson Sasson y como tal tiene su “representación legal”; así mismo consta que la compañía tiene por “objeto principal: la planeación, desarrollo, construcción, financiación, promoción y venta de las unidades privadas y bienes de uso común del Edificio Capital Tower” y dentro de las facultades aparecen “1. Representar legalmente a la sociedad ante las autoridades de cualquier orden o naturaleza y ante otras personas naturales o jurídicas con facultad para novar, transigir, conciliar, comprometer y desistir y para comparecer en juicios en que se dispute la propiedad o cualquier otro derecho radicado en bienes sociales inmuebles y muebles. 2. Dentro de las normas y orientaciones que dicte la junta, dirigir los negocios de la sociedad, vigilar los bienes de la misma, sus operaciones técnicas, su contabilidad y correspondencia (...)”.

El inciso 2º del precepto 23 de la citada Ley 222, en punto de los “deberes de los administradores”, en lo pertinente establece: “1. Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto social. 2. Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias (...)”.

Por su lado, el “contrato de construcción” celebrado el 20 de abril de 2001, entre la “Fiduciaria del Estado S.A.”, representante del “fideicomiso mercantil denominado ‘Tercera Etapa 100 Street”, en calidad de “contratante” y “Construcciones Capital Tower S.A.”, quien para efectos de dicho convenio “se denominará indistintamente como el contratista o el constructor”, contiene, entre otras, las siguientes estipulaciones:

Respecto del objeto señala que el “Constructor se obliga a construir para el contratante (...), las obras necesarias de la denominada Tercera Etapa del edificio denominado 100 Street situado en la carrera 9 entre calles 99 y 100 de Bogotá. (...), construcción que se compone de: A. Construcción de los pisos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y altillo de la torre de parqueaderos del Edificio 100 Street” y en lo atinente a las obligaciones del constructor en lo pertinente se incluyen: “Dirigir la ejecución de la obra ejerciendo la vigilancia técnica y administrativa de los trabajos para obtener la realización correcta de los mismos con sujeción a los planos, diseños y especificaciones, empleando para ello el personal profesional y técnico idóneo que sea necesario y siguiendo el organigrama de la obra de acuerdo con la gerencia de la obra. (...). 2.3. Contratar y mantener en la obra todo el personal de operarios necesario para la ejecución de la obra, (...). Se obliga igualmente a contratar y mantener en la obra todo el personal técnico y administrativo necesario para la ejecución de la obra. (...). 2.4. Designar y mantener en el sitio de trabajo todo el personal directivo, administrativo, técnico y de vigilancia que se requiera, previa autorización de la gerencia de obra. (...). 2.9. Responder ante terceros por daños que se ocasionen, cuando provengan de causas imputables al constructor, de conformidad con la ley. (...). 2.18. Mantener permanentemente la obra en óptimas condiciones de seguridad y salubridad y libre de toda acumulación de desperdicios o de escombros causados por los empleados u obreros o por el trabajo mismo. (...). 2.21. Cumplir con todas las obligaciones que se desprenden de este contrato, así como con todas las normas y disposiciones que las leyes o reglamento vigente o que se expidan contemplen respecto a la ejecución de obras como la que es objeto de este contrato”; en cláusula posterior 15ª, parágrafo 1º se indicó: “El constructor responderá así mismo por los daños y perjuicios que se causen a terceros provenientes de hechos, omisiones, negligencia o culpa en la realización de los trabajos o actividades cumplidas en desarrollo de las obras” (fls. 1173-1191, cdno. 3).

Las circunstancias puestas de presente, permiten deducir que concurren los requisitos legales que comprometen la “responsabilidad civil extracontractual” del accionado Víctor Sasson Sasson, pues como quedó demostrado, se presentó un hecho que afectó o le causó daño a la demandante, esto es, la muerte de su padre y se originó por fallas injustificadas que guardan relación con las funciones de “administrador” en el ámbito de la actividad operativa o de ejecución de una obra encomendada a la empresa constructora por él representada, lo que evidencia que no se comportó con la diligencia de un buen hombre de negocios, es decir, como ese profesional conocedor de las técnicas de administración necesarias para el desarrollo adecuado del objeto social de la sociedad y el cumplimiento de las disposiciones que regulan sus actividades.

En ese sentido, obsérvese que “Construcciones Capital Tower S.A.” se constituyó esencialmente para “la planeación, desarrollo, construcción, (...) del Edificio Capital Tower” y en los estatutos se le asignó a su “representante legal” las funciones de “dirigir los negocios de la sociedad, vigilar los bienes de la misma, sus operaciones técnicas”; así mismo, en el aludido “contrato de construcción” que celebró en calidad de “constructora” con el “Fideicomiso tercera etapa 100 Street” para “construir la tercera etapa del edificio denominado 100 Street”, asumió obligaciones en cuanto a “mantener permanentemente la obra en óptimas condiciones de seguridad y salubridad” y responder “por los daños y perjuicios que se causen a terceros provenientes de hechos, omisiones, negligencia o culpa en la realización de los trabajos o actividades cumplidas en desarrollo de las obras”.

