Sentencia 2001-01741/30441 de enero 28 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 76001233100020010174101

Expediente:30.441

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Demandante: Magnesios Boli Valle Ltda.

Demandado: Empresa Nacional Minera Ltda. – Minercol -

Naturaleza: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de enero de dos mil quince (2015)

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. La competencia.

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 1º de octubre de 2004, por cuanto la cuantía del proceso fue estimada razonadamente por el demandante en la suma de $ 100’000.000. Para la época de interposición de la demanda((1)), eran susceptibles de acceder a la segunda instancia los procesos promovidos en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho cuya cuantía excediera la suma de $ 6’037.000((2)), monto que se encuentra ampliamente superado, como se puede observar. Por otra parte, es de anotar que el Consejo de Estado es funcionalmente competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los Tribunales Administrativos en primera instancia, a términos de lo dispuesto por el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo.

2. Ejercicio oportuno de la acción.

De conformidad con el artículo 136 (numeral 2º) del Código Contencioso Administrativo, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho caduca al cabo de cuatro meses contados a partir del día siguiente al de la notificación del acto administrativo.

En el presente caso, la Resolución 3-072-2000, mediante la cual se confirmó repuso la Resolución 3-046-2000 que, a su vez, declaró no perfeccionada la cesión de los derechos del contrato de concesión 1934, se notificó personalmente el 29 de diciembre de 2000, de suerte que era procedente intentar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho hasta el 30 de abril de 2001. Como la demanda se presentó el 27 de abril de 2001, se interpuso dentro del término oportuno.

3. Análisis del caso.

El Tribunal de instancia declaró la nulidad de las resoluciones demandadas, mediante las cuales se negó el perfeccionamiento de la cesión del contrato de concesión 1934, por cuanto consideró que Minercol otorgó la autorización previa para ella y, en consecuencia, debió pronunciarse primero sobre la cesión y posteriormente sobre la solicitud de embargo emitida por autoridad judicial sobre el mencionado contrato.

Al respecto, la entidad demandada, en el recurso de apelación, insistió en que para perfeccionar la cesión se requería del permiso previo de la autoridad minera y de su inscripción en el registro, por lo que, con la autorización emitida, no se había generado un derecho en cabeza del demandante.

Agregó que, en la actualidad, no es la entidad competente para dar cumplimiento a la sentencia emitida en el presente caso y que la norma aplicable era el Decreto 2655 de 1988 y no la Ley 685 de 2001.

Con el material probatorio recaudado se encuentra acreditado que entre el Ministerio de Minas y Energía y Magnesios Boli Valle Ltda. se celebró el contrato de concesión 1934 el 22 de julio de 1981, cuyo objeto, determinado en la cláusula primera, era obtener el aprovechamiento total de unos yacimientos de magnesio (fls. 85 a 88, cdno. 1) .

Sobre la posibilidad de ceder el contrato, se estableció en la cláusula décima primera lo siguiente:

“11. EL CONCESIONARIO podrá traspasar este (sic) contrato previo permiso del Ministerio de Minas y Energía, a cualquier persona natural o jurídica, pero en ningún caso a favor de gobiernos extranjeros. En el caso de que la cesión fuere parcial, cedente y cesionario serán solidariamente responsables ante el GOBIERNO por las obligaciones emanadas del presente contrato. Cuando el Ministerio niegue el permiso para el traspaso no estará obligado a dar a conocer las razones de su determinación” (fl. 86 vto., c. 1. Se resalta).

El 24 de marzo de 2000, Magnesios Boli Valle Ltda. le solicitó a Minercol Ltda. autorización para efectuar la cesión del contrato 1934, en los siguientes términos (se trascribe como obra en el original):

“Ref.: Contrato No 1934 – Solicitud de autorización para cesión de derechos.

