Sentencia 2001-01650 de agosto 22 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”

Ref.: Expediente 1989-2010

Consejero Ponente:

Dr. Alfonso Vargas Rincón

Radicación: 130012331000200101650 01

Actor: Candelaria Blanco Díaz

Autoridades nacionales

Bogotá, D.C., veintidós de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Considera

El problema jurídico consiste en establecer si a la actora le asiste el derecho al subsidio de vivienda, en razón a que cumplió con 14 años de aportes a la entidad demandada.

En el proceso, se encuentra probado lo siguiente:

El 10 de septiembre de 1999, la actora, mediante escrito que obra en copia, solicita al director de Prestaciones Sociales de la Armada, información sobre el valor total de ahorros, intereses, subsidio, compensación y cesantías por haber laborado por más de 20 años, en razón a que hacía 4 meses se encontraba disfrutando de su pensión y no había solucionado su problema de vivienda (fl. 42).

Obra a folio 17 certificación expedida por la profesional especializada de afiliados de la Caja Promotora de Vivienda Militar, en la que hace constar lo siguiente:

“Que el (la) señor (a) Blanco Díaz Candelaria identificado (a) cédula de ciudadanía 33120337 perteneciente a ARC-ACT categoría suboficial tiene los siguientes haberes:

Cuotas aportadas: 195 hasta 31 de diciembre de 1998

Ahorros 7%Por valor de672.612
Cesantías recibidasPor valor de3.859.373
Subsidio autorizadoPor valor de0
Intereses generadosPor valor de740.471
CompensaciónPor valor de0
AbonosPor valor de0
Total a su favorPor valor de5.272.546

Son: Cinco millones doscientos setenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos m/legal

Santafé de Bogotá, D.C., octubre 5 de 1999

Hora: 12:16:38

Nota: Tiene derecho a un subsidio equivalente a 49 salarios mínimos del régimen 94 ($ 4.836.300)

Información sujeta a verificación y corrección”.

Posteriormente, la actora presentó escrito de fecha 9 de noviembre de 1999, a través del que autorizó al gerente de la Caja Promotora de Vivienda Militar, el giro correspondiente a subsidio, para la compra de un inmueble a favor de Marqueza Evangelina Bertel de Ramos, por los siguientes valores: ahorros $ 672.612; cesantía $ 3´859.373; subsidio $ 4´836.300; total $ 10.108.756 (fl. 49).

Obra copia del contrato de promesa de compraventa de un inmueble de fecha 9 de noviembre de 1999 entre la señora Marqueza Evangelina Bertel y la actora, por valor de $ 10´500.000 (fl. 12).

El asesor legal de la Caja Promotora de Vivienda Familiar, por oficio de 17 de noviembre de 1999, le informa que la solicitud de devolución de cesantías es correcta (fl. 70).

A folio 71 obra copia de la orden de pago 0120053, de fecha 1º de diciembre de 1999, elaborada por la Caja Promotora de Vivienda Militar a favor de Marqueza Bertel de Ramos, por la suma de $ 4.531.985.

También aparece copia de la escritura de venta 655 de 16 de marzo de 2000, otorgada por Marqueza Evangelina Bertel de Ramos a favor de la actora sobre el inmueble descrito en la promesa de compraventa (fl. 15).

El 10 de agosto de 2000, la actora presentó escrito ante el director de la Caja Promotora de Vivienda Militar para que le informaran qué inconveniente había surgido con respecto a la comunicación de 5 de octubre de 1999, en la que se le manifestó que tenía derecho a un subsidio equivalente a 49 salarios mínimos y anuncia que radicó los documentos de compraventa de vivienda usada y que el giro correspondiente a las 195 cuotas aportadas hasta el 31 de diciembre de 1998 por valor de $ 5.272.456 ya se había hecho efectivo (fl. 19).

En ejercicio del derecho de petición ante el director de la Caja Promotora de Vivienda Militar, suscrito el 19 de abril de 2001, solicita que se aclare su situación, se cancelen sus ahorros y el auxilio de vivienda establecido en el Decreto 353 de 11 de febrero de 1994 (fl. 20).

En respuesta a las anteriores peticiones, la Caja Promotora de Vivienda Militar, el 21 de mayo de 2001 señaló lo siguiente:

“En atención a su solicitud de información contenida en el oficio de la referencia se comunica a usted que la entidad había dado solicitud de desembolso de los haberes que se acreditaban a su favor, según orden de pago 0120053 de diciembre 1º de 1999, que dispone el pago de la suma de $ 4.531.985 m/n por concepto de ahorros y cesantías, a favor de la señora Marquesa Evangelina Bertel de Ramos, por cuenta de la adquisición de un inmueble en la urbanización San Francisco de la ciudad de Cartagena.