Igualmente, la Resolución 2413 de 22 de mayo de 1979 expedida por el entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, “por la cual se dicta el reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción”, en el acápite relativo a la “protección para el público”, artículo 60, en lo pertinente establece: “(...). Todas las aceras y vías públicas que circundan o se encuentran cerca del sitio donde se está construyendo, deberán protegerse con barandas o cercas de madera adecuadas. (...). PAR. 1º—(...). PAR. 2º—Las aceras y pasadizos deberán estar libres de toda obstrucción. (...). Todas las aceras y pasadizos, corredores, etc., deberán estar iluminados adecuadamente cuando estuviere oscuro, y se deberán colocar luces para advertir el peligro, para la seguridad de las personas y de los vehículos en tránsito”.

Ahora, al haberse acreditado que el deceso de Pedro Antonio Bustos Ángel, tuvo como causa el golpe recibido en su cabeza con un trozo de madera proveniente de la parte alta del Edificio “100 Street” que se hallaba en construcción, sin que existieran elementos para la seguridad de los transeúntes, como barandas, cercas, mallas, túneles, o al menos luces para advertir el peligro proveniente de la ejecución la obra, aspecto este último relevante para el caso, dado que el citado hecho se produjo aproximadamente a las 19:00 horas, según la inspección judicial de la escena practicada por el Cuerpo Técnico de Investigación de la fiscalía; queda demostrado sin hesitación alguna, que se omitió cumplir con las “medidas de seguridad” necesarias para la protección de las personas que transitaran por inmediaciones de la mencionada edificación, lo cual evidencia que su “administrador” no atendió de manera profesional el deber concerniente a que la sociedad por él gerenciada tuviera un adecuado desarrollo de su “objeto social”, pues además de incumplir expresas obligaciones adquiridas en virtud del plurimencionado “contrato de construcción”, no veló por la observancia de la reglamentación regulatoria de la “seguridad para la industria de la construcción”.

Es de aducir, que si bien la responsabilidad de los “administradores” no se compromete siempre que exista la de la empresa, para este caso en concreto, las situaciones reseñadas en precedencia tienen especial connotación en punto de la obligación endilgada a título personal al “gerente o administrador de la empresa constructora, señor Víctor Sasson Sasson”, en virtud de que en el objeto principal de la sociedad se involucra específicamente la “actividad de esa construcción”, de donde es válido inferir, que en el ámbito profesional aquel debía conocer claramente los deberes de ahí derivados, exigencia que se acentuó ante los compromisos provenientes del convenio ajustado para la “construcción” de la 3ª etapa del “Edificio 100 Street”; además, porque la extensión de la operación en el ámbito profesional requerido para dicha actividad, permitía una adecuada vigilancia y, no se probó hecho alguno que tenga la potencialidad jurídica de justificar la omisión en que se incurrió para no instalar las estructuras de “protección para el público”.

Lo anterior deja claro, que el criterio aplicado por la Corte en el sub lite, en lo tocante a la “responsabilidad personal y solidaria del administrador de la empresa constructora”, específicamente para este evento, está basado en las circunstancias especiales que evidencian su culpa derivada de la omisión en el cumplimiento de los deberes reglamentarios fijados por la autoridad nacional con relación a la “actividad de la construcción”, conforme quedó explicado, pues si aquel hubiese ordenado construir las barreras de protección para los peatones, cuya ausencia eran notorias, se habría podido impedir causar el daño a la víctima.

9. En lo atinente a la cuantificación del daño, se tiene definido que el mismo debe ser cierto, real y no eventual o hipotético.

Al respecto, esta corporación ha expuesto que “en cuanto al perjuicio que se le causa a una persona este debe ser cierto y no puramente conjetural. Naturalmente que el daño no basta afirmarlo, puesto que es absolutamente imperativo que se acredite procesalmente con los medios de convicción regular y oportunamente decretados y arrimados al plenario.

“Concretado al lucro cesante la Sala, en sentencia de casación de 24 de junio de 2008, precisó lo que seguidamente se reproduce:

“(...) supone una existencia real, tangible, no meramente hipotética o eventual’ (...) vale decir que el lucro cesante ha de ser indemnizado cuando se afinca en una situación real, existente al momento del evento dañino, condiciones estas que, justamente, permiten inferir, razonablemente, que las ganancias o ventajas que se percibían o se aspiraba razonablemente a captar dejarán de ingresar al patrimonio fatal o muy probablemente” (Sent., dic. 18/2009, Exp. 1998-00529).

Para determinar el monto del perjuicio, se dispuso practicar un dictamen pericial, en el que el auxiliar de la justicia señaló que respecto el daño emergente, “en el expediente (...) no aparece por ninguna parte valor alguno que respalde gastos efectuados”; sin embargo los avaluó en $ 6.000.000 que indexó al 30 de septiembre de 2005 arrojando un monto de $ 7.693.530. Así mismo, partiendo de un ingreso de $ 3.718.000 devengado por la víctima, tasó el lucro cesante debido en $ 267.789.450 y el futuro en $ 710.142.836 para un total de $ 985.625.816 (fls. 586-591, cdno. 2).

