Sentencia 2001-01479 de octubre 30 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Expediente: 27954

Rad.: 070012331000200101479 01

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Actor: Argemiro Torres y otra

Demandados: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional - Fuerza Aérea -Policía Nacional

Naturaleza: reparación directa

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Presupuestos procesales de la acción.

7. Por ser las demandadas entidades estatales, el presente asunto es de conocimiento de esta jurisdicción, de acuerdo con el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo.

8. La corporación tiene competencia para conocer de este asunto en razón del recurso de apelación presentado por la parte demandante, en un proceso con vocación de segunda instancia en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, que corresponde a la reparación por concepto de perjuicios materiales, supera la exigida por la norma para el efecto(1).

9. la acción de reparación directa establecida en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo es la procedente en este caso, por cuanto las súplicas de la demanda van encaminadas a la declaratoria de responsabilidad del Ejército Nacional, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional por las acciones y omisiones en que incurrieron las entidades y que, según la parte actora, determinaron la lesión del señor Argemiro Torres y la destrucción de su propiedad.

10. Interesa recordar que, de acuerdo con el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, la Sala debe limitarse a analizar los aspectos de la sentencia de primera instancia que el impugnante cuestiona en el recurso de apelación(2) o aquellos que son “consecuenciales accesorios o derivados del aspecto de la sentencia que fue recurrido”(3). Sobre este punto, la corporación ha considerado que el juez de segundo grado no puede determinar libremente lo desfavorable al recurrente ni enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso(4).

11. En cuanto a la legitimación en la causa, están demostrados los lazos de parentesco y civiles entre el señor Argemiro Torres Forero y los demás demandantes en el presente caso(5). Sobre la legitimación en la causa por pasiva, se comprueba que el daño que se invoca en la demanda proviene de acciones y omisiones que provienen del Ejército Nacional, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, de manera que la Nación, representada por el Ministerio de Defensa, se tiene legitimada como parte demandada en este asunto.

12. Finalmente, en lo atinente a la caducidad de la acción, la Sala comprueba que en el presente caso no opera tal fenómeno, dado que, el hecho dañino que se invoca —la lesión del señor Argemiro Torres y la destrucción de su propiedad— tuvo ocurrencia el 8 de julio de 1999, y la demanda se interpuso el 9 de julio de 2001. Tal como lo constató el Tribunal de Primera Instancia, el término de caducidad de la acción de reparación directa empieza a contabilizarse a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de acuerdo con el numeral 8º del artículo 44 de la Ley 446 de 1998(6), en este caso desde el 9 de julio de 1999, de manera que dicho término fenecía el 9 de julio de 2001. Al haberse presentado la demanda este mismo día, se concluye que se respetó el término legal de dos años que prevé para tal efecto el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

II. Problema jurídico.

13. La Sala debe determinar si los daños alegados en la demanda —la lesión del señor Argemiro Torres y la destrucción de su propiedad y los bienes albergados en ella— es un hecho demostrado en el proceso. De comprobarse el daño, se debe establecer si este es imputable a las entidades demandadas por haberlo causado directa o indirectamente, o si, por el contrario, se presenta a favor de estas la causal eximente de responsabilidad del hecho exclusivo y determinante de un tercero —la acción de la guerrilla—. En el caso de constatarse la responsabilidad de las entidades, se procederá a la liquidación de los perjuicios que se deberán indemnizar a la parte actora, de acuerdo con los parámetros fijados al respecto por esta corporación.

III. Validez de los medios de prueba

14. En el presente caso, la parte demandante aportó documentación en copia simple tendiente a acreditar los hechos que sirven de sustento a sus pretensiones. Estos documentos serán valorados por la Sala, si bien es necesario hacer algunas precisiones al respecto.

14.1. En decisiones anteriores, el Consejo de Estado consideró que las copias de documentos públicos y privados solo podían ser aducidas o apreciadas como prueba dentro de un proceso judicial si reunían las exigencias del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, a saber: (i) que hubieran sido expresamente autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial previa orden del juez donde se encuentre el original o la copia autenticada; (ii) que hubieran sido autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presentara; o (iii) que se hubieran compulsado del original o de copia autenticada en el curso de una inspección judicial. Así las cosas, para que pudieran ser considerados como elementos de prueba válidos para demostrar los supuestos de hecho de interés para el proceso, los documentos públicos y privados debían allegarse en original o copia auténtica.

14.2. Posteriormente, la corporación también señaló que, en ciertas circunstancias, las exigencias legales para la valoración de las copias simples pueden flexibilizarse con el fin de proteger los principios de lealtad procesal, equidad y buena fe(7). Esta situación ocurre cuando la parte contra la cual se aducen las copias conserva el original de los documentos y, por lo tanto, está en capacidad de efectuar un cotejo y de tacharlas de falsedad si ello fuera procedente, o cuando la parte demandada ha utilizado tales documentos para sustentar su defensa, pues se presume que, con dicha actuación, acepta la validez de dichos medios de prueba, entre otros eventos.

14.3. En la actualidad, la Sala Plena de esta sección decidió unificar la jurisprudencia en el sentido de otorgar a las copias simples el mismo valor probatorio que se concede a los documentos originales o copias auténticas, siempre que no hayan sido objeto de tacha de falsedad, y estableció los siguientes parámetros:

Cuando entre en vigencia el acápite correspondiente a la prueba documental, contenida en el CGP, se avanzará de manera significativa en la presunción de autenticidad de los documentos, lo que es reflejo del principio de buena fe constitucional; lo anterior, toda vez que de los artículos 243 a 245 del CGP, se pueden extraer algunas conclusiones: i) los documentos públicos o privados, emanados de las pestes o de terceros, en original o en copia, se presumen auténticos, ii) es posible que las partes los tachen de falsos o los desconozcan, lo que originará que se surte el respectivo trámite de la tacha, iii) los documentos se pueden aportar al proceso en original o en copia, iv) las copias, por regla general, tendrán el mismo valor probatorio que el documento original, salvo disposición especial en contrario, v) cuando se aporta un documento en copia, corresponde a la parte que lo allega indicar —si lo conoce— el lugar donde reposa el original para efectos de realizar el respectivo cotejo, de ser necesario, y vi) las partes pueden solicitar el cotejo de tos documentos aportados en copias. (...) En otros términos, a la luz de la Constitución Política negar las pretensiones en un proceso en el cual les documentes en copia simple aportados por las partes han obrado a lo largo de la actuación, implicaría afectar —de modo significativo e injustificado— el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo a la administración de justicia (C.N., arts. 228 y 229)(8).

14.4. En el caso bajo examen, las entidades demandadas pudieron controvertir y tachar las pruebas documentales que fueron aportadas por la parte demandante. Por lo tanto, la Sala, en aras de respetar los principios constitucionales de buena fe y acceso a la administración de justicia, y de preservar el deber de lealtad procesal, reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo de la controversia y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas.

IV. Hechos probados

15. De conformidad con las pruebas incorporadas al expediente, están debidamente acreditados en el proceso los siguientes hechos.

15.1. El predio ubicado en la calle 1 Nº 3-64 en el municipio de Cravo Norte, Arauca, con un área de 208,50 metros cuadrados, registrado con la matricula inmobiliaria 410-23145, es propiedad de Argemiro Torres y Luz Marina Vivas (copia del folio de matrícula inmobiliaria expedido por la oficina de registro de instrumentos públicos de Arauca —fl. 22, cdno. 1—; copia de la escritura pública 809 de la Notaría Única del Circulo de Arauca —fls. 23-24, cdno. 1).

15.2. Argemiro Torres es propietario del establecimiento de comercio “Droguería Cravo Norte”, ubicado en la calle 10 Nº 3-66 en el municipio de Cravo Norte, Arauca, dedicado a la compra y venta de drogas de consumo humano (certificado de matrícula de persona natural expedido por la Cámara de Comercio de Arauca —fls. 25-25, cdno. 1—).

15.3. El 8 de julio de 1999, a las cinco de la tarde, aproximadamente, miembros de la guerrilla de las FARC irrumpieron de forma violenta en el municipio de Cravo Norte, Arauca, y dirigieran ataques con cilindros de gas y ráfagas de fusil contra la estación de policía de la localidad (declaraciones de Manuel Gilberto Peñaloza —fls. 16-17, cdno. 2—, María Luisa Ardila —fls. 18-19, cdno. 2—, Luis Enoc Paredes —fls. 20-21, cdno. 2— y Camilo Ramos —fls. 22-23, cdno. 2—).

15.4. En el marco de la incursión subversiva, Argemiro Torres resultó lesionado (constancia del personero municipal de Cravo Norte —fl. 45, cdno. 2—). En la mañana del 9 de julio de 1999, fue encontrado por algunos vecinos de la población debajo de los escombros del local, con una herida en la pierna derecha, y fue transportado para que recibiera atención médica (declaraciones de Manuel Gilberto Peñaloza —fls. 16-17, cdno. 2—, María Luisa Ardila —fls. 18-19, cdno. 2—, Luis Enoc Paredes —fls. 20-21, cdno. 2— y Camilo Ramos —fls. 22-23, cdno. 2—).

15.5. El 9 de julio de 1999, a las cinco y media de la mañana, el señor Torres ingresó al hospital San José de Cravo Norte, por medio del servicio de urgencias, con una herida causada por proyectil de arma de fuego en el muslo derecho, lugar en el que se le dio atención médica (nota de enfermería —fls. 46, cdno. 2— y órdenes médicas del hospital San José de Cravo Norte —fls. 52-55, cdno. 2—). El mismo día, a las once y media de la mañana, fue remitido al hospital San Vicente de Arauca, en donde fue intervenido quirúrgicamente para realizarle lavado, desbridamiento y sutura de la herida, y se le hospitalizó durante varios días para evaluar su evolución clínica (historia clínica del hospital San Vicente de Arauca —fls. 70-102, cdno. 2—).

V. Análisis de la Sala

16. En el asunto bajo examen, está demostrado que el 8 de julio de 1999, alrededor de las cinco de la tarde, un grupo de hombres armados pertenecientes a la guerrilla de las FARC incursionó violentamente en el municipio de Cravo Norte, Arauca, y atacaron la estación de policía con artefactos explosivos improvisados y ráfagas de fusil.

17. A pesar de que el tribunal a quo consideró que no está probado el ataque de la guerrilla por cuanto el expediente carece de informes oficiales que lo corroboren, la Sala encuentra plenamente acreditada la toma subversiva referida por la parte actora, a partir de los testimonios de los vecinos de Cravo Norte que, es preciso recordarlo, declararon bajo la gravedad del juramento y sin que tuvieran alguna relación legal con los demandantes o algún interés en el resultado del proceso.

