Sentencia 2001-01445 de agosto 1º de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN “B”

Consejero Ponente:

Ramiro Pazos Guerrero

Bogotá, D.C., primero (1º) de agosto de dos mil dieciséis (2016).

Expediente: 37262 (acumulado 36763)

Rad.: 19001233100020010144502

Actor: Ligia García Palomino

Demandados: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

(Sucesor procesal del Departamento Administrativo de Seguridad DAS)

Acción: Reparación directa

EXTRACTOS: «II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Presupuestos procesales de la acción.

1.1. Jurisdicción y competencia.

Es esta jurisdicción la llamada a resolver la controversia, en atención al carácter público de la demandada(1).

La Sala es competente para resolver la apelación en razón a la vocación de doble instancia del asunto, determinada por su cuantía, tal como se estableció en el auto de 27 de mayo de 2009 (fl. 501, cdno. ppal.), al desatarse el recurso de queja interpuesto por los actores contra el auto que denegó el recurso de apelación contra el fallo impugnado, bajo la consideración de que el asunto era de única instancia ante el Tribunal Administrativo del Cauca. Consideró en esa oportunidad la Sección Tercera que la pretensión mayor corresponde a la relativa al lucro cesante, que ascendía al tiempo de la demanda, según los criterios que se pidió se tengan en cuenta para su tasación, a $ 241.173.795,5 para cada demandante del núcleo familiar del señor Jorge Castillo Rojas, suma superior a 500 salarios mínimos del año 2001(2), cuando se promovió la demanda, criterio que acoge esta Sala para efectos de establecer su competencia para dirimir el asunto en segunda instancia.

1.2. Acción procedente.

En los términos del artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, la acción procedente para deprecar en sede judicial la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado y la correspondiente reparación de perjuicios es la de reparación directa tal como fue promovida por los demandantes.

1.3. Legitimación en la causa de los extremos de la litis. 

1.3.1. De la parte activa.

El legítimo interés los demandantes del primer núcleo familiar, que los habilita para comparecer en esa calidad a la actuación, deviene del vínculo afectivo y de parentesco con el señor Jorge Castillo Rojas, que acreditaron así:

Ligia García Palomino probó su vínculo matrimonial con la víctima, con el correspondiente registro civil de dicho acto (fl. 19, cdno. 1); por su parte, mediante los correspondientes registros civiles de nacimiento, se acreditó que Jimena Castillo García (fl. 16, cdno. 1), Jorge Alfonso Castillo García (fl. 17, cdno. 1) y Juliana Andrea Patiño García (fl. 18, cdno. 1), son hijos de la referida demandante y del señor Jorge Castillo Rojas.

En cuanto al segundo núcleo familiar demandante se acreditó que el carácter de lesionado con el que Juan Pablo Peña Velasco comparece al proceso; también se probó que Luis Antonio Peña Mera y María Marlene Velasco Astudillo son sus padres (fl. 42, cdno. 1); Luis Eudoxio Peña Velasco es su hermano (fl. 43, cdno. 1), Leticia Mera Velasco (viuda de Peña) (fl. 44, cdno. 1) es su abuela paterna (fl. 44, cdno. 19 y María Sofía Astudillo es su abuela materna (fl. 45, cdno. 1).

1.3.2. De la parte pasiva, sus representantes y sucesores procesales.

Frente a la legitimación en la causa por pasiva la Sala encuentra que la parte actora le atribuye al extinto Departamento Administrativo de Seguridad presuntas fallas en la vigilancia de la seguridad del señor Castillo García, que permitieron la ejecución del atentado en el que fue asesinado. Aunque la demanda se dirigió en contra de la Nación – Ministerio del Interior y del Departamento Administrativo de Seguridad, razón por la que fue vinculada la primera como demandada, lo cierto es que no le asiste legitimidad a dicho Ministerio para acudir como su representante, por cuanto ningún hecho u omisión atribuible a este sirvió de fundamento a la demanda, razón por la cual se declarará su falta de legitimación en la causa, tal como lo pidió al contestar la demanda, por cuanto no existe razón fáctica o jurídica, ni factor alguno de atribución de responsabilidad alegado en su contra, por lo que carece de legitimidad de hecho y material para integrar la parte pasiva de la controversia, menos aún para ser condenada, aspecto del fallo impugnado que se modificará.

Por su parte, ante la extinción del Departamento Administrativo de Seguridad, persona jurídica contra quien se dirigieron en su totalidad las imputaciones de hecho de la demanda, que justificaron su vinculación al proceso, los asuntos judiciales en curso contra dicha entidad fueron asumidos: (i) por las entidades a las que se trasladaron las correspondientes funciones del DAS, siendo estas: Migración Colombia, la Dirección Nacional de Protección, el Ministerio de Defensa – Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación(3) y (ii) por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en aquellos casos que no corresponden a las entidades que asumieron el traslado de funciones.

Empero, en el presente trámite fungió como demandado el DAS, quien ejerció su propia representación hasta la etapa de alegaciones en segunda instancia, que se surtió antes de su efectiva extinción, por lo que siempre compareció por sí mismo al proceso y no por intermedio de sus posibles sucesores.

Mediante auto de ponente de 1 de agosto de 2014, proferido cuando el asunto ya había ingresado para fallo (fl. 568, cdno. 1), se dispuso tener a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional como su sucesor.

Ab initio, el Decreto 4057 de 2011, por el cual se suprimió la entidad, dispuso que los procesos judiciales en curso, una vez extinto el DAS, quedarían a cargo de las entidades de la Rama Ejecutiva que asuman sus funciones, de acuerdo con la naturaleza y objeto procesal. Así lo dispuso:

ART. 18.Atención de procesos judiciales y de cobro coactivo. Los procesos judiciales, reclamaciones de carácter administrativo, laboral, contractual y de cobro coactivo en los que sea parte el DAS y/o su Fondo Rotatorio quedarán a su cargo hasta la culminación del proceso de supresión. 

Al cierre de la supresión del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) los procesos y demás reclamaciones en curso serán entregados a las entidades de la Rama Ejecutiva que hayan asumido las funciones de acuerdo con la naturaleza, objeto o sujeto procesal. 

Si la función no fue asumida por una entidad de la Rama Ejecutiva el Gobierno nacional determinará la entidad de esta Rama que los asumirá. 

El artículo 3º de la misma norma dispuso las funciones que quedarían a cargo de las distintas entidades, así:

ART. 3º—Traslado de funciones. Las funciones que corresponden al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), contempladas en el capítulo I, numerales 10, 11, 12 y 14 del artículo 2º, del Decreto 643 de 2004, y las demás que se desprendan de las mismas se trasladan a las siguientes entidades y organismos, así: 

3.1. Las funciones de control migratorio de nacionales y extranjeros y los registros de identificación de extranjeros de que trata el numeral 10 del artículo 2º del Decreto 643 de 2004 y las demás disposiciones sobre la materia, se trasladan a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, que se creará en decreto separado. 