“MARCO FIDEL SUAREZ ALZATE, obrando en mi calidad de Representante Legal de la sociedad MAGNESIOS BOLIVALLE LTDA, titular del contrato, en el Municipio de Bolívar, Dpto del Valle, solicito a usted AUTORIZACION para ceder los derechos de explotación del mineral magnesita de la concesión o contrato en referencia, el cual fué protocolizado por Escritura Pública No. 3.102 de Diciembre 30/81 en la Notaría Trece de Bogotá.

“A partir de su autorización el beneficiario de los derechos o cesionario será la sociedad INVERSIONES NAVARRA S.A., sociedad constituida por escritura pública No 7.274 del 17 de Septiembre de 1986 de la Notaría 27 de Bogotá, debidamente registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá el 6 de Noviembre de 1986 bajo el No 200.305 del Libro IX, con domicilio social en Santafé de Bogotá D.C., Nit. 860.534.663-5” (fl. 89, c.1).

La anterior solicitud fue resuelta en forma positiva por Minercol Ltda. el 4 de abril de 2000, mediante el Auto 2-057-2000, en el cual se indicó:

“Referencia: Contrato de concesión 1934 – magnesio

Ubicación: Bolívar – Valle Del Cauca

Titular: Magnesios Bolivalle LTDA.

“El apoderado de la sociedad titular del contrato de la referencia, (sic) presentó memorial en el que solicita autorización para ceder los derechos del mencionado título a la sociedad Inversiones Navarra S.A.

“Considerando que no existe impedimento legal alguno, es del caso proceder a autorizar la cesión del contrato.

“Por lo anterior, la Regional No. 3 de MINERCOL LTDA. con sede en Jamundí, Valle del Cauca

“ORDENA:

“1. Autorizar a la sociedad Magnesio Bolivalle LTDA., titular del contrato de concesión 1934, para ceder la totalidad de los derecho y obligaciones del referido título en favor de la sociedad Inversiones Navarra S.A.

“2. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de esta providencia, la sociedad titular del derecho minero deberá allegar a esta regional el documento de cesión y demás documentos para los trámites de ley, esto es, aprobarla e inscribirla en el registro minero” (fl. 90, cdno. 1).

Por lo anterior, el 12 de mayo siguiente el actor radicó ante Minercol un memorial con el que dijo allegar el contrato de cesión de derechos y obligaciones sobre el contrato de concesión 1934 (fls. 18 y 19 cdno.1), los certificados de existencia y representación legal de las dos sociedades (cedente y cesionaria)((3)), así como fotocopias de las cédulas de ciudadanía de ambos representantes legales, estas últimas no se allegaron con el material probatorio (fls. 17 a 23 y 91, cdno.1).

Pese a que, dentro del término otorgado, el actor dio cumplimiento a lo solicitado por Minercol Ltda. en el Auto 2-057-2000, la cesión no fue inscrita en el registro minero; por el contrario, el 6 de octubre de 2000 se inscribió la orden de embargo emitida por el Juzgado Laboral del Circuito de Roldanillo – Valle del Cauca (fls. 92 a 94, cdno. 1).

En virtud de lo anterior y una vez comunicada tal circunstancia al jefe operativo regional 3 – Jamundí de Minercol Ltda., mediante Resolución 3-046-2000 del 12 de octubre de 2000 (fl. 95 y 96, cdno. 1) se declaró no perfeccionada la cesión de derechos y obligaciones del contrato de concesión 1934 a favor de inversiones Navarra S.A, entre las consideraciones se lee:

“Que teniendo en cuenta que el Juzgado Laboral del Circuito de Rodanillo, Valle del Cauca, mediante oficio 409 del 03 de octubre del año en curso, decretó el embargo de la unidad minera de propiedad de la sociedad titular del Contrato de Concesión 1934, así como también los derechos a explorar y explotar derivados de su título minero, el cual ya se encuentra inscrito en el registro minero nacional, no es procedente declarar perfeccionada la cesión de derechos a favor de la sociedad Inversiones Navarra S.A.” (fl. 95, c.1 – resaltado adicional).