17.1. Al respecto, Manuel Gilberto Peña loza García indicó (fls. 16-17, cdno. 2):

Preguntado: díganos si conoce de vista, trato y comunicación al señor Argemiro Torres. En caso afirmativo, desde cuándo, por qué motivos y a qué se dedica. Contestó: doctora, sí lo conozco desde hace 30 años que vivo acá en Cravo, él antes de la toma de julio del 99 tenía la droguería pero después de eso duró aproximadamente dos años sin poder trabajar por lo que le ocurrió durante la toma. Preguntado: sabe qué horario de atención al público tenía la droguería del mencionado señor. Contestó: de 6 de la mañana a 7 de la noche. Preguntado: informe al despacho qué conocimiento tiene respecto de la incursión guerrillera a este municipio el día 8 de julio de 1999. Contestó: eso comenzó como a las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana del otro día y esa toma fue la más terrible de todas. Preguntado: cuéntenos qué sabe usted respecto a los hechos en los cuales resultó herido el señor antes mencionado. Contestó: doctora, pues cuando comenzó la balacera, don Argemiro estaba en la droguería, no tuvo tiempo de salir y le tocó aguantarse toda la noche allí, luego a las 5 de la mañana del otro día, aproximadamente, después de que todo pasó, fuimos con don Pineda y otros que no recuerdo a la droguería de don Argemiro y lo encontramos todo desangrado y herido en una pierna, lo llevamos inmediatamente al hospital para que lo atendieran y él nos contaba que una bala del avión fantasma lo había herido, porque cuando llegó el avión que empezó a disparar fue que lo hirieron y a esta fecha todavía está enfermo. Preguntado: díganos si usted sabe hacia qué dirección disparaba el avión, es decir, lo hizo en el casco urbano o en zona despoblada. Contestó: no, doctora, eso fue acá en el centro prácticamente porque esa gente entró al centro. Preguntado: informe al despacho sí usted supo qué secuelas le quedaron al señor Argemiro Torres después de las lesiones sufridas. Contestó: él quedó herido en una pierna y ha perdido bastante el oído, y se pasa con los nervios alterados. Preguntado: en dónde está ubicada la droguería del señor Argemiro y qué distancia aproximada hay entre esta y la estación de policía. Contestó: aproximadamente a unos 120 metros. Preguntado: díganos en qué estado quedó la droguería de propiedad del mencionado señor. Contestó: el techo, que es de zinc, quedó perforado por las balas y las esquirlas que cayeron, las paredes agrietadas; y desde entonces no volvió a funcionar la droguería en ese sitio, por cuanto es un peligro para las personas que habitan cerca de la estación de policía.

17.2. Por su parte, María Luisa Ardila de Urbina expresó (fls. 18-19, cdno. 2):

Preguntado: díganos si conoce de vista, trato y comunicación al señor Argemiro Torres. En caso afirmativo, desde cuándo, por qué motivos y a qué se dedica. Contestó: sí lo conozco desde hace más de 20 años parque él tenía una droguería al lado de mi establecimiento comercial. Él era el que atendía la droguería acá en el pueblo. Preguntado: sabe usted qué horario de atención presta al público la droguería que atiende el mencionado señor. Contestó: él atendía las 12 horas, cuando uno necesitaba de sus servicios, él nos atendía en horas de la noche. Preguntado: díganos qué conocimiento tiene respecto a los hechos ocurridos en este municipio el día 8 de julio de 1999 por parte de grupos al margen de la ley. Contestó: como a eso de las 5 de la tarde, la guerrilla se tomó el pueblo, atacando a la policía y destruyendo las casas alrededor de la estación, con bombas, disparos, se escuchaba de todo. En horas de la noche llegó el avión y helicóptero del Ejército y comenzó a disparar hacia todas partes hasta altas horas de la mañana del otro día. Al día siguiente encontramos a don Argemiro herido en la pierna todo ensangrentado, habla perdido mucha sangre porque a él lo cogió la plomasera dentro de su droguería, la cual quedó destruida. Preguntado: díganos qué sabe usted respecto a los hechos en los cuales resultó víctima el señor Torres durante la toma por parte de los subversivos el 8 de julio de 1999. Contestó: como ya dije, a él lo agarró el ataque en su droguería y no pudo salir porque había una plomasera, allí pasó toda la noche y un proyectil perforó su techo y lo hirió gravemente del avión (sic). Preguntado: tuvo conocimiento si el avión de la Fuerza Armada apoyó a la policía acantonada en este municipio. En caso afirmativo, durante qué tiempo aproximado. Contestó: sí hubo apoyo del avión y el helicóptero, que disparaban en todas las direcciones del pueblo y duró toda la noche y parte de la mañana del otro día. Preguntado: díganos qué conocimiento tiene usted respecto al auxilio que se le prestó al señor Torres y a qué horas. Contestó: al otro día en la mañana después de la toma, se encontró al señor Argemiro todo herido en los escombros de su droguería y fue trasladado al hospital del pueblo, donde luego lo remitieron a la ciudad de Arauca por encontrarse en estado crítico de salud. Preguntado: informe al despacho sí el señor Torres sufrió secuelas producto de esos ataques. En caso afirmativo, en qué consisten. Contestó: sí sufrió las secuelas, doctora, porque después de lo que le sucedió no ha estado muy bien de salud, creo que perdió audición de un oído y además sufre de colapsos nerviosos. Preguntado: en dónde está ubicada la droguería del señor Torres y a qué distancia aproximada está de la estación de policía. Contestó: se encuentra sobre la calle 1ª con carrera 4ª, cerca de mi negocio y a unos 70 metros de la policía.

17.3. A su vez, Luis Enoc Paredes Nieves manifestó (fls. 20-21, cdno. 2):

Preguntado: informe al despacho si conoce de vista, trato y comunicación al señor Argemiro Torres. En caso afirmativo, desde cuándo, por qué motivos y a qué se dedica. Contestó: sí lo conozco desde hace más de 30 años, por motivo de su oficio como comerciante ya que tiene una droguería en el pueblo. Preguntado: sabe usted qué horario de atención al público tenía la droguería que atiende el mencionado señor. Contestó: las 12 horas del día. Preguntado: díganos qué conocimiento tiene usted respecto a lo ocurrido en este municipio el día 8 de julio de 1999 por parte de grupos al margen de la ley. Contestó: se presentó una toma guerrillera. Preguntado: díganos qué sabe usted respecto a los hechos en los cuales resultó víctima el señor Torres durante la toma por parte de los subversivos el 8 de julio de 1999. Contestó: No pudo salir en el momento en que se presentó la toma, ya que se encontraba en la droguería, la cual fue destruida en su totalidad y allí fue herido y le tocó pasar toda la noche, tomando drogas para el dolor hasta el otro día, cuando fue auxiliado por personal del hospital y luego remitido a la ciudad de Arauca. Preguntado: tuvo conocimiento si el avión de las Fuerzas Armadas apoyó a la policía acantonada en este municipio. En caso afirmativo, durante qué tiempo aproximado. Contestó: sí hubo apoyo de parte del avión. Como desde las 7:30 de la noche hasta que amaneció al otro día. Preguntado: sabe usted hacia qué dirección atacaba el avión militar. Contestó: hacia todas las direcciones del pueblo. Preguntado: díganos qué conocimiento tiene usted respecto al auxilio que se le prestó al señor Torres y 8 qué hora. Contestó: a las 6 de la mañana se le prestó el auxilio, después de la toma. Preguntado: informe al despacho si el señor Torres sufrió secuelas producto de esos ataques. En caso afirmativo, en qué consistían. Contestó: sí perdió y tiene problemas auditivos y sufre de colapsos nerviosos. Preguntado: en dónde está ubicada la droguería del señor Torres y a que distancia está de la estación de policía. Contestó: está ubicada en la calle 19 con carrera 49, a una cuadra de la policía.

17.4. Finalmente, Camilo Ramos Arévalo sostuvo (fls. 22-23, cdno. 2):

Preguntado: informe al despacho si usted conoce de vista, trato y comunicación al señor Argemiro Torres. En caso afirmativo, desde cuándo, por qué motivos y a qué se dedica. Contestó: sí lo conozco desde que he vivido en este municipio, él tiene una droguería actualmente sobre su casa y antes sobre la orilla del río Cravo, que fue donde le destruyeron todo en la toma guerrillera. Preguntado: sabe usted qué horario de atención al público prestaba la droguería que atendía el mencionado señor. Contestó: las 24 horas del día. Preguntado: díganos qué conocimiento tiene respecto a lo ocurrido en este municipio el día 8 de julio de 1999 por parte de grupos al margen de la ley. Contestó: en esa fecha, como a las 5 de la tarde, un grupo de la guerrilla de las FARC se tomó el pueblo, disparando ráfagas de ametralladora, lanzaban cilindros de gas con metralla hacia la policía, de lo cual quedaron destruidas completamente las casas vecinas a la estación y dejaron sin vivienda a un centenar de personas. Preguntado: díganos qué sabe usted respecto a los hechos en los cuales resultó víctima el señor Torres durante la toma por parte de los subversivos el 8 de julio de 1999. Contestó: ese día se encontraba don Argemiro Torres en su droguería, ubicada sobre la calle 1ª, cuando empezó la toma por parte de la guerrilla, y no pudo salir a tiempo, encontrándose encerrado por el fuego cruzado. Don Argemiro pasó toda la noche en su establecimiento hasta el otro día cuando lo encontramos debajo de los escombros, herido por un proyectil del avión en una de sus extremidades, y lo trasladamos rápidamente hacia el hospital porque había perdido mucha sangre, esto por ser yo activo de la Defensa Civil colombiana, y salimos a colaborar a las personas damnificadas. Preguntado: tuvo conocimiento si el avión de las Fuerzas Armadas apoyó a la policía acantonada en este municipio. En caso afirmativo, durante qué tiempo aproximado. Contestó: sí apoyó a la policía y duró toda la noche y parte del día siguiente. Preguntado: sabe usted hacia qué dirección atacaba el avión militar. Contestó: disparaba hacia el centro del pueblo y sus alrededores porque se escuchaba a lo lejos. Preguntado: díganos qué conocimiento tiene usted respecto al auxilio que se le prestó al señor Torres y él qué horas. Contestó: se le prestaron los primeros auxilios al otro día cuando cesaron los disparos y el bombardeo, a eso de las 5 o 6 de la mañana, se le trasladó al hospital local, donde fue remitido hacia Arauca por la gravedad de las heridas, donde fue operado de inmediato. Preguntado: informe al despacho si el señor Torres sufrió secuelas producto de esos ataques. En caso afirmativo, en qué consistieron. Contestó: sí, claro, sufre de pánico nervioso, además creo que quedó medio sordo. Preguntado: en dónde está ubicada la droguería del señor Torres y a qué distancia aproximada de la estación de policía. Contestó: como lo dije anteriormente, sobre la calle 1ª, y hay una aproximación a la policía de unos 100 metros.

18. Los declarantes son consistentes al señalar que entre el 8 y el 9 de julio de 1999, en la población de Cravo Norte, Arauca, miembros de la guerrilla de las FARC entraron al municipio y dirigieron sus ataques contra la estación de policía. Con respecto al señor Argemiro Torres, afirman que es el boticario del pueblo, que tenía una droguería en la calle 1ª con carrera 4ª y en la actualidad, debido a la destrucción del inmueble en que estaba ubicada, la trasladó a su domicilio. Sobre los daños sufridos por el señor Torres, manifiestan que el día del ataque, este se encontraba en el local comercial y, debido al cruce de disparos, tuvo que permanecer encerrado. Agregan que luego de ser alcanzado por un proyectil que entró por el techo y lo hirió en la pierna derecha, debió esperar hasta la mañana siguiente para ser rescatado, dado que el combate se prolongó hasta las seis de la mañana del 9 de julio. En ese momento, concluyen, fue llevado al hospital local para recibir la atención médica que requería.

19. Estas declaraciones permiten constatar, no solo el ataque de los grupos armados ilegales al municipio de Cravo Norte, sino el daño que sufrió el señor Argemiro Torres como consecuencia del mismo. Dichos testimonios son coherentes al afirmar que la herida con un proyectil de arma de fuego, padecida por el señor Torres, se produjo con ocasión del enfrentamiento entre la guerrilla de las FARC y la fuerza pública.

19.1. Además, los testimonios guardan relación con la constancia del personero municipal, según la cual Argemiro Torres fue lesionado con un artefacto explosivo (fl. 45, cdno. 2):

El personero municipal de San José de Cravo Norte hace constar que el señor Argemiro Torres, identificado con la cédula de ciudadanía 1.190.804 de Arauca, fue herido por un artefacto explosivo en su lugar de trabajo durante la incursión subversiva a este municipio al día 8 de julio de 1999.

