Sentencia 2001-01532 de junio 25 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A

Rad.: 76001233100020010153201

Exp.: 30.076

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actor: Emma Restrepo de Vélez y otros

Demandados: Nación - Rama Judicial - Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartago y Banco Cafetero, Bancafé

Bogotá, D.C., veinticinco de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia de la Sala.

La Sala es competente para conocer del presente asunto, pues, en casos de responsabilidad del Estado por hechos de la administración de justicia (error jurisdiccional, privación injusta de la libertad, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia), opera un factor orgánico que confiere competencia, en primera instancia, a los tribunales administrativos y, en segunda instancia, a esta corporación(3).

2.2. Oportunidad de la acción.

Es indispensable señalar que la acción impetrada por los actores pretende la declaratoria de responsabilidad de la administración de justicia, toda vez que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartago habría impedido que la sociedad Agropecuaria Tambores Ltda. objetara la liquidación del crédito presentada por Bancafé, dentro de un proceso ejecutivo seguido por este contra dicha sociedad, circunstancia que produjo que el predio denominado “Las Brujas”, que fue hipotecado para garantizar las obligaciones contraídas con el banco, fuera rematado por el juzgado, causándoles a aquellos innumerables perjuicios, que debían resarcirse.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, aplicable para la época de los hechos,(4) la acción de reparación directa caduca al cabo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena, por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

En el presente asunto, se encuentra acreditado en el plenario que el remate del citado predio ocurrió el 8 de febrero de 2000 (fls. 154 y 155, cdno. 1) y que la demanda fue interpuesta el 18 de abril de 2001 (fls. 168 a 194, cdno. 1); por consiguiente, no hay duda de que ello ocurrió dentro del término de ley.

2.3. Responsabilidad del Estado por el funcionamiento de la administración de justicia.

En aras de precisar la fuente del daño que habrían sufrido los demandantes, es preciso referirse a la responsabilidad del Estado por el funcionamiento de la administración de justicia, para lo cual resulta pertinente señalar que, antes de que entrara a regir la Constitución Política de 1991, la Sección Tercera del Consejo de Estado distinguió entre lo que denominó i) responsabilidad derivada de la administración de justicia, que la asimiló a una falla en la prestación del servicio y consideró, por ejemplo, que había lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por los actos de los secuestres que ocasionaran grave deterioro a los bienes, o por la sustracción de títulos o bienes que se encontraran bajo custodia de las autoridades judiciales,(5) y ii) la derivada del error judicial, que en un principio fue rechazada por la jurisprudencia de esta corporación, bajo el entendido de que, en los eventos en los que funcionarios judiciales incurrieren en errores en desarrollo de su actividad, de los que se derivaran daños para los administrados, quien comprometía la responsabilidad era el propio funcionario judicial y no el Estado.

En ese mismo sentido, se entendió que admitir la responsabilidad derivada del error judicial implicaría el desconocimiento del principio de cosa juzgada, en cuya virtud no es posible que un aspecto ya decidido por el juez sea fallado nuevamente, de tal suerte que los daños causados como consecuencia de ese error judicial únicamente comprometían la responsabilidad personal del funcionario judicial, en los términos del artículo 40 del Código de Procedimiento Civil,(6) esto es, cuando fueran causados como consecuencia de un error inexcusable.

De manera excepcional, la corporación llegó a reconocer la responsabilidad de la administración de justicia en aquellos eventos en los que el funcionario judicial, aún en el ejercicio de sus funciones, había incurrido en una vía de hecho y causado lesión a una de las partes, sus apoderados, un auxiliar de la justicia o un tercero(7).

La Constitución Política de 1991 establece como regla de principio la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, incluidas, por supuesto, las judiciales. En una decisión del 22 de julio de 1994, Expediente 9043, la Sección Tercera aseguró que, en aplicación del artículo 90 de la Constitución Política, no existía duda alguna en torno a que los errores judiciales podían ser fuente de reclamaciones por quienes resultaran dañados o perjudicados con ellos, independientemente de la responsabilidad que pudiera caberle al funcionario judicial.

En los artículos 232 y siguientes del Decreto 2700 de 1991 —antiguo Código de Procedimiento Penal—, fue consagrada la acción de revisión, que estableció la posibilidad de reabrir un proceso ya clausurado, cuando se incurriera en error judicial. Dicha acción constituía una excepción a la intangibilidad de la cosa juzgada.

