Sentencia 2001-01646 de mayo 2 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Radicación: 07002331000200101646 01

Expediente: 26.591

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Bogotá, D.C., dos de mayo de dos mil trece.

Actor: Graciela Giraldo de Echeverri y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea Colombiana

Referencia: Apelación sentencia - Reparación directa

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia de la Sala.

La Sala es competente para conocer del asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra de la sentencia proferida el 9 de octubre de 2003, por el Tribunal Administrativo de Arauca, comoquiera que la demanda se presentó el 6 de diciembre de 2001 y la pretensión mayor se estimó en la suma de $ 287’056.405 por concepto de lucro cesante a favor de la cónyuge supérstite del señor Luis Orlando Moreno Mora, la cual supera el monto exigido para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia ante esta Corporación para aquella época, esto es $ 26’390.000(15).

2.2. La caducidad de la acción impetrada.

Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad para aquellos eventos en los cuales determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro de este plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo pierden la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho.

Así pues, para que opere la caducidad deben concurrir dos supuestos: i) el transcurso del tiempo y ii) el no ejercicio de la acción. Los términos para promover acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo están edificados sobre la conveniencia de señalar un plazo objetivo e invariable para que quien considere ser titular de un derecho opte por accionar, o no.

La facultad potestativa de accionar comienza con el plazo prefijado por la ley y nada obsta para que se ejerza desde el primer día, pero fenece definitivamente al caducar o terminar el plazo, por tanto, el fenómeno de la caducidad de las acciones judiciales opera de pleno derecho, pues contiene plazos no susceptibles de interrupción ni de suspensión, salvo que se presente una solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, de acuerdo con lo previsto en las leyes 446 de 1998 y 640 de 2001; tampoco admite renuncia y, de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez.

El Código Contencioso Administrativo, en el artículo 136, numeral 8º, dispone sobre el término para intentar la acción de reparación directa, lo siguiente:

“La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa” (resaltados adicionales).

La ley consagra un término de dos (2) años, contados desde el día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público para intentar la acción de reparación directa, período que, vencido, impide solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado por configurarse el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción.

Sobre el momento a partir del cual debe contabilizarse el término de caducidad, la Sala, en reiterada jurisprudencia(16), se ha pronunciado en los siguientes términos:

“Ahora bien, como el derecho a reclamar la reparación de los perjuicios sólo surge a partir del momento en que éstos se producen, es razonable considerar que el término de caducidad en los eventos de daños que se generan o manifiestan tiempo después de la ocurrencia del hecho, deberá contarse a partir de dicha existencia o manifestación fáctica, pues el daño es la primera condición para la procedencia de la acción reparatoria.

“Para la solución de los casos difíciles como los de los daños que se agravan con el tiempo, o de aquellos que se producen sucesivamente, o de los que son el resultado de hechos sucesivos, el juez debe tener la máxima prudencia para definir el término de caducidad de la acción de tal manera que si bien dé aplicación a la norma legal, la cual está prevista como garantía de seguridad jurídica, no omita por razones formales la reparación de los daños que la merecen”(17).

“Debe agregarse a lo anterior que, el hecho de que los efectos del daño se extiendan en el tiempo no puede evitar que el término de caducidad comience a correr, ya que en los casos en que los perjuicios tuvieran carácter permanente, la acción no caducaría jamás. Así lo indicó la Sala en sentencia del 18 de octubre de 2000:

“Debe advertirse, por otra parte, que el término de caducidad empieza a correr a partir de la ocurrencia del hecho y no desde la cesación de sus efectos perjudiciales, como parecen entenderlo el a quo y la representante del Ministerio Público. Así, el hecho de que los efectos del daño se extiendan indefinidamente después de su consolidación no puede evitar que el término de caducidad comience a correr. Si ello fuera así, en los casos en que los perjuicios tuvieran carácter permanente, la acción no caducaría jamás. Así lo advirtió esta Sala en sentencia del 26 de abril de 1984, en la que se expresó, además, que la acción nace cuando se inicia la producción del daño o cuando éste se actualiza o se concreta, y cesa cuando vence el término indicado en la ley, aunque todavía subsistan sus efectos”(18) (resaltados adicionales).

