Sentencia 2001-01533 de septiembre 21 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente:

Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés

Ref: Radicación 54001233100020010153301

Recurso de apelación en contra de la sentencia de 25 de agosto de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander

Actor: Víctor Jorge Sánchez Albarracín

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Administración Local de Aduanas de Cúcuta

Tema: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho – Falta de legitimación en la causa por activa

Bogotá D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil diecisiete (2017)

La Sala decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto por el actor, Víctor Jorge Sánchez Albarracín, en contra de la sentencia proferida el 25 de agosto de 2011 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por medio de la cual se declaró “(...) no probada las excepciones de indebido agotamiento de la vía gubernativa y falta de concepto de violación y probada la excepción de falta de legitimación para actuar del demandante (...)”, propuestas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Administración Local de Aduanas de Cúcuta.

I. Antecedentes

I.1. La demanda

Mediante escrito presentado ante la Secretaría del Tribunal Administrativo de Norte de Santander (fls. 3 a 10, cdno. 1), el apoderado judicial del señor Víctor Jorge Sánchez Albarracín presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Administración Local de Aduanas de Cúcuta, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

“(...) 1. Se declare la nulidad de los Actos Administrativos, Resolución 1120 de fecha junio 1º de 2001, emanada de la División Jurídica de la DIAN, Administración Local de Aduanas Cúcuta; Resolución 639 de 3 de abril de 2001, emanada de la División de Liquidación de la DIAN, Administración Local de Aduanas Cúcuta; Requerimiento Especial Aduanero 662 de fecha 14 de Diciembre de 2000, emanado de la División de Fiscalización Aduanera de la DIAN Cúcuta; Auto Comisorio Aduanero 0296 emanado de la División de Fiscalización Aduanera de la Administración Local de Aduanas de Cúcuta.

2. En consecuencia de la Nulidad del Acto Administrativo complejo demandado y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Administración Local de Aduanas de Cúcuta, revocar los Actos Administrativos ya citados y en su defecto proferir el que corresponda a derecho (...)” (fls. 4 y 5 cdno. 1).

I.2. Los hechos

La parte actora manifestó que, a través del auto comisorio 0296 de 23 de septiembre de 2000, funcionarios de la División de Fiscalización de la Administración Local de Aduanas de Cúcuta procedieron a la aprehensión de la mercancía que se relaciona a continuación: “(...) 24 unidades de pantalones de dama: 50% naylon, 50% poliéster, varios colores y tallas; 190 unidades de blusas estampadas de dama, varios colores y tallas; 11 unidades de vestidos Coton Express, varios colores y tallas; 60 unidades de pantalones de dama, made in Korea, varios colores y tallas; 23 unidades de vestidos de princesa Nazira, made in India, varios colores y tallas; 12 unidades de blusas esqueleto con estampados de dama, varios colores y tallas; 24 unidades de conjuntos blusa – falda de dama, varios colores y tallas; 24 unidades de blusas estampadas de dama, varios colores y tallas; 12 unidades de vestidos con tiros de dama, varios colores y tallas; 108 unidades de blusas Mi Way estampadas de damas, varios colores y tallas; 36 unidades de blusas estampadas, 100% poliéster, varios colores y tallas; 60 unidades de faldas estampadas ordinarias sin marca de dama, varios colores y tallas; y 93 unidades de blusas estampadas sin marca de dama, 60 % algodón, 40% poliéster, varios colores y tallas (...)”.

Señaló que la División de Fiscalización Aduanera de Cúcuta formalizó la aprehensión de la mercancía en comento mediante acta 0904 de 2 de octubre de 2000, procediendo a su depósito en las bodegas de Almaviva S.A., con D.I.M. 31072-02432.

Expuso que dentro del procedimiento de reconocimiento y avalúo de la mercancía aprehendida, los funcionarios de la entidad reportaron como valor de la misma la suma de doscientos veintiún millones quinientos sesenta mil cuatrocientos cuarenta pesos mcte ($221.560.440).

