Sentencia 2001-01471 de febrero 7 de 2013

 

Sentencia 2001-01471 de febrero 7 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

Rad. 41001 23 31 000 2001 01471 01 (1520-2011)

Consejero Ponente:

Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren

Actor: Leonel Achury Murcia

Demandado: Municipio de Neiva

Apelación sentencia - autoridades municipales

Bogotá, D.C., siete de febrero dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

Se debate la legalidad de los decretos 103 de 13 de marzo de 2001 y 261 de 15 de agosto del mismo año, a través de los cuales el entonces alcalde de Neiva suprimió entre otros, el cargo de Auxiliar Código 565 Grado 9 que ocupaba el demandante en la administración municipal.

Recordemos que en la demanda se afirmó que el alcalde de Neiva incumplió con la obligación de implementar un plan de contingencia para la adaptación de las personas que serían desvinculadas del servicio, cuya omisión se traduce en la nulidad de los actos demandados. Se dijo también que con posterioridad al proceso de reestructuración, ingresaron nuevos empleados para cumplir idénticas funciones a las que supuestamente fueron suprimidas, quienes por demás no contaban con las mejores calidades necesarias para mejorar el servicio. Finalmente se adujo que el estudio técnico carece de un completo análisis de los perfiles de los empleos, la evaluación de la prestación de los servicios y de las funciones asignadas, lo que implica a juicio del demandante la nulidad de los decretos enjuiciados.

En la providencia de primer grado, el a quo determinó que algunos de los argumentos planteados en la demanda no lograron ser demostrados, y consideró en términos generales que el estudio técnico que soportó el proceso de supresión, cumplía a cabalidad con los requisitos exigidos por la ley.

Contra esa decisión judicial la parte actora presentó oportunamente el recurso de alzada. Sin embargo, al observar detenidamente los argumentos que fundamentan la apelación, encuentra la Sala con extrañeza que el recurrente censura la legalidad de unos actos administrativos (D. 469 de dic. 30/99 y D. 73 de feb. 17/2000) que no fueron debidamente individualizados en la demanda y ni siquiera fueron mencionados de manera somera en el libelo, como para advertir un posible error involuntario de digitación. Igualmente se advierte que frente a esas decisiones administrativas, la parte interesada presenta en el recurso un cargo de anulación completamente novedoso al proceso como lo es, en resumen, la falta de competencia del alcalde para adelantar la supresión sin la autorización de la duma municipal.

En estas condiciones, resulta importante reiterar que el recurso de apelación busca que el superior revise la sentencia de primer grado con el fin de corregir los errores de juicio o de procedimiento en que se haya incurrido, pero tales errores corresponde evidenciarlos a quien recurre, confrontándolos con los elementos probatorios y en congruencia con la materia debatida en el proceso.

Pero, en el escrito que contiene el recurso, el apelante no señala para el caso concreto los yerros sustantivos en que incurrió el juez de primera instancia, ni las pruebas que fueron valoradas equivocadamente, ni los hechos probados o que carecieron de prueba, sino que pretende satisfacer su carga procesal, expresando hechos ajenos a la causa petendi. El memorial de apelación no contiene la más mínima referencia a las consideraciones que expuso el tribunal en la sentencia proferida el 13 de abril de 2011 mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda encaminadas a obtener la nulidad de los actos acusados y el consecuente restablecimiento del derecho que consistía en el reintegro y en el pago de los salarios y prestaciones dejadas de percibir con ocasión al retiro.

Cabe recordar que la exigencia legal de que el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia debe sustentarse, no es una simple formalidad irrelevante para el proceso, tan es así que su inobservancia acarrea la declaratoria de desierto, y de contera, la ejecutoria de la sentencia que se recurre (D. 1/84, art. 212). En el recurso de apelación opera el principio de congruencia, de acuerdo con el cual lo que el recurrente estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem. Al sustentarse el recurso debe entonces señalarse los aspectos que se consideren como lesivos de los derechos que se reclaman, y justificarse las razones o motivos de inconformidad, marco al cual debe ceñirse el juez de segunda instancia.

En los asuntos en los cuales la ley exige la sustentación del recurso de apelación, la omisión de tal requisito impide al juez pronunciarse sobre aspectos diferentes a los señalados en el recurso. Y, como en el caso concreto, en el recurso se exponen argumentos que no guardan relación alguna con el objeto de la presente litis, la Sala no puede entrar a pronunciarse so pena de incurrir en una nulidad de carácter sustantivo, por violación a las formas propias de los juicios que se siguen ante esta jurisdicción.

Ante la incongruencia de las razones que arguyó el apoderado de la parte demandada dentro del recurso, no puede menos la Sala que señalar que no existe en el presente motivo alguno de inconformidad contra el fallo, lo que impone declarar incólume la sentencia apelada.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

VI. FALLA

CONFÍRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila el 13 de abril de 2011, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión celebrada en la fecha».