3.2. La función comprendida en el numeral 11 del artículo 2º del Decreto 643 de 2004 de Policía Judicial para investigaciones de carácter criminal, y las demás que se desprendan de la misma, se traslada a la Fiscalía General de la Nación en armonía con lo dispuesto en el artículo 251 de la Constitución Política. 

3.3. La función comprendida en el numeral 12 del artículo 2º del Decreto 643 de 2004 y las demás que se desprendan de la misma, se traslada al Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional. 

Una vez culminado el proceso de incorporación de los servidores del DAS necesarios para la prestación del servicio a la planta de personal del Ministerio de Defensa Policía Nacional, así como el traslado de los elementos, bienes y equipos, las autoridades judiciales continuarán remitiendo los informes y avisos necesarios para que el Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional mantenga actualizados los registros delictivos y de identificación de nacionales y expida los certificados judiciales. Para el efecto, se suscribirá un acta de inicio por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en supresión y el Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, el traslado se comunicará a la comunidad en general y a las autoridades correspondientes. 

El Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional garantizará que la información contenida en las bases de datos mantenga los niveles de seguridad requeridos de acuerdo a su naturaleza. 

Igualmente, en desarrollo de esta función el Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional deberá garantizar el acceso y consulta a la información en línea a la Fiscalía General de la Nación y demás autoridades que ejerzan funciones de policía judicial y autoridades administrativas que en razón a sus funciones y competencias lo requieran; los titulares de los datos tendrán acceso a la información correspondiente a su certificado judicial en los mismos términos y condiciones señalados en las normas vigentes. 

3.4. La función comprendida en el numeral 14 del artículo 2º del Decreto 643 de 2004, en el Decreto 1700 de 2010 y las demás que se desprendan de la misma, se traslada a la unidad administrativa denominada Unidad Nacional de Protección que se creará en decreto separado. 

De acuerdo con lo previsto en dicha norma, la Policía Nacional asumió la función prevista en el numeral 12, artículo 2º del Decreto 643 del 2004, correspondiente a “[l]levar los registros delictivos y de identificación nacionales, y expedir los certificados judiciales, con base en el canje interno y en los informes o avisos que deben rendir oportunamente las autoridades judiciales de la República”, no así las funciones de protección de dignatarios asignadas en el parágrafo del mismo artículo. Las únicas funciones de protección asumidas por otra entidad, fueron las relativas a la custodia del primer mandatario, vicepresidente, ministros y ex presidentes, que se asignaron a la Unidad Nacional de Protección, no así las demás, sobre las que precisamente versa la presente acción.

Sin embargo, ello se explica en razón de las funciones de protección de otros dignatarios que con antelación venían a su cargo, ya iniciaban a ser asumidas por otras entidades, aún antes de la decisión de suprimir el DAS, así lo evidencia el parágrafo del artículo 2º del Decreto 643, que ya preveía desde 2004 que debía propenderse que la función de protección de dignatarios distintos a los ya enunciados en el referido numeral 14:

PAR.—Para los efectos de la seguridad que deba darse a personas y dignatarios, distintas de los previstos en el numeral 14 de este artículo, que requieran la protección del Estado, deberá concertarse la asunción de dicha función por parte de otros organismos estatales que desarrollen funciones de protección. El Departamento Administrativo de Seguridad continuará prestando tales servicios hasta que sean asumidos por otras entidades, de acuerdo con los estudios de riesgo correspondientes. 

En esas condiciones, es claro para la Sala que ya desde 2004 el Departamento Administrativo de Seguridad se desprendía de dicha función, hacia aquellas entidades que legalmente sí ostentan funciones de protección personal. Desde el año 2000, el Decreto 1512 le asignó a la dirección de servicios especializados de la Policía la orientación y coordinación del servicio de protección a dignatarios, siendo entonces dicho ente hacia el que estaban llamadas a trasladarse dichas funciones. Así lo previó:

ART. 41.Funciones de la dirección de servicios especializados. La dirección de servicios especializados tendrá las siguientes funciones: 

(...)  

2. Orientar y coordinar un servicio policial especializado en protección a dignatarios (...). 

Con la expedición del Decreto 4912 de 2011, quedó establecido que los servidores públicos, distintos de los expresamente mencionados por la norma, serían protegidos por la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección, para lo cual, la primera de ellas es la encargada de asignar el correspondiente personal.

De ese modo, es claro para la Sala que las funciones que en materia de seguridad fueron asignadas en principio al DAS, en relación con servidores del nivel al que pertenecía la víctima en el presente proceso, se trasladaron hacia la Policía Nacional, aún antes de la supresión del primero, por lo que está plenamente justificado que la segunda comparezca como su sucesor.

En efecto, el Decreto 1303 de 2014 dispuso la forma en que serían asumidos los procesos judiciales en que era parte del DAS, así como la forma en que serían pagadas las condenas impuestas, por parte de las entidades que asumieron los procesos, previa garantía de los recursos por parte del Ministerio de Hacienda:

ART. 7º—Procesos judiciales y conciliaciones prejudiciales. Los procesos judiciales y conciliaciones prejudiciales en curso en los que sea parte el DAS y/o el Fondo Rotatorio del DAS que aún no han sido recibidos por las entidades que asumieron las funciones, Migración Colombia, Dirección Nacional de Protección, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación de conformidad con lo señalado en el numeral 3.2 del artículo 3º del Decreto Ley 4057 de 2011, serán entregados a estas entidades por el director del DAS en proceso de supresión debidamente inventariados y mediante acta, para lo cual debe tener en cuenta la naturaleza, objeto o sujeto procesal. 

Igualmente, los procesos que tengan relación con los servidores públicos del DAS incorporados a otras entidades de la Rama Ejecutiva deberán ser asumidos por la entidad receptora. 

Los procesos judiciales y conciliaciones prejudiciales que no deban ser asumidos por las entidades a las cuales se trasladaron funciones o se incorporaron servidores deberán ser entregados a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para que continúe con la defensa de los intereses del Estado, para efectos de lo cual el Ministerio de Hacienda y Crédito Público proveerá los recursos presupuestales necesarios. 

(...) 

PAR.—Con el propósito de garantizar la adecuada defensa del Estado la entidad que recibe los procesos deberá continuar atendiendo la gestión de los mismos, una vez estos le sean entregados, en los términos señalados en el presente decreto. 