19.2. En igual sentido, la historia clínica del señor Torres registra que el 9 de julio de 1999, este ingresó al hospital San José de Cravo Norte, con una herida causada por proyectil de arma de fuego (fls. 46, 52, cdno. 2):

9-07-99. 5:30 a.m. Ingresa paciente de 60 años de edad al servicio de urgencias acompañado por auxiliar de enfermería, con herida por proyectil de arma de fuego aéreo en muslo derecho (...).

Enfermedad actual: cuadro clínico de 7 horas de evolución caracterizado por sufrir herida por proyectil de arma de fuego aéreo en región proximal de muslo derecho con orificio de entrada en zona lateral externa de más o menos 7 cm x 7 cm de diámetro y orificio de salida de 8 cm x 8 cm de diámetro, con zonas de necrosis en región lateral interna del muslo, poco sangrante, dolor intenso para movilizar el miembro afectado, manifestando haber sangrado abundantemente desde las 10:00 p.m., cuando recibió el impacto del proyectil, motivo por el cual el paciente es traído a esta institución.

19.3. Los registros médicos del hospital San Vicente de Arauca consta que el señor Torres ingresó a la clínica, remitido desde el hospital San José de Cravo Norte, debido a una herida por proyectil de arma de fuego en el muslo derecho (fl. 72, cdno. 2):

Paciente remitido del hospital Cravo Norte por sufrir herida por arma de fuego en muslo derecho de 15 horas de evolución (...).

Examen físico: (...) Se observa en tercio proximal del muslo herida con pérdida de tejido (piel, tejido celular, músculo), de más o menos 12 cm en cara anterior, en cara lateral Hx de más o menos 8 cm con pérdida de tejido también. Se preserva movilidad, sensibilidad, pulsos distales. Bien llenado capilar.

19.3. Finalmente, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Arauca, en el acta 107, determinó que, con ocasión de la lesión, el señor Argemiro Torres sufrió una pérdida del 62,5% de su capacidad laboral. Esta conclusión se extrajo de la suma de los porcentajes de deficiencia (38,5%), discapacidad (8,5%) y minusvalía (15,5%). Como diagnóstico se señaló: “Secuelas HPAF (artefacto explosivo) en tercio superior muslo derecho con pérdida de sustancia y cicatriz retráctil queloide con adherencias circunscritas, hipotonía muscular cuádriceps.

20. En cuanto al daño alegado por el señor Torres consistente en la afectación de uno de sus oídos debido a una explosión cercana y que lo obliga, según afirma, a utilizar un audífono de manera permanente, la Sala no lo encuentra demostrado, pues en la historia clínica no se registra dicha lesión y en el acta de la junta regional de calificación de invalidez no aparece mencionada como criterio para la definición del porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Las afirmaciones en ese sentido de algunos de los declarantes no constituyen prueba idónea para tener probado ese daño particular, pues dichas personas carecen de la aptitud profesional para rendir esta clase de conceptos.

21. Una vez demostrado el daño, la Sala procede a determinar si este le es imputable a las entidades demandadas. Para ello es preciso aclarar que la lectura del expediente no permite concluir que alguna autoridad del Estado haya provocado directamente la lesión del señor Argemiro Torres y la destrucción de su propiedad, pues no se tiene prueba alguna de que la fuerza pública haya dirigido ataques contra esta persona en particular o contra sus bienes.

21.1. La Sala reconoce que, de acuerdo con los declarantes, el avión de la Fuerza Aérea que entró a la población de Cravo Norte a apoyar a la Policía Nacional en el esfuerzo de repeler la agresión de la guerrilla, efectuó el disparo que hirió al señor Argemiro Torres: Manuel Peñaloza manifestó que “una bala del avión fantasma lo había herido” (fl. 16, cdno. 2), María Luisa Ardila expresó que: “un proyectil perforó su techo y lo hirió gravemente del avión” (sic) (fl. 18, cdno. 2) y Camilo Ramos sostuvo que el señor Torres resultó: “herido por un proyectil del avión en una de sus extremidades” (fl. 22, cdno. 2) No obstante, es claro que estas personas, si bien pueden acreditar el hecho de la incursión guerrillera y el de haber encontrado a Argemiro Torres en su droguería, herido, en la mañana del 9 de julio de 1999, no son idóneas para comprobar que fue el avión de la Fuerza Aérea el que causó la lesión al señor Torres, dado que no estaban presentes en el lugar de los hechos y que la información que refieren está basada en lo afirmado por el mismo demandante.

21.2. En las declaraciones también se afirma que el avión de la Fuerza Aérea disparó “en todas las direcciones del pueblo”, pero la afirmación presenta tal vaguedad que es imposible verificar su veracidad y, sobre todo, que haya sido la causa efectiva de la lesión del señor Torres y de la destrucción de su local comercial.

21.3. Tampoco se ignora que en la historia clínica de Argemiro Torres se describe que este sufrió una “herida por proyectil de arma de fuego aéreo” (fl. 52, cdno. 2), pero de esta afirmación no puede concluirse que la lesión la haya provocado un disparo desde el aire, pues la aseveración es apenas una transcripción de lo relatado por el paciente. Además, la descripción de los orificios de entrada y salida del proyectil no permiten comprobar que el disparo haya sido “aéreo”, e incluso si lo permitieran, esta circunstancia no sería suficiente para concluir que el disparo fue hecho por una aeronave de la fuerza pública.

21.4. Por último, no es posible corroborar que el Ejército o la Policía Nacional hayan provocado directamente el daño que padeció Argemiro Torres, por ejemplo, por haber disparado contra él o el inmueble de su propiedad, pues ningún medio de prueba así lo demuestra.

22. Esta situación permitiría, en principio, eximir de responsabilidad a las entidades demandadas, dado que ninguno de sus agentes estuvo involucrado en dicho atentado. Sin embargo, la jurisprudencia de esta corporación ha examinado en varias oportunidades la responsabilidad del Estado por hechos de terceros, en casos en los que si bien los agentes estatales no causaron el daño de forma directa, con su acción u omisión propiciaron o permitieron que terceras personas ajenas a la administración lo causaran(9). Es el caso típico de los llamados “actos terroristas”, cometidos usualmente por miembros de grupos armados ilegales, si bien otro tipo de bandas criminales, con un menor grado de organización y jerarquía, pueden producirlos.

23. En el presente caso, está demostrado que durante la incursión de la guerrilla de las FARC en el municipio de Cravo Norte, Arauca, se produjo la destrucción de algunos inmuebles próximos a la estación de policía, entre ellos el de propiedad del señor Argemiro Torres, así como la lesión que este sufrió en la pierna derecha.

24. Así las cosas, se debe establecer si la lesión de Argemiro Torres y la destrucción de su propiedad, a pesar de ser daños causados en el desarrollo de ataques iniciados por terceros ajenos a la administración, resultan imputables a las entidades demandadas por haber generado para el demandante un riesgo superior al que afronta el promedio de los ciudadanos, de manera que determinó o, por lo menos, contribuyó causalmente a la producción del daño.

24.1. En asuntos de igual naturaleza, esta Subsección ha considerado que los casos que involucran daños derivados de ataques guerrilleros a bienes o instalaciones del Estado plantean una categoría de riesgo que se deriva de la confrontación armada que surge de la disputa por el control del territorio y por el monopolio del uso de la fuerza(10). Esta categoría de riesgo, llamada riesgo-conflicto, surge del reconocimiento de que, dada la situación de conflicto armado interno, el cumplimiento de ciertos deberes constitucionales por parte del Estado genera para la población civil un riesgo de naturaleza excepcional en la medida en que la pone en peligro de padecer los efectos de los ataques que los grupos guerrilleros dirigen contra los bienes e instalaciones que sirven como medio para el cumplimiento de esos deberes y el desarrollo de dichas actividades(11).

24.2. En el presente caso, las declaraciones antes referidas permiten comprobar que los ataques de la guerrilla de las FARC fueron dirigidos específicamente contra la estación de policía y que, por este motivo, resultaron afectadas las viviendas cercanas: María Luisa Ardila señaló: “Como a eso de las cinco de la tarde, la guerrilla se tomó el pueblo, atacando a la policía y destruyendo las casas alrededor de la estación, con bombas, disparos, se escuchaba de todo” (fl. 18, cdno. 2). Por su parte, Camilo Ramos Arévalo expresó que los subversivos “lanzaban cilindros de gas con metralla hacia la policía, de lo cual quedaron destruidas completamente las casas vecinas a la estación y dejaron sin vivienda a un centenar de personas” (fl. 22, cdno. 2).

24.3. Además, se acreditó que la estación de policía del municipio de Cravo Norte, Arauca, estaba ubicada en inmediaciones del inmueble en el que Argemiro Torres tenía su droguería. Los declarantes, al ser cuestionados sobre la ubicación del local comercial, respondieron en estos términos: Manuel Peñaloza señaló que este estaba “a unos 120 metros” del puesto de policía (fl. 17, cdno. 2), María Luisa Ardila indicó que “a unos 70 metros de la policía” (fl. 19, cdno. 2), Luis Enoc Paredes dijo que “a una cuadra de la policía” (fl. 21, cdno. 2) y Camilo Ramos sostuvo que “hay una aproximación a la policía de unos 100 metros” (fl. 23, cdno. 2).

24.4. Sobre el riesgo creado por el Estado al instalar a sus fuerzas militares y de policía en proximidad o cercanía de los bienes civiles, la subsección ha señalado:

De esta forma, se considera que los atentados cometidos por la guerrilla contra un “objeto claramente identificable como Estado” en el marco del conflicto interno armado, tales como estaciones de policía, cuarteles militares u oleoductos, pueden ser imputados al Estado a título de riesgo excepcional no porque estos bienes e instalaciones puedan ser considerados peligrosos en sí mismos —como sí ocurre con los objetos que encuadran dentro de la categoría riesgo-peligro (p.e. armas de dotación oficial, químicos o instalaciones eléctricas)—, sino porque la dinámica misma del conflicto armado ha hecho que la cercanía a ellos genere para la población civil el riesgo de sufrir afectaciones en su vida, su integridad personal y su patrimonio en razón a que son blanco de continuos y violentos ataques por parte de la guerrilla que los considera objetivos militares.

La Sala no desconoce que desde un enfoque de teoría administrativa resulta extraña, por decir lo menos, la afirmación según la cual la simple presencia institucional constituya un factor generador de riesgo, máxime cuando muchas veces esa presencia —lograda, por ejemplo, mediante el acantonamiento de la fuerza pública— la que permite al Estado conjurar o repeler las amenazas que para la vida y los bienes de la población civil implican las acciones de la delincuencia. Sin embarga, considera que de cara a la realidad del país, resulta imposible negar que existen zonas afectadas por fenómenos graves de violencia política en las que la cercanía a ciertos bienes e instalaciones del Estado, genera un riesgo cierto para las personas que viven o desarrollan sus actividades cotidianas en sus proximidades ya que estos son blanco de continuos ataques de fa guerrilla(12).

24.5. En el caso bajo examen, es claro que, en el contexto del conflicto armado interno, la estación de policía constituye un objetivo claramente identificado como Estado y, en esa medida, un blanco para el ataque de los grupos armados ilegales: Por lo tanto, al haber ubicado el puesto policial en una zona con alta densidad poblacional —recuérdese que el ataque de la guerrilla afectó numerosos bienes civiles, incluido el local comercial de Argemiro Torres—, el Estado creó un riesgo anormal para los habitantes de la zona.