Posteriormente, la Ley 270 de 1996 —Estatutaria de la Administración de Justicia— reguló ampliamente el tema de la responsabilidad del Estado derivada del funcionamiento de esta rama del Poder Público, así como el de la responsabilidad personal de sus funcionarios y empleados judiciales.

En relación con la responsabilidad patrimonial del Estado se establecieron tres supuestos: el error jurisdiccional, el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y la privación injusta de la libertad. En todo caso, conviene precisar que, aún con anterioridad a la expedición de la Ley Estatutaria, la jurisprudencia de esta corporación había distinguido ya entre el contenido del denominado error jurisdiccional y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, como títulos jurídicos de imputación de responsabilidad patrimonial del Estado administrador de justicia.

Ahora bien, para que surja la responsabilidad patrimonial del Estado por el error judicial, es necesario que concurran los siguientes elementos: i) que dicho error esté contenido en una providencia judicial, ii) que esta sea proferida por un funcionario investido de autoridad judicial y iii) que el afectado hubiere interpuesto contra la citada providencia los recursos procedentes.

Es preciso anotar que se incurre en error judicial en providencias por medio de las cuales se interpreta, se declara o se hace efectivo el derecho. Dicha responsabilidad también se hace extensiva a los errores en que incurran los demás agentes del Estado que, sin pertenecer a la rama jurisdiccional, cumplan la función de administrar justicia(8). El error judicial puede ser de hecho o de derecho, en este último caso por interpretación errónea, falta de aplicación o indebida aplicación de la norma procedente; pero, además, deben quedar incluidas en el concepto de error jurisdiccional las providencias que contraríen el orden constitucional(9).

No es necesario que la providencia sea constitutiva de una vía de hecho, esto es, que se trate de una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso, que obedezca a las motivaciones internas del juez que actúa sin fundamento objetivo y razonable, como lo entendió la Corte Constitucional al condicionar la exequibilidad del artículo 66 de la Ley 270 de 1996,(10) porque ello implicaría desconocer la fuente constitucional de la responsabilidad del Estado, consagrada en el artículo 90 de la Constitución Política, en cuanto dicha disposición prevé que se debe indemnizar todo daño antijurídico que llegue a ocasionarse, con prescindencia de la eventual falta personal del agente que lo causa(11).

Dado que el artículo 90 de la Constitución de 1991 y la Ley 270 de 1996 conciben el error judicial de una manera objetiva, para su configuración basta que la providencia que lo contenga cause un daño antijurídico y que este resulte imputable a la administración de justicia, pues las nociones de culpa grave y de dolo quedan diferidas a los eventos en los que se pretenda demostrar la responsabilidad personal del funcionario.

En cuanto al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, habría que decir que este, a diferencia del error judicial, se produce en las demás actuaciones judiciales necesarias para adelantar el proceso o en la ejecución de las providencias judiciales.

Dentro de este concepto están comprendidas todas las acciones u omisiones constitutivas de falla, que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia. Puede provenir no solo de los funcionarios, sino también de los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, de los empleados judiciales, de los agentes y de los auxiliares judiciales(12). Así también lo previó el legislador colombiano cuando dispuso que, fuera de los casos de error jurisdiccional y privación injusta de la libertad, “quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación”.

Hechas las anteriores precisiones, puede concluirse que en vigencia del artículo 90 de la Constitución Política de 1991 —inclusive desde antes— y de la Ley 270 de 1996, el Estado está en la obligación de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, siempre que estén acreditados los elementos que estructuran su responsabilidad, esto es, que se haya causado un daño antijurídico, que este resulte imputable a una actuación u omisión de la autoridad vinculada a la rama judicial y que exista un nexo causal entre el primero y la segunda.

En el asunto sub examine, las irregularidades en las que habría incurrido el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartago, por haber impedido, en el curso del proceso ejecutivo seguido contra Agropecuaria Tambores Ltda., que esta objetara la liquidación del crédito presentada por Bancafé, lo que habría provocado el remate del predio denominado “Las Brujas”, de propiedad de los actores, se ubica dentro de los lineamientos de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y, por lo mismo, la Sala procederá a verificar, de conformidad con el material probatorio que obra en el plenario, si aquel se encuentra configurado o no en el presente caso.

