Sentencia 2001-01486 de junio 25 de 2014

CONSEJO DE ESTADO·

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Expediente: 07001233100020010148602 (25283)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Dolores García de Garcés y otros

Demandada: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional - Policía Nacional.

Acción: Reparación directa.

Bogotá, D.C., veinticinco de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del asunto, en razón de los recursos de apelación interpuestos por las partes, en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca el 20 de febrero de 2003, en proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación, dado que la pretensión mayor se estimó en la suma de $ 85'691.520, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, mientras que el monto exigido en ese año para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia, era de $ 26'390.000 (D. 597/88).

2. Ejercicio oportuno de la acción.

En el recurso de apelación formulado por la Nación —Policía Nacional—, se planteó la caducidad de la acción de reparación directa, por considerar que de las pruebas allegadas al proceso no era posible determinar en cuál toma guerrillera, si en la del año 1998, o en las ocurridas en los años 1999 o 2000, fue que resultó destruida la vivienda de la señora Dolores García de Garcés. Así entonces, afirmó la entidad demandada que si la destrucción del bien inmueble hubiere ocurrido en la incursión subversiva de abril de 1998, era evidente que al momento de interponerse la demanda, cosa que sucedió el 9 de julio de 2001, la acción indemnizatoria habría caducado.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos.

De acuerdo con la demanda, la responsabilidad administrativa que se reclama se originó en la destrucción total de un inmueble propiedad de la señora Dolores García de Garcés, con ocasión de los ataques subversivos dirigidos en contra de la Estación de Policía de Cravo Norte, departamento de Arauca, los días 13 de abril de 1998, 19 de abril 1999, 11 de junio de 1999, 8 de julio de 1999, 16 y 17 de noviembre de 1999, 13 de diciembre de 1999 y 16 de enero de 2000. Por lo tanto, para determinar cuándo empezó a correr el término para presentar la demanda, habrá de establecerse el momento en el que el inmueble fue destruido.

Junto con la demanda se allegó inspección judicial anticipada cuyo objeto fue, según se lee, verificar los daños causados como consecuencia de las incursiones guerrilleras que se perpetraron los días 13 de abril de 1998, 19 de abril de 1999 y 8 de julio de 1999 en contra de la Estación de Policía de Cravo Norte. En lo pertinente, esto reza el auto de 13 de diciembre de 1999 proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Cravo Norte(19), por medio del cual se decretó la mencionada diligencia:

“Por ser procedente la anterior solicitud de prueba anticipada de inspección judicial, con presencia de la contraparte, accédase a la petición por estar conforme a lo estipulado en el artículo 300 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia DECRÉTASE la diligencia mencionada a los predios de … Dolores García de Garcés, con el fin de determinar los daños ocasionados durante las incursiones guerrilleras a este municipio, durante los días 13 de abril de 1998, 19 de abril y 8 de julio del presente año [refiere 1999] con el fin de determinar:

1. Ubicación, dirección, área total del terreno, área construida y linderos generales;

2. Daños ocasionados a cada uno de los inmuebles objeto de la inspección y estado general en que se encuentran;

3. Si en ellos funcionaron establecimientos comerciales, muebles y enseres fueron destruidos o averiados”.

De igual forma se aportó a la demanda el acta de la inspección judicial anteriormente referida(20), con fecha 1º de marzo de 2000, que pone de presente que la vivienda de la señora Dolores Gorda de Garcés, la cual colindaba con el cuartel policial de Cravo Norte, estaba totalmente destruida:

“el despacho se trasladó, inicialmente a la manzana que rodea el cuartel de la policía local, entre las carreras 4ª y 5ª con la calle 2ª y allí se dio comienzo a la diligencia distinguiendo las casas así: ... La Nº 29. Propiedad de Dolores García de Garcés ubicada sobre la calle 1ª entre carreras 4ª y 5ª. Inmueble totalmente destruido su techo, averiadas sus paredes, rotas las puertas y ventanas. Invivible por la proximidad con el cuartel policial. Sus linderos: oriente, con Alicia Quintero; occidente, con Rosa Matilde Vargas; norte, con el cuartel de la Policía y Ana Josefa Plazas; y sur con la calle 1ª” (resaltado por el despacho).

También se allegó al proceso oficio DA-0496 expedido por la Alcaldía del municipio de Cravo Norte(21), a través del cual se certificó que la destrucción del inmueble de propiedad de la señora Dolores García de Garcés, ocurrió en las tomas de los días 8 de julio de 1999 y 16 de enero de 2000. Esto dice el documento:

“En relación con la vivienda de propiedad de la señora Dolores García de Garcés, me permito informarle que fue destruida totalmente durante los enfrentamientos entre la fuerza pública y la guerrilla en los hechos ocurridos el 8 de julio de 1999 y 16 de enero de 2000, por lo cual no tenemos conocimiento de haber recibido alguna ayuda del gobierno”.