24.6. Se aclara que, en tanto dicho riesgo se deriva de la existencia del conflicto armado interno, su naturaleza es contextual, porque no en todos los municipios del país es factible que se produzca una incursión armada de la guerrilla o un ataque contra la infraestructura del Estado. Este hecho es, precisamente, lo que le atribuye al riesgo su carácter excepcional. En efecto, es un hecho notorio que estas acciones tienden a concentrarse en pequeños poblados, ubicados en zonas del territorio nacional que ofrecen una ventaja estratégica desde el punto de vista militar, y donde los actores armados ejercen una fuerte presencia y están en capacidad de perpetrar un ataque armado de gran impacto. Al respecto, se ha determinado:

Así las cosas, para que pueda imputarse responsabilidad a la administración a título de riesgo excepcional por los daños derivados de ataques guerrilleros contra bienes o instalaciones del Estado es necesario que el factor de imputación, esto es, el riesgo, exista realmente, lo cual puede acreditarse a través de distintos medíos de prueba, que den cuenta de la situación ele orden público en la región, o también puede inferirse a partir de la existencia de antecedentes de ataques similares al mismo municipio o de municipios aledaños, de la noticia de la presencia de actores armados en la región, y de los medios que se utilizaron para perpetrar el ataque.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala considera que en la medida en que el Estado participa consciente y deliberadamente en la creación del riesgo, debe adoptar todas las medidas de precaución, contención y defensa a su alcance para minimizarlo y para evitar que se materialice, pues si no lo hace y facilita la actuación de los grupos armados ilegales, se configura una ostensible falta del servicio que da lugar a un juicio de responsabilidad de naturaleza distinta, fundado en el incumplimiento del deber positivo de protección que le es exigible, no solo respecto de los bienes y personas civiles, sino también de quienes participan en las hostilidades y de los bienes de carácter militar(13).

24.7. En este caso, no cabe duda de que los hechos violentos del 8 y 9 de julio de 1999 en el municipio de Cravo Norte, Arauca, están inscritos en un contexto de violencia emanada del conflicto armado interno, debido a la fuerte presencia de grupos armados al margen de la ley que se disputan el control del territorio.

24.8. Al respecto, esta corporación ha tenido oportunidad de conocer de distintos asuntos de incursiones guerrilleras en este municipio en la época de los hechos que hoy se debaten:

24.8.1. En fallo de 29 de julio de 2013, esta Sala encontró probada la responsabilidad del Estado en la destrucción de un bien inmueble por los ataques guerrilleros del 13 de abril de 1998, 29 de enero, 19 de abril, 11 de junio, 8 de julio y 18 de noviembre de 1999, y 16 de enero de 2000, en el municipio de Cravo Norte, Arauca, todos dirigidos contra la estación de policía de la localidad, al evidenciar que “la actora fue sometida objetivamente a un riesgo excepcional que no estaba en el deber jurídico de soportar”(14).

24.8.2. En sentencia de 5 de abril de 2013, la Sala encontró acreditada la responsabilidad del Estado en la destrucción de un local comercial con ocasión de los ataques que la guerrilla de las FARC dirigió contra la estación de policía de Cravo Norte, Arauca, el 19 de abril y el 8 de julio de 1999, “con fundamento en el riesgo de naturaleza excepcional al que fueron sometidos los habitantes aledaños a la estación de policía del municipio”(15).

24.8.3. En decisión de 21 de abril de 2012, se declaró responsable al Estado por la destrucción de un establecimiento de comercio ubicado en inmediaciones de la estación de policía de Cravo Norte, Arauca, y el desplazamiento forzado que sufrieron sus dueños, por los ataques que contra este objetivo militar dirigió la guerrilla de las FARC los días 13 de abril de 1998, 19 de abril y 8 de julio de 1999. En esa oportunidad se consideró que “los permanentes ataques contra la población y las medidas adoptadas para contrarrestarlos, generaron en los vecinos del lugar condiciones de riesgo que explican el hecho de que los habitantes hubieran abandonado los inmuebles ubicados en cercanías de la estación de policía”(16).

24.8.4. En providencia de 21 de marzo de 2012, esta Sala declaró la responsabilidad del Estado por el desplazamiento forzado de un grupo familiar como consecuencia de los ataques de la guerrilla de las FARG a la estación de policía de Cravo Norte, Arauca, el 13 de abril de 1998, 19 de abril de 1999, 8 de julio de 1999 y 16 de enero de 2000, y de los continuos enfrentamientos entre la subversión y la fuerza pública. En este caso se concluyó que las estaciones de policía, “si bien (...) tienen como finalidad la de defender a sus pobladores, representan un riesgo grave y excepcional para quienes habitan en sus inmediaciones”(17).

24.8.5. Estas son solo algunas de las más recientes decisiones dentro de un amplio número de casos en los que se falló en igual sentido(18).

24.9. En este contexto de continuos ataques de las guerrillas contra la población de Cravo Norte, Arauca, en la época de los hechos que hoy se debaten, se comprueba una compleja situación de orden público en medio de la cual los bienes e instalaciones de la fuerza pública —como las estaciones de policía— eran continuamente blanco de ataques de los grupos armados ilegales, de manera que su emplazamiento en las zonas de residencia civil constituía un altísimo riesgo para la población.

25. En esa medida, la creación del riesgo para la población de Cravo Norte, Arauca, al derivar exclusivamente de la instalación de objetivos militares —estaciones de policía— en inmediaciones de la población civil, le es imputable únicamente a la Policía Nacional, y se declarará la falta de responsabilidad del Ejército y la Fuerza Aérea en el presente caso, pues no solo no se probó que alguno de sus agentes haya participado en el daño que sufrió el señor Torres, sino que tampoco se comprobó que estas entidades hayan generada un riesgo para la población, como sí sucede en el caso de la Policía Nacional.

26. Ahora bien, el alegato de la policía del hecho exclusivo de un tercero como causal eximente de responsabilidad no tiene vocación de prosperar, dado que, a pesar de que los causantes directos del daño fueron terceros ajenos al Estado, este contribuyó significativa mente a la producción del mismo por las razones antes expuestas.

27. Además, el argumento de la entidad demandada según el cual el ataque de la guerrilla fue dirigido contra toda la población de Cravo Norte y, por lo tanto, no había forma de evitar el daño a las personas civiles, no tiene cabida para esta Sala. La misma institución reconoció que dichos ataques tuvieron como objetivos las oficinas de Telecom, la Caja Agraria y el puesto de salud municipal, todas entidades estatales. Por esa razón, resulta claro que la agresión de los subversivos se orientó al debilitamiento de la estructura estatal y que con ocasión de ello se causó un grave perjuicio a la población civil.

28. Finalmente, cabe enviar un mensaje de condena por el ataque brutal del que fue víctima la población de Cravo Norte, Arauca, en los hechos del 8 y 9 de julio de 1999, dado que el grupo armado ilegal responsable de la grave lesión que sufrió el señor Argemiro Torres y la destrucción de su propiedad, vulneró los principios más elementales del derecho internacional humanitario al utilizar artefactos explosivos —cilindros de gas— cuya poca precisión produjo daños indiscriminados a la población civil, proscritos por la normatividad internacional.

29. Por las razones expuestas, la Policía Nacional, al tener instalada su base de operaciones en inmediaciones del local comercial del señor Argemiro Torres, en el municipio de Cravo Norte, Arauca, un poblado caracterizado por continuos enfrentamientos entre los grupos armados ilegales y la fuerza pública debido a las constantes ataques de los primeros, generó un riesgo excepcional para dicha persona y, de esta forma, contribuyó significativamente a la producción del daño, razón por la cual debe asumir la plena responsabilidad patrimonial.

VI. Liquidación de perjuicios

30. Para la indemnización de los perjuicios materiales, en vista de que subsiste la controversia respecto de las pérdidas sufridas por el señor Argemiro Torres con ocasión de la destrucción del inmueble de su propiedad, la Sala pasa a ocuparse de esta discusión, con el fin de determinar el valor de la reparación debida por ese concepto.

30.1. El 28 de noviembre de 2001, el a qua designó como peritos al ingeniero Fabio Arnold Torres Pabón ya la arquitecta Jacqueline de la Cruz Parra Moreno, con el objeto de que rindieran un dictamen sobre los daños ocasionados al inmueble de propiedad del señor Argemiro Torres Forero (fls. 212-214, cdno. 1).

30.2. Una vez posesionados del cargo (fls. 239-241, cdno. 1), dichos peritos presentaron un dictamen en el que estimaron en $ 4.800.625 el monto de la reparación de los daños causados al inmueble, en $ 5.219.600 el valor de los bienes muebles y enseres destruidos, y en $ 8.064.600 la suma de lo dejado de percibir por Argemiro Torres con ocasión de las pérdidas. Se transcribe la fundamentación del dictamen (fls. 112-121, cdno. 1):

Introducción

La información recopilada por nosotros para realizar el informe, que a continuación detallamos, nos permite evaluar con propiedad los daños ocasionados al bien inmueble por las tomas guerrilleras.

Para ello se procedió a realizar un levantamiento de la planta general de la vivienda, sobre la cual se detallarán los daños ocasionados, que se describen en el desarrollo de este informe.

Para el avalúo de los daños se consideran los precios de los materiales y la mano de obra de la región, del cual saldrá el valor del metro cuadrado de la construcción que corresponde al inmueble, que multiplicado por el área construida nos arroja el valor de la construcción, y de acuerdo al valor del metro cuadrado del terreno en el sector encontraremos el valor del lote. Todo actualizado a mayo de 2003.

Los daños ocasionados al inmueble y la mercancía perdida en el momento de la incursión se analizarán de acuerdo con los inventarios realizados antes y después de la toma guerrillera.

(...).

Determinación física del inmueble avaluado

Linderos

Norte: 14.30 mCon calle 1ª
Sur: 13.60 mCon el río Cravo Norte
Oriente: 15.50 mCon María Luisa Ardila
Occidente: 14.50 mCon Luis Efrén Cardona y encierra

Área de 208.50 m2.

Fuente: escritura pública 809, 29 de mayo de 1992, Notaria Única de Arauca.

Área lote (fuente: escritura pública): 208.50 m2.

Descripción de la construcción

General

Inmueble medianero de uso comercial, localizado en el antiguo eje comercial del municipio. La construcción está conformada por el local comercial donde funcionaba la droguería, un espacio para inyectología y un baño.

Detalle de la construcción

Tipo: inmueble uso comercial.

Estado de conservación: el inmueble tiene un estado de conservación en la actualidad de abandono total, sufrió impactos en la cubierta y en los muros de la fachada, se reemplazó algunas láminas de cubierta para conservar el inmueble.

Especificaciones de la construcción

Estructura: muros de carga en bloque de cemento.

Muros en bloque de cemento, pañete y vinilo.

Fachadas: pañete y vinilo.

Pisos internos en cemento esmaltado.

Pisos externos: antepiso.

Cubierta en zinc y eternit con estructura en madera.

Puertas exteriores en lámina metálica.

Baño tipo económico

Cielo raso en lámina plana eternit.

Daño emergente

(...).

Para el caso se contemplan tres tipos de daño emergente:

1. Daño ocasionado al bien inmueble (construcción-local comercial).

2. Daños ocasionados a bienes muebles.

3. Daño por pérdida de capital de trabajo (droga que tenía en el momento del atentado, que sufrió deterioro y no pudo recuperarse).

Daños encontrados en la construcción

Los daños a mencionar fueron ocasionados por balas, ondas explosivas transcurso del tiempo, que ha deteriorado el inmueble por la falta de preservación del mismo por parte de sus propietarios.

Cubierta

Cubierta: lámina de zinc rota por impactos de bala.

Lámina ondulada en asbesto cemento: rota por impactos de proyectiles y ondas explosivas.

Mampostería

Muros: la mampostería agrietada por el impacto de las ondas explosivas, y perforada por los impactos de bala. Acentuando aún más el deterioro por el abandono en que se encuentra.

Vidrios

Vidrios de 4 mm: se rompió el cincuenta por ciento de los vidrios de las ventanas.

