Sentencia 2001-01467/2254-2015 de noviembre 27 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”

Rad.: 150012331000200101467 01 (2254-2015).

Actor: Paola Sofía Barajas Bautista

Demandado: Municipio de Tunja y Personería Municipal de Tunja

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho - Decreto 01 de 1984

Consejero Ponente:

Dr. William Hernández Gómez

Bogotá D.C., veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Problema jurídico.

El problema jurídico que se debe resolver en esta instancia, se resume en las siguientes preguntas:

¿El material probatorio aportado al expediente demuestra que la Resolución 0071 del 2 de marzo de 2001, por medio de la cual el personero municipal de Tunja declaró la insubsistencia del nombramiento de la señora Paola Sofía Barajas Bautista en el cargo de personera delegada en asuntos penales II, código 040, estuvo inspirada en móviles políticos y no en razones del servicio?

¿Está probado que con el retiro de la señora Paola Sofía Barajas Bautista y el nombramiento de su reemplazo se desmejoró el servicio?

De la naturaleza del cargo de la demandante.

Para resolver el problema jurídico planteado resulta oportuno indicar que no se discute que el cargo de personera delegada para asuntos penales II que desempeñaba la actora en la Personería de Tunja era de libre nombramiento y remoción.

Sobre este mismo aspecto, la secretaría general de la Personería Municipal de Tunja, en los folios 8 a 11, certificó las funciones que debía desarrollar la señora Barajas Bautista como personera delegada en asuntos penales, relacionadas especialmente con la intervención como Ministerio Público ante fiscales locales, las unidades de fiscalía y los juzgados penales municipales.

En relación con la naturaleza del empleo de personera delegada, vale precisar que la Ley 136 del 2 de junio de 1994 por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios, previó que los concejos podrían crear personería delegadas de acuerdo con las necesidades de los municipios, a iniciativa de los personeros y previo concepto favorable de la Procuraduría delegada para personeros (art. 180). A su vez el artículo 181, atribuyó la facultad nominadora del personal de su oficina.

Por su parte, la Ley 443 del 11 de junio de 1998(4), vigente para la época en la cual la demandante permaneció en el cargo(5), aplicable a las personerías por disposición del artículo 3º, previó en el artículo 5º, numeral 2, literal a), que los cargos de personero delegado de los municipios de categoría especial y categorías uno, dos y tres, son de libre nombramiento y remoción.

De lo expuesto se concluye que los cargos de personero delegado son de libre nombramiento y remoción y que la potestad nominadora recae en el respectivo personero jefe de la entidad.

Límites constitucionales y legales para el ejercicio de la facultad discrecional en la declaratoria de insubsistencia de los cargos de libre nombramiento y remoción

La existencia de cargos de libre nombramiento y remoción en la administración pública se ha justificado en la necesidad de admitir el ejercicio de la discrecionalidad en la facultad nominadora como una atribución que reside en ciertos funcionarios para conformar su equipo de trabajo con personal de la más alta confianza, con miras al mejoramiento del servicio. Tal potestad, se traduce, en la libre escogencia de sus inmediatos colaboradores, máxime si se trata de seleccionar a aquellos que demandan una mayor confidencialidad y cercanía con las políticas a implementarse por parte del administrador de turno.

Como lo ha señalado esta corporación en reiterada jurisprudencia(6), la regla general en el ejercicio de la función administrativa lo constituye el ingreso mediante el sistema de la carrera según el artículo 125 de la Constitución Política. No obstante lo anterior, hay eventos en los que la administración requiere cierta libertad para seleccionar y retirar a sus empleados en atención a la trascendencia de las funciones que desempeñan y el grado de confianza que se exige para ello.

En estos casos, ha sido prevista una excepción al sistema de la carrera administrativa para quienes sin haber superado las distintas etapas de un proceso de selección por méritos, ingresan al servicio público a desempeñar empleos con funciones de conducción u orientación institucional, de las cuales como quedó visto, se requiere el más alto grado de confianza.

Por ende, resulta razonable que quienes desempeñan este tipo de empleos no tengan que superar todas y cada una de las etapas que integran un proceso de selección por méritos toda vez que, se repite, el factor determinante en la provisión de estos cargos es la confianza que se predica directamente del ejercicio de las funciones de dirección u orientación institucional.