Contra la anterior decisión, el actor interpuso recurso de reposición (fl. 99, cdno. 1) resuelto por medio de la Resolución 3- 072-2000 del 22 de diciembre de 2000 (fls. 100 a 103, cdno. 1) en la que se confirmó la decisión de declarar no perfeccionada la cesión del contrato y de cuyas consideraciones se destaca lo siguiente:

“Ahora bien, aunque la cedente presentó los documentos de cesión, esta no se declaró perfeccionada, en razón a que (sic) como se indicó anteriormente, mediante el oficio 409 del 03 de octubre del año en curso, proveniente del Juzgado Laboral del Circuito de Roldanillo, Valle del Cauca, se decretó el embargo de la unidad minera de propiedad de la sociedad titular del Contrato de Concesión 1934, así como también los derechos a explorar y explotar derivados del título minero, embargo que fue inscrito en el registro minero nacional el 6 de octubre del año en curso.

“Acorde con lo establecido en el artículo 293 del Código de Minas: ‘Ningún título minero o acto que lo modifique, cancele o grave tendrá efecto respecto de terceros sin su inscripción en el registro minero’.

“Queda claro entonces que aun cuando la regional había autorizado la cesión, al momento de la inscripción del embargo, esta no se había declarado perfeccionada, ni se encontraba inscrita en el Registro Minero Nacional, razón por la cual la inscripción del citado embargo fue totalmente ajustada al ordenamiento legal, pues en el momento en que este se inscribió, la titular de los derechos derivados del Contrato de Concesión 1934 continuaba siendo la sociedad Magnesios Bolivalle Ltda” (fl. 101 y 102, cdno. 1).

De conformidad con el material probatorio relacionado se concluye que, previo a la inscripción del embargo, la parte actora había aportado los documentos solicitados por Minercol Ltda., así que se debe determinar: i) si los mismos debían ser sometidos a un nuevo estudio para su aprobación y posterior inscripción o si con la autorización inicial otorgada era suficiente y ii) si Minercol Ltda. podía hacer la inscripción del embargo decretado por el Juzgado Laboral del Circuito de Jamundí - Valle del Cauca sin que se hubiera resuelto la solicitud de cesión del contrato sobre el cual recaía la medida cautelar.

En primer lugar, se encuentra que le asiste razón al apelante al señalar que la norma aplicable al asunto bajo estudio era el Decreto 2655 de 1988 y no la Ley 685 de 2001, pues era el Código de Minas vigente para la fecha en la que se presentó la solicitud de cesión de los derechos del contrato de concesión 1934.

El Decreto 2655 de 1988, antiguo Código de Minas, en su artículo 22 consagra lo concerniente a la cesión de los derechos sobre un título minero, así:

“ART. 22.—Cesión y gravámenes. La cesión de los derechos emanados del título minero, la constitución de gravámenes sobre los mismos y la subcontratación de la explotación, requieren permiso previo del ministerio. La cesión de los derechos y sus gravámenes, deberán anotarse en el registro minero.

“Si el ministerio no se pronuncia dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la solicitud, esta se entenderá aceptada.

“En la cesión parcial de los derechos, cedente y cesionario serán solidariamente responsables de las obligaciones emanadas del título”.

De la anterior disposición se desprenden dos etapas que debe surtir la cesión: i) el permiso previo del ministerio, lo que se encuentra en concordancia con la cláusula decimoprimera del contrato y ii) la anotación en el registro.

Ahora bien, la norma mencionada no dispone dos eventos diferentes entre autorización y aprobación, como lo ha señalado Minercol Ltda., tan solo se refiere al permiso previo para efectuar la cesión, lo que guarda relación o se encuentra en armonía con lo regulado en la Ley 80 de 1993 —que se menciona a título ilustrativo, ya que no tiene aplicación para el caso concreto por tener regulación este en el Código de Minas—, en la que tal figura, esto es, la cesión únicamente requiere de autorización expresa, según ha dicho esta Sección:

“En todo caso, para ceder un contrato estatal la ley exige autorización expresa de la entidad estatal —siempre que el cedente sea el contratista—, toda vez que, de conformidad con el inciso 3º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, los contratos estatales son intuito personae, porque ‘el contratista es elegido en consideración a que sus condiciones objetivas (hábitos de cumplimiento, experiencia, organización, equipos, plazos y precios ofrecidos), (sic) son las más favorables a la administración y por lo tanto es su obligación asegurarse de que dichas condiciones se mantengan (…)’(4). Así mismo se expresó en la sentencia del 28 de septiembre de 2011 —Exp. 15.476—, que señaló que la cesión procede “(...) sin necesidad de aceptación expresa del contratante cedido salvo en los celebrados intuito personae, y siempre que por la ley o por estipulación de las mismas partes no se haya prohibido o limitado dicha sustitución”(5).

En consecuencia, el único requisito establecido en el Código de Minas para efectuar la cesión de los derechos emanados de un título minero era el permiso previo del Ministerio, el cual debía ser otorgado por Minercol Ltda., quien detentaba la función de autoridad minera para la época de la solicitud(6).

Tal permiso fue efectivamente otorgado a Magnesios Boli Valle Ltda. con el Auto 2-057-2000 del 4 de abril de 2000, ya mencionado, en el que expresamente se autorizó la cesión, por lo que, una vez allegada la documentación requerida no era necesario someterla a un nuevo estudio, sino que lo procedente era su inscripción en el registro minero.

Así las cosas, se encuentra que la exigencia adicional de aprobar la cesión, contenida en el Auto 2-057-2000 del 4 de abril de 2000, no tiene sustento normativo, como se viene explicando; sin embargo, tal acto no fue demandado, por lo que en principio está revestido de la presunción de legalidad de la que gozan los actos administrativos.

Al amparo del principio de presunción de legalidad, los actos se consideran ajustados al ordenamiento jurídico y deben ser obedecidos tanto por las autoridades como por los particulares desde el momento mismo de su entrada en vigencia y mientras no sean anulados o suspendidos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, según lo normado por el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo; pero, este principio no es absoluto, puesto que la presunción de legalidad de los actos administrativos es “juris tantum” y, por tanto, puede ser desvirtuada a través de la acción de nulidad, que puede ser ejercida por cualquier ciudadano, y también de oficio por el juez, aplicando la excepción de ilegalidad.

Frente a la aplicación de la excepción de ilegalidad, que tiene su fundamento en el artículo 4º de la Constitución Política(7) y en el artículo 12 de la Ley 153 de 1887(8), esta sección ha considerado:

“En efecto, en un Estado de derecho el juez que conoce de un proceso, no puede permanecer indiferente frente a la evidencia de la lesión del ordenamiento jurídico, bajo la égida de la presunción de legalidad de los actos administrativos, puesto que para ello la ley ha previsto el mecanismo de la excepción de ilegalidad o vía de excepción que permite al operador jurídico abstenerse de aplicar una norma por considerarla violatoria del ordenamiento superior, así no haya sido demandada ni declarada su nulidad y de esta manera impedir que el acto viciado de ilegalidad produzca efectos jurídicos en el caso concreto”(9).

Lo anterior encuentra apoyo no solo en las disposiciones de carácter constitucional y legal antes indicadas, sino también en los lineamientos de orden jurisprudencial concebidos por la Corte Constitucional en la Sentencia C-037 del 26 de enero de 2000, en la que precisó diversos aspectos en relación con la jerarquía de las normas que integran el ordenamiento jurídico y, basada en dicha jerarquía, con la necesidad de inaplicar las disposiciones que sean contrarias a aquellas de las cuales derivan su validez, así no exista expresa consagración constitucional de la llamada excepción de ilegalidad; al respecto precisó:

“12. La unidad del sistema jurídico, y su coherencia y armonía, dependen de la característica de ordenamiento de tipo jerárquico de que se reviste. La jerarquía de las normas hace que aquellas de rango superior, con la Carta Fundamental a la cabeza, sean la fuente de validez de las que les siguen en dicha escala jerárquica. Las de inferior categoría, deben resultar acordes con las superiores, y desarrollarlas en sus posibles aplicaciones de grado más particular. En esto consiste la connotación de sistema de que se reviste el ordenamiento, que garantiza su coherencia interna. La finalidad de esta armonía explícitamente buscada, no es otra que la de establecer un orden que permita regular conforme a un mismo sistema axiológico, las distintas situaciones de hecho llamadas a ser normadas por el ordenamiento jurídico.

