Sentencia 2001-01692/30036 de abril 15 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente (E):

Dr. Hernán Andrade Rincón

Rad.: 520012331000200101692 01 (30.036), acumulado con el proceso 520012331000200200967 01 (28.590)

Actor: Patrocinio Delgado Dejoy y otros

Demandado: La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

Ref.: Apelación sentencia de reparación directa

Bogotá, D.C., abril quince de dos mil quince.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Se procede a resolver los recursos de apelación interpuestos(16) por la parte demandante contra las sentencias proferidas en primera instancia(17), los días 12 de marzo y 10 de septiembre de 2004, mediante las cuales se denegaron las pretensiones de las demandas en ambos procesos.

1. El material probatorio que obra en los procesos acumulados:

1.1. Copia auténtica del registro civil de defunción del señor Elkin Dorian Delgado Cerón, en el cual consta que su deceso se produjo el día 24 de julio de 2000(18).

1.2. Copia auténtica del registro civil de defunción del señor Julián Andrés Martínez Erazo, en el cual consta que su deceso se produjo el día 24 de julio de 2000(19).

1.3. Copia simple del proveído de fecha 13 de febrero de 2001, dictado por la Policía Nacional, mediante la cual se ordenó el archivo de la investigación preliminar que se adelantó por la muerte del teniente Julián Andrés Martínez Erazo(20) —Oficial que comandó el operativo en el Municipio de La Cruz (vereda Plazuelas) el día 24 de julio de 2000—, con base en lo siguiente:

“De las múltiples pruebas recaudadas se puede establecer, sin lugar a dudas que el entonces Comandante del grupo de Reacción y Control, ubicado en el Municipio de La Cruz, teniente Martínez Erazo Julián Andrés, actuó por su propia cuenta, sin la autorización ni el conocimiento por parte del Comando del Departamento de Policía de Nariño, llevando a cabo el operativo de Plazuelas, con total desconocimiento de los procedimientos y jerarquías de la institución y solicita refuerzos cuando ya la situación era dominada por los subversivos, siendo que el personal que llegó posteriormente actuó de manera valerosa para propender sacar a los sobrevivientes que aún se encontraban emboscados.

Por otra parte, el oficial Martínez Erazo Julián, no constató debidamente las informaciones, ni adelantó trabajos de inteligencia adecuados a la magnitud del operativo que se proponía llevar a cabo, todo lo cual generó las consecuencias en pérdidas humanas y materiales ya conocidas, debido al apresuramiento del oficial, así como a la ausencia de estrategias apropiadas. De allí la desproporción en armamento, en número de efectivos y obviamente en pérdidas frente a los insurgentes.

Si bien todas las pruebas conducen a señalar que en efecto, existió responsabilidad del oficial a cargo del operativo, teniente Martínez Erazo Julián Andrés, al actuar con ligereza y sin preparación suficiente, amén de la falta de conocimiento y más aún, de la autorización del Comando del Departamento de Policía Nariño, para efectuar la acción, esta investigación deberá archivarse por expresa disposición de la Ley que rige la materia toda vez que el oficial falleció en el desarrollo de los acontecimientos”(21) (Negrillas de la Sala).

1.4. Copia simple del informe de novedad 347 de julio 25 de 2000, a través del cual el Departamento de Policía de Nariño narró lo siguiente:

“230700: Aproximadamente a las 17:00 horas el señor TE Julián Andrés Martínez Erazo, en compañía Del Ag Criollo Cancimanci Nelson Víctor, PT Villota V. Edwin y otros en traje de civil, se desplazaban dentro del casco urbano de La Cruz al recibir información sobre presencia guerrillera en fincas de los informantes (…).

240700: A las 03:00 horas del Municipio de La Cruz sale el TE Martínez a San Pablo a recoger al TE Quiroz, agrupándose ambas unidades contraguerrillas nuevamente en La Cruz, en donde, a las 06:00 horas inician un recorrido que comprende Plazuelas, Belén, acá tanquean y regresan a plazuelas, cinco kilómetros antes van preguntando sobre la ubicación de sus compañeros, haciéndose pasar por guerrilleros hasta obtener información del sitio exacto … reanudan la marcha en los vehículos y aproximadamente un kilómetro antes se apean y continúan a pie hasta hacer contacto con el grupo insurgente y se inicia el enfrentamiento aproximadamente a las 08:00 horas.

A las 09:30 horas establecen comunicación con el Comando del Departamento, ordenándose el apoyo, llegando a las 12:30 horas, incluido un helicóptero Halcón Negro, un Huges 500 y un UH-I1 repotenciando, todos equipados con armamento.

A las 13:00 horas mientras se aproximan los apoyos Policiales estos son emboscados y se reanuda el combate, mueren el intendente Jairo Clemente Criollo Yaqueno y el CP Menandero Guerrero Gómez. A las 15:00 Hr se presentan las unidades contraguerrillas del Ejército al Mando del señor Sargento Segundo Gonzalez, componentes del Batallón ‘Batalla de Boyacá’ de la ciudad de Pasto.

16:30 horas se recibe apoyo aéreo de tres helicópteros: un Arpia de la Fuerza Aérea, un HUGES 500 y Black Hawks de la Policía, este con el fin de transportar el apoyo del Ejército al mando del TC Naranjo Arcesio, Comandante del Batallón ‘Batalla Boyacá’ y evacúa heridos. Igualmente se contó con el avión Fantasma desde las 17:00 horas hasta las 18:30 retira el apoyo aéreo.

18:30 horas, simultáneamente se percibe la retirada de los insurgentes y a las 19:00 horas terminan los combates. En tanto se producía el enfrentamiento, también se iban evacuando heridos y muertos.

21:20 horas. Regreso de las Unidades Policiales a San Juan de Pasto.

Resultados

Personal fallecido: En el enfrentamiento inicial

TE. Martínez Erazo Julián Andrés

(…)

AG. Delgado Cerón Elkin

“...(…)…”(22) (negrillas y subrayas adicionales).

Dentro del aludido informe se indicó que en el primer ataque subversivo fallecieron nueve agentes del Estado y otros siete resultaron heridos. Que en el segundo ataque, perpetrado contra el personal de apoyo, murieron tres integrantes de la Policía Nacional y siete más resultaron heridos.

1.5. Copia autenticada del protocolo de necropsia practicada al cadáver del policía Elkin Dorian Delgado Cerón, dentro del cual se concluyó que falleció por heridas causadas por arma de fuego(23).

1.6. Copia autenticada del protocolo de necropsia practicada al cadáver del teniente Julián Andrés Martínez Erazo, en el cual consta que falleció por las heridas que le propinó un artefacto explosivo(24).

1.7. Extracto de la hoja de vida del agente Elkin Dorian Delgado Cerón, quien según dicho documento ingresó a la Policía Nacional el día 27 de julio de 1989 como agente Alumno y su retiro de la entidad se produjo el día 24 de julio de 2000, con el cargo de agente(25).

1.8. Extracto de la hoja de vida del señor Julián Andrés Martínez Erazo, quien según dicho documento ingresó a la Policía Nacional el día 18 de enero de 1993 como Cadete y Alférez y su retiro de la entidad se produjo el día 24 de julio de 2000, con el cargo de teniente y como consecuencia de su muerte en servicio activo(26).