ART. 8º—Pago de sentencias judiciales. El pago de las sentencias judiciales que se encuentren debidamente ejecutoriadas al cierre del proceso de Supresión del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, lo efectuará la entidad a la cual le haya correspondido el proceso judicial, de acuerdo con lo señalado en el presente decreto, para lo cual el Ministerio de Hacienda y Crédito Público le proveerá los recursos presupuestales que sean necesarios. 

En forma posterior, la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, dispuso lo necesario para atender los procesos judiciales contra el extinto DAS y las condenas correspondientes, a través de un patrimonio autónomo administrado por la Fiduciaria La Previsora S.A., frente a aquellos asuntos que no guardan relación con las funciones trasladadas a otras entidades o que no cuentan con una autoridad administrativa responsable de su atención. Así lo dispuso la Ley 1753 de 2015:

ART. 238.Atención de procesos judiciales y reclamaciones administrativas del extinto das y constitución de fiducia mercantil. Para efecto de dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 18 del Decreto-Ley 4057 de 2011 y 7º y 9º del Decreto número 1303 de 2014, autorícese la creación de un patrimonio autónomo administrado por Fiduciaria La Previsora S.A. con quien el Ministerio de Hacienda y Crédito Público suscribirá el contrato de fiducia mercantil respectivo. 

Para todos los efectos legales la representación de dicho patrimonio autónomo la llevará la sociedad fiduciaria, quien se encargará de la atención de los procesos judiciales, reclamaciones administrativas, laborales o contractuales en los cuales sea parte o destinatario el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) o su Fondo Rotatorio, y que no guarden relación con funciones trasladadas a entidades receptoras de acuerdo con la naturaleza, objeto o sujeto procesal, o que por cualquier razón carezcan de autoridad administrativa responsable para su atención. 

Los recursos serán invertidos observando los criterios de seguridad, solidez y rentabilidad de acuerdo con lo que para el efecto se establezca en el contrato de fiducia mercantil. 

Sin embargo, establecido como está que la función de protección específica que tiene que ver con la materia del presente proceso, quedó a cargo de la Policía Nacional, por lo que es la Nación – Ministerio de Defensa, la llamada a hacerse cargo de la contingencia procesal en este particular evento, tal como se declaró en el auto de 1º de agosto de 2014.

Es claro para la Sala que por haber operado dicha sucesión por virtud de la ley, podía ser declarada en cualquier momento, al tiempo que dicha declaratoria no afecta el derecho de defensa y contradicción de la entidad sucesora, máxime cuando la defensa material fue ejercida por el Departamento Administrativo de Seguridad DAS durante todo el trámite procesal; por su parte, la Policía Nacional estuvo facultada para comparecer en calidad de sucesor al proceso en los términos del artículo 60 del Código de Procedimiento Civil de acuerdo con el cual “la sentencia producirá efectos respecto de ellos aunque no concurran”.

1.4. La caducidad de la acción.

El ordenamiento jurídico prevé la figura de la caducidad como una sanción por el no ejercicio oportuno de las acciones judiciales, de modo que si se instauran por fuera del límite temporal previsto en la ley, el ciudadano pierde la posibilidad de hacer efectivo el derecho sustancial que intenta deprecar ante la administración de justicia.

En cuanto a las pretensiones que se ventilan a través de la acción de reparación directa, el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo dispone que esta debe promoverse en un término máximo de dos años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de la causa del daño (hecho, omisión, operación administrativa u ocupación temporal o permanente).

En el sub lite se pretende endilgar responsabilidad a la demandada por la muerte de una persona y las lesiones padecidas por otra, en hechos que tuvieron lugar el 18 de mayo de 2001 (fl. 22, cdno. 1), mientras que la demanda fue promovida el 11 de septiembre de 2001 ante el Tribunal Administrativo del Cauca (fl. 1 vto., cdno. 1), esto es, en forma oportuna.

2. Problema jurídico.

Para definir la controversia y como quiera que sobre ello discurre el recurso que debe decidirse, analizará la Sala si el daño padecido por los demandantes es imputable a la omisión del extinto Departamento Administrativo de Seguridad o si estuvo determinado total o parcialmente por la culpa de la víctima.

3. Análisis probatorio.

3.1. El 19 de mayo de 2001, agentes de la Policía Judicial rindieron informe sobre una explosión ocurrida el día 18 del mismo mes y año, en la cual perdió la vida el Mayor Jorge Castillo Rojas, director del DAS Seccional Cauca:

El día de ayer 180501, siendo las 19.45 horas sobre la calle 33 Norte, vía panamericana frente a la casa fiscal del DAS, en momentos que ingresaba el doctor JORGE CASTILLO ROJAS, director seccional DAS Cauca, en compañía del señor HERNESTO (sic) MUÑOZ PORRAS, funcionario del DAS, quien conducía el vehículo Mazda 323 NT, color gris, de placas EXJ-182, fue activado un artefacto explosivo (...) posteriormente en coordinación con el personal técnico de antiexplosivos del DAS se procedió a acordonar el sitio, con el objeto de hacer un registro minucioso del lugar y encontrar evidencias o elementos que fueron utilizados por los terroristas para cometer el atentado, observando de que había hecho explosión un artefacto en un lote desocupado al frente de la residencia del doctor JORGE CASTILLO ROJAS dejando como consecuencia destrozos parciales al vehículo en que se movilizaban, daños en las puertas, ventanas y vidrios de las viviendas aledañas al lugar donde ocurrió el hecho estos avaluados en $ 20.000.000 veinte millones de pesos en una honda de 80 metros y produciendo un cráter de 1.50 metros de diámetro por 40 centímetros de profundidad (...) el explosivo utilizado de acuerdo a los residuos de sustancias pulverulentas encontradas en el piso y sobre algunas plantas vegetales, se trata al parecer de BENCLO, que es una mezcla de Benzoato de Sodio con Clorato de Potasio. SISTEMA DE IGNICIÓN El utilizado para la carga explosiva es el sistema de ignición eléctrico que consiste en un detonador ineléctrico con mecha lenta que es el retardo o la duración de hacer detonar el explosivo. (...) la cantidad de explosivo fue de 3 kilos aproximadamente (...) el contenedor era un tuvo galvanizado (miple) de cuatro pulgadas de diámetro por 30 cm de largo, soldada en sus bocas, con un orificio donde colocaron el sistema de ignición, además dentro del contendiro tenía como metralla balines, tuercas, tornillos.