“En relación con la jerarquización normativa que emana de la Constitución, esta Corte ya ha tenido ocasión de decir lo siguiente:

‘No todas las normas jurídicas de un ordenamiento tienen la misma jerarquía. Existe entre ellas una estratificación, de suerte que las normas descendentes deben sujetarse en su fondo y en su forma a las normas superiores. La no conformidad (sic) de una norma con sus superiores jerárquicas la convierten en derecho positivo susceptible de ser retirado del ordenamiento, que tiene la virtud incluso de hacer desaparecer del mundo jurídico la norma así imperfectamente expedida mediante los controles pertinentes. La Constitución es la primera de las normas. Es por ello que cualquiera otra norma jurídica, así sea expedida por el operador jurídico más modesto de la República, debe sujetarse en primer lugar a la Constitución’(10).

“De esta condición jerárquica del sistema jurídico, se desprende entonces la necesidad de inaplicar aquellas disposiciones que por ser contrarias a aquellas otras de las cuales derivan su validez, dan lugar a la ruptura de la armonía normativa. Así, aunque la Constitución no contemple expresamente la llamada excepción de ilegalidad, resulta obvio que las disposiciones superiores que consagran rangos y jerarquías normativas, deben ser implementadas mediante mecanismos que las hagan efectivas, y que, en ese sentido, la posibilidad de inaplicar las normas de inferior rango que resulten contradictorias a aquellas otras a las cuales por disposición constitucional deben subordinarse, es decir, la excepción de legalidad, resulta acorde con la Constitución.

“Así las cosas, la Corte aprecia que, en principio, una norma legal que se limitara a reiterar el orden jurídico que emana de la Constitución y a autorizar la inaplicación de las normas que irrespetaran tal orden, sería constitucional” (se resalta).

También dispuso la Corte, en la citada providencia, que la aplicación de la excepción de ilegalidad está reservada para la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sin que las autoridades administrativas puedan hacer uso de dicha medida excepcional. Así lo indicó la Corte:

7. La excepción de ilegalidad dentro del marco de la Constitución.

“19. Con todo, el orden jerárquico que emana de la Constitución, a pesar de no impedir la penetración de los principios constitucionales en todas las dimensiones del quehacer judicial, da soporte a la existencia de la excepción de ilegalidad y a que su consagración por el legislador resulte acorde con la Carta.

“Sin embargo, su aplicación o invocación no pueden ser generales, ni la obligatoriedad de los actos administrativos normativos ha sido dejada por el constituyente al libre examen de las autoridades y los particulares. Tal facultad de inaplicar actos administrativos contrarios a las normas superiores, se reserva a la jurisdicción contencioso administrativa. A esta conclusión se llega a partir de las siguientes consideraciones:

“20. En principio, podría pensarse que ante la ausencia de una norma constitucional expresa que autorice a toda persona el no cumplir actos administrativos contrarios al ordenamiento superior, cabría una interpretación analógica del artículo 4º de la Constitución, según la cual así como cualquier autoridad debe dar aplicación prevalente a las normas constitucionales sobre cualesquiera otras que resulten contrarias a ellas, de igual manera debe inaplicar disposiciones contenidas en actos administrativos de cualquier índole, cuando contradicen a aquellas otras que les son superiores jerárquicamente. En efecto, la analogía entre los fenómenos de la inconstitucionalidad y la ilegalidad de las normas parece ser manifiesta, pues en uno y otro caso se trata del desconocimiento de normas de mayor rango jerárquico. Así, siendo análogas ambas situaciones cabría la aplicación del artículo 4º superior, para deducir que en todo caso de incompatibilidad entre una norma superior y otra inferior deberán prevalecer las disposiciones de mayor jerarquía.