De las probanzas anteriormente reseñadas, se desprende que la destrucción total del inmueble se consolidó en la toma guerrillera del día 8 de julio de 1999, por las razones que a continuación se exponen:

Lo que de las pruebas citadas puede inferirse razonablemente es que el inmueble de la demandante sufrió daños sucesivos en los ataques guerrilleros que tuvieron lugar los días 13 de abril de 1998 y 19 de abril de 1999, secuelas que junto con las producidas en la incursión armada del 8 de julio de 1999, configuraron la ruina total del inmueble en esta última fecha.

En cuanto a la incursión guerrillera de enero de 2000, encuentra la Sala que aunque la inspección judicial se llevó a cabo en ese mismo año, 1º de marzo de 2000, en esta diligencia tanto las partes como el juez guardaron silencio frente a los daños presuntamente producidos por esta última incursión armada(22), circunstancia que lleva a una única conclusión, que para el enfrentamiento de enero de 2000, la casa ya estaba destruida.

En ese orden de ideas, aunque la certificación expedida por la Alcaldía del municipio de Cravo Norte en el sentido de que la destrucción del referido inmueble ocurrió también con ocasión de los combates del 16 de enero de 2000, lo cierto es que el análisis probatorio hecho anteriormente, conduce a afirmar que fue en la toma del 8 de julio de 1999 cuando finalmente se destruyó el inmueble.

En síntesis de lo expuesto, la Sala considera que el momento a partir de cual debe iniciar el conteo del término de caducidad, es el día siguiente al ataque guerrillero del 8 de julio de 1999 y, por ende, al haberse interpuesto la demanda el día 9 de julio de 2001, debe concluirse que el ejercicio del derecho de acción fue oportuno.

3. La legitimación en la causa por activa.

La señora Dolores Gorda de Garcés demandó en calidad de propietaria, la indemnización de perjuicios que le habrían sido causados por la destrucción de su vivienda con ocasión de unos ataques guerrilleros perpetrados en contra de la Estación de Policía del municipio de Cravo Norte. Así se lee en el libelo (se transcribe tal cual se halla en el texto):

“PRETENSIONES:

PRIMERA: Se declare que la Nación colombiana, el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas de Colombia, y la Policía Nacional de Colombia, son administrativamente responsables; y deben responder patrimonialmente, por los daños y perjuicios materiales y morales que sufrieron mis mandantes como consecuencia de la destrucción parcial e imposibilidad de volver a ocupar la vivienda de su propiedad, inmueble ubicado en la calle 1ª Nº 4-51/57 de Cravo Norte (Arauca).

(...).

En virtud del combate armado, la casa de habitación de propiedad de Dolores García de Garcés, ubicada en la misma cuadra de la estación de Policía, con una extensión aproximada de 820.80 metros cuadrados, fue totalmente destruida, y sin posibilidad de reconstrucción en el mismo lugar, ya que a merced de las continuas incursiones guerrilleras dicho sector se ha convertido en zona de guerra.

(...).

La vivienda que fue destruida la había adquirido la señora Dolores García de Garcés, por compra que le hiciera a los señores Adolfo Germán Vega y María Amparo Arteaga de Vega, mediante la escritura pública 37 del 13 de diciembre de 1962; otorgada ante la Notaría Única del Círculo de Arauca” (resaltado por la Sala).

Ahora bien, para probar la calidad de propietaria del bien inmueble destruido, la señora Dolores García de Garcés aportó copia simple de la escritura pública 37 de fecha 13 de diciembre de 1962, de la Notaría Única del Circuito de Arauca, mediante la cual los señores Adolfo Hermán Vega y María Amparo Arteaga de Vega, transfirieron a su favor y a título de venta, el derecho de dominio sobre una “casa de techo de palma y piso de cemento y paredes de adobe ubicada en la población de Cravo Norte sobre la avenida del Río Cravo”(23).

En relación con el documento anteriormente reseñado cabe precisar que, por haber sido aportado en copia simple, en principio, carecería de valor probatorio por no cumplir con las condiciones dispuestas por el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil(24); sin embargo, lo cierto es que en reciente pronunciamiento de unificación de la Sección Tercera de esta corporación se vino a considerar que se puede otorgar valor probatorio a tal probanza, toda vez que respecto de ella se surtió el principio de contradicción en relación a la parte demandada.

Sobre el tema, en sentencia de unificación de la Sección Tercera del 28 de agosto de 2013 se razonó de la siguiente manera(25).