Ahora bien, observa la Sala que en el libelo introductorio la parte actora enunció el hecho dañoso respecto del cual pretende la declaratoria de responsabilidad y la consecuencial condena, en la siguiente forma:

“Declárese que la Nación Colombiana (Ministerio de Defensa, Fuerza Aérea Colombiana, FAC), son administrativamente responsables de la totalidad de los daños y perjuicios ocasionados a los demandantes, con la muerte de su[s] hijo[s] y hermano[s] Luis Orlando Moreno Mora y Héctor Echeverri Giraldo, ocurrida[s] el 26 de septiembre de 1987 cuando tripulantes y ocupantes del avión FAC 5530 en cumplimiento de una misión de relevo de tripulaciones destacadas en orden público, fue declarado en emergencia en la ruta Saravena-Carimagua, cuyos restos fueron avistados en el “Cerro Azul” del municipio de Tame, departamento de Arauca, el 30 de marzo de 1999, restos que posteriormente fueron identificados mediante pruebas de ADN por la Fiscalía General de la Nación según dictamen del 27 de diciembre de 2000, defunción que vino a ser inscrita el 7 de marzo de 2001” (se ha resaltado).

2.2.1. Dentro de la respectiva etapa procesal y con el lleno de los requisitos legales se recaudaron en el proceso, entre otros, los siguientes elementos de convicción:

— Copia auténtica de los registros civiles de defunción de los señores Héctor Eduardo Echeverri Giraldo y Luis Orlando Moreno Mora, los cuales indican que la muerte de cada uno de ellos se produjo el día 26 de septiembre de 1987, no obstante, según se observa, la fecha de inscripción de su óbito sólo se realizó el 7 de marzo de 2001(19).

— Copia auténtica del acta de la diligencia de levantamiento de cadáveres realizada el 2 de abril de 1999 por una comisión del CTI de la Fiscalía General de la Nación, en el sitio conocido como “Cerro Azul”, jurisdicción del municipio de Tame, Arauca; en dicha diligencia se recolectaron los restos óseos pertenecientes a la tripulación del avión Cesna 412 con matrícula FAC 5530, accidentado el 26 de septiembre de 1987; asimismo se dejó constancia que tales despojos fueron enviados a la división de criminalística de la Fiscalía General de la Nación de Bogotá a fin de determinar la causa de muerte e identificación de los restos(20).

— Copias auténticas de la providencias proferidas por el Comando de la Base Aérea Luis F. Pinto de Melgar, Tolima, los días 14 de noviembre y 7 de diciembre de 1987, respectivamente, mediante las cuales se decidió, entre otros tópicos, declarar provisionalmente desaparecidos a los señores oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana, tenientes Luis Orlando Moreno Mora y Héctor Eduardo Echeverri Giraldo, “cuando se hallaban cumpliendo una misión de orden público en la ruta aérea Saravena - Carimagua, a bordo del avión FAC 5530”(21).

— Copias auténticas de las providencias calendadas los días 7 y 9 de noviembre de 1989, respectivamente, proferidas por el Comando de la Base Aérea Luis F. Pinto de Melgar, Tolima, a través de las cuales se declaró a los referidos oficiales como “definitivamente desaparecido[s]”, toda vez que habían transcurrido más de dos (2) años desde el accidente aéreo, razón por la cual, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 191 del Decreto 95 de 1989(22), debía aplicarse la presunción de muerte por desaparecimiento. De igual forma, en tales proveídos se dispuso tener como beneficiarios forzosos de las prestaciones sociales de los citados oficiales a cada uno de sus padres(23).

— Copia auténtica de la Resolución 9762 de fecha 12 de diciembre 1989, expedida por el Ministro de Defensa Nacional de la época, mediante la cual se dispuso “dar de baja por presunción de muerte con fecha 26 de septiembre de 1989 a los señores Luis Orlando Moreno Mora y Héctor Echeverri Giraldo (…)(24).

— Copia auténtica del Decreto 109 del 5 de enero de 1990 expedido por el Ministro de Defensa de la época, “[p]or el cual se honra la memoria de unos oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana y se les confiere ascenso póstumo”. En dicho acto administrativo se ascendió de forma póstuma al grado de Capitán, entre otros, a los tenientes Luis Orlando Moreno Mora y Héctor Echeverri Giraldo(25).

