Sentencia 2001-01503 de abril 30 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Rad.: 250002326000200101503 01

Exp.: 29147

Consejero ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Betty Isabel Rodríguez Rodríguez y otros

Demandados: Nación-Ministerio de Defensa Nacional

Naturaleza: reparación directa

Bogotá, D.C., treinta de abril de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES

I. Competencia

7. El Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en un proceso con vocación de segunda instancia, en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, que corresponde a la indemnización por concepto de perjuicios morales, supera la exigida por la norma para el efecto(1).

III. Hechos probados

8. De conformidad con las pruebas incorporadas al expediente, que se encuentran en estado de valoración, están debidamente acreditados los siguientes hechos:

8.1. El joven Giovanny Andrés Rodríguez prestó su servicio militar obligatorio en el Ejército Nacional desempeñándose como soldado regular desde el 18 de marzo de 1998 hasta el 8 de julio de 1999 momento para el cual ostentaba la calidad de dragoneante (original constancia(2) proferida por la jefatura de desarrollo humano del Ejército Nacional —fls. 218-219 cdno. ppal.).

8.2. El soldado activo del Ejército Nacional Giovanny Andrés Rodríguez perdió la vida el 8 de julio de 1999, como consecuencia de los múltiples disparos de arma de fuego de alta velocidad que desencadenaron en una laceración encefálica extensa, en enfrentamiento armado contra el grupo subversivo de las FARC en área rural del municipio de Gutiérrez (Cundinamarca) (copia auténtica del registro de defunción; original del protocolo de necropsia expedido por el Instituto Nacional de Medicina Nacional y Ciencia Forenses fl. 6, cdno. 2; fl. 248, cdno. 3).

8.3. Por los hechos ocurridos en el municipio de Gutiérrez (Cundinamarca) en donde fueron asesinados 3 oficiales y 35 soldados regulares pertenecientes al Batallón de Artillería 13, el Ejército Nacional mediante providencia del 9 de septiembre de 1999 abrió investigación disciplinaria en contra del teniente coronel Roberto Charry Solano en su calidad de comandante del referido batallón y 7 oficiales más, por su presunta responsabilidad manifestada en la negligencia, imprudencia y falta de don de mando en el desarrollo de la operación militar (original de la providencia del 9 de septiembre de 1999, proferida por el funcionario instructor del proceso disciplinario fl. 620-637, cdno. 3).

8.4. De conformidad con las copias autenticadas de los registros civiles de nacimiento, se advierte que Giovanny Andrés Rodríguez nació el día 24 de mayo de 1980, su madre era la señora Betty Isabel Rodríguez Rodríguez (copia simple(3) del registro civil de nacimiento fl. 14, cdno. 2), sus hermanos Luisa Fernanda Rodríguez, Jhon Crisanto Rodríguez Rodríguez, Neila Patricia Rodríguez, Jinneth Paola Marín Rodríguez (copias auténticas de los registros civiles de nacimiento —fls. 2, 3, 5, 45, cdno. 2.) y su abuela materna María Betty Rodríguez (copias auténtica del registro civil de nacimiento —fl. 1 cdno. 2).

IV. Problema jurídico

9. La Sala debe determinar si la entidad demandada es responsable por los hechos que dieron lugar a la muerte del joven Giovanny Andrés Rodríguez. En caso de que declare la responsabilidad, deberá establecer el reconocimiento y la liquidación de los perjuicios solicitados.

V. Análisis de la Sala

10. La Sala, de conformidad con los hechos probados, tiene por demostrado el daño invocado por la parte actora y las circunstancias en las cuales ocurrió el mismo, es decir, está debidamente acreditada la muerte del joven Giovanny Andrés Rodríguez el 8 de julio de 1999, cuando se encontraba prestando el servicio militar obligatorio como dragoneante a órdenes del Batallón de Artillería 13 del Ejército Nacional, al ser impactado por varios disparos provenientes de arma de alta velocidad en enfrentamientos con el grupo subversivo de las Farc en jurisdicción del municipio de Gutiérrez (Cundinamarca) (ver supra párr. 8.2.).