Recordó que mediante el requerimiento especial aduanero 0662 de 14 de diciembre de 2000, la División de Fiscalización de la entidad propuso a la División de Liquidación el decomiso de la mercancía aprehendida con acta 0904 de 2 de octubre de 2000.

Afirmó que con posterioridad la División de Liquidación de la Administración Local de Aduanas de Cúcuta expidió la Resolución 0639 de 3 de abril de 2001, por medio de la cual se decomisó a favor de la Nación la referida mercancía.

Finalmente, precisó que frente a la anterior decisión el actor interpuso recurso de reconsideración, el cual fue desatado negativamente mediante el acto administrativo contenido en la Resolución 1120 de 2001.

I.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

El apoderado judicial del señor Víctor Jorge Sánchez Albarracín señaló como vulnerados el artículo 1º del Decreto 2274 de 1989, el artículo 72 del Decreto 1909 de 1992 y los artículos 232, 469, 502 y 504 del Decreto 2685 de 1999, en el entendido que la obligación de legalización de la mercancía aprehendida le correspondía al importador.

Aseguró que “(...) la mercancía aprehendida dentro del operativo de inteligencia realizado por la DIAN, sí se encontraba amparada por las declaraciones de importación las cuales dentro del desarrollo y agotamiento de la vía gubernativa fueron aportadas (...)”.

Señaló que le causó “(...) sorpresa como la División de Fiscalización Aduanera de Cúcuta una vez realizado el operativo que concluyó con la aprehensión de la mercancía “no escudriña ni va al fondo con el fin de establecer si los documentos aportados o sea las declaraciones de importación, las cuales reposan dentro del expediente, amparaban estas mercancías, y se limita simple y llanamente a manifestar que es prueba contundente el informe rendido por los funcionarios, sin tener en cuenta que existe prueba documental (...)”.

II. Actuación de la entidad vinculada al proceso

II.1. Intervención de la Dirección De Impuestos y Aduanas Nacionales – Administradora Local de Aduanas de Cúcuta. El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda, para lo cual se refirió a cada uno de los cargos de violación:

En primer lugar, manifestó que no son aplicables los artículos 1º del Decreto 2274 de 1979 y 72 del Decreto 1909 de 1992, toda vez que los mismos fueron expresamente derogados por el artículo 571 del Decreto 2685 de 1999, que entró en vigencia el 1º de julio de 2000.

Adujo que es “(...) errada la apreciación del apoderado al afirmar que la administración violó estas nomas, pues las mismas no estaban vigentes al momento de la ocurrencia de los hechos que fue en septiembre de 2000 (...)”.

Recordó que para el caso en estudio es aplicable el Decreto 2685 de 1999, el cual establece que serán responsables de las obligaciones aduaneras el importador, el propietario, el poseedor o tenedor de la mercancía, y que así mismo serán responsables de las obligaciones que se deriven por su intervención el transportador, el depositario, intermediario y el declarante.

En segundo lugar, expuso que la parte actora realizó una errada interpretación de la aplicación del artículo 232 del Decreto 2685 de 1999, por cuanto, en su entender, no se acreditó la legal introducción o permanencia de la mercancía en el país, dado que al hacer “(...) una simple confrontación de las mercancías que amparan estas declaraciones con respecto a las mercancías aprehendidas por esta Administración de Aduanas con acta de aprehensión 0904 y el documento de ingreso de mercancías 31072-02432, se puede determinar que no coinciden en su totalidad (...)”.

Alegó que no basta manifestar que la mercancía se encontraba amparada con determinada declaración de importación, toda vez que la misma debe coincidir en todas su características con la mercancía aprehendida y, además, debe acreditarse la relación comercial entre el importador, comprador y/o tenedor de los productos.

Consideró que de conformidad con el artículo 502 ibídem, la mercancía no se encontraba amparada por ninguno de los documentos que señala el inciso 4º del artículo 469 del estatuto en mención.

Aunado a lo anterior, señaló que dentro de la actuación administrativa quedaron en evidencia “(...) las contradicciones expresadas por el señor Víctor Jorge Sánchez Albarracín (...)”.

Al respecto, mencionó que el actor al momento de la aprehensión de la mercancía manifestó que era el dueño y que, posteriormente, allegaría los documentos que se echaban de menos.