2.2.2. Conclusiones probatorias y caso concreto.

De conformidad con el material de convicción allegado al proceso se encuentra plenamente acreditado que la muerte de los dos oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana, tenientes Luis Orlando Moreno Mora y Héctor Echeverri Giraldo, se produjo en un accidente aéreo acaecido el 26 de septiembre de 1987(26), cuando cubrían la ruta Saravena - Carimagua, Arauca, a bordo de la avioneta Cesna 402 de matrícula 5530 de la FAC.

Así mismo, se tiene que en aplicación del Decreto 95 de 1989, se expidió la Resolución 9762 de fecha 12 de diciembre 1989, mediante la cual se dispuso “dar de baja por presunción de muerte con fecha 26 de septiembre de 1989 a los señores Luis Orlando Moreno Mora y Héctor Echeverri Giraldo”, lo anterior, comoquiera que habían pasado más de dos (2) años desde su desaparición. La referida normatividad es del siguiente tenor literal:

“ART. 191.—Desaparecidos. Al oficial o suboficial en servicio activo que desapareciere en combate con el enemigo, en naufragio de la embarcación en que navegaba, en accidente o en cualquier otra circunstancia sin que se vuelva a tener noticia de él durante treinta (30) días, se le tendrá como provisionalmente desaparecido para los fines determinados en este capítulo, declaración que harán las respectivas autoridades militares, previa la investigación correspondiente y de conformidad con reglamentación que expida el gobierno.

PAR.—Si de la investigación que se adelante no resultare ningún hecho que pueda considerarse como delito o falta disciplinaria, los beneficiarios, en el orden establecido el presente estatuto, continuarán percibiendo de la pagaduría respectiva la totalidad de los haberes del oficial o suboficial hasta por un término de dos (2) años. Vencido el lapso anterior, se declarará definitivamente desaparecido, se dará de baja por presunción de muerte y se procederá a reconocer a los beneficiarios las prestaciones sociales ya consolidadas, en cabeza del desaparecido equivalentes a las de muerte en actividad previa alta de tres (3) meses para la formación de la hoja de servicios” (subrayas y resaltados adicionales).

Con fundamento en lo anterior, ha de concluir la Sala que, en cuanto a la muerte de los citados oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana, contrario a lo sostenido en la demanda, la identificación de los cadáveres y la consiguiente inscripción en el correspondiente registro civil de defunción realizada luego de más de trece (13) años, no es un nuevo hecho dañoso diferente al primero, sino que se trata, únicamente, de una consecuencia necesaria de aquél.

Así pues, debe precisarse que el hecho generador del daño se consolidó o se concretó el día 26 de septiembre de 1987, es decir cuando se produjo el accidente aéreo y fallecieron sus ocupantes; cuestión diferente es que, tal y como se señaló en la demanda, los restos mortales sólo fueron identificados en el mes de abril de 1999. Ciertamente, dicho hallazgo de los restos óseos y posterior identificación sólo fue la consecuencia del nefasto accidente aéreo, por manera que el hecho de que los efectos del daño (hallazgo e identificación de cadáveres) se extiendan indefinidamente después de su consolidación, ello no puede evitar que el término de caducidad comience a correr, pues de conformidad con las directrices jurisprudenciales atrás transcritas, el término de caducidad debe comenzar su cómputo una vez se tenga conocimiento del hecho dañoso, el cual para el presente asunto —bueno es insistir en ello—, acaeció el 26 de septiembre de 1987, día en que se produjo el accidente aéreo; sin embargo, comoquiera que la “muerte por desaparecimiento” fue declarada mediante Resolución 9762 expedida el 12 de diciembre 1989, el cómputo de caducidad de los dos (2) años que establece el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, debe contarse a partir del día siguiente al de la expedición de la referida resolución, esto es desde el 13 de diciembre de 1989 y, comoquiera que la demanda se presentó el 6 de diciembre de 2001, se impone concluir que fue interpuesta cuando el término previsto en la ley para ello había fenecido.

A lo anterior conviene agregar la consideración consistente en que los ahora demandantes fueron reconocidos en los procesos prestacionales adelantados ante la entidad demandada como herederos de las personas declaradas muertas por desaparecimiento y, en tal virtud, obtuvieron beneficios económicos como consecuencia de dicha declaratoria, por manera que resulta contradictorio que ahora se pretenda desconocer dichos actos administrativos y restarles toda su eficacia jurídica.