11. En lo que tiene que ver con el régimen de responsabilidad aplicable para la solución del caso concreto, debe precisarse que la jurisprudencia del Consejo de Estado distingue entre la responsabilidad aplicable a la administración por daños sufridos en ejercicio del servicio militar obligatorio —y con ocasión del mismo—, de la que surge de aquellos daños padecidos por un integrante de las fuerzas armadas incorporado voluntariamente al servicio. Dicha distinción tiene su fundamento razonable en que, mientras en el primer caso la prestación del servicio militar es impuesta a algunos ciudadanos por el ordenamiento jurídico(4), en la segunda eventualidad, por su parte, la persona ingresa al servicio por iniciativa propia, con lo que asume los riesgos inherentes que implica el desempeño de la carrera militar.

12. Del mismo modo, si se trata de determinar la responsabilidad en el caso de los daños causados a quien presta servicio militar obligatorio, la imputación se hace con base en la teoría del riesgo excepcional, bajo la óptica de un régimen objetivo de responsabilidad. No obstante, en aquellos casos en los que aparezca demostrado que el daño se ha producido a causa de un deficiente funcionamiento del servicio porque -por ejemplo- existe un incumplimiento de las obligaciones y deberes que tiene el Estado para con este tipo de soldados, se aplicará también el régimen subjetivo de falla probada del servicio, evento éste en el cual los dos regímenes de responsabilidad —objetivo y subjetivo— coexisten y no se excluyen.

13. Así, frente a los perjuicios ocasionados a soldados que prestan el servicio militar obligatorio, comoquiera que su voluntad se ve doblegada por el imperium del Estado al someterlos a la prestación de un servicio, que no es nada distinto a la imposición de un deber público, entonces la organización estatal debe responder por los daños que provengan i) de un rompimiento de las cargas públicas que no tenga la obligación jurídica de soportar el soldado, ii) de un riesgo excepcional que desborda aquel al cual normalmente estaría sometido y que puede tener origen en el riesgo de la actividad o en el riesgo de la cosa, o iii) de una falla del servicio, a partir de la cual se produce el resultado perjudicial(5).

14. No debe perderse de vista que, en tanto el Estado imponga el deber de prestar el servicio militar, debe garantizar la integridad psicofísica del soldado, pues se trata de una persona que se encuentra sometida a la custodia y cuidado de aquél y, si en determinados casos dicha persona se ve envuelta en una situación de riesgo, ello implica que la administración debe responder por los daños que le sean irrogados en relación con la ejecución de la carga pública, a menos que demuestre que el daño provino de una causa extraña.

15. Igualmente, en relación con los soldados que prestan servicio militar obligatorio, el principio iura novit curia reviste una característica especial, toda vez que el juez debe verificar si el daño antijurídico resulta imputable o atribuible al Estado, con fundamento en uno cualquiera de los regímenes de imputación antes mencionados.

16. Lo anterior implica que las personas que prestan servicio militar obligatorio, sólo están obligadas a soportar las cargas que son inherentes a éste, tales como la restricción a los derechos fundamentales de libertad y locomoción, pero no los riesgos anormales o excepcionales(6). En contraste, quienes prestan el servicio en forma voluntaria, asumen todos aquellos riesgos que naturalmente están relacionados con el desempeño de las actividades de la milicia.

17. En el caso concreto, la Sala observa que en el expediente se acreditó que el joven Giovanny Andrés Rodríguez ingresó al Ejército Nacional con la finalidad de prestar su servicio militar obligatorio (ver párr. 8.1.), lo que implica que para el juzgamiento del presente caso se aplique el régimen objetivo de responsabilidad.

18. En este orden de ideas, de acuerdo con la jurisprudencia de ésta Sala, al ser el régimen de responsabilidad aplicable al caso particular el objetivo por riesgo excepcional, a la parte demandante le basta demostrar que el daño cuyo resarcimiento depreca se produjo en razón del servicio militar obligatorio, mientras que la entidad demandada, para desvirtuar su responsabilidad, debe acreditar la existencia de una causa extraña —como el hecho exclusiva de la víctima, el hecho exclusivo y determinante de un tercero o la fuerza mayor— para exonerarse(7).

19. De lo anterior se sigue que “el demandante sólo tiene que probar la existencia del daño y el nexo con el servicio, es decir que dicho daño fue producto del ejercicio de la actividad peligrosa a cargo de la entidad demandada”(8), es decir, que el demandante se encuentra en la obligación de probar los supuestos de hecho que constituyen la conducta oficial riesgosa y el perjuicio sufrido por la víctima de tal conducta; es decir, el hecho, el daño y la relación de causalidad.