Anotó que luego, mediante oficio de 27 de septiembre de 2002, informó que era dueño sólo de una parte de la mercancía.

Agregó que a través de oficio de 24 de octubre de 2000, afirmó que la mercancía no era de su propiedad y que la misma se encontraba en su residencia en razón a que “(...) los señores Arwin Duarte y Hugo Escobar, quienes recibieron la misma de las empresas Modamex Ltda., Dupont de Colombia y Seyer Ltda. (...)”.

En este sentido, manifestó que no entiende la razón por la cual durante el proceso administrativo aduanero mostró interés sobre la mercancía y solo al final manifestó de manera contradictoria que la misma no era de su propiedad.

En conclusión, resaltó que “(...) los actos administrativos en el caso sub judice no entran en contradicción con los principios constitucionales, (...) y que sí existió una correcta aplicación de las normas aduaneras pertinentes y porque además cada procedimiento que se adelantó por las divisiones competentes para esa época, se le dio al interesado la prerrogativa legal de impugnar cada acto administrativo (...)”.

Finalmente, propuso las siguientes excepciones:

— Falta de agotamiento de la vía gubernativa: en tanto los argumentos propuestos por el demandante no se expusieron durante la actuación administrativa.

— Falta de concepto de violación: el demandante se limitó a señalar que la obligación de presentar la declaración de importación no recaía en la parte actora, lo cual impide ejercer el derecho de defensa con las garantías que establece el ordenamiento jurídico.

— Falta de interés legítimo para demandar: el demandante sostuvo que no es el titular de los derechos de la mercancía aprehendida, por lo que mal puede demandar los actos administrativos que definieron la situación jurídica de la mercancía.

III. La providencia impugnada

Mediante providencia de 25 de agosto de 2011 (fls. 322 a 329, cdno. 1), el Tribunal Administrativo de Norte de Santander declaró “(...) no probada las excepciones de indebido agotamiento de la vía gubernativa y falta de concepto de violación y probada la excepción de falta de legitimación para actuar del demandante (...)”, propuestas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Administración Local de Aduanas de Cúcuta.

Señaló que no está llamada a prosperar la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa, ya que durante el procedimiento administrativo aduanero el accionante agotó debidamente los recursos de ley y, además, está en su derecho de acudir ante la jurisdicción para dilucidar las diferencias no conciliadas en la vía gubernativa.

Respecto de la falta del concepto de violación, consideró que el mismo sí se encuentra debidamente desarrollado, tal y como se desprende de los folios 185 a 191 del expediente.

En relación con la excepción de falta de legitimación para demandar, el a quo aseguró que “(...) además de que el demandante sostuvo durante todo el proceso adelantado por la DIAN, mediante el cual se decomisó una mercancía en un inmueble de su propiedad, que no era propietario de la mercancía incautada, tampoco dentro del proceso contencioso administrativo acreditó la propiedad de la mercancía (...)”.

En efecto, resaltó que no se encuentran probanzas que acrediten, sin lugar a dudas, que el accionante tenía la calidad de importador de la mercancía objeto del decomiso, así como tampoco la calidad de propietario de la misma, y que teniendo en cuenta que en la vía gubernativa negó tal condición, no puede ahora venir a sostener lo contrario con miras a obtener una indemnización.

Concluyó que los posibles perjuicios que se pudieran originar como consecuencia del acto que ordena el decomiso de la mercancía sólo pueden ser reclamados por el importador o propietario de la misma, calidad que no acreditó el accionante, por lo que el señor Víctor Jorge Sánchez Albarracín carece de legitimación para demandar la nulidad del acto acusado y para solicitar algún tipo de restablecimiento del derecho, toda vez que la decisión de la demanda no afecta en forma alguna sus intereses, razón por la cual el a quo se exime de pronunciarse respecto de los restantes cargos.

IV. Recurso de apelación

Apelación de la parte actora. En escrito visible en folios 332 a 338 del expediente (cdno. 1), el apoderado judicial de la parte actora apeló la sentencia de instancia, para lo cual manifestó que de acuerdo con el principio de buena fe se debe tener al señor Víctor Jorge Sánchez Albarracín como legitimado para actuar como demandante, por cuanto es propietario de la mercancía y, a su vez, poseedor de la misma.