Se recuerda a usted por disposición expresa de la Resolución 760 de marzo 5 de 1996, se dispuso su desafiliación y perdida del subsidio, al no haber presentado su solución de vivienda dentro del término establecido por el Acuerdo 9 de 1994, modificado por el Acuerdo 9 de 1994, modificado por el Acuerdo 5 de 1995.

Como se recordara también, no se registra recurso alguno de reposición interpuesto por usted a la citada resolución y su solicitud de desembolso se presentó a la entidad bajo el Nº de radicación 173506 de noviembre 12 de 1999.

Por los anteriores motivos, se informa que no procede la concesión de subsidio a su favor, y no se registran saldos adicionales a su nombre a la entidad”.

Obra a folio 68 constancia suscrita por la jefe de cuentas individuales de la Caja Promotora de Vivienda Militar en la que certifica que la actora es del régimen de transición previsto en el Decreto-Ley 353 de 1994 y que mediante Resolución 760 de 5 de mayo de 1996, fue desafiliada.

Además, obra copia de la orden de pago 0127920, mediante la cual la Caja Promotora de Vivienda Militar, transfiere a la demandante la suma de $ 740.471 pesos por concepto de intereses (fl. 100).

Del subsidio de vivienda

La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía(1) es una empresa industrial y comercial del estado del orden nacional, vinculada al Ministerio de Defensa Nacional cuyo objeto es promover entre sus afiliados (miembros-Fuerzas Militares y Policía Nacional), la adquisición de vivienda propia, mediante la entrega de subsidios y el fomento al ahorro voluntario.

Las normas que regulan a esta entidad están contenidas en las siguientes disposiciones Decreto 3073 de 1968(2), Decreto 2182 de 1984(3), Decreto-Ley 353 de 1994(4), Ley 973 de 2005(5), y en la Ley 1305 de 2009(6).

El Decreto-Ley 353 de 1994 que aplica a este asunto, en su artículo 14 establece cuáles son los afiliados de la caja, distinguiéndolos entre forzosos, voluntarios y vinculados. Los primeros son los oficiales o suboficiales de las Fuerzas Militares y el personal civil al servicio o que se encuentre devengando asignación de retiro o pensión y los servidores públicos al servicio de la caja. Los voluntarios son el cónyuge o compañero permanente sobreviviente de cualquiera de las personas mencionadas, que manifieste su deseo de afiliación, dentro de los tres meses siguientes al reconocimiento como beneficiario del causante, y que disfrute de sustitución pensional (art. 15).

Y por último, los vinculados son los oficiales, suboficiales, miembros del nivel ejecutivo, agentes y personal no uniformado de la Policía Nacional, en virtud de contrato de prestación de servicios, celebrado entre esta institución y la caja (art. 16).

Según el artículo 18, los afiliados forzosos, aportan un 7% de la asignación básica mensual que se registra en una cuenta individual, el ahorro obligatorio de los retirados que devengan asignación de retiro es del 4.5% de la que perciba mensualmente. Además autorizó a la junta directiva para establecer hasta un 10% de la asignación básica mensual como ahorro obligatorio a quienes se afilien con posterioridad a la promulgación de esta normativa.

Tales aportes generan un interés, el cual no puede ser inferior a la corrección monetaria. Los intereses acumulados sólo se entregan cuando el afiliado o vinculado cumpla el requisito de antigüedad para obtener vivienda. Además, una vez abonados los intereses, pueden registrarse excedentes, los cuales se distribuyen por la junta directiva entre el afiliado o vinculado y la caja, con destino a su funcionamiento (art. 22).

El artículo 23, señala que la caja compensará a sus afiliados los ahorros acumulados y se exceptúan quienes a 31 de diciembre hayan cumplido 14 años de afiliación o vinculación los cuales para ese efecto, quedarán sujetos al régimen de transición previsto en el artículo 26.

El artículo 24, señala la cuantía de los subsidios fijados para oficiales hasta 140 salarios mínimos legales, suboficiales 80 y agentes 70 salarios. El subsidio será concedido por solo una vez, y entregado previa comprobación de que será invertido para adquisición de vivienda. El plazo para acceder será determinado por la junta directiva de la Caja Promotora de Vivienda Familiar, previa aprobación del Gobierno Nacional.