CONCLUSIONES 

La finalidad del terrorista era la de atentar y dar muerte al señor director del DAS Seccional Cauca, por que (sic) en el sitio donde ocurrió el hecho es el lugar donde reside, así mismo el artefacto explosivo utilizado fue acondicionado y lanzado manualmente de una distancia de 20 metros aproximadamente para ser activado en momentos en que ingresara a su lugar de descanso. Este artefacto explosivo es utilizado muy común por el grupo guerrillero del E.L.N. (...) es de anotar que el señor director del DAS Seccional Cauca, recientemente no había sido objeto de amenazas, pero se presume que el atentado es en retaliación por la captura de varios cabecillas y comandante del E.L.N., tales como OVIDIO ANTONIO PARRA CORTEZ alias Julián, quien se fugó de la cárcel, JOSÉ GERARDO ORJUELA FUENTE alias Gonzalo, JUAN CARLOS OROZCO LONDOÑO alias Joaquín y LUIS ÁLVARO HURTADO CIFUENTES, escolta de alias Julián.

De acuerdo a la inspección ocular del lugar de los hechos presumiblemente este atentado se venía proyectando por los terroristas, debido que en ciertos sitios se evidencia pisadas y corte de pasto de varios días atrás en medio de los matorrales ubicados al frente de la residencia del director del DAS, pasando la vía panamericana con orientación al occidente, por ser un área desolada y muy oscura en horas nocturnas, es así como se camuflaban entre la maleza que abunda en el sector, facilitándoseles para realizar la vigilancia y cometer dicho ilícito. —Se resalta—.

3.2. En la misma fecha se inspeccionó el cadáver del señor Castillo Rojas (fl. 25, cdno. 1) y al día siguiente se practicó necropsia que concluyó como causa de muerte: “shock hipovolémico prolongado secundario a heridas múltiples intra abdominales caudas por lesión con artefacto explosivo (fl. 29, cdno. 1). Se aportó la historia clínica de la víctima, en la que consta la atención que recibió el 18 de mayo de 2001 a las 23.00 horas, donde ingresó con múltiples heridas, con mecanismo causal correspondiente a explosión (fl. 20, cdno. 2).

Se probó que el señor Castillo Rojas había tomado posesión del cargo de director seccional, asignado al Cauca, el 8 de febrero de 1999 (fl. 28, cdno. 1), cargo que ocupó hasta mayo de 2001 (fl. 21, cdno. 1), según lo certificado por la pagaduría del DAS.

3.3. La efectiva defunción del señor Jorge Castillo Rojas se registró el 19 de mayo de 2001 (fl. 20, cdno. 1).

3.4. Por su parte, en relación con el señor Juan Pablo Peña Velasco, se aportó la historia clínica y certificación de la Oficina de Prevención y Atención de Desastres de Popayán (fls. 48 y 50, cdno. 1), donde consta que resultó herido en el atentado de 18 de mayo de 2001, heridas que requirieron tratamiento quirúrgico, para la extracción de un cuerpo extraño alojado en el rostro (fl. 58, cdno. 2).

Un testigo de los hechos, quien se desplazaba con él en un vehículo colectivo de servicio público, dijo que con la explosión estallaron las ventanas del rodante y un tornillo grande y grueso, del tamaño de un dedo, se alojó en el rostro del señor Peña, por lo que fue llevado por él al Hospital Central San José, donde le fue retirado mediante un procedimiento quirúrgico. En similares términos declaró Darwin Adolfo Falla Garrido, amigo del lesionado, quien se movilizaba en el mismo vehículo y a quien también le consta la lesión que sufrió el señor Peña con ocasión de la explosión.

3.5. El Departamento Administrativo de Seguridad DAS remitió al proceso la información relacionada con el atentado que reposaba en dicha entidad.

En el primer informe afirmó de que los hechos ocurrieron a las 19.30 frente a la casa fiscal que habitaba el director seccional, donde fue activado un artefacto explosivo en el momento en que el funcionario ingresaba a su domicilio. Indicó:

[E]n la casa fiscal se encontraba prestando el servicio de seguridad el señor JOSÉ ARLEY CAMPO INGA, guardián, quien resultó ileso en el atentado terrorista; de la misma forma resultaron heridos Juan Pablo Peña Velasco, ccdno. 10.291.525 Popayán, 19 años de edad, estudiante de bachillerato del colegio Comfacauca, quien presentaba heridas de esquirla en el pómulo izquierdo. 

(...) 

ANTECEDENTES 

La gestión realizada por el doctor JORGE CASTILLO ROJAS, como director del DAS Seccional Cauca en el año 1999-2000, estuvo enmarcada por grandes operaciones contra la subversión, las cuales permitieron debilitar militar y moralmente dichas organización insurgentes. (Refirió el informe a la captura de cabecillas del grupo guerrillero ELN). 

Sobre las medidas de seguridad adoptadas para la protección del director seccional, dice el informe:

Como es sabido por todos los integrantes de la seccional DAS Cauca, el doctor Jorge Castillo Rojas no asignó personal alguno para que le prestara el servicio de escolta permanente, ya que consideraba que “manejaba un bajo perfil”, entendiéndose que movilizándose como lo hace cualquier ciudadano no llamaría la atención, como sí lo haría con una caravana de escoltas. Más sin embargo es de mencionar que el doctor Castillo Rojas, utilizaba escoltas esporádicas cuando realizaba desplazamientos junto con su familia a la ciudad de Cali (Valle del Cauca), en la ciudad cuando lo consideraba pertinente. En complemento de lo anterior es importante señalar que el doctor Jorge Castillo Rojas adoptó medidas de seguridad así: 

Como medida de autoprotección portaba un arma de dotación (pistola Prietro (sic) Beretta calibre 9mm con dos proveedores de 15 cartuchos cada uno).

Designó como conductor personal al señor Ernesto Helí Muñoz Porras, quien conducía los vehículos en que se movilizaba el director y portaba un arma de dotación (pistoal Prietro (sic) Beretta calibre 9mm con dos proveedores de 15 cartuchos cada uno).

Designó un servicio de guardia permanente durante 24 horas a su sitio de residencia (casa fiscal), el cual era prestado por el personal de guardianes del DAS Cauca. 

Ordenó un servicio de detectives disponibles las 24 horas, para responder a cualquier evento. 

Dispuso que se le hiciera entrega de un radio de comunicaciones portátil contaba para comunicarse en cualquier momento con cualquier unidad del DAS Cauca. 

Se reforzó el servicio de seguridad a las instalaciones por un corto período de tiempo. 

Ordenó realizar una jornada denominada “El buen vecino”, la cual tenía como finalidad conocer y tener un registro del personal que vive en los alrededores a la Seccional DAS Cauca.  

Ordenó a los inspectores diario, disponer al personal de disponibles y guardianes estrictos controles de observación en la periferia de la Seccional y requisas al personal de visitantes de la misma. 