1.9. Copia de la Resolución 1974 de noviembre 15 de 2000, por medio de la cual se reconoció y ordenó el pago de una pensión mensual por muerte a la cónyuge e hijo del agente Elkin Dorian Delgado Cerón(27).

1.10. Copia de la Resolución 2418 de diciembre 26 de 2000, por medio de la cual se reconoció y ordenó el pago de una pensión mensual por muerte a la cónyuge e hijo del teniente Julián Andrés Martínez Erazo, quien según dicho acto administrativo falleció en servicio activo(28).

1.11. Declaración del señor Jaime Carrascal Bonilla, quien expuso(29):

“(…) nosotros fuimos a apoyar, una patrulla de la Policía Nacional, que había sido emboscada en horas tempranas del día o de la mañana, en el sector conocido como Plazuelas, jurisdicción de la Cruz Nariño, en el desplazamiento en lo personal, no tenía mucha información de lo sucedido en el sector, cuando las patrullas de la SIJIN llegaron cerca al lugar de donde había sido la emboscada, encontramos un vehículo o dos quemados, no me acuerdo muy bien, me acuerdo que era un camión Ford 50, donde generalmente se desplazaban las patrullas, que para esa época se llamaban Ureco (unidad de reacción y control) debido a eso, el señor capitán Junto Bautista que estaba al mando de la operación y al mando de la operación de la Sijin ordenó parar el desplazamiento, y seguir a pie, sin embargo, fue poco lo que logramos caminar porque al parecer había información de que los subversivos estaban emboscados cerca al lugar donde nosotros estábamos, en lo personal, yo avancé, por la carretera y pocos minutos después, fui alcanzado por un proyectil, que hizo blanco en la región maxilar inferior lado derecho por lo que fui sacado del lugar, para recibir primeros auxilios en el municipio de la Cruz, de ahí fui, al Hospital Departamental y de ahí remitido nuevamente al Hospital Central de la Policía Nacional en Bogotá (…)”.

1.12. Declaración del señor Segundo Alfredo Enríquez Jurado, quien expresó(30):

“(…) notificaron por radio a todo el personal de la SIJIN que de inmediato nos trasladáramos a la base del departamento central … con el fin de apoyar a una contraguerrilla que había sido emboscada por el lado de Plazuelas … el señor Capitán me asignó un vehículo, diciendo que ahí íbamos cinco personas … la misión que nos dieron era que ese vehículo iba de avanzada hasta el cruce de vehículos, y que atrás iba el resto de las patrullas de la Policía, este operativo estaba coordinado por el Coronel Torres Comando operativo de ese tiempo, salimos para el lugar y ya en el sitio de Plazuelas, se arrimaron las patrullas, y nos informaron que a unos veinte minutos de ahí, hacia dentro, estaban los camiones o los vehículos de la policía, estaban quemados y habían unos agentes ya muertos, los helicópteros que se encontraban en ese momento le dieron la orden al capitán ruales y Junco, que estaban en tierra, para que entráramos, y que los helicópteros nos respaldaban sobre la parte aérea, ya recibida la orden el señor Capitán Ruales, sigue en su vehículo, yo sigo en el vehículo de segundo y las otras patrullas en la parte de atrás, ya en el sitio de los hechos se miraron los vehículos incinerados y los agentes muertos (…)”.

En similar sentido declaró otro integrante de la SIJIN, señor Marcos Fidel Serje Navas, quien sirvió de personal de apoyo al primer grupo de agentes de Policía que resultó emboscado por el grupo armado insurgente(31).

1.13. Declaración del señor José Efrén Bolaños Jurado, quien formó parte del grupo de policías entre los cuales se encontraba la víctima directa del daño; dicho testigo narró(32):

“Nosotros estábamos en San Pablo al mando del teniente Quiroz, en la noche él recibió una llamada, del teniente Martínez, que estaba en la Cruz, posteriormente el teniente Quiroz nos informó que el teniente Martínez, le había dicho que debíamos ir a la Cruz, para salir a hacer un operativo. Al día siguiente salimos a la madrugada con destino a la Cruz, ya en la Cruz recibí una instrucción por parte de teniente Martínez, y nos comunicó qué era lo que íbamos a hacer. Nos dijo que teníamos que ir a Plazuelas, un poco más arriba, había una casa donde habían unos guerrilleros que eran dos, aproximadamente salimos al lugar. Llegamos aproximadamente como a las ocho de la mañana, al lugar y comenzó el enfrentamiento, ya nos emboscaron, en número había sido mucho más elevado que lo que nos había dicho el teniente. Ahí cayeron como trece compañeros aproximadamente, entre ellos oficiales, y suboficiales, sargentos y patrulleros (…)” (Se destaca).

1.14. Prueba trasladada.

Al proceso con radicación 30.036 se allegó copia de la investigación preliminar que se adelantó por los hechos ocurridos el día 24 de julio de 2000 en el Municipio de La Cruz, Nariño, cuya valoración probatoria en este litigio resulta procedente, toda vez que fue adelantada por la propia entidad demandada. Dentro de dicha prueba trasladada obran unas versiones —libres y espontáneas—, las cuales no serán acogidas por cuanto fueron recepcionadas sin la formalidad del juramento(33). También obran las declaraciones de algunos de los agentes del Estado que participaron el operativo policial en el que lamentablemente perdieron la vida más de 10 agentes del Estado, entre ellos, el teniente Julián Andrés Martínez Erazo y el agente Elkin Dorian Delgado Cerón; de tales testimonios se destacan los siguientes:

1.14.1. Declaración del señor José Gabriel Passaje Palacios, quien narró:

“Desde el día 13072000 fui trasladado a la Unidad de Reacción y Control Venus que se encontraba en ese fecha en la población de San Pablo (N) al mando del señor TE. Quiroz Ortiz Cesar Enrique, el día 22 de julio del presente año el mencionado Oficial ordenó al personal de la Urreco Venus formación a las 03:00 horas, en esta formación ordenó que debíamos hacer desplazamiento hasta la población de la cruz (N) donde debíamos reunirnos con la contraguerrilla que se encontraba en ese lugar al mando del señor TE. Martínez Erazo Julián Andrés, estando allí, a las 05:00 horas se ordenó un desplazamiento hasta un sitio denominado Escandoy donde el segundo oficial mencionado había obtenido informaciones de cultivos de amapola y existían unos vehículos hurtados, a este sitio llegamos por camino de herradura aproximadamente a las 08:00 horas, en este lugar se destruyó un cultivo de amapola y no se ubicó vehículos ni se retuvo personas, de todas maneras estando los dos oficiales yo le manifesté al señor TE. Martínez que estos desplazamientos eran de riesgo y que debía existir conocimiento por parte de los Comandos Superiores y él me contesto que ellos (refiriéndose a él y el teniente Quiroz) que podían disponer desplazamientos en la zona, a lo cual el señor TE. Quiroz no refuto nada, ese mismo día se obtuvieron informaciones por parte de los moradores de ese sector que dos días antes en dicho lugar había hecho presencia los guerrilleros y que de allí habían partido para los lados de Tajumbina, ya estando de regreso en la Cruz en este lugar el mencionado teniente Martínez pretendía hacer desplazamiento hacia Tajumbina, ante lo cual el personal le dijimos que no era conveniente porque ya era medio día y nos encontrábamos cansados, por lo que dicho oficial desistió de esta actividad, el personal que nos encontrábamos al mando de mi teniente Quiroz regresamos a San Pablo, donde llegamos en horas de la tarde de esta fecha y nos dispusimos a cubrir la seguridad de la localidad y turnarnos a descansar. Al día siguiente como al medio día el señor teniente Quiroz me manifestó que lo había llamado el señor TE. Martínez por teléfono ordenándole que al día siguiente 24 de julio en horas de la madrugada nos esperaba en la población de la Cruz a la misma hora del día 22 de julio, con el fin de realizar un patrullaje al sitio de Tajumbina, a lo cual mi teniente Quiroz se mostraba como inconforme por el riesgo que podíamos correr, pero que debía cumplir la orden porque mi teniente Martínez era más antiguo y él siempre era sumiso a la órdenes de mi teniente Martínez … el día 24072000 a las 04:00 horas hizo presencia en la Estación San Pablo el señor teniente Martínez con un personal de su contraguerrilla porque su vehículo ya se lo habían arreglado y ordenó levantarnos uniformados y portar el armamento y munición completa para cumplir un servicio … el señor teniente Quiroz reportó por radio que su vehículo se había barado por lo que el señor teniente Martínez ordenó bajarnos y seguir a pié, quedando los vehículos en ese lugar, avanzamos en carrera siguiendo a los primeros, yo iba ya en ese momento con el señor teniente Quiroz, Patrulleros Piapuerzan y Bolaños y al haber avanzado aproximadamente unos 200 metros de donde quedaron los vehículos fue impedido nuestro paso por ráfagas de disparos dirigidos a nosotros de ambos lados de la vía (al fondo y cerca a la casa ya se encontraba el señor teniente Martínez y otro personal) y se observaba las explosiones que levantaban la tierra y disparos en cantidad (…)”(sic)(34) (se destaca).

1.14.2. Declaración del señor Javier Ignacio Benavides Azza, quien sostuvo:

“(…) para desplazarnos al sitio en si no estábamos muy preparados, porque no conocíamos para ese sector, la información para mí que era doble, o sea que el señor que nos informó de pronto era amigo de la guerrilla, porque estaba todo preparado para esperarnos, a mi teniente se le dijo que se pida mas apoyo antes de salir, y el me dijo si pues voy a informar a todo el mundo hasta el pentágono, y le dijimos que si había hablado a los comandos y él dijo que él era autónomo para los desplazamientos … cada guerrilla estaba compuesta por muy poco personal, o sea quince hombres cada una, ese día, salieron dos tenientes, cuatro suboficiales, y diecinueve agentes, y allí eran dos contraguerrillas, los vehículos fallaban mucho … no se hizo reconocimiento de la zona, ni se informó a los superiores para que se hiciera inteligencia por esos sitios, o se preparara el operativo con más personal, y con más medidas de seguridad, porque el teniente sólo hizo unas líneas que nadie entendió exactamente el sitio, y sobre todo que esa zona es exclusiva de la guerrilla por la gran cantidad de subversivo por eso no queríamos salir de esa manera pero el teniente lo ordenó (…)”(sic)(35) (Se destaca).

1.14.3. Declaración del señor Oscar Emilio Tumal Getial, cuya narración de los hechos coincide con lo expuesto por sus compañeros; al preguntársele al testigo acerca de si el teniente que dirigía uno de los grupos de contraguerilla había informado a los mandos superiores sobre el operativo, el declarante respondió:

“El en ningún momento informó a los superiores, no se pidió apoyo con anticipación, no se hizo labores de inteligencia, se procedió con la información que se le había dado al teniente Martínez, y cuando mi teniente Quiroz le preguntó al teniente Martínez, si sabían los mandos el contestó que el podía desplazarse por todo el tercer distrito pero de ese procedimiento especial no sabían los mandos”(36).

1.14.4. Declaración del señor Oswaldo Cuaran Gavillanes, quien señaló:

“(…) primero que todo la información nuca fue evaluada, tengo entendido que mi teniente la obtuvo de un ciudadano que no se supo quién era, se confio de lo que le dijeron y por eso lo hizo, ya que nosotros eramos muy pocos, debió haberse planeado muy bien la entrada a ese lugar y con más personal, hubo apresuramiento de parte de mi teniente Martínez … estábamos en desacuerdo porque eramos pocos (…)”(sic)(37) (Se destaca).

1.14.5. Declaración del señor Luis Alberto Benavides Medina, quien indicó:

“(…) el sitio a donde ingresamos no conocía, exactamente no supe cuál era el objetivo de ir a ese lugar, instrucción precisa no nos dieron… El conocimiento que se tenía era que había guerrilla en esa región, mi teniente no escuchaba sugerencias por lo tanto no le dije nada (…)”(38) (Se destaca).

En relación con el operativo sostuvo que “no fue coordinado y planeado, allí se debió haber entrado con más personal de la Policía o del Ejército y haber atacado por aire y tierra y por lo apresurado que era mi teniente”(39).

1.14.6. Declaración del señor José Efrén Bolaños Jurado, quien manifestó, respecto del operativo, lo siguiente:

“Todos estabamos en desacuerdo porque debía planearse mejor, desde el día antes nosotros le habíamos dicho a mi teniente Quiroz que no fueramos porque era muy peligroso porque disponíamos de muy poco personal … no se estudió la información ni siquiera se sabía de donde procedía, no supe tampoco si hubo consentimiento de este operativo de los Comandos de Pasto (…)”(sic)(40).

1.14.7. Declaración del señor Edilson Montenegro Maya, quien indicó:

(…) mi teniente Martínez nos dijo que se iba a hacer un operativo sin determinar el lugar pero hizo un bosquejo en la pared poco entendible de la zona por que muy poco la conocíamos… hubo mucho apresuramiento porque se debió planear mejor y haber entrado un número mayor de policías con mayor armamento… eran de 300 a 400 guerrilleros (…)”(41).

1.14.8. Declaración del señor Víctor Ladino Pino, quien relató:

(…) nos hizo un relato el señor teniente Martínez de lo que íbamos a hacer y dijo en la pared nos marco con una tisa más o menos el croquis del municipio de la cruz y las vías y nos informo que íbamos a efectuar un patrullaje rural para ubicar una casa donde supuestamente habían unos cinco guerrilleros según la información que le habían dado, no supe quien se la suministro … primero que todo el Comandante o sea mi teniente Martínez debio haber planeado, la información haberla evaluado porque se confio con lo primero que le dijeron y sin conocer siquiera el informante haberle creido porque por lo sucedido nos estaban esperando, allí se requería de mayor número de personal y con armas más sofisticadas o por lo menos más cantidad (…)”(sic)(42).

1.14.9. Copia del informe prestacional 039/2000, de agosto 24 de 2000, a través del cual la Policía Nacional declaró que la muerte del TE Julián Andrés Martínez Erazo y del agente Elkin Dorian Delgado Cerón se produjo en actos especiales de servicio(43).