Señaló que al actor es al único al cual se le producía un perjuicio económico respecto de los productos decomisados por la Dirección de Impuesto y Aduanas de Cúcuta.

Mencionó que de acuerdo con los principios de seguridad jurídica y legalidad tiene “(...) certeza de que mi mandante sí se encontraba legitimado para demandar ante el Tribunal Administrativo, pues esto se desprendía de las diferentes actuaciones realizadas por las Divisiones de Fiscalización, Liquidación y Jurídica de la Administración Local de Aduanas de Cúcuta, pues de lo contrario se estaría sancionando a una persona inocente (...)”.

Finalmente, luego de referirse a la “(...) distribución de la carga de la prueba en materia aduanera (...)” precisó que “(...) ha manifestado ser el propietario de las mercancías obra (sic) en el plenario (...)”.

V. Alegatos de conclusión

Mediante auto del 17 de junio de 2014 (fl. 8, cdno. ppal), se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo la parte demandada reiteró, en esencia, los argumentos de defensa. La parte actora y la Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente guardaron silencio.

VI. Consideraciones de la Sala

De acuerdo con las prescripciones del inciso 1º del artículo 328 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, corresponde a la Sala establecer si en el caso que nos ocupa se encuentra debidamente probada la excepción de falta de legitimación en la causa del señor Víctor Jorge Sánchez Albarracín para solicitar la nulidad de los actos acusados.

Al respecto, la Sala recuerda que la exigencia de la legitimación en la causa alude a la aptitud que debe reunir la persona —natural o jurídica— para acudir al proceso con el fin de demandar un acto o en contra de quien se dirige la demanda para oponerse jurídicamente a las pretensiones que el actor esgrime.

En ese orden, no basta con acudir al proceso como actor o ser sujeto pasivo de demanda para concurrir legítimamente a un juicio, dado que es imperioso estar debidamente legitimado para ello.

La jurisprudencia constitucional se ha referido a la legitimación en la causa como la “(...) calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso (...)”(1), de manera que cuando una de las partes carece de dicha calidad o condición, no puede el juez adoptar una decisión favorable a las pretensiones demandadas(2).

Sobre el particular, el tratadista Hernando Devis Echandía(3) sostuvo:

“(...) En los procesos civiles, laborales y contencioso-administrativos, esa condición o cualidad que constituye la legitimación en la causa, se refiere a la relación sustancial que se pretende que existe entre las partes del proceso y el interés sustancial en litigio o que es el objeto de la decisión reclamada. Se puede tener la legitimación en la causa, pero no el derecho sustancial pretendido.

Creemos que se precisa mejor la naturaleza de esa condición o calidad o idoneidad; así en los procesos contenciosos, la legitimación en la causa consiste, respecto del demandante, en ser la persona que de conformidad con la ley sustancial está legitimada para que por sentencia de fondo o mérito se resuelva si existe o no el derecho o la relación jurídica sustancial pretendida en la demanda (...)” (negrillas fuera de texto).

En el sub examine y de la revisión del plenario, la Sala encuentra que el 25 de septiembre de 2000, funcionarios de la División de Fiscalización Aduanera de la Administración Local de Aduanas de Cúcuta, con el apoyo de la Policía Aduanera, procedieron a retener una mercancía en la Urbanización Prados 1, casa 5, de esa ciudad, lugar donde reside el actor, Víctor Jorge Sánchez Albarracín. Dicho lugarl fue ubicado mediante seguimiento efectuado a una volqueta de placa 955 – SAB de Venezuela, por no haber presentado ningún documento que acreditara su legal introducción al territorio nacional.

Con ocasión del acta de aprehensión 0904 de 2 de octubre de 2000 y del auto de apertura de fiscalización aduanera de 10 de octubre del mismo año, la División de Fiscalización Aduanera de dicha entidad le formuló al actor el requerimiento especial aduanero 0662 de 14 de diciembre de 2000, con el fin de definir la situación jurídica de la mercancía que se encontraba a su nombre.