Es de informar a ese despacho que contraproducente con la medida de seguridad de un director debe disponer o adoptar para preservar su integridad, el Doctor Jorge Castillo Rojas, recalcamos fuera de originarse esquema protectivo, nunca utilizaba chaleco antibalas, realizaba desplazamientos a sitios rurales y urbanos, en varias ocasiones solo, incluso sin conductor designado. —Se resalta—.

Un segundo informe también da cuenta de similares medidas de seguridad adoptadas por el funcionario para su seguridad (fl. 87, cdno. 2).

3.6. El informe de la investigación interna realizada por el DAS también hace mención a las medidas de seguridad adoptadas para la protección del funcionario, así:

NORMAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS PARA PREVENIR EL ACCIDENTE 

Existía un servicio de guardia, prestado por funcionarios de este cargo o en su defecto por detectives, por necesidades del servicio, que cumplían turnos alternados de seis horas cada uno, durante las 24 horas del día. 

El inspector diario pasaba revista al servicio en la casa fiscal, informando cualquier anomalía que se presentara al director seccional o subdirector seccional. 

No se permitía el acceso de vehículos particulares a la casa fiscal del DAS Cauca y existía orden de comunicar la presencia de vehículos sospechosos. 

No abrir paquetes que llegaran a la casa fiscal. 

Impedir que personas particulares o extrañas ingresaran a la casa fiscal. 

Requisar a personas sospechosas que merodearan el lugar y verificar antecedentes. 

Podar el prado aledaño a la casa fiscal, para tener una mejor visualización del lugar, acción que constantemente se realizaba por parte de un funcionario del DAS Cauca, a solicitud del director. 

Cuando el director de la seccional se desplazaba a diferentes municipios u otro departamento era escoltado por funcionarios del DAS. —Se resalta—.

3.7. Sobre las condiciones de seguridad del asesinado director seccional del DAS declaró el detective Juan Carlos Clavio Bergaño (fl. 155, cdno. 2), quien afirmó:

Por motivo de nuestro trabajo y más él como director siempre se presentan amenazas, para el tiempo que él se desempeñaba como director en esta seccional, se hizo un operativo contra la subversión donde se capturó a alias “Julián” cabecilla de la José María Becerra del ELN, quien fue remitido a la cárcel de la ciudad de Cali, donde él hacía al director donde decía que él iba a pagar por haberlo capturado; a nosotros se nos informó en relación general el cuidado que se debía tener y también se debían extremar las medidas de seguridad en las instalaciones y las automedidas de seguridad para el personal. —Se resalta—.

Afirmó que inclusive el mismo día de los hechos, el director le recordó al personal las directrices de seguridad a todo el personal en la formación de la mañana. Agregó: “[L]a casa fiscal no era un lugar totalmente seguro debido a que está situado a las afueras de la ciudad y solo contaba con un guardián de seguridad ya que por falta de personal no se podía ampliar ese servicio”.

3.8. La Coordinadora de Talento Humano de la Sección Cauca del DAS (fl. 157, cdno. 2) declaró que no conocía de las amenazas contra el Director, sin embargo, dijo que él mismo les advertía sobre los cuidados que debían tener para su protección personal por las posibles retaliaciones de la subversión por los operativos desplegados en su contra.

3.9. El detective Juan Amadeo Rodríguez Murcia (fl. 160, cdno. 2) afirmó que la Seccional no tiene asignados vehículos blindados, que no conoció amenazas directas contra determinado funcionario y que el director tenía dispuesto un servicio de guardia 24 horas en su residencia. Dijo que era costumbre del director, en reuniones de los días viernes, hacer recomendaciones de seguridad y autoprotección a los funcionarios.

3.10. El testigo Jorge Enrique Rivera (fl. 162, cdno. 2) también refirió a que los desplazamientos del director los realizaba en un carro sin blindaje y que la residencia tenía vigilancia las 24 horas.

3.11. Por su parte José Arley Campo Igna (fl. 166, cdno. 2) guardián asignado al domicilio del director el día de los hechos, declaró que sí existió una amenaza telefónica en contra del funcionario, donde decían “que se cuidara el director del DAS porque ya le conocían todos los movimientos”. Dijo que el DAS no tenía carro blindado y que el director hacía reuniones periódicas en las que les recomendada mantener alerta. Dijo que el día de los hechos recibió la guardia sin novedad a su ingreso. Afirmó:

[R]ecibí sin novedad no se notó nada anormal, en esos momentos me entré a la garita a hacer el recibido del libro, claro que nos habíamos quedado conversando con el guardián saliente como hasta las siete y cuarto de la noche, me entré a la garita prestando el servicio de guardia y esperando a que hiciera el ingreso el señor director, cuando estaba sentado vi que se acercaba el señor director (..) cuando me disponía a pararme para recibirlo en ese momento sentí una explosión muy fuerte, se fue la engería y quedamos en oscuras y la onda de la explosión me tiró al piso. (...). 

Al ser interrogado del lugar desde donde provino el explosivo, indicó:

Lo que pasa es que a un lado de la casa y de la garita había un lote vacío y en mal estado y bastante alto, porque no se veía a Torres de Molino, la maleza estaba como a dos metros de alto a nivel del suelo, el artefacto fue lanzado desde la parte de atrás de la casa que se encuentra construida diagonal a la casa del DAS (...) pues para mí no era un lugar muy seguro porque se encontraba muy retirado y en una avenida. —Se resalta—.

3.12. Se practicó un dictamen pericial a efecto de establecer las condiciones de seguridad del inmueble en el que residía el funcionario asesinado, que fue rendido luego de inspeccionado el lugar por el experto, quien determinó que la caseta de vigilancia de la casa fiscal estaba construida en materiales comunes, sin atención a las normas técnicas de seguridad para construcciones militares, cerca de la vía Panamericana, ubicación que era riesgosa por el alto flujo vehicular y visibilidad hacia la residencia y que eran limitadas las posibilidades de ejercer vigilancia desde la garita. Concluyó que la casa no ofrecía garantías de seguridad, ante la existencia de visibilidad desde el exterior hacia el interior del inmueble (fl. 170, cdno. 1).

4. Análisis de la Sala.

4.1. El daño.

Para la Sala, está acreditado en forma plena el daño sufrido por los demandantes, consistente en la muerte del señor Jorge Castillo García y las lesiones padecidas por Juan Pablo Peña Velasco, que los demandantes no estaban en el deber jurídico de soportar.

4.2. Imputación.

Se analizará ahora si ese daño es imputable al Estado, para lo cual habrá de verificarse (i) el ámbito funcional del DAS en relación con la protección del servidor asesinado, (ii) si existió omisión de cara al referido marco funcional, (iii) si esta puede catalogarse como una falla del servicio y (iv) si estuvo determinada, total o parcialmente, por una actuación dolosa o gravemente culposa de la víctima, en su calidad de director seccional de la entidad.