“(…)

“De todo lo anterior, se concluye que la llamada excepción de ilegalidad se circunscribe entre nosotros a la posibilidad que tiene un juez administrativo de inaplicar, dentro del trámite de una acción sometida a su conocimiento, un acto administrativo que resulta lesivo del orden jurídico superior. Dicha inaplicación puede llevarse a cabo en respuesta a una solicitud de nulidad o de suspensión provisional formulada en la demanda, a una excepción de ilegalidad propiamente tal aducida por el demandado, o aún puede ser pronunciada de oficio. Pero, en virtud de lo dispuesto por la norma sub exámine (sic) tal y como ha sido interpretado en la presente decisión, tal inaplicación no puede ser decidida por autoridades administrativas, las cuales, en caso de asumir tal conducta, podrían ser demandadas a través de la acción de cumplimiento, que busca, justamente, hacer efectivo el principio de obligatoriedad y de presunción de legalidad de los actos administrativos” (resaltado fuera de texto).

En este contexto, la Sala inaplicará el Auto 2-057-2000 del 4 de abril de 2000 expedido por Minercol, en la parte pertinente a la expresión “aprobarla e” contenida en el ordinal 2 de la parte resolutiva, como quiera que resulta contraria al artículo 22 del Decreto 2255 de 1988, toda vez que para efectuar la cesión de derechos del contrato de concesión minera tan solo se requería autorización previa, mas no de una aprobación adicional.

Así las cosas se tiene que una vez celebrada la cesión del contrato de concesión 1934, está surtió efectos entre las partes y frente al contratante cedido en el momento de la aceptación, por lo que el requisito de su inscripción no era para que ella se perfeccionara, sino para que la misma fuera oponible ante terceros, como lo disponía el propio artículo 293 del Código de Minas, así:

“ART. 293.—Validez de los títulos. Ningún título minero o acto que lo modifique, cancele o grave tendrá efecto respecto de terceros sin su inscripción en el registro minero” (se resalta).

En consecuencia, la Sala concluye que Minercol Ltda. tenía la obligación de inscribir la cesión del contrato de concesión 1934 una vez esta se perfeccionó, es decir, una vez autorizada y celebrada entre el cedente y el cesionario, pues la parte actora cumplió con la carga que le fue impuesta de allegar los documentos que le fueron requeridos, sin que fuera pertinente trámite adicional alguno.

Ahora bien, determinado lo anterior, no se explica la Sala porqué razón para el 6 de octubre de 2000 (fecha en la que se inscribió en el registro minero el embargo decretado sobre el contrato 1934) Minercol Ltda. no había inscrito en el registro la cesión del contrato 1934, máxime cuando Magnesios Boli Valle Ltda. allegó toda la documentación el 12 de mayo de ese mismo año.

Si bien es cierto, para la fecha en la que se profirió la medida de embargo y en la que ésta se inscribió no se había hecho lo propio con la cesión del contrato, como ya se anotó, encuentra la Sala que ello no era una causa justa para declarar no perfeccionada la cesión, pues con ello se desconoció la actuación que había desplegado el actor ante la entidad, la que, en todo caso, fue primero y, por lo tanto anterior a la notificación de la medida cautelar.

Así las cosas, Minercol Ltda. debía resolver primero lo pertinente en relación con la solicitud de cesión del contrato, esto es, inscribirlo en el registro minero o, en su defecto y en gracia de discusión, pronunciarse sobre la aprobación de tal medida (pronunciamiento que no era necesario, como ya se precisó), para luego sí referirse a la medida de embargo, que fue allegada posteriormente, pues no otra razón o sentido tendría lo contemplado en el artículo 298 del antiguo Código de Minas (Decreto 2655 de 1988), al disponer que los títulos y documentos que requerían de inscripción en dicho registro debían ser radicadas en estricto orden de llegada; en efecto, tal norma dispone:

“ART. 298.—Radicación. El radicador es un sistema comunitario en el que se relacionarán todos los títulos y documentos que se presenten al registro para su inscripción, estrictamente en el orden de su recibo, con indicación de la fecha y la hora de recibo, el número de orden correspondiente a él dentro del año calendario en forma continua, y la naturaleza del documento.

