Sentencia 2001-01585 de noviembre 29 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente (E):

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Rad.: 07001-23-31-000-2001-01585-01(25788)0

Actor: Luis Alfonso Pinzón Mogollón y otros

Demandado: Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional

Ref.: Acción de reparación directa (apelación sentencia)

Bogotá, D.C., veintinueve de noviembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. La competencia

11. La corporación es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, al tratarse de un proceso con vocación de segunda instancia ante el Consejo de Estado, en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la cuantía de la demanda: $106’159.150, que era el valor de 5 000 gramos de oro a la fecha de presentación de la demanda (sep. sep./99), pretensión por el “daño a la vida de relación (también llamados fisiológicos)” a favor del señor Luis Alfonso Pinzón Mogollón, supera la exigida para el efecto por aquella norma(1).

12. Por otra parte, la competencia de la Sala en esta instancia está circunscrita a determinar la responsabilidad de la entidad demandada, en las lesiones padecidas por el señor Luis Alfonso Pinzón Mogollón, sin que sea posible aumentar la condena impuesta en su contra, so pena de violar el principio de la no reformatio in pejus dado que la parte demandada ostenta la posición de apelante único.

II. Hechos probados

13. Con base en los medios de prueba que obran en el expediente, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

13.1. Aproximadamente a las 11:30 a.m. del 22 de diciembre de 1992 explotó un artefacto en el municipio de Tame, Arauca, en el momento en que los agentes de la policía intentaban desactivarlo. Así se demostró con las siguientes pruebas:

13.1.1. El “libro de población” de la estación de policía de Tame, que fue remitido al a quo en copia auténtica por el comandante de esa estación (fl. 73-75 cdno. 2), en el cual se relató lo sucedido así:

En el momento en que los técnicos antiexplosivos se disponían a inspeccionar el artefacto explosivo ubicado en la calle 14 con carrera 15 de esta localidad, el cual fue activado a control remoto por delincuentes de las milicias urbanas del ELN, ocasionó la muerte del señor SI. Juan Carlos Caballero Castro por efectos de la onda explosiva y parte del culote del artefacto, el cual alcanzó la humanidad del subintendente, ocasionando su deceso en forma instantánea, de igual forma saliendo ilesos los señores antiexplosivos, quienes se encontraban cerca.

Del artefacto explosivo. El Sr. Subintendente se encontraba prestando seguridad al perímetro donde se encontraba dicho artefacto, a una distancia aproximada de unos cien metros, misma forma resultaron heridos los particulares Alfonso Pinzón con heridas en la espalda, de gravedad, el cual fue remitido de urgencias a la ciudad de Saravena; Hever Téllez, Soraya Ochoa, Nelly López, quienes presentan heridas leves producidas por las esquirlas, las cuales fueron atendidas en el hospital de la localidad.

13.1.2. La denuncia presentada el 27 de diciembre de 1999, por el jefe de la Oficina de Derechos Humanos del Departamento de Policía de Arauca, ante el Fiscal Regional 19 Delegado DAS y SIJIN, que fue remitido por el comandante de ese mismo departamento, en respuesta al oficio del a quo (fl. 6-8 cdno. 3), en la cual se señaló:

En mi calidad de jefe de la Oficina de Derechos Humanos del Departamento de Policía de Arauca comedidamente me permito poner en conocimiento de ese despacho y para los fines legales pertinentes una acción terrorista registrada en el municipio de Tame (Arauca) contra la población particular y Policía Nacional, el 221299.

Para la fecha y lugar arriba citados, y hacia las 11:30 horas aproximadamente, momentos en que técnicos antiexplosivos adscritos al departamento de Policía de Arauca se disponían a desactivar un artefacto explosivo, ubicado sobre la carrera 15 con calle 14 de la mencionada localidad, instalado por milicias urbanas del autodenominado Ejército de Liberación Nacional ELN, este fue activado mediante sistema de ignición (control remoto), ocasionando de forma instantánea la muerte al señor subintendente Juan Carlos Caballero Castro..., quien se encontraba acordonando el área, siendo alcanzado por una esquirla a la altura de la región mamaria lado izquierdo.