Sobre este particular, vale la pena señalar que es precisamente el grado de confianza que se exige para el desempeño de ese tipo de cargos lo que le permite al nominador disponer libremente su provisión y retiro, incluso sin que sea necesario expresar los motivos que lo llevan a adoptar una u otra decisión, empero, la remoción debe ser ejercida siempre dentro de parámetros de racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad, en tal sentido, se han identificado(7) como límites para el ejercicio de dicha facultad, los siguientes: a) debe existir una norma de rango constitucional o legal que contemple la discrecionalidad expresamente, b) su ejercicio debe ser adecuado a los fines de la norma que la autoriza y, c) la decisión debe ser proporcional a los hechos que le sirven de causa.

Por su parte, el artículo 36 del Código Contencioso Administrativo(8) señala: “En la medida en que el contenido de una decisión, de carácter general o particular, sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza y proporcional a los hechos que le sirven de causa”, contenido normativo que supone la existencia de una razón o medida entre el fundamento de hecho y su conexidad con la decisión, se dice entonces, que la discrecionalidad tiene como medida la “razonabilidad”.

El asunto concreto.

En el plenario se aportaron los siguientes medios de prueba relevantes a efectos de resolver los problemas jurídicos planteados:

Documentales.

— En los folios 2 a 64 del expediente obran documentos de la hoja de vida de la señora Paola Sofía Barajas Bautista, de acuerdo con los cuales se evidencia que se desempeñó como inspectora de policía en el municipio de Tibasosa, Boyacá, del 18 de junio de 1996 al 30 de marzo de 1998, posteriormente, se vinculó a la Personería de Tunja a partir del 30 de marzo de 1998 en el cargo de personera delegada en lo penal I (fl. 53) y posteriormente como personera delegada para asuntos penales II (fl. 21). También se desempeñó como inspectora de policía y secretaria de gobierno en el municipio de Soracá (fl. 265).

— Mediante Resolución 0071 del 2 de marzo de 2001 el personero de Tunja declaró la insubsistencia de la demandante, con efectos fiscales a partir del 5 de marzo de ese mismo año.

— Se aportó copia de la hoja de vida del señor Rafael Enrique López Camargo quien reemplazó a la señora Paola Sofía Barajas Bautista como personero delegado en lo penal II (fl. 193), cargo en el que fue designado mediante Resolución 0072 del 5 de marzo de 2001 (fl. 124), nombramiento que fue declarado insubsistente mediante Resolución 155 del 13 de agosto de 2001 (fl. 129).

— A través del Acuerdo municipal 0033 del 3 de agosto de 2001 se estableció la planta de cargos de la Personería del Municipio de Tunja, estructura en la cual se contemplaron 2 cargos de personero delegado en lo penal código 040 grado 06 (fls. 175 - 185).

— La registradora especial del Estado Civil de Tunja certificó que el señor Humberto Castelblanco Ruan fue candidato al concejo municipal en las elecciones del 26 de octubre de 1997 y 29 de octubre de 2000, por el Partido Conservador. Asimismo que el señor Jairo Aníbal Díaz Márquez fue candidato a la alcaldía del mismo municipio en las elecciones del 26 de octubre de 1997 para el periodo 1998-2000, por el mismo partido, y que el candidato elegido como alcalde para el periodo 2001-2003 fue el señor Pablo Antonio Guio Téllez, por el Partido Liberal (fl. 190).

— En el folio 194 el personero de Tunja certificó que declaró la insubsistencia de varios servidores de la entidad incluyendo a la actora y explicó cómo estaba conformada la planta de personal de la entidad para el 1º de diciembre de 2002, luego, para el 10 de diciembre de 2002, después de la reestructuración administrativa y sus respectivas funciones (fls. 199 a 212).

— Se aportaron los actos de insubsistencia que el personero municipal expidió a partir del 2 de marzo de 2001 y los nombramientos que suscribió (fls. 213 - 234).

Testimonios.

— Fernando Humberto de Jesús Ramírez Díaz (fl. 169): Afirmó que no conoció los hechos que dieron lugar a la insubsistencia del nombramiento de la actora pues él fue designado ese mismo día en la Personería de Tunja. Cuando fue interrogado acerca de lo que le consta en relación con los móviles políticos que pudieron incidir en el retiro discutido manifestó: “No. Yo lo que puedo es presumir que generalmente en este tipo de posiciones burocráticos(sic), a veces llega un nuevo jefe, y por desconocimiento o por pleno conocimiento toman decisiones sin saber las implicaciones que pueden tener posteriormente”, pero no tuvo conocimiento de las razones de desvinculación.