La Sala observa que vencido el término para presentar los descargos, el apoderado del actor presentó escrito de objeciones en el cual manifestó que “(...) la mercancía incautada si se sometió a un régimen aduanero con fundamento en lo dispuesto en el artículo 469 del Decreto 2685 de 1999, lo cual demuestra (...) que la mercancía se encuentra amparada legalmente, (...) además que no existe prueba certera y menos indicio grave de que indique que las mercancías que se encontraban dentro de la residencia eran de contrabando, pues tan cierto es que no venían en el vehículo, para lo cual se dan las respectivas declaraciones de importación de donde se colige que gran parte de la mercancía objeto de decomiso se encontraba debidamente nacionalizada (...)”.

Asimismo, se observa que mediante Resolución 0639 de 23 de abril de 2001, la Jefe de División de Liquidación de la Dirección de Impuestos y Aduanas de Cúcuta decomisó a favor de la Nación la mercancía objeto de aprehensión.

Frente a la anterior decisión, la parte actora interpuso recurso de reconsideración argumentando que “(...) la mercancía objeto de incautación no es de procedencia extranjera como lo afirma la Administración toda vez que según el principio probatorio de la sana crítica las pruebas recaudadas por la Administración se ven sospechosas pues los testimonios son casi idénticos y se muestran contradictorios entre sí, y además es imposible a la luz del derecho que dos personas relaten los mismos hechos con las mismas palabras (...)”.

Asimismo, agregó que “(...) no puede ser condenado sin antes haber sido oído y vencido en juicio previamente determinado por la ley y en la presente investigación no han sido tenidos en cuenta los documentos aportados pues no se han practicado pruebas sobre los mismos ni sobre las solicitudes de devolución de las empresas dueñas de las mercancías (...)”.

Fue, entonces, a través de la Resolución 1120 de 1º de junio de 2001, que la Jefe de la División Jurídica Aduanera de Cúcuta decidió confirmar el acto administrativo en comento, por cuanto, en su entender, no se desvirtuó el motivo de la aprehensión y posterior decomiso.

En este orden de ideas, a la Sala no le cabe duda que el señor Víctor Jorge Sánchez Albarracín se encuentra legitimado para incoar la demanda de acción de nulidad y restablecimiento del derecho de la referencia, lo anterior en razón a la relación jurídica que tiene con la demandada y al interés directo que le asiste en el litigio.

En efecto, como se precisó, uno de los presupuestos necesarios para la procedibilidad de esta acción es el de la legitimación por activa, el cual por tratarse de una acción subjetiva, de acuerdo con el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, depende de la existencia de un interés directo e inmediato en relación con el acto administrativo acusado o, lo que es igual, el grado de afectación de un derecho o interés jurídicamente protegido de personas determinadas(4).

En el caso de autos, como se advirtió, el actor fue vinculado a la actuación administrativa iniciada por la Administradora Local de Aduanas de Cúcuta en calidad de presunto infractor, razón por la que fue destinatario de los requerimientos especiales de información y de los actos administrativos a través de los cuales se definió la situación jurídica de la mercancía aprehendida.

Cabe resaltar que al actor se le exigió el cumplimiento de la obligación aduanera relativa a la presentación de la respectiva declaración de importación de la mercancía aprehendida y, en razón a ello, se encuentra habilitado por la ley para acudir a la jurisdicción contencioso administrativa al creerse lesionado en un derecho.

También debe ponerse de relieve que el interés sustancial del actor se encuentra vinculado con la pretensión formulada, en cuanto adujo que las presuntas irregularidades presentadas durante el procedimiento de aprehensión de la mercancía, asociado a que no se tuvieron en cuenta los documentos aportados (declaraciones de importación) y a que se limitó su derecho de defensa y contradicción, lo que llevó al desconocimiento de las disposiciones aduaneras.