13.2. En razón de las heridas que sufrió como consecuencia de la explosión, el señor Luis Alfonso Pinzón recibió atención médica en los hospitales San Antonio de Saravena y de Sarare, de donde fue remitido a la clínica San José de Cúcuta. Esas lesiones le generaron secuelas de carácter permanente, hechos que aparecen acreditados en el expediente con las siguientes pruebas:

13.2.1. La copia de algunas piezas de la historia clínica que se siguió al paciente en los hospitales de Saravena y de Sarare (fl. 44-135 cdno. 1 y 74-61 cdno. 2). En la hoja de remisión del primer centro hospitalario al segundo, se hizo el siguiente resumen de la atención que se brindó al paciente:

Paciente que sufrió herida al estallar una bomba (bombona de pin) y presentar herida sobre espina dorsal, con intenso dolor y sangrado abundante.

...

Dx. Herida toraco-abdominal-abdomen agudo.

...

Postoperatorio: Herida toracoabdominal penetrante.

...

Intervención práctica: laparotomía exploratoria, más toracotomía derecha, más rafia de pared torácica, más sutura de laceración pulmonar, más hemostasia rasos intercostales y mamaria interna, más extracción cuerpo extraño metálico (proyectil arma de fragmentación).

...

Hallazgos: al realizar laparotomía exploratoria se encuentran estructuras abdominales íntegras, sin daño alguno. En hemitorax derecho, a nivel lóbulo pulmonar medio se halla cuerpo metálico extraño alargado, de aproximadamente 10 cm. longitud, el cual se extrae manualmente.

Procedimiento: asepsia, antisepsia, colocación de campos, se procede a realizar incisión supra-intraumbilical sin hallazgos. Procedemos a realizar toracotomía derecha a nivel del 7º espacio intercostal, con incisión de aproximadamente 14 cm. de longitudm encontrando abundante sangrado en cavidad pulmonar (aproximadamente 500 cc.). Se extrae cuerpo extraño y se realiza hemostasia de vasos sangrantes y rafia de pared torácica en su cara interna. Se sutura laceración pulmonar de aproximadamente 7 cm. de longitud, hemostasia y cierre de planos. Luego se coloca al paciente en decúbito lateral y se realiza sutura de pared posterior de tórax por donde ingresó el cuerpo extraño. Se deja drenaje. No complicaciones.

13.2.2. Reconocimiento médico legal practicado al demandante el 18 de septiembre de 2000, por el perito forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el cual se señalaron la incapacidad y las secuelas que le produjeron esas lesiones al demandante (fl. 42-43 cdno. 1), así:

Anamnesis: refiere el examinado que ‘una bomba que explotó me hirió y me realizaron cirugía en el hospital de Saravena’.

Examinado hoy a las 10:00 horas presenta una cicatriz de 19 cms. de longitud por debajo de la tetilla derecha. Una pequeña de 2 cms queloideana en el costado derecho. Una cicatriz parcial queloideana mediana supra e infraumbilical de 26 cms, cicatriz de 5 x 3 cms levemente deprimida hipercrómica en la región paravertebral derecha.

Revisada la historia clínica... del hospital de Sarare en sus apartes y a la letra dice: ‘Pinzón Mogollón Alfonso. Llegada del paciente 22-XII-99. Refiere el familiar que hace 1 hora el paciente sufrió trauma al recibir onda explosiva en la localidad de Tame, de donde lo remiten. E.F.: paciente pálido, con gran dolor a nivel abdominal y torácico. Se evidencia abundante sangrado por tubo de tórax derecho instalado y por herida de aproximadamente 7 cms. en espalda. IDx: herida toraco abdominal penetrante. Síndrome anímico agudo...Informe quirúrgico: Dx: postoperatorio: herida penetrante en tórax. Intervención practicada: laparotomía exploratoria + toracotomía derecha + rafia de pared torácica + sutura de laceración pulmonar + hemostasia vasos intercostales y mamaria interna + extracción de cuerpo extraño metálico (proyectil de arma de fragmentación)’.