— Jaime Antonio Jiménez Piraján (fl. 170): Indicó que no conoce a la demandante pues él ingresó al servicio de la entidad en mayo del año 2001 ni tiene conocimiento de los hechos de la demanda ni ha escuchado hablar de la señora Barajas Bautista.

— Rosa Cristina Niño Avendaño (fl. 170): Quien labora en la entidad como secretaria, sostuvo que no le consta nada en relación con los motivos de la desvinculación de la accionante, que conoció su desempeño y no recuerda ningún inconveniente durante el mismo.

— Myriam Gutiérrez Quintero (fl. 171): También labora como secretaria en la Personería de Tunja, señaló que no conoce los motivos del acto de insubsistencia, empero cuando se le preguntó sobre lo que le consta narró: “Si señora. Al iniciar una nueva vigencia con el nuevo Personero, como ellos tienen autonomía presupuestal y administrativa, lo más usual es que ellos quieran cambiar de equipo de trabajo, como ocurrió en este caso, el personero actual, no mea(sic) cuerdo la época se posesionó (sic) y como al mes emitió unas resoluciones declarando insubsistente algunos cargos, entre ellos el de Paola.” (mayúsculas del texto).

— Doris Mabel Riaño Mahecha (fl. 171): Funcionaria de la Personería Municipal de Tunja, indicó que no le consta nada en relación con las razones políticas que llevaron al retiro de la actora, textualmente dijo: “Nada me consta, por cuanto el Personero Municipal de Tunja, tiene autonomía administrativa para seleccionar su equipo de trabajo de conformidad con la Ley 136 de 1994. Entonces, todos los personeros que han venido, han cambiado su equipo de trabajo, pero son decisiones netamente del personero que no las consulta con nadie, él toma las decisiones, pero que nos contase a nosotros no”.

— Luis Enrique Moreno Moreno (fls. 306 - 307): Manifestó que conoce a la demandante desde 1999 cuando él laboraba en la alcaldía como secretario de servicios públicos y ella era personera delegada y que sabe que pertenece al Partido Conservador “porque ella trabajaba políticamente con el concejal HUMBERTO CASTELBLANCO perteneciente al partido conservador también. Se supone que el concejal trae su cuota política, ellos tienen unas cuotas políticas para vincular”(9), sin embargo, no tiene certeza de la filiación del personero que declaró la insubsistencia del nombramiento de la actora ni reveló información acerca de las razones que llevaron a su retiro.

— Libardo Angel González (fl. 308): Conoce a la señora Paola Sofía Barajas Bautista desde el año 1999 cuando él ingresó a laborar en la Personería Municipal de Tunja. Cuando fue interrogado acerca de los motivos que llevaron a la expedición del acto acusado, declaró: “pues conocerlo de fondo realmente no, pero pues una vez el despacho me entera de los hechos de la demanda uno presume que realmente el costo fue de tipo político, ya que la señora PAOLA estaba allí por recomendación exactamente para ese entonces del concejal HUMBERTO CASTELBLANCO el cual para el período siguiente, es decir el que culmina a 31 de diciembre de 2003, no fue electo y el nuevo Personero tiene una filiación política diferente a la del concejal en mención”.

En relación con las otras insubsistencias que se presentaron en la Personería de Tunja, indicó que él estuvo incluido en ellas y fue desvinculado en mayo de 2001, pero no formuló ninguna acción por ese motivo. Su percepción en relación con el mejoramiento del servicio que se presentó con la persona que reemplazó a la actora expuso “Pues pienso yo que no, puesto que la persona que llega en reemplazo obviamente no tiene la experiencia ni el conocimiento de las funciones que se deben cumplir a diario, máxime en la delegada para asuntos penales donde se debe ejercer como delegado del Ministerio Público en los diferentes despachos judiciales”.

— Víctor Hugo Forero Sánchez (fls. 310 - 311): Conoció a la actora cuando trabajó en la administración del alcalde Jairo Aníbal Díaz Márquez, sostuvo que no conoce las razones por las cuales se declaró la insubsistencia controvertida. Continuó su relato absolviendo cuestionamientos en relación con la filiación política de quienes apoyaban a la actora, y señaló que ella nunca le manifestó su voluntad de retiro y que no conoció quejas en relación con el desarrollo de sus funciones.