2.4. Cuestiones previas.

Es del caso advertir que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de Bancafé y negó las pretensiones de la demanda formuladas en su contra; además, negó las excepciones propuestas por las demandadas, aspectos estos que no fueron objeto del recurso de apelación interpuesto por los demandantes, de suerte que la Sala no hará pronunciamiento alguno en torno a ello.

Así las cosas, el debate acá planteado se centrará en establecer si el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartago incurrió, en el curso del proceso ejecutivo seguido contra Agropecuaria Tambores Ltda., en irregularidades que habrían impedido que esta objetara la liquidación del crédito presentada por Bancafé, circunstancia que habría generado que el inmueble “Las Brujas”, de propiedad de los actores, fuera rematado.

2.4. Caso concreto y análisis probatorio.

Se encuentra acreditado en el plenario que, mediante escritura pública 152 del 7 de junio de 1985, de la Notaría Única del municipio de Alcalá, departamento del Valle del Cauca, los señores Emma Restrepo de Vélez, Luz María, María Constanza, Eduardo, Rodolfo Ignacio, Emilio, Alvaro y Juan Carlos Vélez Restrepo constituyeron la sociedad denominada “Agropecuaria Tambores Ltda.”, la cual tenía por objeto, entre otras actividades, la explotación económica de la agricultura y de la ganadería, en todas sus formas (fls. 6 a 15, cdno. 1).

Según la cláusula 5 de la escritura pública acabada de citar (fl. 8, cdno. 1), parte de capital de dicha sociedad estaba representado por el inmueble denominado “Las Brujas”, ubicado en jurisdicción del municipio de Alcalá, departamento del Valle del Cauca, de propiedad de las personas que conformaron la mencionada sociedad, citadas en el párrafo anterior, como lo indica el certificado de tradición visible a folios 97 a 99 del cuaderno 1.

A través de escritura pública 397 del 20 de noviembre de 1987, la sociedad Agropecuaria Tambores Ltda. constituyó, a favor del Banco Cafetero, hipoteca abierta de primer grado sobre el predio “Las Brujas”, para garantizar las obligaciones contraídas con el citado banco (fls. 100 a 103, cdno. 1).

Mediante sentencia del 18 de noviembre de 1997, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartago declaró la nulidad absoluta de la escritura pública 152 del 7 de junio de 1985, por medio de la cual se constituyó la sociedad Agropecuaria Tambores Ltda., y dispuso que los derechos de dominio y posesión material sobre los inmuebles aportados a esta última, entre ellos el predio “Las Brujas”, fueran restituidos a sus propietarios, en atención a que, para el surgimiento a la vida jurídica de la citada sociedad, se omitieron requisitos exigidos por la ley (fls. 42 a 57, cdno. 1). Esta decisión fue confirmada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Buga, mediante sentencia del 18 de agosto de 1998 (fls. 59 a 65, cdno. 1).

Ahora bien, previo a la declaratoria de nulidad de la referida escritura pública 152 de 1985, ocurrieron varias situaciones que afectaron el predio “Las Brujas”, de propiedad de los acá demandantes.

En efecto, teniendo en cuenta que Agropecuaria Tambores Ltda. incumplió con el pago de sus obligaciones, Bancafé formuló demanda ejecutiva en su contra el 26 de enero de 1995 y solicitó que se decretara el embargo y secuestro, el avalúo y el remate del inmueble hipotecado (fls. 118 a 123, cdno. 1). El 6 de febrero de ese mismo año, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartago libró mandamiento de pago contra dicha sociedad (fls. 124 a 128, cdno. 1).

Según el artículo 505 (inc. 3º) del Código de Procedimiento Civil, aplicable para la época de los hechos, “el mandamiento ejecutivo es apelable en el efecto devolutivo”. Por su parte, el artículo 509 (num. 1º) ibídem dispone que, “Dentro de los diez días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo (...), el demandado podrá proponer en escritos separados excepciones previas y de mérito, expresando los hechos en que se funden (...)”.

En el presente asunto, no obstante que el juzgado notificó al representante legal de la ejecutada el mandamiento de pago librado en su contra (fl. 129, cdno. 1), este no lo recurrió y tampoco propuso excepciones (al menos en el expediente no hay prueba de lo contrario).

Ahora bien, en casos en que el ejecutado no propone excepciones, el juez, a términos del artículo 507 (inc. 2º) ibídem, “dictará sentencia que ordene el remate y el avalúo de los bienes embargados y de los que posteriormente se embarguen, si fuere el caso, o seguir adelante la ejecución para el cumplimiento de las obligaciones determinadas en el mandamiento ejecutivo, practicar la liquidación del crédito y condenar en costas al ejecutado” (se destaca).