Elemento causal: esquirla de elemento explosivo.

Incapacidad médico legal: cincuenta (50) días definitiva. Como secuela una perturbación funcional del aparato respiratorio de carácter transitorio y deformidad física (cicatrices), de carácter permanente.

13.2.3. El perito médico cirujano nombrado por el a quo, luego de hacer revisión de la historia clínica y practicar al señor Pinzón Mogollón un reconocimiento médico, en septiembre de 2002 (fl. 76-97 cdno. 1), conceptuó que las secuelas que le produjeron las lesiones sufridas como consecuencia de la explosión habían evolucionado de manera favorable, aunque subsistían moderadas perturbaciones:

Incapacidades, deficiencias, discapacidades, minusvalías y menoscabos

Para la evaluación de estos parámetros se presta especial atención al aparato respiratorio que fue el órgano en donde anatómica y fisiológicamente sufrió las principales consecuencias biomecánicas, tisulares y hemodinámicas.

La lesión que sufrió en el tórax en un comienzo puede considerarse de gravedad y de hecho lo fue, ya que por la zona anatómica y etiología afectó en especial la homeostasis y funcionamiento en el racambio del CO2-O2 de los tejidos del organismo (...), que se vio afectada por el shock hipovolémico y síndrome anémico agudo, pero que una vez intervenido quirúrgicamente de urgencia..., podemos apreciar que la lesión causada por el artefacto metálico causó serios daños en la normal fisiología y anatomía del paciente en referencia, pero una vez superado por la oportunidad y servicios prestados por el hospital y a la intervención feliz de los galenos disminuyó sustancialmente el riesgo de salud y por ende el de la vida. Sí se apreciaron serios daños tisulares, pero hoy en día, según la HC, exámenes médicos, EMG de conducción, anamnesis, exploración física, signos vitales, han mejorado notablemente, pudiendo en el futuro adelantar actividades laborales moderadas, como por ejemplo, conducir vehículo, como lo venía haciendo en la empresa Arroz Tolima.

En cuanto a la parte psicológica, aunque no aparecen en los antecedentes obrantes un estudio sicoanalítico del paciente, puede observarse que el paciente refiere ‘terror y angustia’ debidos al suceso de terrorismo que sufrió y al área de influencia de actos terroristas y alteración del orden público en la zona donde habita, para lo cual recomiendo manejo por psicólogo o profesionales afines.

En lo referente a las secuelas somáticas, hay moderadas perturbaciones del aparato respiratorio, como disnea de esfuerzo, neuralgia intercostal, disestesias torácicas de carácter moderado. Para apreciar o calificar si en la actualidad hay pérdida de la capacidad respiratoria funcional, es necesario el concurso de un médico especialista en neumología...

La reparación...de las cicatrices de carácter permanente (zonas anatómicas ya descritas) sí amerita cirugía plástica.

13.3. El menor Jhonatan Alfonso Pinzón Herreño es hijo del señor Luis Alfonso Pinzón Mogollón (registro civil del nacimiento, f. 29 cdno. 1), y la señora Ana Silia Herreño Moncada es su compañera permanente (testimonio rendido por los señores Libardo Quiroga Fontecha, f. 36-38 y constancia que se dejó en la historia clínica en el aparte correspondiente a la persona responsable del paciente, f. 64 cdno. 2).

13.4. El señor Pinzón Mogollón se desempeñaba como “conductor y repartidor de arroz”, en el establecimiento de comercio “Arroz Tolima” (certificación expedida por su propietario y en la declaración rendida por el señor Eloin Jesús Quiroga Fontecha, fl. 39 cdno. 1 y 34-35 cdno. 2).