De otra parte, debe precisar la Sala que si bien es cierto mediante auto de fecha 5 de septiembre de 2002, la Sala que integraba esta Sección del Consejo de Estado revocó la decisión proferida por el a quo que declaró la caducidad de la presente acción y, por ende, admitió la demanda, también es cierto que el fundamento para adoptar dicha decisión se basó en la aplicación de los principios pro actione y pro damnato(27); en efecto, en dicha providencia se manifestó que “resulta más conveniente y adecuado que la decisión sobre el particular se adopte al resolver sobre el fondo del asunto”.

Así, en aplicación de tales principios se le garantizó a los demandantes su derecho de acceso a la administración de justicia ante información que le permitió a esta corporación, en aquella oportunidad procesal, considerar que la acción ejercida no estaría caducada y, por consiguiente, optar porque el proceso continúe y sea el fallo, la oportunidad pertinente para absolver ese punto específico, así como los demás tópicos que a lo largo del debate jurídico procesal se planteen y se susciten(28).

En ese mismo sentido y teniendo en cuenta que le corresponde al juez, al momento de dictar sentencia, analizar aquellos presupuestos de la acción que le permitan decidir el fondo del asunto, el tema relacionado con la caducidad de la acción no puede, ni debe entenderse clausurado por virtud de dicho pronunciamiento, toda vez que en aplicación del artículo 364 del Código de Procedimiento Civil:

Cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción, deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda.

Si el juez encuentra probada una excepción que conduzca a rechazar todas las pretensiones de la demanda, podrá abstenerse de examinar las restantes. En este caso, si el superior considera infundada aquella excepción, resolverá sobre las otras, aunque quien la alegó no haya apelado de la sentencia” (resaltado fuera del texto original).

De igual forma, sobre la procedencia de las excepciones de fondo en los procesos adelantados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo, establece:

“En todos los procesos podrán proponerse las excepciones de fondo en la contestación de la demanda, cuando sea procedente, o dentro del término de fijación en lista, en los demás casos.

En la sentencia definitiva se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada.

“Son excepciones de fondo las que se oponen a la prosperidad de la pretensión” (resaltado de la Sala).

De la normatividad en comento se advierte que ante el acaecimiento de la caducidad, dada la naturaleza de la misma, el Juez está facultado para declarar de oficio su configuración e incluso está en el deber de hacerlo, así no hubiese sido objeto de apelación por alguna de las partes. Al respecto, la Sala Plena de esta Sección del Consejo de Estado al definir la competencia del juez de segunda instancia, precisó:

“En este orden de ideas, para la Sala Plena de la Sección Tercera resulta claro —y alrededor de este planteamiento unifica en esta materia su jurisprudencia— que por regla general el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, están llamados a excluirse del debate en la instancia superior, sin perjuicio de los casos previstos o autorizados por la Constitución Política o por la ley, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia(29) de la sentencia como el principio dispositivo, razón por la cual la jurisprudencia nacional ha sostenido que “las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: ‘tantum devolutum quantum appellatum’”(30).

Ahora bien, en relación con la mencionada regla general, según la cual aquellos temas no propuestos en el recurso de alzada estarían llamados a excluirse del conocimiento del juez ad quem, conviene precisar que dicha regla general no es absoluta, puesto que la misma debe entenderse y admitirse junto con las excepciones que se derivan, por ejemplo, i) de las normas o los principios previstos en la Constitución Política; ii) de los compromisos vinculantes asumidos por el Estado a través de la celebración y consiguiente ratificación de Tratados Internacionales relacionados con la protección de los Derechos Humanos y la vigencia del Derecho Internacional Humanitario, o iii) de las normas legales de carácter imperativo, dentro de las cuales se encuentran, a título puramente ilustrativo, aquellos temas procesales que, de configurarse, el juez de la causa debe decretar de manera oficiosa, no obstante que no hubieren sido propuestos por la parte impugnante como fundamento de su inconformidad para con la decisión censurada.

En efecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado en múltiples decisiones ha determinado la operancia del fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción ejercida, así como también ha encontrado acreditada la existencia de la falta de legitimación en la causa —por activa o por pasiva— e incluso la ineptitud sustantiva de la demanda, casos(31) en los cuales ha denegado las pretensiones de la demanda o se ha inhibido de fallar, según el caso, con independencia de si tales presupuestos o aspectos hubieren sido, o no, advertidos por el juez de primera instancia o por alguno de los sujetos procesales, incluido, claro está, aquel que hubiere impugnado la providencia del juez a quo” (resaltados adicionales)(32).