A su turno, los numerales 2º y 3º del artículo 521 ibídem disponen, respectivamente, que “de dicha liquidación se dará traslado al ejecutado por tres días, mediante auto que no tendrá recursos, dentro de los cuales podrá formular objeciones y acompañar las pruebas que estime necesarias” y, además, que “vencido el traslado, el juez decidirá si aprueba o modifica la liquidación por auto apelable en el efecto diferido (...)” (se destaca).

Al respecto, se encuentra acreditado que, el 25 de julio de 1996, el juzgado secuestró el inmueble hipotecado, diligencia en la que nadie formuló oposición (fls. 130 y 131, cdno. 1). El 9 de septiembre de ese mismo año, el juzgado profirió sentencia y dispuso la venta del predio, “para con su producto pagar al Banco Cafetero todas las acreencias demandadas en este caso y las costas de la cobranza” y ordenó, además, que este fuera avaluado, “para lo cual serán designados peritos oportunamente” (fls. 132 a 134, cdno. 1).

El 8 de octubre siguiente, los peritos allegaron al juzgado el avalúo del inmueble (fls. 100 y 101, cdno. 3B). El 17 de octubre de 1996, Bancafé presentó la liquidación del crédito (fls. 102 a 104, cdno. 3B). El 23 de octubre de ese mismo año, el juzgado corrió traslado a la ejecutada de dicha liquidación (fl. 106, cdno. 3B), pero esta guardó silencio; en consecuencia, fue aprobada por el juzgado, mediante auto del 1º de noviembre de 1996 (fls. 107 y 108, cdno. 3B).

Como puede verse, a pesar de que las distintas providencias que se profirieron en el curso del proceso ejecutivo fueron notificadas a Agropecuaria Tambores Ltda., esta calló, se abstuvo de actuar y renunció así, inexplicablemente, a ejercer su derecho de contradicción; por consiguiente, es claro que estuvo conforme con las decisiones que, al respecto, profirió el referido juzgado, pues, de no haberlo estado, las habría recurrido.

Ahora bien, el artículo 523 (inciso primero) ibídem dispone que, al quedar la sentencia en firme, “el ejecutante podrá pedir que se señale fecha para el remate de los bienes que lo permitan, siempre que se hayan embargado, secuestrado y avaluado, aun cuando no esté en firme la liquidación del crédito (...)”.

Conforme a esta última disposición y teniendo en cuenta que el inmueble “Las Brujas”, de propiedad de los demandantes, se encontraba embargado y secuestrado por orden del Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartago (fls. 130 y 131, cdno. 1), que la sentencia que ordenó la venta del mismo estaba en firme y que, además, respecto de él ya se había practicado el correspondiente avalúo (fls. 229 y 230, cdno. 1), el 4 de diciembre de 1996 Bancafé solicitó al juzgado que lo rematara (fl. 109, cdno. 3B).

La diligencia de remate fue programada para el 13 de febrero de 1997; sin embargo, el remate fue declarado desierto, teniendo en cuenta que nadie hizo ofrecimiento alguno por el inmueble (fls. 116 y 117, cdno. 3B). También fueron declaradas desiertas las diligencias del 23 de abril, del 11 de julio y del 19 de septiembre de 1997, por la misma razón por la que fue declarada desierta la primera de ellas, esto es, la del 13 de febrero de ese año (fls. 123, 124, 132, 133, 140 y 141, cdno. 3B). Finalmente, el inmueble fue rematado el 8 de febrero de 2000 (fls. 154 y 155, cdno. 1), diligencia que fue aprobada mediante auto del 13 de marzo de ese mismo año (fls. 156 y 157, cdno. 1).

Ahora bien, en la época transcurrida entre las diligencias de remate del predio “Las Brujas” que fueron declaradas desiertas y aquella en que este finalmente se produjo, Bancafé solicitó a Agropecuaria Tambores Ltda., el 8 de julio de 1998, que se acercara a sus oficinas, a fin de realizar “el alivio de 28% a todos los pagares (sic) tanto por capital como por intereses”, en aplicación del programa B, Alivio cafetero (fl. 159, cdno. 3B).