“Recibido el título o documento por el ministerio, se procederá a su inscripción en el radicador, con indicación de la fecha y hora de recibo, número de orden sucesivo anual, naturaleza del título, fecha, oficina y lugar de origen.

“A quien presente títulos o documentos para su registro se le dará constancia escrita del recibo, fecha, hora y número de orden, circunstancias que igualmente se anotarán tanto en el ejemplar que será devuelto al interesado, como en la copia destinada al archivo de la oficina. Si llega por correo u otro medio similar se dejarán las constancias respectivas” (se resalta).

La función de registro tiene como fin, entonces, darle publicidad a los actos que se inscriben allí, pero deben inscribirse en el estricto orden de llegada. El tradicional mecanismo de turnos en las funciones de registro tiene su sustento en el principio que enseña que el primero en el tiempo es el primero en el derecho, principio de prioridad o de rango que estaba consagrado en el antiguo Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos(11) (Decreto 1250 de 1970), y que consagra también el que lo sustituyó(12) (Ley 1579 de 2012). Proceder de forma contraria a dicho principio implicaría desconocer los derechos de quienes acuden ante los organismos encargados del manejo de registro, por lo que no existe una razón válida para que se inscriban peticiones u órdenes de autoridades judiciales en forma prevalente, desconociendo el orden cronológico en que son aportados, salvo que haya excepción legal para ello, la cual no fue acreditada en el presente proceso.

Por lo anterior, la Sala concluye que Minercol Ltda. vulneró el debido proceso del actor al declarar no perfeccionada la cesión del contrato de concesión 1934, con el único argumento de que sus derechos habían sido embargados, cuando tal medida se allegó posteriormente a la radicación de los documentos pedidos al actor en el auto atrás transcrito (fl. 11) del 4 de abril de 2000, pues estos fueron allegados el 12 de mayo de ese año (fls. 17 a 23 y 91, cdno. 1), al paso que la orden de embargo fue inscrita el 6 de octubre siguiente (fls. 92 a 94, cdno. 1); en consecuencia, se confirmará la sentencia apelada.

Ahora, Minercol Ltda. puso de presente que, mediante la Resolución 18-0073 del 27 de enero de 2004 el Ministerio de Minas y Energía reasumió las funciones de autoridad minera y que con la Resolución 18-0074, de la misma fecha, la delegó en el Instituto Colombiano de Geología y Minería – Ingeominas, a lo cual se suma que, con el Decreto 254 del 28 de enero de 2004, se ordenó la supresión, disolución y liquidación de Minercol Ltda.

Pues bien, revisado el expediente se encuentra que, efectivamente, con las resoluciones mencionadas fueron delegadas las funciones de autoridad minera en Ingeominas(13); sin embargo, posteriormente, con el Decreto 4137 del 3 de noviembre de 2011, se creó la Agencia Nacional de Minería, ANM, y en el artículo 4º se le asignó la función de ser la autoridad minera(14).

Así las cosas, es la Agencia Nacional de Minería la entidad que, en la actualidad, ejerce como autoridad minera y, en consecuencia, es la encargada de llevar el registro minero, por lo que será ella la llamada a darle cumplimiento a esta sentencia.