Cuantificación de obra afectada y costos de recuperación

Recuperación inmueble

 

Cuadro de presupuesto
ÍtemDescripciónUnidadCantidadValor unitarioValor total
1Cubierta en teja de zincm216,0017.144274.307
2Cubierta en teja de asbesto cementom243,0032.3751.392.116
3Cielo raso en lámina planam243,0022.059948.537
4Muro en bloque de cemento 10 x 20 x 40m230,0025.368(sic)
5Demolición muro en mal estadom230,003.701111.021
6Pañete liso muro 1:4 E = 1,15 mm265,0012.966842.806
7Pintura en vinilo sobre pañete, 3 manosm265,005.536359.847
8Vidrio 4 mmUn4,5025.990116.955
Costo total4.806.625
Son: cuatro millones ochocientos seis mil seiscientos veinticinco pesos m/cte.

 

Los daños ocasionados al bien inmueble son de $ 4.806.625 (cuatro millones ochocientos seis mil seiscientos veinticinco pesos m/cte.).

Debe anotarse que el afectado fue beneficiado por un subsidio de la gobernación de Arauca y la Red de Solidaridad Social en el año 2000-2001.

Daño a bienes muebles y enseres

En el inmueble se encontraron muebles y enseres que por accionar de los explosivos y las balas se dañaron. Hoy día, como se demuestra en las fotografías, los muebles y enseres están deteriorados y no funcionan. En el caso de la nevera de ACPM y la caja fuerte, las vitrinas no tienen vidrios.

Muebles y enseres

 

Cuadro de presupuesto
ÍtemDescripciónUnidadCantidadValor unitarioValor total
1Nevera de ACPM de 1,60 mUnd1.001.250.0001.250.000
2Caja fuerteUnd1,002.500.0002.500.000
3Camilla inyectologíaUnd1,00250.000250.000
4Vidrios vitrinasm240,0025.9901.039.600
5Escritorio de maderaUnd1,00180.000180.000
Costo total5.219.600
Son: cinco millones doscientos diecinueve mil seiscientos pesos.

 

Los precios de los bienes muebles fueron investigados en el mercado, y en ello está contemplado el transporte a la ciudad de Cravo Norte.

Daño por pérdida de capital de trabajo (droga que tenía al momento del atentado y que sufrió deterioro y no pudo recuperarse).

El señor Argemiro Torres, el día 8 de julio de 1999, tenía la droguería denominada “Droguería Cravo Norte”, de su propiedad, al servicio del público en el momento de la incursión guerrillera. Según información de los mismos pobladores del municipio, era la droguería más surtida del municipio de Cravo Norte.

Para determinar el daño emergente respecto a la pérdida de la medicina para consumo humano que en el momento de la incursión existía, averiguamos en el expediente y existe un inventario del mes de enero del año en que transcurrieron los hechos, del cual parte de su soporte son las facturas anexas al expediente, por el cual se cree que el señor mantenía en su droguería una base promedio de $ 51.000.000.

Según se realizó una investigación en el comercio de la ciudad de Cravo Norte, la droguería estaba funcionando en este municipio desde hace 27 años, siendo la droguería más grande del municipio, que además prestaba el servicio a sus alrededores,

De la revisión hecha al expediente, y considerando el área de funcionamiento de la droguería, sus vitrinas y estantes demuestran que tenía una capacidad de almacenamiento grande, lo cual fue ratificado por los vecinos comerciales y los residentes del municipio.

Dentro de las pruebas anexas al expediente, no encuentran documentos tales como: declaración de industria y comercio, declaración de renta, soportes contables que certifiquen los ingresos, egresos y utilidades generadas en el negocio de la vente de productos farmacéuticos. En conversación sostenida con el señor Argemiro Torres, se le solicitó la anterior información, de lo cual dijo no tener. Igualmente se le consultó a la secretaria del contador Nicolás Valbuena Camejo sobre si en esa oficina se llevaba contabilidad del señor Argemiro Torres, quien solo manifestó haber realizado una certificación de venta de drogas de consumo humano de la “Droguería Cravo Norte”, que firmó el profesional.

Con los soportes anexados al expediente, como el inventario realizado por el demandante en enero 7 de 1999 y las facturas anexas, no es posible determinar el flujo de caja y el inventario al momento del atentado. Las facturas anexas incompletas no son soportes suficientes para determinar la cantidad de compras mensuales y anuales, esto debido a que solo días después del atentado se logró recuperar parte de los documentos, ya que el deterioro de los mismos se dio por los daños sufridos en la cubierta en la toma guerrillera (para el día de la toma y los subsiguientes el invierno se recrudeció).

De acuerdo con lo anteriormente mencionado, y no existiendo soportes contables valederos, no es posible establecer un inventario real que permita establecer el daño emergente por la pérdida de los productos farmacéuticos, por causa de los enfrentamientos en la incursión guerrillera.

Sin embargo, las averiguaciones realizadas en negocios similares nos permiten establecer que es posible que para la fecha del atentado, el inventario que se relaciona el 7 de enero de 1999 se haya mantenido constante por el flujo comercial que el negocio mostraba, según se afirmó por los residentes del municipio de Cravo Norte. Es decir, de $ 51.000.000. Que siendo intangible la demostración de ello, nos queda el beneficio de la duda, por lo cual no estimamos este daño, que sin duda es grande, pero que cuantificar y valorar sería irresponsable sin los debidos documentos que nos permitan establecer los flujos de caja y, por ende, un inventario.

Sin embargo, queda abierta la posibilidad de realizar un mejor trabajo en una complementación de este dictamen, si la parte demandante está en condiciones de aportar la documentación que a lo largo de esta exposición se ha mencionado.

Lucro cesante

En el inmueble del demandante Argemiro Torres y otro, ubicado en la calle 1 Nº 3-66 del municipio de Cravo Norte, funcionaba la droguería “Cravo Norte”. Este local comercial de un área de 208,50 m2, desde el momento de la incursión guerrillera, se encuentra cerrado yen abandono.

La droguería en la actualidad se encuentra funcionando en un inmueble de propiedad del demandante, desde el año 2000, según información recopilada en el estudio.

Debido a la incursión, la droguería “Cravo Norte” duró cerrada por un período de 12 meses, ya que en ese incidente salió herido el señor demandante Argemiro Torres, lo que lleva a que el lucro cesante fue por el período de convalecencia de su herida, causada por una bala en una de sus extremidades inferiores.

Lucro cesante que se determina como te falta de ingresos en la droguería, para el sostenimiento del buen vivir del demandante y su familia, esto a causa del tiempo que estuvo cerrada, en el período del día 8 de julio de 1999 hasta la fecha en que el señor demandante pudo física y sicológicamente empezar a trabajar.

Lucro cesante a partir del 8 de julio de 1999 hasta 12 de julio de 2000

Como no se tiene información financiera de los ingresos y utilidades derivadas del ejercicio del negocio “Droguería Cravo Norte”, propiedad del señor Argemiro Torres. Pero conocedores de que el negocio existía y generaba una renta, para establecer el fuero cesante se tomará como base la familia del señor Argemiro Torres, compuesta por él, su esposa la señora Luz Marina Vivas, y su hija menor Nureidis Torres Vivas.

Para tal evento se considerará que como mínimo el negocio generaba el salario para las dos personas mayores. Es decir, el salario de dos personas por 12 meses que duró el negocio cerrado, desde julio de 1999 hasta julio de 2000. Para no tener que actualizar el salario para los años 2001, 2002 y 2003, simplemente se tomará el salario del año 2003.

Lucro cesante: 12 meses x 2 personas x $ 336.000: $ 8.064.000.

Son: ocho millones sesenta y cuatro mil pesos m/cte.

 

Total daños avaluados
1. Daño emergente 
1.2. Daños encontrados en la construcción$ 4.806.525
1.3. Daños a bienes muebles y enseres$ 5.219.600
2. Lucro cesante$ 8.064.000
Total$ 18.090.225

 

Son: dieciocho millones noventa mil doscientos veinticinco pesos.

Nota: los costos están actualizados a mayo de 2003.

30.3. Surtido el traslado del dictamen a las partes (fl. 262, cdno. 1), la Policía Nacional presentó una “objeción del dictamen por error grave”, en los siguientes términos (fls. 263-289, cdno. 1):

En primer lugar, una experticia se debe basar en las pruebas “científicas” que practiquen (siguiendo el método científico), mas no en apreciaciones subjetivas tales como las que señalan los designados por el tribunal a folio 116 así: “(...) los daños, entre otros, causados por el transcurrir del tiempo” la defensa manifiesta abiertamente que la designación pericial a fin de obtener una posible tasación de perjuicios no puede basarse en la manifestación sui generis del transcurrir del tiempo ya que se necesita es precisar cuáles fueron los daños que se causaron con el ataque subversivo, mas no se pueden tasar perjuicios sobre bienes inmuebles por el mero transcurrir del tiempo ya que estos desgastes no deben ser cubiertos o indemnizados por el Estado colombiano.

Por otra parte, de igual forma manifiestan los señores peritos que otro motivo de los daños fueron: a causa de balas y por ondas explosivas. Esta apreciación es tan delicada que no basta únicamente con presumirlas sino que deben obligatoriamente ser demostradas. Si observamos con detalle las fotografías por los peritos en ninguna de ellas se encuentra una toma, que pueda presumir que los daños a la vivienda fueron causadas por balas o por ondas explosivas. Además de señalar que los peritos son expertos en (...).

Lo expuesto anteriormente se sustenta además al analizar los siguientes numerales de la experticia:

3.4.1. Daños encontrados en la construcción.

3.4.1.1. Cubierta: lámina de zinc rota ¿por impactos de bala? En las fotografías se aprecia una sola teja que se encuentra rota con una abertura mayor a 25 cm de diámetro, lo que por lógica común no puede ser producido por un impacto de bala pues los proyectiles de bala generan una perforación máxima de dos (2) cm de diámetro y no encontramos otra prueba que demuestre daño en otra teja. Lámina ondulada en asbesto cemento: rotas por los impactos de bala y ondas explosivas. Esta apreciación debe ser peritada, repito por un experto en balística. Cielo raso: lámina plana de asbesto cemento: rotas por impactos de proyectiles y ondas explosivas, ¿esta determinación pericial manifiesta que la casa fue alcanzada por proyectiles? Si la vivienda hubiera sido alcanzada por proyectiles muy seguramente no se encontraría en el estado en el que se encuentra (según las fotos) pues los proyectiles tienen una capacidad de destrucción a gran escala, además no se tiene soporte probatoria que así lo establezca (fotos, videos, etc.) por lo tanto es apreciación subjetiva más no probatoria.

3.4.1.2. Mampostería. Muros: la mampostería agrietada por el impacto de ondas explosivas y perforadas por los impactos de balas. Acentuado aún más el deterioro en el abandono que se encuentran. Esta conclusión no tiene asidero técnico, toda vez que no se prueba cuáles fueron los daños exactos (o las paredes) que fueron afectadas y además es contradictoria, si tenemos presente que deja abierta la posibilidad inequívoca que dichos daños se produjeron (como lo mencionan los peritos) ¿por el deterioro o abandono en que se encuentran?

3.4.1.3. Vidrios: vidrios de 4 mm, se rompió el 80% de los vidrios de las ventanas. ¿Cuántas ventanas? ¿Cómo pudieron determinar que 110 se encontraban rotos? ¿Sirve únicamente de soporte las declaraciones de los dueños?

Estos argumentos de los peritos conducen insoslayablemente a que el dictamen deba ser objetado por error grave, teniendo en cuenta que sirven de base para fijar los daños a dichos bienes el valor de $ 4.800.625.

Ahora bien, continuando con el análisis de los numerales encontramos:

3.4.2. Daños a bienes muebles y enseres: en el inmueble se encontraron bienes muebles y enseres que por el accionar de los explosivos y balas se dañaron hoy en día como se demuestra en las fotografías los muebles y enseres están deteriorados y no funcionan en el caso de la nevera ACPM y la caja fuerte. Las vitrinas no tienen vidrios.