IV. Problema jurídico

14. Deberá resolver la Sala si las lesiones sufridas por el señor Luis Alfonso Pinzón Mogollón como consecuencia de la explosión de un artefacto, en el momento en el cual los técnicos de la Policía Nacional trataban de desactivarlo, se produjeron como consecuencia de la omisión de la entidad de adoptar las mínimas medidas de seguridad para alertar y prevenir a la comunidad sobre los graves riesgos que éste representaba, o si esos daños sólo son atribuibles a los terceros autores de ese acto terrorista.

V. Análisis de la Sala

15. De conformidad con los hechos probados, la Sala tiene por demostrado el daño invocado por la parte actora, esto es, las lesiones padecidas por el señor Luis Alfonso Pinzón Mogollón, la incapacidad y las secuelas médico legales que las mismas le generaron.

16.En cuanto a la imputabilidad del daño a la administración, es pertinente poner de presente que en reciente pronunciamiento, la Sección Tercera del Consejo de Estado en pleno señaló que, así como la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular, tampoco podía la jurisprudencia establecer un único título de imputación a aplicar a eventos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí, ya que éste puede variar en consideración a las circunstancias particulares acreditadas dentro del proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su argumentación:

En lo que se refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta sentencia(1).

17. Así las cosas, de conformidad con la jurisprudencia citada, no todos los casos en los que se discuta la responsabilidad del Estado por daños derivados de un supuesto de hecho que guarde semejanzas tienen que resolverse de la misma forma pues, se insiste, el juez puede —en cada caso concreto válidamente considerar que existen razones tanto jurídicas como fácticas que justifican la aplicación de un título o una motivación diferente.

18. En este caso considera la Sala que la entidad demandada incurrió en falla del servicio, por no haber adoptado las medidas de seguridad necesarias para evitar que el artefacto causara daños a las personas, riesgo que era conocido por la entidad y que estaba en condiciones de resistir.

19. En efecto, los agentes de la policía del municipio tenían pleno conocimiento de la peligrosidad que representaba el artefacto y por eso, acudieron al lugar los técnicos del grupo antiexplosivos. Estos hechos se encuentran demostrados con las siguientes pruebas:

19.1. La denuncia formulada por el oficial de derechos humanos del batallón de ingenieros General Rafael Navas Pardo ante la Fiscalía (fl. 40-41 cdno. 1), en la cual se consignó que el acto terrorista estaba dirigido en contra de la estación de policía de ese municipio y que el mismo explotó en el momento en el cual los técnicos de la entidad pretendían desactivarlo:

El día 22 de diciembre a las 23:30 horas aproximadamente, un personal de la Policía Nacional hallaron (sic) un artefacto explosivo en tubo de lámina hechizo con las siguientes características: bípode, boca de 20 cm, colocado en dirección a la estación de policía, ubicado en la calle 15 con Kr. 14, esquina, parque principal, al día siguiente, a las 11:45 horas, en desarrollo y actividades de destrucción del artefacto explosivo por personal de la Policía Nacional de Arauca, del grupo antiexplosivos, fue activado mediante modalidad de control remoto, causando la muerte instantánea por esquirlas al subteniente Carlos Caballero y resultando heridos los siguientes particulares: ... Alfonso Pinzón, con heridas graves en el abdomen y el tórax, el cual fue trasladado de urgencia al municipio de Saravena.

Este acto delictivo fue perpetrado por los integrantes de las milicias populares del frente Domingo Lain Sáenz de la ONT ELN, al mando de Germán Suárez Briceño, alias Grannobles.

Como agravante del acto delictivo se le suman los daños a la población civil quienes estuvieron en peligro inminente delante de niños menores de edad, quienes fueron testigos de este demencial acto, que enluta una vez más nuestra familia tameña...