20. Para la Sala resulta claro que la responsabilidad de la Nación-Ministerio de Defensa se ve comprometida en el caso bajo análisis a título de riesgo excepcional, pues en el momento en el cual la víctima fue incorporada a las filas del Ejército Nacional para cumplir con su obligación de definir su situación militar, éste únicamente tenía el deber de soportar aquellas limitaciones o inconvenientes inherentes a la prestación del servicio militar obligatorio, como la restricción a los derechos fundamentales de locomoción, libertad, etc. Pero como durante la ejecución de su deber constitucional, le sobrevino una vulneración a derechos que tienen protección jurídica, como lo es la vida, ella es causa de imputación al Estado del daño por él padecido, por cuanto en este caso, el mencionado soldado regular no compartió ni asumió ese tipo de riesgos con el Estado.

21. Declarada la responsabilidad de la administración a partir del título de naturaleza objetivo de riesgo excepcional aplicable para el caso de soldados conscriptos, nada obsta para que la Sala estudie la responsabilidad a partir del acaecimiento de una falla en el servicio, teniendo en cuenta que la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual. En igual sentido la jurisprudencia de esta corporación(9) ha sostenido que el título de imputación para casos que guarde semejanzas fácticas puede variar de acuerdo a las circunstancias particulares acreditadas y a los parámetros argumentativos establecidos por el operador judicial. Para el caso bajo estudio y en respuesta al recurso de apelación presentado por la parte demandante la Sala analizará la presunta falla en el servicio evidenciada al momento de repeler el ataque de las fuerzas enemigas por tres razones a saber: i) el desconocimiento del reglamento interno de la fuerzas militares por parte de los comandantes de los diferentes grupos que conformaban el Batallón de Infantería 13 por no desplazarse al área de influencia subversiva, ii) la falta de apoyo pese a la inferioridad numérica del grupo de soldados que repelió el ataque; iii) el desconocimiento de la ubicación geográfica exacta de los pelotones atacados, situación que otorgó una ventaja militar al grupo subversivo.

22. Advierte la Sala que reposa en el expediente la investigación disciplinaria adelantada por la entidad demandada, que en su parte inicial(10) determinó que (fl. 620-637, cdno. 3):

Si existieron fallas por negligencia, imprudencia, falta de mando de los comandantes de Unidad Fundamental y Pelotón y de Escuadra porque incumplieron con los reglamentos y las órdenes impartidas por sus superiores, también los hay por parte de los mandos superiores y a nivel de la unidad táctica, por cuanto en ningún momento estuvieron al tanto de la situación ya que en el área los soldados manifiestan no haber visto al comandante del batallón visitándolos o pasándoles revista y del oficial S-3 lo vieron sola una vez de entra por salida, pero lo más curioso es que el ejecutivo y segundo comandante mucho menos apareció en el teatro de los acontecimientos antes por el contrario, cuando el teniente CALVO hizo un seguimiento este manifestó jocosamente como bien él lo dice en la declaración ´hay que comprarle unas ametralladoras a mi Teniente en el Ley porque tiene miedo´ dando a entender que no se vivía el sentido de las informaciones, todo en deporte nunca se tomaron las cosas en serio; informando al comando superior que todo estaba controlado que no habían problemas que se habían dado las órdenes pertinentes pero vemos que las cosas no eran así. 

Deduciéndose que a más de todo esto existe culpa de los mandos superiores y mandos medios, toda vez que al existir la culpa se acompaña de la negligencia, esto para lo cual tenemos (sic) que culpa es la imprevisión de lo previsible y probable, con violación por parte de la gente del deber de reflexión y cuidado a que está obligado el hombre en sociedad para no hacer daño a los demás.

Existía la información de un inminente ataque a la población, pero comoquiera que no se le prestó la atención requerida tenemos el resultado, ya que la tropa se dejó ver, se dejó analizar por su parsimonia y tranquilidad y el comando no se preocupó para evitar hechos y al menos conseguir que las consecuencias fuesen menos graves, ya que se hubiesen hecho los correctivos necesarios y los apoyos correspondientes no nos estaríamos pronunciando dentro de este averiguatorio. Se pregunta esta oficina instructora cual es el procedimiento de un superior que sabe que sus tropas están en inminente peligro y no se apersonó, verificó, teniendo en cuenta que allí es difícil la comunicación y brindó los apoyos correspondientes. Da la sensación que no les duele ni mucho menos les importa la situación de su gente bajo mando. 