1.15. Prueba trasladada.

Al proceso identificado con número de radicación 28.590 se allegó, por parte de la Fiscalía General de la Nación(44), copias auténticas de las piezas procesales que integraron la investigación 22288, la cual se adelantó por el delito de terrorismo en contra de una persona capturada por los hechos sucedidos en el municipio de La Cruz Nariño, el día 24 de julio del año 2000.

En el caso que ahora se examina, la prueba trasladada antes mencionada no cumple con lo prescrito en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, referente al traslado de pruebas, amén de que la parte demandada no la solicitó en la contestación de la demanda ni se allanó o adhirió a las probanzas solicitadas por su contraparte, por lo cual de los medios de acreditación que allí reposan sólo podrán valorarse en este juicio las pruebas documentales, puesto que si bien frente a éstas no se surtió el traslado respectivo para garantizar el derecho de contradicción de la parte contra la cual se aducen, tal omisión fue convalidada, según lo normado en el parágrafo del artículo 140 del Código Procedimiento Civil(45).

Sin embargo, de las pruebas documentales que reposan dentro de la aludida investigación penal, no existe información adicional —a la ya reseñada— que se relacione de manera concreta con el operativo policial que dirigió el teniente Julián Andrés Martínez Erazo, en cuya virtud perdieron lastimosamente la vida tanto él como el agente Elkin Dorian Delgado Cerón.

2. Los hechos probados.

La subsección encuentra acreditado que:

2.1. El día 24 de julio de 2000, dos grupos de contraguerrilla de la Policía Nacional salieron del municipio de La Cruz hacia la vereda Plazuelas, en el departamento de Nariño, en la búsqueda de unos guerrilleros que, según la información obtenida por el Comandante del operativo, se encontraban en esa zona;

2.2. Uno de los grupos de contraguerrilla estaba al mando del teniente César Enrique Quiroz Ortiz, sin embargo, quien organizó y dirigió la operación eral el teniente Julián Andrés Martínez Bermeo;

2.3. Durante el desplazamiento, los agentes del Estado fueron emboscados por un grupo insurgente y, como consecuencia de ese primer ataque, fallecieron 9 miembros de los 2 grupos de contraguerrilla, entre ellos el teniente Martínez Bermeo que, como se dijo, comandaba el operativo policial y el agente Elkin Dorian Delgado Cerón. También resultaron heridos 7 agentes del Estado;

2.4. El personal de apoyo también fue emboscado y allí resultaron muertos 3 integrantes de la Policía Nacional y 7 más resultaron heridos;

2.5. Luego hizo presencia el Ejército Nacional con integrantes del Batallón ‘Batalla de Boyacá’ de la ciudad de San Juan de Pasto y posteriormente se recibió apoyo aéreo por medio de 3 helicópteros y el avión fantasma;

2.6. Se logró la evacuación del personal herido y sobre las 7.00 P.M., se terminaron los combates, lo cual permitió el retorno de las Unidades Policiales a la ciudad de San Juan de Pasto a partir de las 9:20 p.m.

3. Régimen de responsabilidad aplicable en daños causados por la concreción de riesgos derivados de la profesión militar.

La Sala estima pertinente señalar que la corporación, en su Jurisprudencia reiterada, ha sostenido que frente a los daños sufridos por quienes ejercen funciones de alto riesgo relacionadas con la defensa y seguridad del Estado, entre ellos los agentes de Policía, no resulta comprometida la responsabilidad de la Administración por cuanto tales daños se producen con ocasión de la relación laboral que los vincula con el Estado y, por ende, en principio se cubren con la indemnización a fort fait a que tienen derecho por virtud de esa vinculación; sin embargo, también ha sostenido la Sala que la reparación de esos daños resulta procedente, cuando éstos se hubieren producido por falla del servicio o cuando el funcionario hubiere sido sometido a un riesgo de naturaleza excepcional, diferente o mayor al que debían afrontar sus demás compañeros o incluso cuando el daño sufrido por la víctima haya sido causado con un arma de dotación oficial, dado que en este último evento se abriría paso el régimen de responsabilidad objetivo, por la creación del riesgo(46).

4. Responsabilidad patrimonial de la Policía Nacional por la muerte del agente de la Policía Elkin Dorian Delgado Cerón (proceso 30.036).

La Sala estima que la muerte del agente de la Policía Nacional Elkin Dorian Delgado Cerón sí es atribuible a dicha entidad, pues el material probatorio que se relacionó anteriormente permite determinar, sin mayor hesitación, las graves irregularidades que rodearon el operativo policial.

En efecto, los propios agentes que participaron en el operativo y que por fortuna sobrevivieron a un ataque de la magnitud del que fueron víctimas coincidieron en la ausencia de planificación y de estrategias para el desarrollo de esa misión; también fueron contestes en señalar la falta de verificación de la información que obtuvo el comandante de la operación y que condujo al desplazamiento de los 2 grupos de contraguerrilla; indicaron, además, la premura con que se actuó para desarrollar la operación por parte del oficial encargado de la misma, quien, por demás, no avisó a los mandos superiores acerca de ello y, como consecuencia obligada de lo anterior, se procedió sin la autorización de aquéllos.

Es más, los propios agentes del Estado —incluido el otro teniente que participó en el operativo policial— manifestaron tanto el descontento, como el temor que les asistía debido al peligro latente de ser atacados, puesto que se conocía con claridad que era una zona con alta presencia subversiva. Los miembros de la entidad demandada también expresaron que no se encontraban preparados para una misión a la que fueron enviados, toda vez que las indicaciones ni siquiera eran precisas; que el sector por el cual se desplazarían era desconocido y, como si fuere poco —que en modo alguno lo es—, que el número de efectivos era insuficiente como también lo eran el armamento y los equipos con los que contaban.

No obstante todo lo anterior, el operativo policial se ejecutó, con los lamentables resultados ya mencionados, por lo cual resulta evidente que la víctima directa del daño debió cumplir con las órdenes que le fueron impartidas y, en desarrollo de las mismas, perdió la vida de manera valerosa, en un operativo no autorizado, mal diseñado, mal ejecutado y, peor aún, con plena convicción de que un ataque como del que fueron víctimas los integrantes de los dos grupos contraguerrilla era inminente.

Los crasos errores que rodearon el operativo policial fue corroborado por la propia entidad demandada dentro de la providencia que ordenó el archivo de la investigación preliminar por la muerte del oficial que organizó y dirigió la misión el día 24 de julio de 2000 en el municipio de La Cruz - Nariño (vereda Plazuelas), decisión que fue categórica en determinar que se procedió “con total desconocimiento” de los procedimientos previstos por la institución.

Así las cosas, la Sala revocará la sentencia proferida dentro del proceso número 30.036, el día 10 de septiembre de 2004 y, en consecuencia, se declarará la responsabilidad patrimonial de la Policía Nacional, a título de falla en el servicio, por la muerte del agente del Estado Elkin Dorian Delgado Cerón.

5. Indemnización de perjuicios.

5.1. Perjuicios morales.

Para la reparación del daño moral, en caso de muerte, se han establecido cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados o víctimas indirectas(47):

Nivel 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno- filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables, hijos y padres de crianza). A este nivel corresponde el tope indemnizatorio (100 smlmv).

Nivel 2. Donde se ubica la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 50% del tope indemnizatorio.