Si bien es cierto que dentro de la actuación administrativa obran varios oficios suscritos por la parte actora, en los cuales señaló que el actor no es el propietario de la mercancía aprehendida, también lo es que la propia administración en los actos acusados concluyó que “[...] el señor Víctor Jorge Sánchez Albarracín (sí) es el propietario de la mercancía aprehendida y posteriormente decomisada y que las distintas versiones dadas lo único que denotan es su afán por evadir las obligaciones y responsabilidades que su actuación genera ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales [...]” (negrillas fuera de texto).

Por lo anterior, la Sala estima contradictorio que la Jefe de la División Jurídica Aduanera, en la Resolución 1120 de 1 de junio de 2001, haya considerado que el señor Víctor Jorge Sánchez Albarracín se encontraba vinculado a la actuación administrativa dada su calidad de propietario y, con posterioridad, al contestar la demanda, decidiera proponer como excepción la que denominó “falta de legitimación en la causa para demandar”, por cuanto, en su entender, no le asistía derecho para acudir ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa por no ser, precisamente, el titular de los derechos de propiedad de la mercancía aprehendida.

El referido comportamiento procesal de la Administración vulnera el acto propio y desconoce los principios y cargas de lealtad y transparencia que deben guiar toda actuación judicial.

Aunado a lo anterior, la Sala recuerda que el artículo 3º del Decreto 2685 de 1999 establece que “(...) serán responsables de las obligaciones aduaneras, el importador, el propietario, el poseedor o tenedor de la mercancía, así mismo serán responsables de las obligaciones que se deriven por su intervención, el transportador, el depositario, intermediario y el declarante (...)”.

En este sentido, el actor en calidad de propietario y/o tenedor de la mercancía al momento de la aprehensión, es el responsable del cumplimiento de las obligaciones aduaneras derivadas del ingreso de la misma al territorio nacional y, por ende, el legitimado para controvertir la presunta responsabilidad que se le endilga por la infracción administrativa aduanera establecida en el numeral 1.6 del artículo 502 del 2685 de 1999.

En este contexto y toda vez que el señor Víctor Jorge Sánchez Albarracín le asiste un interés directo para acudir a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y para que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho solicite la nulidad de los actos acusados. De allí que, para la Sala, resulta claro que el a quo erró al declarar como probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa.

Al respecto, esta Sala ha considerado que, en tratándose de recursos de apelación respecto de fallos inhibitorios injustificados, como ocurre en el sub lite, se debe devolver el expediente al a quo para que estudie los cargos de la demanda que no realizó, pues resolver de fondo la controversia en segunda instancia equivaldría a convertirla en una actuación de única instancia, privando de esta manera a la parte desfavorecida del derecho fundamental de ejercer legítimamente su defensa, íntimamente ligado al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

En consecuencia, para garantizar el derecho a las dos instancias, que forma parte de los derechos de acceso a la administración de justicia y al debido proceso, se impone la revocatoria la sentencia recurrida para disponer, en su lugar, que el a quo se pronuncie de fondo respecto de las pretensiones de la demanda. Para los fines anteriores, teniendo en cuenta la fecha de radicación de la demanda y la plena observancia de los principios de economía, celeridad, eficiencia y eficacia procesal, la decisión deberá emitirse conjuntamente con la orden de obedecimiento, dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción del expediente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

Primero: REVOCAR la providencia apelada, esto es, la proferida el 25 de agosto de 2001 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, para disponer, en su lugar, que el a quo se pronuncie de fondo respecto de la pretensión de nulidad de los actos administrativos acusados. Para los fines anteriores, teniendo en cuenta la fecha de radicación de la demanda y la plena observancia de los principios de economía, celeridad, eficiencia y eficacia procesal, la decisión deberá emitirse conjuntamente con la orden de obedecimiento, dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción del expediente.

Segundo: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente a la corporación Judicial antes referida.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

1 Corte Constitucional. Sentencia C-965 de 2003.

2 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 25 de julio de 2011. Rad.: 20.146.

3 Devis Echandía, Hernando. Compendio de Derecho Procesal – Teoría General del Proceso, Tomo I. Decimotercera edición. Biblioteca jurídica Diké. Bogotá. 1994. Pág.269 y 270.

4 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 10 de marzo de 2011. Rad.: 2002 – 1156. Magistrado ponente: Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.