Sentencia 2001-01675 de noviembre 28 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad. 680012315000200101675-02

Nº Interno: 18694

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Demandante: Corporación Social Recreativa y Deportiva Unión

Demandado: UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Asunto: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Renta 1996

Bogotá, D.C., veintiocho de noviembre de dos mil trece.

Fallo

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la demandante contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander que negó las pretensiones de la demanda.

En los términos del recurso, la Sala decidirá si los actos administrativos demandados son nulos por violar el artículo 738-1 del estatuto tributario.

Para resolver, la Sala parte de los siguientes hechos no discutidos:

— La corporación demandante solicitó al Comité de Entidades sin Ánimo de Lucro la calificación de los egresos efectuados en el año gravable 1996, con fundamento en el artículo 363 del estatuto tributario.

— Mediante la Resolución 000049 del 5 de septiembre de 1997, el Comité de Entidades sin Ánimo de Lucro resolvió no otorgar la calificación del artículo 363 del estatuto tributario, por el año 1996, y declaró que la demandante no era contribuyente del régimen tributario especial. (fls. 25-28 cdno. de anexos)

Del silencio administrativo

Según la demandante, los actos demandados son nulos, por violación del artículo 738-1 del estatuto tributario, toda vez que no tuvo en cuenta que este último artículo dispone que el término con que cuenta la administración tributaria para resolver las solicitudes de revocatoria directa es de un año, contado a partir de la solicitud.

En el caso, dijo que se configuró el silencio administrativo positivo en relación con la solicitud de revocatoria directa que presentó contra la Resolución 0049 de 1997, proferida por el Comité de Entidades sin Ánimo de Lucro.

La Sala parte de reiterar que las disposiciones que en materia de silencio administrativo consagra el estatuto tributario (arts. 732 y 734(1)) son de carácter especial y de observancia en los procesos de determinación de impuestos e imposición de sanciones por parte de la UAE DIAN(2).

Igualmente, la sección ha considerado que la normativa especial del estatuto tributario, contenida en los artículos 732 y 734 del estatuto tributario, no se aplica a los actos administrativos expedidos por el Comité de Entidades sin Ánimo de Lucro, atendiendo no solo lo antes expuesto, sino a la naturaleza jurídica, conformación y funciones del comité, cuyas facultades, de acuerdo con el literal b) del artículo 363 del estatuto tributario(3), se circunscriben a la calificación de los egresos y la procedencia del beneficio neto, sin atribuciones de determinación de gravámenes, las que corresponden a la DIAN.

Así, los actos expedidos por el mencionado comité para resolver las solicitudes de calificación, al no existir un procedimiento especial, siguen las regulaciones generales contenidas en el Decreto 01 de 1984, concretamente, en materia de recursos y silencio administrativo, en el que se sienta el principio general del efecto negativo.

Lo anterior se corrobora si se observa que la notificación, así como los recursos y, en general, el agotamiento de la vía gubernativa, respecto a los actos expedidos por el comité, se sigue el procedimiento general del Decreto 01 de 1984 y no el especial del estatuto tributario, como lo evidencia la Resolución 000049 del 5 de septiembre de 1997, que resolvió acerca de la solicitud elevada por la demandante, en la que se indicó que contra la misma procedía el recurso de reposición conforme con los artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984.

En esa medida, teniendo en cuenta que el Decreto 01 de 1984 no señala el silencio administrativo positivo para los actos del Comité de Entidades sin Ánimo de Lucro, por el contrario, se entiende negativo, no hay lugar a reconocer su existencia como lo sugirió la demandante.

Adicionalmente, el artículo 72 del Decreto 01 de 1984 dispone que la petición de revocación del acto administrativo no revive los términos legales para el ejercicio de las acciones contencioso administrativas, ni da lugar a la aplicación del silencio administrativo, razón de más para negar lo pretendido por el actor, al no estar probada la violación del artículo 738-1 del estatuto tributario.

Finalmente, el apelante dijo que el tribunal a quo no dijo nada sobre la exclusión de la renta presuntiva y la liquidación del anticipo, y que solo se limitó a referirse al silencio administrativo.

En este aspecto, la Sala le haya la razón a la DIAN, en cuanto a que la demandante no agotó la vía gubernativa frente a la violación de los artículos 356, 357, 358 y 807 del estatuto tributario.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 135 del Decreto 01 de 1984(4), la Sala ha sostenido que ante la jurisdicción no pueden plantearse hechos nuevos frente a los expuestos en la vía gubernativa, aunque sí mejores argumentos de derecho respecto de los mismos(5).

En efecto, revisado el recurso de reconsideración interpuesto contra la liquidación oficial de revisión 040642000000005 del 7 de marzo de 2000(6), el representante legal de la corporación actora centró su inconformidad solo frente al hecho de que el acto oficial no reconoció la validez del silencio administrativo que recayó sobre la solicitud de revocatoria directa formulada en contra de la Resolución 49 de 1997. Y, por el contrario, nada dijo sobre los valores modificados por la DIAN, respecto de la declaración privada del impuesto sobre la renta del año 1996 presentada por la parte actora, y, en especial, sobre la violación de los artículos 356, 357, 358 y 807 del estatuto tributario.

En consecuencia, mal podría la demandante, en esta oportunidad, cuestionar aspectos frente a los que la DIAN no tuvo oportunidad de ejercer el derecho de defensa y contradicción en el curso de la discusión administrativa.

En esa medida, al no advertirse la violación del artículo 738-1 del estatuto tributario, la Sala confirmará la sentencia apelada que negó la nulidad de los actos administrativos demandados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia apelada.

2. RECONÓCESE personería al abogado Yumer Yoel Aguilar Vargas, como apoderado de la UAE DIAN, en los términos del poder que le fue otorgado.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

(1) ART. 732.—Término para resolver los recursos. La administración de Impuestos tendrá un (1) año para resolver los recursos de reconsideración o reposición, contado a partir de su interposición en debida forma.

ART. 734.—Silencio administrativo. Si transcurrido el término señalado en el artículo 732, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el recurso no se ha resuelto, se entenderá fallado a favor del recurrente, en cuyo caso, la administración, de oficio o a petición de parte, así lo declarará.

(2) Sentencias del 12 de septiembre de 2002, Exp. 12750, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié y del 23 de enero de 2006, Exp. 14936, C.P. María Inés Ortiz Barbosa.

(3) ART. 363.—Funciones del comité. Son funciones del comité previsto en el artículo anterior, las siguientes:

b. Sin perjuicio de la facultad de fiscalización de la administración tributaria, calificar la procedencia de los egresos efectuados en el periodo gravable, y la destinación del beneficio neto o excedente a los fines previstos, para las entidades cuyos ingresos en el año respectivo sean superiores a cien millones de pesos ($ 100.000.000) o sus activos sobrepasen los doscientos millones de pesos ($ 200.000.000) el último día del año fiscal. (Valores año base 1988)

(4) De acuerdo con el artículo 135 del Decreto 01 de 1984, cuando se pretenda la nulidad de un acto particular, que ponga término a un proceso administrativo, y se restablezca el derecho del actor, se debe agotar previamente la vía gubernativa mediante acto expreso o presunto por silencio negativo.

(5) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié. Bogotá, D.C., 26 de septiembre de 2007. Rad. 25000-23-24-000-2001-00082-01. Número interno: 14847. Actor: Banco Granahorrar. Demandado: Superintendencia Bancaria.

(6) Folios 141 a 143 del cuaderno de anexos.