El Decreto 634 de 2004 —que se tuvo en cuenta para establecer los elementos atinentes a la sucesión procesal de la parte pasiva— contentivo del marco funcional del Departamento Administrativo de Seguridad en la época de su supresión, no constituye un marco jurídico válido para la verificación del contenido obligacional a cargo de la demandada en la época de los hechos, por cuanto ocurrieron antes de su vigencia. Por ello, deben analizarse sus competencias a la luz del Decreto 218 de 15 de febrero de 2000, que le imponía funciones específicas de protección, en relación con el Presidente de la República, su familia, los ex presidentes y ministros, así como de otros dignatarios del Estado. Frente a estos últimos disponía:

PAR.—Para los efectos de la seguridad que deba darse a personas y dignatarios, distintas de las enumeradas en el numeral 15 de este artículo, que requieran la protección del Estado, deberá concertarse la asunción de dicha función por parte de otros organismos estatales que desarrollen funciones de protección. El DAS continuará prestando tales servicios en los términos que señala el artículo 6º numeral 3º del Decreto 2110 de 1992, hasta que dichos servicios sean asumidos por otras entidades u organismos estatales. —Se resalta—.

La referida norma a la que remite el Decreto de 218 disponía como función del DAS, además de la seguridad del jefe de Estado, “prestar servicios de seguridad personal a quienes por razón del cargo, posición, funciones o motivos especiales, puedan ser objeto de atentados contra su persona o bienes, cuando de ellos pudieren derivarse perturbaciones del orden público”, carga que continuó a su cargo hasta la asunción de dichos servicios por otras entidades u organismos estatales.

En el caso particular de la seguridad el director seccional del DAS, en la época en que fue asesinado, las pruebas del proceso no permiten establecer que la obligación de velar por su seguridad hubiera sido ya asignada o asumida a otro ente público; por el contrario, quedó establecido con certeza, a través de las evidencias documentales y testimoniales recaudadas, que era la misma entidad la que disponía las mayores o menores medidas de protección respecto del personal.

En este caso particular, la connotación y funciones del cargo de la víctima permiten a la Sala establecer, por sí mismas, las condiciones de riesgo en las que laboraba, que aunadas a la existencia de una amenaza cierta de la que dieron cuenta dos de los agentes que declararon en el curso del proceso, permiten establecer, sin asomo de duda, que existían circunstancias que imponían la necesidad de protección especial para el funcionario, quien además realizó varios operativos y capturas contra la subversión, una de las cuales dio lugar a amenazas en contra por parte del guerrillero detenido, de las que tuvo conocimiento la entidad. Por supuesto, correspondía al DAS, en ausencia de asignación de dicha función a las Policía, garantizar la seguridad de su director seccional.

Establecido lo anterior, para la Sala es claro que existieron fallas en la seguridad del funcionario, en primer lugar, derivadas de la ubicación del lugar asignado para su residencia, que no cumplía con las especificaciones de seguridad necesarias y estaba expuesto por su ubicación, según quedó establecido pericialmente y que además estuvo vigilado en forma deficiente por los funcionarios encargado de hacerlo. No de otra manera se explica que contando con guardia permanente las 24 horas del día, no se hubiera advertido la labor de inteligencia, planeación y posterior ejecución del acto criminal a cargo de sus perpetradores, pues está probado que prepararon el terreno para el atentado justo frente a la residencia presuntamente vigilada.

En efecto, dan cuenta las pruebas del proceso de que el explosivo fue lanzado desde un inmueble aledaño a la casa fiscal en la que residía el funcionario, en la que se ubicaron los delincuentes, que lograron esconderse tras la vegetación y quienes habían cortado previamente el pasto de la zona posterior para ubicarse allí, donde no serían vistos. Estas labores, así como las necesarias de seguimiento al funcionario para determinar su ubicación y horarios se realizaron sin que se percatara de ello la seguridad permanente apostada en la residencia, de donde puede concluirse que no se prestaba en términos estrictos, como lo requería la situación de riesgo del funcionario, lo que se advierte del mismo testimonio de quien estaba de guardia la noche de los hechos, quien reconoció que al recibir su turno se dedicó a conversar con quien le entregaba por espacio de quince minutos, luego de lo cual ocurrió el lamentable hecho.

Es claro para la Sala que la vigilancia se ordenó en forma permanente porque así era requerida y no se cumplía a cabalidad con el simple hecho de la presencia física del encargado de prestarla, sino que este debía estar atento a las incidencias y movimientos de los alrededores, con el fin de advertir movimientos sospechosos que sin duda se presentaron y pasaron desapercibidos. La guardia allí ubicada tenía la obligación de vigilar las zonas aledañas, en especial las zonas verdes, para indagar la presencia de personas, vehículos o movimientos sospechosos, siendo esta precisamente la razón de la ubicación de ese tipo de vigilancia y no la de reacción a un eventual ataque, que evidente no podría ser repelido en forma eficaz por un solo hombre.

Para la Sala es claro que esa labor de guardia en la residencia del director se prestó en forma negligente, lo que permitió que en el lote colindante se ubicaran los criminales y ejecutaran desde allí el acto criminal, sin que fuera advertida su presencia. Aunado a ello, también estima la Sala que la presencia de vegetación en el sector contribuyó a favorecer la clandestinidad de los delincuentes, pues tenía una altura de dos metros el día de los hechos, pese a que quedó probado que como medida de protección se había ordenado en forma previa mantener podado el pasto de las zonas aledañas, para garantizar la visibilidad y, por ende, la seguridad de la casa fiscal.

Esas patentes fallas comprometieron la responsabilidad del Departamento Administrativo de Seguridad, a cuyo cargo se encontraba la protección de su funcionario directivo, custodia que debía ser proporcionada por el Estado a quien puso en riesgo su integridad en pro del funcionamiento de las instituciones y de la lucha contra el crimen, máxime cuando en forma reciente había perpetrado duros golpes a una organización armada ilegal con presencia territorial en el Departamento del Cauca, como también quedó probatoriamente establecido.

Sin duda, el riesgo derivado del ejercicio del cargo lo asumió el funcionario en forma voluntaria; sin embargo, es evidente que se presentó una falla del servicio, por omisión, por virtud de la cual es posible imputarle a la demandad responsabilidad en los hechos, que no ocurrieron como la simple concreción del peligro asumido, sino en presencia de una verdadera omisión atribuible a la entidad estatal. Por supuesto, dicha asunción voluntaria del riesgo no es argumento válido para desvirtuar la responsabilidad estatal cuando esta deviene de una falla probada del servicio, por cuanto en un régimen subjetivo de responsabilidad se valora la falta del servicio como criterio de imputación, no así el mayor o menor grado de riesgo de la actividad, análisis propio de un régimen objetivo que no es el aplicable a la presente controversia de conformidad con los hechos y las pruebas presentadas y, por tanto, ajeno al presente análisis.