— Nelson Ricardo Arcos (fls. 312 - 313): Declaró que cuando realizaba la práctica de consultorio jurídico de la universidad en la Personería de Tuna(sic) conoció a la actora. Expuso que no está enterado de las razones que llevaron al retiro de la señora Paola Sofía ni supo de ninguna queja en su contra y que los conceptos que rendía en los casos a su cargo eran muy claros. Igualmente, indicó que no hubo mejoramiento del servicio con su reemplazo pues “por el contrario el Dr. López llegó desubicado totalmente de las funciones que debía realizar como delegado en lo Penal, máxime aclarando que el Dr. LÓPEZ no tenía conocimiento muy bien del área penalista, él se desempeñaba más en el campo de lo civil y comercial y él mismo lo manifestaba”.

Se refirió a “una especie do despido masivo” dado el retiro de varios de los personeros delegados en el transcurso de la semana sin ninguna justificación.

— Nohora Inés García Cristancho (fls. 396 - 398): Trabajó con la demandante desde 1999 como personera delegada de servicios públicos, en relación con el retiro en cuestión explicó:

“[...] el doctor Mauricio(10) se posesionó el 1º de marzo de 2001, al día siguiente recuerdo [...] que me marcó a mi mucho pues fue los que nos dijo, pues que nunca se me olvida es que dijo “así como llegaron se tienen que ir”, pues eso a mí me dio a entender que por política tendríamos que salir puesto que él había sido uno de los miembros de la comisión de empalme de Pablo Guío DEL CUAL NOSOTROS NO ÉRAMOS Corriente, nosotros éramos corriente conservador y Pablo Guío era liberal; eso ocurrió el primer día que él llegó, al segundo día, [...] ya teníamos nuestra carta de despido, nos despidieron porque me despidieron a mí también [...] ese día fuimos despedidos cuatro, ese mes [...] despidió también a otros cuatro compañeros, o sea fue masivamente que nos despidieron a todos, en un mes todos los delegados fueron sacados, después tuve conocimiento(sic) que se iba a ser(sic) reestructuración la personería, lo extraño es que no esperó a esto, para mí esto es extraño, persecución política; de la doctora Paola fue siempre una persona colaboradora, nos ayudamos, siempre fue muy responsable, se preocupa mucho por su trabajo, es así que el personero en sus ausencias [...] la delegaba a ella como personera”. (Mayúsculas del texto original).

Expuso que no conoce a la persona que reemplazó a la demandante en el cargo pero que tuvo conocimiento de que la primera dama había presentado la hoja de vida de dicho funcionario y que no sabe si desmejoró el servicio luego de su retiro.

— Humberto Casteblanco Ruano (fl. 399): Fue concejal de Tunja y señaló que la actora participó activamente en su campaña política y que cuando se presentó una vacante en un empleo de libre nombramiento y remoción fue designada. Luego se presentó su retiro y no le consta si posteriormente se desmejoró el servicio.

Análisis de la Sala.

Del material probatorio allegado, no es posible concluir que la insubsistencia del nombramiento de la señora Paola Sofía Barajas Bautista obedeció a fines torcidos o distintos al mejoramiento del servicio, pues del examen de los documentos y los testimonios no se desprende lo afirmado en la demanda, en el sentido de que el nominador pretendió satisfacer intereses políticos con el retiro de la actora.

Al respecto se observa que a ninguno de los testigos les consta de manera directa o siquiera indirecta sobre las motivaciones políticas del acto acusado. En efecto, a los señores Fernando Humberto de Jesús Ramírez Díaz, Jaime Antonio Jiménez Piraján (quien ni siquiera conoce a la demandante, Rosa Cristina Niño Avendaño, Myriam Gutiérrez Quintero, Doris Mabel Riaño Mahecha, Luis Enrique Moreno Moreno (reemplazo de la actora), Libardo Angel González, Víctor Hugo Forero Sánchez, Nelson Ricardo Arcos y Nohora Inés García Cristancho, no precisan las razones de desvinculación.

Aquellos declarantes si bien son conocedores de la discrecionalidad para adoptar la decisión del retiro de los servidores de libre nombramiento y remoción, nada les consta en relación con los fines de tipo burocrático y político según la demanda llevaron a la expedición del acto demandado, y aunque los señores Libardo Angel González y Myriam Gutiérrez Quintero suponen que el cambio de administración conllevó la consecuente remoción de personal, aquella es una conjetura que de manera alguna puede ser admitida como plena prueba de la desviación de poder, pues ello equivaldría a admitir que las suposiciones de terceros son la demostración de la verdadera voluntad de la autoridad administrativa en la expedición de un acto con fundamento en la facultad discrecional.