Así las cosas tenemos que la imprudencia es un actuar sin cautela que según la experiencia consciente, debemos emplear en todas aquellas actividades de las que se puede derivar algún perjuicio, es un comportamiento inadecuado que lleva a obrar sin las precauciones debidas y que suele originarse en las faltas de discernimiento, en desatención y en general en el predominio de las funciones institutivas sobre la ponderada reflexión. 

(…) Para el suscrito funcionario de instrucción le queda muy claro y no otra cosa se deduce de las pruebas recaudadas y de lo que aquí brevemente esbozado que los únicos responsables tanto como por acción como por omisión es el personal militar relacionado procedentemente en razón a que no cumplieron con sus respectivas obligaciones, funciones y deberes cada uno en su nivel.

23. En el mismo sentido reposa en el proceso un documento elaborado por el Ejército Nacional dentro del cual se analizó el caso desde la óptica táctico militar que concluyó (fl. 563-619, cdno. 3):

El primer pelotón de la batería “B” del BAFLA que se encontraba con el resto de la unidad en el área, salió a permiso el 14 de junio. Una vez concluyó el mismo adelantó el rentrenamiento y le fue ordenado el cumplimiento de una misión diferente a la establecida en la ORDOP n.° 37 “RUBI”, en la cual el comandante del batallón ordena que las unidades fundamentales deben actuar como un todo. Esto originó que la batería solo tuviera dos pelotones para enfrentar al enemigo y el principio de la masa y el apoyo mutuo se perdieron parcialmente. 

El Capitán Comandante de la batería entrante no fue perfectamente enterado por parte del comandante del batallón ni la plana mayor de la situación que se presentaba en el área de operaciones y de las órdenes emitidas por el comando de la Quinta División y la Decimotercera Brigada en el sentido de que la unidad fundamental debería permanecer hacía el sector de la Rinconada o Mesa de Une ante la eventualidad de un asalto por parte de las cuadrillas del bloque de las Farc. 

La información contenida en el INSITOP de los días 2, 3, 4, 5, y 6 de julio no corresponde a la verdadera ubicación de los pelotones de la Betería, ya que esta unidad se encontraba en la vereda el Cedral y en el documento se registraba su ubicación en la Rinconada. Lo anterior no permitió hacer una verdadera apreciación sobre la vulnerabilidad que presentaba el aislamiento de la batería. Así mismo el INSITOP de la Decimotercera Brigada registra la ubicación del puesto de mando del Batallón Gutiérrez independiente de la batería “B”, lo cual no es real, ya que éste, junto con los efectivos reportados, se encontraban el en Cantón Sur de Bogotá. Este puesto de mando nunca fue instalado. 

No existió por parte del Comandante del Batallón de Artillería 13 la dirección, el control y el mando necesarios para la conducción exitosa de las operaciones de contraguerrillas que se venían adelantando. Prueba de ello es el hecho de que el comando del batallón nunca realizó programas con las unidades fundamentales que se encontraban en el área de combate. 

24. De lo transcrito anteriormente puede la Sala establecer que en el desarrollo de las operaciones militares adelantadas en zona rural del municipio de Gutiérrez (Cundinamarca) en donde perdió la vida el soldado regular Giovanny Andrés Rodríguez, se incurrió en un falla en el servicio en tanto i) se dispuso desplazar a una de las baterías de soldados que conformaban las unidades fundamentales del Batallón de Artillería 13 para su reentrenamiento una vez regresaron de permiso, pese a la advertencia de un inminente ataque por parte de grupos subversivos que tenían gran presencia en la zona; ii) el desconocimiento por parte de los comandantes de la operación de la ubicación geográfica exacta de los pelotones, situación que otorgó una ventaja militar al grupo enemigo, comoquiera que no permitió establecer la vulnerabilidad que se presentaba con la distancia entre un grupo de soldados y otro; iii) la falta de dirección, mando y control por parte de los comandantes de la operación quienes no visitaron la zona de influencia subversiva, de acuerdo a las versiones rendidas por los soldados atacados, omisión que no permitió implementar las acciones necesarias con las unidades fundamentales para repeler la incursión enemiga. En este orden de ideas, se endilga responsabilidad a título de falla en el servicio al Ejército Nacional por los daños causados a los familiares con la muerte del soldado regular Giovanny Andrés Rodríguez.