Demostrada como está la posibilidad de imputar el daño padecido por las familias actoras a la entidad demandada, también se verifica que no encuentra demostrada la existencia de culpa de la víctima, en la que se funda el recurso promovido bajo la premisa de que en su calidad de director seccional correspondía al señor Castillo Rojas garantizar su propia seguridad.

Si bien es claro que por razón de su cargo correspondía a la víctima administrar el personal de la Seccional y controlar sus actividades(4), ello no releva a los subalternos de la carga de cumplir con las disposiciones impartidas, ni a la entidad, como un todo, de la concreción de los fines asignados por el orden jurídico. Las pruebas del proceso son incuestionables en cuanto permiten determinar que el director sí dispuso medidas para su seguridad, entre las que se encontraba precisamente la vigilancia permanente a su domicilio, disposición que se cumplió en forma defectuosa; por supuesto, era escaso el control que sobre la calidad de dicha actividad podía ejercer el director, por cuanto no le era físicamente posible permanecer al frente de dicha guardia, o supervisarla de manera constante, pues se trataba de una labor de 24 horas, cuya verificación exhaustiva habría ocupado la totalidad de su tiempo e impedido el ejercicio de las funciones del cargo, de modo que la Sala no puede interpretar la función de control de personal como la carga de verificación minuciosa y minuto a minuto del acatamiento de su orden. Lo cierto para la decisión del caso, es que el director dio la orden de custodiar su domicilio y esta no fue cumplida a cabalidad, como lo demuestra (i) el hecho de haber pasado inadvertido el evidente movimiento de los criminales en la zona para la preparación del atentado y (ii) el relativo a que los encargados dela seguridad se dedicaron a conversar en plena guardia en el momento del cambio del turno, cercano a la hora del hecho, dejando de lado las necesarias labores de verificación constante y atenta.

Por otra parte, también quedó establecido, conforme al estudio realizado por la misma entidad, que el director también dio la orden de mantener podada la vegetación aledaña, lo que no se cumplió, pues está probado que el día de los hechos el pasto del lote en el que se ocultaron los delincuentes alcanzaba dos metros de altura. De igual manera, en su calidad de director impartió la correspondiente orden, en aras de su protección, la que evidentemente dejó de acatarse por sus subalternos; al respecto la Sala no encuentra factible ni coherente afirmar que la verificación de la altura del pasto aledaño a su residencia pudiera ser una función del nivel directivo de la entidad. Una vez advertida la necesidad de podarlo, así lo ordenó el funcionario, dejando además en claro las razones de su orden, por lo que debió ser acatada sin dilación.

Así las cosas, las pruebas del proceso permiten a la Sala concluir, contrario a lo argumentado en el recurso, que la víctima sí se ocupó, en calidad de director, de disponer medidas para su propia seguridad. Estima la Sala que el hecho de preferir un esquema de “bajo perfil” no puede serle reprochado como una negligencia de su parte, pues corresponde a una estrategia legítima, que estuvo acompañada de acciones positivas como la vigilancia permanente en su residencia, la comunicación permanente con su personal, el uso de arma de dotación, entre otras acreditadas. Por el contrario, la mesura en sus movimientos y en el esquema de seguridad se encuentra respaldada en las condiciones objetivas en las que se encontraba, relativas a la ausencia de un vehículo blindado y de personal suficiente para constituir un esquema sólido de seguridad. Nótese cómo las pruebas del proceso dan cuenta de que no tenía la Seccional un carro blindado, ni personal suficiente, lo que determinó que el guardia en la residencia fuera solo uno. En tales condiciones no podía exigirse al director disponer de un esquema que no estaba en la posibilidad real de organizar y mantener, por lo que se advierte como válida su estrategia de propender por ser discreto en sus desplazamientos, como medida de seguridad personal, sumada a las ya referidas que también adoptó como complemento de esta.

Ahora bien, aunque la apelante alegó como fundamento del recurso que la víctima rechazó un apartamento más seguro que le fue ofrecido para su residencia, ese hecho no fue demostrado en el proceso, esto es, no hay evidencia de la existencia de dicho inmueble ni de la decisión del director de no ocuparlo y preferir la casa fiscal en la que se perpetraron los lamentables hechos, carga que le correspondía a la entidad pública en los términos del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.

En las condiciones descritas, la Sala no encuentra evidencia de la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario que permita exonerar de responsabilidad a la administración, por lo que se impone la confirmación de la decisión impugnada en cuanto encontró acreditada la responsabilidad administrativa del Estado.

En lo relativo a las heridas sufridas por el señor Juan Pablo Peña Velasco, víctima colateral del atentado, las fallas del servicio anotadas también permiten imputarle responsabilidad a la administración bajo el mismo criterio de imputación del incumplimiento de su deber funcional, por lo que hay lugar a mantener la condena impuesta, máxime cuando la apelación no versó sobre la responsabilidad de la entidad frente a las lesiones por él sufridas. Aunque el deber especial de vigilancia no lo tenía la entidad frente a la referida víctima, no quedó ninguna duda de que resultó afectado por el mismo hecho, lo que compromete también la responsabilidad del Estado por omisión.

En esas condiciones habrá de mantenerse la decisión del a quo en virtud de la cual se encontró acreditada la responsabilidad del Estado, con la precisión de que esta quedará en cabeza de la entidad que asumió la contingencia procesal por expresa disposición legal, aspecto este último que sí amerita la modificación de la decisión.

5. Indemnización de perjuicios.

La tasación de los perjuicios solo podrá ser revisada por la Sala en lo favorable a la administración, que actúa como único apelante, en atención a la prohibición constitucional de reformatio in pejus y como quiera que los actores no manifestaron inconformidad con la tasación de los perjuicios realizada en primera instancia.

Bajo esa limitante se advierte que la condena por daños morales impuesta a favor de los familiares del señor Castillo Rojas, en el equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes, es acorde a los baremos establecidos para la reparación de ese perjuicio, atendido el grado de parentesco y civil que acreditaron frente a la víctima(5). Por su parte, en cuanto a la reparación reconocida a favor del señor Juan Pablo Peña Velasco, también se advierte que conforme a los criterios de indemnización establecidos en la jurisprudencia unificada de la Sección(6), el reconocimiento de daños morales a su favor en cuantía de veinte salarios mínimos mensuales no excede lo que correspondería a la gravedad de la lesión sufrida, tratándose de una herida en el rostro que requirió atención médica de urgencia; además, las traumáticas condiciones en que las padeció, consecuencia de una explosión ameritan sin duda una indemnización que no puede ser inferior a la tasada por el a quo, por lo que dicho monto también se mantendrá. Su indemnización fue negada al grupo familiar y la sentencia no fue impugnada sobre ese particular aspecto, por lo que no hay lugar a reconocer indemnización a sus familiares, aunque es claro que la jurisprudencia unificada de la sección ha presumido que el dolor moral por lesiones se extiende a los integrantes más cercanos del grupo familiar.