“Construcciones Capital Tower S.A.” objetó la experticia, por carecer de fundamentos serios y creíbles “para darle entidad a las tasaciones hechas tanto del daño emergente como del lucro cesante (...) (pues) se limita a manifestar lo que su criterio, absolutamente subjetivo le indica, basándose en su lógica (...)”, por lo que pide “desecharlo y dejarlo sin mérito, en consecuencia que no se tenga como prueba del proceso (...)” (fls. 816-818, cdno. 2).

El precepto 238 del Código de Procedimiento Civil faculta a las partes para ejercitar dicha prerrogativa, debiendo precisar el yerro y repercusión en las conclusiones, de tal manera que se ponga de manifiesto la disparidad o discrepancia entre el concepto, el juicio, la idea y la realidad, erigiéndose en grave, cuando por su inteligencia se altera de manera evidente la cualidad, esencia o sustancia del objeto analizado, sus fundamentos o conclusiones, con incidencia en el resultado de la pericia.

De acuerdo con lo anterior y dada la orfandad probatoria como lo admite el perito, en cuanto atañe al “daño emergente” no resulta viable su reconocimiento, por lo que entonces, la tasación efectuada por aquel, basado en que las coronas, flores, medicina legal, ataúd, etc. “son gastos lógicos”, se muestra infundado, toda vez que no obra elemento de juicio de que esas erogaciones las hubiera asumido la demandante; por el contrario, la experiencia enseña que a su edad (tres años para cuando murió su padre), se encontraba en imposibilidad de atender esa clase de obligaciones.

Por lo tanto, en ese aspecto se avalará la determinación del juzgado de conocimiento que negó el daño emergente, al no hallar prueba del mismo.

Atinente al lucro cesante, que comprende la privación de la utilidad, beneficio, aumento o provecho que pudiendo percibirse no se logra por causa de la lesión, no hay duda de su causación a favor de la actora, quien con los testimonios de Rodrigo Alberto Brito Agudelo y Camilo Ríos Fresneda (fls. 623-627, cdno. 2) demostró la dependencia económica que tenía con relación a su padre; además por haberse acreditado su minoría de edad y que el fallecido era su progenitor, de conformidad con el artículo 411 del Código Civil, se deduce que estaba obligado a suministrarle alimentos.

Acerca de los parámetros para su tasación, en eventos como el aquí tratado la Corte ha señalado que “es regla de principio, en punto de la liquidación de los perjuicios padecidos por los hijos en razón del fallecimiento accidental del progenitor del que dependían económicamente, que esa ayuda, desde el punto de vista temporal, no es ilimitada o irrestricta, en el entendido que ella resulta necesaria, inicialmente, solo hasta tanto el hijo se encuentre en condiciones de atender funcionalmente su propia subsistencia, que en el medio nacional, con apoyo en las reglas de la experiencia, esta corporación ha estimado, ocurre al arribo de la edad de veinticinco años, siempre y cuando, claro está, se verifiquen los supuestos fácticos por ella descritos.

“(...) Posteriormente, la misma Sala, refiriéndose a los criterios que han de tenerse en cuenta a fin de concretar la liquidación del lucro cesante, precisó: ‘Este cometido exige establecer de manera razonada la cuantificación, actualizada, de los ingresos percibidos por el causante durante la época que precedió a su muerte, al igual que el porcentaje de lo que el hoy difunto podía destinar para sí mismo, la vida probable de los demandantes y el período durante el cual estarían destinados a seguir recibiendo la truncada asistencia económica...’, en torno de lo cual más adelante puntualizó, ‘que sus hijos recibirían tal ayuda económica hasta la edad límite de 25 años, época que razonablemente se asume como la de culminación de sus estudios superiores, todo esto de conformidad con las directrices admitidas por esta misma corporación en asunto similar” (Sent., dic. 19/ 2006, Exp. 2000-00483-01).

Con base en lo anterior, se tomará como cálculo actualizado del monto resarcible, la suma de $ 3.718.000 correspondiente al ingreso mensual del progenitor de la demandante para el 11 de septiembre de 2001, fecha de su deceso, según lo acreditado con el documento remitido por quien fuera su empleadora, que adicionalmente refiere que el contrato de trabajo celebrado con Schlumberger Surenco S.A., fue a “término indefinido”.

La Sala, apoyada igualmente, tanto en el citado escrito, informador de que Pedro Antonio Bustos Ángel prestaba sus labores en Villavicencio, como en la atestación de Rodrigo Alberto Brito Agudelo quien da cuenta de que aquel además de las obligaciones con su hija y esposa “aportaba a la casa ya que vivía con sus padres” descontará el 50% por concepto de gastos personales y de subsistencia del mismo, criterio aplicado en fallo de 9 de julio de 2010, Expediente 1999-02191-01, lo que arroja una cifra de $ 1.859.000 mensuales, la cual será fundamento de la liquidación del aludido daño, a favor de la accionante.