A lo anterior, tenemos que manifestar, somos conscientes que en dicho municipio ocurrió una incursión guerrillera, pero ¿no será que los bienes muebles que se encontraron se deterioraron por el transcurrir del tiempo? A la defensa le asoma dicha inquietud, ya que en ninguna foto aportada al dictamen se muestra tan siquiera un elemento perforado por una bala para manifestar que fueron dañados por estas (...) la nevera ACPM no muestre impactos de balas ni de ondas explosivas y mucho menos la caja fuerte (avaluada en $ 2.500.000) y además no creemos que una caja fuerte como la que ligeramente se aprecia en las fotos se dañe por balas, creemos se dañó por el deterioro del tiempo, al dictamen no se allegan documentos de compra de la caja fuerte, ni de la nevera para determinar su antigüedad y de esta forma tratar de que sea indemnizada por nueva. Se argumenta además que las vitrinas no tenían vidrios. En las fotos lo que observamos son estantes y los estantes no tienen vidrios por lo tanto no deben ser indemnizados.

A folio 118 encontramos el cuadro de presupuesto de que se desprende:

Camilla para inyectología (no se aprecia en las fotos, no hay recibo de compra).

Vidrios de vitrinas (cuáles vitrinas, no hay facturas)

Escritorio de madera (no se aprecia en las fotografías, no hay facturas)

Nevera ACPM (sin factura)

Caja fuerte (sin factura)

Total: $ 5.219.600

3.4.3. Daño pérdida de capital de trabajo:

(Droga que tenía al momento del atentado y que sufrió deterioro y no pudo recuperarse): (...) por el cual se cree que el señor mantenía en su droguería una base promedio de $ 51.000.000.

— Dicha apreciación se sustenta en los vecinos del sector

— ¿Las drogas fueron cotizadas con precio de venta al público?

— Se basan en las facturas que reposan en el expediente (...) cuando las facturas son en gran cantidad de 1995.

¿No es el dictamen pericial acaso un dictamen técnico expedido por un experto en la materia (regentes en farmacia)? El dictamen materia de estudio presenta, entre los arriba mencionados, estos otros errores graves de apreciación subjetiva.

Adicionan acertadamente los peritos manifestando:

Dentro de las pruebas anexas al expediente no se encuentran documentos tales como: declaración de industria y comercio, declaración de renta, soportes contables que certifiquen los ingresos, egresos y utilidades generadoras en el negocio de la venta de productos farmacéuticos (...).

Las facturas anexas incompletas no son soportes suficientes para determinar la cantidad de compras mensuales y anuales, esto debido a que solo días después del atentado se logró recuperar parte de los documentos ya que el deterioro de los mismos se dio por los daños sufridos a la cubierta en la toma guerrillera y los subsiguientes el invierno recrudeció.

A lo anterior manifestamos:

Muy claramente señalan que no existen soportes contables (...) lo que descarta de plano la plena prueba requerida para determinar cualquier tipo de perjuicio incluyendo el lucro cesante, toda vez que la administración de justicia necesita (y más si es de carácter rogada) la prueba fehaciente de los daños causados, de lo contrario se estaría incurriendo al indemnizar en un enriquecimiento sin justa causa, ya que los accionantes, si no están cancelando los impuestos correspondientes, están defraudando al fisco y no pueden pretender que el estado les retribuya lo que están defraudando a las rentas nacionales.

Por todo lo anterior, la conclusión del dictamen pericial al manifestar que los daños superan los $ 18.000.000 hacen incurrir a la administración de justicia en un equívoco técnico lo que nos lleva a objetar el presente dictamen por error grave tanto en los razonamientos como en la conclusión por lo anteriormente expuesto.

30.4. En la sentencia de primer grado, al ser favorable a las entidades demandadas, el tribunal no valoró el dictamen pericial ni resolvió la objeción por error grave presentada por la Policía Nacional. Por tanto, la Sala procede a establecer el valor probatorio del mismo con el fin de fijar el valor de la restauración del inmueble destruido y el de los bienes muebles afectados, así como el monto total de lo dejado de percibir por el señor Argemiro Torres con ocasión del deterioro del local comercial.

30.5. La Sala ha considerado que la eficacia probatoria del dictamen de expertos requiere que: (i) el perito informe de manera razonada lo que sepa de los hechos, según sus conocimientos especializados; (ii) el dictamen sea personal y contenga conceptos propios sobre las materias objeto de examen y no de otras personas, por autorizadas que sean, sin perjuicio de que pueda utilizar auxiliares o solicitar el concurso de otros técnicos, bajo su dirección y responsabilidad; (iii) el perito sea competente, es decir, un experto para el desempeño del cargo; (iv) no exista un motivo serio para dudar de su imparcialidad; (v) no se haya probado una objeción por error grave; (vi) el dictamen esté debidamente fundamentado y sus conclusiones sean claras, firmes y consecuencia de las razones expuestas; (vii) sus conclusiones sean conducentes en relación con el hecho a probar; (viii) se haya surtido la contradicción; (ix) no exista retracto del mismo por parte del perito; (x) otras pruebas no lo desvirtúen; (xi) sea claro, preciso y detallado, es decir, que dé cuenta de los exámenes, experimentos e investigaciones efectuadas(19).

30.6. Al examinar el dictamen pericial a la luz de estos parámetros, se encuentra que lo consignado en el mismo por parte del ingeniero Fabio Arnold Torres y la arquitecta Jacqueline de la Cruz Parra, permite a la Sala tener una valoración objetiva y razonable de los daños causados al inmueble en que estaba ubicada la droguería de propiedad del señor Argemiro Torres, y a los bienes muebles y enseres que allí albergaba, con ocasión del ataque de la guerrilla que sufrió el municipio de Cravo Norte el 8 y 9 de julio de 1999, por varias razones: (i) los peritos tienen la idoneidad técnica y profesional para rendir su concepto al respecto; (ii) la valoración se hizo luego de que acudieran al lugar de los hechos para realizar una inspección general del estado de los bienes que se vieron afectados, por lo que la práctica fue personal y no a partir de los criterios de terceros; (iii) la cuantificación de los daños se hizo con base en el costo de los materiales de construcción y de la mano de obra en la zona; (iv) la descripción de los daños ocasionados al local comercial y a los muebles allí instalados guardan. coherencia con las fotografías anexas al dictamen pericial; (v) no hay motivo alguno para dudar de la imparcialidad de los peritos, pues fueron nombrados por el tribunal a quo y no se menciona que tengan vínculo o interés alguno en relación con alguna de las partes; (vi) no se retractaron de sus conclusiones; y (vii) las objeciones planteadas por la entidad demandada, tendientes a señalar que los daños pudieron haber sido causados por el paso del tiempo y que no corresponden a la clase de deterioros usuales en las tomas guerrilleras, no tienen vocación de prosperar, pues, por una parte, estas inconformidades se basan en una realidad supuesta sin ningún asidero probatorio; por otra parte, los daños perceptibles en las fotografías y descritos en el dictamen pericial corresponden a aquellos generados por proyectiles de arma de fuego y otro tipo de artefactos dañinos, como bien puede observarse en las grietas y destrozos que presenta el inmueble; y finalmente, la Sala no encuentra razones para considerar que el local comercial se encontrara en tales condiciones de abandono y deterioro antes de ser alcanzado por el fuego de grupos armados; por el contrario, las afirmaciones de los testigos, citadas en el dictamen pericial, dan cuenta de una droguería con plena capacidad de abastecimiento y amplia clientela en el sector, lo que no sería posible con unas instalaciones tan deterioradas.

30.7. Por lo anterior, la Sala concluye que la Policía Nacional deberá asumir los siguientes gastos por concepto de reparación de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente: para la reconstrucción del bien inmueble de propiedad del señor Argemiro Torres, el valor de $ 4.806.625; y para la recuperación de los bienes muebles y los enseres afectados, un monto de $ 5.219.600.

30.8. Se debe anotar que, si bien en el dictamen pericial se afirma que el señor Torres recibió “un subsidio de la gobernación de Arauca y la Red de Solidaridad Social en el año 2000-2001” (fl. 117, cdno. 2), este hecho no solo no está acreditado, sino que fue negado expresamente por la gobernación de Arauca (fl. 17, cdno. 3) y la Red de Solidaridad Social (fl. 21, cdno. 3), de manera que no se hará descuento alguno por ese concepto.

30.9. Ahora bien, aunque el dictamen permite determinar el valor de los daños materiales ocasionados al bien mueble y a los enseres de Argemiro Torres, no ocurre lo mismo con la tasación que se hace del “daño por la pérdida del capital de trabajo”, representado según los demandantes en los medicamentos que se perdieron con ocasión del ataque guerrillero. En el dictamen se reconoce que, ante la ausencia de libros de declaraciones de renta, de industria y comercio y soportes contables que prueben la cantidad y el tipo de productos que albergaba el local comercial, no es posible establecer el valor de las pérdidas por ese concepto. A renglón seguido, se agrega que, de acuerdo con el inventario levantado por el propietario de la droguería el 7 de enero de 1999 —que estima el valor total de la mercancía en $ 51.000.000(20)— y las declaraciones de otros vecinos comerciantes sobre la estabilidad del negocio, es posible concluir que el inventario se mantuvo “constante” por el flujo comercial del local.

30.10. La Sala concuerda con los peritos en que los medicamentos que presuntamente se perdieron con ocasión del ataque subversivo no son susceptibles de tasación económica, por cuanto no existen las pruebas necesarias para acreditar su cantidad, denominación y valor en el comercio. A pesar de que en el proceso se registran numerosas facturas de venta emitidas por laboratorios León Ltda., Laboratorios Dizmofar Ltda. y Dromayor del Llano, S.A. a favor del señor Argemiro Torres, que datan desde marzo de 1995 hasta diciembre de 1999 y que dan cuenta del tipo de productos adquiridos para surtir la farmacia (fls. 83-128, cdno. 1), estos documentos no permiten determinar con certeza la cantidad, el valor y el tipo de medicamentos que albergaba la droguería para la fecha de los hechos, y menos aún el costo de lo que se perdió con ocasión de los daños que sufrió el local comercial.

30.11. Sin embargo, aunque se desconozca el valor de los productos perdidos o deteriorados, lo cierto es que el daño está acreditado, por lo que la Sala estima necesario condenar en abstracto por ese concepto, en aplicación del artículo 172 del Código Contencioso Administrativo. La respectiva liquidación deberá hacerse mediante el trámite incidental previsto en el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, con base en un dictamen técnico que, a partir de las pruebas documentales que deben aportar los solicitantes —libros o actas de contabilidad, recibos de compra de tales productos y, en general, aquellos que acrediten los gastos efectuados por ese concepto—, establezca el valor total de los medicamentos y demás productos perdidos por el señor Torres con ocasión del ataque guerrillero del que fue víctima la población de Cravo Norte, Arauca, el 8 de julio de 1999. Para promover el incidente, se otorga a la parte interesada un término de 60 días contados a partir de la ejecutoria de la presente sentencia.

