Sentencia 2001-01592/34578 de agosto 1º de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz Del Castillo

Rad.: 13001-23-31-000-2001-01592-01(34578)

Actor: Víctor Manuel Gordillo Sánchez y otros

Demandado: ESE Hospital Manuel Elkin Patarroyo

Ref.: Apelación sentencia - Acción de reparación directa

Bogotá, D.C, primero de agosto de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Jurisdicción y competencia.

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 14 de octubre de 2004 por el Tribunal Administrativo del Caquetá, por cuanto, la pretensión mayor, referida en la demanda, excede la cuantía mínima exigida para que proceda la doble instancia ante esta corporación en aplicación del Decreto 597 de 1988, vigente en la época su presentación3.

Aunado a lo anterior, es de notar que, en el caso concreto, la mayor de las pretensiones asciende a quinientos (500) salarios mínimos incrementados en un 35%, por lo que también a la luz de la normatividad invocada por el actor procede su conocimiento por parte de esta corporación. Así mismo, se destaca que mediante auto de 19 de octubre de 2007, esta corporación se pronunció sobre la procedencia de la apelación en el caso concreto, las pretensiones superan la cuantía legalmente exigida.

2. Legitimación en la causa.

Los demandantes acreditaron su condición de hija, padres y hermanos de la menor fallecida, según se verá más adelante, circunstancia por la que se tiene por cierta su legitimación en la causa por activa.

Por otra parte, la ESE Manuel Elkin Patarroyo atendió el parto de la menor con operación cesárea, la cual es señalada como causa eficiente de las complicaciones pulmonares y neurológicas de la menor Edith Johana Bohórquez Herrera, así como su posterior muerte. En virtud de lo anterior, se tiene por acreditada su legitimación en la causa por pasiva.

3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala establecer si las complicaciones de orden respiratorio y neurológico sufridas por la menor Edith Johana Bohórquez Herrera y su posterior muerte constituyen un daño antijurídico imputable a la entidad demandada o si, por el contrario, se trata de riesgos inherentes a la intervención quirúrgica de cesárea, consecuencias de una inadecuada atención previa o manifestaciones inevitables e irresistibles de su debilidad biológica.

Por otra parte, se han de examinar las consecuencias del alegado abandono de la menor por los demandantes; en razón de que al parecer de la demandada denotan ausencia de afecto y no dan derecho a la indemnización.

4. Análisis del caso.

4.1. Hechos y circunstancias acreditados.

4.1.1. Se sabe que la menor Edith Johana Bohórquez Herrera era hija de Luis Antonio Bohórquez Arias y Rosa María Herrera Peña, hermana de Wilfredo, Rosmery, Dora Emilsen, Einer Andrés y Luis Miguel Bohórquez Herrera y madre de Deisy Johana Gordillo Bohórquez (cfr. registros civiles a folios 9-13 y 17 a 18, cdno. 1).

También se tiene por cierto que cuando ocurrieron los hechos, la menor convivía en unión marital con el señor Víctor Manuel Gordillo. De ello se tiene noticia por la declaración extrajuicio rendida por los señores Eliseo González Gamboa y Ricardo Fernández Martínez, en la Notaría Única de Simití, Bolívar. (fl. 15, cdno. 2). Así mismo, la señora Blanca Ofelia Galvis, quien conocía a la menor, como habitual de su negocio y quien la visitó periódicamente en el Hospital, como parte de su apostolado en la Legión de María, identificó al señor Gordillo como el “esposo” de la menor y el padre de la niña que esperaba (fl. 34, cdno. 4). La condición también se puede comprobar por la factura de venta 154901 de fecha 1/0/2002, expedida por el Hospital Manuel Elkin Patarroyo a nombre de “Víctor Gordillo y/o Luis Bohor” (sic) (fl. 39, cdno. 4). Así mismo, se destaca que en la historia clínica expedida por el Hospital Manuel Elkin Patarroyo, se menciona que la menor vivía en unión libre, aunque sin especificar el nombre de la pareja (fl. 103, cdno. 2). Finalmente, el hecho de la común paternidad de la menor Deisy Gordillo Bohórquez confirma la relación de la pareja en espera del hijo de ambos.

4.1.2. Se sabe que la menor ingresó al Hospital Manuel Elkin Patarroyo el día 8 de septiembre de 2000 a la 1:10 am, en trabajo de parto y refirió haber sido atendida previamente por una partera de su vereda, sin éxito. También se sabe que ante las dificultades y el poco progreso que presentaban los intentos de parto vaginal y teniendo en cuenta el estado de cansancio extremo de la paciente, se decidió intervenir. La operación de cesárea fue realizada bajo anestesia general, al término de la cual la paciente presentó paro cardiorrespiratorio. Debido a lo anterior fue llevada a la UCI y remitida al Hospital Ramón González Valencia el día 1º de junio siguiente, de donde fue nuevamente remitida al Hospital Manuel Elkin Patarroyo el día 20 de octubre de 2000, donde murió el 2 de agosto de 2002.

Lo anterior se sabe por la Historia Clínica Elaborada por el Hospital Manuel Elkin Patarroyo, en la que se lee en las notas de enfermería:

8-09-2000: Llega paciente al servicio de urgencias en carro movilizada por sus propios medios, paciente de 16 años, embarazada, con G1 A0 PO Fum: Dic 2.99, pte consciente, orientada, comunicativa, hidratada, en buen estado general, refiere no haberse hecho controles prenatales pero sí de 2 para 3 consultas médicas, paciente con abdomen globoso por útero grávido, álgido por contracciones uterinas, habiendo iniciado preparto hace más o menos 24 horas, por lo que refiere que estaba donde una partera en la localidad. Se observan estrías en abdomen, genitales externos leve edema, limpios, sin salida de tapón mucoso. TA: 130/90 mmhg, temp. 36 x 100. Valorada por el Dr. García quien refiere encontrar 3 cm de dilación, Fcf, 140x, membranas íntegras, bto 100%. Feto vivo, posición cefálica, valoración además con el ecógrafo. Dr ordena dejarla hospitalizada, se le ordena caminar por el pasillo. Paciente fue traída por una amiga y un primo.

(…).

19 horas: Recibo paciente en sala en trabajo de parto, álgida por contracciones uterinas, 8 cm de dilatación, borramiento del 100%, con LEV permeable. LR 400 cc. Paciente que lleva aproximadamente una hora en expulsivo. Decide hacer cesárea (por pelvis estrecha) (fl. 114 y envés cdno. 2).

Por expulsivo prolongado. 19:45 se traslada pte en silla de ruedas a sala de cirugía, se coloca en camilla de quirófano en posición ginecológica y se intenta extraer al feto con espátulas sin éxito. Por parte del ginecólogo, bajo anestesia general por el Dr. Plata. 20:00h se inicia acto quirúrgico a cargo del siguiente equipo: Cirujano. M Cortés, Ayudante. Dr. Ardila. Instrumentadora Leida Olaya. Previa indicación anestésica, con tubo endotraqueal 75 y asepsia y antisepsia del área a intervenir con isodine espuma y solución. 20:10 horas. Se recibe producto único vivo, muy deprimido con un apgar de 3 al minuto y 7 a los 10 minutos, respondiendo muy bien a la reanimación por parte del anestesiólogo, Dr. Plata, cuyas medidas son. Peso: 320 gramos. T:56 cm, pc:36 cem, PA: 34 cm.

(…).

21:30. Se termina procedimiento Qx. SV: PA 115/80; p:76, SPO:99%, se sutura herida transversa con puntos intradérmicos con monilon 3-0, se coloca gasa y espaladrapo limpio y seco, luego se procede a suturar episiotomía con cromade, procedimiento sin complicaciones, la paciente continúa bajo los efectos de la anestesia general, con tubo endotraqueal conectado a máquina de anestesia. 22:30 h. Paciente presenta paro cardiorrespiratorio. Dr. Ardila inicia ventilación con ambú, con oxígeno al 100% más maniobra de resucitación, con una duración de 5 minutos, se administra por orden del Dr. Ardila 2 ampollas de atropina y una de adrenalina. Se manda a solicitar anestesiólogo el cual ordena administrar una ampolla de furosemida y una de metazona SU, PA 105/47, PCC. 76, fl. 111 y envés, 2)

Y en la hoja de evolución se lee:

08-09-00-22:20: Se encuentra paciente en recuperación anestésisca, con tubo orotraqueal conectado a máquina, presenta episodio súbito de cianosis generalizada y mal control respiratorio, se inicia ventilación por ambú, con 02 al 100%, Presenta posteriormente paro cardiorrespiratorio, se inicia reanimación con ventilación 02 al 100%, masaje cardiaco; ritmo de asistolia, se inicia adrenalina 1 mg, se repite dosis a los 5 minutos, adecuada respuesta con recuperación de signos vitales, tiempo de paro 5 minutos, SV, TA105/47, Feni, pupilas midriáticas no reactivas, se considera pupilas secundarias a dosis de atropina (2 mg), a los diez minutos SV TA 116/75, FC 145 respiración espontánea, FR 18, pupilas reactivas a luz, con diámetro 2 mm, no respuesta a dolor, (…) Se deja a paciente en sala de cirugía para control, se llama a anestesiólogo durante reanimación. P. Monitoreo en sala cx.

09:09.00: 10: La paciente presenta episodio de movimiento convulsivos en cara y apertura ocular, los cuales no ceden. Inicia Diazepam (ilegible) IV. Control parcial de crisis (firma. Dr, Ardila).

00:20: Presenta nuevos episodios convulsivos en cara, se (ilegible) diazepam 5 mg, IV, se inicia Fenobarbital 600 mg. (Remisión 3er niel en la mañana). (…).

3:15: La paciente presenta episodio convulsivo generalizado, se administra diazepam (...), con control parcial, recurrencia de crisis posteriormente, con control parcial:

4:15: TA: 143/100, FC: 127, s02 89%, Persisten episodios convulsivos, se llama a anestesiólogo (firma, Dr. Ardila).

4:45: Dr. Plata administra Pentotal 200 mg IV, con control de crisis, por no existencia de Fenitaina recomienda continuar administración de pentotal en bolsa.

1. Furosemida 20 mg, IV, c/6h,

2. Dextomesona, 6 mg, IV c 6/h

3. (ilegible)

4. Pendiente remisión a UCI (firma. Dr. Ardila)

09: 09:00 Recibo paciente POP de cesárea por expulsivo prolongado.

Paciente en estado convulsivo manejado con balas de pentotal, con los cuales cede a la crisis convulsiva. Manenjable.

TA: 135/21, fc: 160X, FR: 28x, S02, 91 %, T.37,2.

Inconsciente, apertura ocular espontánea, pupilas 2 mm reactivas a la luz, con tubo endotraqueal, conectado al ilegible), O2 al 100%. No hay respuesta al dolor.

Paciente remitir a 3er nivel.

Paciente en iguales condiciones, se lleva en ambulancia al aeropuerto, con remisión al Hospital Ramón González Valencia, con infusión de pentotal. (fl. 108 y envés, cuaderno 2).

Sobre lo ocurrido en el posoperatorio y el historial de remisiones y contrarremisiones, en el formato de remisión a hospital de tercer nivel, suscrito por el dr. Gustavo Caballero, del Hospital Manuel Elkin Patarroyo. Se señala:

(…) La paciente tolera el tratamiento sin complicaciones, posteriormente en la sala de recuperación anestésica presenta paro respiratorio, se realizó recuperación anestésica, obteniéndose signos vitales estables a cinco minutos, con pupilas midríaticas y sin respuesta a dolor. Se realiza convulsión toniclonica generalizada.

Con un Glasgow de 3/10 se remite el 9 de septiembre a las 9:15 al Hospital Ramón González Valencia.

El día 20 de octubre de 2000 es contrarremitida del Hospital Ramón González Valencia con el diagnóstico, secuelas de encefalopatía hipóxica, trae sonda de traqueostomía y sonda de gastromía, la paciente permanece con un Glasgow de 5/10, en estado de inconsciencia, con signos vitales estables. Durante hospitalización permaneció neurológicamente sin cambios, con una disminución importante de masa muscular y secuelas por atrofia en sus extremidades, presentando infección de vías urinarias a repetición. En últimos 30 días de evolución responde levemente a estímulos sonoros, la movilidad de sus extremidades ha mejorado en un 10%.

Ya que nos encontramos en un primer nivel de atención no contamos con nutricionista, fisiatra ni ninguna especialidad neurológica y dado que la paciente necesita el concurso de un equipo multidisciplinario para su manejo se hace necesario remitirla a un tercer nivel para evitar mayor deterioro de su estado general (fl. 118 y envés, cdno. 2).

Obra también en el expediente, necropsia fechada el 2 de agosto de 2002 a las 10:30 am, en la que se establece lo siguiente como causa de muerte:

1. Paro cardiorrespiratorio segundo a:

2. Degeneración cerebral crónica segunda a:

3. Encefalopatía hipóxica Isquémica. (fl. 121, cdno. 2).

4.1.3. Consta que el Hospital Manuel Elkin Patarroyo de Santa Rosa del Sur solicitó la remisión de la menor a una institución de mayor nivel, sin resultado y que puso en conocimiento de la personería municipal de Santa Rosa la necesidad de conseguir la remisión (fl. 27, 34, cdno. de pruebas Nº 3).

4.1.4. Se sabe que durante su prolongada hospitalización, la menor Edith Johana Bohórquez recibió escasas visitas y que en algunas ocasiones sus parientes atendieron las exigencias económicas del hospital. Situación que llevó a los directivos del Hospital a solicitar la intervención de la Personería Municipal y del Instituto de Bienestar Familiar.

De lo anterior se tiene conocimiento por las cartas enviadas por el Director del Hospital a la Personera Municipal el 3 de abril de 2001 (fl. 64, cdno. 2), la Coordinadora Zonal del ICFB el 5 de diciembre de 2001, (fl. 66, cdno. 2) y la Directora del Centro Zonal 1100 (fl. 67, cdno. 2); así como las comunicaciones remitidas por la Personera Municipal a la directora del ICBF, el 3 de enero de 2002 y la respuesta del I.C.B.F a la mencionada entidad, fechada el 29 de febrero del mismo año (fl. 71, cdno. 2). En todas ellas se menciona el estado de “abandono” de la menor.

Por otra parte, del testimonio rendido en el proceso por la señora Blanca Ofelia Galvis Rivera, quien visitaba a los enfermos del hospital y en consecuencia a la menor, se colige que esta última no recibía visitas regulares de su familia, refirió haber coincidido en una oportunidad con el al señor Gordillo. También se infiere que las exigencias económicas del hospital fueron atendidas por instituciones caritativas.

En su testimonio se lee:

Preguntado: Diga si conoce de vista, trato o comunicación al señor Víctor Manuel Gordillo Sánchez y si conoció en vida a la señora Edith Johana Bohórquez, en caso afirmativo, cómo y cuándo lo conoció.

Respondió: A Víctor Manuel Gordillo lo conocí en el Hospital de esta localidad en una visita que yo le estaba haciendo al hospital y yo llegué y saludé y me dijeron, quién es usted y les dije soy de la Legión de María y le vine a hacer visita a Johana o Edith Johana, no recuerdo la fecha de eso….

Preguntado: Diga la testigo si lo sabe, ¿quién se encargó de la atención y cuidados a Edith Johana Bohórquez mientras estuvo internada en el Hospital “Manuel Elkin Patarroyo” desde el 8 de septiembre del 2000 hasta el primero de Agosto de 2002?

Contestó: Siempre supe que era el Hospital, desde el primer momento que llegué a visitarla a ella, supe que el Hospital se encargaba de los cuidados de ella. Me causó curiosidad que siempre que yo iba, llegaba y no encontraba familia y pregunté quién se encargaba de los cuidados de ella, de aseo, alimento que le daban, y me dijeron que la alimentación era solamente ensure, pregunté ese día quién costeaba eso y me dijeron que los del hospital y a partir de ese día tomé la decisión y pedía la colaboración de mis amigas y ellas me colaboraban muchísimo para comprar ensure, y la cantidad de tiempo que me dediqué no en todo pues le colaborábamos en poco con las amigas, lo que era ensure, pañales, vaselina, crema para las espaldas (…). (fl. 35, cdno. 2).

Igualmente, algunos de los miembros de la familia aceptaron haber visitado esporádicamente a la menor, si bien nunca aceptaron el abandono. Así el señor Víctor Manuel Gordillo interrogado declaró:

Preguntado: Sírvase decir el interrogado si es cierto que mientras Edith Johana Bohórquez estuvo internada en el Hospital Manuel Elkin Patarroyo no fue asistida de manera permanente por usted o algún otro familiar. En caso negativo, diga concretamente en qué consistían sus ayudas y asistencias?

Contestó: Yo estaba pendiente, me decían llevarle leche, droga, yo estaba pendiente.

Preguntó: Sírvase decir el interrogado si es cierto que mientras la menor Edith Johana Bohórquez estuvo internada en el Hospital Manuel Elkin Patarroyo durante un término de un año y once meses, fue abandonada a su suerte por usted y que no le prestó la ayuda económica ni afectiva en el momento necesitado?

Contestó: Hasta donde se pudo, de ahí el Hospital.

Preguntado: Diga el interrogado si es cierto que Edith Johana Bohórquez vivió de la caridad pública y del Hospital mientras estuvo internada en el mismo, desde el año 2000 hasta el año 2002 debido al abandono suyo y de sus demás familiares

Contestó: Nosotros hasta donde pudimos le ayudamos, lo demás gente de por ahí y del campo también (fl. 52, cdno. 4).

Se destaca así mismo, que los padres de la menor negaron enfáticamente el abandono. Afirmando que la visitaban hasta tres veces al día (sr. Luis Alberto Bohórquez) o con periodicidad, entre quince y ocho días (sra. Rosa María Herrera). Pusieron de presente que la asistieron con leche y drogas. Ahora bien, aunque estas declaraciones no se pueden reputar como necesariamente falsas, pues cabe la posibilidad de que no todas las visitas se registraran, no son suficientes para tenerlas como prueba de la atención regular, toda vez que quienes la manifiestan son justamente actores en el presente proceso. Se llama la atención, a su vez, sobre el hecho de que estas declaraciones no concuerdan del todo con lo registrado en las notas de enfermería del Hospital, en las que se consignan visitas de familiares y la solicitud de ensure y pañales a los mismos, aunque con una periodicidad mucho menor.

Por último y como se anticipó, obra en el expediente copia de las notas de enfermería correspondientes a la atención de la menor en el Hospital Manuel Elkin Patarroyo. Se trata de una carpeta con 846 folios en los que se anota el estado de la paciente, así como las visitas recibidas durante su prolongada hospitalización. En este registro al menos en diez ocasiones se señala la solicitud de medicamento e insumos a familiares de la menor, al punto que igualmente advierte que respondieron con la entrega de ensure y que alegaron falta de recursos para conseguirlo. Al tiempo se anota la ausencia de visitas esperadas (c. de pruebas No. 2)

Ahora bien, de lo anterior no se puede colegir de modo definitivo regularidad en las visitas, tampoco el aludido abandono, de parte de sus familiares. Tanto porque no todas las visitas tendrían que haberse anotado, como porque no es clara la anotación de ausencias, solo entendidas con la falta de elementos que requería la atención de la menor. Esto es así porque las visitas regulares de la Legión de María, según se afirmó, acompañadas de apoyo caritativo no se consignaron. Sin embargo, sirven para tener por cierto que la menor recibió visitas de familiares y que estos en algunas ocasiones solicitados por la entidad de salud.

Aunado a lo expuesto no se cuenta con evidencia científica sobre la regularidad en que se debían suceder las visitas, su duración, como tampoco de la repercusión de las mismas en el estado de la menor, de donde la Sala descarta de suyo el abandono alegado por el hospital, mientras que se conoce porque así lo revelan los registros que la paciente no recibió alimento (ensure) o algún medicamento, porque el hospital no contaba con el mismo o la familia no lo suministró.

4.2. Valoración pericial de la atención médica.

En respuesta a la solicitud oficiosa del Tribunal, el Dr. Javier Ardila Montealegre, director del Departamento de Ciencias de Reproducción de la Universidad del Rosario, absolvió cuestionario sobre la atención recibida por la menor Edith Johana Bohórquez, la necesidad y conveniencia de la cesárea con anestesia general y la conveniencia de haberla remitido a un centro de mayor nivel.

1. Dadas las condiciones en las que se presentó la menor Edith Johana Bohórquez Herrera a la ESE Manuel Elkin Patarroyo iniciando el trabajo de parto 24 horas antes ¿existían razones para suponer que se trataba de un parto de alta complejidad?, ¿era aconsejable o necesaria su remisión a un centro de mayor nivel, asumiendo que se encontrara a pocos minutos de distancia? Téngase en cuenta que el mencionado Hospital era de primer nivel de complejidad.

R/ En el parto sin lugar a dudas correspondía a una paciente de alto riesgo por las siguientes razones:

a) Se trataba de una menor de edad, situación que implica mayores riesgos de padecer patologías propias del embarazo como preclamsia, diabetes, distocias durante el trabajo de parto entre otras. Además se caracteriza por una alta probabilidad de tener una red de apoyo deficiente por parte de familia y o compañero en el contexto inesperado de un embarazo en un miembro de familia que es menor de edad, de sexo femenino en un medio eminentemente machista, asumiendo por supuesto que el embarazo se presenta como un evento no planeado.

b. Refiere la historia clínica que la paciente tenía un control prenatal deficiente. Es bien conocida la relación entre un pobre control prenatal y el aumento del riesgo relativo de presentarse cualquier tipo de complicaciones tanto durante el embarazo como del mismo parto.

c. En el registro de historia clínica de ingreso se evidencia una medición de tensión arterial de 130/90 mmhg, cifra está que se encuentra elevada en un estado incipiente, por lo tanto, sumando a este hallazgo lo descrito en el literal “a” estamos obligados a actuar en concordancia y hacer el seguimiento pertinente de forma clínica y paraclínica para descartar o diagnosticar un síndrome hipertensivo del embarazo (preeclamsia), que sin duda alguna se puede hacer de una manera idónea en una institución de segundo o tercer nivel de atención y no en una de primer nivel.

En la historia clínica de ingreso se describe que la paciente llega con un cuadro clínico de contracciones de 3 horas de evolución no un cuadro de 24 horas de evolución, además de hallar dilatación de 3 cm y un 100% de borramiento con membranas íntegras a examen vaginal.

Todas las razones descritas previamente justifican que la paciente dentro de su plan de manejo deba ser remitida a una institución de mayor complejidad desde el momento mismo de su ingreso. Por lo tanto, es importante aclarar que cuando llegó la paciente a urgencias no revestía una urgencia que justificara desembarazar de inmediato (de acuerdo con los registros de la historia clínica); por tanto, independientemente de que el Hospital de mayor complejidad de atención estuviera a pocos minutos o un par de horas, debió haber sido remitida por cuanto no se contaba con recursos necesarios para el adecuado seguimiento del trabajo de parto, posterior del mismo y control posparto.

2. Cuando se presentaron las complicaciones que hicieron necesaria la operación cesárea, ¿era prudente remitir a la paciente a un hospital cercano de mayor nivel o se imponía proceder de emergencia en el Hospital Manuel Elkin Patarroyo?

No evidencio ninguna complicación que constituya una emergencia en el momento en que se tomó la decisión de realizar cesárea. Si bien es cierto que la paciente no progresó en su trabajo de parto adecuadamente, también es cierto que se describe en la historia clínica que se dilata digitalmente de 8 a 10 y se decide cesárea en la tarde (18:00) pero se realiza en horas de la noche (21:20), por lo tanto, la acción médica no implicó respuesta a una urgencia.

Es importante enfatizar, además, que no se hace monitoría fetal electrónica sino únicamente clínica por lo tanto no había manera de hacer un diagnóstico de sufrimiento fetal o estado fetal insatisfactorio ya que nunca hubo un trazado de la frecuencia cardiaca fetal y las registradas en la historia clínica se encontraban dentro de rangos de normalidad.

Con este raciocinio quiero decir nuevamente que la paciente pudo haber sido remitida por cuanto no existió una emergencia que requiera ser manejada quirúrgicamente de manera inmediata y por supuesto una “dilatación estacionaria” que se presente durante el trabajo de parto no constituye emergencia que implique cesárea inmediata.

Como tampoco es prudente colocar espátulas sin tener en cuenta los requisitos:

a. Adecuada analgesia peridural (la paciente que nos ocupa no la tenía).

b. Dilatación completa del cérvix (la paciente estaba en 8 cm no en 10 cm como se recomienda).

c. Borramiento del 100%

d. Conocimiento de la presentación y desde luego de la variedad de posición (no se describe en la historia clínica)

e. Membranas rotas.

f. Evacuación vesical (no se describe)

g. Conocer la altura de la presentación (había registros previos a la instrumentación que manifestaban estación de -2 y -1, Estación esta que contraindica el procedimiento).

H. Conocer la técnica y tener experiencia previa.

Contraindicaciones para instrumentar:

a) Sospecha de trastornos de coagulación fetal como una trombocitopenia aloinmune o predisposición a las fracturas como en la osteogénesis imperfecta.

b) Distocias de presentación (la historia refiere distocia).

c) Pelvis androide

La adecuada conducción del trabajo de parto, con el soporte de partograma y de adecuadas posiciones maternas, con la adecuada administración de oxitocina para reforzar la dinámica uterina reducen las posibilidades de instrumentar el parto. En este caso no existió una adecuada conducción del trabajo de parto por cuanto no se identifica distocia dinámica y por tanto no se maneja el dolor de la paciente, no se realiza monitoría fetal electrónica en un embarazo de claro alto riesgo, no se realizan los exámenes pertinentes para estudiar cifras de hipertensión incipiente que presenta la paciente, no hay diligenciamiento adecuado de la historia clínica.

(…)

3. La respuesta médica al paro cardiorrespiratorio que sufrió la paciente en el posoperatorio inmediato se ajustó a las exigencias de la lex artis y la prudencia? ¿Una conducta diferente habría podido cambiar el desenlace de esta complicación?

El paro descrito en la historia clínica fue manejado por médico general inicialmente porque al parecer no se encontraba el especialista en anestesiología en ese momento con la paciente, de acuerdo a una nota de enfermería que describe a la paciente en recuperación intubada y sin presencia de un anestesiólogo.

Es imperativo que el anestesiólogo acompañe a la paciente hasta que al extubación se haya producido sin complicación alguna y por lo tanto la paciente se encuentre respirando espontáneamente.

Por esta razón no hay total claridad sobre si el desafortunado evento sufrido por la paciente (paro cardiorrespiratorio) fue por problemas técnicos de oxigenación con el tubo no funcionante y sin cuidar adecuadamente o se debió a un embolismo pulmonar por líquido amniótico.

El riesgo de morbilidad y mortalidad de la cesárea están influenciados por las complicaciones médicas asociadas a las pacientes sometidas al procedimiento. Las complicaciones serias en el intraoperatorio se producen en el 2% de los casos de cesáreas e incluyen accidentes anestésicos dados por problemas de intubación, reacciones a drogas, broncoaspiración. Además de los problemas propiamente dichos del acto quirúrgico como hemorragia, lesión del intestino o vejiga. Debo precisar que el embolismo de líquido amniótico es extremadamente raro y usualmente no es prevenible. Consiste en paso de líquido amniótico a través del torrente sanguíneo materno, obstruyendo el intercambio normal de oxígeno. Ocurre usualmente durante el parto/cesárea o inmediatamente después, de una manera súbita y de una instauración muy rápida, acompañándose de disminución de presión arterial con falta de bomba cardiaca. Aunque las causas no están totalmente establecidas el trauma que puede romper la normalidad de la barrera placentaria permitiendo el paso del líquido amniótico al torrente sanguíneo materno. Se han identificado los factores de riesgos que se relacionan con el evento pero no tienen relación causal. Ellos son:

a. Edad materna superior a los 35 años

b. Anormalidad placentaria

c. Preeclamsia,

D Inducción del trabajo de parto.

e. Parto Instrumentado (en este caso el parto instrumentado fue un evento real pero estuvo mal indicado y por lo tanto no fue exitoso)

f) Poliadriamnos.

7. Existe relación cierta o probable entre las lesiones cerebrales de la menor Edith Johana Bohórquez Herrera y los actos quirúrgico y anestésico?

El acto quirúrgico, como tal, no se comporta como un factor de riesgo adicional para hacer un embolismo de líquido amniótico ya que es un riesgo intrínseco del parto, sea vaginal o abdominal, no obstante el intento de instrumentación sí pudo haber actuado como factor de riesgo adicional. En cuanto al acto anestésico con anestesia general siempre es un factor de riesgo que aumenta las probabilidades de disminuir la oxigenación cerebral por complicaciones con el tubo o cualquiera de los medicamentos. Insisto en que el acto anestésico especialmente en el posoperatorio inmediato debe tener el acompañamiento del anestesiólogo y en este caso no se dio, ya que la paciente quedó intubada en ausencia del anestesiólogo y eso es un indicador de que no tuvo control adecuado y podría haber generado el paro cardiorrespiratorio que efectivamente se dio, pero si este hubiera cumplido con la lex artis del procedimiento; el embolismo de líquido amniótico es un evento que es improbable de predecir pero su manejo inmediato hubiera sido con mejores probabilidades de ser adecuado.

3.2. Imputación.

Como ocurre en todo caso de responsabilidad estatal, la Sala está abocada a determinar si, en el sublite, los demandantes sufrieron una carga que no estaban obligados a soportar. Ahora bien, en lo específicamente relativo al campo de la prestación del servicio de salud, el elemento decisivo para determinar la imputabilidad del daño, tiene que ver con el desbordamiento de lo que el paciente está obligado a asumir. La premisa general consiste en que a este le corresponde soportar la consecuencia directa y exclusiva de la vulnerabilidad y mortalidad propias de la condición humana, así como de la concreción de los riesgos previsibles, conocidos y consentidos del acto médico. Esto último si media su propia voluntad informada y consciente, sobre el posible fracaso terapéutico, el que no ha podido, ni podrá, ser desterrado de toda intervención humana.

No le corresponde al paciente, por el contrario, soportar una atención por debajo de los estándares éticos o científicos médicos, terapéuticos y asistenciales, en sí misma indemnizable, tampoco las consecuencias derivadas de los errores, por lo mismo previsibles y evitables. Tampoco debe asumir las consecuencias naturales de la progresión patológica, evitable por la ciencia médica. Por otra parte, no está obligado el paciente a asumir el riesgo propio del acto médico, si este no le ha sido efectivamente expuesto y, por ende, no ha sido consentido. Finalmente, existen circunstancias en que el paciente no está obligado a asumir el riesgo previsible y consentido, en razón de la desproporción objetiva del daño, como ocurre en aquellos casos en que la alteración sufrida es concreción de un riesgo socialmente necesario (v.gr. vacunación obligatoria o infecciones nosocomiales).

Dado que en el caso concreto no parece que se presentara alguno de los supuestos que da lugar a la declaración de responsabilidad al margen de la falla, se examinará si la atención prestada se adecuó a las exigencias de la lex artis y en caso negativo, se revisará si tal circunstancia tiene relación causal probable con el resultado.

4.3. Sobre la desviación de la conducta médica respecto de los estándares de la lex artis y su relevancia causal en el caso concreto.

Del análisis pericial citado, así como del examen de la historia clínica se colige que la paciente no recibió una atención médica adecuada y que las fallas en la atención inicial ciertamente incrementaron el riesgo de complicaciones y disminuyeron las posibilidades de un oportuno manejo. Téngase en cuenta, por lo demás, que la sola verificación de una atención contraria a la exigencia de la lex artis y la dignidad humana es suficiente para fundamentar la responsabilidad del Estado, toda vez que la atención deficiente es, en sí misma, una carga que el asociado no está en el deber de soportar.

En primer lugar, se debe destacar que la paciente no tenía que haber sido atendida en un Hospital de primer nivel sino que, como lo indicó el médico de la Universidad del Rosario consultado, debió haber sido remitida a un hospital de mayor nivel, con mayores recursos profesionales y de infraestructura, para atender las posibles contingencias del parto. En efecto, tratándose de una paciente de alto riesgo, no era aconsejable su atención en un hospital de primer nivel y mucho menos la práctica de un procedimiento quirúrgico como la cesárea. Toda vez que la misma práctica de la cesárea en el Hospital de primer nivel era improcedente, las consecuencias derivadas del mismo han de entenderse imputables a la entidad que optó por realizarlo en contra de todas las indicaciones de la prudencia médica.

Por otra parte, consta que el ginecólogo a cargo de la atención (en la historia clínica se especifica que tiene esta especialidad), decidió indebidamente realizar un parto instrumentado, circunstancia que incrementa las posibilidades de embolismo de líquido amniótico, evento que el perito consultado estimó dentro de las causas probables (aunque no ciertas) del paro cardiorrespiratorio. Esto sin contar que, según lo descrito en la historia clínica, y la interpretación del médico consultado, el parto instrumentado se realizó, no solo existiendo circunstancias que lo contraindicaban, sino sin contar con la adecuada analgesia peridural, circunstancia que sometió a la paciente a dolor y agotamiento innecesarios.

También se tiene que la elección innecesaria de la operación de cesárea con anestesia general, incrementó el riesgo de la paciente pues generó innecesariamente la probabilidad de complicaciones anestésicas y de intubación. Dichos riesgos se incrementan aún más si se tiene en cuenta que la atención por anestesiología durante el postparto fue inadecuada, circunstancia que exacerba las probabilidades de defectuosa intubación.

Aparte de lo anteriormente dicho sobre el incremento de las posibilidades de producción de las complicaciones experimentadas, debe tenerse en cuenta que la deficiente asistencia del anestesiólogo disminuyó las posibilidades de controlarlas una vez producidas, como bien señaló el médico consultado. En este sentido, frente al incremento del riesgo de producción de las complicaciones cabe imputar la pérdida de oportunidad de mejor /atención.

Cierto es que el mismo médico consultado no ofrece una explicación causal totalmente certera sobre el paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, es enfático en sostener que la atención prestada adolecía de fallas que incrementaron el riesgo de las dos causas más probables del paro y disminuyeron las posibilidades de tratarlo adecuadamente. Razón esta suficiente para entender que el daño experimentado es plenamente imputable a la entidad demandada.

Por otra parte, también estima la Sala, como constitutivo de daño antijurídico, el hecho de que en las notas de enfermería se verifique que en más de una ocasión la paciente dejó de recibir medicamentos o alimentos, por falta de los mismos, sin que sea imputable a los familiares su carencia, puesto que estos debían ser suministrados por el Hospital que, en caso de carecer de ellos o de recursos para su suministro, debió adelantar las acciones administrativas necesarias, para garantizarlos. Esta circunstancia se ha de considerar constitutiva de trato cruel e inhumano, así el estado de no permita clarificar como tampoco cuantificar el sufrimiento.

4.4. Sobre las especiales connotaciones de antijuridicidad del caso, por razones de discriminación de género e infraprotección de los derechos de los menores.

En el caso concreto encuentra la Sala razones para predicar la clara inadecuación de la atención prestada a las exigencias de la lex artis y la prudencia médica y la incidencia de esta circunstancia en el aminoramiento de la posibilidad de recuperación. Sin embargo, considera la Sala que aparte de esta irregularidad, el caso concreto se inscribe dentro de una problemática ya sistemática en el país de deficiente atención materno-obstétrica, la cual se ha señalado en varias ocasiones como constitutiva de discriminación de género. Al respecto, la Sala recoge lo señalado en sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014:

“En el caso concreto se ha encontrado fundamento para declarar la responsabilidad estatal y procedentes las pretensiones, pero no solo eso, la Sala encuentra motivos para ordenar la adopción de medidas adicionales de reparación integral, en la medida en que éste evidencia la proyección de una actitud de invisibilidad a la condición físico-anímica de la mujer, y por lo tanto, una forma de discriminación ajena al Estado Social de Derecho.

En efecto, la Sala advierte que el caso sublite, lejos de constituir un episodio aislado, se inserta dentro de un patrón reiterado de deficiencias en la atención gineco-obstétrica, que evidencia una actitud de invisibilidad e indiferencia frente a la atención propia de la salud sexual y reproductiva, rezago de un modelo patriarcal y de discriminación por motivo de género. En efecto, de la revisión de las cifras oficiales de mortalidad y morbilidad materna y perinatal es dable concluir que el país presenta serios problemas en sus estándares de atención en ginecología y obstetricia acentuadas en determinadas regiones. Así, por ejemplo según el Instituto Nacional de Salud “los departamentos con las mayores tasas de mortalidad perinatal son Chocó (39 por mil), San Andrés y Providencia (25 por mil), Caldas (25 por mil). La mortalidad perinatal es también relativamente alta en Huila (22 por mil), Vaupés (21 por mil), Cesar (20 por mil), Santander (20 por mil) y Córdoba (20 por mil)”.4. Estas cifras son alarmantes si se comparan con las los países con índices más altos de mortalidad perinatal en la zona de América Latina y el Caribe, como Haiti (25 por cada 1000 nacidos vivos) y Bolivia (19 de cada 1000 nacidos vivos). Iguales consideraciones se pueden hacer en lo relativo a las tasas de mortalidad materna, frente a la cual las estadísticas revelan una notoria correlación entre este fenómeno y los índices de pobreza, siendo especialmente alarmantes los índices observables en el Chocó, los departamentos de la región amazónica y algunos de la zona Caribe, como Córdoba y el departamento de la Guajira5. Por otra parte, el análisis que permiten los Anales del Consejo de Estado, revela que el 28.5% de las sentencias de responsabilidad médica proferidas en 2014 (registradas hasta la fecha de elaboración de esta sentencia) y un 22.5% de las del 2013, corresponden a fallas en la atención en ginecología y obstetricia, ya sea por deficiencias en la atención en el embarazo y el parto o por la práctica de histerectomías innecesarias. Que un porcentaje tan significativo de las sentencias recientes en materia de responsabilidad médica corresponda a una sola especialidad, debe alertar sobre las deficiencias en la atención que se presta en la misma.

A las anteriores consideraciones hay que añadir que gran parte de los casos propios de la ginecología y la obstetricia no corresponden a situaciones patológicas. En efecto, además de las enfermedades propias del aparato reproductor femenino, la ginecología y la obstetricia tienen por objeto los procesos naturales del embarazo y el parto. No siendo estos eventos patológicos, lo razonable es pensar que su resultado no será la muerte o enfermedad de la madre, tampoco de la criatura esperada. En tal sentido, en muchos (aunque claramente no en todos) de los casos en que se alega la falla médica en ginecología y obstetricia, el desenlace dañoso refleja una mayor irregularidad.

Así mismo, se ha de tener en cuenta que a diferencia de otras ramas de la medicina, la Ginecología guarda directa relación con la dimensión específicamente femenina de la corporalidad. Es la rama de la medicina que se encarga de la atención a la mujer en cuanto mujer y de aspectos tan importantes en la realización del programa vital como la fertilidad y la maternidad. Que entre las muy diversas ramas de la medicina, aquella que se ocupa específica y directamente de la mujer sea justamente la que presenta fallas generalizadas (al menos regionalmente) debe alertar sobre la persistencia del menosprecio histórico hacia lo femenino.

A lo anterior, hay añadir que el descuido de la atención ginecológica no solamente no se compagina con la dignidad de la mujer, sino que, en los casos con un componente obstétrico, también resulta seriamente lesivo de los derechos del ser humano esperado y recién nacido. No se olvide, a este respecto, que el obstetra se pone en contacto con el ser humano desde la concepción y que las complicaciones en la gestación, el parto y el puerperio bien pueden repercutir indeleblemente en la vida de una persona6.

Adicionalmente, la Sala advierte que en el caso concreto la antijuridicidad de la conducta se ve incrementada por el hecho de que la paciente tenía 16 años esto es se trataba de una menor y así misma sujeto de especial protección, a la luz del artículo 44 de la Constitución Política y de la Declaración de los niños adoptada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en 1959.

Es axiomático que si la Constitución y el Derecho internacional reconocen protección reforzada a los derechos de los niños y que si los mismos ordenes jurídicos ordenan la protección de la mujer contra toda forma de discriminación, la atención ginecobstétrica deficiente a una niña, constitutiva en sí misma de inequidad de género por las razones antes descritas, es un evento especialmente contrario al Derecho.

4.5. Consideraciones sobre los cargos de “abandono” de la menor y su incidencia en el deber de indemnización.

Señala la parte demandada que en el caso concreto los familiares de la menor perdieron el derecho a reclamar la indemnización por cuanto “abandonaron” a la menor.

La anterior reclamación puede entenderse de dos maneras. En primer lugar, podría interpretarse como una especie de juicio de indignidad de los demandantes, que como consecuencia les impide acceder a la indemnización. En segundo lugar, se podría interpretar como indicativo de inexistencia de perjuicios morales.

Sobre lo anterior vale precisar, en primer lugar, que en el acervo probatorio se evidencie no se evidencia el abandono. Por el contrario, los familiares visitaron a la menor y esporádicamente atendieron las exigencias de suministro de medicamento y elementos que demandaba su atención. Al margen de lo anterior, no se cuenta con elementos de juicio para cuantificar y cualificar las visitas a un paciente en grave estado, e incluso podría considerarse adecuado limitarlas al máximo. Es que no resulta posible imponer por que sí las visitas a quien se encuentra recluido en un centro asistenciario. Incluso, cabría pensar que dado el riesgo de contagio, era mejor evitar todo contacto.

Ahora bien, la reclamación según la cual no cabe reconocer la indemnización a los padres o al compañero permanente porque su comportamiento no se adecúa a lo que se espera de un buen padre o un buen esposo por cuanto confunde el fundamento del derecho a la reparación con el mérito moral. Al respecto se ha de señalar que no se indemniza por el merecimiento o la altura moral del demandante, sino por el daño efectivamente causado. Así las cosas, lo que es menester determinar es si existen razones para desestimar la aflicción o la afectación económica, y no si los demandantes tienen “derecho” a sentir aflicción o a reclamar por lucro cesante y daño emergente.

No corresponde a la Sala juzgar las relaciones familiares de los demandantes, ni calificarlos, con los pocos elementos que ofrece el acervo probatorio de buenos o malos miembros de familia. Tal actitud constituiría una notoria interferencia del funcionario jurisdiccional en la esfera de la intimidad familiar.

En segundo lugar, no estima la Sala que sea válida la inferencia de que un número reducido de visitas o la falla en el suministro de elementos se deba necesariamente a la falta de afecto (que fundamenta la atribución de perjuicios morales) o interés por la paciente. En efecto, múltiples son las causas por las que los familiares no adecúan la conducta a lo que parece exigirles la parte demandada. El estado no propiamente consciente de la paciente y su deteriorada condición de suyo comporta una carga emocional insoportable para sus familiares, justamente en razón del afecto. Las necesidades laborales, la responsabilidad con los otros niños, las dificultades económicas y de transporte comunes en el campo colombiano, también pueden ser causa plausible de la periodicidad no tan frecuente de las visitas a la menor. Además, en las mismas anotaciones de la historia clínica consta que en algunas ocasiones los familiares no entregaron lo pedido argumentando incapacidad económica y no es del todo extraño pensar que la presión por elementos que no estaban obligados a adquirir (toda vez que ello corresponde al sistema de salud) y por pagos que no estaban en capacidad de realizar, bien pudo desestimular las mismas visitas.

En todo caso, dada la pluralidad de razones que pueden explicar la periodicidad de las visitas y la imposibilidad de atribuir su baja frecuencia a la falta de afecto, no se encuentra relevante esta circunstancia para la denegación de los perjuicios morales.

4. Liquidación de perjuicios.

1.1. Perjuicios morales.

En lo que respecta a los perjuicios morales la Sala encuentra acreditada la muerte y prolongada enfermedad de la menor Edith Johana Bohórquez, supuesto que según las reglas de la experiencia corresponde a un máximo grado de afectación moral, por lo que, siguiendo los estándares jurisprudencialmente aceptados se reconocerán cien salarios mínimos al cónyuge, los padres y la hija de la víctima directa (100 smlmv)7, La mitad de esta cantidad se ha de reconocer a sus hermanos, en atención a que la misma jurisprudencia citada calcula su indemnización en la mitad de los que se reconocen al cónyuge, padres e hijos.

En cambio, no se reconocerá indemnización por perjuicios morales a la menor Edith Johana Bohórquez Herrera por cuanto no se acreditó que esta tuviera algún grado de sensibilidad y o conciencia durante el tiempo que permaneció en estado de vigilia no voluntaria.

4.2. Daño a la salud.

En lo que tiene que ver con la afectación del derecho a la Salud, la Sala se atendrá al precedente, sentado en sentencia de unificación de Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 31172, M.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz se fijaron criterios jurisprudenciales para la liquidación del daño a la salud así:

Gravedad de la lesiónVíctima
Igual o superior al 50%100 smmlv
Igual o superior al 40% e inferior al 50%80 smmlv
Igual o superior al 30% e inferior al 40%60 smmlv
Igual o superior al 20% e inferior al 30%40 smmlv
Igual o superior al 10% e inferior al 20%20 smmlv
Igual o superior al 1% e inferior al 10%10 smmlv

Atendiendo, pues, a estos criterios, y estando probado que la menor sufrió una incapacidad desde el momento de la lesión hasta su muerte, la Sala reconocerá una indemnización por cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor su sucesión.

4.3. Perjuicios materiales (lucro cesante).

En lo que tiene que ver con los perjuicios materiales, encuentra la Sala que razonablemente cabría esperar que la menor Edith Johana Bohórquez Herrera desarrollara una actividad productiva y contribuyera al sostenimiento de su hogar, según las reglas de la experiencia, razón por la cual se accederá a las pretensiones relativas al lucro cesante.

Ahora bien, la Sala aclara que dado que es razonable suponer que en caso de haber sobrevivido la menor Edith Johana habría asumido labores propias de la crianza y cuidado de su menor hija, las cuales, según el criterio jurisprudencial de esta corporación deben equiparase a trabajo remunerado8. Así las cosas, la Sala comenzará a contar el lucro cesante se comenzará a contar a partir de la terminación de la licencia de maternidad. Esto es, catorce semanas siguientes al parto, porque Edith Johana, culminado este periodo tendría que haber reanudado su actividad productiva, sin que para el efecto cuente la minoría de edad, pues así lo exigía su pequeña hija, cuidado ese susceptible de ser valorado económicamente.

La base liquidatoria será el salario mínimo mensual legal vigente, teniendo en cuenta que, si bien en principio es necesario incrementar la base salarial en un 25% correspondiente a prestaciones sociales, también es menester suponer que la víctima destinaría un 25% de lo devengado a su propio sostenimiento.

Toda vez que se conoce que el señor Víctor Manuel Gordillo era mayor que Edith Johana Bohórquez Herrera (en el registro civil de la menor consigna su cédula, de donde se colige que era mayor de edad), su lucro cesante futuro se calculará sobre la base de la expectativa de vida del primero de los mencionados. Sin embargo, al desconocerse la edad exacta del señor Gordillo se ve la Sala obligada a condenar su lucro cesante en abstracto. No ocurre lo mismo con el que se debe a Edith Johana Bohórquez Herrera, cuya indemnización se puede calcular con base en los datos obrantes en el proceso.

En lo que respecta a la tasación del lucro cesante de la menor Edith Johana Bohórquez, la Sala distinguirá dos periodos. Uno de ellos, el lucro cesante consolidado, comprendido entre el 8 de octubre de 2000 y la fecha de la presente liquidación, y otro, el futuro, comprendido entre tal fecha y la del vigésimo quinto aniversario de la misma. Dado que en el caso concreto, la menor es la única hija de Víctor Manuel Gordillo y Edith Johana Bohórquez Herrera, se entiende que, previa deducción del 25% que esta habría destinado a su propio sostenimiento, repartiría lo restante de modo proporcional entre su compañero permanente y su hija. Por tal razón, la base indemnizatoria, que corresponde al cálculo del lucro cesante de la menor Deisy Johana Gordillo Bohórquez, es el equivalente a medio salario mínimo legal mensual vigente, esto es, 344.727 pesos.

Para calcular el lucro consolidado se acudirá a la fórmula adoptada jurisprudencialmente, es decir

S2001
 

En donde:

S = Suma a obtener.

Ra = Renta actualizada, es decir, la mitad del salario mínimo

I = Tasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0,004867.

N = Número de meses desde el nacimiento de Deisy Johana Gordillo Bohórquez hasta la presente liquidación (ago. 1º/2016)

1 = Es una constante.

De la aplicación de esta fórmula al caso concreto se obtiene

S2001 A
 

Por otra parte, para el cálculo del lucro cesante futuro se utilizará a su vez, la siguiente fórmula:

S RA 1
 

Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta o ingreso mensual que equivale a la mitad del salario mínimo mensual

i = Interés puro o técnico: 0.004867

n = Número de meses que comprende el período indemnizable, es decir, 110,3

De la aplicación de la fórmula se obtiene

S 34
 

4.4. Sobre la procedencia de medidas de reparación integral.

La no subsunción del concepto de daño a la salud en los más genéricos de “daño a la vida en relación” o “alteración grave de las condiciones de existencia” no comporta sin más la limitación del daño inmaterial a los perjuicios morales y fisiológicos. Por el contrario, en repetida jurisprudencia, que aquí se reitera y unifica, se ha reconocido la posibilidad de declarar la procedencia de medidas de reparación no pecuniarias en casos de lesión grave de otros bienes constitucional y convencionalmente protegidos.

Se trata de reconocer, aún de oficio, la afectación o vulneración relevante de bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados. Procederá siempre y cuando, se encuentre acreditada dentro del proceso su concreción y se precise su reparación integral. Se privilegia la compensación a través de medidas reparatorias no indemnizatorias a favor de la víctima directa y a su núcleo familiar más cercano, esto es, cónyuge o compañero(a) y los parientes hasta el 1° de consanguinidad o civil, en atención a las relaciones de solidaridad y afecto que se da lugar a inferir la relación de parentesco. Debe entenderse comprendida la relación familiar biológica, la civil derivada de la adopción y aquellas denominadas “de crianza”.

Las medidas de reparación integral operarán teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos, todo con el propósito de reconocer la dignidad de las víctimas, reprobar las violaciones a los derechos humanos y concretar la garantía de verdad, justicia, reparación, no repetición y las demás definidas por el derecho internacional. Para el efecto el juez, de manera oficiosa o a solicitud de parte, decretará las medidas que considere necesarias o coherentes con la magnitud de los hechos probados (artículo 8.1 y 63.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos).

En el caso concreto se ha encontrado fundamento para declarar la responsabilidad estatal y procedentes las pretensiones, pero no solo eso, la Sala encuentra motivos para ordenar la adopción de medidas adicionales de reparación integral, en la medida en que éste evidencia la proyección de una actitud de invisibilidad a la condición físico-anímica de la mujer, así como de la prevalencia de los derechos de los niños, según se explicó ut supra.

Por todo lo anterior, la Sala acoge jurisprudencia sobre la pertinencia de la aplicación de medidas de reparación integral en los casos en los que se echa de menos el trato que la mujer requiere por su propia condición, lo que evidencia la discriminación género, así como la primacía de los derechos de los niños y, por lo tanto, condenará a ofrecer excusas a los demandantes en una ceremonia privada que deberá efectuarse dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de ejecutoria de este fallo, siempre que los mismos así lo consientan y a establecer un link en su página web con un encabezado apropiado en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta providencia.

Adicionalmente, la ESE Manuel Elkin Patarroyo implementará políticas tendientes a crear conciencia sobre la necesidad de garantizar la atención médica especializada y oportuna a la mujer embarazada y a los niños. Además, se dispondrá el envío de la copia de esta providencia a Alta Consejería para la Equidad de la Mujer con el fin de que promueva políticas que optimicen la prestación de la atención en gineco-obstetricia.

En el caso concreto no habrá condena en costas por cuanto no se cumplen los requisitos para su causación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

III. RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia proferida el 1 de junio de 2007 por el Tribunal Administrativo de Bolívar

2. DECLARAR a la ESE Manuel Elkin Patarroyo administrativamente responsable por la pérdida de oportunidad de haber obtenido un tratamiento de mayor calidad y menor riesgo.

3. CONDENAR a la ESE Manuel Elkin Patarroyo a pagar los demandantes las siguientes sumas, por concepto de daños morales.

a) A Víctor Manuel Gordillo Sánchez, la suma equivalente cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

b) A Deisy Johana Gordillo Bohórquez, la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

c) A Luis Antonio Bohórquez Arias, la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

d) A Rosa María Herrera Peña, la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

e) A Dora Emilsen Bohórquez Herrera, la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

f) A Einer Andrés Bohórquez Herrera, la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

g) A Luis Miguel Bohórquez Herrera, la suma equivalente a la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

4. CONDENAR CONDENAR a la ESE Manuel Elkin Patarroyo a pagar a la sucesión de Edith Johana Bohórquez Herrera, las suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de daño a la salud.

5. CONDENAR EN ABSTRACTO CONDENAR EN ABSTRACTO a la E.S.E Manuel Elkin Patarroyo a pagar a Víctor Manuel Gordillo Sánchez y Edith Johana Bohórquez Herrera el lucro cesante causado por la muerte de su esposo y padre. Esta suma deberá concretarse en incidente separado, teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia

6. LA ESE MANUEL ELKIN PATARROYO OFRECERÁ EXCUSAS a los demandantes en una ceremonia privada que deberá efectuarse dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de ejecutoria de este fallo, siempre que los mismos así lo consientan y a establecer un link en su página web con un encabezado apropiado en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta providencia.

Adicionalmente, la ESE Manuel Elkin Patarroyo implementará políticas tendientes a crear conciencia sobre la necesidad de garantizar la atención médica especializada y oportuna a la mujer embarazada y a los niños. Además, se dispondrá el envío de la copia de esta providencia a Alta Consejería para la Equidad de la Mujer con el fin de que promueva políticas que optimicen la prestación de la atención en gineco-obstetricia.

7. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

8. Todas las comunicaciones que se ordena hacer en esta sentencia serán libradas por el a quo.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase».

3 Para el momento de presentación de la demanda (2001) la cuantía establecida para que un proceso tuviera vocación de segunda instancia era de $26.390.000 y en el sublite la pretensión mayor, correspondiente a la indemnización por daño fisiológico asciende a quinientos (500) smlmv.

4 (Cfr. Instituto Nacional de Salud, “Protocolo de vigilancia en Salud Pública Mortalidad Neonatal y Perinatal Tardía”, disponible en línea en la página: http://www.vigepi.com.co/sivigila/pdf/protocolos/560p%20mor%20perin.pdf

5 Cfr. Ministerio de Salud y Protección Social, Política Nacional de Sexualidad, Derechos sexuales y derechos reproductivos, “Tablas y Gráficas para el análisis epidemiológico en salud sexual y reproductiva”. Informe técnico. Julio de 2014.

6 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 23001233100020010027801 (28.804), M.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

7 Cfr. Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp.31172, M.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz y Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014,Exp. 26.251, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 13 de junio de 2013, 54001-23-31-000-1997-12161-01(26800), C.P. Jaime Orlando Santofimio.