Dicha suma será actualizada con base en el índice del último mes completo (abr./2013) siguiendo los parámetros de la jurisprudencia civil (Sents., oct. 7/99, Exp. 5002; 5 del citado mes de 2004, Exp. 6975 y jul. 9/2010, Exp. 1999-02191-01, entre otras), de la siguiente manera:

S2001-01402CSJ(1).JPG
 

Esta fórmula presenta los siguientes componentes y significados:

Vp: Concierne al “valor presente” que desea obtenerse.

Vh: Es el “valor histórico” a indexar, que para este caso equivale a $ 1.859.000.

IF: Se refiere al “IPC” certificado para el último “período mensual”, el que según reporte del Banco de la República, para abril de 2013 equivale a 113.16432.

II: Atañe al “período mensual del IPC”, a partir del cual parte la “indexación”, que en este caso, es septiembre de 2001, pues el 11 de ese mes y año se produjo la muerte de Pedro Antonio Bustos Ángel y para entonces equivalía a 66.30408.

Despejada la ecuación, se obtiene el siguiente resultado:

S2001-01402CSJ(2).JPG
 

Lo expuesto demuestra que con el “IPC de abril de 2013”, el “valor presente” y soporte de la liquidación del lucro cesante es de $ 3.172.843,52.

Con base en el referido guarismo y el hecho de que Loren Alejandra Bustos Moreno nació el “5 de septiembre de 1998”, se liquidará el componente del daño de que se viene hablando hasta cuando ella cumpla sus 25 años, “ya que conforme a la doctrina sentada por esta corporación, en esa edad —25 años— ordinariamente se culmina la educación superior y se está en capacidad de valerse por sí mismo” (Sents., mar. 22/2007, dic. 18/2009, Exp. 1998-00529-01 y jul. 9/2010, Exp.1999-02191-01, entre otras).

Como la reseñada edad la alcanza el “5 de septiembre de 2023”, el período indemnizable es de “264 meses”, de los cuales 139 se “liquidarán” como “lucro cesante consolidado”, esto es, del “11 de septiembre de 2001 a abril de 2013”, y los restantes 125 a título de “lucro cesante futuro”.

En este orden de ideas, para determinar el “lucro cesante pasado o consolidado”, ha de acudirse a la siguiente fórmula:

VA = LCM x Sn

El referido procedimiento toma en cuenta los subsiguientes elementos y significados:

VA: Corresponde al “valor actual” incluidos réditos del 0.5% mensual.

LCM:Equivale allucro cesante mensual actualizado”; esto es $ 3.172.843,52.

Sn: Es el “valor acumulado” de la renta periódica de un peso que se paga “n” veces a tasa de interés “i” por un período, factor resultante de la “fórmula” que a continuación se inserta:

S2001-01402CSJ(3).JPG
 

De dicho ejercicio se obtiene que el “lucro cesante pasado” asciende a $ 628.324.548,86.

Ahora bien, para calcular el “lucro cesante futuro” se parte de multiplicar el monto indemnizable actualizado con deducción de réditos por anticipo de capital (6% anual o 0.5% mensual), según el índice exacto a los meses del daño, aplicando la siguiente fórmula:

S2001-01402CSJ(4).JPG
 

Donde:

VA: Es el valor actual del “lucro cesante futuro”.

LCM: El “lucro cesante mensual” ($ 3.164.838,54).

N: El número de meses faltante para cumplir la edad de 25 años (125).

I: Tasa de interés de mensual de descuento (0,5%).

De lo anterior se obtiene la cantidad de $ 296.584.404,02, por concepto de “lucro cesante futuro”.

10. Así las cosas, los demandados “Construcciones Capital Tower S.A.” y Víctor Sasson Sasson, deberán pagarle solidariamente a Loren Alejandra Bustos Moreno, por concepto de lucro cesante la suma de $ 924.908.952,87, monto que al no coincidir con el señalado por el a quo, habrá lugar a modificar la parte pertinente de la resolutiva del fallo impugnado.

11. Demostrado el perjuicio a la accionante, se impone denegar las defensas propuestas por “Construcciones Capital Tower S.A.” que denominó “el lucro cesante solicitado corresponde a un daño futuro no indemnizable —no es un daño virtual—”, “la indemnización solicitada no es resarcitoria sino pretende ser una fuente de enriquecimiento” y “no procede la indemnización por daño emergente por indeterminación del mismo”.

12. Finalmente, en cuanto al “daño moral”, el sentenciador de primer grado lo fijó en “50 salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha en que se efectúe el pago”, frente a lo cual, la demandante presentó “apelación parcial” orientada a que se incremente su cuantía, para lo cual se esgrime que esta, “tan solo una niña, perdió no a cualquier familiar, sino a su padre, la persona encargada junto con su madre para velar por su desarrollo intelectual, afectivo y físico”, aspectos que no tuvo en cuenta el citado juzgador, quien para su fijación, no partió “de ningún análisis y motivación”.