Lo anterior, en concordancia con los artículos 20(15) y 22(16) del referido Decreto 4137 de 2011, que autorizaron la subrogación de Ingeominas en la Agencia Nacional de Minería, respecto de los contratos que debían ser celebrados por está, así como la transferencia de los procesos judiciales que tuvieran relación con las funciones de ahora asignadas a la agencia y que antes eran de Ingeominas (funciones otorgadas antes a Minercol Ltda.). Como este proceso está íntimamente ligado con las funciones de autoridad minera, la cual, como se indicó anteriormente, radica hoy en cabeza de la ANM, se enmarca dentro de los supuestos establecidos por las normas mencionadas y, por tanto, los efectos de la sentencia deben ser asumidos por ella.

4. Condena en costas.

No se impondrá condena en costas, porque la conducta de las partes no se enmarca dentro de las previsiones contempladas por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confírmase la sentencia proferida el 1 de octubre de 2004 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

2. La entidad que debe dar cumplimiento a esta sentencia es la Agencia Nacional Minera, ANM, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

3. Sin condena en costas.

4. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE».

(1) 27 de abril de 2001.

(2) Artículo 2º del Decreto 597 de 1988.

(3) Al proceso solo se aportó el de la parte actora.

(4) Nota del original: “Consejo de Estado, Sentencia del 7 de febrero de 2002, Exp. 21.845”.

(5) Consejo de Estado, sentencia del 12 de agosto de 2013, expediente 23.088.

(6) Mediante la Resolución 18 1130 del 7 de septiembre de 2001 el Ministerio de Minas y Energía delegó en Minercol Ltda. las funciones que, en virtud de la Ley 685 de 2001, le correspondían como autoridad minera.

(7) “ART. 4º—La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”.

(8) “ART. 12—Las órdenes y demás actos ejecutivos de gobierno, tienen fuerza obligatoria, y serán aplicados mientras no sean contrarios a o a las leyes” (se resalta).

(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de enero de 2009, expediente 13.206.

(10) Nota del original: “Sentencia C-131 de .P. Alejandro Martínez Caballero”.

(11) “ART. 4º—El archivo del registro se compone de los siguientes elementos:
“(…)
“3. El libro diario radicador, en donde se anotarán sucesiva e ininterrumpidamente los documentos llegados al registro para su inscripción, en el mismo orden en que sean recibidos” (negrillas adicionales).

(12) “ART. 3º—Principios. Las reglas fundamentales que sirven de base al sistema registral son los principios de:
“(…)
c) Prioridad o rango. El acto registrable que primero se radique, (sic) tiene preferencia sobre cualquier otro que se radique con posterioridad, aunque el documento haya sido expedido con fecha anterior, salvo las excepciones consagradas en la ley” (se resalta).

(13) Resolución 18 0073 del 27 de enero de 2004 (fls. 172 a 173, cdno. ppal), Resolución 18 0074 de la misma fecha (fls. 174 a 177, cdno. ppal.).

(14) “ART. 4°—Funciones. Son funciones de la Agencia Nacional de Minería, ANM las siguientes:
“1. Ejercer las funciones de autoridad minera o concedente en el territorio nacional”.

(15) “ART. 20.—Subrogación de contratos. El Servicio Geológico Colombiano deberá identificar los contratos, convenios, acuerdos y procesos de contratación en curso que por su objeto deban ser ejecutados por la Agencia Nacional de Minería, ANM. Para tal efecto los representantes legales de las dos entidades suscribirán un acta que contenga la relación de los mismos, y formalizarán las respectivas subrogaciones en un tiempo no superior a seis (6) meses contados desde la fecha en que entre en operación la Agencia Nacional de Minería, ANM”.

(16) “ART. 22.—Transferencia de procesos judiciales. Los procesos judiciales en los que sea parte Ingeominas quedarán a cargo del Servicio Geológico Colombiano salvo aquellos que por su naturaleza, objeto o sujeto procesal deban ser adelantados por la Agencia Nacional de Minería, ANM, los cuales le serán transferidos una vez esta entidad entre en operación, lo cual deberá ocurrir dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición del presente decreto. El Servicio Geológico Colombiano continuará con las acciones y trámites propios de cada proceso judicial hasta tanto sea efectiva la mencionada transferencia”.