Nivel 3. Está comprendido por la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 35% del tope indemnizatorio.

Nivel 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 25% del tope indemnizatorio.

Nivel 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 15% del tope indemnizatorio.

Así pues, para los niveles 1 y 2 se requerirá la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros. Para los niveles 3 y 4, además, se requerirá la prueba de la relación afectiva. Para el nivel 5 deberá ser probada la relación afectiva.

En el proceso se demostró que los actores Patrocinio Delgado Dejoy y María Consuelo Cerón son los padres de la víctima Elkin Dorian Delgado Cerón, de conformidad con la copia del registro civil de nacimiento de este último(48);

A su turno, la señora Otilia Cruz Mahecha probó ser la esposa del señor Elkin Dorian Delgado Cerón, tal como consta en la copia autenticada del registro civil de matrimonio entre ellos contraído(49). Se demostró, asimismo, que el actor Maikol Alexánder Delgado Cruz es hijo de la víctima directa del daño(50).

También se acreditó que los señores Daisy Magali, Anabelly del Pilar, Iván Yamil, Hárold Yimmy, Yader Johnny, Franklin Richard y Marleny del Carmen Delgado Cerón son hermanos de la víctima directa del daño, según las copias de sus registros civiles de nacimiento(51).

En cuanto al demandante Yorbel Daniero Ariza Delgado, sobrino de la víctima –hijo de la actora Marleny del Carmen Delgado Cerón–, la Sala encuentra acreditada la relación afectiva que lo unía con su tío Elkin Dorian Delgado Cerón, pues los testimonios rendidos en este proceso por los señores Elvar Caicedo Velasco, María Juana Victoria Benavides, María Isabel Arciniegas, Ernestina Rojas Carvajal, Alba Nelly Morales y Hernesto Franco dan cuenta de ello(52).

Ciertamente, los aludidos declarantes coincidieron acerca de la unión del grupo familiar del agente Delgado Cerón; de sus importantes y estrechos lazos afectivos; del dolor que les causó a todos ellos la muerte de su ser querido y que de dicho núcleo formaba parte el sobrino de la víctima, esto es el menor Yorbel Daniero Ariza Delgado.

Así las cosas, se les reconocerá a los mencionados actores la indemnización de perjuicios morales por la muerte de su hijo, esposo, padre, hermano y tío, respectivamente, de acuerdo con los niveles antes expuestos.

Ahora bien, la Sala encuentra que la señora Dayana Lorena Delgado Cerón, hermana de la víctima directa del daño(53), confirió directamente poder para demandar la responsabilidad del Estado por la muerte de su hermano(54); sin embargo, la mencionada actora no fue incluida como beneficiaria de las pretensiones solicitadas en la demanda, ni mucho menos lo fue dentro del acápite concerniente a la designación de las partes.

En efecto, al verificar el contenido de las pretensiones de la demanda(55) se encuentra que las indemnizaciones por la muerte del agente Elkin Dorian Delgado Cerón fueron solicitadas a favor de los padres, la esposa, el hijo, el sobrino y los hermanos de la víctima antes descritos, sin que en una sola de esas peticiones se hubiere incluido como beneficiara a la señora Dayana Lorena Delgado Cerón, a quien, además, no se le incluyó en un capítulo posterior de la demanda denominado “VI. Designación de las partes y sus representantes(56), en el cual nuevamente se enunciaron, una a una, las personas que, según la demanda, integrarían la parte activa del proceso y en dicho acápite, se insiste, no se introdujo a la señora Dayana Lorena Delgado Cerón como parte demandante del proceso.

La Subsección encuentra que en la única parte que se enunció a la mencionada señora fue en el hecho número 2 de la demanda(57), en el cual se relacionaron los 9 hijos de los señores Patrocinio Delgado Dejoy y María Consuelo Cerón, sin embargo, tal señalamiento no le concede la condición de parte demandante en este litigio, pues como ya se indicó, la señora Dayana Lorena Delgado Cerón no fue incluida en la demanda bajo tal condición y mucho menos se solicitó, respecto de ella, indemnización alguna.

Al respecto, la Subsección ha considerado lo siguiente:

“i) Concepto, importancia y efectos de la demanda.

Acerca del concepto de demanda si bien se han formulado tantas definiciones como autores se han referido al tema, para efectos de la presente providencia, bien vale la pena citar aquellos conceptos que de alguna forma son los predominantes en la actualidad y, según la doctrina y jurisprudencia nacional son los que han sido acogidos por nuestro ordenamiento.

Para empezar, el artículo 75 del Código de Procedimiento Civil, aún cuando no define como tal la demanda, sí enuncia su finalidad, según la cual “la demanda con que se promueva todo proceso, deberá contener (…)”, de manera que para el ordenamiento el libelo en mención tiene el propósito de iniciar o impulsar un proceso.

Para Chiovenda, la demanda es el “acto mediante el cual, la parte, afirmando existente una voluntad concreta de ley que garantiza un bien, declara querer que esa voluntad sea actuada frente a otra parte (demandado), e invoca a tal fin la autoridad del órgano jurisdiccional”(58).

Por su parte, Guasp explica el concepto de demanda en el siguiente sentido:

‘La iniciación de un proceso se verifica ordinariamente a instancia de una persona distinta del órgano jurisdiccional. En efecto, la misión del órgano jurisdiccional en el proceso no es la de plantear problemas, sino la de resolverlos, e incluso podría decirse que la dualidad entre quien plantea problemas y quien los resuelve es la nota más característica definidora de la institución procesal. Por ello, para que el proceso exista se precisa la actividad de un sujeto procesal distinto del juez que declare su voluntad de que así ocurra; esta declaración de voluntad de parte, que asume la forma de una petición, puesto que se pide el comienzo del proceso, recibe en la doctrina y en la legislación procesales el nombre técnico de demanda.

La demanda, es, por tanto, el acto típico y ordinario de iniciación procesal o, dicho con más extensión, aquella declaración de voluntad de una parte por la cual ésta solicita que se dé vida a un proceso y que comience su tramitación’(59).

En cuanto al contenido de la demanda, el autor distingue entre los elementos referentes a los sujetos, al objeto y a la causa de lo que se pide.

Respecto de los sujetos expone:

‘Ha de contener asimismo la demanda la indicación del actor, del modo establecido, en el análisis de este extremo, en el contenido de la pretensión procesal, pues aunque el artículo 524 guarde silencio sobre este punto, no puede considerarse como regularmente formulada una demanda sin indicar su sujeto activo, esto es, la persona que emite la correspondiente declaración de voluntad, y sin proporcionar un conocimiento exacto sobre la posibilidad legal en que tal sujeto se encuentra de hacer dicha formulación. Por la misma razón, la expresión de la legitimación del actor, dentro de la demanda, aparece como conveniente en extremo, ya que no imprescindible en absoluto. En lo que respecta a la postulación, la intervención del Procurador y del Letrado exige, normalmente, la inclusión de su nombre y apellidos en el escrito de demanda, lo que se obtiene mediante la firma de ambos profesionales hecha necesaria a tenor de los preceptos, ya conocidos, que regulan este requisito de la postulación.