Teniendo en cuenta esta comunicación, el 2 de diciembre de 1998, la ejecutada solicitó al Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartago que requiriera a Bancafé, a fin de que presentara una nueva liquidación del crédito (fls. 135 a 137, cdno. 1).

El 10 de diciembre de ese mismo año, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartago requirió a Bancafé, para que presentara una nueva liquidación del crédito (fl. 167, cdno. 3B), la cual fue allegada por este el 15 de enero de 1999. Según esta liquidación, Agropecuaria Tambores Ltda. le adeudaba $ 359’018.794,11 (capital, más intereses), menos $ 100’525.262,35, por concepto del referido “alivio cafetero del 28%” (fls. 168 y 169, cdno. 3B).

Mediante auto del 21 de enero siguiente, el juzgado ordenó correr traslado de la liquidación a la ejecutada (fl. 173, cdno. 3B) y esta procedió a objetarla (fls. 139 a 149, cdno. 1); sin embargo, los reparos que formuló estuvieron dirigidos a cuestionar la liquidación inicial, esto es, la presentada por Bancafé el 17 de octubre de 1996 (fls. 102 a 104, cdno. 3B), lo cual ya no era posible, toda vez que el auto que la aprobó se encontraba ejecutoriado.

El 23 de febrero de 1999, el juzgado declaró la ilegalidad del auto proferido el 21 de enero de ese mismo año y consideró improcedente la objeción formulada por la ejecutada contra la liquidación del crédito presentada por Bancafé el 15 de enero de 1999, en consideración a que, conforme al ordenamiento legal, no procedía una nueva liquidación del crédito (fls. 150 y 151, cdno. 1); al respecto, el juzgado dijo (se transcribe textualmente):

“El artículo 521 del Código de Procedimiento Civil, ordena que el ejecutante, dentro del término de los diez días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, o a la notificación del auto que ordene cumplir lo resuelto por el superior, según el caso, deberá presentar la liquidación especificada del capital y de los intereses, de acuerdo con lo dispuesto en el mandamiento de pago; de dicha liquidación se dará traslado al ejecutado por tres días, mediante auto que no tendrá recursos, dentro de los cuales podrá formular objeciones. Expirado el término para que el ejecutante presente la liquidación, mientras no lo hubiere hecho, el ejecutado podrá presentarla; si pasados 20 días ninguno la hubiere presentado, la hará el secretario.

“De otro lado el artículo 25 de la Ley 446 de 1998, preceptúa: ‘...PAR.—En los procesos civiles y tratándose de liquidación de créditos si el demandante o, en su caso, la parte demandada cuando esté asistida de apoderado judicial, no la presenta dentro del término señalado en el Código de Procedimiento Civil, no podrá objetar la liquidación realizada por el secretario’.

“Conforme a lo prescrito en la norma procedimental anunciada, aplicable al proceso civil, en este caso ejecutivo, ejecutoriada la sentencia favorable al ejecutante, se practica la liquidación del crédito según las reglas allí previstas. Una nueva liquidación del crédito procede cuando por virtud del remate de bienes se haga necesaria la entrega al demandante de su producto ‘hasta concurrencia del crédito y las costas...’ (art. 530 ibídem, num. 7º). Por otra parte, hay lugar a la liquidación adicional, cuando el ejecutado presenta título de consignación a órdenes del juzgado por el valor del crédito y las costas con el objeto de finiquitar la ejecución por pago (art. 537 ibídem, inc. 2º). De lo anterior se desprende, que las liquidaciones adicionales están previstas únicamente cuando se presenta alguna de las circunstancias señaladas por el legislador, y por ende, no queda al arbitrio de las partes (...) Aplicando las anteriores nociones del caso sub judice, se observa que la liquidación realizada por la parte demandante, no corresponde a ninguno de los eventos que atrás se dejaron anotados (...)”.

El auto anterior no fue recurrido por la ejecutada, pues, según dijo, este no era impugnable; no obstante, al tenor de lo dispuesto por el artículo 348 del Código de Procedimiento Civil, aplicable para la época de los hechos, dicha providencia era pasible del recurso de reposición(13).

Así las cosas, resulta indispensable dejar claro que el inmueble “Las Brujas”, de propiedad de los demandantes, no fue rematado porque el juzgado hubiera declarado ilegal el auto que ordenó correr traslado a la ejecutada de la nueva liquidación del crédito presentada por Bancafé el 15 de enero de 1999, sino porque aquella, es decir, Agropecuaria Tambores Ltda. incumplió las obligaciones que contrajo con este último y porque, además, no ejerció derecho alguno de defensa en el curso del proceso ejecutivo seguido en su contra, no obstante que todas y cada una de las distintas providencias que allí se profirieron le fueron notificadas.