19.2. En la denuncia presentada el 27 de diciembre de 1999, por el jefe de la Oficina de Derechos Humanos del Departamento de Policía de Arauca, al personero municipal, documento que fue remitido al expediente por el comandante de ese mismo departamento, en respuesta al oficio del a quo (fl. 6-8 cdno. 3), se señaló que la explosión en la que había resultado lesionado el demandante constituyó un hecho terrorista dirigido en contra de los integrantes de ese comando, cuyo comandante falleció en momentos en que se disponía a acordonar el área:

En mi calidad de jefe de la Oficina de Derechos Humanos del Departamento de Policía de Arauca comedidamente me permito poner en conocimiento de ese despacho y para los fines legales pertinentes una acción terrorista registrada en el municipio de Tame (Arauca) contra la población particular y Policía Nacional, el 221299.

Para la fecha y lugar arriba citados, y hacia las 11:30 horas aproximadamente, momentos en que técnicos antiexplosivos adscritos al departamento de Policía de Arauca se disponían a desactivar un artefacto explosivo, ubicado sobre la carrera 15 con calle 14 de la mencionada localidad, instalado por milicias urbanas del autodenominado Ejército de Liberación Nacional ELN, este fue activado mediante sistema de ignición (control remoto), ocasionando de forma instantánea la muerte al señor subintendente Juan Carlos Caballero Castro..., quien se encontraba acordonando el área, siendo alcanzado por una esquirla a la altura de la región mamaria lado izquierdo...

Los hechos narrados anteriormente evidencian en forma clara una actitud y disposición eminentemente terrorista, atribuida en primera instancia a miembros del Ejército de Liberación Nacional, pues resulta lógico por la ubicación del artefacto y el mecanismo empleado, que el objeto prioritario de los bandoleros era cegarle la vida al personal policial, empleando para ello un arma y método no convencional, prohibidos desde todo punto de vista por la normatividad colombiana y el Derecho Internacional Humanitario, atentando además contra la vida e integridad personal de la población civil (...), causar daños y perjuicios en el patrimonio de los residentes en cercanías al lugar de los hechos, ya que la onda explosiva y la metralla pudieron haberles afectado.

20. Pero, a pesar de conocer la peligrosidad que podía representar el artefacto explosivo, los agentes se abstuvieron de adoptar medidas de seguridad eficaces y, por el contrario, toleraron que personas ajenas a la institución se aproximaran al lugar donde se hallaba el artefacto y continuaran desarrollando sus actividades normales en el sector, inclusive mientras se adelantaba el operativo que tenía como finalidad desactivarlo, con el riesgo de que el mismo explotara accidentalmente o a control remoto, como afirman que sucedió. A ese descuido de los agentes se refirieron los siguientes testigos:

20.1. El señor Henry Antonio Téllez, quien declaró ante el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Saravena, Arauca, en cumplimiento de la comisión del a quo (fl. 32-33 cdno. 2), que:

...Yo estaba descargando arroz de un camión en el supermercado Autoservicio La 14...y miré a unos policías con un lazo y se lo tiraban para enlazar una bomba, que estaba a unos 50 o 60 metros de donde nosotros estábamos, estaba conmigo el señor Luis A. Pinzón Mogollón y otro muchacho. La bomba fue enlazada, dio un bote y estalló, ahí fue donde el señor Alfonso cayó al suelo porque le entró una varilla por la espalda, y lo recogimos para llevarlo al hospital...

20.2. El señor Libardo Quiroga Fontecha (fl. 36-38 cdno. 2) declaró igualmente que se hallaba cerca del lugar de los hechos y por eso pudo percatarse de que no se había adoptado medida alguna de seguridad:

...llegué ese día a Tame a vender y cobrar, la bomba estaba afuera, se miraba algo parecido a la bombona y el exosto (sic) de un carro, la gente pasaba por el lado de ella, por los andenes había policía pero no impedían el paso, porque ellos no miraban ningún peligro en eso, antes de estallar la bomba yo había visitado el autoservicio La 14 unas tres veces y más o menos a la cuarta vez que entré...en ese momento estalló la bomba...cuando salí, lo primero que me encontré fue un policía en el piso, muerto, que estaba abierto el pecho como si lo hubieran deshilachado, y miré hacia la camioneta, cuando voltié (sic) a mirar Henry tenía agarrado a Alfonso Pinzón de la cintura y el hombre ya estaba doblado, yo le ayudé a Henry y lo llevamos alzado hasta buscar un transporte...