Por consiguiente, todas las razones hasta ahora expresadas servirán de apoyo para revocar la sentencia apelada y, en consecuencia, declarar probada la excepción de caducidad de la acción.

2.4. Condena en costas.

Comoquiera que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca el 9 de octubre de 2003 y en su lugar se dispone:

DECLARAR PROBADA la caducidad de la presente acción. En consecuencia, NEGAR las súplicas de la demanda.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(15) Decreto 597 de 1988.

(16) Al respecto consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 7 de julio de 2005, expediente 14.691 y del 5 de septiembre del 2006, expediente 14228, ambas con ponencia del consejero, doctor Alier Hernández Enríquez, entre muchas otras.

(17) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 7 de septiembre de 2000, expediente 13.126.

(18) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia 18 de octubre de 2000, radicación: 12.228, demandante: Gerardo Pinzón Molano. Posición jurisprudencial reiterada por esta Subsección del Consejo de Estado mediante sentencias proferidas los días 12 de septiembre de 2012, expediente 24.680 y el 30 de enero de 2013, expediente 26.353.

(19) Folios 73 y 89, cdno. 1.

(20) Folios 69 y 90, cdno. 2.

(21) Folios 28 y 71, cdno. 2.

(22) “Por el cual se reforma el estatuto de carrera de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares”.

(23) Folios 35 y 76, cdno. 1.

(24) Folios 111 a 112, cdno. 3.

(25) Folios 192 a 193, cdno. 3.

(26) Toda vez que así lo certificaron los correspondientes registros de defunción de las citadas personas (fls. 73 y 89, cdno. 1)

(27) Al respecto pueden consultarse las providencias de 11 de mayo de 2006, expediente 30.325; de 18 de julio de 2007, expediente 30.512; de 9 de abril de 2008, expediente 33.834, entre muchas otras providencias.

(28) Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto proferido el 27 de febrero de 2013, expediente 38.455, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(29) “En relación con la aplicabilidad del principio de congruencia en lo que corresponde a la resolución del recurso de apelación puede consultarse el pronunciamiento efectuado recientemente por la Sala, mediante providencia fechada en abril 1º de 2009, dentro del expediente 32.800, con ponencia de la señora magistrada Ruth Stella Correa Palacio, en la cual se puntualizó:

“De conformidad con el principio de congruencia, al superior, cuando resuelve el recurso de apelación, sólo le es permitido emitir un pronunciamiento en relación con los aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la potestad del juez en este caso se encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo impugnado en el respectivo recurso y en el evento en que exceda las facultades que posee en virtud del mismo, se configurará la causal de nulidad prevista en el numeral 2º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la falta de competencia funcional”.

(30) “Al respecto, ver por ejemplo, Sentencia de la Corte Constitucional C-583 de 1997”.

(31) “En relación con la caducidad de la acción ejercida, la Sala ha sostenido: ‘El juez está facultado para declarar de oficio la caducidad de la acción cuando quiera que, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, encuentre probados los supuestos que la configuran; al respecto la Sala ha considerado:

‘La caducidad de la acción puede entenderse como la institución jurídico-procesal mediante la cual el legislador, en consideración a la seguridad jurídica y el interés general, establece límites temporales para el ejercicio de las acciones que materializan el derecho de acceso a la administración de justicia. Cuando opera la caducidad se extingue el derecho de acción ‘de manera que si el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho; por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado’. Por ser de orden público, la caducidad es indisponible, irrenunciable y el juez, cuando encuentre probados los respectivos supuestos fácticos, puede declararla de oficio, aún en contra de la voluntad de las partes. La caducidad opera por el sólo transcurso objetivo del tiempo, y su término perentorio y preclusivo, por regla general, no se suspende, no se interrumpe y no se prorroga” [sents. abr. 24/2008, exp. 16.699, M.P. Myriam Guerrero de Escobar y de 30 de agosto de 2006, exp. 15.323, entre muchas otras]”.

(32) Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia proferida el 6 de febrero de 2012, expediente 21.060, con ponencia del magistrado Dr. Mauricio Fajardo Gómez.