En punto del resarcimiento de esta clase de “daño”, la Corte en sentencia de 9 de julio de 2010, Expediente 1999-02191, en lo pertinente expuso que “(...) para la valoración del quantum del daño moral en materia civil, estima apropiada la determinación de su cuantía en el marco fáctico de circunstancias, condiciones de modo, tiempo y lugar de los hechos, situación o posición de la víctima y de los perjudicados, intensidad de la lesión a los sentimientos, dolor, aflicción o pesadumbre y demás factores incidentes conforme al arbitrio judicial ponderado del fallador.

“(...).

“Por consiguiente, la Corte itera que la reparación del daño causado y todo el daño causado, cualquiera sea su naturaleza, patrimonial o no patrimonial, es un derecho legítimo de la víctima y en asuntos civiles, la determinación del monto del daño moral como un valor correspondiente a su entidad o magnitud, es cuestión deferida al prudente arbitrio del juzgador según las circunstancias propias del caso concreto y los elementos de convicción.

“Al respecto, ‘dentro de cualquier proceso que se surta ante la administración de justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales’ (L. 446/98, art. 16; Cas. Civil, Sents., sep. 3/91, nov. 5/98 y abr. 1º/2003), es decir, se consagra el resarcimiento de todos los daños causados, sean patrimoniales, ora extrapatrimoniales, aplicando la equidad que no equivale a arbitrariedad ni permite ‘valoraciones manifiestamente exorbitantes o, al contrario inicuas y desproporcionadas en relación con los perjuicios sufridos’ (Flavio Peccenini, La liquidazione del danno morale, in Monateri, Bona, Oliva, Peccenini, Tullini. Il danno alla persona. Torino, 2000, Tomo I, 108 ss.).

“Por lo anterior, consultando la función de nomofilaquia, hermenéutica y unificadora del ordenamiento que caracteriza a la jurisprudencia, la Sala periódicamente ha señalado al efecto unas sumas orientadoras del juzgador, no a título de imposición sino de referentes (Cas. Civil, Sent., feb. 28/90, G.J. 2439, págs. 79 ss.; así en sentencia sustitutiva de 20 de enero de 2009, Exp. 170013103005 1993 00215 01, reconoció por daño moral, cuarenta millones de pesos).

“Para concluir, en preservación de la integridad del sujeto de derecho, el resarcimiento del daño moral no es un regalo u obsequio gracioso, tiene por causa el quebranto de intereses protegidos por el ordenamiento, debe repararse in casu con sujeción a los elementos de convicción y las particularidades de la situación litigiosa según el ponderado arbitrio iudicis, sin perjuicio de los criterios orientadores de la jurisprudencia, en procura de una verdadera, justa, recta y eficiente impartición de justicia, derrotero y compromiso ineludible de todo juzgador”.

También ha precisado esta corporación que el aludido menoscabo de la esfera sentimental y afectiva de una persona “corresponde a la órbita subjetiva, íntima o interna del individuo’ (Cas. Civil, Sent., mayo 13/2008, SC-035-2008, Exp. 11001-3103-006-1997-09327-01), de ordinario explicitado material u objetivamente por el dolor, la pesadumbre, perturbación de ánimo, el sufrimiento espiritual, el pesar, la congoja, aflicción, sufrimiento, pena, angustia, zozobra, perturbación anímica, desolación, impotencia u otros signos expresivos” (fallo de sep. 18/2009, Exp.2005-00406).

Así mismo, en sentencia de julio de 2012, Expediente 2002-00101, se sostuvo que bajo parámetros de razonabilidad “(...) frente al hijo menor, no cabe duda de que la ausencia de su padre, a tan corta edad, tuvo que producirle cierto grado de dolor y aflicción al faltarle el cuidado y amor que, de no haber sido por el prematuro deceso, aquel le habría prodigado.

“Siguiendo, entonces, las pautas jurisprudenciales reseñadas, se tasarán los perjuicios morales sufridos por los demandantes en la suma de (...) $ 55.000.000 para el hijo”.

De acuerdo con los reseñados lineamientos, dado el incuestionable “detrimento moral” sufrido por la niña Loren Alejandra Bustos Ramírez, quien desde los albores de su existencia, se vio privada del afecto, compañía, protección, formación, orientación, cuidados y representación tanto familiar, como social de su progenitor, es procedente incrementar el monto de la condena por “daños morales” fijada por el a quo (50 smlm, equivalentes para el presente año a $ 29.475.000), a la cantidad de la suma de cincuenta y cinco millones de pesos ($ 55.000.000).

Con el análisis efectuado se responden los cuestionamientos planteados por la demandada “Construcciones Capital Tower S.A.”, para quien el “perjuicio moral” no pudo tener mayor intensidad debido a que la actora solo contaba con 3 años y 6 días de edad cuando falleció su padre, percepción equivocada, precisamente, por la misma circunstancia que esgrime tal accionada, pues al quedar en un estado de orfandad paterna, se torna incontrastable que se le ocasionó daño en su parte afectiva y sentimental, por lo tanto, el dinero señalado, en algo puede retribuirle la intensidad y secuelas de esa aflicción.