El artículo 25, establece como requisitos para acceder al subsidio: carecer de vivienda propia y a partir del decreto no efectuar retiros parciales o totales de cesantías, hasta el momento de la adjudicación del subsidio y obtener solución de vivienda.

El artículo 26 contempla el régimen de transición con el fin de facilitar el acceso a vivienda de quienes hayan cumplido 14 años de afiliación o vinculación.

Posteriormente mediante Decreto 1843 de 3 de agosto de 1994, normativa por la que se adopta el estatuto interno de la Caja Promotora de Vivienda Militar, en su artículo 47 estableció que de conformidad con el artículo 26 del Decreto-Ley 353 de 1994 a los afiliados que lleven 14 años o más de afiliación a 31 de diciembre de 1994 se les aplicará lo dispuesto en el Acuerdo 9 de 28 de marzo de 1994, proferido por la junta directiva de la Caja Promotora de Vivienda Militar.

Así mismo se observa que en el artículo 39 se establecen los requisitos para acceder a la solución de vivienda, entre ellos:

1. Acreditar 14 años de afiliación o término que modifique la junta directiva con aprobación del Gobierno Nacional.

2. Manifestar por escrito la aceptación o no de vivienda propuesta por la caja o en su defecto presentar su propia solución.

El Acuerdo 9 de 28 de marzo de 1994, por el cual se desarrolla el régimen de transición, señala en su artículo 2º que se aplica a los afiliados que a 11 de febrero de 1994, registren 14 o más años de afiliación o que en el lapso de 12 de febrero a 31 de diciembre de 1994, cumplan ese tiempo.

En su artículo 3º establece que los subsidios se determinan así:

Categoría oficial 121 SMLV

Categoría suboficial 49 SMLV

Categoría agente 41 SMLV

En su parágrafo determina que el subsidio será reconocido por la gerencia, previa autorización de la junta directiva.

En su artículo 5º señala las condiciones generales para reconocer subsidio, así:

“a) por una sola vez al núcleo familiar

b) De acuerdo con la disponibilidad presupuestal

c) En estricto orden del listado integrado de antigüedad de afiliación que hace parte integral del presente acuerdo y teniendo en cuenta las modificaciones que posteriormente se introduzcan según lo establecido en el parágrafo 2º del artículo.

d) utilización exclusiva en la adquisición de vivienda, lo cual será acreditado por el afiliado y vinculado.

e) aceptación escrita del afiliado o vinculado de la solución ofrecida por la caja o en caso de soluciones propuestas por el afiliado o vinculado, presentación de una certificación en la que conste que se encuentra en proceso la adquisición de vivienda, indicando el valor y las condiciones de financiación. En este último evento para recibir el subsidio, el afiliado o vinculado deberá presentar escritura pública”.

Y en su artículo 9º, establece que los afiliados y vinculados que no acepten solución de vivienda durante la vigencia del régimen de transición en los términos del acuerdo y antes de 31 de diciembre de 1995, quedarán desafiliados y en consecuencia se les devolverán sus ahorros acumulados actualizados aplicando una tasa del 18% anual.

Caso concreto

De la normativa que regula el subsidio de vivienda se tiene que es un beneficio de origen legal y se paga a cada afiliado de la caja, cuando cumpla los requisitos establecidos, así: no tener vivienda propia y no efectuar a partir del Decreto 353 de 1994 retiros de cesantías hasta el momento de la adjudicación del subsidio.

Además esta misma normativa estableció que quien a su entrada en vigencia cumpliera 14 años de aportes o a 31 de diciembre de 1994 completara este término, se le aplicaría el régimen de transición.

El régimen de transición, fue regulado por la junta directiva de la Caja de Vivienda Militar y de Policía y se estableció el procedimiento para la solución de vivienda de los afiliados.

Significa que los afiliados que estaban en régimen de transición, además de haber aportado obligatoriamente 168 cuotas de afiliación mensuales debían acoger alguna de las propuesta de vivienda que mediante el acuerdo formuló la caja o proponer su solución de vivienda y hacer efectivo el subsidio, cumpliendo un trámite administrativo reglado por la junta directiva de la caja, que se debían agotar como plazo máximo hasta el 31 de diciembre de 1995.

Se observa de la certificación allegada al proceso que la actora aportó más de 168 cuotas y que es beneficiaria del régimen de transición.

Para efectos de solucionar su problema de vivienda, celebró promesa de compraventa con la señora Marqueza Bertel de Ramos, el 9 de noviembre de 1999, para adquirir la casa lote con matrícula inmobiliaria 060-70559 de la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Cartagena.