El lugar estaba bien militarizado por la Policía, por ambas partes del andén, en las cuatro veces que pasé por ahí me di cuenta que había gente que pasaba muy cerca de la bomba de 2 a 3 metros y la Policía no les impedía el paso, el lugar estaba libre, no había ninguna clase de cintas ni de lazos, sólo estaba militarizado...[al artefacto] lo estaban manipulando con lazos, porque en el momento en el que yo entré al autoservicio se miraba que estaban tratando de voltearla para hacerle algo, más o menos desde unos 30 o 40 metros, era una calle de doble vía con dos carriles en cada sentido, hay un separador de por medio.

20.3. El señor Henry Antonio Téllez (fl. 32-33 cdno. 2), aseguró además que la Policía no había advertido a la población de la existencia del peligro:

La Policía no avisó que había una bomba, todo estaba funcionando normalmente..., había gente en el automercado y en la calle, cuando estalló yo estaba detrás del camión recibiendo la carga, nadie se enteró, nadie sabía que eso era una bomba, todo el mundo pasaba por ahí porque no sabían que existía peligro.

20.4. El señor Luis Eduardo Villada Restrepo declaró ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Tame, Arauca (fl. 52-53 cdno. 1), que varias personas habían manipulado el artefacto, con la inadvertencia de los agentes y que, inclusive, después de acordonar el área permitieron que las personas siguieran en los sitios aledaños:

...un tubo con unas paticas, como una especie de cañón, como de 60 cms, me enteré cuando llegué al trabajo co mo a las 6:30 de la mañana...a nosotros no nos dijeron nada [sobre los peligros que representaba el artefacto], cuando acordonaron la zona ya era tarde, iba siendo como el medio día del día 22. Cuando acordonaron el área, la gente la había movido un poco, una señora la tumbó, un señor la alzó un poquito, como eso parecía de juguete. Yo creo que sí hubo negligencia porque yo cerré voluntariamente el almacén, yo creo que eso se hubiera podido evitar si la gente me hubiera hecho caso, e incluso a los policías les dije que se entraran al almacén...La Policía permitió que después de acordonado, el señor Luis Pinzón entrara a descargar una camioneta que tenía un arroz..., [La Policía] fue imprudente porque no acordonaron el área en un ciento por ciento, no nos hicieron desalojar las viviendas cercanas y aparte, no hicieron retirar a ese señor que estaba entregando el arroz, o sea el señor Luis Alfonso Pinzón Mogollón.., él estaba en la carrocería de la camioneta desarrumando el arroz para que los coteros entraran hacia el almacén.

20.5. La señora Luz Dary Vacca Murgas manifestó que la explosión se produjo a una distancia de 40 metros del almacén donde ella acaba de ingresar, sin que se le hubiera señalado por parte de los agentes de la policía la existencia de alguna restricción y que vio que enfrente del supermercado estaba estacionada una camioneta de la que dos hombres estaban bajando una carga de arroz (fl. 54-55 cdno. 1):

...en la mañana cuando iba llegando al almacén, cuando miré a los policías y yo no sabía que la vía estaba cerrada y cuando vi que estaban moviendo el artefacto y yo iba entrando al almacén cuando sentí la explosión y no vi nada más..., no me acuerdo que hubieran acordonado la zona, yo entré y vi a la Policía, en donde hubiesen acordonado no me hubiera metido, tampoco supe que le hubieran advertido a nadie porque yo entré al almacén y yo entré en moto.

21. Concluye la Sala que si bien el daño sufrido por el señor Pinzón Mogollón tuvo como causa inmediata el ataque cometido presuntamente por un grupo subversivos a la estación de policía del municipio de Tame, el mismo también resulta imputable a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, a título de falla en el servicio, porque se encuentra probado que la entidad omitió las medidas preventivas adecuadas para evitar que la explosión del artefacto, que era un riesgo conocido, pudiera causar daños a terceros, como en efecto ocurrió.