“Es dable precisar que la interpretación que hoy se efectúa no puede entenderse como la exoneración de la carga de cumplir con las reglas contenidas en la ley procesal civil frente a la aportación de copias de documentos que siguen vigentes y en pleno rigor. Lo que sucede en esta ocasión ambas partes aceptaron que ese documento fuera apreciable y coincidieron en la valoración del mismo en forma recíproca no solo al momento de su aportación, sino durante el transcurso del debate procesal.

Cabe agregar que la autenticación de las copias tiene por objeto que éstas puedan ser valoradas bajo el criterio de la sana crítica como si se tratara de documentos originales, de manera que frente a la parte contra quien se aducen, ese requisito tiene por finalidad garantizar su derecho de defensa, máxime cuando con tal prueba se pretende probar un hecho que en principio se aduce en su contra. Siendo esto así, cuando las partes de común acuerdo solicitan la apreciación y valoración de un documento aportado en copia simple, como en este caso, no sería dable soslayar ese interés para exigir el cumplimiento de una formalidad y las partes no podrían desconocer la decisión que con sustento en tal documento se adoptare por cuanto esa conducta atentaría contra el principio de la buena fe e implicaría atentar contra sus propios actos”.

En el presente caso se tiene que la escritura pública 37 de fecha 13 de diciembre de 1962 fue aportada con la demanda, al tiempo que la parte demandada, durante el transcurso del proceso, no se opuso a que dicho documento fuera tenido como prueba, al punto que ni siquiera en el recurso de apelación formulado contra la sentencia de 20 de febrero de 2003 planteó tal inconformidad.

Por todo lo dicho con anterioridad, la Sala otorgará valor probatorio a la referida escritura pública.

Ahora bien, la Sala revocará la sentencia de 20 de febrero de 2003, con fundamento en el razonamiento que a continuación se desarrolla:

Tal como lo enseña la referida escritura pública, está acreditado que la señora Dolores García de Garcés celebró contrato de compra venta de un inmueble ubicado en el municipio de Cravo Norte; sin embargo, no obra en el expediente la inscripción de dicho negocio en el registro de matrícula inmobiliaria, circunstancia que impide tener a la demandante como la propietaria del inmueble destruido por la acción de la guerrilla, toda vez que, según lo dispone el artículo 756 del Código Civil(26), la tradición de bienes inmuebles se perfecciona con la inscripción del título traslaticio del dominio en la oficina de registro de instrumentos públicos. Sobre este tema, así se ha pronunciado la corporación(27):

“En efecto, la única forma conocida, para efectuar la tradición de inmuebles, es la de inscripción del título en la oficina de registro de instrumentos públicos; así lo reiteró la Sala en sentencia del 24 de agosto de 2000, en la que se señaló:

“De conformidad con el artículo 756 del Código Civil, la tradición de bienes raíces se efectúa por la inscripción del título en la oficina de registro de instrumentos públicos, lo cual significa, que si el título no se registra no se transmite el derecho (C.C., art. 756).

“En este orden de ideas, el titular del derecho de dominio de un bien inmueble es quien aparece inscrito como tal en la oficina de registro de instrumentos públicos del círculo correspondiente, como lo dispone el estatuto de registro de instrumentos públicos (D.L. 1250/70), que regula las inscripciones en la matrícula inmobiliaria y tiene como objeto —el registro—, servir de medio de transmisión de la propiedad inmueble y de constitución de los derechos reales desmembrados de la misma, como de las limitaciones que se le impongan y de dar publicidad a la titularidad de los derechos reales inmobiliarios y a las limitaciones que los afecten. La propiedad y demás derechos reales en bienes inmuebles, solo existen y se transmiten mediante la inscripción en la matrícula inmobiliaria(28).

“Por tanto, la publicidad que se le da al titular o titulares del derecho de dominio y a la situación jurídica en que se encuentra determinado inmueble mediante el registro, es oponible a terceros”(29).

De lo dicho, se tiene que el Banco de Bogotá no acreditó en el proceso su condición de propietario del predio Santa Rosa, previa a la extinción de dominio, ya que no figuraba como tal en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria aportado al proceso. No comprobó dicha condición, cuando debía hacerlo, conforme al artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, ya que por tratarse de un bien inmueble era necesario el registro de la escritura de fusión en la oficina de instrumentos públicos, como lo establecen los artículos 756 de Código Civil y segundo del Decreto 1250 de 1970, documento público que no puede ser sustituido por ninguno otro, como lo prescribe el artículo 265 del Código de Procedimiento Civil, pues se trata de un requisito ad substantiam actus”.

Se sigue de lo que viene de verse, que resulta forzoso concluir que el inmueble que, según la demanda, fue destruido por varias incursiones guerrilleras ocurridas en el municipio de Cravo Norte, no es propiedad de la señora Dolores García de Garcés y, por consiguiente, no se hallaría bajo esa condición legitimada en la causa por activa para interponer la presente acción indemnizatoria, razón por la cual ha de concluirse que no se probó en debida forma uno de los elementos necesarios para tener por cierto que quien formuló la acción era titular del derecho real que estimó vulnerado.