VI. Liquidación de perjuicios

25. Declarada como está la responsabilidad extracontractual de la entidad demandada por los daños ocasionados a los demandantes con la muerte del soldado regular Giovanny Andrés Rodríguez, procede la Sala a establecer los perjuicios de orden moral y material que deberán ser indemnizados.

26. Frente a la solicitud de reconocimiento de perjuicios morales es procedente que la Sala fije en salarios mínimos la indemnización a favor de los peticionarios, con aplicación de la facultad discrecional que le asiste frente a estos casos(11), la cual está regida por los siguientes parámetros: a) la indemnización del perjuicio se hace a título de compensación, pues “… la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia…(12), mas no de restitución ni de reparación; b) la tasación debe realizarse con aplicación del principio de equidad previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; c) la determinación del monto debe estar sustentada en los medios probatorios que obran en el proceso y que están relacionados con las características del perjuicio; y d) debe estar fundamentada, cuando sea del caso, en otras providencias para efectos de garantizar el principio de igualdad(13).

27. En virtud de lo anterior, por concepto de reparación de daño moral la Sala reconocerá a favor Betty Isabel Rodríguez Rodríguez en su condición de madre de la víctima la suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor de Luisa Fernanda Rodríguez, Jhon Crisanto Rodríguez, Neila Patricia Rodríguez y Jinneth Paola Marín Rodríguez en su calidad de hermanos del occiso la suma equivalente a 50 salarios mínimos legales vigentes para cada uno de ellos y, a favor de Betty Isabel Rodríguez de Rodríguez en su condición de abuela la suma equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

28. Con relación a la afectación moral del señor Ramón Marín Bautista, la Sala acepta el argumento de la parte actora en el sentido de que si bien no se probó la relación de parentesco con la víctima a través del medio de prueba idóneo para ello, es decir, el registro civil de nacimiento, está demostrado, con los testimonios de las señoras Anais Beltrán Tiribi y Aura María Malaver que aquel estuvo a cargo de la crianza y de la manutención del joven Giovanny Andrés Rodríguez y que su muerte le causó dolor debido a la relación de afecto que los unía.

30.1. La señora Anais Beltrán Tiribi manifestó (fl. 9, cdno. 3):

Conoció usted cómo era el trato entre don Ramón y Giovanny? Preguntado: el contacto que tenían ellos era muy correcto, como de papá a hijo, ellos nunca lo miraron como padrastro siempre como padre e hijo. El trato de don Ramón hacia el muchacho era de mucho respeto. (…) eso para ellos fue muy duro, creyeron que el mundo se les acababa, a ellos los vi angustiados, preocupados. [refiriéndose al grupo familiar] Después los he visto muy decaídos.

30.2. La señora Aura María Malaver expresó (fl. 10, cdno. 3):

El trato de don Ramón hacía el muchacho era como de un hijo, él era su padre adoptivo, estaba pendiente de él, lo ayudaba en el estudio, a veces más que el padre legítimo. La muerte del muchacho fue muy dolorosa para toda esa familia, es muy difícil de describir, puesto que el muchacho era muy especial con ello, ahora yo los veo muy decaídos, es muy difícil que se recuperen. 

29. La Sala encuentra que estos testimonios son claros, precisos y coherentes, no evidencia en ellos algún interés directo en el resultado del proceso, y su contenido no fue objeto de controversia en el debate procesal, de manera que los valora positivamente. En esa medida, la Sala tiene acreditado de un lado la calidad de padre de crianza de la víctima de Ramón Marín Bautista y, del otro la aflicción y congoja padecidos por él con el deceso de Giovanny Andrés Rodríguez, razones para conceder en su favor una indemnización por concepto de daño moral equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes(14).