30.12. Ahora bien, la lesión sufrida por el señor Argemiro Torres en la pierna derecha le implicó unos gastos para compra de medicamentos que están debidamente acreditados en el plenario, en las facturas que le expidió la empresa Copservir Ltda.: (i) factura de venta de 24 de julio de 1999 por un valor de $ 8.450; (ii) factura de venta de 25 de julio de 1999 por un valor de $ 8.450; (iii) factura de venta de 26 de julio de 1999 por un valor de $ 84.450; (iv) factura de venta de 13 de julio de 1999 por un valor de $ 34.720; (v) factura de venta de 14 de julio de 1999 por un valor de $ 32 300; (vi) factura de venta de 15 de julio de 1999 por un valor de $ 32.300; (vii) factura de venta de 16 de julio de 1999 por un valor de $ 47.350; (viii) factura de venta de 9 de julio de 1999 por un valor de $ 6.800; (ix) factura de venta de 9 de julio de 1999 por un valor de $ 52.450; (x) factura de venta de 17 de julio de 1999 por un valor de $ 82.800; (xi) factura de venta de 19 de julio de 1999 por un valor de $ 36.250; (xii) factura de venta de 21 de julio de 1999 por un valor de $ 27.150; (xiii) factura de venta de 20 de julio de 1999 por un valor de $ 29.500; (xiv) factura de venta de 22 de julio de 1999 por un valor de $ 98.750; (xv) factura de venta de 23 de julio de 1999 por un valor de $ 27.600; (xvi) factura de venta de 24 de julio de 1999 por un valor de $ 7.700 (fls. 49-60, 62-81, cdno. 1). Igualmente, en la factura de venta de Comercial Pineda, emitida el 9 de octubre de 1999 por un valor de $ 40.000 (fl. 82, cdno. 1), y en la orden médica expedida por el Dr. Ciro López el 8 de marzo de 2000, para la compra de medicamentos por un valor de $ 57.500 (fl. 61, cdno. 1).

30.13. Estos valores deben actualizarse de forma separada según la fórmula Va x IPC final / IPC inicial, siendo Va el valor a actualizar, IPC final el índice de la serie de empalme del mes anterior a la liquidación (114,22)(21), y el IPC inicial o histórico el índice de las series de empalme de la fecha en que se expidió el respectivo recibo o la cotización.

 

ConceptoValorÍndice inicialÍndice finalValor actual
Factura de 24 de julio de 1999$ 8.45055,77114,22$ 17.306
Factura de 25 de julio de 1999$ 8.45055,77114,22$ 17.306
Factura de 26 de julio de 1999$ 84.45055,77114,22$ 133.654
Factura de 13 de julio de 1999$ 34.72055,77114,22$ 71.100
Factura de 14 de julio de 1999$ 32.30055,77114,22$ 66.152
Factura de 15 de julio de 1999$ 32.30055,77114,22$ 66.152
Factura de 16 de julio de 1999$ 47.35055,77114,22$ 96.975
Factura de 9 de julio de 1999$ 6.80055,77114,22$ 13.926
Factura de 9 de julio de 1999$ 52.45055,77114,22$ 107.420
Factura de 17 de julio de 1999$ 82.80055,77114,22$ 169.578
Factura de 19 de julio de 1999$ 36.25055,77114,22$ 74.241
Factura de 21 de julio de 1999$ 27.15055,77114,22$ 55.604
Factura de 20 de julio de 1999$ 29.00055,77114,22$ 60.417
Factura de 22 de julio de 1999$ 98.75055,77114,22$ 202.245
Factura de 23 de julio de 1999$ 27.60055,77114,22$ 56.526
Factura de 24 de julio de 1999$ 7.70055,77114,22$ 15.770
Factura de 9 de octubre de 1999$ 40.00056,43114,22$ 80.964
Orden de 8 de marzo de 2000$ 57.50060,08114,22$ 109.315
Total$ 1.414.659

 

30.14. De acuerdo con lo anterior, se reconocerá a favor de Argemiro Torres la suma de $ 1.414.659 por concepto de reparación de los gastos de compra de medicamentos en que debió incurrir debido a la herida que le produjo el ataque de la subversión al que ya se ha aludido.

30. 15. Por otra parte en el plenario se evidencian facturas del servicio de “taxi aéreo” expedidas por la empresa Taxa Ltda. a favor del señor Argemiro Torres (fls. 134-139, cdno. 1), que en la demanda se describen como gastos de viáticos y desplazamientos entre Cravo Norte y el hospital de Arauca (fl. 19, cdno. 1). Al respecto, se advierte que las facturas expedidas antes del atentado no serán tenidas en cuenta, por tratarse de gastos de desplazamiento anteriores a la lesión sufrida por el demandante. En el caso de aquellas emitidas con posterioridad al ataque, se valorarán en la medida en que se registra en el expediente una constancia de la empresa Taxa Ltda., según la cual el señor Torres fue trasladado por vehículos de esa empresa para que recibiera atención médica, debido a la herida sufrida con ocasión del ataque guerrillero a la población de Cravo Norte, Arauca, el 8 de julio de 1999 (fl. 43, cdno. 1). Los documentos que acreditan estos gastos de transporte son: (i) factura 24458 de 28 de septiembre de 1999 por un valor de $ 46.000 (fl. 134, cdno. 1); (ii) factura 24459 de 28 de septiembre de 1999 por un valor de $ 46.000 (fl. 135, cdno. 1); (iii) factura 24576 de 2 de octubre de 1999 por un valor de $ 55.000 (fl. 139, cdno. 1); (iv) factura 31741 de 23 de junio de 2001 por un valor de $ 65.500 (fl. 137, cdno. 1); (v) factura 31226 de enero de 2006 por un valor de $ 65.000 (fl. 138, cdno. 1).

30.16. Estos valores deben actualizarse de forma separada según la fórmula Va x IPC final / IPC inicial, siendo Va el valor a actualizar, IPC final el índice de la serie de empalme del mes anterior a la liquidación (114,22)(22), y el IPC inicial o histórico el índice de las series de empalme de la fecha en que se expidió el respectivo recibo.

 

ConceptoValorÍndice inicialÍndice finalValor actual
Factura de septiembre de 1999$ 46.00056,24114,22$ 93423
Factura de septiembre de 1999$ 46.00056,24114,22$ 93.423
Factura de octubre de 1999$ 55.00056,43114,22$ 111.325
Factura de junio de 2001$ 65.50065.82114,22$ 113.664
Factura de enero de 2006$ 65.00084,56114,22$ 87.799
Total$ 499.634

 

30.17. Ahora bien, en el plenario obran títulos valores como pagarés y letras de cambio suscritos por Argemiro Torres y Luz Marina Vivas a favor del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Gloria Paulina Beltrán, Edison Vecino, Amanda Ospina, Aracelly Mendoza, Edilia del Carmen Alarcón y Fanny Aide Cisneros, así como distintas constancias de las deudas adquiridas con estos y con el Instituto de Desarrollo de Arauca y Laboratorios León Ltda., antes y después del mencionado atentado guerrillero (fls. 29-48, cdno. 1).

30.18. Frente a estas reclamaciones, la Sala aclara que los préstamos solicitados con anterioridad a los hechos bajo análisis no pueden ser objeto de reparación, dado que corresponden a deudas previas que los solicitantes asumieron voluntariamente, en condiciones de normalidad, para la prosperidad de su negocio. Con respecto a las deudas que se adquirieron con posterioridad al mencionado ataque, la Sala considera que no procede su reconocimiento por cuanto se estaría reparando dos veces por el mismo concepto. En efecto, al indemnizarse el costo total de la restauración del local comercial, la recuperación de los bienes muebles y enseres afectados, las drogas que tuvo que comprar por la lesión en la pierna, los gastos de desplazamiento, y los medicamentos y productos de farmacia perdidos en el ataque (este último a través de incidente), se cubren los préstamos en que tuvo que incurrir el señor Torres para subsanar por su cuenta esos daños.

30.19. Con el escrito de demanda se anexaron, igualmente, recibos de consignaciones de la Caja Agraria y las entidades bancarias Colmena y Davivienda, hechas por el señor Torres Forero y la señora Luz Marina Vivas a favor de María Inés Rocha, Laura Rincón Martínez y Janeth Gaona (fls. 153-165, cdno. 1), al parecer para el pago de la pensión educativa de Nureidis Torres Vivas, así como giros de dinero a favor de la última y de Liliana Torres Vivas (fls. 166-169, cdno. 1), que en el libelo introductorio se relacionan como “gastos del señor Torres para con sus hijas” (fl. 19, cdno. 1). No obstante, la Sala no los incluirá dentro del valor a indemnizar por concepto de daño emergente, porque no está demostrado que dichos gastos tengan relación con el atentado sufrido y porque corresponden a desembolsos inherentes a la obligación alimentaria con su hija.

30.20. En síntesis, por concepto de indemnización de los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, se reconocerá a favor de Argemiro Torres la suma total de $ 11.940.518.

31. Sobre la reparación solicitada por concepto de lucro cesante, la Sala advierte que en el dictamen pericial se estimó el lucro que dejó de percibir el señor Torres en $ 8.064.000, con base en una estimación que tomó en cuenta la pérdida de dos salarios mínimos —del señor Torres y de su cónyuge— por un período cesante de un año, que presuntamente duró la recuperación total de la persona (fls. 120-121, cdno. 2).

31.1. Sin embargo, la Sala no puede tener acreditada esta afirmación por distintos motivos: (i) los auxiliares de la justicia no tienen idoneidad técnica y profesional para acreditar el monto de los ingresos y egresos mensuales del propietario de la droguería “Cravo Norte”, dado que sus especialidades son la ingeniería y la arquitectura; (ii) incluso si fueran idóneos para ello, carecen de pruebas documentales necesarias (libros de contabilidad, declaraciones de renta, recibos) para fundamentar sus afirmaciones, tal como lo reconocen en el dictamen pericial; (iii) en el informe se indica que el señor Argemiro Torres estuvo cesante durante un período de un año, sin que se tenga prueba alguna de ello; (iv) se presume que tanto él como su cónyuge devengaban un salario mínimo y que dejaron de percibir esa suma durante un año, sin que se cuente con mayor información al respecto.

31.2. De acuerdo con lo anterior, se concluye que el dictamen pericial carece de idoneidad para probar el monto de los ingresos dejados de percibir por el señor Argemiro Torres Forero, dado que se practicó sin apelar a los conocimientos especializados de los peritos, sino solo a sus apreciaciones subjetivas.

31.3. Además, si bien en el expediente obra la constancia del contador público Nicolás Valbuena Camejo, quien certifica que el señor Argemiro Torres devengaba mensualmente, por concepto de venta de drogas de consumo humano, unos ingresos de $ 2.000.000 (fls. 184-185, cdno. 1), en dicho documento no se refieren los egresos del demandante para sostener la droguería, por lo que no resulta idóneo para acreditar el lucro cesante.

31.4. Por lo anterior, se debe acudir al criterio jurisprudencial vigente según el cual, ante la ausencia de un medio de prueba que acredite el monto de lo percibido por una persona en edad productiva, se presume que esta devengaba por lo menos un salario mínimo, que en su valor actual corresponde a $ 589.500.

31.5. Por otra parte, aunque se desconoce el término durante el cual el local estuvo cerrado al público debido al daño en su estructura y a los trabajos de restauración y, por lo tanto, se ignora cuánto tiempo estuvo cesante el señor Argemiro Torres, la Sala, como lo ha indicado en otras oportunidades(23), considera que la liquidación en este tipo de eventos debe abarcar un término definido y razonable, puesto que “es imposible aceptar su prolongación hasta el infinito”(24). En esa medida, se estima sensato reconocer un término de seis meses, contados desde la fecha del ataque, como período suficiente para reactivar el local comercial(25).

31.6. Se procede entonces al cálculo del lucro cesante consolidado, que se liquidará así: (i) se toma como base el salario mínimo actual, es decir, $ 589.500; (ii) se adiciona el 25% equivalente a las prestaciones sociales; y (iii) se obtiene, en consecuencia, una suma final de $ 736.875.

31.7. Esta suma se dividirá en partes iguales entre Argemiro Torres, su cónyuge Luz Marina Vivas y su hija Nureidis Torres, de lo cual resulta que cada uno sufrió una pérdida mensual de $ 245.625. A este valor se le aplicará un interés mensual de 0,004867 por los seis meses en que, se estima, el local comercial permaneció inactivo —entre el 8 de julio de 1999 y el 8 de enero de 2000—.

La fórmula se aplicará así:

 

2001-01479 ecu.jpg
 

 

S = $ 1.491.798 (para cada uno).