En lo tocante a la indemnización de perjuicios materiales, reconocidos a favor del núcleo familiar de la víctima a título de lucro cesante, la Sala encuentra que en su tasación tuvo en cuenta el a quo el ingreso efectivamente demostrado por la víctima, así como los parámetros que para la época tenía en cuenta la jurisprudencia de la jurisdicción para la distribución del ingreso del fallecido frente al grupo familiar. Por supuesto, si se modificara la liquidación realizada, para efectuarla bajo los parámetros del acrecimiento, acogidos por la Sala en reciente decisión de unificación(7) y hasta la edad de 25 años, conforme al criterio reiterado de la Sala sobre este particular, ello resultaría en valores superiores a los reconocidos en primera instancia para algunos de los miembros del grupo familiar, modificación que no es posible adoptar por las limitaciones del principio de no reformatio in pejus, de modo tal que también se mantendrá la tasación del perjuicio material realizada por el a quo.

Solo corresponde actualizar las sumas reconocidas, con el fin de mantener su poder adquisitivo, desde la época del fallo de primera instancia, hasta la de la presente sentencia, lo que en modo alguno puede ser entendido como una reforma en contra del apelante único, sino en el acatamiento de la disposición legal que impone mantener el valor intrínseco de la condena. Tal actualización tendrá lugar con fundamento en el ICP, así:

VA = VH * índice final

índice inicial

Siendo el índice inicial el de la época del fallo de primera instancia (enero de 2009) y el final el último conocido en la época del fallo de segunda (julio de 2016) Así:

BeneficiarioValor históricoíndice finalíndice inicialValor actualizado
Ligia García Palomino$ 433.632.905133,27100,59$ 574.512.946
Jimena Castillo García$ 9.108.339133,27100,59$ 12.067.485
Alfonso Castillo García$ 61.526.216133,27100,59$ 81.515.050
Juliana Andrea Castillo García$ 69.588.366133,27100,59$ 92.196.457

Por supuesto, no hay lugar a reconocimientos distintos a los contenidos en el fallo de primera instancia, con ocasión de la limitante tantas veces advertida. En dichos términos se modificará la decisión impugnada, con la precisión de que los intereses sobre las condenas se rigen por expresa disposición legal, en cuyos términos habrán de reconocerse y pagarse.

6. Costas.

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria o de mala fe atribuible a los extremos procesales, como lo exige el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

MODIFICAR la sentencia de enero de 2009, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Cauca accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, la cual quedará así:

1. DECLARAR administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, como sucesora procesal del extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS, de la muerte del señor Jorge Castillo Rojas y de las lesiones padecidas por el señor Juan Pablo Peña Velasco, en el atentado ocurrido el 18 de mayo de 2001 frente a la residencia del primero de ellos en la ciudad de Popayán.

3(sic). CONDENAR Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, como sucesora procesal del extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS, a indemnizar a los demandantes el daño moral padecido, así:

A Ligia García Palomino, Jimena Castillo García, Jorge Alfonso Castillo García y Juliana Andrea Castillo García, el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno.

A Juan Pablo Peña Velasco, el equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

4. CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, como sucesora procesal del extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS, a indemnizar a los demandantes el lucro cesante padecido, así:

A Ligia García Palomino, la suma de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($ 574.512.946).

A Jimena Castillo García, la suma de DOCE MILLONES SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($ 12.067.485).

A Alfonso Castillo García, la suma de OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL CINCUENTA PESOS ($ 81.515.050).

A Juliana Andrea Castillo García, la suma de NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($ 92.196.457).

5. Esta sentencia se cumplirá en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

6. Sin costas.

7. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Stella Conto Díaz Del Castillo, Presidenta—Danilo Rojas Betancourth—Ramiro Pazos Guerrero, magistrado ponente».

1 Código Contencioso Administrativo, artículo 82. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la constitución y la ley.

2 Equivalentes a $ 143.000.000.

3 Sobre la asunción de funciones del ente investigador y su inaplicación por parte de la Sección ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, providencia de 22 de octubre de 2015, Exp. 42523, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

4 ART. 15.—Funciones de las direcciones seccionales. Los directores seccionales dirigen y coordinan la acción del Departamento Administrativo de Seguridad en la respectiva jurisdicción y en tal virtud representan al director del departamento en ella. Para tal efecto ejecutan las órdenes e instrucciones que impartan el director del departamento, el subdirector del departamento, los directores generales de inteligencia y operativo y el secretario general. Así mismo, coordinan con los demás jefes de oficina los asuntos relacionados con sus respectivas áreas.

Las actividades de inteligencia y operativas estarán bajo la inmediata dirección y coordinación de los directores generales de inteligencia y operativo.

Corresponde a las direcciones seccionales del Departamento Administrativo de Seguridad el ejercicio de las siguientes funciones:

1º. Ejecutar el plan anual de inteligencia del departamento y velar por su cabal cumplimiento, así como las misiones operativas y de inteligencia, ordenadas por el nivel central, informando oportunamente sobre sus resultados;

2º. Cumplir y hacer cumplir, las órdenes, instrucciones o indicaciones que el director del departamento, el subdirector del departamento, los directores generales de inteligencia y operativo, y la secretaría general impartan;

3º. Coordinar con las autoridades de su jurisdicción, el desarrollo de las actividades correspondientes con la naturaleza y objetivos institucionales;

4º. Expedir los certificados judiciales y documentos de extranjería, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes;

5º. Administrar el personal, supervisar y controlar sus actividades y mantener la disciplina e imponer las sanciones correspondientes, según lo dispuesto por las normas vigentes;

6º. Mantener y actualizar los archivos requeridos de conformidad con las funciones propias del departamento;

7º. Cuidar y administrar los bienes del departamento que le sean confiados a cualquier título;

8º. Elaborar y ejecutar los planes y proyectos del departamento;

9º. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

5 Al respecto ver la sentencia de unificación jurisprudencial: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, Exp. 26.251, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

6 Ver: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 28 de agosto de 2014, Exp. 31172, M.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.

7 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 15 de abril de 2015, Exp. 19146, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo.