Sentencia 2001-01629 de marzo 18 de 2010 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2001-01629-01

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Autoridades nacionales

Actora: Pasar Express S.A.

Bogotá, D.C., dieciocho de marzo de dos mil diez.

Mediante escrito de 27 de julio de 2004, los apoderados de las partes solicitaron la aprobación del acuerdo conciliatorio celebrado y aprobado por el comité de defensa judicial y conciliación de la DIAN, según consta en el Acta 099 de 23 de julio de 2004 y, como consecuencia, dar por terminado el presente proceso.

Fundamentan su solicitud en el artículo 38 de la Ley 863 de 2003, en armonía con el Decreto 412 de 2004.

Para resolver, se considera:

La Ley 446 de 1998 reguló la conciliación en materia contencioso-administrativa, prejudicial o judicial, en los procesos que se adelanten ante esta jurisdicción. Así, el inciso primero del artículo 70 establece que las personas jurídicas de derecho público, a través de sus representantes o apoderados, pueden conciliar total o parcialmente los conflictos de carácter particular y contenido económico.

Significa lo anterior que la conciliación puede llevarse a cabo antes o después de iniciado un proceso contencioso-administrativo, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; acción de reparación directa y, acción contractual y puede considerarse esta como una forma de terminación del proceso, siempre y cuando no se haya proferido sentencia definitiva.

Mediante el Decreto 412 de 2004 (art. 12), el Presidente de la República otorgó a los comités de defensa judicial y de conciliación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) competencia para decidir y aprobar las solicitudes de conciliación y terminación, por mutuo acuerdo, de los procesos que cursen en su contra.

El artículo 38 de la Ley 863 de 2003 reguló la conciliación contencioso-administrativa. Establece esta norma:

“ART. 38.—Conciliación contencioso-administrativa. Los contribuyentes, responsables y agentes retenedores de los impuestos nacionales, así como los usuarios aduaneros que hayan presentado demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso-administrativa antes de la fecha de entrada en vigencia de esta ley, respecto de la cual no se haya proferido sentencia definitiva dentro de las instancias del proceso, podrán solicitar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la conciliación hasta el 30 de junio de 2004.

(...).

Si se trata de una demanda contra una resolución que impone una sanción independiente tributaria, aduanera o cambiaria, se podrá conciliar en cualquiera de las instancias del proceso contencioso-administrativo el cincuenta por ciento (50%) del valor de la misma y la actualización según el caso, para lo cual se deberá pagar el cincuenta por ciento (50%) del valor de la sanción.

En cualquier caso, cuando el recurso de apelación ante el Consejo de Estado haya sido interpuesto por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se podrá conciliar el setenta por ciento (70%) del mayor impuesto y el valor total de las sanciones, intereses, actualización según el caso o el setenta por ciento (70%) del valor de la sanción impuesta en resolución independiente, siempre que el demandante pague el treinta por ciento (30%) del mayor impuesto o de la sanción según el caso.

Para tales efectos se deberá adjuntar la prueba del pago de:

(...).

d) Los valores conciliados, según el caso.

La formula conciliatoria deberá acordarse y suscribirse a más tardar el día 31 de julio de 2004 y presentarse para su aprobación ante la respectiva corporación de lo contencioso-administrativo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, demostrando el cumplimiento de los requisitos legales.

La sentencia aprobatoria prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo señalado en los artículos 828 y 829 del estatuto tributario y hará tránsito a cosa juzgada.

(...).

En materia aduanera, la conciliación aquí prevista no aplicará en relación con los actos de definición de situación jurídica de las mercancías.

(...).

PAR.—La conciliación prevista en este artículo podrá ser solicitada por aquellos que ostenten la calidad de deudores solidarios o garantes del obligado”.

A su turno, los artículos 1º y 3º del Decreto 412 de 2004, disponen:

“ART. 1º—Requisitos para la conciliación en los procesos contencioso administrativos tributarios, aduaneros y cambiarios. Los contribuyentes, responsables y agentes retenedores de los impuestos nacionales, así como los usuarios aduaneros e infractores cambiarios podrán solicitar la conciliación de los procesos contencioso-administrativos tributarios, aduaneros y cambiarios hasta el 30 de junio de 2004, siempre y cuando a la fecha de la solicitud se cumpla con la totalidad de los siguientes requisitos:

1. Que con anterioridad al 29 de diciembre de 2003, se hubiere presentado demanda en acción de nulidad y restablecimiento de derecho ante jurisdicción contencioso-administrativa, en contra de los actos oficiales de revisión y de corrección aritmética de impuestos, liquidaciones oficiales de corrección y de revisión de valor de tributos aduaneros y/o imposición de sanciones tributarias, aduaneras y cambiarias.

2. Que dentro del proceso no se haya proferido sentencia definitiva.

3. Que la solicitud de conciliación se presente hasta el 30 de junio de 2004.

4. Que se acredite el pago del mayor valor aceptado por concepto de impuesto, tributo aduanero o sanción, de acuerdo con el porcentaje que corresponda.

5. (...).

ART. 3º—Conciliación en los procesos contencioso administrativo tributarios, aduaneros y cambiarios en segunda instancia ante el Consejo de Estado. Cuando se trate de procesos que se encuentran pendientes de fallo en segunda instancia ante el Consejo de Estado, deberán observarse, además de los requisitos del artículo primero de este decreto, las siguientes reglas:

1. (...).

2. Cuando el proceso recaiga sobre una resolución sanción independiente, el contribuyente, responsable, agente retenedor, usuario aduanero o infractor cambiario deberá pagar el cincuenta por ciento (50%) de la sanción impuesta.

(...).

A su vez, la jurisprudencia de esta corporación ha señalado que “las personas jurídicas de derecho público pueden conciliar, total o parcialmente, en la etapa prejudicial o judicial, sobre conflictos de carácter particular y contenido económico de que conozca o pueda conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de las acciones previstas en los artículos 85, (resaltado no son del texto) 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo (L. 446/98, art. 59). La conciliación

judicial en esta jurisdicción para que preste mérito ejecutivo y tenga efectos de cosa juzgada, está supeditada a que sea previamente aprobada por la Sala, sección o subsección de que forme parte el magistrado que actúe como sustanciador, el cual la improbará en los siguientes eventos: —Cuando el acuerdo conciliatorio no está, respaldado con las pruebas necesarias. —Cuando sea violatorio de la ley o, — Cuando resulte lesivo para el patrimonio público (art. 73, ib.)”(1).

Por consiguiente se ha de concluir, sin lugar a dudas, que dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho sí es posible la conciliación tanto prejudicial, que como tal es facultativa de las partes, es decir, no tiene carácter de requisito de procedibilidad de la acción, como judicial.

La Sala mediante auto de 17 de agosto de 2006(2) aprobó un acuerdo conciliatorio y dio por terminado el proceso en un caso similar al presente, por considerar que pese a haberse negado las pretensiones de la demanda en primera instancia, la solicitud cumplió con la normativa general y especial.

Revisada la situación procesal y los documentos que acompañan a la referida solicitud, así como la normativa general y especial atrás comentada, la Sala encuentra suficientes soportes y elementos de juicio para concluir que la conciliación acordada amerita aprobación judicial en los precisos términos en que ha sido suscrita por las partes.

Analizadas las normas transcritas y los antecedentes procesales, se tiene:

Pasar Express S.A. instauró acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones 03-064-191-673-2906 de 20 de febrero de 2001 y 03-072-193-6201-12303 de 26 de abril de 2001 expedidas por la DIAN, mediante las cuales le impuso una sanción por valor de trece millones cinco mil trescientos pesos ($ 13.005.300) equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales, por no presentar dentro de la oportunidad legal, la declaración consolidada de pagos, correspondiente a la segunda quincena del mes de junio de 2000, violando el literal d) del artículo 203 del Decreto 2685 de 1999.

Mediante sentencia de 24 de abril de 2003, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Sección Cuarta, Subsección B) negó las pretensiones de la demanda. Contra esta decisión el apoderado de la actora interpuso recurso de apelación.

Mediante auto de 11 de julio de 2003, se admitió el recurso de apelación. Surtido el trámite de segunda instancia y encontrándose el expediente al despacho para proferir el fallo de esta instancia, el apoderado de la actora informó que se encontraba en trámite una solicitud de acuerdo conciliatorio ante la DIAN.

El 27 de julio de 2004, los apoderados allegaron el Acta 099 de 23 de julio, donde consta el acuerdo conciliatorio celebrado, para su aprobación.

Este acuerdo reúne las exigencias establecidas en las normas transcritas, según se desprende de los documentos allegados y de los antecedentes del proceso que a continuación se relacionan:

• El 19 de junio de 2001, la actora formuló demanda en acción de nulidad y restablecimiento de derecho ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra los actos administrativos de la DIAN que le impusieron una sanción por trece millones cinco mil trescientos pesos ($ 13.005.300), por no presentar dentro de la oportunidad legal, la declaración consolidada de pagos a la luz del literal d) del artículo 203 del Decreto 2685 de 1999.

• Dentro del proceso no se ha proferido sentencia de segunda instancia.

• La solicitud de conciliación se formuló el 23 de junio de 2004 ante la DIAN.

• Según el recibo oficial de pago de tributos aduaneros y sanciones cambiarias de 22 de junio de 2004, la actora pagó a la DIAN el cincuenta por ciento (50%) del valor de la sanción impuesta.

• La fórmula conciliatoria se suscribió y aprobó por el comité de defensa judicial y conciliación de la DIAN el 26 de julio de 2004.

Reunidos como están los requisitos establecidos por los artículos 38 de la Ley 863 de 2003 y 1º y 3º del Decreto 412 de 2004, considera la Sala que procede la aprobación del acuerdo conciliatorio, dar por terminado el proceso y ordenar la devolución del expediente al tribunal de origen.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

RESUELVE:

1. APRUÉBASE el acuerdo conciliatorio celebrado por las partes en este proceso el 26 de julio de 2004 ante el comité de defensa judicial y conciliación de la DIAN.

2. DECLÁRASE terminado el presente proceso.

Cópiese, notifíquese y, en firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el 18 de marzo de 2010.

Magistrados: Rafael Ostau De Lafont Pianeta, Presidente —María Claudia Rojas LassoMarco Antonio Velilla Moreno.

(1) Auto de 7 de febrero de 2002, Sección Tercera, Expediente 18.808, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(2) Expediente 1997-1602. Actora: Tampa S.A. M.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.