22. Teniendo en cuenta que la entidad demandada es apelante única y para no hacer más gravosa su situación, se confirmará la sentencia del a quo, en cuanto redujo la indemnización por culpa de la víctima. No obstante, advierte la Sala que, a su juicio, la misma no aparece claramente configurada, como quiera que los particulares no tenían por qué tener conocimiento del peligro que representaba el artefacto, en razón a que en el sitio se hallaban los técnicos del grupo antiexplosivos y éstos no advirtieron a las personas del riesgo que corrían al acercarse al lugar, ni impidieron su aproximación durante el operativo de desactivación del mismo.

IV. Liquidación de perjuicios

23. En consideración a que se confirmará la sentencia proferida por el tribunal, en tanto declaró la responsabilidad patrimonial de la Nación-Ministerio de Defensa, se procederá seguidamente a revisar las condenas impuestas a favor de los demandantes.

23.1. En relación con los perjuicios morales, el a quo reconoció las siguientes indemnizaciones: a favor del señor Luis Alfonso Pinzón Mogollón: 50 smlmv; a favor de la señora Ana Silia Herreño Moncada: 25 smlmv y a favor del menor: Jhonatan Alfonso Pinzón Herreño: 25 smlmv.

23.1.1. Ha reiterado la Sala que cuando se hace referencia al daño moral, se alude al generado en “el plano psíquico interno del individuo, reflejado en los dolores o padecimientos sufridos a consecuencia de la lesión a un bien”(2). Este daño tiene existencia autónoma y se configura una vez satisfechos los siguientes criterios generales: que sea particular, determinado o determinable, cierto, no eventual y que tenga relación con un bien jurídicamente tutelado.

23.1.2. En consideración a la naturaleza de ese daño, es el juez administrativo, quien de manera discrecional debe determinar el monto de la indemnización a reconocer, facultad que está regida por las siguientes reglas: (i) esa indemnización se hace a título de compensación y no de restitución, ni de reparación; (ii) debe darse aplicación al principio de equidad, previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; (iii) su cuantificación debe estar sustentada en los medios probatorios que obran en el proceso respecto del perjuicio y su intensidad, y (iv) ésta debe estar fundamentada, cuando sea el caso, en otras providencias para efectos de garantizar el principio de igualdad(3).

23.1.3. Dado que el monto de la indemnización por el perjuicio moral depende de la intensidad del daño, ha señalado la Sala que cuando éste se produce en su mayor grado, como en el caso de la muerte de uno de los parientes más cercanos (padres, hijos) o del cónyuge o compañero, deben reconocerse al afectado 100 smlmv a la fecha de la sentencia(4), lo cual “no significa que no pueda ser superior cuando se pide una mayor indemnización y se alega y demuestra una mayor intensidad en el padecimiento del daño moral”(5).

23.1.4. La indemnización concedida a favor tanto del lesionado, su compañera e hijo serán confirmadas, teniendo en cuenta que ellas se ajustan a la valoración que con relación a daños similares ha hecho la Subsección(6).

23.2. En cuanto a la indemnización reconocida por el a quo en cuantía de 40 smlmv, a favor del señor Pinzón Mogollón, por el “daño a la vida de relación”, aclara la Sala, en primer término, que ese daño se denomina hoy “daño a la salud”, y fue definido en providencia dictada por la Sala Plena de la Sección(7), como aquél que comprende la afectación de la integridad psicofísica de las personas y cubre tanto la indemnización por la alteración de la unidad corporal, como las consecuencias que se derivan de esa modificación:

...se adopta el concepto de daño a la salud, como perjuicio inmaterial diferente al moral que puede ser solicitado y decretado en los casos en que el daño provenga de una lesión corporal, puesto que el mismo no está encaminado al restablecimiento de la pérdida patrimonial, ni a la compensación por la aflicción o el padecimiento que se genera con aquél, sino que está dirigido a resarcir económicamente —como quiera que empíricamente es imposible— una lesión o alteración a la unidad corporal de la persona, esto es, la afectación del derecho a la salud del individuo.