Consecuentemente, la defensa que también propuso titulada “límite de la indemnización” del daño moral, se muestra infundada, máxime cuando al respecto no precisó ningún valor o parámetro concreto de evaluación.

Lo expuesto, igualmente atiende la pretensión que la actora concretó en el recurso de apelación, orientada a que se incrementara el monto del perjuicio analizado.

En razón de lo anterior, también sufrirá modificación la fracción in fine del numeral 2º de la parte resolutiva del fallo impugnado, atinente al quantum del mencionado rubro.

Adicionalmente, a partir de la ejecutoria de la presente decisión, las sumas objeto de la condena devengarán un interés legal civil moratorio equivalente al 6% anual, hasta cuando se materialice su pago.

13. Ahora bien, dado que la demandada “Construcciones Capital Tower S.A.”, llamó en garantía a la “Aseguradora Colseguros S.A., Schlumberger Surenco S.A., Germán Peña Velásquez y Juan Manuel Peña Posada”, es del caso asumir el estudio correspondiente.

Según se desprende del precepto 57 del estatuto procesal civil, el “llamamiento en garantía”, comporta la presencia de un ligamen que puede ser legal o contractual entre un tercero y quien es parte del juicio, vínculo que le permite a esta peticionar y lograr que aquel sea incluido en el debate, con miras a que luego de determinarse la responsabilidad de la llamante frente a la parte promotora del litigio, se establezca el deber que le nace a ese “tercero”, por virtud de la señalada relación, de reembolsarle a la citante lo que la misma tenga que pagar como consecuencia de una condena pecuniaria a impuesta a la misma.

De lo anterior se desprende que el aludido instituto iure constituye un mecanismo para ejercer la pretensión revérsica, en este caso, de “Construcciones Capital Tower S.A.”, sociedad contra quien se dirigió la acción, para que los efectos patrimoniales de una decisión adversa a ella, sean asumidos total o parcialmente por su garante “Aseguradora Colseguros”, reembolsándole el valor de la condena, de conformidad con el pacto celebrado entre ellas.

Respecto de la mencionada figura jurídica, la Corte en fallo de 24 de octubre de 2000, Expediente 5387, expuso que “(...) es uno de los casos de comparecencia forzosa de terceros, que se presenta cuando entre la parte y el tercero, existe una relación legal o contractual de garantía que lo obliga a indemnizarle al citante el ‘perjuicio que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia’ que se dicte en el proceso que genera el llamamiento.

“(...) Ahora, sea que el llamamiento en garantía lo proponga una u otra parte, lo significativo es que este comporta el planteamiento de la llamada pretensión revérsica, o la ‘proposición anticipada de la pretensión de regreso’ (Parra Quijano), o el denominado ‘derecho de regresión’ o ‘de reversión’, como lo ha indicado la Corte, que tiene como causa la relación sustancial de garantía que obliga al tercero frente a la parte llamante, ‘a indemnizarle el perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia’ (art. 57). De modo que, de acuerdo con la concepción que sobre el llamamiento en garantía establece el texto legal antes citado, la pretensión que contra el tercero se formula es una pretensión de condena eventual (in eventum), es decir, que ella solo cobra vigencia ante el hecho cierto del vencimiento de la parte original y que con ocasión de esa contingencia de la sentencia, ‘se vea compelido a resarcir un perjuicio o a efectuar un pago’, como lo ha dicho la Corte.

“De otro lado, como igualmente lo ha explicado la jurisprudencia, dado que eso es lo que impera la lógica y la técnica de la sentencia, el reembolso o el pago se debe disponer por parte del tercero (llamado), al llamante, denomínese demandante o demandado, que hubo de resultar condenado, pero nunca per saltum a quien no fue el citante, porque se trata de relaciones jurídicas perfectamente diferenciables: la del demandante con el demandado y la del llamante con el tercero(1). Necesítase, dice la Corte, ‘que el llamante sea condenado como consecuencia de la demanda que se dirigió contra él; y que el llamado esté obligado por ley a resarcirlo de este mismo riesgo, o que, previamente haya contratado tal resarcimiento’ (Sent., sep. 28/77). Desde luego que la técnica de la decisión no puede ser distinta, porque necesariamente el llamamiento en garantía, que implica la proposición de una novedosa pretensión del llamante frente al llamado, conduce a la aparición de un proceso acumulativo, justificado, como ya se dijo, en la economía procesal, que es la que a la postre determina la anticipación de la pretensión de regreso”.

De lo expuesto se desprende la improcedencia de la aspiración de la parte demandante en la alzada y dirigida, no solo a que se actualicen las condenas a cargo de la “Aseguradora Colseguros S.A.”, sino a que “(...) se ordene pagar directamente a (esta) la indemnización a favor de la parte demandante”, puesto que como ha quedado visto, la relación jurídica se presenta entre la citante y la “llamada en garantía”, sin injerencia de la actora, quien no obstante hallarse autorizada por el canon 1133 del estatuto mercantil para ejercer la “acción directa contra el asegurador”, lo que le hubiera posibilitado el anhelado pago recto, no hizo uso de tal prerrogativa, pues se itera, la vinculación de aquella se produjo por virtud del “llamamiento” que le formuló la convocada “Construcciones Capital Tower S.A.”.