Ese mismo día, autorizó al gerente de la Caja Promotora de Vivienda Militar, para que realizara el giro correspondiente a subsidio, por la compra de un inmueble a favor de Marqueza Evangelina Bertel de Ramos, por los siguientes valores: ahorros $ 672.612; cesantía $ 3´859.373; subsidio $ 4´836.300; total $ 10.108.756.

El giro únicamente se realiza por el valor de las cesantías y ahorro de la actora sin incluir el concepto subsidio, tal como se aprecia de la orden de pago 0120053, de fecha 1º de diciembre de 1999, elaborada por la Caja Promotora de Vivienda Militar a favor de Marqueza Bertel de Ramos, por la suma de $ 4.531.985.

La actora no se pronunció respecto a que la transferencia no incluía el subsidio, y así procedió el 16 de marzo a protocolizar la compraventa del inmueble con la escritura pública 655 en la Notaría Segunda del Círculo de Cartagena.

De lo probado en el proceso se colige que previo a la constitución de la escritura no demuestra haber solicitado a la entidad subsidio alguno, pues con el escrito del 10 de septiembre de 1999, solicita una constancia de aportes y solo con las peticiones de 10 de agosto de 2000 en la que manifiesta haber radicado los documentos de la compra del inmueble y de 19 de abril de 2001 reclama a la administración la no concesión del subsidio.

De lo anterior se deduce que la actora no reunía los requisitos para ser beneficiaria del auxilio, pues no cumplió con las condiciones requeridas para su otorgamiento, entre ellas presentar la propuesta de vivienda con la certificación de adquisición de la misma hasta el 31 de diciembre de 1995, según lo establece el artículo 9º del Acuerdo 9 de 1994, razón por la cual no fue beneficiada con el mismo y la entidad mediante Resolución 760 de 5 de marzo de 1996, la desafilió.

Está demostrado claramente que la actora perdió la posibilidad de darle solución a su problema de vivienda a través de los diferentes mecanismos que ofrecía la caja promotora, al no haber aceptado, acogido o propuesto alguna solución de vivienda a 31 de diciembre de 1995; sin embargo, esta situación conlleva a que se devuelvan los aportes que durante más de 14 años realizó a la entidad y se observa con respecto a este punto que la actora autorizó al gerente de la entidad a efectuar su pago el que fue consignado a satisfacción mediante la orden 0120053 de 1º de diciembre de 1999, que por concepto de ahorro obligatorio giró el valor de 672.612 pesos y también que hubo devolución de los intereses a través de la orden 0127920 de 24 de marzo de 2000 por la suma de $ 740.471.

Por último, la Sala comparte el concepto del Ministerio Público en cuanto a que no puede pronunciarse respecto al acto de desafiliación de la actora, porque no fue objeto de controversia.

Por las anteriores razones debe confirmarse la sentencia de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia proferida el 29 de abril de 2010 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que negó las súplicas de la demanda.

RECONÓCESE personería al doctor Joan Marlon Contreras Contreras, apoderado de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía en los términos y efectos otorgados en el poder que obra a folio 243 del expediente.

Cópiese, notifíquese y ejecutoriada, archívese el expediente.»

(1) La Ley 87 de 26 de diciembre de 1947, en su artículo 1º creó la Caja de Vivienda Militar) cuya finalidad esencial era la de proveer a los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y al personal de empleados civiles de carácter permanente del ramo de guerra, de habitaciones higiénicas, cómodas y económicas (art. 2º).

(2) “Por el cual se reorganiza la Caja de Vivienda Militarestableció en su artículo 3º que los afiliados forzosos de la referida caja, era el personal al servicio de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional que carezca de vivienda propia.

(3) “Por el cual modifica el Decreto-Ley 3073 de 1968, reorgánico (sic) de la Caja de Vivienda Militar y se dictan otras disposiciones” modificó el artículo 3º del Decreto 3073 en cuanto enlistó a los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y empleados públicos al servicio del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.

(4) “Por el cual se modifica la caja de vivienda militar y se dictan otras disposiciones”.

(5) “Por la cual se modifica el Decreto-Ley 353 del 11 de febrero de 1994 y se dictan otras disposiciones”.

(6) “Por medio de la cual se modifica el Decreto-Ley 353 del 11 de febrero de 1994, se adiciona la Ley 973 del 21 de julio de 2005, y se dictan otras disposiciones”.