Debe señalarse que cuando una persona pretende la declaratoria de responsabilidad de una entidad pública por razón de unos daños causados a un inmueble de su propiedad, está obligada a acreditar, en primer lugar, que es el titular del derecho de propiedad, para lo cual debe aportar la prueba idónea, la cual es el modo traslaticio del dominio, o sea el certificado de tradición pues, de lo contrario, sólo será posible concluir que quien demanda carece de interés por no ser el propietario del bien y, en consecuencia, debe decirse que no está legitimada para formular pretensión alguna por ese concepto.

En este orden de ideas, y dado que no se acreditó la condición de propietaria alegada por la señora Dolores García de Garcés, se impone negar las súplicas de la demanda.

Por otro lado, conviene precisar que el asunto que se analiza bajo ninguna circunstancia puede ser resuelto alegando respecto del demandante la tenencia o posesión del bien inmueble, porque ello implicaría modificar la causa petendi de la demanda y las pretensiones de la misma, facultad que no puede ser asumida por el juez, en razón a que son los demandantes quienes están llamados a solicitar de la jurisdicción una respuesta frente a las circunstancias de hecho y de derecho que ellos mismos delimiten en las demandas que someten a decisión judicial(30).

Todas las razones anteriormente expuestas servirán de apoyo para revocar la sentencia apelada y negar las pretensiones de la demanda.

4. Condena en costas.

Comoquiera que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVOCAR, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia, la sentencia de 20 de febrero de 2003 proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, para, en su lugar, DENEGAR las súplicas de la demanda.

2. SIN condena en costas.

3. Ejecutoriada la presente providencia, por secretaría DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(19) Folios 27-28, cuaderno principal. Se dará valor probatorio a este documento aportado en copia simple, de conformidad con la posición actual de la Sección recogida en la sentencia de 28 de agosto de 2013 con ponencia del doctor Enrique Gil Botero, expediente 25.022. Adicionalmente es de anotar que el valor probatorio de esta probanza deviene también del hecho de que en su decreto, se ordenó vincular a la entidad demandada, razón por la cual se concluye que respecto de esta prueba, se surtió el derecho de contradicción.

(20) Folios 42-59, cuaderno principal. Se dará valor probatorio a este documento aportado en copia simple, de conformidad con la posición actual de la Sección recogida en la sentencia de 28 de agosto de 2013 con ponencia del doctor Enrique Gil Botero, expediente 25022. Adicionalmente, es de anotar que el valor probatorio de la inspección judicial sobre el inmueble destruido, deviene también del hecho de que su práctica fue con citación de la parte demandada, razón por la cual se concluye que respecto de esta prueba, se surtió el derecho de contradicción.

(21) Folios 30-31, cuaderno de pruebas 2.

(22) Las partes como el juez pueden dejar las constancias que consideren pertinentes para esclarecer los hechos, numeral 4º del artículo 246 del Código de Procedimiento Civil, relativo a la “Práctica de la inspección”: “7. Concluida o suspendida la inspección, se redactará y firmará el acta como lo dispone el artículo 109, en lo cual se especificarán las personas, cosas o hechos examinados, los resultados de lo percibido por el juez, las constancias que las partes quieran dejar y que el juez estime pertinentes, el dictamen de los peritos, si fuere el caso, y los demás pormenores de su realización. El acta será firmada por quienes hayan intervenido en la diligencia”.

(23) Folios 97-99, cuaderno principal.

(24) “ART. 254.—Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes casos:

1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada.

2. Cuando sean autenticados por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente.

3. Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa”.

(25) Sección Tercera-Sala Plena, C.P. Enrique Gil Botero, 28 de agosto de 2013, radicación 05001-23-31-000-1996-00659-01 (25022). Actor: Rubén Darío Silva Alzate. Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación.

(26) “ART. 756.—Tradición de bienes inmuebles. Se efectuará la tradición del dominio de los bienes raíces por la inscripción del título en la oficina de registro de instrumentos públicos.

De la misma manera se efectuará la tradición de los derechos de usufructo o de uso, constituidos en bienes raíces, y de los de habitación o hipoteca”.

(27) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, Bogotá, D.C., 23 de enero de 2003, radicación 11001-03-26-000-1993-8339-01 (8339).

(28) Valencia Zea, Arturo y Ortiz Monsalve, Álvaro. Derecho Civil, Derechos Reales. Bogotá. Tomo II. 1996, pág. 507.

(29) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 24 de agosto de 2000, expediente 10.821, actor: Sociedad Sánchez Paredes y Cía. Ltda.

(30) Al respecto consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 28 de julio de 2011, expediente 19.622, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.