En lo que respecta al demandado, la demanda sólo necesita incluir la indicación de la persona frente a quien se propone, con sus características fundamentales, y de su capacidad para ser parte y legitimado pasiva (…)’(60).

Dentro de los autores nacionales, López Blanco define la demanda en los siguientes términos:

‘(…) [D]e modo que considero la demanda como el instrumento de que se valen los sujetos de derecho para ejercer el derecho de acción. En efecto, en el anterior concepto queda comprendido el carácter de la demanda, pues ésta es instrumental, sirve de medio a los sujetos de derecho (personas naturales, jurídicas, patrimonios autónomos) para ejercer su derecho de acción, que, como ya se vio, implica la presentación de unas pretensiones al Estado con el fin de que las resuelva, generalmente, mediante una sentencia dictada por un funcionario de la rama jurisdiccional’(61).

La doctrina nacional también se ha referido a la importancia de la demanda y, en este sentido, ha señalado que los efectos del libelo son los siguientes:

‘1. Moviliza el aparato jurisdiccional del Estado, que, de otra manera, en materia civil no puede actuar de oficio, salvo precisas excepciones legales.

2. Si se notifica dentro de los términos indicados, se interrumpen las prescripciones legales desde la fecha de presentación de la demanda y determina inoperancia de la caducidad.

3. Condiciona la sentencia, por cuanto, como se afirma con particular verdad, “la demanda es la petición de una sentencia y ésta la resolución de aquella”, debido al estricto sistema de congruencia que impera en el estatuto procesal civil.

4. Determina quiénes son las partes demandante y demandada.

(…)’(62).

Respecto de este último efecto de la demanda, por la importancia que reviste para el caso concreto, bien vale la pena realizar algunas consideraciones acerca del concepto de parte.

Para Guasp, parte es ‘quien pretende y frente a quien se pretende, o, más ampliamente, quien reclama y frente a quien se reclama la satisfacción de una pretensión’. En esa dirección precisa:

‘a) La pretensión de parte, la queja del particular, es la idea promotora o generadora del proceso, pero como esta pretensión, para alcanzar dimensión social, ha de formularse frente a sujeto distinto del que la plantea, tiene que darse en todo proceso un sujeto que pretenda y otro frente a, no contra quien, se pretende. El necesario enfrentamiento de estos sujetos los revela la misma palabra que los designa, por lo cual se considera a uno y a otro como elementos parciales, partes, de un todo.

b) El concepto de parte es estrictamente procesal. La calidad de parte la da la titularidad activa o pasiva de una pretensión. Fuera del proceso podrá haber contraposiciones de sujetos, como las partes de un contrato, pero estas situaciones no guardan o no tienen por qué guardar identidad con las partes procesales. Por ello, para el proceso, no hay partes materiales y formales, sino sólo la condición de ser o no parte procesal.

(…)”.

En igual línea, para Chiovenda el término ‘parte’ se deriva del concepto de proceso y de la relación procesal:

‘Es parte aquél que pide en propio nombre (o en cuyo nombre se pide) la actuación de una voluntad de la ley y aquel frente a la cual es pedida. La idea de parte viene dada, por consiguiente, por la litis misma, por la relación procesal, por la demanda; no hay que irse a buscarla fuera de la litis y, en particular, a la relación sustantiva que es objeto de controversia (…)’(63).

Para López Blanco la calidad de parte se establece en el proceso de la siguiente manera:

‘Es este aspecto frente al cual desde la cuarta edición de esta obra en 1985, he variado la opinión que anteriormente sostuve por cuanto antes señalé que: ‘En nuestro concepto la calidad de demandante se adquiere por el hecho de demandar, bien directamente, bien por interpuesta persona y la de demandado por el hecho de ser designado en la demanda como tal; los demás intervinientes en el proceso serán terceros que pueden quedar o no vinculados por la sentencia’.

Bien se observa de la anterior noción que la determinación de la parte la daba exclusivamente la demanda; constituye parte demandante la persona o personas que como tal figuraban en el libelo y parte demandada la persona o personas contra las que estaba dirigida la misma, es decir que con este enfoque es únicamente la demanda y su reforma que al fin y al cabo es integrante de ella, la pieza procesal que determina quienes son partes demandante y demandada.

De ahí en adelante todo el que intervenía posteriormente, vinculado o no por la sentencia era tercero y precisamente este es el concepto que por hallar inexacto, rectifiqué parcialmente desde la pasada edición de esta obra y para el efecto se debe considerar lo siguiente:

‘Ciertamente, creo que la parte demandante y la parte demandada no solo estará constituida por quienes así figuran en la demanda sino que también deben tener tal calidad los que intervienen posteriormente a la notificación de la demanda en calidad de litisconsortes, cualquiera que sea la índole del mismo, porque todas las formas de litisconsorcio necesariamente convergen a integrar una de las partes.

En otros términos cuando luego de formulada la demanda se ordena la integración del litisconsorcio necesario, o interviene un litisconsorte facultativo o un cuasinecesario y es admitido, los litisconsortes no son terceros, sino personas que vienen a ubicarse en una de las dos partes dentro del proceso, de ahí que corregí la tesis acerca de que todos los que ingresan luego de presentada la demanda y surtida su notificación son terceros, porque excluí de esa noción a los litisconsortes que, así se vinculen o intervengan posteriormente, son personas que ingresan en la posición de demandantes o de demandados”(64).

En consecuencia, uno de los principales efectos del acto introductorio del proceso es que determina quiénes son los demandantes y demandados, esto es quiénes son los que piden, reclaman o solicitan en nombre propio o a través de otra persona, la satisfacción de una pretensión(65) (Negrillas y subrayas del original, subrayas sin negrillas adicionales).

Conviene agregar, sólo como dato informativo, que en el auto admisorio de la demanda no se hizo referencia alguna a quienes integrarían la parte activa en el proceso —o mejor— respecto de quienes se admitiría la demanda, cuestión que en modo alguno está llamada a afectar la conclusión a la cual se arribó anteriormente en cuanto a la no condición de demandante de la señora Dayana Lorena Delgado Cerón en este proceso, pues como lo consideró la Sala en el pronunciamiento antes transcrito, “… es la demanda —que no al auto admisorio de la misma— lo que determina quiénes son los que demandaron, esto es quiénes son los que formularon pretensiones y quiénes están llamados, inicialmente, a tener la condición de parte en el proceso”(66) (se destaca).

A todo lo anterior se adiciona que en el proceso contencioso administrativo operan tanto el principio de congruencia(67)de la sentencia, como el principio dispositivo(68), amén de reiterar que dichos procesos hacen parte de la llamada “justicia rogada”, es decir, que el juez administrativo en sus decisiones no puede resolver cuestiones no planteadas en la demanda(69).

Se sigue de lo expuesto, el no reconocimiento de perjuicios morales a favor de la señora Dayana Lorena Delgado Cerón.

5.2. Perjuicios materiales.

Este rubro se solicitó para la cónyuge e hijo de la víctima directa del daño y la Sala lo estima procedente, en consideración a la evidente actividad laboral que desempeñaba el agente de la Policía Nacional y, además, mediante los testimonios señalados en precedencia, se probó también que dicha persona le reportaba una ayuda económica a su grupo familiar, producto de sus ingresos como miembro de la Policía Nacional.