En el precedente orden de ideas, debido a que en este asunto el “llamamiento en garantía” efectuado por “Construcciones Capital Tower” a la “Aseguradora Colseguros”, devino del contrato de seguro a que se contrae la póliza 200000098 “todo riesgo para la construcción y montaje”, que esta expidió “asegurando” a aquella, entre otros amparos, por el de “responsabilidad civil daños” (sic) en cuantía hasta de $ 500.000.000, es obvio que ese negocio jurídico permite que la “asegurada”, condenada a resarcir los daños derivados de la “responsabilidad civil” que le fue atribuida, obtenga de la “llamada en garantía” el reembolso de lo que deba cancelar, en este caso, por lucro cesante, componente del “daño patrimonial”, hasta el límite asegurado y atendiendo el deducible convenido.

14. En cuanto atañe a la sociedad “Schlumberger Surenco S.A.”, empleadora del fallecido Pedro Antonio Bustos Ángel, igualmente “llamada en garantía”, como no se demostró vínculo legal o convencional alguno que permita sostener la obligación que comporta tal figura jurídica en favor de la citante, no hay lugar a imponerle carga pecuniaria.

15. Por las mismas razones, tampoco se advierte procedente el “llamamiento en garantía” efectuado por la aludida demandada a “Germán Peña Velásquez y Juan Manuel Peña Posada”, basada en que la obra les fue delegada a ellos, quienes para el momento del suceso tenían el control y cuidado de la misma.

La llamante edifica la convocatoria que les hace a los antes mencionados en que “en el contrato de construcción del edificio denominado ‘100 Street’ tercera etapa (...) entre el ‘Fideicomiso tercera etapa 100 Street’, como contratante, ‘Construcciones Capital Tower S.A.’ como empresa constructora y los señores (arriba citados), como interventores y gerentes de obra (...) en la cláusula 9ª (...) se creó o estableció un ‘Comité de obra’ del cual (ellos) hacían parte (...) (y que)” tenía entre otras las siguientes funciones: ‘a) supervisar la organización, operación y ejecución de las obras’ (...) (y que) el parágrafo de la indicada cláusula dispuso: (...) La gerencia de obra está obligada a asistir a todas las reuniones del comité y aceptará la responsabilidad que le corresponda por dilaciones o decisiones o pagos derivados de sus eventuales ausencias. Adicionalmente está obligada a presentar por lo menos quincenalmente a la junta del fideicomiso tercera etapa 100 Street, resúmenes de las decisiones e instrucciones impartidas en las reuniones del comité de obra” (fl. 5-6, cdno. 6); no obstante, de esas previsiones no se evidencia que tales personas deban correr con las contingencias del fallo adverso a la parte que reclamó su comparecencia.

A pesar de que el “contrato de construcción” celebrado el 20 de abril de 2001 entre el “Fideicomiso tercera etapa 100 Street” y “Construcciones Capital Tower S.A.” (fl. 1173, cdno. 3), da cuenta de que aquellos integrarían la “gerencia de obra” y que dos delegados suyos harían parte del “Comité de obra”, no se precisa que la mencionada “constructora” se hubiera desprendido y trasladado a los mismos, su condición de guardián y que permita acoger la citación efectuada.

Obsérvese, que en la reseñada convención se previó como obligaciones de la “gerencia de obra” presentar “quincenalmente (...) a la fiduciaria relación de los gastos efectuados en el periodo anterior, con claras indicaciones de las retenciones y descuentos practicados, y la fiduciaria, una vez revisadas y aprobadas las relaciones así tramitadas por la gerencia de obra, trasladará del fondo principal del fideicomiso a la cuenta establecida para el manejo de la operación de la obra, el valor total de la relación aprobada, de manera que en la mencionada cuenta se mantenga la cantidad de quinientos millones de pesos ($ 500.000.000) establecida inicialmente”.

No resulta válido inferir que el “llamamiento en garantía” tenga sustento en las funciones específicas señaladas en la cláusula décima cuarta del citado pacto, en general dirigidas a la aprobación o rechazo de cuentas, materiales y propuestas de inversión, menos cuando en la décima quinta se pactó que sería el “constructor (el que) responderá así mismo por los daños y perjuicios que se causen a terceros provenientes de hechos, omisiones, negligencia o culpa en la realización de los trabajos o actividades cumplidas en desarrollo de las obras. En caso de presentarse reclamación o litigio contra el contratante por casusa de tal responsabilidad, el constructor estará obligada concurrir en su defensa y en caso de condena, a pagar al reclamante o a reintegrar al contratante las sumas que este hubiere cubierto a aquel”.