30. De otro lado, en lo que tiene que ver con la indemnización correspondiente al perjuicio material en la modalidad de lucro cesante solicitada por la parte actora, la Sala accederá a dicho reconocimiento en favor de la señora Betty Isabel Rodríguez Rodríguez, madre de la víctima —ver supra párr. 8.4—, en aplicación del precedente jurisprudencial de esta Corporación de acuerdo con el cual se tiene que, si bien al momento de la muerte el soldado conscripto no se encontraba percibiendo un ingreso, se presume su vinculación a una actividad productiva una vez terminara de prestar su servicio militar obligatorio(15) de la cual obtendría ingresos para atender sus necesidades básicas, así como las del grupo familiar.

31. La Sala tomará como base para la liquidación el salario mínimo actualmente vigente(16) ($ 616 000), comoquiera que esta cifra es superior a la que resulta de actualizar el valor del salario mínimo vigente al momento en que el joven Giovanny Andrés Rodríguez terminaría de prestar su servicio militar obligatorio(17). Este valor será incrementado en un 25% por concepto de prestaciones sociales ($ 770 000), en aplicación del artículo 16 de la Ley 446 de 1998, y de los principios de reparación integral y equidad contenidos en dicha norma(18).

32. Ahora bien, en cuanto al porcentaje que de sus ingresos dedicaba el occiso a gastos personales y familiares, no hay prueba que permita deducirlo; por lo tanto, es necesario aplicar las reglas de la experiencia(19), según las cuales no es posible afirmar que la víctima destinaba todos sus ingresos a colaborarle a su familia, pues el sentido común indica que debía dedicar un porcentaje de ellos a la propia subsistencia, el cual para este caso concreto es estimado por la Sala, cuando menos, en un 50%. Entonces, a la renta se le descontará el referido porcentaje correspondiente al valor aproximado que el joven Giovanny Andrés Rodríguez debía destinar para su propio sostenimiento por lo cual la base de la liquidación queda en la suma de $ 385 000. Como límite temporal se tendrá la edad de 25 años en tanto que en ausencia de prueba en contrario, se puede inferir de acuerdo a las reglas de la experiencia que en esta etapa de la vida los colombianos han formado su propio hogar, situación que habitualmente impide una colaboración permanente a sus padres(20).

33. Aunado a lo anterior, precisa la Sala que se tasará la indemnización debida o consolidada, que abarca el periodo comprendido entre la fecha en que el joven Giovanny Andrés Rodríguez terminaría de prestar su servicio militar obligatorio como soldado regular y la fecha en que cumpliría sus 25 años de edad.

Va = Ra x (1 + 0,004867)n – 1
—————————
0,004867

SSuma a obtener
RaRenta actualizada, es decir $ 385 000
ITasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0.004867
NNúmero de meses transcurridos desde la fecha en que terminaría de prestar su servicio militar obligatorio —18 de septiembre de 1999— hasta la fecha en que cumpliría sus 25 años de vida —24 de marzo de 2005—, es decir, 5 años, 6 meses, 5 días: 67,13 meses.
1Es una constante

S = $ 385000 (1 + 0,004867)67,13 – 1
———————————
0,004867

S = $ 30.480.204

34. Se tiene entonces, que el total de la indemnización por perjuicios materiales a favor de la señora Betty Isabel Rodríguez Rodríguez, es la suma de treinta millones cuatrocientos ochenta y seis mil doscientos cuatro pesos ($ 30.480.204).

VI. Costas

35. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente, y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se condenará en este sentido.

36. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, se

RESUELVE:

REVOCAR la sentencia del 7 de septiembre de 2004 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, y, en su lugar se dispone:

1. DECLARAR responsable administrativa y patrimonialmente a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional por los daños antijurídicos ocasionados a raíz de la muerte de joven Giovanny Andrés Rodríguez, ocurrida el 8 de julio de 1999, en el municipio de Gutiérrez, Cundinamarca.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, por concepto de perjuicios materiales en su modalidad de lucro cesante consolidado, a favor de Betty Isabel Rodríguez Rodríguez la suma de treinta millones cuatrocientos ochenta mil doscientos cuatro pesos ($ 30.480.204).

3. CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa- Ejército Nacional a pagar, por concepto de perjuicios morales, a favor de Betty Isabel Rodríguez Rodríguez la suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

4. CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional a pagar, por concepto de perjuicios morales, a favor de Ramón Marín Bautista la suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

5. CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional a pagar, por concepto de perjuicios morales, a favor de Luisa Fernanda Rodríguez, Jhon Crisanto Rodríguez, Neila Patricia Rodríguez, Jinneth Paola Marín Rodríguez y María Betty Rodríguez de Rodríguez para cada uno de ellos, la suma equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

6. DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

7. Sin condena en costas.

8. Lo dispuesto en esta providencia deberá cumplirse en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

9. En firme este fallo, devuélvase el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1 La pretensión mayor, correspondiente a los perjuicios morales causados estimados en la suma de $ 40 000 000, monto que supera la cuantía requerida en 2002 ($ 36 950 0000), año de presentación de la demanda, para que un proceso adelantado en acción de reparación directa fuera considerado de doble instancia.

2 En cumplimiento del auto de Sala del 30 de octubre de 2013, mediante el cual se solicitó a la parte demandante allegar constancia de la forma de vinculación al Ejército Nacional y el grado que ostentaba al momento de su muerte el joven Giovanny Andrés Rodríguez, se acreditó la calidad de saldado bachiller, el modo y tiempo de vinculación a la entidad demandada de este.

3 De acuerdo con lo decidido por la Sección Tercera en pleno en su sesión del 28 de agosto del 2013, la Sala le otorgará valor probatorio a todos los documentos traídos al proceso en copia simple, siempre que su aporte se haya producido durante las oportunidades previstas por las normas procesales aplicables a los juicios de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no hayan sido tachados como falsos, en los términos de los artículos 289 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, por la parte contra la cual se pretenden hacer valer (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 28 de agosto del 2013, expediente 25022, C.P. Enrique Gil Botero).

4 De acuerdo con el artículo 216 de la Constitución “… todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas.// La ley determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar”.

5 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de octubre de 2008, expediente 18586, C.P. Enrique Gil Botero.

6 Se reiteran en este punto las consideraciones vertidas por la Sala en las sentencias del 27 de noviembre de 2006, expediente 15.583, y del 6 de junio de 2007, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

7 Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 28 de mayo del 2012 y sentencia del 10 de marzo del 2011, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 29 de enero del 2009, expediente 15055, C.P. Myriam Guerrero de Escobar.

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de abril de 2012, expediente 1999-00815, C.P. Hernán Andrade Rincón.

10 Providencia del 9 de septiembre de 1999 proferida por el funcionario instructor, en el marco de la indagación preliminar disciplinaria adelantada por el Ejército Nacional.

11 Dicha facultad discrecional debe ser ejercida de acuerdo con los lineamientos de la jurisprudencia de la Sección, los cuales “… descartan toda fórmula mecánica o matemática y antes ilustran que esa decisión debe considerar las circunstancias que rodearon los hechos y enmarcarse por los principios de razonabilidad…” (sentencia del 16 de junio de 1994, expediente 7445, C.P. Juan de Dios Montes Hernández. Igualmente puede verse, entre otras: sentencia del 11 de febrero de 2009, expediente 14726, C.P. Myriam Guerrero de Escobar.

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, expediente 13232, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 8 de marzo de 2007, expediente 16205, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

14 Consultar las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 13 de abril de 2013, actor: Magdalena Muñoz y otros, expediente 22489, C.P. Danilo Rojas Betancourth; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 11 de julio de 2013, actor: Luis Alberto Quilindo Alegría, expediente 31252, C.P. Enrique Gil Botero.

15 Al respecto ver sentencias: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de noviembre de 2001, actor: Álvaro Luis Alcocer y otros, expediente 13212, C.P. Ricardo Hoyos Duque; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 6 de diciembre de 2013, actor: Martha Cecilia Zemanaté y otros, expediente 28102, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

16 Si bien la parte demandante solicitó que para el reconocimiento del lucro cesante se tuviera como base de liquidación el salario supuestamente devengado por la víctima el cual ascendía a la suma de $ 290.000, en el expediente no obra prueba alguna que permita acreditar esta afirmación, en tal razón la Sala calculará dicha indemnización con base en el salario mínimo referido.

17 El salario mínimo vigente en el año 1999 era de $ 236.460 que actualizado a la fecha de hoy asciende a la suma de $ 486.500.

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 5 de julio de 2006, expediente 14686, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

19 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de julio de 2005, expediente 13.406, entre otras.

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2012, actor: Gustavo Giraldo Ramírez y otros, expediente 22748, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.