De conformidad con la certificación emitida por la entidad demandada(70), se tiene que el último salario que devengó el agente Delgado Cerón —julio del año 2000— era de $ 896.149.13(71), el cual resulta concordante con aquel que se tuvo en cuenta al momento de cuantificar la pensión por muerte a favor de la esposa e hijo de la víctima (Res. 1974, nov. 15/2000)(72).

Así pues, el ingreso percibido por la víctima, actualizado a valor presente(73), arroja un monto de $ 2’948.271; más el incremento en un 25% por concepto de prestaciones sociales ($ 737.068), resulta la cuantía de $ 3’685.339; a esta cifra se le descuenta un 25%, el cual se presume la víctima destinaba para su propio sostenimiento ($921.335). De esta manera se tiene que, para la fecha de su muerte, la víctima percibía unos ingresos mensuales de $ 2’764.004 (Ra).

5.2.1. Indemnización a favor de la esposa de la víctima directa del daño.

— Consolidada: desde la fecha del hecho dañoso (jul./2000), hasta la fecha de esta sentencia (abril de 2015), esto es 177 meses, aplicando la siguiente fórmula:

S2001-01692CE FORMULA BB

Futura: por el resto del período de vida probable de la víctima directa(74) del daño (47.5), esto es 570 meses, pero descontando el período consolidado (177 meses), es decir, 393 meses, aplicando la siguiente fórmula:

S2001-01692CE FORMULA CC
 

No obstante lo anterior, la Sala encuentra que la parte actora limitó el perjuicio material —lucro cesante— a la suma de $ 150’000.000, suma que, actualizada a valor presente(75), arroja el monto de $ 271’308.271, el cual será reconocida a favor de la señora Otilia Cruz Mahecha, por virtud del principio de congruencia de la sentencia, cuya noción fue expuesta anteriormente.

5.2.2. Indemnización a favor del hijo de la víctima directa del daño.

Consolidada: desde la fecha de la muerte del señor Delgado Cerón (jul./2000), hasta la fecha de esta sentencia (abr./2015), esto es 177 meses, aplicando la siguiente fórmula:

S2001-01692CE FORMULA BB
 

Futura: a partir de la presente sentencia hasta que el joven Maykol Alexánder Delgado Cruz cumpla 25 años de edad, esto es hasta el día 25 de junio de 2019, pues él nació ese mismo día, del año 1994.

S2001-01692CE FORMULA AA

Sin embargo, en línea con lo expuesto anteriormente, en punto de la aplicación del principio de congruencia de la sentencia, se le reconocerá al joven Maikol Alexánder Delgado Cruz, el monto de $271’308.271(76).

En relación con el daño emergente, la Sala no reconocerá indemnización por este rubro, dado que su causación no fue probada en el proceso.

6. Responsabilidad patrimonial de la Policía Nacional por la muerte del teniente Julián Andrés Martínez Erazo (proceso 28.590).

La Sala estima que en el caso del teniente Julián Andrés Martínez Erazo operó la culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad.

Para efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, es necesario determinar, en cada caso concreto, si el proceder —activo u omisivo— de aquélla tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño. En ese orden de ideas, resulta factible concluir que para que el hecho de la víctima tenga plenos efectos liberadores de la responsabilidad estatal, es necesario que la conducta desplegada por la víctima sea tanto la causa exclusiva, esto es, única del daño, como que constituya la raíz determinante del mismo, es decir que se trate de la causa adecuada(77).

En el presente caso no existe el menor asomo de duda que fue la actuación del teniente Martínez Erazo la causa determinante del daño, pues de conformidad con el material probatorio que se dejó expuesto en precedencia, el oficial en mención actuó de manera precipitada, sin consideración alguna de los canales de mando y de procedimiento previstos en la entidad, puesto que omitió comunicar a sus superiores sobre el operativo policial, no corroboró y analizó la información que obtuvo en relación con la presencia de subversivos en el sector, no tuvo en cuenta las peticiones y sugerencias de los miembros de los grupos contraguerrilla que lideró y, como consecuencia obligada de todo ello, se ejecutó un operativo no autorizado, sin la planificación necesaria, con un personal que no estaba preparado para afrontar una misión con un nivel de alto riesgo, sin el número de agentes y armamento necesarios para ello.

En ese sentido, la Sala concluye, sin vacilación alguna, que fue la actuación imprudente, deliberada e irresponsable de la víctima, la causa directa y eficiente del daño que lastimosamente padeció.

Por lo expuesto, se denegarán las pretensiones de la demanda que dio lugar al proceso con número de radicación 28.590.

7. Condena en costas.

Toda vez que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo normado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia proferida dentro del expediente 30.036, por el Administrativo de Nariño, el 10 de septiembre de 2004 y, en consecuencia, se dispone:

1. DECLÁRASE administrativamente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional por la muerte de su agente Elkin Dorian Delgado Cerón en los hechos ocurridos el día 24 de julio de 2000 en la vereda Plazuelas, municipio de La Cruz (Nariño).

2. CONDÉNASE a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional a pagar a los demandantes, a título de perjuicios morales, las siguientes sumas:

A favor de los señores Patrocinio Delgado Dejoy, María Consuelo, Otilia Cruz Mahecha y Elkin Dorian Delgado Cerón, cien (100) smlmv, para cada uno de ellos.

A favor de los actores Daisy Magali Delgado Cerón, Anabelly del Pilar Delgado Cerón, Iván Yamil Delgado Cerón, Hárold Yimmy Delgado Cerón, Yader Johnny Delgado Cerón, Franklin Richard Delgado Cerón y Marleny del Carmen Delgado Cerón, cincuenta (50) smlmv, para cada uno de ellos.

A favor del actor Yorbel Daniero Ariza Delgado, treinta y cinco (35) smlmv, para cada uno de ellos.

3. CONDÉNASE a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional a pagar a los demandantes Otilia Cruz Mahecha y Elkin Dorian Delgado Cerón, la suma de $ 271’308.271, para cada uno, a título de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

2. CÚMPLASE lo dispuesto en esta providencia, en los términos previstos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

3. EXPÍDANSE a la parte actora las copias auténticas con las constancias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

4. CONFÍRMASE la sentencia proferida dentro del expediente 28.590, por el Tribunal Administrativo de Nariño el 12 de marzo de 2004.

5. Sin condena en costas.

6. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(16) 19 de marzo (exp. 28590 - Folio 83 c ppal.) y 16 de septiembre de 2004 (exp. 30.036 - Folio 142 c ppal.).

(17) La cuantía del proceso supera la exigida para que esta Corporación pueda conocer en segunda instancia de un proceso de reparación directa, de conformidad con el Decreto 597 de 1988, teniendo en cuenta que por concepto de perjuicios morales en el proceso 30.036 se solicitó un monto de 1.000 s.m.l.m.v., para cada actor en ese proceso.

(18) Folio 33 cdno. 1, exp. 30.036.

(19) Folio 14 cdno. 1, exp. 28.590.

(20) Por la muerte de esta persona se demandó la responsabilidad del Estado en el expediente 28.590.

(21) Folios 36 a 40 cdno. 1, exp. 30.036. Esta prueba también obra dentro de la investigación previa que adelantó la entidad demandada por los hechos ocurridos el día 24 de julio de 2000.