Del “contrato de gerencia de obra” igualmente celebrado entre el “Fideicomiso tercera etapa 100 Street” (fl. 1192, cdno. 5) y los “llamados en garantía” a que se ha hecho mención, tampoco se advierte la fuente de tal citación, pues en materia de “responsabilidad”, se convino que “la gerencia de obra será civilmente responsable de los perjuicios originados en el mal desempeño de sus funciones, especialmente en lo relativo a defectos de calidad o fallas en la estabilidad de las obras, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2029 de 1989, sin que ello exima de la responsabilidad que por el mismo concepto pueda corresponder a el constructor”.

Así las cosas, al no evidenciarse la existencia de relación legal o contractual de garantía que obligue a los terceros convocados a reembolsarle total o parcialmente a la llamante el pago que debe asumir como resultado de la sentencia de condena a ella impuesta, se denegará la pretensión planteada en ese sentido.

Definida así la responsabilidad resarcitoria, cabe adicionar que con la argumentación efectuada en precedencia, respecto de la tasación del lucro cesante, queda atendida la aspiración plasmada en la alzada por la llamada en garantía, Aseguradora Colseguros S.A., en el sentido de reducirlo en un 50% por “vivienda” y “manutención personal”.

16. Para terminar, de acuerdo con las previsiones del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil y dados los resultados de la apelación, “Construcciones Capital Tower S.A.”, será condenada a “cancelar costas en segunda instancia” y en ambas “instancias” deberá hacerlo “Víctor Sasson Sasson”, al resultar vencido; la actora recibirá esa “condena” en “segunda instancia” a favor de “Fiduciaria Central S.A.”, al triunfar en el litigio.

No habrá lugar a “costas” en beneficio de los llamados en garantía “Schlumberger Surenco S.A., Germán Peña Velásquez y Juan Manuel Peña Posada”, por no aparecer causadas, según lo previsto en el numeral 9º del canon 392 ibídem.

La “Aseguradora Colseguros S.A.”, asumirá la reseñada condena en las dos “instancias” en provecho de la citante “Construcciones Capital Tower S.A.”.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Modificar el numeral quinto de la “sentencia de primera instancia”, en el sentido de desestimar las defensas planteadas por el accionado “Víctor Sasson Sasson”.

2. “Adicionar el citado fallo en el punto primero”, en cuanto a declarar que “Víctor Sasson Sasson”, es civil y solidariamente responsable del daño causado a la actora “Loren Alejandra Bustos Moreno”.

3. Reformar el “numeral segundo” de la reseñada providencia del a quo, para condenar solidariamente a “Construcciones Capital Tower S.A. y Víctor Sasson Sasson”, a pagarle a “Loren Alejandra Bustos Moreno”, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de este fallo, la suma de $ 924.908.952,87, actualizada hasta abril de 2013, por concepto de lucro cesante y $ 55.000.000 correspondientes al daño moral, montos estos que al vencimiento de dicho plazo, devengarán un interés legal civil moratorio del 6% anual, hasta cuando se satisfaga la obligación.

4. Modificar el fallo del juzgador de primer grado en el punto séptimo, para condenar en costas en “primera instancia” al accionado “Víctor Sasson Sasson”.

5. En los demás aspectos se confirma la decisión de “primera instancia”, esto es: “Tercero: Condenar a la Aseguradora Colseguros S.A. a pagar a favor de la Sociedad Construcciones Capital Tower S.A., hasta la cobertura de la póliza constituida, la suma que esta tenga que pagar por la condena aquí impuesta. — Cuarto: Denegar la prosperidad de las excepciones propuestas por la Sociedad Construcciones Capital Tower S.A. — Sexto: Condenar en costas del proceso a la demandada Sociedad Construcciones Capital Tower S.A. Tásense” y de la providencia complementaria: “1. Negar las solicitudes de adición y aclaración de la sentencia de fecha 18 de noviembre de 2009, presentadas por la parte actora y el llamado en garantía. — 2. Adicionar la sentencia de fecha 18 de noviembre de 2009, proferida dentro del presente asunto, en el sentido de condenar en costas a Construcciones Capital Tower S.A. a favor de Schllumberger Surenco S.A.”.

6. En segunda instancia se impone condena en costas de la siguiente manera:

a). A “Víctor Sasson Sasson”, en favor de la demandante y se incluirá en la respectiva liquidación $ 40.000.000, por “agencias en derecho”.

b). A la compañía “Aseguradora Colseguros S.A.”, en beneficio de la llamante “Construcciones Capital Tower S.A.” y, se tomará en cuenta para la “liquidación” la cantidad de $ 25.000.000, por el señalado factor.

c). A la actora en favor de “Fiduciaria Central S.A.”, señalándose en la “liquidación” $ 40.000.000, a título de “agencias en derecho”.

6. “No hay lugar a la citada condena en segunda instancia” en provecho de Schlumberger Surenco S.A., Germán Peña Velásquez y Juan Manuel Peña Posada.

7. Declarar probada la objeción al dictamen pericial presentado por el auxiliar de la justicia Sergio Alonso Morales, quien por lo mismo no será acreedor a honorarios y de haberlos percibido, deberá reintegrarlos.

Cópiese, notifíquese y devuélvase».

(1) Resaltado ajeno al texto original.