31.8. En síntesis, la entidad demandada debe reparar por concepto de lucro cesante, a favor de Argemiro Torres Forero, Luz Marina Vivas y Nureidis Torres Vivas, la suma de $ 1.491.798, para cada uno,

32. Para establecer el valor correspondiente a la compensación del perjuicio moral, se advierte que, a pesar de que las pretensiones de la demanda se formularon en gramos oro, la condena se proferirá en el equivalente a salarios mínimos legares mensuales vigentes (smlmv)(26).

32.1. El juez administrativo tiene la potestad de determinar el monto a reconocer cuando se trata de perjuicios morales. Esta discrecionalidad está regida por: (i) la regla de que la indemnización del perjuicio se hace a título de compensación, dado que “la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia”(27), mas no a título de restitución ni de reparación; (ii) el principio de equidad previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; (iii) la obligación de que esté sustentada en los medios probatorios que obran en el proceso respecto del daño y su intensidad; y (iv) el deber de estar fundada, cuando sea el caso, en otras providencias para garantizar el principio de igualdad(28).

32.2. En el presente caso, está acreditado que Argemiro Torres es el cónyuge de Luz Marina Vivas y el padre de Nureidis Torres Vivas. Esta Sala ha considerado que el parentesco constituye indicio suficiente de la existencia, entre miembros de una misma familia, de una relación de afecto profunda y, por ende, del sufrimiento que experimentan unos con la muerte, la desaparición o el padecimiento de otros(29).

32.3. Para cuantificar el valor a reconocer por concepto de reparación de los daños morales, la Sala acude a asuntos precedentes en los que se causaron lesiones similares a las padecidas por el señor Argemiro Torres Forero(30). En este caso se estima pertinente aumentar el valor a reparar por dicho concepto, con relación a los casos citados, debido al nivel de incapacidad laboral que aqueja al demandante (62,5%).

32.4. En virtud de lo anterior, por concepto de reparación de los daños morales, según las condiciones familiares acreditadas, se condenará a [a entidad demandada a pagar a favor de Argemiro Torres Forero el valor equivalente a 50 smlmv, y a favor de Luz Marina Vivas Marín y Nureidis Torres Vivas, el correspondiente a 25 smlmv.

33. Sobre la reparación solicitada por concepto de “daño fisiológico”, es pertinente mencionar que en reciente jurisprudencia de Sala Plena de esta sección se aclaró que cuando los daños relacionados con el goce de la vida provienen de una alteración de la salud del sujeto, ya no es procedente referirse al “perjuicio fisiológico”, al “daño a la vida de relación” o las “alteraciones graves en las condiciones de existencia”, sino a una nueva tipología de perjuicio, llamada daño a la salud(31).

33.1. Para la tasación del monto a indemnizar por dicho concepto, se deben tener en cuenta los dos criterios que refiere la jurisprudencia: (i) el objetivo, tasado de conformidad con el porcentaje de invalidez que presenta la víctima y su edad; y (ii) el subjetivo, que permite acrecentar el primer valor según las consecuencias particulares del daño en la vida de la persona(32).

33.2. En este caso, se debe tener en cuenta, en lo relativo al criterio objetivo, que tenía 60 años al momento de sufrir la lesión en la pierna derecha y que sufrió una pérdida de capacidad laboral del 62,5%. En cuanto al criterio subjetivo, la Sala, si bien carece de pruebas sobre las consecuencias específicas que el daño alegado causó sobre la vida del señor Torres Forero, considera que la destrucción de su local comercial y el deterioro de los muebles y enseres que allí albergaba, constituyen afectaciones adicionales que tienen un impacto claro sobre su nivel de vida y su bienestar, por lo que deben incrementar la condena a fijarse.

33.3. En atención a los criterios antes señalados, se condenará a la entidad demandada a pagar, por concepto de reparación del daño a la salud del señor Argemiro Torres, el valor equivalente a 100 smlmv.

VII. Costas

34. Finalmente, la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de la parte demandada dentro del proceso, por lo que se abstendrá de condenar por ese concepto.

En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR la sentencia de 6 de mayo de 2004 dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca, y en su lugar dispone:

1. DECLARAR responsable administrativa y patrimonialmente a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional por la creación de un riesgo anormal que se materializó en la lesión del señor Argemiro Torres, en la pérdida parcial de capacidad laboral y en la destrucción de la droguería de su propiedad.

2. CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar, por concepto de reparación de los daños materiales en la modalidad del daño emergente, a favor del señor Argemiro Torres Forero, la suma de $ 11.940.518.

3. CONDENAR en abstracto a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar, por concepto de reparación de los daños materiales en la modalidad del daño emergente, a favor del señor Argemiro Torres Forero, debido a la pérdida de medicamentos y otros productos de farmacia de su propiedad en la toma guerrillera de la población de Cravo Norte, Arauca, el 8 de julio de 1999, lo que resulte probado en el trámite incidental que deberá promover la parte actora dentro de los 60 días siguientes a la ejecutoria de la presente sentencia, en los términos señalados en la parte motiva de la misma.

4. CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar, por concepto de reparación de los daños materiales en la modalidad del lucro cesante, a favor de Argemiro Torres Forero, Luz Marina Vivas y Nureidis Torres Vivas, la suma de $ 1.491.798, para cada uno.

5. CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar por concepto de compensación de perjuicios morales, a favor del señor Argemiro Torres Forero, el valor correspondiente a 50 smlmv; y a favor de Luz Marina Vivas Marín y Nureidis Torres Vivas, el valor equivalente a 25 smlmv.

6. CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar por concepto de reparación del daño a la salud, a favor de Argemiro Torres Forero, el valor equivalente a 100 smlmv.

7. DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

8. Aplicar lo dispuesto en los artículos 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

9. Expedir por secretaría copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, las cuales se entregarán a quien ha actuado como apoderado judicial.

Cópiese, notifíquese, devuélvase y cúmplase».

(1) En la demanda presentada el 9 de julio de 2001, la pretensión de mayor valor, correspondiente a la solicitud de reparación del perjuicio material en la modalidad del lucro cesante a favor de Argemiro Torres, fue estimada en ($ 162.000.000 (fl. 5, cdno. 1). Por estar vigente al momento de la presentación de la demanda, se aplica el artículo 2º del Decreto 597 de 1988, que modificó el numeral 10 del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, y que dispone que la cuantía necesaria para que un proceso de reparación directa iniciado en 2001 fuera de doble instancia, debía ser superior a $ 26.390.000.

(2) El artículo 357 del Código de Procedimiento Civil señala al respecto: “el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella”.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 9 de febrero de 2012, Expediente 20104, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de junio de 2012, Expediente 21507, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(5) Está demostrado que Argemiro Torres Forero está casado con Luz Marina Vivas Marín (registro civil de matrimonio —fl. 28, cdno. 1—), unión de la cual es hija Nureidis Torres Vivas (registro civil de nacimiento —fl. 27, cdno. 1—).

(6) Ley 446 de 1998. “ART. 44.—El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, quedará así: “ART. 136.—Caducidad de las acciones. (...) 8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra cause”.

(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 16 de abril de 2007, Expediente AG-25000-23-25-000-2002-00025-02, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 10 de marzo de 2011, Expediente 15.666, C.P. Danilo Hojas Betancourth, entre otras.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 28 de agosto de 2013. Expediente 25.022, C.P. Enrique Gil Botero.

(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de mayo de 2013, Expediente 30522, C.P. (e) Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 28 de febrero de 2013, Expediente 27959, C.P. (e) Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 29 de julio de 2013, Expediente 30452, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de octubre de 2012, Expediente 18472, C.P. Danilo Rojas Betancourth. Ello sin perjuicio de la posición reciente de la Sala Plena de la Sección Tercera, según la cual no debe privilegiarse un único título de imputación a aplicar a eventos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí, ya que este puede variar en consideración a las circunstancias particulares acreditadas dentro del proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su argumentación. Ver, Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 19 de abril de 2012, Expediente 21515, C.P. Hernán Andrade Rincón, reiterada en la sentencia de 23 de agosto de 2012, Expediente 23219, C.P. Hernán Andrade Rincón.

(11) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de junio de 2010, Expediente 18536, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(12) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de octubre de 2012. Expediente 18472, C.P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 29 de julio de 2013, Expediente 30452, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

(13) Ibíd.

(14) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de julio de 2013, Expediente 25495, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

(15) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de abril de 2013, Expediente 26763, C.P. (e) Danilo Rojas Betancourth.

(16) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 27 de abril de 2012, Expediente 24504, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

(17) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 21 de marzo de 2012, Expediente 23778, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(18) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 22 de febrero de 2012, Expediente 21456, C.P. Ruth Stella Correa Palacio: sentencia de 27 de abril de 2012, Expediente 24505, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo; sentencia de 26 de julio de 2012, Expediente 24012, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo, entre otras.

(19) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de febrero de 2013, Expediente 27959, C.P. (e) Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 21 de marzo de 2012, Expediente 24250, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 16 de abril de 2007, Expediente AG-250002325000200200025-02, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(20) Este inventario levantado por el señor Argemiro Torres, que en efecto aparece en el expediente (fls. 129-133, cdno. 1), estimó el valor de los medicamentos en $ 53.270.477.

(21) IPC de septiembre de 2013.

(22) IPC de septiembre de 2013.

(23) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de agosto de 2006, Expediente 19432, C.P. Ruth Stella Correa; sentencia de 25 de febrero de 1999, Expediente 14.655, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(24) Henao, Juan Carlos. El daño, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2007, p. 155.

(25) Este mismo término fue reconocido en la sentencia de 29 de octubre de 2012, Expediente 18472, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(26) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de septiembre de 2001, Expediente 13232-15646. C.P. Alier Hernández.

(27) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de marzo de 2007, Expediente 15459, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(28) “En este punto, parece claro que tratándose de un daño moral, por su naturaleza no patrimonial (lesiones a la dignidad de la persona, a sus sentimientos de afección o de estimación, a su reputación y buen nombre, al uso de su propia imagen, etcétera), no son susceptibles de restitución ni de reparación en el sentido estricto del vocablo, porque el daño causado no incide en el patrimonio económico de la víctima (o por lo menos no lesiona directamente ese patrimonio), sino en un valor de naturaleza inmaterial no equivalente en dinero. Pero también parece claro que el concepto de responsabilidad civil —que tiene un sentido ético innegable— no excluye, sino que admite la posibilidad de compensar mediante el pago de una suma de dinero, no solo el menoscabo patrimonial, sino aquellos valores que la víctima ya no puede obtener en especie como consecuencia inmediata y directa del hecho dañoso”. Ver: Ignacio Galindo Garfias, “la compensación por daño moral”, en la biblioteca virtual de la UNAM: [http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/414/5.pdf].

(29) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de julio de 2013, Expediente 30452, C.P. Ramiro Pazos Guerrero; sentencia de 31 de mayo de 2013, Expediente 30522, C.P. (e) Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 10 de marzo de 2005, Expediente 14808, C.P. Germán Rodriguez.

(30) En un caso en el que un soldado sufrió una herida en el pie izquierdo debido al impacto de un proyectil de arma de fuego, que le causó una perturbación funcional de carácter permanente, se reconoció a su favor, por concepto de indemnización del daño moral, el valor equivalente a 30 smlmv, y a favor de sus padres el valor de 15 smlmv. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de julio de 2012, Expediente 21.205. C.P. Stella Conto Díaz del Castillo. Este caso, a su vez, está basado en un fallo de la subsección en el que reconoció una reparación de iguales proporciones a un soldado que resultó herido en el muslo izquierdo debido a un ataque con arma de fuego. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 22 de junio de 2011, Expediente 20.306. C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(31) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 14 de septiembre de 2011, Expediente 38222, C.P. Enrique Gil Botero.

(32) Ibídem.