Ahora bien, respecto de los testimonios de los señores Libardo Angel González y Nohora Inés García Cristancho, observa la Subsección que su imparcialidad está afectada y en consecuencia no se les puede dar credibilidad, por lo que se trata de testigos sospechosos, condición que debe evaluar el juez al momento de valorar los testimonios, conforme lo establecido por el artículo 211 del Código General del Proceso(11), por haber sido retirados por el mismo personero municipal quedispuso la insubsistencia acusada, circunstancia que puede ser la que lleva a justificar la decisión en motivaciones políticas y burocráticas, al sesgar su juicio por sentimientos de rechazo hacia dicha determinación.

En efecto, Libardo Ángel González, afirmó que también fue desvinculado a partir del 1º de mayo de 2001 del cargo de personero delegado para asuntos penales, motivo por el cual su declaración en el sentido de que no se mejoró el servicio, no ofrece credibilidad.

Por su parte, en relación con la señora Nohora Inés García Cristancho se observa que su nombramiento fue igualmente declarado insubsistente por el mismo nominador que dispuso el retiro de la actora conforme ella misma lo afirma y se corrobora en el folio 216, por la misma época en que lo fue la señora Paola Sofía Barajas, situación que lleva a considerar que, en razón a sus antecedentes personales, es decir, al encontrarse en una situación fáctica similar, no se puede dar valor probatorio a su testimonio, que está dirigido a exponer sus conjeturas de acuerdo con las cuales dado que ingresó al cargo como consecuencia del apoyo político de personas influyentes de la administración municipal, esta es la misma razón por la cual se declaró la insubsistencia de su nombramiento y el de la actora.

Por su parte, en la contestación de la demanda, el personero municipal explicó que fundó su determinación en la expectativa de mejorar el servicio, por ello, seleccionó a un servidor, Rafael Enrique López Camargo, que acreditaba los requisitos exigidos para aquel empleo, para lo cual evaluó su hoja de vida que consideró le daba el mérito suficiente para el ejercicio del cargo.

De otra parte, en lo relevante al desmejoramiento del servicio con la designación del reemplazo de la actora alegado, se advierte que no se encuentra probado, como tampoco que su reemplazo no reuniera los requisitos exigidos para el empleo de personero delegado en asuntos penales II, además de que más adelante, en ese mismo año, se llevó a cabo una reestructuración administrativa que conllevó la supresión del cargo y el retiro del señor Rafael Enrique López Camargo, quien la reemplazó.

El vicio de desviación de poder no se encuentra probado con el hecho de que la demandante cumpliera con los requisitos para el empleo y sin que hubiera recibido llamados de atención o hubiera sido sujeto de sanción disciplinaria, pues sobre este aspecto debe agregarse que las condiciones profesionales y correcto desempeño de la función no le da al servidor de libre nombramiento y remoción fuero de estabilidad alguno, pues aquellas, son calidades que son exigibles de cualquier persona que preste un servicio público.

Tampoco puede encontrarse acreditado el desmejoramiento del servicio por el hecho de que el testigo Nelson Ricardo Arcos, señalara que Rafael Enrique López Camargo estaba “desubicado totalmente de las funciones que debía realizar”, toda vez que no es clara la razón de su dicho, al no haber señalado de qué manera tuvo conocimiento de la supuesta desubicación del funcionario, de la situación que generó tal comentario ni de qué manera se presentó una afectación concreta en el desarrollo de las funciones asignadas a dicho empleo.

Por otra parte, la declaración de Libardo Angel González que se refirió también a las condiciones del reemplazo de la actora, además de que como antes se dijo, no puede llevar a la convicción de su relato por ser sospechoso, tampoco da cuenta de un desmejoramiento del servicio, pues solamente expone una opinión personal sobre tal aspecto, tal y como se observa cuando señala “Pues pienso yo que no, puesto que la persona que llega en reemplazo obviamente no tiene la experiencia ni el conocimiento de las funciones que se deben cumplir a diario”.

Llama la atención de la Sala el hecho de que en la demanda y a lo largo del proceso se admita que la actora ingresó al empleo como consecuencia del apoyo político de sus partidarios que fueron elegidos para los cargos de concejal y alcalde municipal, empero, al ser retirada por la misma causa, según afirma, la actuación sea acusada por haber sido expedida con desviación de poder, pues aunque existen cargos en la rama ejecutiva del poder público que suponen un nivel de confianza dada su injerencia política es claro que las personerías municipales son entidades que hacen parte del Ministerio Público en el nivel territorial y que por ende, tienen a su cargo la defensa de la Constitución y la ley, la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de quienes desarrollan función pública dentro de su respectivo territorio(12), labores que se encuentran al margen de las actividades de los partidos y movimientos políticos.