(22) Folios 46 a 51 cdno. 1.

(23) Folios 57 a 63 cdno. 2, exp. 30.036.

(24) Folio 72 cdno. 2, exp. 28.590.

(25) Folio 92 cdno. 2, exp. 30.036.

(26) Folio 89 cdno. 2, exp. 30.036.

(27) Folios 6 a 8 cdno. 3, exp. 30.036.

(28) Folios 8 a 12 cdno. 3, exp. 28.590.

(29) Folio 99 cdno. 2, exp. 30.036.

(30) Folio 99 cdno. 2, exp. 30.036.

(31) Folio 103 cdno. 2, exp. 30.036.

(32) Folio 104 cdno. 2, exp. 30.036.

(33) Folios 154 a 158 cdno. 2, exp. 30.036.

(34) Se transcribe tal como consta en el acta de la diligencia (fls. 167 a 172 cdno. 2, exp. 30.036).

(35) Se transcribe tal como consta en el acta de la diligencia (fl. 185 cdno. 2, exp. 30.036).

(36) Se transcribe tal como consta en el acta de la diligencia (fls. 203 y 204 cdno. 2, exp. 30.036).

(37) Se transcribe tal como consta en el acta de la diligencia (fl. 211 cdno. 2, exp. 30.036).

(38) Se transcribe tal como consta en el acta de la diligencia (fl. 222 cdno. 2, exp. 30.036).

(39) Folio 222 cdno. 2, exp. 30.036.

(40) Se transcribe tal como consta en el acta de la diligencia (fl. 225 y 226 cdno. 2, exp. 30.036).

(41) Se transcribe tal como consta en el acta de la diligencia (fls. 248 a 250 cdno. 2, exp. 30.036).

(42) Se transcribe tal como consta en el acta de la diligencia (fls. 251 a 253 cdno. 2, exp. 30.036).

(43) Folios 372 y 373 cdno. 2, exp. 30.036.

(44) Folio 1, anexo del proceso penal 22288.

(45) Sentencia de 5 de junio de 2008, exp. 16.589, entre muchas otras providencias.

(46) Al respecto, pueden consultarse las sentencias de 21 de febrero de 2002, exp. 12.799; de 12 de febrero de 2004, exp. 14.636, de 14 de julio de 2005, exp. 15.544; de 26 de mayo de 2010, exp. 19.158, reiteradas por esta Subsección a través de fallos de 12 de mayo de 2011, exp. 20.697 y de 27 de junio de 2012, exp. 25.433, entre muchas otras providencias.

(47) Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 28 de agosto de 2014, exp. 26.251, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(48) Folio 24 cdno. 1, exp. 30.036.

(49) Folio 34 cdno. 1, exp. 30.036.

(50) Folio 35 cdno. 1 exp. 30.036.

(51) Folios 23, 25 a 29 y 32 cdno. 1, exp. 30.036.

(52) Folios 44 a 53 cdno. 1, exp. 30.036.

(53) Cuyo parentesco se probó con el documento que obra a folio 30 del cuaderno 1 del expediente 30.036.

(54) Folio 13 cdno. 1, exp. 30.036.

(55) Folios 2, 3 y 4 cdno. 1, exp. 30.036.

(56) Folios 11 y 12 cdno. 1, exp. 30.036.

(57) Folio 4 cdno. 1, exp. 30.036.

(58) Chiovenda, Giuseppe. Ob. Cit. Tomo II, pág. 9.

(59) Guasp, Jaime. Derecho Procesal Civil. Tomo I. Editorial Civitas. Cuarta Edición. España 1998. Pág. 281.

(60) Guasp, Jaime. Ob. Cit. pág. 283.

(61) López Blanco, Hernán Fabio. Procedimiento Civil. Tomo I. Novena Edición. Ediciones Dupré. Bogotá 2005, pág. 461.

(62) López Blanco, Hernán Fabio. Ob. Cit., pág. 467.

(63) Chiovenda. Ob. Cit., pág. 284.

(64) López Blanco. Ob. Cit. pág. 294.

(65) Sentencia de 27 de junio de 2013, exp. 30.034; M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(66) Ibídem.

(67) En relación con el cual se ha sostenido:
“La presentación de la demanda en debida forma es una carga procesal que recae en el demandante y por ello le corresponde soportar las consecuencias de los defectos que ella contenga, puesto que no puede el juez, sin atentar contra el principio de congruencia, proceder a modificar lo pedido, ya que como lo ha sostenido la Sala, ‘(…) la facultad que tiene el juez de interpretar la demanda, no constituye un instrumento que pueda, como lo pretende el recurrente, convertirse en el mecanismo idóneo para suplir las falencias de que adolece la misma (…)’.
“De acuerdo con el principio de congruencia de las sentencias, consagrado en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil (modificado por el artículo 1º numeral 135 del Decreto 2282 de 1989), la decisión del juez debe resultar armónica, consonante y concordante con los hechos y las pretensiones formuladas en la demanda, por lo tanto el juez debe pronunciarse con fundamento en las pretensiones expresamente planteadas en la demanda y los hechos descritos en la misma, debiendo existir una adecuación o perfecta simetría entre lo pedido y lo resuelto, que resulta afectada cuando el juez concede más allá de lo pedido (ultra petita); o cuando concede puntos no sometidos al litigio (extra petita), o cuando deja de pronunciarse sobre cuestiones sujetas al proceso (infra o citra petita)”. [sentencia de 9 de diciembre de 2011, exp. 20.410; M.P. Danilo Rojas Betancourth].

(68) Dicho principio ha sido definido por la doctrina como:
“La facultad exclusiva del individuo de reclamar la tutela jurídica del Estado para su derecho, y en la facultad concurrente del individuo con el órgano jurisdiccional, de aportar elementos formativos del proceso y determinarlo a darle fin”. O como dice Couture, es el principio procesal que asigna a las partes y no a los órganos de la jurisdicción la iniciativa, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso”.
“Son características de esta regla las siguientes:
“(…). El campo de decisión del juez queda determinado especial y esencialmente por las pretensiones del demandante debido a que el juez no puede decidir sobre objeto diverso a lo en ellas contemplado” (negrillas adicionales). López Blanco, Hernán Fabio, Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Parte General, Tomo I, Dupré Editores, Bogotá, 2005, Pág. 106” [Cita tomada de la sentencia de fecha 12 de marzo de 2014, exp. 30.524].

(69) Sentencia de 11 de mayo de 2006, exp. 14.226; M.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(70) Folio 97 cdno. 2, exp. 30.036.

(71) En este caso, según los ítems que integraban el salario, no estaban incluidas las prestaciones sociales de la víctima.

(72) Folio 6 cdno. 3, exp. 30.036.

(73)

S2001-01692CE LLAMADO 73

(74) Quien falleció cuando estaba próximo a cumplir 33 años de edad, pues nació el día 29 de agosto de 1967; su esposa, según la resolución que le reconoció la pensión por muerte, nació el día 3 de junio de 1971.

(75)

S2001-01692CE LLAMADO 75

(76)

S2001-01692CE LLAMADO 76

(77) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, exp. 24.972, reiterada en sentencia del 11 de febrero de 2009, exp. 17.145, entre muchas otras.