Nótese, además, que la diligencia de remate del predio fue programada, inicialmente, para el 13 de febrero de 1997; sin embargo, como se vio, ella fue declarada desierta, por falta de postores, como también lo fueron las del 23 de abril, 11 de julio y 19 de septiembre de 1997, por las mismas razones que aquella otra, todo lo cual evidencia a todas luces que mucho antes de que el juzgado declarara la ilegalidad de la providencia del 23 de febrero de 1999, la cual, a juicio de los demandantes, habría dado lugar al remate del predio a que se ha venido haciendo referencia, esta diligencia ya había sido declarada desierta en 4 oportunidades y, por tanto, es obvio que el perjuicio que dijeron sufrir los actores no devino de la expedición de esta última providencia.

El artículo 70 de la Ley 270 de 1996, aplicable al asunto sub examine,dispuso que “el daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando esta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley” y agregó que “En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado” (se destaca).

En estas condiciones, no hay duda de que el daño que dijeron sufrir los actores, con ocasión del remate del predio “Las Brujas”, obedeció a su propia culpa y no a irregularidades ocurridas en el proceso ejecutivo contra Agropecuaria Tambores Ltda., toda vez que, como se evidenció con el material probatorio que obra en el plenario, dicha sociedad renunció, inexplicablemente, a ejercer su derecho de defensa en ese proceso, pues no recurrió ni propuso excepciones contra el auto que libró mandamiento de pago en su contra, tampoco impugnó la sentencia que ordenó seguir adelante con la ejecución y dispuso la venta del inmueble hipotecado y mucho menos formuló en tiempo objeción alguna contra la liquidación del crédito presentada por Bancafé el 17 de octubre de 1996, a lo cual se suma que tampoco recurrió la providencia del 23 de febrero de 1999, por medio de la cual el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartago declaró la ilegalidad del auto que ordenó correr traslado a la ejecutada de la liquidación presentada por Bancafé el 15 de enero de 1999.

Por consiguiente, debe recordarse que la presencia de una causa extraña en el hecho dañoso, como lo es la culpa exclusiva de la víctima, enerva la responsabilidad de la administración; en consecuencia, se confirmará el fallo apelado.

2.5. Condena en costas.

La Sala se abstendrá de condenar en costas a los demandantes, por cuanto la conducta procesal desarrollada por estos no se enmarca dentro de los supuestos del artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia del 4 de junio de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.

2. ABSTIÉNESE de condenar en costas.

3 Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(3) Sala Plena del Consejo de Estado, auto del 9 de septiembre de 2008, Radicación 11001-03-26-000-2008-00009-00 (IJ).

(4) Ley 446 de 1998.

(5) Ver, entre otras, sentencias del 10 de noviembre de 1967, Expediente 868; del 31 de julio de 1976, Expediente 1808 y del 24 de mayo de 1990, Expediente 5451.

(6) El artículo 40 del Código de Procedimiento Civil disponía: “Además de las sanciones penales y disciplinarias que establece la ley, los magistrados y jueces responderán por los perjuicios que causen a las partes, en los siguientes casos: 1. Cuando procedan con dolo, fraude o abuso de autoridad. 2. Cuando omitan o retarden injustificadamente una providencia o el correspondiente proyecto. 3. Cuando obren con error inexcusable, salvo que hubiere podido evitarse el perjuicio con el empleo del recurso que la parte dejó de interponer”. En Sentencia C-244A de 30 de mayo de 1996, la Corte Constitucional declaró que esta norma fue subrogada por la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.

(7) Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 16 de diciembre de 1987, Expediente R-01.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de diciembre de 2007, Expediente 15.528.

(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de 1997, Expediente 13.258.

(10) Sentencia C-037 de 1996.

(11) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 4 de septiembre de 1997, Expediente 10.285.

(12) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de febrero de 2006, Expediente 14.307.

(13) “ART. 348.—Modificado Decreto 2282 de 1989, artículo 1º, mod. 168. Salvo norma en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado ponente no susceptibles de súplica y contra los de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema, a fin de que se revoquen o reformen (...)” (se destaca).