23.2.1. Toda vez que se demostró la alteración fisiológica que sufrió el lesionado, que según el dictamen del perito daños tisulares, que aunque han mejorado notablemente, limita el ejercicio de sus actividades a aquéllas que demanden un esfuerzo moderado; que en el plano psicólogo puede requerir asistencia; que presenta disnea de esfuerzo, neuralgia intercostal, disestesias torácicas de carácter moderado y cicatrices de carácter permanente, que ameritan cirugía plástica, considera la Sala que la indemnización reconocida a su favor es proporcional al daño padecido y, por lo tanto, se mantendrá también en este aspecto la sentencia recurrida.

24. En cuanto a los perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, en cuantía de $110.000, reconocida por el tribunal, considera la Sala que la cuantía de ese daño aparece debidamente acreditada en el expediente (facturas, fl. 66 y 67 cdno. 1); al igual que el lucro cesante dejado de percibir por el demandante durante los 50 días en los que estuvo incapacitado, los cuales se liquidaron con base en el salario que se acreditó que percibía el demandante, para un total de $2 400 000, para la época de su ocurrencia. Por lo tanto, se sumarán esos valores y se actualizarán a la fecha de esta sentencia, teniendo en cuenta la variación de precios al consumidor, así:

Valor a actualizar: $2’510.000 ($110.000: daño emergente y $2’400.000: lucro cesante).

Fórmula:

 

s2001-01585 A.JPG
 

 

Donde:

— Vp: es el valor final de la indemnización.

— Vh: corresponde al capital histórico, esto es, $2’510.100

— Índice final certificado por el DANE: corresponde al de la fecha de esta sentencia.

— Índice inicial: es el certificado por el DANE para la fecha en la que produjeron los hechos.

 

s2001-01585 B.JPG
 

 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICAR la sentencia recurrida, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, 24 de julio de 2003, la cual quedará así:

1. DECLARAR administrativamente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, por las lesiones sufridas por el señor Luis Alfonso Pinzón Mogollón, como consecuencia de la explosión ocurrida el 22 de diciembre de 1999, en el municipio de Tame (Arauca).

2. Condenar a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional a pagar por concepto de perjuicios morales, los siguientes valores:

— Para Luis Alfonso Pinzón Mogollón, en su calidad de víctima, el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

— Para Ana Silia Herreño Moncada, en su calidad de compañera permanente de la víctima, el equivalente a veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

— Para Jhonatan Alfonso Pinzón Herreño, en su calidad de hijo de la víctima, el equivalente a veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

3. Condenar a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional a pagar por concepto de daño a la salud a favor del señor Luis Alfonso Pinzón Mogollón el equivalente a cuarenta (40) salarios mínimos mensuales vigentes.

4. Condenar a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional a pagar a favor del señor Luis Alfonso Pinzón Mogollón, por concepto de perjuicios materiales, cuatro millones novecientos veintiséis mil doscientos cinco pesos ($4 926 205).

5. Negar las demás pretensiones de la demanda.

6. Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, en los términos indicados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

7. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del art. 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

8. DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) En vigencia de Decreto 597 de 1988, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa en el año de 2001 tuviera vocación de segunda instancia ante esta corporación era de $26’390.000.

(1) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 19 de abril de 2012, exp. 21515, C.P. Hernán Andrade Rincón, reiterada en la sentencia de 23 de agosto de 2012, exp. 23219, C.P. Hernán Andrade Rincón.

(2) Sentencia de 10 de julio de 2003, exp. 14083, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(3) Sentencia de 8 de marzo de 2007 exp. 15459, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(4) Sentencia de 10 de agosto de 2005, exp. 16205, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(5) Ibídem.

(6) Sentencia de 25 de noviembre de 2012, exp. 25998, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(7) Sentencia de 14 de septiembre de 2011, exp. 19.031, C.P. Enrique Gil Botero.