De acuerdo con lo expuesto, se verificaron los siguientes aspectos:

— La naturaleza del empleo de personera delegada para asuntos penales II de la Personería Municipal de Tunja es de libre nombramiento y. remoción.

— Las calidades profesionales y personales de la señora Paola Sofía Barajas Bautista no le otorgaban fuero de estabilidad en el cargo.

— No se demostró que se desmejoró el servicio, en razón a que su reemplazo cumplía los requisitos para el desempeño del cargo y de los testimonios no es posible concluir que hubiera existido una afectación en el desarrollo de las funciones encomendadas.

— No se demostró que la decisión de desvinculación obedeció a fines políticos.

En conclusión: El material probatorio aportado al expediente no demuestra que la Resolución 0071 del 2 de marzo de 2001, por medio de la cual el personero municipal de Tunja declaró la insubsistencia del nombramiento de la señora Paola Sofía Barajas Bautista en el cargo de personera delegada en asuntos penales II, código 040, estuvo inspirada en móviles políticos y no en razones del servicio.

Adicionalmente, de los documentos y testimonios allegados al expediente no se desprende que con la declaratoria de insubsistencia se desmejoró el servicio, dado que su reemplazo cumplía con los requisitos para el desempeño del cargo y no se probó que la labor se hubiera dejado de desarrollar en las mismas condiciones en las que se venía haciendo.

Decisión de segunda instancia.

Por lo expuesto la Subsección considera que se impone confirmar la sentencia de primera instancia, proferida el 10 de marzo de 2015 por el Tribunal Administrativo de Boyacá Sala de Descongestión que declaró no probadas las excepciones propuestas por la Personería de Tunja, y denegó las pretensiones de la demanda presentada por Paola Sofía Barajas contra el Municipio de Tunja y la Personería del mismo municipio.

Renuncia al poder.

La abogada María Carolina García Nieto presentó renuncia al poder conferido por la Personería Municipal de Tunja en el folio 553 del expediente, no obstante, se advierte que en el folio 474 se le otorgó poder a la referida profesional, sin embargo, el Tribunal Administrativo de Boyacá, en proveído del 10 de 2015(sic), se abstuvo de reconocerle personería para actuar en razón a que “no fue allegada prueba que acredite la calidad de la funcionaria que otorga el poder (acto de nombramiento, posesión o certificación donde conste que desempeña el cargo de personera municipal), circunstancia por la cual se imposibilita el reconocimiento de personería del apoderado designado”(13) falencia que la señora García Nieto no subsanó.

En esas condiciones, no es viable aceptar la renuncia al poder conferido cuando ni siquiera se le reconoció personería para actuar en representación de la Personería Municipal de Tunja.

Condena en costas.

Toda vez que el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de condena en costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna procedió de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMESE la sentencia de primera instancia, proferida el 10 de marzo de 2015 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Descongestión que declaró no probadas las excepciones propuestas por la Personería de Tunja, y denegó las pretensiones de la demanda presentada por Paola Sofía Barajas Bautista contra el Municipio de Tunja y la Personería del mismo municipio.

2. Sin condena en costas por las razones expuestas.

3. No aceptar la renuncia al poder presentada por la abogada María Carolina García Nieto al poder conferido por la Personería Municipal de Tunja en el folio 553, por las razones expuestas.

4. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático “Justicia Siglo XXI”.

Notifíquese y cúmplase».

4 Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones.

5 La Ley 443 de 1998 fue derogada por el artículo 58 de la Ley 909 del 23 de septiembre de 2004 por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.

6 Ver entre otros la providencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 29 de febrero de 2016, Rad. 050012333000201200285 01 (3685-2013). Actor: Édgar Augusto Arias Bedoya.

7 Sentencia T-372 de 2012.

8 Contenido normativo que corresponde al artículo 44 del CPACA.

9 Mayúsculas del texto original.

10 Hernán Mauricio García Morales, personero municipal de Tunja.

11 “ART. 211.—Imparcialidad del testigo. Cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras causas.
La tacha deberá formularse con expresión de las razones en que se funda. El juez analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo con las circunstancias de cada caso.

12 Artículos 169 y 178 de la Ley 136 de 1994, artículo 139 del Código de Régimen Municipal.

13 Mayúsculas del texto original.